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Vence el viernes el acuerdo para llevar la basura a Zumpango y la capital aún no tiene tiradero

En el transcurso de la semana, ante la falta de recolección por parte del Ayuntamiento, el problema de la basura en las calles se agudizó en la capital; mientras que el alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes informó que el municipio de Chilpancingo, sólo podrá depositar su basura hasta este viernes en el basurero de El Platanal, porque ya no hay espacio.
Asimismo, el alcalde perredista de Eduardo Neri dijo que no se le ha pagado a la empresa Lixos Ambiental, encargada de sanear el basurero.
Consultado vía telefónica, Pablo Higuera Fuentes indicó que, “ya no he dialogado con el alcalde de Chilpancingo, tal vez está ocupado con otros asuntos, no le ha dado seguimiento al problema de la basura”. Aseguró que él tiene clara su ruta, porque el basurero de El Platanal se va a cerrar este viernes, “no sé qué vaya a pasar con Chilpancingo, porque con Jesús Tejeda hablé hace más de 15 días y no tuvo interés en que camináramos con el proyecto intermunicipal”.
A pregunta expresa sobre la deuda de Chilpancingo con la empresa encargada de sanear el lugar, que el plazo para pagar termina hoy dijo que, “desconozco el monto que se debe, porque la contratación y el proyecto lo hicieron la autoridades estatales y de Chilpancingo, en total eran 12 millones y no sé cuánto se les debe, porque son muy herméticos”.
Pablo Higuera informó que al clausurar el basurero de El Platanal, Zumpango depositará su basura a un lado de donde está el actual, donde hay unas 40 hectáreas de terreno, “ya lo tengo previsto”, se comenzará a usar a partir de enero.

Confirma que el gobernador compró un terreno en Zumpango

Al alcalde se le preguntó sobre el terreno que el gobierno del estado supuestamente compró en Zumpango para depositar los desechos de Chilpancingo, a lo que respondió que tal vez los vendedores engañaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, porque el terreno del que se habla es un relleno sanitario que se construyó hace seis años y nunca se utilizó, porque los vecinos no lo vieron viable porque contamina, “pero alguien se lo volvió a revender al gobernador, eso no va a funcionar”.
El alcalde dijo que “engañaron al gobierno estatal” porque ese terreno es propiedad del Ayuntamiento de Eduardo Neri, “tengo el acta del Cabildo y el documento de entrega de derechos”.
Destacó que donde tiene pensado el gobierno estatal tirar la basura, “no será posible, el gobernador le dio el dinero a esta gente que les fue a ofrecer el terreno, yo le dije que lo engañaron porque este terreno es propiedad del Ayuntamiento, el lugar no se utilizó porque está cerca de la comunidad de El Platanal y puede contaminar”.
Reiteró que el cierre del basurero de El Platanal será el próximo viernes, por lo que Chilpancingo no tendrá dónde depositar los desechos.
En febrero pasado, el alcalde Higuera Fuentes informó que a partir de ese mes la celda del basurero a cielo abierto de su municipio recibiría los desechos de Chilpancingo durante seis u ocho meses, lo que sólo incluiría a camiones oficinales del Ayuntamiento.
Ante la falta de un predio para depositar los desechos de Chilpancingo, el cierre del basurero de Zumpango se prolongó hasta diciembre.
Cuando el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas asumió el cargo, aseguró que solucionaría el problema de la basura. Además de que hablaría con los alcaldes perredistas de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes, y de Tixtla, Hossein Nabor Guillen, para construir un relleno intermunicipal.
Por su parte a principios de diciembre, el alcalde de Tixtla, el también perredista, Hossein Nabor Guillén informó que desde hace casi dos meses el presidente municipal suplente, Jesús Tejeda Vargas tenía que haber presentado una propuesta para un relleno intermunicipal, luego de acordarlo en una reunión que tuvieron después de que asumió el cargo, pero no la presentó.

Marchan 2 mil vecinos en Tlacotepec; exigen paz y libre tránsito al gobierno y las policías

Más de 2 mil vecinos de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) marcharon para exigir paz en la cabecera municipal al gobernador Héctor Astudillo Flores, a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a la Policía Federal y al Ejército.
También demandaron seguridad y libre tránsito en la carretera federal de Casa Verde, municipio de Eduardo Neri, y en Filo de Caballos, Leonardo Bravo (Chichihualco), ante los constantes asaltos que han sufrido comerciantes y choferes del transporte público.
A las 11:30 de la mañana los inconformes, algunos vestidos con playera blanca y con globos blancos, se reunieron en la explanada frente al Ayuntamiento de Tlacotepec y salieron en marcha.
La población portaba lonas y pancartas en las que se leía, “Marcha ciudadana por la paz en la sierra”, “Marcha por la paz. A los gobernantes que hoy nos representan les pedimos su valioso apoyo para vivir en orden y paz, la gente de la sierra pedimos seguridad en los caminos, no asaltos, no robos, no maltratos, sí respeto para todos”, “ Dip. Ignacio Basilio, Heliodoro Castillo necesita seguridad vial, exigimos tu apoyo para nuestra seguridad, Casa Verde-Filo de Caballos”.
Consultado por teléfono el presidente municipal de Tlacotepec, el priista Juan Pedro Salgado Román comentó que los comerciantes y choferes del transporte público han sido víctimas de asaltos en la carretera federal.
Comentó que los comerciantes cuando se dirigen a Chilpancingo para vender sus productos como maíz, sorgo y frutas transitan por esa carretera y han sido víctimas de asaltos, y les quitan sus productos, además los delincuentes no dejan pasar a las pipas de gasolina y diesel hacia Tlacotepec.
“En Casa Verde y Filo de Caballos les han quitado su mercancía, varias situaciones que se están dando en la zona, incluso la cuestión de que no dejan pasar la gasolina o combustible para Tlacotepec, esto ha creado una situación complicada, estos asaltos han sido esporádicos pero en los últimos días han incrementado”, declaró.
Salgado Román dijo que el motivo de la movilización es exigir a los gobiernos estatal y federal seguridad y libre tránsito en esta zona, para bajar los asaltos que afectan a los comerciantes y choferes del transporte público.
Por teléfono un vecino de Tlacotepec demandó mayor vigilancia en esa zona para el cesen los asaltos, extorsiones, robos a los automovilistas y pasajeros del transporte público de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec.
Agregó que este problema de asaltos en la carretera ha provocado escases de productos de la canasta básica y gasolina en la cabecera municipal, “los delincuentes han amenazado a los surtidores de las empresas que no lleven sus productos para allá, por eso pedimos la intervención de las autoridades”.
A la 1 de la tarde concluyó la marcha en la explanada del Ayuntamiento de Tlacotepec.

No apoya la minera Media Luna a las comunidades de la zona, dice ejidatario

Habitantes de al menos seis pueblos que se sumaron al movimiento de los trabajadores de la minera Media Luna, reclamaron que la empresa no ha cumplido los compromisos que hizo cuando comenzó sus trabajos de exploración, entre otros, la introducción de servicios públicos y la indemnización de sus tierras.
Se sumaron al movimiento, habitantes de Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, del municipio de Cocula; así como Mezcala, de municipio de Eduardo Neri, y Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecoacuilco.
Uno de los ejidatarios más veteranos, Juan Artega Medina, quien fue de los reubicados de la zona en donde ahora Media Luna explota la mina, a la nueva localidad que se asentó a unos 4 kilómetros, rechazó que la empresa de capital canadiense apoye a las comunidades de la zona, como aseguró en un desplegado este martes.
Dijo que, por el contrario, Media Luna incumplió no sólo la indemnización y el pago de derechos comprometidos con los ejidatarios para que dejaran sus tierras, sino que no cumplió al 100 por ciento con la introducción de los servicios públicos en el asentamiento donde fueron reubicadas las familias.
Este martes, pobladores de algunas de las comunidades cercanas apoyaron el plantón de los trabajadores afuera del acceso 3 de las instalaciones de la mina. Sin embargo, se rehusaron a hablar, presuntamente porque se encuentran amenazados por la empresa.
Sin embargo, Artega Medina, vecino de La Fundición, declaró que apoya el movimiento, “porque quiero que mis hijos tengan cosas buenas, que les paguen bien y que no los corran”, y denunció que la empresa “lo trató mal”, pues cuando los reubicaron (en 2010 y 2011), le dijeron que tendrían muchos beneficios, “pero fue sólo para que nos fuéramos al nuevo lugar”, se quejó.
Dijo que “ha sido al revés… a mí no me dieron ni casa y el terreno que yo tenía era grandísimo, como de 3 mil 500 metros y me lo cambiaron (por uno) como de 120 metros, sólo para construir una casa”.
Dijo que, como a él no le dieron vivienda compró una esperando que se la pagara la minera, pero que tampoco se la reconocen, y le dijeron que esa no entraba en la indemnización.
También contó que, con sus padres sembró unos árboles de ilamas en su antiguo terreno pero que la minera en vez de pagárselos a él, se los pagó a otra señora que no le dio nada, “y eso yo también lo vi mal”.
También se quejó de que la tierra que le renta a la minera como ejidatario, se le paga colectivamente a todos los ejidatarios, y los directivos le pagan lo que quieren. Dijo que ha pedido que le paguen esa renta de manera individual, pero que no han querido.
Consultado con respecto a los apoyos que, según la minera Media Luna ha entregado a las comunidades que la rodean, el ejidatario aseguró que no ha cumplido con todo. Dijo que, por ejemplo, se comprometió a que en La Fundición el drenaje llevaría las aguas negras lejos de la población, pero que quedó a la salida de la localidad y representa un foco de contaminación.
Añadió que también se comprometió a que a los jóvenes que fueran formando sus matrimonios les iban a entregar sus casas, pero que en su localidad no ha cumplido, y aseguró que hay unas 40 parejas jóvenes que no han recibido sus casas.
Reconoció que sí han construido casas, escuelas y centros de salud, por ejemplo en La Fundición y Real de Limón, pero que se trata de una compensación, porque dejaron sus tierras a la minera en los lugares donde antes estaban asentadas sus casas.
Sin embargo, recordó que la empresa se niega a pagar la indemnización por la contaminación que provocan los trabajos de la explotación de oro. Dijo que, fuera de los compromisos que hicieron los representantes de la minera, “a todo dicen que no”.

Detienen policías a 49 comunitarios en Zumpango y les decomisan 54 armas largas y cuatro cortas

Policías estatales desarmaron y detuvieron a 49 civiles armados por separado, quienes integraban tres grupos de guardias comunitarios del municipio de Eduardo Neri en la cabecera municipal, Zumpango, y que desde hace un mes hacían recorridos de seguridad e instalaban retenes de vigilancia en la zona.
A la 1:30 de la tarde los comunitarios recorrieron las calles de la cabecera municipal para inhibir y prevenir delitos. Su presencia causó temor entre los pobladores, aunque se informó que llevan un mes patrullando el lugar.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal a la 1:30 de la tarde recibieron un reporte de que presuntos comunitarios intentaron sacar a un estudiante de una secundaria, y policías estatales hicieron una operación para atender el reporte.
Después de una hora al cerro Tepetlayo, donde se encontraban unos 20 comunitarios a bordo de tres camionetas vigilando el acceso de la carretera federal México-Acapulco hacia la ciudad, llegaron agentes en cuatro patrullas de la Policía Estatal para vigilarlos.
Después de media hora en el lugar llegó un helicóptero de la Policía Estatal y un oficial a bordo de la nave dio indicaciones para detener a los civiles armados.
En esa hora llegaron otras tres patrullas de la Policía Estatal y sus agentes desarmaron a los comunitarios, a quienes trasladaron a la Fiscalía General de Estado (FGE) y a la delegación de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

La segunda y la tercera detención

A las 3:40 de la tarde comunitarios a bordo de dos camionetas y un vehículo llegaron a un retén de la Policía Federal en las afueras de Zumpango.
Minutos antes de las 4 de la tarde llegaron al lugar cinco patrullas de la Policía Estatal y detuvieron entre 30 y 35 civiles armados.
En esta detención hubo golpes, jaloneos y gritos, y tanto los civiles armados como los policías estatales cortaron cartucho y se encañonaron.
Los comunitarios y sus armas fueros trasladados a la PGR.
Después pobladores de la comunidad de Plan de Liebres bloquearon unas seis horas como forma de presión para que se liberara a los comunitarios, pero liberaron la vialidad ante una operación de policías estatales y federales. En este hecho hubo más detenidos pero las autoridades no dieron detalles.
En este hecho los comunitarios detuvieron una patrulla de la Policía Estatal en la que iban cuatro policías estatales, dos municipales y una trabajadora de Bansefi, como forma de presión para que liberaran a sus compañeros, a quienes entregaron en la Comisaría de Mezcala.
En la noche el vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia en un comunicado informó que fueron liberados cinco policías estatales, dos policías municipales y una pagadora del programa Prpspera, además se decomisaron cinco armas largas y una patrulla de la Policía Estatal.
“A la zona llegaron autoridades competentes para rendir su declaración ministerial y denunciar la privación de su libertad”, indicó Álvarez Heredia.

Portaban armas de uso exclusivo del Ejército, dice el vocero

En otro comunicado de prensa el vocero de seguridad, Álvarez Heredia informó que a las 2 de la tarde recibieron una denuncia anónima de que hombres armados y embozados irrumpieron en la cabecera municipal de Eduardo Neri.
La Policía Estatal se trasladó y detuvo “cerca del cerro del Tepetlayo a 17 integrantes de ese grupo armado, entre ellos dos menores de edad y tres camionetas”.
Agrega que en la carretera federal en la localidad de Plan de Liebres, los policías estatales “lograron el aseguramiento de un segundo grupo de supuestos comunitarios que minutos antes, en protesta por el aseguramiento de sus compañeros en Zumpango, bloquearon la carretera federal y detuvieran a una patrulla de la Policía Estatal, que aisladamente proporcionaba seguridad a quienes efectuaban pagos del programa social Prospera y lo trasladaron en Mezcala”.
“Este segundo grupo de civiles armados, asegurados por la Policía Estatal estaba integrado por 28 individuos armados que se transportaban a bordo de cinco camionetas”, afirma.
Informa que son 49 policías comunitarios detenidos, entre ellos dos menores de edad, que portaban 54 armas largas, cuatro armas cortas y seis vehículos, y “entre las armas hay varias de uso exclusivo de las fuerzas armadas”.
Dice que “el gobierno del estado y las instituciones federales de seguridad expresan que no permitirán actos de impunidad que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía, y hará valer el Estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos”.
El 28 de mayo 2 mil vecinos de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri y una de Tepecoacuilco marcharon en Mezcala, para presentar a su policía comunitaria en las localidades con influencia de las mineras Gold Corp y Media Luna, que explotan Los Filos / El Bermejal en Carrizalillo y Mezcala y Los Guajes / El Limón, cerca de Nuevo Balsas, y desde entonces operan en la zona, sin entrar a Zumpango.
El 26 de septiembre hubo una marcha de casi 2 mil vecinos de distintos pueblos en Zumpango, para exigir seguridad y la instalación de la policía comunitaria en la cabecera municipal, lo que desencadenó distintos hechos de violencia que dejaron cuatro muertos y dos heridos en una emboscada.

Acuerdan ocho comunidades nahuas del Alto Balsas organizarse para evitar la explotación minera

Autoridades agrarias y municipales de ocho pueblos de los municipios de Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Mártir de Cuilapan e Iguala, se reunieron la tarde del domingo en San Agustín Oapan, donde acordaron impedir la entrada de las empresas mineras que han comenzado a explorar tierras en la zona con intención de explotar minerales.
Las autoridades acordaron volver a reunirse para constituir una agrupación que luche contra la instalación de las mineras en esa zona.
Las autoridades que se reunieron son de San Juan Tetelcingo, Xalitla y San Agustín Oapan, del municipio de Tepecoacuilco; Ahuelican y Huiziltepec, de Eduardo Neri; San Marcos Oacatzingo y Analco, de Mártir de Cuilapan; y Ahuehuepan, del municipio de Iguala. Estas comunidades se encuentran asentadas en la zona nahua del Alto Balsas.
En la reunión se habló de, cuando menos, dos mineras que están interesadas en explotar yacimientos de oro en la zona; El Jabal y Ericka, que son respaldadas con capital canadiense.
Consultados vía telefónica, los pobladores aseguraron que hay concesiones autorizadas en la zona desde hace 20 años, pero que no se han comenzado a trabajar ante la oposición de los pueblos.
“La intención es organizarnos para tomar acciones preventivas e impedir la explotación del oro en nuestro territorio”, dijo un dirigente indígena que no autorizó ser citado como fuente, porque dijo que no existe todavía una organización formal y que no se han nombrado a dirigentes ni voceros de lo que será el movimiento.
La reunión comenzó a las 4 de la tarde en la cancha techada de San Agustín Oapan y terminó casi a las 6 de la tarde, según contaron algunos asistentes.
“Nos estamos uniendo porque no queremos que nos pase todo lo malo que les está pasando a nuestros vecinos de Carrizalillo, Mezcala y Nuevo Balsas, donde no sólo les están destruyendo y contaminando su medio ambiente, sino que les cayó la delincuencia organizada y los mantiene a raya con la violencia, aquí en la zona del Alto Balsas todavía no nos ha caído ese mal y queremos impedirlo”, dijo la fuente.
Agregó que, por lo pronto hubo un primer gran acuerdo, “estar unidos todos los pueblos ante cualquier agresión externa”.
Recordó que no es la primera vez que se enfrentan a una situación así, pues hace más de 20 años se opusieron e impidieron la construcción de una presa en San Juan Tetelcingo, Tepecoacuilco, así como una pista de pruebas de la General Motors que se pretendía instalar en un extenso territorio de la zona del Alto Balsas en esas mismas comunidades.
Otra fuente contó que la del domingo fue apenas una reunión informativa, aunque se pretendía que en esta primera reunión se constituyera una reunión regional, pero que no acudieron todas las autoridades de los pueblos que fueron convocados, por lo que acordaron convocar a un nuevo encuentro para que queden incluidos todas las comunidades de la zona, pues faltaron representantes de muchas comunidades, tanto de Mártir de Cuilapan como de Tepecoacuilco y Huitzuco.
Informó que en la reunión, las autoridades informaron que están concesionadas varias de sus tierras. Contaron que tienen información oficial de que existen estas concesiones, pero que no saben exactamente los puntos en los que están interesados y qué empresas son.
Por lo pronto contaron que han visto a trabajadores de dos, El Jabal y Ericka, de capital canadiense, “los han visto en el cerro haciendo trabajos extraños”, dijo el líder indígena.
Informó que uno de los sitios explorados es el de Xoquiapan-II, que pertenece a los Bienes Comunales de Ahuelicán, y también en un anexo de San Agustín Oapan.

Irrumpen 50 sicarios en camionetas en Xochipala, Zumpango; levantan y asesinan a dos hermanos

Hombres armados irrumpieron en la comunidad de Xochipala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), y asesinaron a balazos a dos hermanos cerca de Las Antenas en la entrada a esa localidad la tarde de ayer.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a la 1:18 de la tarde, recibieron el reporte del asesinato de dos personas en ese lugar.
Según testigos, a la una de la tarde unos 50 hombres armados a bordo de camionetas entraron a la comunidad de Xochipala y levantaron a dos hombres de las calles de esta localidad.
Los agresores bajaron a los dos jóvenes en la salida de Xochipala y los asesinaron a balazos, sus cuerpos quedaron en el camino que conecta la carretera federal Acapulco-México con Xochilapa y otras comunidades de la sierra.
Las víctimas fueron identificadas como Jesús y David, quienes eran hermanos y se dedicaban a repartir tortillas.
Los cuerpos de los dos jóvenes fueron recogidos por sus familiares para después ser sepultados.
En Xochipala hace 16 días, hombres armados vestidos de negro irrumpieron y atacaron a balazos a una patrulla de la Policía Rural que resguardaba las fiestas patronales de San Francisco de Asís, y asesinaron a dos hombres e hirieron a una mujer adentro de dos casas.
Después de este hecho los agresores huyeron hacia la comunidad de Puentecillas y El Ranchito, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) donde se enfrentaron a balazos con otro grupo delincuencial que dejó al menos dos hombres heridos. (Redacción / Chilpancingo).

Invierten mineras canadienses y mexicanas en Tierra Caliente pese a la violencia: Burgos

Mineras canadienses y mexicanas invierten en la Tierra Caliente pese a la violencia; el próximo año será abierta una mina más, con una inversión de 350 millones de dólares, y hay otras dos en exploración, informó el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera.
En declaraciones luego de una conferencia de prensa en el salón Dolores Olmedo del Centro de Convenciones, para invitar a la inauguración de la segunda Feria del Queso y el Mezcal, el próximo 16 de junio en Iguala, afirmó que pese a la situación de inseguridad los empresarios tiene el interés de invertir en la región de la Tierra Caliente.
“Hay una mina que se va a abrir en 2018 con una inversión de 350 millones de dólares… Nosotros hemos visto que, a pesar de la situación que se ha vivido en Guerrero el crecimiento que se ha tenido es importante”, afirmó.
Dijo que las empresas canadienses hacen exploraciones en Eduardo Neri y en Cuetzala, y en el municipio de Teloloapan hay uno de inversionistas mexicanos. “Son territorios que han padecido mucho la violencia; sin embargo, los inversionistas están interesados en depositar ahí su capitales”.
Álvaro Burgos, dijo que a las empresas minera se les ha exhortado para que lleguen a consensos con los habitantes de las comunidades para que no haya inconformidad o protestas a causa de su operación.
Indicó que el año pasado, Media Luna invirtió 800 millones de pesos, y que para este año, la inversión en el sector minero será la misma.
Además dijo que las mineras no están apoyando a los grupos de autodefensa como el que surgió en las comunidades de Eduardo Neri (Zumpango del Río), y “los empresario están ajenos a esta situación”. (Jacob Morales Antonio).

Detiene la nueva autodefensa a un agente de PGR y un civil que extorsionaban; se los llevan militares

La autodefensa que se constituyó el domingo pasado en nueve pueblos de Eduardo Neri (Zumpango) y en uno de Tepecoacuilco, detuvo en Plan de Liebres, Eduardo Neri (Zumpango), a un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) y a un civil que no pudo acreditarse como agente de esa corporación.
La detención ocurrió cuando el agente de la PGR y su acompañante presuntamente extorsionaban a una comerciante de esa localidad que está a orillas de la carretera federal, en la carretera a unos 5 kilómetros de Mezcala, y a 40 minutos de Chilpancingo, la capital del estado, en vehículo.
Los policías comunitarios de esa autodefensa trasladaron a los detenidos a la comisaría municipal de Mezcala, en donde se tensó la situación debido a que algunos ciudadanos pedían que fuera el pueblo, los ciudadanos, quienes hicieran justicia. Los activistas dijeron que si los entregaban a la autoridad serían liberados de inmediato y que regresarían a ejercer represalias, como ha ocurrido en situaciones anteriores.
El agente Onofre Pozos adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de Iguala y el civil José Gustavo fueron detenidos aproximadamente a la una de la tarde y entregados a mandos del Ejército a las 7 de la noche, en medio de la inconformidad de aproximadamente 300 pobladores que pedían al comisario Leonardo Avalos que no los entregara, porque serían liberados de inmediato.
Los dos detenidos se trasladaban en una camioneta Pick Up blanca doble cabina, placas HE-95-171, sin logotipo o sin insignias oficiales. Portaban un rifle de asalto AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros. Los nuevos policías comunitarios les encontraron tres cargadores abastecidos para esa arma larga y cuatro para la pistola.
También seis celulares, 8 mil 500 pesos en efectivo y cinco dólares en billetes americanos.
En la camioneta había un paquete de documentación oficial en folders. El oficio que estaba encima decía: Informe de investigación. Unidad Administrativa. Policía Federal Ministerial.

La Policía Federal en la zona

El Informe de investigación. Unidad Administrativa. Policía Federal Ministerial va dirigido a Alejandra García Mellado, agente del Ministerio Público de la federación, en apoyo de la mesa uno del sistema tradicional, y lo firma el suboficial de la Policía Federal Ministerial, Javier Reyes Ramos.
Ese oficio es una comisión del agente para una investigación de campo en la comunidad de Santiago Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, en contra de un vecino de esa localidad.
Los pobladores dicen que los dos agentes que fueron encontrados in fraganti por policías comunitarios, recibieron el reporte de que estaban cobrando cuota a una comerciante de Plan de Liebres.
Uno de los policías comunitarios contó que al llegar a una tienda vio que se mantenía sometida a la propietaria de la tienda, apuntándole con una pistola. El segundo estaba atrás de la casa, aparentemente resguardando el área.
Sin embargo, el agente de la PGR dijo que fue a la tienda a comprar refrescos y su acompañante aseguró que fue a orinar atrás de la casa, pero el comunitario que encabezó la operación dijo que los encontraron extorsionando a la dueña de la tienda.
“No te hagas pendejo, yo te vi cuando tenías así, hincada a la señora y apuntándole con el arma”, dijo en la acusación frente al agente de la PGR a los policías comunitarios y pobladores, que los mantenían rodeados en la explanada de la comisaría de Mezcala.
Los policías comunitarios esposaron a los detenidos con las manos hacia atrás y los pobladores los obligaron a permanecer hincados hasta que llegó el oficial J.A.Aburto R. de la Policía Federal de Caminos (PFC) quien pidió que les permitieran sentarse o pararse para que no se violentaran sus derechos humanos.
Frente a ellos estaban las armas, los cargadores abastecidos, el dinero, -según los pobladores producto de las extorsiones cobradas- y todo lo que les habían encontrado al momento de su detención.
Alrededor de los acusados también había un pueblo embravecido que pedía al comisario que no los entregara y que dejara que fueran castigados en el propio pueblo, “si los entrega los van a dejar libres de inmediato a van a regresar a seguir haciendo sus chingaderas, y entonces quien sabe cómo nos vaya a nosotros”, dijo uno ciudadano que miraba retador a los detenidos.
Después de que llegó el oficial de la Policía Federal de Caminos, entró también el jefe del agente de la PGR, quien nunca se identificó. En la calle se estacionó una camioneta con varios agentes que lo acompañaban y de inmediato los policías comunitarios salieron con intención de neutralizarlos, pero éstos subieron los cristales de la camioneta y su superior explicó a los comunitarios que lo acompañaban y pidió am los agentes que se retiraran del lugar.
Otro momento de tensión se vivió cuando arribó al lugar el fiscal de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE), Esteban Maldonado, él era acompañado por agentes ministeriales en al menos cuatro patrullas.
A ninguno de ellos accedieron los pobladores a entregarles a los detenidos, a pesar de que ofrecieron que los entregarían al Ministerio Público y pidieron que acudiera la familia agraviada a presentar la denuncia para que se integrara la carpeta de investigación. Los ciudadanos insistieron que solamente se los entregarían al Ejército.

Acusan vecinos al Ejército de proteger a delincuentes

Después de las 4 de la tarde llegaron soldados del 27 Batallón de Iguala, pero los habitantes también se negaron a entregárselos. A ellos los acusaron de proteger a la delincuencia organizada que opera en Mezcala y en Carrizalillo, y les dijeron “ustedes y ellos (los acusados) son lo mismo”.
Casi a las 6 de la tarde llegaron nuevos militares, éstos encabezados por el capitán del 50 Batallón de Chilpancingo, Javier Oropeza Ríos, con quien las autoridades locales encabezadas por el comisario Abalos, accedieron a entregarles a los detenidos, pero los pobladores todavía se oponían porque insistieron que no había garantías de que serían puestos a disposición de las autoridades para que fueran investigados y sancionados.
Tras una improvisada asamblea los representantes del pueblo convencieron a los ciudadanos de que los detenidos debían ser entregados, “queremos hacer las cosas bien, apenas surgimos como policía comunitaria el domingo y ya tenemos buenos resultados, no podemos echar a perder lo ganado en pocos días”, expuso el comisario.

Un coronel prepotente y la libertad de los dos detenidos

Los dos detenidos fueron entregados casi a las 7 de la noche, en medio de gritos de rechazo de los pobladores. Incluso impidieron que la camioneta y las demás pertenencias que les encontraron a los detenidos fueran entregadas al superior del agente de la PGR que pretendía hacerse cargo de ellas, exigieron a gritos que fueran entregadas a los militares y que la camioneta se la llevaran los soldados.
También impidieron que los dos detenidos salieran del pueblo a bordo de la patrulla del oficial Aburto. A gritos exigieron al jefe policiaco que los bajara para que se subieran a una patrulla del Ejército.
En ese momento estuvo a punto de echarse a perder lo negociado debido a la imprudencia de un coronel que no fue identificado por su nombre, cuando éste de manera prepotente gritó a uno de los ciudadanos exigía a gritos que los detenidos se los llevaran los soldados, “ya cállate loco, tú estás loco”, le dijo el militar y de inmediato decenas de lugareños rodearon la patrulla de la PFC y otra de los militares, hasta que los acusados subieron a las camionetas de los soldados”.
Los pobladores y sus autoridades convinieron que después acudirá la comerciante víctima de extorsión por Onofre Pozos y José Gustavo.

Acuerda el gobierno con comisarios que tolerará a la nueva autodefensa si ya no bloquea carreteras

Los comisarios de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco se reunieron con el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, con quien acordaron buscar mecanismos para que la autodefensa que crearon el domingo opere sin violar la ley.
La reunión fue a puerta cerrada en una oficina de la Secretaría General de Gobierno, comenzó a las 11 de la mañana y terminó casi a las 2 de la tarde.
Estuvieron además mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Federal.
Los comisarios encabezados por el de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, presentaron un diagnóstico de la inseguridad en esas comunidades que son entrada a las minas Los Filos, cerca de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri y que explota la minera Leagold, que en enero pasado la compró a Gold Corp, aunque ésta sigue teniendo activos pues el 30 por ciento de la venta total lo pagó Leagold en acciones.
También se encuentra en la zona la mina Los Guajes/El Limón, municipio de Cocula, cerca de Nuevo Balsas que explota la minera Media Luna, filial de la también canadiense Torex Gold.
A cambio de la “tolerancia” del gobierno a la policía comunitaria que se conformó en esos pueblos, los comisarios se comprometieron a no hacer más bloqueos a la carretera federal, como el del domingo pasado durante casi una hora en el entronque a Mezcala.
El lunes los comisarios informaron que la reunión la tendrían con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sin embargo ayer fueron atendidos por el subsecretario Maldonado del Moral.
Al salir de la reunión el comisario Ávalos Ferrer, quien fue el único que declaró el domingo durante la marcha y el bloqueo a la carretera federal, fue evasivo con los reporteros.
–¿Cuáles fueron los acuerdos de la reunión?
–Todo está bien–, respondió.
–¿Seguirá funcionando su policía comunitaria?
–Sí, por supuesto.
–¿Que les dijo el subsecretario?
–Vamos a esperar hasta el próximo martes.
–¿Se van a volver a reunir?
–Sí.
El comisario fue consultado cuando salía de la explanada del Palacio de Gobierno, iba acompañado de otros comisarios de comunidades de la zona, quienes siguieron caminando a prisa sin esperarlo.

La violencia se agravó en la zona en los últimos tres años

Otro de los comisarios que pidió el anonimato informó que en la reunión presentaron un diagnóstico de la situación de violencia que viven las comunidades de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, municipio de Eduardo Neri, así como la colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco.
Dijo que justificaron la formación de la policía comunitaria porque a pesar de la presencia de militares y policías estatales han ocurrido hechos de violencia, y el problema se agravó en los últimos tres años.
Aseguró que el subsecretario de Gobierno les ofreció buscar juntos los mecanismos para que los civiles armados no actúen fuera de la ley, y por lo pronto se comprometió a que los gobiernos federal y estatal no los desarmarán pero que eviten actuar fuera de sus comunidades.
“La reunión fue de carácter informativo, explicamos el por qué se crea la policía comunitaria, le dijimos que fue por la ola de violencia que ha prevalecido en Carrizalillo y Mezcala”, informó.
Relató que otros comisarios denunciaron que en sus comunidades se han incrementado las extorsiones, el robo de autos, que también hay homicidios, y que la violencia en esa zona se está convirtiendo en una “crisis social”.
Agregó que por ello las nueve comunidades “apoyaron” a Mezcala en la formación de la policía comunitaria, pero que ayer les dijeron a las autoridades estatales y federales que “siempre van a actuar coordinados con las instituciones de gobierno, tanto federal y como del estado”.
Dijo que aceptaron que se van a regir bajo una normatividad de la Secretaría de Gobierno, aunque no definieron si se incorporarán a la Policía Rural u operarán bajo otra figura.

La inseguridad propició el movimiento de autodefensa de Mezcala, justifica el vocero

Comisarios de las nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco que el domingo constituyeron su policía comunitaria, y que después marcharon en Mezcala y bloquearon una hora la carretera federal en el entronque a ese pueblo, se reunirán este martes con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
El domingo en la tarde se reunieron en privado con el delegado regional de gobierno en la zona Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta y con el delegado de Gobernación estatal en la misma zona, Felipe Adame, a quienes expusieron los motivos para conformar su policía comunitaria en esos 10 pueblos.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia consultado vía telefónica reconoció que la conformación de la policía comunitaria en esas 10 comunidades obedece a que, según los pobladores, es una zona donde se han cometido diversos delitos y que allí se disputan el territorio los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.
Álvarez Heredia reconoció que en el encuentro de Ignacio Ocampo y Felipe Adame con los comisarios “recibieron de éstos la demanda de mayor seguridad por los homicidios, secuestros y extorsiones que ellos han vivido en los últimos años, hay que recordar que esta zona está localizada en donde se encuentra la veta de oro más importante del país (dijo en referencia a la mina de Carrizalillo), y esto ha generado un interés de los grupos delictivos por esa zona”.
Para el vocero esta es la causa de la confrontación de los grupos criminales Guerreros Unidos y Rojos.
Sin embargo el funcionario aseguró que la seguridad en la zona está a cargo de la Policía del Estado y del Ejército mediante recorridos de vigilancia y puestos de revisión de personas y vehículos en los pueblos.
Álvarez Heredia adelantó que la seguridad en esa zona seguramente será un tema de reflexión al seno del Grupo de Coordinación Guerrero en su próxima sesión.
En la tarde en un boletín de prensa, en declaraciones que se atribuyeron al mismo vocero se informó que “la inseguridad propicia que las comunidades se organicen para formar grupos de autodefensa”, aunque aclaró que “no existe una figura legal que justifique la presencia de los grupos de autodefensa”.
Aclaró que no existe un ánimo de oposición de las autoridades a las autodefensas, “y sí una amplia disposición al diálogo con las comunidades para atender la legítima demanda de los pueblos por mayor seguridad”.
Antes, en declaraciones a distintos medios de comunicación en Casa Guerrero después del mediodía el domingo pasado, declaró que el surgimiento de autodefensas “no va a despertar oposición entre las instituciones de seguridad ni a la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, al contrario, tenemos que verlos con empatía por el hecho de brindar seguridad en sus propias localidades, y con disposición al diálogo para conocer las causas que motivaron el surgimiento de estos grupos”, expuso.
“Debemos reconocer que existe un problema de inseguridad en la zona que hace que los pobladores de las localidades en mención se organicen para formar sus propios grupos de autodefensa, y por esa razón se entabló la comunicación que ya se tiene con ellos”, declaró.
Explicó que por eso funcionarios de la Secretaría de Gobierno se presentaron en Mezcala después de la marcha el domingo, para tener un acercamiento con los comisarios de los pueblos, y adelantó que las pláticas continuarán este martes.
Para el vocero es importante que se agilicen en el Congreso local los trabajos de la iniciativa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero a fin de regular estos grupos de autodefensa.