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Cumplen cuatro días diligencias de la PGR en fosas de Iguala

Protestan padres de los 43 en la 35 Zona Militar en Chilpancingo;?exigen que se investigue al Ejército

Se manifiestan en la Autopista del Sol y llaman a los familiares de víctimas de desaparición de Iguala, Chilapa, Acapulco y el país a que se unan a la lucha por la presentación de los normalistas de Ayotzinapa

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

“¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?” gritaron madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, ayer en la entrada principal de la 35 Zona Militar y exigieron que se investigue la participación del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El 26 de abril se cumplen 43 meses de los ataques y la desaparición de los jóvenes, por ellos los padres y madres de familia apoyados por la Asamblea Nacional Popular (ANP) programaron la jornada de lucha 43 por 43 para informar a la sociedad sobre las omisiones de las autoridades en la investigación.
Como parte de esa jornada ayer padres y madres de familia, su representante Melitón Ortega y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa repartieron a automovilistas boletines informativos en las salidas al norte y al sur de la capital, en los que expusieron que autoridades estatales y federales están coludidas con el crimen organizado, particularmente con el grupo delictivo Guerrero Unidos.
Melitón Ortega llamó a los familiares de víctimas de desaparición forzada de Iguala, Chilapa, Acapulco y el país a que se unan a la lucha de los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa “necesitamos juntar esfuerzos para poder encontrarlos”.
A las 10:30 de la mañana los manifestantes llegaron al punto conocido como Tierras Prietas en la Autopista del Sol donde hicieron pintas en el muro divisor de los carriles y en los alrededores del puente como, “26 de septiembre, no olvidamos, no perdonamos”, “Nos faltan 43” y “Fue el Estado”, también escribieron las cuatro líneas de investigación que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que son: La intervención de la Policía Municipal de Huitzuco, la Policía Federal y el Ejército en los hechos, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la responsabilidad de los funcionarios de la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y la telefonía de los jóvenes, ya sus celulares se mantuvieron activos después de los ataques.
También colocaron fotografías del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y debajo de ellos pintura roja simulando sangre.
Los manifestantes se trasladaron a la salida al sur de la ciudad en el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco y replicaron la actividad durante una media hora, cerca del mediodía acudieron a la 35 Zona Militar donde los normalistas hicieron pintas en la fachada en las que se leyó “Asesinos”, “chaneques y monos” en referencia a los militares, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y el número 43.
La madre del normalista de Ayotzinapa desaparecido, José Eduardo Bartolo Tlatempa, María de Jesús Tlatempa Bello acusó al Ejército de haber participado en la desaparición de los estudiantes y dirigió las consignas que los manifestantes corearon frente a las instalaciones, entre ellas “porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados” y “no somos todos nos faltan 43”.
Una patrulla de la Policía Estatal siguió a los manifestantes durante las actividades, al igual que otra de la Policía Federal del Sector Caminos.
Se observó que algunos de los agentes usaron sus celulares para fotografiar o grabar las protestas pero no intervinieron en ellas.

 

Se demostró el trasiego de drogas de Iguala a Chicago y debe investigarse, dicen padres de los 43

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “tenía razón”, hay trasiego de drogas de Iguala a Chicago y esta línea de investigación “debe de ser indagada de manera exhaustiva, lejos de pretender cerrar el caso”, expusieron madres y padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En conferencia de prensa en el antiguo monumento a los caídos de 1960 en la alameda Granados Maldonado de esta ciudad, el representante de los padres, Melitón Ortega, una comisión de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero llamaron a las organizaciones y a la sociedad a participar en la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.
Melitón Ortega leyó un comunicado en el que los padres de los jóvenes señalan que en los 43 meses de lucha por la presentación con vida de sus hijos, que se cumplen el próximo jueves, “hemos visto de cerca la corrupción, la displicencia, la falta de compromiso de este gobierno para ofrecer justicia a las víctimas pero también nos hemos consolidado como organización de padres, al lado de nuestros otros hijos de Ayotzinapa”.
Señalaron que hay pruebas como peritajes “de alto rigor científico”, informes de organismos internacionales de derechos humanos, los celulares de los normalistas desaparecidos que se mantuvieron activos después de los hechos, sus ropas encontradas en el Palacio de Justicia de Iguala y la ruta de desaparición en Huitzuco que “hacen trizas la hipótesis del basurero de Cocula”.
No obstante con la reciente publicación de las conversaciones telefónicas entre sicarios de Guerreros Unidos de Iguala y Chicago las autoridades pretenden interpretarlas para respaldar “su mentira histórica” y sentar las bases para cerrar el caso.
Añadieron que las llamadas son una prueba de que Guerreros Unidos es un grupo delictivo que opera en el plano internacional, por lo tanto “su red de vínculos y complicidades incluye autoridades estatales y federales”, por lo que se debe de investigar esta línea porque los normalistas no estaban infiltrados por sicarios y éstos los reconocen como estudiantes.
Blanca Luz Nava Vélez, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava expresó que “este 26 de abril se van a cumplir 43 meses de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre que nos está matando a nosotras como madres, 43 meses de burla, como madres seguiremos buscando a nuestros hijos, no vamos a descansar hasta que sepamos la verdad”.
Manifestó que es mentira la teoría del basurero de Cocula y que las autoridades no sólo engañan a los padres de familia “sino a todo el mundo, se los dice una madre desesperada porque ya quiere tener noticias de su hijo, tenemos fe en que los vamos a encontrar pero únanse pueblo por favor, hay que hacer algo, no le podemos dejar este mundo a los niños que están creciendo”, porque advirtió que los ataques como el de Iguala se pueden repetir si quedan impunes.
Un representante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa dijo que los normalistas “estamos dispuestos a no olvidar, por eso invitamos a que luchen en esta lucha digna, que nos acompañen, el gobierno en vez de ayudarnos nos está poniendo trabas pero no vamos a dejar en el olvido esta injusticia que le ha hecho daño a nuestro estado, a nuestro país y al mundo”.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame manifestó su solidaridad con los padres de familia a nombre de la organización y de la Dirección Colectiva, dijo que los integrantes de las organizaciones sociales participarán en las actividades de la jornada de lucha que fueron avaladas por la Asamblea Nacional Popular.
Informó que éste sábado seguirá el foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social, “donde planteamos que la lucha social es independiente de los partidos políticos y que el eje central es que aparezcan con vida los 43 estudiantes normalistas”.
Añadió que se trata de un proceso de articulación y el número 43 “es un signo, es algo que va a llevar herrado el Estado en su consciencia para siempre de que quedó evidenciado ante el mundo, de que hubo una infamia, un asesinato impune y que el Estado, ya quedó claro, está coludido con el crimen organizado”.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza y los representantes del secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero y del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, se solidarizaron con los padres y se comprometieron a que estarán en las actividades de la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.

La PGR busca a los 43 con o sin vida: Melitón Ortega

En declaraciones luego de la conferencia de prensa al respecto de la búsqueda que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) hicieron el miércoles en el cerro Gordo en Iguala apoyados por policías federales de la Gendarmería, Melitón Ortega dijo que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos supieron de la diligencia por los periódicos y que, “al parecer ahí andan nuestros compañeros representantes de derechos humanos” del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Aseguró que es falso que en la diligencia se hayan encontrado cuatro cuerpos en fosas clandestinas, “es una información sin sustento, mañana o pasado nos estarán informando (sobre la búsqueda)”.
A pregunta expresa de si la búsqueda de los normalistas es en fosas o vivos, Melitón contestó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recomendó hacer la búsqueda mientras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó una investigación integral, “hoy tenemos que buscar en todos lados, sin embargo señalamos que el gobierno es el responsable, son policías de los tres niveles de gobierno los responsables”.
De las declaraciones del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien el ex presidente de la República Felipe Calderón y el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong señalaron por no acreditar a los policías estatales teniendo como consecuencia los hechos en Iguala, Melitón Ortega dijo que si Aguirre Rivero tiene información del caso debe presentarla ante las instancias correspondientes, aunque “para nosotros debe estar en la cárcel”.

 

Desde 1960 el gobierno usa el asesinato y la desaparición forzada, dicen familiares de víctimas

Familiares de desaparecidos de la década de 1970 denunciaron en un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que el gobierno desde los años 1960 utiliza el asesinato y la desaparición forzada cuando hay problemas en el estado, y reclamaron la falta de resultados en las búsquedas de sus parientes.
Durante el foro Pasos por la memoria y la verdad y la justicia, el señor Gregorio Fernández Brito (quien debería ser Hernández pero hubo un error en su acta de nacimiento cuando fue registrado), hermano de Victoria Hernández Brito una joven estudiante desaparecida el 11 de noviembre de 1976 en Iguala, expresó “desde los 60 a la fecha han querido resolver los problemas del pueblo matando al pueblo”.
Mencionó al gobernador Raúl Caballero Aburto con la matanza contra los estudiantes en Chilpancingo en 1968, al ex gobernador Raymundo Abarca Alarcón y la represión y matanza contra los manifestantes e integrantes la Asociación Cívica Guerrerense en 1962 en Iguala, a Rubén Figueroa con la matanza de Aguas Blancas, y a Ángel Aguirre con la matanza de El Charco.
Dijo que la desaparición de su hermana debe de estar presente en las nuevas generaciones porque su lucha fue para defender el acceso a la educación. En aquel año el gobernador Rubén Figueroa se opuso al funcionamiento de la Escuela de Agricultura en Iguala, y el Ejército y los policías del estado la tomaron por asalto en 1975.
Esto originó una resistencia entre alumnos y campesinos que llevó al descontento del gobernador priista, que lanzó una persecución contra los estudiantes, por el movimiento hubo encarcelados y personas desaparecidas, algunos estudiantes y campesinos secuestraron a empresarios y a cambio de la libertad de estos exigían la libertad de sus compañeros.
El 11 de noviembre de 1976 su hermana Victoria fue secuestrada de su casa, hombres que afirmaron ser compañeros de la joven llegaron y pidieron que saliera, esa fue la última vez que don Gregorio vio a su hermana. Pese a su lucha dice que no ha encontrado eco a su exigencia en el gobierno.
Por eso denunció que “el Estado protege a los secuestradores, lo sabemos, no hay seguridad en las calles pero están protegidos. Quisiera no seguir denunciándolo, sí da miedo pero más miedo si nos dejamos”, expresó ante unos diez alumnos y profesores en el auditorio de la facultad.
Dio a conocer que dos campesinos desaparecieron junto a su hermana, Crispín Bahena, originario de la comunidad de El Tomatal, y Eupidio Campo.
En el mismo panel la señora Celia Piedra, esposa del profesor Jacob Nájera Hernández egresado de la Normal de Ayotzinapa, compartió la desaparición del 2 de septiembre de 1974 en San Jerónimo, cuando policías llegaron a buscarlo y detenerlo.
Denunció que pese a la aguerrida lucha y exigencia a los presidentes que han pasado, ninguno le hace caso, incluso tratan de convencerla de desistir de su lucha, la buscan para decirle que tiene un recurso destinado con el que podría cambiar la forma en la que vive, pero se opone porque su esposo no se vende y lo seguirá buscando.
La fundadora de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que se separó de ella cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se incorporó, dijo que su esposo fue desaparecido por el Estado que lo relacionó con la guerrilla en los años 70. Después fundó el Colectivo Huella de la Memoria, que documentó más de 500 desapariciones de aquellos años en el país.
Contó que muchas familias ante la falta de respuesta de las autoridades han desistido de seguir en los movimientos. Una de las anécdotas que rememoró fue cuando por debajo de la puerta de Palacio Nacional metieron las fotografías de los desaparecidos, luego de que el ex presidente Vicente Fox se negó a atender a las familias.
En declaraciones coincidió con Gregorio que el gobierno mata al pueblo para resolver los problemas.
De su esposo dijo que fue buscado en la Normal y en su casa por los agentes del Estado, y pide a las autoridades que le digan donde está.
Una de las asistentes al foro dijo que la Universidad debe de alzar la voz por sus más de 30 desaparecidos documentados en 1970.

 

 

Guerreros Unidos pidió apoyo al gobierno estatal en los ataques de Iguala, según investigación de EU

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala habrían sido desaparecidas entre 50 y 60 personas, no sólo 43. Hubo al menos seis muertos al momento y policías de ese municipio, de Cocula y de Huitzuco participaron en auxilio de sicarios de Guerreros Unidos (GU).
Jefes de esa organización criminal dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes, y de pedir apoyo del gobierno estatal ante la magnitud del conflicto desatado.
Lo anterior está documentado en conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de GU con sicarios en Iguala. Dichas conversaciones a través de mensajes de blackberry e interceptadas por agencias de Estados Unidos (EU) con autorización de un juez, forman parte de un expediente judicial con los que se procesa a ocho operadores de GU en Chicago.
Los ocho están detenidos en una cárcel de Illinois por tráfico de droga y no han sido interrogados por los hechos de Guerrero.
Conforme a esas versiones junto con la agresión del grupo criminal a los estudiantes de Ayotzinapa movilizados en Iguala, ocurrió un enfrentamiento armado con la banda de Los Rojos, y hubo al menos seis muertos.
Los integrantes de GU creían que un grupo enviado por Santiago Mazari, El Carrete, pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización estudiantil era parte de la operación rival.
Las comunicaciones están en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) y una parte fue compartida en distintas reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años.
Reforma accedió a algunas transcripciones aportadas por el gobierno de Estados Unidos a las autoridades mexicanas.
En sus comunicaciones los jefes en Chicago tienen versiones diferentes del número de desaparecidos e ignoran el paradero.
En una conversación hablan de “60 paquetes” en alusión al número de personas capturadas y posteriormente desaparecidas, 17 más que los 43 normalistas hasta ahora conocidos.
Pablo Vega, uno de los líderes criminales en Chicago afirma en otra de las conversaciones con Covra, una semana después de los hechos, que hay “50 chavos desaparecidos”.
Covra responde: “En la madre. Tantos.ps dónde los metieron? Tantos”.

 

Toman padres y estudiantes de Ayotzinapa la caseta en Huitzuco por la presentación de los 43

Unos 70 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace tres años y medio en Iguala, tomaron ayer más de 3 horas la caseta de peaje de Paso Morelos de la Autopista del Sol, en el municipio de Huitzuco, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
Fuentes de la Policía Federal informaron que a las 10:45 de la mañana de ayer padres de los desaparecidos y normalistas, algunos de ellos cubiertos de la cara con playeras, tomaron el control de la caseta, levantaron las plumas de metal y permitieron el paso a los automovilistas a quienes les pedían una cooperación y les repartían volantes informativos.
En la protesta encabezada por el representante, el vocero de los padres, Melitón Ortega y Felipe de la Cruz y algunas de las madres se mostraron carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En el volante entregado a los automovilistas titulado “La verdad histórica sacada a punta de tortura”, se menciona el informe de la ONU-DH que señala las violaciones a los derechos humanos en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Se indica que de las 129 personas detenidas por este caso, la ONU-DH obtuvo información de 63 de los cuales sólo en 12 no hay evidencia de tortura, en 51 hay elementos de convicción sobre la existencia de tortura y en 34 personas hay “fuertes elementos” de convicción sobre la existencia de tortura.
El documento señala que “es el método ordinario que utilizan todas las corporaciones policiacas, militares y de la Marina para investigar y auto inculpar a las personas que tienen ilegalmente retenidas en las comandancias o lugares clandestinos”.
Según las fuentes consultadas la protesta de los padres y normalistas, que demandan la presentación con vida de los 43 desaparecidos y la investigación a las cuatro líneas de investigación sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), estuvieron poco más de 3 horas, y cerca de las 2:15 de la tarde se retiraron del lugar a bordo de un autobús de la línea Ada y una camioneta Pick Up con dirección a Chilpancingo, sin ningún incidente con los policías federales que se mantuvieron en el lugar.

 

Con un mitin en Chilpancingo organizaciones exigen la presentación de los 43 desaparecidos

A 42 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en los ataques en Iguala, el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero llamó a las organizaciones sociales a activarse todos los días para informar a la sociedad que el caso sigue impune. Unos 100 integrantes de la CETEG, la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Frente Magisterial y Ciudadano, la sección 69 del Sindicato de Telefonistas y activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ubicado en el monumento a Las Banderas en la avenida Lázaro Cárdenas. Los manifestantes hicieron un mitin para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes, además bloquearon la avenida mientras duró la actividad, poco más de una hora. Antes y en pausas durante las intervenciones de los dirigentes y representantes de las organizaciones sociales, el cantautor Lenin Hernández entonó canciones de protesta sobre la lucha de los padres de los normalistas desaparecidos, quienes lucharon por la educación publica y defender a las escuelas formadoras de docentes, y en contra de la violencia hacia las mujeres. En el mitin el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Hegel Mariano Ramírez dijo que los hechos en Iguala son “lamentables”, y que las autoridades deben saber que los padres de los jóvenes “no están solos” pues desde distintos espacios “seguimos recordando y seguimos exigiendo justicia y verdad”, porque es un derecho no sólo para las familias agraviadas sino para la sociedad. La dirigente del sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas expresó que “el gobierno no nos ha dicho nada y siguen las desapariciones ¿qué está pasando?”, en referencia a que el caso Ayotzinapa no se ha resuelto, expuso que “es necesario que tomemos acciones y despertemos antes de que sea uno de nosotros, uno de nuestros hijos”. La activista Roberta Campos Adame dijo que los padres “han recorrido el mundo para decir que en Guerrero hay impunidad” y buscando a sus hijos, pero el Estado se niega a seguir las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y tampoco es sensible a las desapariciones. El representante de la sección 18 del SUSPEG, Silvestre Solano Ortiz expuso que ahora son 42 madres las que siguen en la lucha por la presentación con vida de los estudiantes, pues debido a las omisiones del Estado, Minerva Bello Guerrero madre de Everardo Rodríguez Bello murió en febrero pasado de cáncer, “no llegó a conocer la verdad histórica, no volvió a ver a su hijo”. El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García advirtió que no se puede olvidar el 26 de septiembre de 2014, principalmente porque los 43 siguen desaparecidos. Ramírez Perulero fue el último en participar, en su mensaje expresó que cada mes las organizaciones se reúnen en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo para exigir el esclarecimiento de los hechos, y para exhortar a las autoridades a que resuelvan el caso, pero es necesario que “empecemos a activarnos más”. “Ya basta, ya basta de seguir soportando a este Estado putrefacto de asesinatos, desapariciones, impunidad, miseria, tenemos que activarnos, no mes con mes, todos los días”, puntualizó. Llamó a los integrantes de las organizaciones a visitar a “los que no se informan, de los que se aprovecha el Estado” para decirles lo que pasa, pues ya no es posible seguir soportando esta situación impune. Al final los manifestantes entonaron el himno Venceremos con el puño izquierdo en alto.

Quien sea que sustituya a Peña, tiene que seguir la búsqueda de justicia, exigen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval dijo que el presidente Enrique Peña Nieto les ofreció justicia pero no cumplió, demandó que no se cierre el caso y quien lo sustituya siga las investigaciones para encontrar la verdad, ya que esta administración busca cerrar el caso con la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Exigió al gobierno federal que retome las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que no pretenda cerrar el caso con la versión del basurero, construida a partir de la tortura de los detenidos.
Ayer en conferencia de prensa en el estacionamiento de Comercial Mexicana de la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, acompañado de Maximino Hernández, papá del normalista Carlos Lorenzo Hernández Cruz, dijo que la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, es una estrategia para cerrar el caso y fortalecer la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno llamó “la verdad histórica”.
De la Cruz y Maximino Hernández dijeron que la petición al gobierno es que se retomen las cuatro líneas de los expertos del GIEI, que son investigar al Ejército, la telefonía celular de los desaparecidos, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la participación del Ejército y de policías federales y municipales de Huitzuco.
“Vemos que con la detención de Erick el gobierno de México y la PGR quieren cerrar el caso, lo anuncian con bombo y platillo diciendo que es una gran detención, cuando sabemos que la ‘verdad histórica’ no existe y lo reafirmamos con el informe de la ONU que ratifica que hubo tortura a los detenidos, 34 de los detenidos fueron torturados”, señaló el vocero.
De las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que las autoridades correspondientes tendrán que atender los señalamientos que hizo la ONU-DH en su informe que indica que 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados, Felipe de la Cruz dijo que “dentro de los políticos y el gobierno sigue la insistencia de seguir protegiendo a los responsables, debería de preocuparle al gobernador la falta de resultados”.
Aseguró que las autoridades no han cerrado el caso por la insistencia de los padres y los organismos internacionales, “pero la intención es cerrar el caso con el tema de aprehensión de La Rana, pero por lógica para nosotros eso no es verdad y siguen mintiendo en la cuestión de la verdad histórica, y hoy sabemos que está basada en la tortura”.
“La exigencia de los padres es la verdad, justicia, castigo a los responsables y la presentación de los jóvenes” dijo el vocero.
Se le mencionó que falta poco para que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se le preguntó qué le pedirán a los candidatos, y respondió, “primeramente deben saber que un crimen como éste de lesa humanidad no tiene término y el gobernante que quede, quien sea que quede, tiene la responsabilidad de continuar la búsqueda de justicia y verdad”.
“Si Peña Nieto se va no lo exime de su responsabilidad y tampoco de formar parte de ese crimen, porque a los primeros meses que sucedió nos reunimos con él como máxima autoridad en el país y se comprometió a dar con los responsables, topara con quien topara, y hoy va a salir y como topó con un pez grande, la política no puede decir quién es, no nos preocupa que se vaya porque donde quiera que esté la justicia va a llegar y él forma parte de ese crimen”, advirtió.
Precisó que el informe de la ONU-DH es una opción para seguir exigiendo a las autoridades, porque confirman que los 43 normalistas “no fueron asesinados como pretenden imponer esa verdad histórica, a nosotros como víctimas y a los mexicanos”.
Mencionó que el grupo de expertos independientes ya ha declarado que los estudiantes no fueron asesinados como dice el gobierno mexicano, que había tortura en los detenidos, la ONU lo confirma pero la PGR desestima la información, “para los familiares es relevante porque en base a tortura quieren dar un resultado y cerrar el caso”.
Maximino Hernández dijo, “lo que nosotros pedimos es que se sigan las cuatro líneas de investigación que dejaron los expertos, que hasta hoy se van a cumplir 42 meses y no han tocado esas cuatro líneas de investigación, la primera es que se investigue a los policías federales de Cocula que participaron, la segunda el trasiego de droga, según esa fue la causa de desaparición de nuestros hijos, la tercera de los celulares, que dice (el ex procurador Jesús) Murillo Karam que nuestros hijos fueron calcinados con todas sus pertenencias y estuvieron activos los celulares”.
“La cuarta línea es que se invstigue a los militares que se dieron cuenta de lo que pasó en Iguala y no hicieron nada”, dijo el papá de uno de los normalistas.
Aclaró que no defienden a nadie de los detenidos, pero criticó que hayan sido torturados para “decir esa verdad histórica del gobierno”.

 

Hay 2 mil 45 pruebas de ADN de familiares y 993 perfiles genéticos, responde la FGE a la Caravana

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Coordinación General de Servicios Periciales cuenta con una base de datos de perfiles genéticos que tiene un registro de 2 mil 45 pruebas de ADN de familiares de personas desaparecidas y 993 perfiles genéticos de personas fallecidas sin identificar, de los cuales 325 están identificadas.
La dependencia difundió ayer un boletín de prensa luego de que integrantes de la Tercera Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Desaparecidos denunciaron que sólo les mostraron 20 expedientes de todos los cuerpos, y que reclamaron que el gobernador, Héctor Astudillo Flores prefirió gastar más de 7 millones de pesos en construir el Panteón Estatal Forense en un terreno propiedad de la familia del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea, en lugar de dar condiciones para la identificación de los cadáveres y para su almacenamiento en los Servicios Médicos Forenses.
En el boletín se dio a conocer que el Panteón Estatal Forense “es el resultado de la búsqueda de acciones que permiten poner un alto a las inhumaciones descontroladas en fosas comunes, se tiene la certeza y trazabilidad del resguardo y ubicación de cada cuerpo, ya que son depositados individualmente, dignificando dicho procedimiento”.
Comentó que tiene los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública que es para las actividades de identificación humana, “sin embargo dichos recursos son insuficientes para abatir el regazo en la materia”.

Piden familiares atención médica y facilidades de búsqueda en hospitales a la Ssa

Familiares de desaparecidos solicitaron a la Secretaría de Salud estatal que facilite la búsqueda en hospitales y servicios médicos forenses, y que dé atención médica a los integrantes de las organizaciones.
Ayer en la mañana en la sala Revolución de Casa Guerrero se reunió en privado el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos con integrantes de las organizaciones Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa y el Colectivo de Familias de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo.
La reunión buscaba mejorar la coordinación con el sector salud para la búsqueda de sus familiares, y solicitar atención médica y psicológica para los integrantes de las organizaciones.
En el encuentro uno de los familiares de desaparecidos, Carlos Alberto Gómez Campo presentó al secretario de Salud una queja de maltrato por el administrador del hospital General Raymundo Abarca Alarcón, Ramón Chavelas Carreto quien no permitió el acceso el sábado, a pesar de que tenían autorización para las actividades de los familiares.
El secretario pidió a los familiares que hagan un listado de las personas y sus padecimientos.
Por su parte vía telefónica el director del Centro Morelos, Manuel Olivares dijo que en el encuentro para el caso de la región Norte se estableció como enlace al director del Semefo Ben Yehuda Martínez Villa, quien programará una reunión de trabajo para el próximo 14 de marzo con el doctor Felipe Gaspar Aguilar.
Agregó que también se acordó que para atender las necesidades de las brigadas médicas en la zona Centro y en Chilapa se designará al doctor Saúl Romero Téllez, quien es el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03.
Informó que se programó para el 14 de marzo una visita a Zitlala, el 15 irán a Chilapa y el 20 a Hueycatenango.
En el encuentro estuvieron el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades Armando Bibiano García y Romero Téllez.
De los Semefos estuvo Benyeuda Martínez así como la directora general de la Unidad General de la Secretaría de Salud, Michelle Chen Araujo. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Denuncian familiares insensibilidad del gobierno para ayudar a encontrar a los desaparecidos

 

Integrantes de la Tercera Caravana de Búsqueda en Vida de Desaparecidos denunciaron que se han topado con el rechazo e insensibilidad de las autoridades de Guerrero a quienes han acudido en busca de información para encontrar a sus familiares.
Asimismo a nombre de los integrantes de la caravana, Lamberto Castro de la Cruz demandó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, al fiscal general, Javier Olea Peláez y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes a que instruyan a sus funcionarios para que les abran las puertas de las áreas que visitarán este lunes.
El reclamo fue luego de que el sábado médicos del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo al principio les impidieron la entrada a dicho lugar donde llegaron en busca de expedientes o datos de los pacientes que les permitiera saber si algunos de los desaparecidos estuvo en ese lugar, sin embargo después los revisaron. Además de que también las autoridades penitenciarias los están condicionando para este lunes entren solamente 15 personas al penal capitalino para cerciorarse si alguno de los familiares está detenido.
Ayer en su segundo día en Chilpancingo los integrantes de la caravana asistieron a una misa que ofició el sacerdote Baltazar Vega Ramos en el quiosco de la plaza Primer Congreso de Anáhuac. Allí el clérigo les pidió que levanten la voz “ante los abusos y los excesos” que llevan a situaciones inhumanas como las que están viviendo.
La caravana que recorre varios estados del país la integran 80 personas que son padres, hijos, hermanos o tíos de personas desaparecidas, algunas de ellas desde el 2010.
A las 11:30 de la mañana se concentraron en el kiosco del Zócalo de la capital en donde asistieron a la misa que ofició el padre Vega Ramos.

Piden la participación de la sociedad; que no dejen solas a las vícitimas

Después de la misa los integrantes de la caravana hicieron una evaluación de sus actividades y a nombre de los colectivos anfitriones, Lamberto Castro de la Cruz, padre de Kevin Castro Domínguez de 18 años quien fue asesinado el 9 de julio de 2016, demandó la participación de la sociedad y que no dejen solas a las víctimas.
“No es posible que sólo unos cuantos representemos a las víctimas cuando aquí de alguna manera todos somos víctimas, no solamente por secuestros, por feminicidios, por desaparecidos, también somos víctimas por falta de atención en los centros de salud, en la educación, en todos los aspectos los gobiernos se están llenando sus bolsillos, y mientras no están cumpliendo las necesidades de la población, eso también es falta de respeto a los derechos humanos y a la dignidad”.
Reprochó que el sábado los funcionarios del hospital Raymundo Abarca Alarcón hayan intentado impedir la entrada a los integrantes de la caravana, a pesar de que desde el 20 de febrero le entregaron la solicitud al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos para que coordinara a las instancias y les dieran la información como los expedientes, los archivos y las tarjetas con los datos de las personas que llegan buscando atención médica.
Dijo que con esas actitudes de los servidores públicos “sentimos el rechazo que hay a las víctimas, la forma invisible en que nos tienen, es una falta de respeto a nuestra dignidad y a nuestros derechos humanos como víctimas”, se quejó.
Criticó que dichos servidores públicos no entiendan que no es nada ordinario lo que venimos buscando, “sino que son nuestras hijas, nuestros hijos y justicia para todos aquellos que han sido asesinados”.
Informó que lo mismo ha pasado con su exigencia para el cotejo de las muestras del ADN, el reconocimiento y la entrega de los cadáveres que se encuentran en los servicios forenses. Añadió que la Cruz Roja Internacional ha corroborado la negativa para facilitarles la información, y que incluso les ha concertado reuniones con las autoridades en Acapulco para ser intermediaria de la negociación, porque insistió que les han cerrado las puertas para tener acceso a información y a algunos expedientes.
“Nos han llevado nada más en promesas, nunca se ha aterrizado ni en la base de datos, ni para que conozcamos los perfiles genéticos, tampoco la carpeta básica de todos los que están en el Cementerio Estatal Forense”.
Ante la cerrazón que han encontrado, a nombre de los integrantes de la caravana, Castro de la Cruz exhortó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, al fiscal, Javier Olea Peláez y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes para que las instancias se coordinen “y nos faciliten la búsqueda de nuestros hijos”. Las visitas que tendrán este lunes será a la dirección de Servicios Periciales y al penal.
Aseguró que ya enviaron los oficios correspondientes al fiscal Javier Olea como al secretario Pedro Almazán para que no haya justificación de que no estaban enterados.
Denunció que en el caso del Cereso los están limitando a que entren solamente 15 de las 80 personas que integran la caravana.
“No es posible que nada más les permitan el acceso a 15 ¿Y las demás madres y padres? ¿Cómo se van a regresar a sus estados sin tener la posibilidad de encontrar algún indicio o evidencia de que (sus familiares) no están allí?.
Informó que se han dado casos de que los jóvenes están presos en los penales con otros nombres, “es costumbre que llevan a los jóvenes reclutados y los encierran con nombres falsos, por eso es necesario que las madres vean las caras de quienes están en las cárceles para que se regresen convencidos de que en el reclusorio no está su familiar”, explicó.
Declaró que ante la insensibilidad de las autoridades, pidieron por escrito al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete que estuviera pendiente de la caravana, pero denunció que solamente por teléfono ha estado en comunicación con ellos cuando lo que quieren es su presencia física, “que se vea esa sensibilidad”.
Dijo que en Guerrero es donde más se minimiza y se hacen invisibles a las víctimas, a pesar de que día a día se están sumando más, “vemos los ríos de sangre, cadáveres tirados abiertamente frente a la fiscalía o envueltos, despedazados, embolsados, y cómo es posible que el fiscal y el gobernador en sus discursos digan que en Guerrero no pasa nada, no es posible”.
Reprochó la pasividad de la gente, de la sociedad. Señaló que ya se debe despertar y poner un alto a la violencia, “debemos levantar la voz y todos sumarnos a exigir justicia, paz, tranquilidad. Necesitamos hacer algo, si el gobernador no puede que se vaya, que renuncie”, exigió.
Advirtió que si este lunes no los atienden en las instancias en donde están solicitando entrar, a pesar de que ya están los oficios entregados, “tendremos que meter una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también que intervenga una instancia internacional”.
Informó que esperan que la CNDH esté haciendo una relatoría de todos los obstáculos que se han encontrado, y agregó que no están de acuerdo que el Estado utilice a los organismos nacional y estatal de derechos humanos para que los familiares de las víctimas no hablen, para que no digan nada, “realmente eso ya nos tiene hasta la madre”, protestó Lamberto Castro.

No se queden callados, pide sacerdote a familiares

Por su parte, el sacerdote Baltazar Vega Ramos les dijo que la voz de ellos es de profetas como la de Jesús, porque éste al igual que ellos no se quedó callado ante los abusos y los excesos, “abusos y excesos que nos llevan a situaciones tan inhumanas como las que estamos viviendo”.
Les dijo que la misión de Jesús “fue la de dar la vida por nosotros, perdonar los pecados mediante su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección, y ustedes no se queden en la pasión, ni en la muerte, vean más allá, en la resurrección de Cristo, que es la lucha que ustedes llevan a cabo por la resurrección de la conciencia moral, por el don de la vida que es un don sagrado y nada ni nadie puede atentar por ningún motivo en contra de ella”.
Dijo que la lucha de los familiares de los desaparecidos es por amor a la vida “y la vida eterna es levantar la voz, la mano, profetizar no más excesos, no más abusos de nadie, para que vivamos en justicia, en paz, en armonía”.
Por último les profetizó que “está en la esperanza de ustedes por encontrar a sus hijos” y que el mal no se vence con el mal, sino con el bien, “y lo que ustedes están haciendo es el bien para despertar una conciencia”. Les sugirió que no dejen de participar en esa exigencia, “porque esta lucha de ustedes es la mejor participación política de un ciudadano”.