Trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres (Cobach), agremiados en la sección 31 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado de los Municipios (Sutsopegm), denunciaron que el gobierno estatal sigue sin pagarles el bono de antigüedad y que son mil 200 afectados.
Por teléfono, la secretaria general de la sección 31, Guillermina Rodríguez Parra, dijo que el miércoles acudió al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, pero las autoridades le dijeron que no hay dinero para darles el bono, “que le darán prioridad al pago de las quincenas”.
Externó que son afectados mil 200 trabajadores administrativos en todo el estado, quienes están inconformes porque es un bono que el director general del Cobach, Jesús Villanueva Vega, aseguró que les pagaría en marzo.
“Los trabajadores están desesperados, con reclamos, y dispuestos a movilizarse en los próximos días. Pero hemos priorizado el diálogo con las autoridades estatales”, destacó Rodríguez Parra.
Informó que este viernes se volverán a reunir con el director general del Cobach, para que les dé una fecha, “Jesús Villanueva sólo me dice que no hay dinero en el gobierno estatal”.
La secretaria general especificó que el gobierno estatal les ha otorgado 4 de los 8 millones de pesos, es decir, que el bono no ha llegado al cien por ciento.
Además, detalló que a los sindicalizados les adeudan el incremento del 1.8 por ciento en prestaciones económicas y recategorizaciones. Adelantó que si en los próximos días no tienen una respuesta, los trabajadores se movilizarán. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
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No terminará su protesta pese a la salida de la directora, dicen paristas del Tec de la Montaña
Antonia Ramírez Marcelino
Tlapa
Estudiantes y padres de familia del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM), informaron que aun cuando la directora Fredislinda Vázquez Paz se separó de su cargo, no van a levantar su paro, hasta que el gobierno estatal se comprometa a cumplir los 23 puntos restantes de su pliego.
Este miércoles a las 10 de la mañana, en conferencia de prensa, encabezados por el comité ejecutivo de la sociedad de alumnos y acompañados de padres de familia que mantienen tomada la escuela desde el pasado 16 de marzo, para pedir la salida de maestros “acosadores” y la salida de Fredislinda Vázquez, a quien acusaron de protegerlos.
Los estudiantes y padres de familia respondieron al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, que no levantarán su movimiento hasta que tengan una garantía de que van a ser solucionados los 23 puntos restantes que integran su pliego petitorio. Dijeron que tienen propuestas y que van a analizarlas “con cautela”.
Esto, luego de que secretario Rodríguez Saldaña, a través de un comunicado informó que esa dependencia nombraría a un nuevo director en el ITSM, porque la indicación de la gobernadora es “no permitir actos de acoso sexual en el sector educativo” y también dijo que habló con el dirigente de los estudiantes para que, solucionado este punto, se reinicien las clases inmediatamente, aunque se cruza con las vacaciones de Semana Santa.
Su pliego petitorio inicial era de siete puntos, teniendo como principal problema el “acoso sexual de profesores contra alumnas, auditoría, su queja porque no los dejaban usar el gimnasio y el auditorio; también se inconformaron por el aumento en las cuotas”.
Tres días después cambiaron sus demandas, a las que sumaron 24 puntos y el principal era la destitución de Vázquez Paz, a quien señalaron de supuestamente solapar a los agresores.
Aunque desde el martes 4 de marzo, la ahora ex directora Fredislinda Vázquez informó que pidió al gobierno estatal separarse del cargo, “para coadyuvar y dar solución del conflicto en el tecnológico” y que lo decidió por los “injustos señalamientos y descalificaciones que le han hecho en redes sociales, y lo grave, amenazas de muerte”.
Durante la conferencia de prensa, los estudiantes y sus padres de familia denunciaron que las instituciones encargadas de velar por los derechos de las mujeres les “han cerrado las puertas” y han minimizado las denuncias de las alumnas.
Acusaron directamente a la oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y dijeron que el funcionario que los atendió, les dijo que “las denuncias no proceden” y el mismo trato recibieron del Centro de Justicia para la Mujer, que depende de la Secretaría de la Mujer.
Unas de las alumnas, y representante estudiantil, precisó que en la Codehum regional el funcionario “se burló” de las víctimas, diciendo que era “normal” que las vieran con morbo.
Un padre de familia indicó que cuando las alumnas lograron presentar las denuncias, con apoyo de abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, hubo “fuga de información” en esas dos dependencias y resulta que hay personajes que saben sus nombres, números de teléfono, direcciones, nombres de sus padres y las “están amenazando de muerte”, para que desistan y no continúen con las denuncias.
También mencionó que además de acudir a estas dos dependencias, las jóvenes ya presentaron las denuncias formales ante la Fiscalía de Delitos Sexuales en Tlapa, pero dijo que no podía dar nombres, ni mayores detalles, por seguridad de las alumnas.
Otro padre de familia dijo que las apoyaba, pero que no estaba de acuerdo con que no estén acudiendo con la autoridad correspondiente para las denuncias, porque eso hace que los casos no avancen, que sólo están perdiendo clases y exponiéndose en bloqueos estériles y que lo primero debía es acudir a la Fiscalía de Delitos Sexuales, para que ahí exijan que les garanticen medidas de protección, porque sólo lo hacen cuando tiene un expediente y tal parece que no lo han hecho porque no quieren mostrárselo a la prensa.
Los estudiantes también reclamaron a la prensa, diciéndoles que deberían estar a su favor y que no las cuestionen. Esto, al preguntarles el porqué no están dando los nombres de los maestros “acosadores”, cuando en las redes sociales ya los están diciendo, y el porqué no informan sobre el número de expediente que ya deberían tener en la Fiscalía.
En redes sociales hay cuestionamientos sobre el porqué las estudiantes no han señalado a los maestros, con nombre y apellido, pues según están desprestigiando a la escuela, además de que no pueden decir que son todos los maestros.
Otros comentarios son a favor de la directora y algunos ya la están destapando como una fuerte aspirante a presidenta municipal en Tlapa, por Morena. Otros la rechazan y dicen que el movimiento no tiene tintes políticos.
Toman padres el edificio Álvarez en la capital; exigen la construcción de dos escuelas
Luis Blancas
Chilpancingo
Padres de familia y maestros de la primaria Rafael Ramírez Castañeda y del jardín de niños Moisés Guevara, de la colonia Rafael Norte, tomaron el edificio Álvarez, donde se encuentra la Secretaría de Finanzas estatal, para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a los funcionarios de educación, la construcción de los dos planteles.
A las 9:10 de la mañana, los manifestantes tomaron las oficinas, ubicadas en el centro de la ciudad, donde impidieron la entrada de los trabajadores y contribuyentes, y bloquearon la calle 5 de Mayo.
Por esta movilización hubo empujones, entre los inconformes y personas que querían entrar a la oficina de gobierno, para realizar algún trámite en el Registro Civil, pago de tenencia vehicular y el trámite de placas de circulación.
Los manifestantes portaron pancartas y lonas, en las que se leía: “Los padres de familia del jardín de niños Moisés Guevara exigimos reubicación de su edificio”, “exigimos presencia del IGIFE, SEG y gobierno del estado” y “a los 3 niveles de gobierno: Los padres de familia y personal docente de la primaria Rafael Ramírez Castañeda exigimos la construcción de nuestra escuela, clases para nuestros hijos de manera inmediata. Estamos hartos de tantas mentiras. Basta de engaños”.
El maestro Miguel Ángel Ventura Ramos recordó que los dos planteles fueron afectadas por la tormenta Manuel, en septiembre de 2013, asím como por los sismos que han ocurrido en los últimos años y el deslizamiento de ladera en la zona norponiente de la capital.
Dijo que por esta situación iniciaron una serie de movilizaciones, incluso han cerrado la Autopista del Sol, para exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la reubicación de las dos escuelas.
Ventura Ramos comentó que el año pasado, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) asignó un presupuesto de 10 millones de pesos para la construcción de la primaria y el kínder, que este año la administración de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez autorizó la donación de un predio para la construcción.
Dijo que la inconformidad es que el gobierno estatal, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) no han dado indicaciones para que se inicien los trabajos de las dos obras.
“Por esta situación hemos iniciado una jornada de lucha, porque hemos visto apatía, desinterés de los tres órdenes de gobierno para atender nuestras demandas. Por eso solicitamos al gobierno estatal que se inicien los trabajos de la obra”, declaró.
Indicó que los estudiantes de las dos escuelas toman clases en aulas improvisadas, como toldos, en las canchas de la colonia Galeana, ubicada al norte de la ciudad.
El maestro comentó que la reubicación de las dos escuelas beneficiará a 700 estudiantes e insistió a la gobernadora Evelyn Salgado, al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y a autoridades del IGIFE, una mesa de diálogo para atender sus peticiones.
Consultado por teléfono, el maestro Miguel Ángel Ventura Ramos informó que fueron atendidos por funcionarios del IGIFE, con quienes acordaron que realizarán el trámite de los estudios de suelo, para verificar las condiciones del lugar, y el proyecto de obra de las dos escuelas. Agregó que el próximo 20 de abril tendrán una reunión, para que les informen de los avances de su demanda.
Minutos antes de la 1 de la tarde, los manifestantes se retiraron del edificio Juan N Álvarez.
Dirijan las quejas de acoso a la Fiscalía, pide a estudiantes del ITSM el director de Acapulco
Jacob Morales Antonio
El director del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, Salvador Herrera Soriano, llamó a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) a que las quejas de acoso y hostigamiento sexual las dirijan al órgano de control del gobierno estatal o a la Fiscalía.
Este jueves, el director Herrera Soriano firmó un convenio con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, para que los estudiantes de esa carrera puedan hacer sus residencias profesionales en despachos contables de los socios y para realizar actividades de capacitación, investigación, culturales y deportivas entre la asociación y el instituto.
En el acto, realizado en las instalaciones del colegio, el director del tecnológico de Acapulco llamó a los alumnos y padres de familia a buscar la solución, así como a no continuar con el cierre de la institución educativa.
“Lamento mucho que se haya cerrado el tecnológico de la Montaña. Hago un llamado a los estudiantes, que están participando en este cierre, a los padres de familia, a que se busque una solución”, indicó.
El director agregó que “ninguna institución educativa debe de ser cerrada nunca jamás. Cualquier problema que se tenga en una institución educativa, tiene que dirimirse a través de las instancias administrativas y legales”.
Dijo que los estudiantes deben de acudir a interponer las quejas de acoso y hostigamiento ante el Órgano de Control del Gobierno del Estado, “o si son fuertes, también dar parte a la Fiscalía General del Estado, pero no cerrando las instalaciones”.
El directivo llamó a buscar una solución, para regresar pronto a las aulas y señaló que el cierre del plantel de Tlapa perjudica la formación profesional de los estudiantes, pues los temas que se dejan de ver en cada una de las materias difícilmente se recuperan, además de que se afecta la imagen de la escuela.
En el encuentro estuvo la presidente del colegio, Guri Carmen Zuluaga Huerta, y el vicepresidente del sector gubernamental de la región Centro-Istmo Peninsular, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ignacio Rendón Romero, estudiantes y docentes de la carrera de contador público.
No se liberarán recursos adicionales para el IEPC: secretario de Finanzas
El secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, informó que ya explicaron a las autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que el gobierno del estado no podrá atender la petición de más de 100 millones de pesos para sus acciones del segundo semestre del año y del arranque del proceso electoral de 2024.
Consultado en el auditorio José Joaquín de Herrera después de un acto oficial, explicó que el presupuesto del estado es “deficitario” y esa cantidad “descobijaría otras áreas prioritarias”.
Aclaró que el gobierno tiene el compromiso de entregar lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal. Ante las peticiones de recursos adicionales, analizan la manera de apoyarlos, sin gastos superfluos. Señaló que también tienen peticiones de créditos y recursos adicionales de ayuntamientos y no pueden atenderlos a todos.
Recordó que el gobierno del estado tiene una política de austeridad y contra la corrupción para proteger los programas sociales. Tampoco afectan salarios ni prestaciones. Lo anterior porque el gobierno federal adelantó que 2023 podría ser año difícil en la recaudación que afecte directamente las participaciones a los estados. Aclaró que eso no ha sucedido y esperan que todo siga de acuerdo con lo planeado. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Prepas populares bloquean avenidas en la capital; insisten en su reconocimiento oficial
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Unos 300 alumnos, padres de familia y maestros del Frente Estatal de Preparatorias Populares del Estado de Guerrero, marcharon en la capital para exigir su reconocimiento oficial.
Los inconformes informaron que son 14 mil estudiantes y en total mil 50 maestros en todo el estado, quienes se verían beneficiados si el gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, los reconoce.
La marcha partió del monumento Las Banderas a las 11:15 de la mañana y bloquearon el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, y las laterales de la Autopista del Sol, frente al museo interactivo La Avispa.
En declaraciones, uno de los integrantes del frente, Raymundo Paulo Vázquez, informó que están adheridos a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pero que sólo les avala el nivel académico.
Detalló que han tenido reuniones con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, pero que no han tenido avances en cuanto al reconocimiento de 104 planteles, que están distribuidos en las zonas “más marginadas del estado”.
Paulo Vázquez indicó que además, el frente de preparatorias ha solicitado una audiencia con el rector José Alfredo Romero Olea, pero tampoco se las han programado.
“Los maestros y administrativos pedimos el reconocimiento laboral de las preparatorias populares, para que tengamos más presupuesto y así los docentes obtengan mejor salario y se mejore la infraestructura educativa”, destacó.
A las 2 de la tarde se retiraron de la vialidad, luego de que las autoridades estatales les prometieron una mesa de diálogo. Pero tres horas después volvieron a bloquear, media hora, la vialidad por falta de respuesta.
Por teléfono, uno de los manifestantes informó que lograron que les pagaran el salario correspondiente a marzo y que se avanzará en las reuniones con las autoridades de los gobiernos estatal y federal, para darle continuidad a su reconocimiento.
Hay respaldo del gobierno estatal a acciones del Ejército contra la delincuencia: Ludwig
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que el gobierno estatal respalda todas las acciones del Ejército mexicano en el combate a la delincuencia, en consulta telefónica sobre el enfrentamiento este viernes en la comunidad serrana de El Pescado, en el ejido de Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán.
Afirmó que van a seguir trabajando de manera conjunta, para fortalecer la presencia del Estado mexicano en regiones que estaban tomadas por la delincuencia organizada.
Sobre el enfrentamiento donde resultó muerto el jefe de zona del grupo delictivo La Familia Micho-cana y dos de sus hijos, indicó que los militares realizan acciones conforme a las líneas estratégicas de acción que se están implementando en toda la Sierra, “nosotros obviamente respaldamos la actuación del Ejército mexicano en la zona”.
Confirmó que van a trabajar de manera conjunta con los militares que tienen más efectivos en campo, “para seguir fortaleciendo la presencia del Estado mexicano en estas regiones donde ya no había control, ya la delincuencia organizada se había apoderado de estas regiones”.
Lamentó la muerte de dos soldados en servicio durante ese evento de violencia, pero añadió que hay personas involucradas en la región con la delincuencia organizada y son señalados por toda la población.
De la situación en la región, consideró que “todo proceso de estabilización lleva tiempo, nosotros estamos trabajando para que haya más presencia del Estado, obviamente para que con esto se logre una paz duradera”.
Confió en que “las acciones van trascender, van tener mayores alcances para que la gente de la sierra viva en paz”.
Si bien, en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción Paz es donde se revisan las estrategias acordadas, recordó que el Ejército participa más activamente en las acciones porque tienen tiene un mayor número de elementos en el estado.
Enfatizó que la Sierra tiene una atención especial en este gobierno, porque sus condiciones son más complejas, “hay una gran dispersión de las comunidades, los caminos están en muy mal estado, hay condiciones muy diferentes de trabajo.
También están atendiendo la demanda social, y Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (Cicaeg), prepara la mejora de caminos.
Reprueba expresiones del delegado estatal en la Montaña sobre el paro en el hospital
Sobre el paro laboral del hospital general de Tlapa, confirmó que están revisando alternativas con la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), y probablemente en unos días haya una solución.
De las declaraciones del delegado del gobierno estatal en la Montaña, José Bazán González, para que ciudadanos y alcaldes de la región desalojen a paristas del hospital de Tlapa, en un acto público, Reynoso Núñez aclaró que “definitivamente” esa no es una solución.
Precisó que el funcionario no depende de la SGG, sin embargo, tienen una buena relación como autoridades, y se habló con él.
“Entiendo que son expresiones que se hicieron en algún momento, ya hemos hablado con él, definitivamente la solución no es que se tome justicia por propia mano, para eso estamos la autoridad”.
Confirmó que está en diálogo con la líder de la Sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez, con quien espera encontrar una salida dialogada al paro de labores.
Los trabajadores tienen poco más de tres semanas exigiendo con la toma de oficinas la salida del director y el administrador Javier Blanco Martínez y del administrador Gregorio Ramírez Maldonado, porque no atienden sus demandas para el servicio y como trabajadores.
El secretario indicó que están trabajando en alternativas, en propuestas y probablemente en estos días haya una solución.
Acuden a Ayahualtempa funcionarios del gobierno estatal para entregar apoyos escolares
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
Funcionarios del gobierno estatal fueron este viernes a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), y llevaron mobiliario escolar, material de oficina y equipo de cómputo para la telesecundaria Independencia de México.
Los funcionarios fueron encabezados por el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y se comprometieron a iniciar la construcción de esa escuela en abril próximo.
Acompañaron al director de Gobernación el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y también asistió el síndico procurador de José Joaquín de Herrera, Salvador Flores Castillo.
La visita de los funcionarios del gobierno estatal se dio dos días después de que alumnos de la telesecundaria Independencia de México marcharon acompañados de sus padres y maestros; mientras las autoridades comunitarias denunciaron que los gobiernos federal y estatal incumplieron con la construcción del plantel.
El miércoles, los maestros y padres de familia mostraron como reciben sus clases los niños, sentados en piedras y algunos sólo apoyados en cajas de madera, bajo la sombra de encinos, porque los gobiernos estatal y federal no han construido la escuela, como se comprometieron el año pasado, para evitar que los niños salgan a las poblaciones vecinas a estudiar ante el riesgo de la violencia.
Entrevistado después de una reunión con las autoridades comunitarias del pueblo en la cancha, el director de Gobernación, Rodríguez Cisneros, informó que entregaron 50 butacas, dos pintarrones, dos mesas y sillas para maestros, cuatro computadoras y dos impresoras.
El funcionario aclaró: “Esta entrega no obedece a la manifestación que (los pobladores) hicieron, ya lo habíamos acordado el lunes con el comisario municipal y con los líderes del movimiento comunitario, de que hoy estaríamos materializando el acuerdo que hicimos con ellos el año pasado”, aseguró.
Pero reconoció que los apoyos forman parte de la atención que tiene el gobierno estatal, “por lo que ustedes saben. Es una comunidad que se ha visto muy golpeada por la inseguridad y, en algún momento, en un acto de desesperación, tuvieron que recurrir a armar a los niños”.
El funcionario agregó que esta situación “no es correcta, porque nuestras niñas y niños deben estar en la escuela. Lo más preciado que tiene el ser humano es la niñez”.
Por ello, anunció que en este año el gobierno estatal va a construir dos aulas, un espacio para actividades cívicas y un módulo sanitario “para que la escuela sea una realidad y los niños y niñas ya no tengan que trasladarse a otra localidad a recibir su educación y, en todo caso, la reciban aquí, seguros”.
Rodríguez Cisneros informó que en cuanto a los otros compromisos que firmaron con los representantes de la población, y que no ha sido posible cumplir, como la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar, es porque tiene que ver con el gobierno federal.
Además, explicó que la normatividad no permite que se construya un banco en Ayahualtempa, pero informó que hay pláticas con el delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, para instalar un cajero en este pueblo.
Con respecto a la violencia, que de acuerdo con los representantes comunitarios se ha contenido en los últimos meses, no se han investigado los asesinatos y desapariciones ocurridas en años anteriores, el funcionario estatal aseguró que ha habido reuniones para atender el problema.
“Lo que tiene que ver con este tipo de indagatorias son situaciones complejas, porque además de cuidar el debido proceso, tienen complejidad por la región; sin embargo, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se están haciendo las acciones necesarias. Cada vez que las familias lo requieren y nos dan un indicio donde presumen que pudiera estar una persona desaparecida, la Comisión de Búsqueda en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal y la misma Fiscalía, acuden y se realizan las acciones, a veces hemos tenido resultados positivos”, aseguró.
Por su parte, el integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, organismo al que pertenece la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la policía comunitaria que opera en este pueblo, informó al término de la reunión que los funcionarios se comprometieron a que el 30 de abril comenzaría la construcción de dos aulas, un baño y una explanada.
Dijo que también a finales de este mes van a regresar funcionarios de la Secretaría de Salud, para la rehabilitación del centro de salud y atender las necesidades del mismo.
Con respecto a la construcción de la sucursal del banco, dijo que los funcionarios argumentaron que ya se construye en la cabecera municipal y que en Ayahualtempa solamente van a instalar un cajero automático.
Respecto a la pavimentación de 500 metros de la calle principal, por parte del gobierno estatal, los funcionarios les dijeron que el 21 de marzo iniciarán con la primera etapa.
Agregó que también los funcionarios se comprometieron a iniciar este año la construcción de un puente, que comunique a Ayahualtempa con la comunidad Amatitlán.
El representante comunitario admitió que no quedan satisfechos, “porque hay muchas más necesidades” y dijo que tienen un concentrado de peticiones desde 2019, cuando estaba el ahora ex gobernador Héctor Astudillo Flores, “quien no nos solucionó nada”.
Incumplen los gobiernos estatal y federal con la obra de una secundaria en Ayahualtempa
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.
Alumnos de secundaria toman clases en un baldío
Incumplen los gobiernos estatal y federal con la obra de una secundaria en Ayahualtempa
Niños indígenas de la comunidad nahua, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases en un terreno baldío a la salida del pueblo, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.