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Destituyen ejidatarios de Xaltianguis al presidente del comisariado por demandar al Ayuntamiento

Ejidatarios de Xaltianguis quitaron a su presidente del comisariado ejidal Santiago Mendoza Organista, por exigir, ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, que el municipio pague los terrenos donde se ubican la clínica quirúrgica, el centro de salud y el DIF, que fueron donados por la asamblea.
También lo acusaron de gestionar proyectos que nunca entregó a los ejidatarios.
Los pobladores se manifestaron ayer afuera de la comisaría ejidal con pancartas, para exigir la renuncia del comisariado, y quemaron un muñeco que representaba a Santiago Mendoza.
Los ejidatarios pidieron al ahora ex comisario que convoque a una asamblea extraordinaria, después de enterarse de que su representante ejidal puso una demanda en el TUA contra el Ayuntamiento, en la que incluso pide el desalojo de las instalaciones construidas en los terrenos que reclamó que se paguen al ejido.
En la asamblea, los ejidatarios exigieron a Santiago Mendoza que renunciara porque además de la demanda que, reprocharon, ellos no avalaron, también también vendió un terreno que era de una organización de mujeres campesinas.
Otros ejidatarios denunciaron que el ex comisariado gestionó programas y recibió hasta 2 millones de pesos que no entregó, porque ellos no tenían información de dicho trámite.
El ejidatario Armando Astudillo Vega le recordó que el acuerdo de asamblea era convocar al director de la clínica quirúrgica para que les explicara la falta de medicamentos y la mala atención médica que reciben, no que se demandaría para exigir el pago del terreno donde está la unidad médica, mismo que fue donado por los ejidatarios.
“No convienes a los intereses de los ejidatarios y menos de los de Xaltianguis”, señaló.
El ejidatario Je?us Rodríguez Bello reprochó al comisario que haya “actuado a las espaldas” de ellos, por lo que le pidió que “dignamente” renunciara por escrito y se emitiera una convocatoria para nuevas elecciones.
La propuesta causó diferencias entre los asistentes a la reunión, y el ex comisariado Mendoza Organista les dijo que se tenía que hacer de acuerdo con la ley.
Astudillo Vega explicó que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Agraria, el 25 por ciento del total del padrón de ejidatarios pueden exigir el cambio de comisariado, y se debe de convocar a asamblea en un término de cinco días.
Los ejidatarios y los pobladores exigieron que se hiciera en ese momento la asamblea, incluso el malestar de algunos llevó a proponer que la policía ciudadana se llevara al ex comisariado en lo que pasaban los cinco días para que entregara el cargo según la ley.
Se consideró una asamblea si se encontraba la mayoría de los ejidatarios del padrón, pero antes de empezar a pasar lista el secretario del comité de la comisaría, Alberto Castillo Castillo, renunció a su puesto. “Renuncio porque me siento limpio, yo fui comisario municipal y nadie me pisa la cola porque soy una persona recta”, dijo, y empezó el pase de lista para la asamblea.
Al contar la asistencia había 115 ejidatarios y eso provocó otra discusión porque el ex comisario dijo que se requería de 182 asistentes para que hubiera quórum legal, mientras otro de los ejidatarios sostenía que eran 105 los que se necesitaban porque en la última asamblea votaron 205, debido a que el resto tiene los derechos suspendidos, por lo que no tienen ni voz ni votos en las reuniones.
En medio de la discusión por si era legal o no la asamblea, Santiago Mendoza renunció al cargo de presidente de la Comisaría Ejidal de Xaltianguis, “yo no me aferro, yo renuncio”, e inmediatamente se le preguntó qué se tenía que hacer para que entregara el sello oficial.
Unos 15 minutos después se había formado una comisión para la entrega recepción, que eran los integrantes del consejo de vigilancia. Después de media hora, salieron de la oficina en la que se encerraron en privado para elaborar el documento de la renuncia del comisario.
Cuando salió la comisión informó que estaría a cargo de la comisaría ejidal el comisariado suplente Ramón Arriola Salto, en lo que se convoca a una nueva asamblea para elegir a otro comité.
Afuera de la comisaría, esperando el resultado de la asamblea, estaban unos 200 pobladores de Xaltianguis, que no son ejidatarios, con pancartas en las que exigían la renuncia del comisariado y un muñeco que simulaba ser Santiago Mendoza. Allí optaron por quemar el muñeco, que eran dos cubetas cubiertas con un pantalón, playera, con zapatos y un sombrero.

 

Atender sus demandas de proyectos y créditos, exigen mujeres a Astudillo

 

Representantes de la organización Mujeres Productoras y Social Democrática por Guerrero pidieron a los gobiernos estatal y municipal que atiendan sus demandas de proyectos productivos, microcréditos y que se pague la pensión a adultos mayores.
Ayer en conferencia de prensa y una protesta en el parque Papagayo, frente al Asta Bandera, la dirigente de Mujeres Productoras, Julia Suárez, advirtió que en caso de no tener respuesta de las autoridades, el próximo lunes marcharán para pedir que los atiendan y den solución a las peticiones que han planteado desde hace varios meses.
También criticó que el gobernador Héctor Astudillo Flores tenga recursos para donar al Teletón, a una empresa privada, “para evadir impuestos y a nosotros no se nos atienda”.
Recordó que ya han hecho acuerdos pero no se cumplen, por ello ayer salieron a manifestar su inconformidad y “pedimos una disculpa, sí el día 7 no nos cumplen vamos a salir a las calles a marchar, hay 70 ancianos a quienes no se les han pagado sus pensiones, compañeros que estuvieron en el Empleo Temporal y tampoco les han pagado”.
“Solicitamos al gobernador que cumpla nuestras peticiones. Si el gobernador tiene para dar al Teletón, quiere decir que el estado tiene dinero, y las organizaciones que estamos presentes exigimos que se dé seguimiento a las peticiones”, reiteró.
Julia Juárez indicó que han tenido reuniones con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, pero no se ha cumplido ninguno de los acuerdos.
Por su parte, el presidente de la organización Social Democrática por Guerrero, Víctor Barrios Sarabia, explicó que del pliego de peticiones no se ha atendido ninguna, como el reparto de tinacos y programas sociales, que les fueron prometidos desde hace tres años, así como también la entrega de microcréditos.

 

 

 

Enfrenta Aguirre 32 observaciones de la ASF, informa el contralor del gobierno del estado

Además del caso de los 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero no pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), también enfrenta 32 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fueron enviadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para que inicie el procedimiento de responsabilidades en su contra, informó el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen
Consultado al término de la inauguración de la Feria Anticorrupción 2016 que se instaló en la alameda Granados Maldonado de la capital, Ramos del Carmen no quiso precisar, sin embargo, a cuánto ascienden los recursos no solventados por la administración aguirrista.
Añadió que la ASF también pidió a la dependencia estatal dar seguimiento a observaciones por recursos federales ejercidos por el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez.
Y mientras una fuente de la dependencia estatal confirmó que existe ya una demanda penal que presentó la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que le dé seguimiento la Contraloría Estatal, cuyo documento está archivado en la Contraloría, Ramos del Carmen rechazó esa versión y sólo reconoció que da seguimiento a los procedimientos administrativos.
Aseguró que los procedimientos podrían derivar en sanciones, como la inhabilitación y el resarcimiento de los recursos no solventados, pero negó que existan ya demandas de carácter penal, como aseguró un funcionario de su misma dependencia, quien dijo que existe una demanda que está archivada, pero que el secretario no le ha dado seguimiento.
El sábado, el secretario de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, informó que existe un requerimiento del SAT al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos por concepto del ISR que el gobierno de Aguirre Rivero no pagó de la secretaría de Educación y Salud.
–¿Qué se está haciendo para resarcir el daño financiero provocado por esa situación? –se consultó al secretario.
–Nosotros estamos haciendo las auditorías. También como hay mucha inversión de recurso federal, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública están trabajando en lo mismo. De tal manera que tenemos ya bastante información de lo que hemos trabajado aquí en colaboración y coordinación con las dependencias que le acabo de mencionar.
–La ASF interpuso una demanda ante la PGR en contra de 11 ex gobernadores, entre ellos está Ángel Aguirre, ¿está notificado de eso? -consultó otro reportero.
–Nosotros no tenemos esa información, tenemos información de 32 asuntos que nos ha enviado (la ASF) y que nosotros le estamos dando seguimiento para el procedimiento de responsabilidades administrativas, porque nosotros somos competentes solamente para el área administrativa.
–¿De qué ejercicio fiscal?
–Hay 2013, 2014, 2015 y quizás 2012.
–¿Sólo responsabilidad administrativa, no existe demanda penal?
–Bueno, eso sí, pero tiene que mandarse la denuncia a otro lado, ahorita nosotros estamos en la etapa de lo que tenemos facultad que son las responsabilidades administrativas, que son las sanciones como la inhabilitación, el resarcimiento de lo que no se haya podido solventar.
El funcionario aclaró, sin embargo, que las observaciones de la ASF no solamente corresponden al periodo de Aguirre Rivero, sino también al periodo de Rogelio Ortega Martínez. “Los asuntos los tenemos ya en nuestras manos y vamos adelante”.
–Se supone que hubo un proceso de entrega-recepción. Han pasado once meses (de la actual administración) y todavía están en el procedimiento administrativo, cuando son reiterados los señalamientos públicos de que se encontraron adeudos al SAT o faltantes por créditos que se entregaron a trabajadores a quienes se les cobró pero no se reportó el dinero…
–Bueno, porque es resultado de una auditoría y de la fiscalización física y financiera cuando se trata de la construcción de obras.
–¿No se trata de solapamiento?, porque nada más se denuncia y en los hechos no pasa nada…
–No, lo que pasa es que para que se llegue a todo esto (la sanción), necesita integrarse el expediente perfectamente y tener todos los elementos, si no nos ganan los asuntos.
–¿Pero cuando será esto?
–Pues estamos en los juicios, ya pasó la etapa de solventación y ya va la cuestión de responsabilidad.
–Si ya las anteriores administraciones no solventaron, ¿qué va a proceder, se hará denuncia ante la Procuraduría…?
–No, están en nuestra etapa administrativa, resultado de auditorías que hemos hecho nosotros y la ASF. Nosotros vamos a fincar las responsabilidades.

Instalan vecinos de la Fuerza Aérea guardias para evitar que los desalojen de sus viviendas

Vecinos de la colonia Fuerza Aérea, ubicada cerca de Pie de la Cuesta, informaron que para evitar el desalojo del predio que reclama el hijo del ex gobernador Israel Nogueda Otero, Israel Nogueda Pineda, instalaron guardias afuera de las viviendas notificadas por el delito de despojo.
Por separado vía telefónica, los inconformes reclamaron que sigue el hostigamiento de hombres armados enviados por Nogueda Pineda.
La vecina Guadalupe dijo que los colonos instalaron guardias afuera de las casas para evitar el desalojo “injusto”.
Añadió que la mayoría de los afectados se congregan en el día en una casa a la que se le venció el término del desalojo, “no vamos a permitir que se nos arrebate una vivienda más”.
Insistió que no tienen dinero para el pago que exige el hijo del ex gobernador, “nos pide hasta 80 mil pesos, aunque unos ya dieron el dinero para evitar ser desalojados”.
Criticó que los tres órdenes de gobierno no han intervenido, “a la gente pobre no la ayuda, nos quieren quitar nuestro patrimonio a la fuerza”.
Reclamó que continúa el hostigamiento porque Nogueda Pineda va a la colonia con hombres armados.
Guadalupe descartó que haya más notificados por el delito de despojo, “tampoco hay un altercado que lamentar”.
Otra vecina, que omitió su nombre por temor, reclamó que los tres órdenes de gobierno no han intervenido.
Comentó que para evitar un desalojo se instalaron guardias de “seguridad”, “ya nos vamos a permitir otro desalojo en la colonia, queremos que las autoridades regularicen los terrenos”.
El lunes pasado, vecinos de la colonia Fuerza Aérea denunciaron que Nogueda Pineda presentó 100 demandas contra ellos por el delito de despojo y que ya fueron notificados para desalojar el predio.

Demandan habitantes de Las Joyas un centro de salud comunitario




Habitantes de la comunidad de Las Joyas solicitaron a las autoridades la creación de un centro de salud en su comunidad, ya que indicaron que en casos de emergencias tienen que trasladarse hasta el Kilómetro 30 –ubicado a una hora en auto– para que sean atendidos.
Al respecto algunas amas de casa del poblado Las Joyas, manifestaron que no cuentan con un centro de salud por que las autoridades dicen que no hay doctores que lo atiendan, tal como lo manifestó Noelia Contreras, nuera del comisario municipal de la comunidad.
Dijo que hace algunos meses entregaron la solicitud a las autoridades municipales y estatales para la construcción del centro de salud pero que hasta el momento la respuesta es que no hay médicos que lo atiendan.
Manifestó que para ellos el centro de salud es importante, pues les ahorraría tiempo y se atenderían con prontitud y no tendrían que trasladarse hasta el 30 o a Acapulco para recibir auxilio médico.
Por su parte Natividad Felipe Jiménez, declaró que ante la falta del centro de salud y los escasos recursos de los pobladores, a veces tienen que pedir prestado o el apoyo de los vecinos para acudir al centro de salud más cercano.
Precisó que en otras circunstancias tienen que caminar por dos horas o más para llegar al primer centro médico y pedir el servicio al doctor de la clínica más cercana.
Dijo que cerca del mes de septiembre del 2006, personal de Salud estatal y municipal llevaron dos brigadas para la detención del cáncer y otros servicios.
En tanto la señora Celestina Mendoza Vázquez, declaró que uno de los servicios que más hacen falta en la comunidad es el centro de salud y la pavimentación de la carretera.
La señora Mendoza Vázquez dijo que las mujeres embarazadas sólo acuden al centro de salud a dar a luz si encuentran un vehiculo disponible, de lo contrario paren con la ayuda de las vecinas del lugar.
Las familias de este poblado –dijo Celestina Mendoza– obtienen recursos con la venta del cultivo de maíz y del limón para mantener a sus hijos. Sin embargo dijo que en este momento para la venta del limón no hay compradores, y lo único que se siembra es la ciruela, el maíz y el limón.

Reconoce el STAUAG avances en las demandas de salarios y violaciones al contrato

 

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), José María Hernández Navarrete, reconoció que existen avances para que antes del 16 de enero próximo, cuando el sindicato ha emplazado a huelga a la administración central se resuelva el pliego petitorio de los dos emplazamientos.
Recordó que el STAUAG mantiene dos emplazamientos a huelga; uno por revisión salarial y otro por retabulación, pero reconoció que hubo avances en las negociaciones antes de salir a vacaciones de diciembre y que esperan que antes del plazo para estallar la huelga se resuelva el pliego petitorio del emplazamiento.
José María Hernández informó que las pláticas se suspendieron antes de salir de vacaciones pero que las negociaciones iban avanzadas y que esperan que antes del plazo establecido se resuelvan favorablemente los dos emplazamientos.
En estas condiciones señaló que “si le echamos ganas, la administración central y la dirigencia sindical es posible que conjuremos la huelga antes del 16 de enero, puesto que hay avances en los acuerdos”, dijo.
La dirigencia sindical del STAUAG emplazó a huelga a la administración central por el pago del adeudo de 7 millones de pesos con los trabajadores por concepto de horas extras y recategorizaciones, sobre todo por fallecimientos, renuncias voluntarias, jubilaciones y pensiones, asimismo por rezonificación salarial y 90 días de aguinaldo.
Otra de las demandas del emplazamiento a huelga es por la revisión del contrato colectivo de trabajo, 2007-2008, por un aumento del 25 por ciento directo al salario y 10 por ciento en prestaciones.
Y es que la dirigencia del STAUAG no acepta el incremento salarial del 3.8 por ciento directo al salario y 1.6 en prestaciones, fijada para los trabajadores universitarios de forma general, por parte de las autoridades federales.
El segundo emplazamiento del STAUAG es por la reparación a las violaciones al contrato colectivo de trabajo, y por la solución de por lo menos 300 problemas labores que la administración central no ha resuelto.

Demandan colonos de Iguala reparación del sistema de drenaje; sus casas se inundaron

Eduardo Albarrán Orozco/Iguala

Vecinos de la colonia Adrián Castrejón de este municipio –que debido a la tromba del pasado lunes las aguas negras que brotaron de las alcantarillas inundaron sus viviendas– protestaron frente a la obra de asfaltado en este asentamiento para exigir la reparación del sistema de drenaje.
Asimismo pidieron al gobierno del estado, mayor atención y respeto por parte de las autoridades municipales, particularmente de Obras Públicas, así como la urgente intervención del sector salud ante el temor de brotes de enfermedades.
Los vecinos dijeron que antes de iniciarse la obra de asfaltado del tramo Zaragoza-Periférico, advirtieron a los responsables que en su colonia sufrían de inundaciones en temporada de lluvias, para que se corrigiera este mal, pero no fueron escuchados.
Fue en la granizada de este lunes por la tarde que se tapó el drenaje y varias viviendas se inundaron de hasta 30 centímetros de aguas negras.
Dijeron que fueron a la dirección de Obras Públicas del municipio y les dijeron que no es su competencia actuar por ser obra del gobierno del estado; agregaron que fue la misma respuesta que les dieron cuando les rompieron los tubos de agua potable, mientras que los responsables de la obra les dijeron que exijan al gobierno recursos porque para introducir nueva red.
Informaron que este día saldría una comisión a la capital del estado a presentar su protesta ante el gobierno del estado y solicitar la urgente intervención del sector salud, ante el riesgo de sufrir enfermedades por la inundación de aguas negras.

Demandan los clavadistas de La Quebrada mayor seguridad en el área

Citlal Giles Sánchez

Con muy poca asistencia, clavadistas de Acapulco ofrecieron una exhibición en beneficio de la colecta de la Cruz Roja, por lo que el presidente de la Asociación de Clavadistas Profesionales de La Quebrada, lamentó que desde hace tiempo estén solicitando mayor seguridad en el área y hasta la fecha no les han dado respuesta.

Entrevistado después de ofrecer una exhibición de clavados en beneficio de la colecta de la Cruz Roja, el presidente de la asociación de clavadistas profesionales de La Quebrada, Jorge Mónico Ramírez, reconoció que la violencia que se vive actualmente en Acapulco, ha afectado un poco en la imagen del puerto, y lamentó que desde hace tiempo han estado solicitando mayor seguridad para el área, sin embargo no han tenido respuesta.

“Aquí nos ha afectado mucho en la imagen, porque hace unos meses, pues mataron al notario Rubén Robles Catalán y a su chofer y luego ejecutaron a otros cuatro en sinfonía, entonces pues si nos preocupa esta situación”, destacó Mónico Ramírez.

Ante esas situaciones, dijo han estado solicitando que haya módulos de seguridad, porque el único que hay, lamentó, está vacío; “estamos solicitando el módulo de seguridad las 24 horas del día así como cámaras de vigilancia en lugares estratégicos, para ver quién entra, quién sale, los carros, sus placas, y tener una claridad de las cosas, pues a pesar de que es un área turística, no hay vigilancia”.

De igual forma dijo que no hay quien se encargue de vigilar a los mismos acapulqueños que llegan al área de sinfonía, quienes denunció “llegan dejan basura, hay pleitos entre pandillas, unos se aprovechan de las circunstancias, porque vienen a hacer su agosto en las vacaciones”.

Incluso dijo, que en este periodo vacacional, hubo un robo a una turista a quien le arrebataron sus bolsas, y no hubo policías que lo detuviera.

En el acto, cinco clavadistas dieron un espectáculo, con el cual, se beneficiará a la Cruz Roja, aportando el 50 por ciento de la venta de boletos que hubo en el horario de la una.

El show que sólo duró unos 15 minutos, sólo fue observado por unos 100 turistas, en su mayoría extranjeros, quienes aplaudieron antes y después de cada clavado.

Mónico Ramírez dijo que este fue un acto de amor, generosidad y de buena voluntad de los clavadistas para contribuir en algo a la colecta anual de la Cruz Roja.

Así también anunció que el próximo 30 de abril van a dar otro espectáculo de clavados, el cual será gratuito para todos los niños que acudan, pues dijo “así queremos compartir nuestra actividad, para fomentar el deporte, la cultura turística y el servicio social”.

Demandan en el MP a funcionarios de CFE y a ex autoridades ejidales de La Sabana

Los acusan de fraude por 35 millones de pesos

 

Pagaron la indemnización por el tendido de líneas de alta tensión en su ejido, a quienes no les correspondía cobrar. Otra vez la CFE entra a sus tierras sin permiso para abrir un camino que forma parte del proyecto La Parota, dicen

 Karina Contreras  

Ejidatarios                   de La Sabana demandaron penalmente ante la agencia del Ministerio Público (MP) de Renacimiento a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las ex autoridades ejidales por el delito de fraude de alrededor de 35 millones de pesos por el pago de indemnización en el tendido de líneas de alta tensión en ese ejido y la construcción de la torre, informó el presidente del Comité de Defensa de ese ejido, José Carlos Hernández Godoy.

En una conferencia de prensa en el Zócalo, Hernández Godoy precisó que la demanda contra la paraestatal y las ex autoridades ejidales ya fue ratificada, quedó registrada bajo la averiguación Tab/R/AM/114/2004 en el MP de Renacimiento, y se dio por la imposibilidad de obtener vía el diálogo o mediante un arreglo satisfactorio la recuperación del pago que indebidamente que los inculpados recibieron.

Los demandados son el ex comisariado ejidal Higinio Salazar Ozuna, Ubaldo Muñoz del Carmen, Alejandro Arciniega Palma, Alejandro Espinoza Palma, Gaspar Zequeida Ozuna, Leonor Rodríguez Barrios. Los funcionarios de la empresa Miguel A. González Ortiz, Héctor Guadarrama Salazar, Guillermo González Pérez, José Trinidad Fuentes Pinzón, todos ellos por el delito de fraude y daños contra los ejidatarios, pues cobraron la indemnización si entregarla a los dueños de las parcelas.

Hernández Godoy explicó que la CFE alegaba a su favor que los ejidatarios no tenían documentación de que son dueños, pero ahora los ejidatarios tienen un certificado agrario de Procede con lo cual comprueban que son los dueños donde tienen las torres de luz, y exigen que se les pague.

El dirigente acusó a la CFE que pagó a otras personas que nada tenían que ver con las parcelas, mientras a los dueños se les hizo a un lado y no les han entregado el dinero.

Calculó que la empresa debe alrededor de 35 millones de pesos a los ejidatario, considerando el monto real de la afectación, es decir el tiempo que han operado las torres, sin pagar a los verdaderos dueños cuando les está generando recursos.

Hernández Godoy acusó que la CFE sigue cometiendo los mismos errores, pues ya entró al ejido derribando árboles sin el permiso de los campesinos. Explicó que la paraestatal hace unos días comenzó a derribar árboles para abrir brechas de lo que será un camino que llevará a la infraestructura de la hidroeléctrica La Parota, que se pretende construir en Guerrero, pero –insistió– a los dueños de las tierras no se les ha pedido permiso.

Finalmente, Godoy Hernández pidió el diálogo con funcionarios de                   la CFE, que resuelvan el problema para que paguen a los ejidatarios, porque de lo contrario llevarán a cabo movilizaciones en las oficinas de supervisión de obras de Costa Azul y en las oficinas de La Parota, en ésta última para que explique porqué se han metido al ejido sin permiso.

Trasciende que se consignará a consumidores demandados por la CFE

Una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que en poco tiempo será consignada ante el juez la demanda interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra los dirigentes del Frente Amplio de Consumidores (FAC),                                   José de Cádiz Molina, Valentín Luján Ramírez y María Isabel Valdeolivar, por los delitos de privación ilegal de la libertad, daño al patrimonio de la institución y lo que resulte, la cual fue presentada el 25 de febrero, luego de un bloqueo a sus oficinas de Cuauhtémoc.

Según la fuente, la demanda será turnada ya al juez para que libere la orden de aprehensión contra los dirigentes que encabezan una lucha de resistencia por los altos cobros de los recibos de la CFE, y agregó que los “abogados de la empresa han presionado fuertemente”.

La demanda contra los dirigentes está bajo la averiguación previa 12/Acaddi/2004, en el Ministerio Público federal perteneciente a la subdelegación de procedimientos penales B, a cargo de Alfonso González Zamora, fue presentada el 25 de febrero y ratificada el 1 de marzo.

Entrevistados vía telefónica, José de Cádiz Molina y Valentín Luján Ramírez dijeron que no les sorprende la actitud que está tomando la CFE, pues es una clara intimidación contra ellos.

Coincidieron en señalar que no les espanta que consignen la demanda ante un juez, pues ellos seguirán adelante en la lucha para que se cobre lo justo a los usuarios por parte de la CFE.

En otro tema, José de Cádiz informó que se reunieron                                   el lunes pasado con el alcalde Alberto López Rosas, quien se comprometió a que el próximo año ya no habrá cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), pues éste será derogado. Sobre el cambio de tarifa, manifestó el dirigente que López Rosas respondió que eso no era de su ámbito, pero que buscará el diálogo con los funcionarios de la CFE para hablar del                                   asunto.

El alcalde les informó que la diputada federal y presidenta de la Comisión de Energía, Irma Figueroa Romero, trabaja en el asunto para el cambio de tarifas. Sobre esto,                                   el dirigente reconoció la disposición de la diputada federal para apoyar a los ciudadanos.