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Publica la UAG su convocatoria para licenciatura; más de 5 mil aspirantes quedarán fuera, adelanta

Este martes la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) dio a conocer su convocatoria para los interesados a ingresar a unas de las 45 licenciaturas que ofrece, donde las fichas disponibles serán 13 mil 410 y los espacios reales serán 7 mil 536; de los cuales 6 mil 554 serán para los mejores promedios del examen de admisión y 982 para grupos socialmente vulnerables.
Este año en la UAG quedarán fuera 5 mil 874 jóvenes, donde la facultad de Medicina, con su licenciatura de Médico Cirujano es de las más demandadas, estará entregando mil 200 fichas y los espacios disponibles serán 200.
La convocatoria señala que el preregistro será del 1 de marzo al 12 de abril y la confirmación del registro será 23 de abril al 9 de mayo, y el examen el 23 de junio.
La universidad dio a conocer una relación de las licenciaturas, las fichas que entregarán y los espacios reales que tiene cada una de ellas, donde entre las carreras más demandadas está la licenciatura en Enfermería, donde Enfermería 1, ubicada en Chilpancingo, otorgará 400 fichas y sólo aceptará a 140 estudiantes; Enfermería 2, ubicada en Acapulco, otorgará 600 fichas y espacios reales son 270; la 3 de Ometepec entregará 250 fichas y los espacios que tienen son 105; la número 4, en Taxco, dará 400 y los espacios son 140, y mientras la 5, ubicada en Coyuca de Catalán, otorgará 180 y podrán ingresar 80.
Mientras que para la carrera de Cirujano Dentista, en la facultad de Odontología, en Acapulco, las fichas disponibles serán 400 y podrán ingresar solamente 105 jóvenes. Mientras que 450 fichas se entregarán para la licenciatura en Químico-Biólogo-Parasitólogo, de los que únicamente ingresarán 175, y para licenciado en Biología son 120 fichas y 70 espacios reales. Para la licenciatura en Biotecnología son 70 fichas y 35 podrán ingresar, las tres carreras ubicadas en la capital.
Para el área de ingeniería, en la carrera de Ingeniero Civil son 250 fichas y podrán ingresar 70; Ingeniero en Computación son 250 fichas y 70 espacios reales; Ingeniero Constructor 90 fichas y 35 espacios; Ingeniero Topógrafo y geomático, son 70 fichas y 35 espacios; Ingeniero en Computación, modalidad distancia, 30 fichas para igual número de alumnos.
En Economía, ya se precisa que es en Campus Llano Largo, se darán 120 fichas para igual número de alumnos.
Otra de las carreras más demandadas es licenciado en Derecho, cuya escuela está ubicada en Chilpancingo, dará 600 fichas pero sus espacios reales son 400; la ubicada en Acapulco pondrá 450 fichas y sus espacios reales son 400.
En Contaduría y Administración hay mil fichas, 600 para la licenciatura en Contaduría y 400 para administración, mientras los espacios reales son 540 y 360, respectivamente.
En Psicología se darán 500 fichas y espacios reales hay 300. Mientras que para Ciencia Política y Administración Pública son 150 fichas y espacios reales 120.

 

Se enfrentan a golpes en el registro de miembros del Consejo Nacional del PRD

Perredistas de Morelos, Ciudad de México y Guerrero se enfrentaron a golpes en el registro de los consejeros que asistirían al Consejo Nacional Electivo celebrado el sábado en la Ciudad de México.
Una versión que se conoció por la mañana es que la disputa entre perredistas fue porque la Comisión Electoral del PRD entregó 25 votos duplicados de consejeros nacionales. Cuando los consejeros se enteraron, empezó una riña para evitar que los votos se distribuyeran.
En un video de dos minutos con ocho segundos, se observa como los perredistas se liaron en una pelea a puñetazos, patadas y sillazos. En el enfrentamiento estuvo el diputado local con licencia y dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), Sebastián de la Rosa Peláez, quien sostuvo que de su parte no lanzó ningún golpe y que intervino para calmar los ánimos.
El Consejo Nacional Electivo del PRD estaba previsto para sesionar el sábado en la Ciudad de México, en el piso cuarto de Expo Reforma, y el registro de los consejeros se dio en el piso séptimo, que fue donde ocurrió la gresca. Al final el Consejo Nacional Electivo del PRD cambió de sede y se realizó en el hotel Fiesta Americana.
El video comienza cuando un perredista, identificado como Iván Vázquez Hernández, busca liberarse de dos de sus compañeros que intentan someterlo. Está en la parte central del salón donde se lleva a cabo el registro, en el lugar hay mesas con manteles amarillos y negros, los colores del PRD, también hay mamparas y sillas. Pese a los esfuerzos de Iván por zafarse, es derribado y al caer al piso recibe múltiples golpes, patadas y puñetazos, y un hombre con chaleco azul lo tunde aparentemente con una macana.
Sobre Iván, quien ya está en el piso, van otros tres perredistas, quienes son tackleados por otros para tratar de impedir la acción, pero no lo consiguen y así se generaliza la gresca. Mientras a Iván lo tunden a golpes entre cuatro, otros dos intentan quitar a los agresores; luego un perredista sujeta una silla y la azota en la espalda de uno de sus compañeros que golpea a Iván, así se dispersa el grupo y luego empiezan a darse escaramuzas de uno a uno, entre todos, mientras se oyen gritos en el video.
En el material audiovisual se observa que un perredista intenta golpear a Sebastián de la Rosa, quien al verse confrontado asume una posición a la defensiva, pero no ocurre un enfrentamiento. Dos perredistas arremeten a patadas contra aquél que tomó la silla para defender a Iván, luego uno más toma otra silla y se pasea con ella buscando contra quien estrellarla, mientras otros piden a sus compañeros que se calmen “ya, tranquilos, ya. Hey, ya”.
En el video se observa que al fondo del salón tres perredistas siguen peleando, hay jaloneos entre ellos, se avientan sillas y ahí interviene De la Rosa Peláez. Del otro lado del salón le gritan: “Sebastián, Sebastián, ayúdame”.
En la confrontación de un minuto con 13 segundos intervinieron al menos unas 25 personas. Al final se escuchan voces de mujeres, que piden a sus compañeros: “Ya cálmense”.

La versión de De la Rosa

En declaraciones por teléfono, De la Rosa Peláez contó que el pleito ocurrió alrededor de las 11:45 de la noche, que fue en la mesa de registro de consejeros y que no fue por la disputa de alguna candidatura.
Dijo que sus compañeros de la CODUC de Morelos y de Ciudad de México fueron golpeados por policías estatales y funcionarios de Morelos, vestidos de civil.
Relató que el pleito fue por un voto, debido a que renunció una consejera y la CODUC buscaba sustituirla por otra, pero la corriente Vanguardia Progresista reclamó que ese espacio era para ellos.
El caso se dejó para el final del registro y estaban en ese diálogo “cuando de imprevisto llegaron policías estatales del gobierno de Graco Ramírez, de Morelos, vestidos de civil arrebatando el voto y entregándoselo a la gente de la corriente del gobernador Graco, eso fue lo que realmente pasó”.
Indicó que el representante de la CODUC, Iván Vázquez Hernández, reclamó para que no se entregara ese voto a Vanguardia Progresista y “un funcionario del gobierno de Graco Ramírez agredió a mi compañero Iván con un bote de agua, que le tiró y le pegó en la cara”, después los “policías estatales de Morelos”, vestidos de civil, golpearon a Iván y salieron en su defensa integrantes de la CODUC de Morelos y de la Ciudad de México.
Aseguró que los agresores fueron unos 15 o 20 policías estatales acompañados de funcionarios del gobierno de Morelos, “ellos (los policías) eran muchos y nosotros (la CODUC) éramos poquitos”.
Del grito de “Sebastián ayúdame”, contó que fue una petición de otro integrante de la CODUC, cuando era golpeado.
Alegó que los integrantes de la CODUC fueron agredidos y se defendieron, “ni modo que se dejaran que los estuvieran golpeando nada más, ni modo, eso lo reconozco, nadie se deja que golpeen nada más por que sí”.
Sostuvo que el único guerrerense que estuvo en la gresca fue él, porque se trataba de una negociación para reconocer el espacio de una consejera.
Al final, después del pleito, el voto de la consejera que le fue “arrebatado” a la CODUC por la fuerza lo hizo efectivo Vanguardia Progresista.
Adelantó que hoy habrá una mesa de negociación política, entre el presidente nacional del partido, Manuel Granados Casarrubias, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, y la dirigencia nacional de la CODUC, para que los perredistas que fueron agredidos por policías estatales de Morelos “estén tranquilos”.
Informó que un perredista de la Ciudad de México presentará una denuncia penal, porque en la confrontación le robaron sus documentos personales.

 

 

No atiende la SEG a los padres de familia de la primaria en Ahuixtla, en Chilapa, denuncian

Por segundo día consecutivo, padres de familia de la comunidad de Ahuixtla, municipio de Chilapa, que exigen el cambio de cuatro maestros porque no dan clases de manera regular, fueron ignorados por representantes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Una comisión de 20 padres de familia de la primaria Benito Juárez, en Ahuixtla, llegó a las 10 de la mañana a las oficinas de la delegación de la dependencia para pedir una audiencia con el delegado regional de servicios educativos, Jerónimo Maurilio Morales.
El representante de los padres de familia y gestor de la comunidad, Margarito González Nava, informó que el martes les pidieron que acudieran a la delegación, para plantear la exigencia a Maurilio Morales. “Confiamos y llegamos, pero nos dijeron que no está”, explicó.
Dijo que le llamaron por teléfono al funcionario, pero que les respondió que no tenía tiempo para atenderlos.
“Dice que no tiene tiempo, de cuando va a ir a dar una vuelta (a la comunidad) y a final de cuentas no nos dice nada. Dijo que no, totalmente no tiene tiempo, no sabe cuándo y no se compromete”, afirmó el representante de la comunidad. “Exigimos cambio de maestros, no queremos a los que estaban, ya el pueblo decidió”, insistió.
Los padres de familia han exigido ya en tres ocasiones el cambio de los cuatro maestros que atienden a 142 alumnos de la primaria Benito Juárez, argumentando que de septiembre a diciembre de 2017 no subieron a trabajar y que a partir de enero han ido sólo a dos días a la semana.
Los padres informaron que ante la falta de respuesta en Chilapa, enviarán un documento al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y que una vez que les sea recibido le darán dos días para su respuesta o de lo contrario, advirtieron, tomarán la delegación de la SEG en Chilapa o cerrarán la vía Chilpancingo-Tlapa. (Luis Daniel Nava / Chilapa).

 

Bloquean padres de telesecundarias dos vialidades en el centro de Chilpancingo; piden maestros

 

Unos cien padres de familia y maestros de telesecundarias de la zona escolar 67, que aglutina escuelas de los municipios Alcozauca, Tlalixtaquilla y Alpoyeca, bloquearon la avenida Juan N. Álvarez y la calle Pedro Ascencio, en el centro capitalino, para exigir maestros.
Por la mañana, los inconformes se reunieron en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, luego se trasladaron a las oficinas alternas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en la calle Pedro Ascencio, donde se encuentran la Dirección General de Secundarias y Telesecundarias y la Dirección General de Planeación y Programación Educativa.
De manera inmediata, una comisión fue atendida por el director Jesús Alberto Rodríguez Bello, sin embargo, al no llegar a acuerdos, los padres y maestros decidieron bloquear el paso vehicular en la zona.
De acuerdo con la directora de la telesecundaria de Tlalixtaquilla, María Isabel Ángel López, los tres municipios tienen una “necesidad urgente” de siete maestros. Explicó que la falta de docentes en la zona se dio por jubilaciones y cambios de adscripción, que la SEG autorizó sin enviar los reemplazos correspondientes.
Dijo que algunos de los profesores hacen falta desde octubre pasado y otros desde que inició el ciclo escolar 2017-2018. Ante la situación, los padres de familia cerraron las nueve escuela de manera indefinida, lo que afecta a más de 800 estudiantes que no reiniciaron clases de manera normal, luego del periodo vacacional decembrino.
El bloqueo en la avenida Juan N. Álvarez y la calle Pedro Ascencio inició cerca de las 3 de la tarde, debido a la obstrucción, los conductores particulares y del transporte público buscaron vías alternas para poder seguir sus rutas habituales.
Después de las 4 de la tarde, una comisión volvió a reunirse con Rodríguez Bello, quien firmó una minuta en la que se comprometió a enviar cinco de los siete maestros que los inconformes solicitaron a mediados de febrero próximo. Por su parte, los manifestantes accedieron a retirarse, pero advirtieron que si la SEG vuelva a incumplir, habrá manifestaciones “más drásticas” en la capital.

 

Solicita Contaduría que se sancione a dos maestros que encabezaron un paro laboral

El Consejo de Unidad de la facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que encabeza el director Francisco Barrera Villa, solicitó al Consejo Universitario sanciones para los maestros Carlos Armando Morillón y Moisés Carmona Serrano, quienes encabezaron un paro laboral de nueve días, con el cual causaron daño patrimonial a la máxima casa de estudios por más de un millón 200 mil pesos.
La petición de sanciones a los maestros de esa escuela fue presentada el pasado viernes en el Consejo Universitario, que se llevó a cabo en Acapulco, el cual lo turnó al Tribunal Universitario para que haga una investigación y en próxima sesión presente el dictamen, sobre si los profesores son acreedores a una sanción, que podría ser la expulsión, o no.
De acuerdo con lo presentado por el Consejo de Unidad, máximo órgano dentro de la escuela, los maestros con su paro laboral causaron un daño a la universidad por un millón 272 mil 915 pesos.
Según esto, cada día de protesta, fueron nueve días, la universidad perdió más de 141 mil pesos, debido a que se pagó la plantilla a más de cien maestros sin que dieran clases; además, se dejó a más de 4 mil alumnos sin clases.
Como informó El Sur el pasado 13 de septiembre, maestros encabezados por Moisés Carmona Serrano cerraron la facultad de Contaduría y Administración, para pedir la salida de más de 20 docentes interinos, así como transparencia en la entrega de becas a los hijos de trabajadores y el pago de los maestros invitados.
En esa ocasión el ex director de la facultad,  Moisés Carmona Serrano, dijo que lo que demandaban los maestros era respeto al contrato colectivo de trabajo y que la comisión mixta paritaria acudiera a la escuela para resolver el problema de la plantilla laboral.
La protesta duró nueve días y concluyó cuando acudió la comisión mixta, conformada por la administración central y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), a la escuela para atender las demandas.

Nueva protesta en Rectoría de los defraudados de la caja de ahorro del STTAISUAG

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) protestaron por segunda ocasión en la explanada de Rectoría, para exigir el pago de la caja de ahorro 2016, que se adeuda a unos 500 trabajadores.
El 14 de noviembre, los defraudados de la caja de ahorro protestaron en las oficinas del rector Javier Saldaña Almazán, luego de que éste no asistió a una reunión programada con ellos.
Este miércoles, a las 8 de la mañana, unos 30 sindicalizados que participan en la manifestación también declararon que están inconformes porque el rector Saldaña Almazán no atiende el problema.
Con una bocina, los manifestantes denunciaron que les fueron entregados cheques sin fondos, por lo que exigen que se aclarare el problema y que además se dé una solución.
“Los cheques que nos entregaron fueron impresos en Finanzas de la universidad y no tenían fondos”, agregó un manifestante.
A las 11 de la mañana, una comisión se reunió, a puerta cerrada en la sala de los ex rectores, con el secretario general de la UAG, José Alfredo Romero Olea, y  el coordinador de asesores, Fernando Jiménez, quienes se comprometieron a tratar de pagar los ahorros que se perdieron.
Los manifestantes detallaron que al menos mil 500 ahorradores lograron sumar la cantidad de 20 millones de pesos, por lo que estiman un desfalco de más de 6 millones de pesos, pero refieren que como víctimas del fraude no han tenido acceso a los resultados de la auditoría realizada a la caja de ahorro.
Durante la manifestación exigieron a las autoridades encargadas que se ejerza acción penal en contra de los administradores de la caja de ahorro, que participaron en el periodo 2013-2016, es decir Guadalupe Gutiérrez Campos, Eric Manrique y Felipe Alonso Alonso.
Después de dos horas de reunión, uno de los defraudados informó que se determinó que en breve solicitarán a la dirigencia de la STTAISUAG que informe respecto a la situación jurídica de la demanda interpuesta en contra de los ex dirigentes. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Desertaron 900 estudiantes en Tierra Caliente por la inseguridad y violencia, informa la UAG

El secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, dijo que el 15 por ciento de los 6 mil alumnos de las escuelas ubicadas en Tierra Caliente desertaron por la inseguridad y violencia que se vive en la región.
En declaraciones luego de la entrega de resultados del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), que se llevó a cabo en la Rectoría, Romero Olea dijo que 900 estudiantes desertaron en la región Tierra Caliente a consecuencia de la inseguridad, sin embargo, para este año la demanda en las escuelas de la zona no disminuyó.
Sobre los resultados del Ceneval, dijo que la UAG le dará una segunda opción a los rechazados para que puedan continuar sus estudios; de hecho, a los aspirantes a ingresar en el nivel superior se les pidió que anotaran tres opciones, en caso de que no logren quedarse en la licenciatura que escogieron al principio.
Señaló que el proceso será complicado, pues los aspirantes a ingresar en el área de la salud anotaron como opciones las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, pero estas son las de mayor demanda.
Al respecto de la presunta venta de espacios en la UAG, Romero Olea llamó a los aspirantes y a los padres de familia a denunciar estas irregularidades, pues nadie debe pedirles dinero a cambio de la inscripción, “no puede suceder esto en estas fechas, es inadmisible”.
Sobre la venta de certificados de estudios apócrifos, que se da principalmente a través de las redes sociales, dijo que la UAG ya presentó una denuncia en contra de quien resulte responsable, debido a que se trata de un acto ilegal.
En este caso, declaró que no cree que sean universitarios los que estén detrás de la venta de documentos apócrifos y tampoco que estudiantes recurran a ese tipo de procesos para poder obtener sus certificados, sin embargo, le competerá a las autoridades determinar la responsabilidad a quien corresponda.

Exigen representantes de PRD, Morena y MC la remoción de los siete consejeros del IEPC

Los representantes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se agilice la demanda que presentó en marzo pasado el representante de Morena para la remoción de los siete consejeros, por graves y reiteradas violaciones a la ley, omisión de sus responsabilidades, negligencia y opacidad en el manejo de los recursos asignados al organismo.
En conferencia de prensa en las oficinas de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), a las 3 y media de la tarde de este miércoles, los representante del PRD, Nicanor Adame Serrano; de Morena, Sergio Montes Carrillo, y de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, también cuestionaron los altos sueldos que perciben, que, en el caso de la presidenta Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 pesos y los consejeros 237 mil 564 mensuales.
“Son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero, que establece que ningún servidor público debe ganar más que el gobernador”, dijo en su caso el perredista Adame Serrano.
El representante de Morena, Montes Carrillo, presentó el 2 de marzo pasado ante el INE, a través de su vocalía local, una demanda de remoción de los siete consejeros del IEPC, que se recibió con el número de queja 26/72 y una vez radicada en la unidad responsable del INE le asignaron el número de expediente 05/2017, por diversas violaciones a la ley, omisiones de la presidenta y los consejeros del organismo electoral.
Pero Montes Carrillo se quejó de que a más de cuatro meses de que presentó la denuncia no han tenido respuesta, y tampoco el INE ha realizado ninguna acción en contra de los consejeros, ni ha hecho ninguna petición o aclaración a él como promovente, a pesar de que aseguró que ha estado presentado las pruebas supervenientes necesarias para fortalecer el expediente.
Tapia Iturbide, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la exigencia del representante de Morena, para que el INE “le dé respuesta ya” a su demanda y explicó que la denuncia que presentó el representante de Morena en contra de los consejeros fue por realizar una promoción ilegal de funcionarios electorales, explicó que personas que no contaban con el perfil y los lineamientos que establece el INE fueron promovidos a cargos y sueldos superiores.
Mencionó dos ejemplos: el de Margarito Cortés, quien de auxiliar lo ascendieron a titular de la oficialía electoral. Otro caso fue el de Norma Liliana Ramírez Eugenio, quien habiendo sido candidata suplente del PAN en 2012, fue nombrada titular de una unidad técnica del IEPC.
Al respecto, Montes Carrillo explicó que después de que se presentó la denuncia ante el INE, los dos funcionarios electorales que habían sido ascendidos fueron removidos y liquidados, lo que también fue presentado como pruebas supervenientes en el desarrollo del expediente.
Consideró que es importante que el INE resuelva ya la denuncia que presentó, “porque no podemos ir al proceso electoral de 2018 con consejeros señalados de omisiones en sus funciones”.
Asimismo, dijo que los consejeros nombraron a personas que no cumplen con los requisitos que señala el lineamiento del INE para ocupar un cargo de titular de una unidad técnica del IEPC, aunque de éstos no precisó a quienes.
Otra de las causales que planteó Morena en su demanda es la “notoria negligencia en el desempeño de sus funciones, con lo que violaron los principios rectores del organismo electoral”.
Explicó que en diversos órganos distritales en el proceso electoral de 2014-2015, como en los distritos 14, 16, 18 y 28 se cometieron una serie de irregularidades “que quedaron plenamente acreditadas en los expedientes donde se impugnaron las elecciones municipales o distritales”.
Dijo que ante esa situación el órgano electoral nunca hizo nada para sancionar a sus funcionarios, reprochó el representante de MC.
Añadió que esa negligencia está ocasionando que en el nuevo proceso de ratificación y nombramiento de consejeros distritales muchos de ellos se inscribieran, aunque al respecto los representantes de los partidos ya expresaron su oposición, concretamente en contra de algunas personas y los tres representantes partidistas advirtieron que impedirá que no pasen, por haber cometido irregularidades que violentaron la ley en el proceso electoral anterior.
“No podemos iniciar el nuevo proceso electoral con la incertidumbre de que algunos consejeros electorales del máximo órgano local tengan alguna imputación de haber cometido ilegalidades y que conserven el cargo para seguir desempeñando sus funciones”, dijo en su momento el representante de MC.
Exigió al INE que resuelva la denuncia que presentó Morena para iniciar un proceso electoral, “tal y como lo marca la ley, protegiendo siempre los principios rectores que establece la ley electoral”.
Por su parte, el representante del PRD, Adame Serrano, igual que el de Morena y de MC se sumó a la exigencia de que el INE remueva a los consejeros electorales, porque dijo que comparte las causales de remoción.
Pero además añadió que no se puede ir a un proceso electoral “con un órgano que constantemente está violando la legalidad”, como dijo que lo hace con los altos sueldos y prestaciones que perciben. Dijo que en el caso de la presidenta, Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 y los consejeros 237 mil 564 mensuales, “son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero”, cuestionó.
Agregó que también violentan el artículo 189 de la ley electoral local, que en su fracción séptima dice que las atribuciones de la consejera presidenta son proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, de los titulares de las unidades técnicas del IEPC; sin embargo, denunció que en las direcciones y unidades técnicas la presidenta ha nombrado a puros encargados, “porque no quiere que el consejo general se los cuestione”.
Acusó a la presidenta de que con ello está incurriendo en ilegalidad y clara violación a la ley electoral, porque ya dejó pasar mucho tiempo con puros encargados en las áreas del organismo.
Mencionó que otra violación es que asuntos que le competen al Consejo General, la presidenta los traslada a la Junta Estatal, en donde tiene a puros encargados y por consecuencia tiene el control, “por eso los lleva allí”.
Destacó que otra irregularidad es la opacidad en el manejo de los recursos, sobre todo, dijo, el relacionado con la nómina.
Por ejemplo, informó que en la nómina de honorarios para los trabajadores eventuales en el presupuesto de 2017, el Consejo General aprobó 18 millones 668 mil 535 pesos, que divididos entre 12 meses, resulta 1 millón 555 mil 711 pesos, “pero esa nómina no sabemos porqué no aparece en la página de Transparencia”. Lo que pasa, explicó, es que en esta nómina la presidenta y los consejeros meten a sus recomendados.
También denunció que los mandos directivos tienen un salario de 132 mil 989 pesos que son los más altos, pero que lo que aparece en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no coincide con el presupuesto que se aprobó en 2016, donde se asignan los salarios, prestaciones y honorarios.
“En lo que no estamos de acuerdo es que se diga que se bajaron el sueldo por un proceso de austeridad, cuando en el presupuesto de egresos de 2016 y 2017, la presidenta y los consejeros se aumentaron considerablemente sus prestaciones y sólo se bajaron el 10 por ciento en el salario base”, denunció.
Explicó: “Se bajaron el sueldo nominal, pero se lo aumentaron en prestaciones y ese es un engaño, porque al público le dicen que se bajaron sus sueldos, pero en los hechos se lo aumentaron, vía prestaciones para evadir impuestos”.
Agregó que los consejeros también incurrieron en la ilegalidad, porque en enero y febrero otorgaron financiamiento a los partidos Nueva Alianza y a Encuentro Social, a pesar de que en las elecciones de 2015 perdieron su registro. Recordó que la ley señala que los partidos que no alcanzan el 3 por ciento de la votación pierden el registro.
Además, acusó que la presidenta y los consejeros no presentaron el proyecto de dictamen de pérdida de registro de esos partidos, como lo establece la ley electoral, “entonces no sólo no presentaron el dictamen, sino que les dieron financiamiento en enero y febrero”, dijo e informó que el organismo electoral erogó por ese concepto 806 mil 581 pesos por los dos partidos en esos dos meses.
Informó que el organismo les suspendió el financiamiento hasta que los partidos políticos recurrieron a los organismos jurisdiccionales, para que se corrigiera esta ilegalidad.
El representante del PRD aseguró que todas las ilegalidades e irregularidades en que ha incurrido la presidenta las han denunciado en las sesiones, pero que no se corrigen los señalamientos.
“En conclusión, es muy grave que saque el proceso electoral este consejo, cuando su presidenta maneja el instituto como su empresa particular y los consejeros son sus cómplices por omisión”, se quejó.

Ya comenzó el pago a los defraudados de la caja de ahorro, informa el STTAISUAG

El delegado de la sección 1 del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), de la Zona Sur, Miguel Ángel Ulloa Hernández, informó que ya se empezó a pagar la caja de ahorro a los sindicalizados que fueron defraudados por los responsables de la administración pasada.
Señaló que se empezó a pagar a los de menor salario, como son los intendentes y veladores, que tenían ahorrados alrededor de 5 mil pesos, por lo que a los demás se les irá pagando poco a poco. Que lo que se ha venido pagando desde hace tres semanas es porque el comité central del sindicato, que preside Brenda Alicia Alcaraz, consiguió un préstamo y a través de cuotas sindicales.
Sobre la auditoría a los responsables de la caja de ahorro, Ulloa Hernández comentó que continúa su curso, por lo que todavía no hay un resultado concreto. El pasado 14 de diciembre de 2016 se llevó a cabo el 23 Congreso General Ordinario del STTAISUAG y ahí se acordó que se rescindiera el contrato de los responsables de la caja de ahorro, a quien acusaron de “fraude” por varios millones de pesos y los intereses generados.
En esa ocasión también se acordó iniciar una auditoría para saber dónde quedó el dinero y una demanda penal por fraude contra el presidente de la caja de ahorro Guadalupe Gutiérrez Campos; el tesorero Erik Manrrique Catalán y el contador Felipe Alonso Alonso, pues ninguno de ellos supo explicar dónde quedaron los recursos de la caja de ahorro de los sindicalizados, así como los intereses generados.

 

Amplia pesquisa del asesinato, demanda la ONU-DH

 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el homicidio del periodista Cecilio Pineda Birto, y demandó una investigación amplia que incluya las líneas relacionadas con su actividad periodística.
Asimismo señaló que es fundamental saber qué pasó con las medidas de protección que se pudieron otorgar al comunicador “para evitar este trágico desenlace”, en atención a las publicaciones de que el Mecanismo de Pro-tección para personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación lo incluyó en un programa de protección después de un atentado en 2015, y le retiró las garantías en octubre de 2016 porque no identificó más riesgo.
Ayer, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, destacó que la situación de riesgo de Pineda Birto ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades, incluso del Mecanismo señalado.
Expresó que “este ataque debe ser investigado de manera pronta e imparcial, agotando todas las líneas de investigación incluyendo las relacionadas con la actividad periodística del señor Pineda Birto. Ningún ataque a medios de comunicación o a periodistas debe quedar impune.”
En el esclarecimiento de los hechos, consideró “fundamental contar con mayor información sobre las medidas de protección que hubieran podido ser otorgadas al señor Pineda Birto para evitar este trágico desenlace, de tal manera que se puedan evitar hechos similares en el futuro para otros periodistas”.
Ratificó que para la ONU-DH “los ataques contra la prensa en general y contra los periodistas en particular, no sólo afectan a las víctimas y a sus familias, sino a la sociedad en su conjunto pues generan un clima de temor entre quienes ejercen el periodismo, coartan la libertad de expresión y, por tanto, la sociedad se ve privada de su derecho a recibir información libre y plural en asuntos de interés público”.
En el seguimiento del caso, informó que la Oficina ha sostenido contacto con las autoridades correspondientes, y asumió el compromiso “para seguir cooperando con las instituciones y las autoridades mexicanas en el fortalecimiento de las políticas y la institucionalidad existente en materia de protección de periodistas y combate a la impunidad”.
Asimismo, manifestó sus condolencias y solidaridad con la familia, amigos y colegas de Cecilio Pineda y llamó a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la familia del comunicador.