Padres de familia y docentes de los municipios de Acatepec, Atlixtac y Zapotitlán Tablas bloquean la carretera Tlapa-Chilapa, cerca del puente de Ahuatepec Ejido, para demandar 15 maestros para 60 escuelas de la región Foto: Antonia Ramírez Marcelino
Antonia Ramírez Marcelino
Tlapa
Comisarios, madres, padres de familia y docentes del sector 11 de Educación Preescolar región Montaña, de los municipios de Acatepec, Atlixtac y Zapotitlán Tablas, bloquearon la carretera a Chilapa, en el municipio de Tlapa, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) maestros y basificación.
El gobierno estatal, a través del delegado de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce, dialogó con ellos en el plantón, ofreciéndoles una reunión con autoridades educativas para el próximo 28, pero no aceptaron porque dijeron que ya en varias ocasiones los engañaron.
Están solicitando 12 maestros en educación especial y tres de educación física, así como la basificación de los que tienen contratos.
Desde las 8 de la mañana, el contingente de inconformes cerró la vía colocando piedras, sillas y una lona, en la que escribieron sus peticiones. También extendieron una lona para cubrirse del sol.
En entrevista, el presidente de comité de padres de familia de Tlachoxochoapa, municipio de Atlixtac, Teodulo Villa García, dijo que tras una asamblea con autoridades comunitarias, acordaron manifestarse para exigir 15 maestros, en especial de educación física y 12 para educación especial.
Reclamó: “Ya estamos hartos de que se firman puros compromisos, el último que se hizo fue la semana pasada, si nos hubieran cumplido no estaríamos aquí”.
Por separado, la madre de familia de Tres Lagunas municipio de Zapotitlán Tablas, Irinea Valeriano Villares, sostuvo que piden el respeto a las minutas que se han estado firmando porque “ya no queremos que no estén engañando”.
Precisó que son 58 comunidades y más de 60 escuelas de Zapotitlán Tablas y Atlixtac las que no tienen maestros, además de que hay docentes de contrato que dejan a los alumnos sin clases cuando vence su contrato, “lo que queremos es la mesa de negociación de carácter resolutivo”, porque los niños no pueden aprender de esa manera.
Otro padre de familia de Tamaloya, municipio de Zapotitlán Tablas, Bonifacio Morán Cano, coincidió en que al mandar la SEG un maestro de contrato, provoca que los niños “estén descuidados” y lo que buscan con el bloqueo es que los atienda Gobernación estatal, para que haya una mesa de negociación en donde se acuerde que enviarán a los maestros que hacen falta.
Maestros de telebachillerato comunitario externaron su rechazo al nuevo tabulador de sueldos, impuesto por el gobierno estatal, el cual les afectará con una reducción a su salario.
La mañana de este lunes, unos 30 docentes provenientes de las distintas regiones del estado, se reunieron en el parque hundido de la alameda Granados Maldonado, para llegar acuerdos sobre su plan de acción.
La maestra del telebachillerato de La Pintada, en el municipio de Atoyac, Sandra Castro Nogueda, informó que son 900 maestros afectados y que laboran en 315 planteles, dependientes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Indicó que pertenecen al grupo Bloque Guerrero, quienes están en contra de la disminución de su salario, que pretende hacer el Instituto de Bachilleratos de Guerrero.
Castro Nogueda precisó que el nuevo tabulador se presentó como parte de una disposición federal para el estado, “como una propuesta, que según ellos se emite de acuerdo con la situación presupuestal del estado de Guerrero”.
Manifestó: “Somos los maestros que menos ganamos, el sueldo es muy reducido y ahora lo quieren bajar más”.
La maestra dijo que la reducción implica que les descontarán 600 pesos a maestros que laboran 20 horas. Dijo que un trabajador con 20 horas gana alrededor de 5 mil 400 pesos quincenales.
Los manifestantes acordaron que en el transcurso de la semana valorarán qué día acudirán a Ciudad de México, para dar a conocer su inconformidad con el gobierno federal. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El ex secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, en entrevista con El Sur en la que habló del primer caso de Covid-19 hace tres años Foto: Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
El gobierno del estado adaptó a la entidad la estrategia nacional en el combate al Covid, “si no los resultados hubieran sido otros”, señaló el ex secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, a tres años de la declaratoria de la pandemia.
El ex funcionario reconoció que en paralelo al registro oficial de la Secretaría de Salud -que hasta el pasado 13 de marzo cifra en 6 mil 879 las muertes-, hay un subrregistro de personas que no fallecieron en los hospitales.
Entre las medidas que se aplicaron en Guerrero, en particular en Acapulco y Zihuatanejo, estuvieron el cierre de playas. Aunque en esta entidad se esperaba un golpe fuerte por la pandemia entre la población, dada la dinámica que implica la movilidad por el turismo, Guerrero se encuentra en el lugar 22 en casos de contagios.
De la Peña llamó a la población a atender las enfermedades secundarias que dejó el virus, y que las autoridades mantengan una vigilancia de estos padecimientos que pudieran ser incapacitantes.
En entrevista para El Sur, el médico cirujano gastroenterólogo, originario de Acapulco y quien ocupó el cargo en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, expuso que la mayor debilidad en el personal del sector salud, es que una parte padece enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, debido a la falta de hábitos de buena alimentación.
A tres años de la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ex funcionario también señaló que la población espera que el médico le recete medicamentos, y que estos prácticamente resuelvan las enfermedades, sin adoptar buenos hábitos de alimentación, cuidado y ejercicio.
–¿Cuál fue el momento más difícil de la pandemia?
–Hubo muchos momentos difíciles. Al inicio, por la falta de recursos, nos urgían los recursos materiales para la protección del personal médico, y para tratar a los pacientes con los ventiladores, urgía. Era una crisis la reconversión de camas y dejar de atender pacientes (con otros padecimientos), el personal médico que tenía miedo de atender y los que tenían comorbilidades. Cuando se empezó con la vacunación, primero al personal médico, y luego se tuvo que solicitar la vacuna a los médicos privados. Otro momento crítico, fue la presión de la apertura de negocios, la presión estaba en una olla de vapor.
De la Peña Pintos recordó que durante los dos años posteriores a la llegada del virus y durante su estadía como titular de la dependencia sólo dormía cuatro horas, debido a las llamadas que recibía de todos lados.
Durante todo este tiempo el ex funcionario no se contagió del virus, pero sí todos sus colaboradores en algún momento de la crisis sanitaria.
Ante el gran número de personal médico que tuvo que aislarse durante la pandemia debido a sus comorbilidades, informó que los médicos jóvenes, y enfermeros, entraron en la primera línea de atención, incluso en algunos momentos personal que no era de la especialidad, como ginecólogos, anestesiólogos y cirujanos.
Pero señaló que en la actualidad desde los 35 años hay personas y personal médico que padecen diabetes e hipertensión por las deficiencias en el autocuidado de la salud y no tener conductas personales para una vida saludable.
Dijo que la enfermedad de Covid-19 dejó al descubierto que las personas “esperamos que la medicina, y que el médico resuelva con medicamentos nuestra salud, y eso es uno de los grandes problemas en México, pero se tiene que atender con grupos multidisciplinarios de la salud”.
Ahora que los números de contagio se han reducido, para quienes padecieron la enfermedad, quedaron con diversas enfermedades secundarias englobadas en el “síndrome poscovid”, y que son secuelas que pueden “abarcar cualquier parte del organismo”.
Las persona pueden padecer problemas de la piel, caída de cabello, hipertensión, cardiopatías, enfermedades renales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica por fibrosis, encefalitis, parosmia, deterioro cognitivo, dolores de cabeza, la salud mental, y el sentido de padecer la interpretación del sufrimiento.
“Es un tema que todo el sector salud debe de incluir y atender. Afecta a toda la economía del cuerpo humano, no es una enfermedad que se remite a los pulmones. Se debe aumentar la investigación y ponerlo dentro de la clasificación de enfermedades que debe de atender el sector salud”, porque pudiera ser incapacitante.
El miedo a la intubación y exceso de mortalidad
El ex secretario reconoció que sí hubo un exceso de muertes que no se contabilizaron y que no están en las estadísticas oficiales del gobierno federal.
–¿Hubo exceso de fallecimientos?
–Sí, porque había gente que no quería ir al hospital, por miedo a que no querían hospitalizarse, a intubarse.
–El intubarse significa muerte?
–El riesgo lo hay, si la enfermedad está avanzada es difícil salir.
De la Peña Pintos dijo que mucha gente una vez que se infectó tuvo miedo de ir a atenderse a los hospitales, porque permeó el rumor de que la gente que iba a los nosocomios prácticamente a morir.
Esa razón hizo que mucha gente que se atendiera en sus casas y que fallecieron, pero que no aparecen en las estadísticas oficiales. Sin embargo explicó que la mayoría que llegaba tenía más de diez días de complicaciones de la infección.
Y cuando llegaban no había otra opción más que intubarlos, y ante la gravedad de los días que llevaban sin atención fallecían, pero otros muchos se negaron.
Dentro de los hospitales se innovó la forma de uso de las mascarillas completamente sellados y la necesidad de usar caretas, pero también de integrar instrumentos como las videocámaras para intubar a los pacientes, y no exponer al personal médico a los aerosoles de donde se podían contagiar.
Al 13 de marzo del 2023 las muertes registradas por Covid en el país son de 323 mil 243 personas, de las cuales en Guerrero sucedieron 6 mil 839. Según el Inegi, en el periodo de la pandemia habría un registro de exceso de mortalidad de 758 mil 826 personas (enero de 2020-marzo de 2022), que pudieran estar asociadas a la pandemia; es decir, un probable subrregistro de muertes por el coronavirus. México es de los cinco países con más muertes por Covid y por exceso de mortalidad.
La muerte fue muy cruel y duro para las familias
El ex funcionario afirmó que para las familias de las personas que morían en los hospitales “fue muy cruel y duro”, porque ya no los volvieron a ver, y lo único que se les entregaba eran las cenizas.
Peña Pintos recordó que cuando las defunciones comenzaron a incrementarse en Guerrero y para evitar que se convirtiera en un problema social, se decidió que las personas que fallecían de Covid-19 iban a ser cremadas.
“Lo normal es que se vele al muerto, pero se incrementaron los contagios y se estableció la necesidad de la cremación. Muchos familiares sufrieron porque no volvieron a ver a sus pacientes, no se despidieron de ellos y no los pudieron ver muertos, y solo se entregaron sus cenizas, fue muy cruel y duro”.
Recordó que para los guerrerenses el entierro y acompañamiento de quienes conocieron a la persona fallecida es muy importante y forma parte del duelo, que muchos no pudieron llevar a cabo por la situación epidemiológica.
La estrategia se adaptó a Guerrero
El ex secretario afirmó que si la estrategia nacional se hubiera llevado tal cual se enviaba a los estados, los resultados habrían serían otros.
Dijo que a pesar de que a nivel nacional se dictaron los lineamientos a seguir, en el caso de Guerrero, el Consejo Estatal de Salud adecuó estas directrices para su aplicación en Guerrero, y por eso se tomó la decisión de cerrar las playas, además del uso obligatorio de cubrebocas “eso fue una iniciativa del gobierno del estado”.
De la Peña Pintos agregó “si las medidas nacionales se tomaban como lineamientos intocables, no hubiera resultados”, en alusión a que es desde el gobierno federal se desdeñó el uso de cubrebocas.
El médico reconoció que al inicio de la pandemia hubo una crisis por la falta de material de protección para el personal médico, y de equipo para los enfermos como los ventiladores.
Dijo que a nivel mundial el material de protección para los médicos escaseó y era difícil adquirirlo, al igual que los ventiladores para los infectados, y los que había tenían que ser reparados.
La comunicación y hacer equipo
De la Peña Pintos reconoció que la comunicación virtual sirvió de mucho, pero no se descuidó el problema de la salud mental, y hubo repercusiones de abuso y violencia dentro de la familia e incrementó el alcoholismo y drogadicción.
Respecto a la estrategia del gobierno dijo que la pandemia por Covid-19 se consideró un tema de seguridad nacional y se incluyó en las mesas de seguridad y ahí daba un informe diario.
Pero para la población en general se estableció una transmisión en Facebook a las 12 del día para dar el informe de contagio, y muertes. Además daba informes a diario a los alcaldes de los municipios con alto índices de contagios, “había secuencia y sistematización”.
Una vez que llegaron las vacunas y su aplicación a la población, dijo que el gobierno en ese momento, fue coadyuvante para las autoridades federales y las brigadas “si no participaba el sector salud estaba desarticulado”, y fue mediante el Consejo Estatal de Salud y de Vacunación donde se adoptaron las determinaciones y la coordinación.
“La vacuna fue un gran avance para la ciencia”.
Las medidas drásticas
El ex secretario reconoció que las medidas que se emitieron para reducir los niveles de contagio entre la población fueron “duras y drásticas”, por eso en la actualidad se debe de actuar con responsabilidad en los lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración.
Seguir adoptando las medidas de prevención como el lavado de manos, y “se debe de seguir insistiendo en ellos porque la amenaza está presente”, el virus puede volver mutar, e incluso dijo que México debe de seguir investigando y tener listas las vacunas conforme vayan apareciendo las variantes.
De la Peña Pintos resaltó que el Periódico Oficial del Estado se convirtió en el medio oficial de comunicación desde donde se establecían las medidas adoptadas durante la pandemia, que fueron muy duras, y donde toda la población resultó afectada en su economía.
“Eso nos ha permitido entre todas las medidas y la vacunación, poder disfrutar ahora de mayores espacios para el esparcimiento y la vida económica y social, pero debemos de estar atentos y no descuidarnos, porque hay lugares de alto riesgo, como lugares cerrados”.
Para el sábado 4 de abril el cierre de playas y espacios públicos se hacía con vigilancia de agentes de la Marina y el Ejército, en Acapulco y Zihuatanejo principalmente. Algunos gobiernos municipales comenzaron a hacer obligatoria la cuarentena, y en comunidades de la Sierra de Chilpancingo el acceso se prohibió a cualquier visitante para prevenir los contagios, como en las comunidades de Santa Bárbara y San Cristóbal, pertenecientes a Chilpancingo.
Ante el avance de la epidemia, el gobierno municipal perrredista de Chilpancingo, encabezado por Antonio Gaspar Beltrán, cercó con vallas metálicas el Zócalo y anunció que se cerrarían antros, bares y discotecas para enfrentar la pandemia, lo mismo ocurrió en Acapulco con la presidenta morenista, Adela Román Ocampo, aunque los empresarios no dejaron de manifestar su descontento, al igual que comerciantes y vendedores ambulantes.
En tanto, médicos y enfermeras de hospitales de Chilapa, Acapulco, Chilpancingo e Iguala protestaron para exigir equipo médico adecuado e insumos para atender a los pacientes que habían sido hospitalizados con sospecha de coronavirus.
Los menores ya no volvieron a clases presenciales, y la educación se hizo a distancia, por televisión o clases en linea. Así arrancó en agosto el ciclo escolar 2020-2021.
A finales de 2020, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que la pandemia sorprendió a la región de la Montaña de Guerrero con un solo hospital de segundo nivel para atender a la poblaciónd de 19 municipios, con equipo obsoleto e insuficiente y con personal médico imposibilitado para hacer frente al coronavirus. La pandemia visibilizaba la brecha de desigualdades en el estado, señalaba Tlachinollan, y destacaba que solo se atendía a los enfermos en hospitales comunitarios, por lo que muchos contagiados recurrieron a infusiones, baños de temazcal y paracetamol, y los fallecidos no tenían la oportunidad de atención.
El 8 de diciembre de 2020, el gobierno federal anunció la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 de la empresa estadounidense Pfizer. Los primeros en recibirla sería el personal de Salud que trabajaba en la atención directa a la epidemia, y luego a la población en general.
Ante la presión de los empresarios a finales de 2020 se flexibilizaron las medidas. Sin embargo, del 31 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021, el gobierno del estado cerró nuevamente las playas y se disminuyeron los aforos al 60 por ciento.
No obstante, en Guerrero aumentarían los contagios y las defunciones en enero de 2021, 22 guerrenses morían diariamente por Covid-19 según el gobierno del estado, el confinamiento endureció y Guerrero fue clasificado en el semáforo epidemiológico rojo.
La vacunación a la población comenzó el 15 de febrero de 2021, los primero municipios donde se aplicó el biológico a los adultos mayores fueron Tlapa, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Tlalchapa, Zirándaro y Coahuayutla.
A tres años de la pandemia, de acuerdo con las cifras de Salud, en Guerrero al corte del 12 de marzo de 2023 suman 119 mil 81 enfermos de Covid-19: divido por año, de marzo a diciembre de 2020 se registraron 37 mil 567 contagiados; en 2021 sumaron 40 mil 123; en 2022 fueron 39 mil 834, y en lo que va de 2023 son mil 557.
Respecto a los fallecidos por coronavirus, de marzo a diciembre de 2020 se reportaron dos mil 287 defunciones; en 2021 aumentaron casi al doble, al reportarse cuatro mil 138; en 2022 bajó a 441, y en lo que va de 2023 son 13 las personas fallecidas por la enfermedad.
Los meses con más contagios de coronavirus son julio de 2021 con 17 mil 329 enfermos, que solo fue superado por enero de 2022, cuando se contabilizaron 18 mil 312 contagiados. En tanto, respecto a las defunciones, agosto de 2021 registró el mayor número con 941 fallecimientos, con un promedio de 30 muertes por día.
Formalmente el gobierno del estado no ha informado cuánto personal médico falleció por la enfermedad en estos tres años. Sin embargo, en Guerrero de acuerdo con la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) han muerto 179 médicos y enfermeras a causa de la epidemia.
Las muertes por coronavirus en Guerrero representan el 2 por ciento del total en el país, de acuerdo con las ultimas cifras de la Secretaría de Salud federal publicadas el 7 de marzo de este año, de 333 mil 102 casos el estado ha reportado seis mil 650; mientras, que los contagios confirmados equivalen al 1.59 por ciento del total en México, pues de 7 millones 471 mil 65 contagiados, 118 mil 955 se han contabilizado en la entidad.
El exceso de muertes por la pandemia aún es incierta a tres años, el Insituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en febrero pasado informó que para estimar el exceso de mortalidad derivado del coronavirus está empleando dos métodos, y presentará sus resultados en octubre próximo de este año.
Pero realtó que sus cifras preliminares destacan que en México, de enero de 2020 a septiembre de 2022 contabilizó 793 mil 625 muertes clasificadas como exceso de mortalidad por todas la causas.
Sin embargo, el 24 de enero de este año, el Inegi también informó que de enero de 2020 a junio de 2022 contabilizó 469 mil 722 defunciones por Covid-19 en el país; apuntó que la edad promedio que se registró más defunciones fue de 64 años.
Por entidad federativa, en Guerrero de enero de 2020 a septiembre de 2022, el Inegi contabilizó un exceso de mortalidad de 9 mil 858 personas, pero por todas las causas, lo único que destacó es que a nivel nacional el coronavirus fue cuarto lugar como causa de muerte.
El ex candidato a la presidencia municipal de Chilpancingo por el PAN, Gustavo Alarcón, el morenista Sergio Montes Carrillo, el ex rector de la UAG, Arturo Contreras, Félix Torres Guzmán y Amada Gutiérrez Hernández, promotores de la candidatura presidencial por Morena del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Integrantes de la Coordinación Región Centro del Movimiento Transformador de Guerrero (MTG), que respaldan la aspiración a candidato presidencial por Morena del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, exhortaron al Comité Ejecutivo Estatal a actuar de manera imparcial ante todos los que buscan la nominación para las elecciones de 2024.
También llamaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y a sus funcionarios a comportarse para evitar que sean sujetos de procedimientos sancionadores ante los órganos electorales, porque “se les ha visto metidos de manera muy grosera y muy grotesca en el apoyo a uno de los aspirantes (utilizando) tal vez algunos recursos no muy claros”.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y coordinador de la zona Centro del MTG, Arturo Contreras Gómez, informó que han visitado diferentes colonias y sectores, trabajadores y campesinado de la capital.
Expuso que seguramente en junio o julio saldrá una convocatoria para la encuesta en la que se elija al candidato presidencial de Morena, pero que otros militantes del partido no están respetando las leyes en la promoción de los aspirantes.
Precisó que hay cuando menos cuatro aspirantes presidenciales con trayectoria política dentro del partido, pero en el momento en que se vuelve áspera la contienda interna su candidato, que es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el senador, Ricardo Monreal y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, deben realizar un cónclave del que salga un candidato de unidad, lo que daría la señal de que entre los morenistas hay acuerdo de que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador debe continuar.
Sergio Montes Carillo afirmó que el MTG no tiene que ver con Morena porque no son tiempos electorales y deben respetar la ley. Precisó que para la promoción del secretario de Gobernación, tienen a su cargo 12 municipios de la zona Centro, con cerca de 112 secciones electorales, en el que han visitado más del 40 por ciento, que recorren con dinero y esfuerzo propio.
Sin embargo, dijo que el proceso se ha contaminado y llamó al CEE de Morena a ser imparcial y “no cargar los dedos con ningún aspirante de los cuatro que hay”, para que toda la militancia y simpatizantes tengan las mismas condiciones de participar y que sea un proceso limpio.
Llamó al gobierno estatal a que se comporte, “porque a sus funcionarios se les ha visto metidos de manera muy grosera y muy grotesca en el apoyo a uno de los aspirantes, están metidos permanentemente varios de ellos en las reuniones que hacen los fines de semana”.
Argumentó que por ley no se pueden hacer reuniones públicas en canchas, calles, parques o lugares donde los gobiernos municipales participen. Refirió que “hace dos semanas se reunieron en la colonia Galeana de Chilpancingo, una multitud” a favor de Claudia Sheinbaum.
Se le preguntó si el llamado era directamente a la gobernadora, quien incluso acude a actividades de Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México. Respondió que “es directo a sus funcionarios, que los vemos en los eventos de fin de semana”.
Se le preguntó a qué funcionarios. Sergio Montes citó al jefe de Oficina de la Gubernatura, Jesús Eugenio Urióstegui García.
Expresó que el gobierno del estado debe evitar que militantes de Morena interpongan procedimientos sancionadores por no respetar lo que marca la ley. Recordó que él ya denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros cuando colocó 60 anuncios espectaculares en 2020, por actos anticipados de pre campaña o campaña electoral.
Se le preguntó si cree que usen recursos del erario para los eventos. Montes Carillo mencionó que “no está gastando directamente el gobierno del estado, hay una clara participación de funcionarios muy cercanos que están siendo muy vistos en las concentraciones que hacen los fines de semana, donde se ve a mucho trabajador, mucha estructura de gobierno metida en esas concentraciones que hace una de las aspirantes”, dijo otra vez rfesistièndose a mencionar a Sheinbaum.
Declaró que en las reuniones ha observado también a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yoloczin Domínguez Serna, y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Raymundo Casarrubias Vázquez, y dijo: “no se puede tener un discurso para los de afuera y un discurso para los de adentro, tenemos que respetar la ley y ese es el llamado que nosotros hacemos de manera respetuosa”.
Los asistentes también cuestionaron cómo se costeará un evento en Acapulco al que supuestamente asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el fin de semana.
Entre los asistentes estuvieron Gustavo Alarcón Herrera, Pánfilo Peralta Jiménez, Félix Torres Guzmán, Amada Gutiérrez Hernández, Francisco Arzola y Dorotea García.
Docentes de la secundaria técnica 2 Juan Ruiz de Alarcón, en Teloloapan, toman más de 6 horas la delegación regional de la SEG en Iguala, debido al incumplimiento de la dependencia de los acuerdos firmados en enero y agosto pasados Foto: El Sur
Alejandro Guerrero
Iguala
Profesores de la secundaria técnica Juan Ruiz de Alarcón, en Teloloapan, tomaron la delegación de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) con sede en Iguala, por el incumplimiento de la dependencia en el pago de 248 de horas frente a grupo, debidas a jubilaciones y defunciones.
El representante sindical de la institución y miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Víctor Hugo Ocampo Rodríguez, denunció que el 30 de agosto pasado firmaron una minuta de acuerdos con la SEG y representantes del gobierno estatal, en la que se ofreció dar atención a sus demandas, pero sólo se cumplió con lo relacionado al mantenimiento y rehabilitación de la secundaria técnica 2, que cumplió 65 años.
En declaraciones por teléfono, dijo que la protesta es para buscar retomar el diálogo con la SEG y que se le dé cumplimiento al pliego de demandas que hicieron desde enero de 2022 y las minutas de acuerdo firmadas. Pero los manifestantes se retiraron de la delegación a las 2:40 de la tarde, sin que hayan sido atendidos por el delegado Salomón Beltrán Barrera.
Las oficinas, ubicadas en la calle Hermenegildo Galeana junto al mercado municipal, fueron tomadas poco antes de las 7 de la mañana, y con esta acción se suspendieron también las clases para 800 alumnos, de los dos turnos que tiene la escuela, informó el también coordinador académico de la técnica, Ocampo Rodríguez.
Recordó que desde el inicio del actual ciclo escolar, en el que se empezaron a normalizar las clases presenciales, luego de la ausencia en las aulas que provocó la pandemia por Covid-19, han demandado a la SEG que se repongan 248 horas frente a grupo, que fueron dejadas por profesores que se jubilaron y otros dos de tiempo completo que murieron debido a coronavirus; además del crecimiento de la matrícula escolar en el turno vespertino, que incrementó de tres a ocho grupos.
Explicó que exigen que la SEG pague esos adeudos a los docentes, quienes han cubierto en los últimos años esos grupos y los horarios que se quedaron sin profesor titular, y que a su vez, las horas vacantes se asignen a los docentes que las han trabajado sin recibir un pago, para evitar que los alumnos se queden sin clases.
Denunció que en la SEG falta disponibilidad, debido a que las autoridades “atienden (las problemáticas) pero no las resuelven, y queremos seriedad en los tratos que hace la secretaría. Hoy decidimos retomar la protesta, esperando entablar una vía de diálogo”.
Declaró que en enero del año pasado firmaron una primera minuta de acuerdos y una segunda el pasado 30 de agosto, luego de que bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en Teloloapan, de la que el único punto que se cumplió fue el mantenimiento y rehabilitación de algunas áreas de la escuela, en la que se invirtió 1 millón 750 mil pesos, por parte del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).
Por la tarde, el profesor Víctor Hugo Ocampo informó que habían liberado las instalaciones sin ningún acuerdo, ni atención de las autoridades, por lo que solicitarán el apoyo de los padres de familia en próximas acciones de protesta que realicen.
El gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, deberá aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el gasto de 58 millones 846 mil 220 pesos, que se ejecutaron de cuatro fondos federales en 2021.
La dependencia señaló que en ese año hubo un presunto desvío de recursos por 45 millones de pesos, luego de que se pagó “deuda pública” de años anteriores con dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), lo que no está permitido por la ley.
Además, el Ayuntamiento de Igualapa debe aclarar 29 millones 171 mil 604 pesos, porque no presentó documentación del gasto de dinero de un fondo federal de infraestructura, ni informó de obras y acciones que debía realizar con ese recurso en zonas de atención prioritaria.
En la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que está formado por mil 791 hojas con observaciones a todos los estados, entre ellos Guerrero, la ASF informó que el gobierno estatal, en 2021 destinó 45 millones 621 mil pesos a pagar adeudos fiscales de ejercicios anteriores, registrados como “deuda pública”, con dinero del Fassa, lo que no está autorizado y representaría un desvío de recursos.
Detalló que además, el gobierno estatal pagó un millón 538 mil pesos a cinco servidores públicos con cargo del recurso del Fassa, con puestos de enfermeras generales tituladas A, auxiliares de enfermería A y promotor en salud, quienes no cumplieron con el perfil requerido.
Sostuvo que también pagó 254 mil pesos con recursos del Fassa, que no se comprometieron al 31 de diciembre y están pendientes de reintegrarse, así como 227 mil pesos que corresponden a rendimientos financieros generados con los recursos del Fassa y que también están pendientes de reintegrarlos.
En otra auditoría, la ASF afirmó que el gobierno estatal realizó obras sin contar con justificaciones técnicas, por lo que están pendientes de aclarar 9 millones 362 mil 45 pesos, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
También, el gobierno guerrerense deberá aclarar la ejecución de un millón 723 mil 772 pesos, dinero proveniente de las participaciones federales a entidades federativas, y que responde a incumplimientos en “servicios personales”.
Por último, la ASF indicó que el gobierno estatal no dispuso la documentación del consentimiento de los municipios de Cuajinicuilapa y Tlalchapa, con respecto a la retención de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), así como de oficios de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, por un importe de 118 mil 778 pesos.
Las cuatro observaciones al gobierno estatal suman un total de 58 millones 846 mil 220 pesos, que el gobierno morenista deberá aclarar ante la ASF.
Como informó El Sur, en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la ASF también pidió al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero que aclare 54 millones 442 mil 920 pesos, porque no documentó el destino y aplicación de gastos en “servicio personales”.
El gobierno municipal de Acapulco debe aclarar 64 millones de pesos, al no acreditar la contratación de una empresa de recolección de basura y presumió que se falsificaron facturas para el pago de equipo de bombeo, además de cometer irregularidades en la adjudicación y contratación de obras.
Además, otros 15 municipios fueron observados y tendrán que aclarar una suma de 74 millones 821 mil 161 pesos, por no acreditar el pago de servicios, contrato de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, útiles, equipos de oficina y de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua.
La coordinadora del Observatorio de Violencias Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo, denunció que al igual que en la administración anterior, el actual gobierno no atiende las medidas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.
En denuncia telefónica, señaló una campaña en redes sociales, sobre la violación con algunos datos del problema, aparentemente dirigida a los agresores.
Explicó que la octava de 13 medidas pendientes de atención, señala la realización de una campaña de comunicación social que permee en la población sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la interrupción legal del embarazo, y la prevención del abuso sexual infantil por parte de personas cercanas a la víctima.
Además, deberá contar con enfoque intercultural y utilizar medios de difusión pertinentes para la población indígena, afromexicana, adolescente y con discapacidad. Sus contenidos deben llevar información de las instancias de atención a las mujeres y niñas victimas de violencia sexual y visibilizar la responsabilidad y sanción para el agresor.
Cuestionó los mensajes de la campaña en redes sociales sobre la violación que dicen, “no insistas, Hacks para evitar una violación: presiones o chantajees a las mujeres por sexo, no emborraches o drogues a mujeres, no te involucres con mujeres menores de edad”, entre otros.
Los mensajes van acompañados con los siguientes datos: 8 de 9 delitos en México se cometen contra mujeres; 97.3 por ciento de los casos de violación no se denuncian.
Gutiérrez Sotelo denunció que es confuso a quién están dirigidos estos mensajes, tampoco deja clara la responsabilidad del agresor, no tienen pertinencia cultural ni menciona las instancias a las que pueden acudir las víctimas.
Si la intención es llegar al agresor, estimó que “tendría que hablar claramente de los delitos en que incurren al abusar de las víctimas porque no los van a sensibilizar con cifras. Aparte estas cifras no reflejan nada, mucha violencia sexual está naturalizada”.
Como sociedad civil, añadió que cada vez reciben más informes de relaciones de adultos con menores de edad, presuntamente consensuadas, “el sugar daddy es un asunto celebrado, me parece que justo si estamos tratando de desnaturalizar estas conductas, las campañas deben tener pertinencia cultural y otros medios de difusión”.
Cuando se decretó la alerta por agravio comparado del 5 de junio de 2020, recordó que tenía un plazo de cumplimiento de 18 meses que venció el 5 de diciembre de 2021, y ninguna autoridad del gobierno del estado: con ocho medidas, la Fiscalía general del Estado con tres, el Congreso local como el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso local con una cada cual, presentó resultados.
Para el primero de junio de 2022, indicó que la Secretaría de Gobernación y Conavim actualizaron las dos declaratorias de violencia de género, para levantar sólo una medida en la de Agravio Comparado, la del Congreso local con la reforma de despenalización del aborto del 20 de mayo del mismo año.
Sin embargo, la Alerta de Agravio Comparado se mantiene el mismo número de medidas porque se agregó otra más para la reparación del daño dirigida al poder judicial, la FGE y la Comisión Estatal de Víctimas
Aclaró que la alerta de agravio comparado recibió otro plazo de cumplimiento, ahora de 12 de meses para atender las medidas, y no hay información de que el gobierno haya entregado un informe de acciones de los primeros seis que concluyeron en diciembre de 2022.
Como promovente de la Alerta aseguró que el gobierno añadió que tampoco el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de seguimiento de la alerta se ha reunido para revisar el seguimiento de la implementación de la declaratoria.
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la consejera Luz Fabiola Matildes Gama, informó que las diferentes áreas técnicas del órgano realizan ajustes presupuestales para que éstos sean presentados al gobierno estatal en el proceso de negociación que realizan en busca de ampliaciones presupuestales.
En declaraciones telefónicas, la consejera presidenta comentó que los ajustes que se realizan son parte de las pláticas o negociaciones con el gobierno del estado “para ver algunas ampliaciones que pudieran autorizarnos, pero nos han pedido que les presentemos un ajuste más”.
Comentó que en el órgano electoral aún no se realizan acciones que requieren el uso de recurso público en tanto no haya claridad de las ampliaciones que pudieran tener y el presupuesto que finalmente tendrían para ejercer este año.
El IEPC había aprobado un plan operativo anual, pero las áreas técnicas realizan un ajuste para determinar qué actividades se pueden limitar “para adecuarnos al presupuesto”.
Finalmente, las áreas presentarán estos ajustes ante el Consejo General para que ahí se discuta y se apruebe “en donde se puede recortar”.
En estos acercamientos con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, dijo que la intención es también dialogar con la Secretaría de Finanzas y Administración y con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Por lo pronto, comentó Luz Fabiola Matildes que cuando se tenga la propuesta de cómo reajustar el presupuesto en las diferentes áreas lo llevarán ante el gobierno estatal para continuar con las negociaciones.
La presidenta recordó también que la creación de nuevos partidos políticos locales no representa mayor presupuesto para el órgano electoral, y que, por el contrario, sí significa una reducción de las prerrogativas a los siete partidos con registro nacional.
Puntualizó que será hasta abril cuando exista certeza de que partidos políticos locales se crearán, y a partir del primero julio se redistribuirá el recurso destinado hasta ahora a los siete partidos con registro nacional y acreditados ante el IEPC, para ser distribuido también entre los de registro estatal.
“Tendremos que redistribuir estos 171 millones a partir del mes de julio, de ese mes a diciembre se tendrán que redistribuir entre los siete partidos y los nuevos” de registro local, comentó la consejera presidenta.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades educativas, maestros de la normal urbana federal Rafael Ramírez continuarán con su paro de labores.
Los manifestantes recriminaron que cumplieron tres semanas en protesta y no han sido atendidos, ni por parte de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ni por el gobierno estatal.
Manifestaron que a pesar de las movilizaciones que han realizado en la capital, no les ha resuelto la demanda de que continúe el proceso de promoción para ocho de sus compañeros.
Los docentes también piden la destitución de la titular de la Dirección de Registro y Control de Plazas de la SEG, Silvia Tecoapa, y de la jefa de Operaciones de Servicios Escolares de Educación Media Superior y Superior, Erika Lizeth Urióstegui Cuenca, encargadas del proceso de promoción, porque aseguraron que lo obstaculizan.
Los docentes informaron que si no tienen respuesta a sus peticiones continuarán con sus manifestaciones. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Trabajadores del restaurante Beto’s solicitaron la intervención de los gobiernos federal y estatal, para que el propietario del negocio les pague sus salarios y prestaciones laborales, que les adeudan desde hace más dos años.
Este viernes por la tarde, habían convocado a un bloqueo en la avenida Costera, pero desistieron y dieron una conferencia de prensa afuera del restaurante, donde tienen la bandera de huelga.
El secretario del Sindicato de la Industria Hotelera y Gastronómica de la CTM, Raúl Ramírez Gallardo, dijo que la empresa se ha estado “burlando” de los trabajadores y no ha pagado la indemnización, salarios caídos y prestaciones.
“Nos hicieron el ofrecimiento, para resolver el conflicto el 15 de diciembre, y aceptamos que en tres exhibiciones se hiciera el pago. Se supone que para estas fechas ya debería estar el tercer pago y nada, no vemos con claridad y estamos pidiendo que los gobiernos del estado, municipal y federal volteen los ojos al conflicto”, declaró.
Abundó que el llamado al gobierno es a que convoque al empresario “para resolver el conflicto. Ya se nos murieron tres compañeros, tenemos varios enfermos, no queremos ver un compañero más fallecido, sin que tenga su dinero”.
Recordó que como trabajadores han sido flexibles y prudentes con la manifestación, “pero vamos a subir el tono, vamos alzar la voz, con bloqueos. No sé qué tengamos que hacer para llamar la atención y que nos resuelvan el conflicto de los trabajadores”.
“No hemos recibido nada, ni un solo peso. Tenemos con la huelga dos años, 22 meses para ser más exactos. Son ocho años sin percibir ninguna prestación, como vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, creo que es justo y necesario que volteen a ver a los compañeros huelguistas, y pedir al empresario a la gobernadora que sean sensibles”, dijo.
Ramírez Gallardo explicó que son 26 trabajadores los que están en espera de su indemnización, y que el dueño, Héctor Rodríguez Escalona, les adeuda 9 millones de pesos, “nosotros habíamos aceptado un ofrecimiento que nos hicieron, de 3 millones de pesos, pero ni eso, sólo ha quedado en promesas”.
