El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que en Guerrero no han recibido denuncias de extorsión de las empresas mineras, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reiteró nuevamente ayer en su conferencia matutina.
Reynoso Núñez señaló que las empresas “deben de haber expresado alguna otra cosa allá”, y que el gobierno federal aún no les ha “bajado esa información”.
De manera extraoficial se conoció que el presidente se refirió a las empresas Altaley Mining Corporation que opera en Campo Morado, municipio de Arcelia –zona controlada por el grupo La Familia Michoacana– y Torex Gold Resources, que maneja la mina Media Luna ubicada en el municipio de Cocula donde se mueven remanentes del grupo Guerreros Unidos.
Este jueves, en su conferencia matutina López Obrador señaló por segundo día consecutivo que hay dos empresas mineras de Canadá en Guerrero que manifestaron problemas para poder trabajar, debido a que son extorsionadas por grupos delictivos.
Consultado al respecto ayer en las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en Chilpancingo, antes de iniciar el evento de la firma del convenio de colaboración entre Selgalmex y el gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso afirmó que ayer dialogaron “con las empresas y ellos dijeron que no han recibido amenazas de extorsión, se aclaraba que hay muchas más empresas en el país en la explotación de minas, no necesariamente en el estado, probablemente se esté dando en otros estados o estén manejando su información a nivel federal, que no nos ha llegado nosotros, pero en el estado no habido denuncias de extorsión no”.
–¿Ya se comunicaron a raíz de la información que da el presidente en sus conferencias matutinas con la Secretaría de Gobernación, de Economía o con Presidencia?
–Sí, ellos normalmente cuando se da un tema de seguridad de este tipo, lo remiten a la Mesa Estatal (de Seguridad). Hasta la sesión del día de hoy no se ha remitido nada, entonces vamos a esperar a que nos señalen con puntualidad cuáles son los casos, pero repito, ayer al menos dos empresas nos dijeron nosotros no tenemos ninguna tema (de extorsión), la de Mezcala y la de Cocula.
El secretario general de Gobierno se refirió a las empresas Minera Media Luna, propiedad del grupo canadiense Torex Gold Resources, ubicada en El Limón-Guajes, en el municipio de Cocula, y a la Mina Los Filos, de la empresa canadiense Equinox Gold Corp, ubicada en Mezcala, municipio de Eduardo Neri.
–¿Entonces el presidente está mintiendo o qué información tendrá?
–No, yo creo que deben de haber expresado alguna otra cosa allá (las empresas), pero con la precisión que a nosotros nos han señalado no, no nos han bajado esa información, si se da o si se presenta o si se presentó en el caso de Guerrero nos lo harán saber y nosotros también lo comunicaremos.
–¿Ya se comunicaron con los ejecutivos de Torex Gold entonces?
–Sí, yo hablé con Torex, hablamos con Equinox, y se habló con los de Capela y no se han dado estos casos (de extorsión), al menos ellos no nos los han manifestado directamente.
–¿Cuál es la situación de Capela, entendiendo que hay un conflicto social entre dos grupos armados en Teloloapan y Apaxtla?
–A ellos les preocupaba esa parte, y fue uno de los puntos que se trató en la reunión con ellos, nos dicen que hasta el momento no han tenido obstrucción a las actividades de la mina, pero obviamente les preocupa el conflicto que se está dando en la región.
“Nosotros nos mantenemos ahí, tenemos una cantidad importante de elementos tanto de la Policía del Estado, como de las dependencias federales y vamos a seguir en la zona, no vamos a dejarla”.
Presencia de la Familia michoacana en Tierra Caliente
Fuentes extraoficiales del sector minero consultadas ayer, informaron que las empresas a las que se refirió el presidente López Obrador son Altaley Mining, que opera en Campo Morado, en el municipio de Arcelia, y Minera Media Luna, del consorcio Torex Gold Resources, que explota las tierras del municipio de Cocula.
El 31 de octubre pasado El Sur publicó una investigación de los informes de inteligencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por los hackers Guacamaya, en los que se indica que los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, los jefes de La Familia michoacana en la Tierra Caliente, tomaron parte de las actividades de la mina de Campo Morado, pertenecientes a la empresa Telson Mining, actualmente Altaley Mining, donde obtuvieron ganancias millonarias mensuales al menos registradas en 2018.
De acuerdo con lo publicado por El Sur la participación de la organización criminal en la mina se dio en el transporte de material y de personal, con camiones góndola. Telson Mining Corporation cerró operaciones por problemas de seguridad en septiembre de 2019 y reanudó trabajados en febrero de 2020, sin embargo, en mayo de 2021 reestructuró su Junta Directiva y cambió su nombre a Altaley Mining.
Por su parte, Torex Gold, con la Minera Media Luna, también de origen canadiense, en noviembre de 2017 enfrentó un paro laboral debido a que un grupo de trabajadores exigían el cambio de sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMMSSRM).
Sin embargo, en enero de 2018 hombres armados ejecutaron a balazos al ex trabajador de la minera Media Luna y uno de los dirigentes de los bloqueos, Quintín Salgado Salgado, de 37 años de edad, en el centro de la comunidad Nuevo Balsas, desde ese entonces en la zona se estableció la policía comunitaria del Nuevo Balsas, que tiene relación con la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), y de quienes recientemente, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, reconoció que no les llamaría policías comunitarios sino “grupos armados que actúan de manera irregular”.
Planteó Trudeau a López Obrador los casos de extorsión a dos mineras en Guerrero
Ya se atiende el reclamo de las empresas canadienses, dice el presidente, quien por segundo día aborda el problema en su conferencia
Antonio Baranda y Claudia Guerrero / Agencia Reforma
Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer que dos mineras canadienses han reclamado por extorsiones de grupos de la delincuencia en Guerrero.
Por segundo día consecutivo, López Obrador informó que hay dos empresas mineras de Canadá en el estado de Guerrero que han manifestado que tienen problemas para trabajar, debido a que son extorsionadas por grupos delictivos.
El mandatario afirmó que ya se está atendiendo el reclamo de las empresas.
“Hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos sólo problemas en dos, y además tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican a la delincuencia”, declaró.
“Pero ya los estamos atendiendo, pero solamente dos”, aseveró en su conferencia mañanera este jueves en Palacio Nacional.
El miércoles, López Obrador informó que el gobierno de Justin Trudeau se ha quejado porque el crimen extorsiona y no deja operar a dos mineras canadienses en Guerrero.
Al hablar de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el mandatario también admitió entonces que su gobierno tiene diferencias con Canadá por la “cuestión eléctrica”.
“Dos (mineras) se quejan que no los dejan trabajar en Guerrero, que es cierto, que los extorsionan”, dijo ese día, pero no indicó qué empresas son.
De acuerdo con reportes, minas de oro y plata han padecido extorsiones en los municipios Eduardo Neri, Tepecoacuilco, Cocula, Huitzuco, Copalillo, Heliodoro Castillo y Atenango del Río.
El mandatario dijo que ya se resolvieron cuatro problemas con empresas canadienses del sector eléctrico, tras petición del primer ministro de Canadá.
“Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades, ahora que vino el primer ministro Trudeau me pidió que si los atendíamos, y personalmente, con el gabinete económico, atendimos a cuatro empresas canadienses”, señaló.
“Y resolvimos los cuatro problemas sin ningún obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico y así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación”, aseguró el mandatario, este jueves, en respuesta a una pregunta.
De inmediato se refirió a las 125 mineras canadienses y la queja de sólo dos en Guerrero.
Agregó que durante su administración, la mayoría de las empresas canadienses relacionadas con la minería apoyan al manejo del medio ambiente y de las comunidades en las que se establecen, además de asegurar que son las que más pagan a los trabajadores del sector.
López Obrador inició este miércoles conversaciones con representantes de empresas canadienses inconformes, luego de ofrecer a Trudeau un canal de diálogo directo con ellas.
El diferendo con dichas empresas tiene que ver con plantas eléctricas de empresas canadienses que cuentan con permisos de autoabasto.
Para López Obrador, esta modalidad de generación de energía es “fraude legal”, por lo que ha insistido en que su gobierno no va permitirlo.
El autoabasto permitía a personas físicas y morales generar electricidad para su consumo y, con ella, acceder a un suministro más competitivo que el ofrecido por la CFE (Con información de Juan Luis Altamirano Uruñuela).
Si la federación recibió denuncias de
mineras, aún no las comparte: Ludwig
Hubo comunicación ayer con las empresas canadienses en el estado y no les informaron de casos de extorsión, dice el secretario de Gobierno. En la Mesa de seguridad tampoco se atendió ninguna queja. Fuentes del sector minero informaron que las empresas a las que se refirió el presidente López Obrador son Ataley Mining que opera en Campo Morado, Arcelia, y Torex Gold Resources de la Minera Media Luna que está en Cocula
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que en Guerrero no han recibido denuncias de extorsión de las empresas mineras, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reiteró nuevamente ayer en su conferencia matutina.
Reynoso Núñez señaló que las empresas “deben de haber expresado alguna otra cosa allá”, y que el gobierno federal aún no les ha “bajado esa información”.
De manera extraoficial se conoció que el presidente se refirió a las empresas Altaley Mining Corporation que opera en Campo Morado, municipio de Arcelia –zona controlada por el grupo La Familia Michoacana– y Torex Gold Resources, que maneja la mina Media Luna ubicada en el municipio de Cocula donde se mueven remanentes del grupo Guerreros Unidos.
Este jueves, en su conferencia matutina López Obrador señaló por segundo día consecutivo que hay dos empresas mineras de Canadá en Guerrero que manifestaron problemas para poder trabajar, debido a que son extorsionadas por grupos delictivos.
Consultado al respecto ayer en las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en Chilpancingo, antes de iniciar el evento de la firma del convenio de colaboración entre Selgalmex y el gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso afirmó que ayer dialogaron “con las empresas y ellos dijeron que no han recibido amenazas de extorsión, se aclaraba que hay muchas más empresas en el país en la explotación de minas, no necesariamente en el estado, probablemente se esté dando en otros estados o estén manejando su información a nivel federal, que no nos ha llegado nosotros, pero en el estado no habido denuncias de extorsión no”.
–¿Ya se comunicaron a raíz de la información que da el presidente en sus conferencias matutinas con la Secretaría de Gobernación, de Economía o con Presidencia?
–Sí, ellos normalmente cuando se da un tema de seguridad de este tipo, lo remiten a la Mesa Estatal (de Seguridad). Hasta la sesión del día de hoy no se ha remitido nada, entonces vamos a esperar a que nos señalen con puntualidad cuáles son los casos, pero repito, ayer al menos dos empresas nos dijeron nosotros no tenemos ninguna tema (de extorsión), la de Mezcala y la de Cocula.
El secretario general de Gobierno se refirió a las empresas Minera Media Luna, propiedad del grupo canadiense Torex Gold Resources, ubicada en El Limón-Guajes, en el municipio de Cocula, y a la Mina Los Filos, de la empresa canadiense Equinox Gold Corp, ubicada en Mezcala, municipio de Eduardo Neri.
–¿Entonces el presidente está mintiendo o qué información tendrá?
–No, yo creo que deben de haber expresado alguna otra cosa allá (las empresas), pero con la precisión que a nosotros nos han señalado no, no nos han bajado esa información, si se da o si se presenta o si se presentó en el caso de Guerrero nos lo harán saber y nosotros también lo comunicaremos.
–¿Ya se comunicaron con los ejecutivos de Torex Gold entonces?
–Sí, yo hablé con Torex, hablamos con Equinox, y se habló con los de Capela y no se han dado estos casos (de extorsión), al menos ellos no nos los han manifestado directamente.
–¿Cuál es la situación de Capela, entendiendo que hay un conflicto social entre dos grupos armados en Teloloapan y Apaxtla?
–A ellos les preocupaba esa parte, y fue uno de los puntos que se trató en la reunión con ellos, nos dicen que hasta el momento no han tenido obstrucción a las actividades de la mina, pero obviamente les preocupa el conflicto que se está dando en la región.
“Nosotros nos mantenemos ahí, tenemos una cantidad importante de elementos tanto de la Policía del Estado, como de las dependencias federales y vamos a seguir en la zona, no vamos a dejarla”.
Presencia de la Familia michoacana en Tierra Caliente
Fuentes extraoficiales del sector minero consultadas ayer, informaron que las empresas a las que se refirió el presidente López Obrador son Altaley Mining, que opera en Campo Morado, en el municipio de Arcelia, y Minera Media Luna, del consorcio Torex Gold Resources, que explota las tierras del municipio de Cocula.
El 31 de octubre pasado El Sur publicó una investigación de los informes de inteligencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por los hackers Guacamaya, en los que se indica que los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, los jefes de La Familia michoacana en la Tierra Caliente, tomaron parte de las actividades de la mina de Campo Morado, pertenecientes a la empresa Telson Mining, actualmente Altaley Mining, donde obtuvieron ganancias millonarias mensuales al menos registradas en 2018.
De acuerdo con lo publicado por El Sur la participación de la organización criminal en la mina se dio en el transporte de material y de personal, con camiones góndola. Telson Mining Corporation cerró operaciones por problemas de seguridad en septiembre de 2019 y reanudó trabajados en febrero de 2020, sin embargo, en mayo de 2021 reestructuró su Junta Directiva y cambió su nombre a Altaley Mining.
Por su parte, Torex Gold, con la Minera Media Luna, también de origen canadiense, en noviembre de 2017 enfrentó un paro laboral debido a que un grupo de trabajadores exigían el cambio de sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMMSSRM).
Sin embargo, en enero de 2018 hombres armados ejecutaron a balazos al ex trabajador de la minera Media Luna y uno de los dirigentes de los bloqueos, Quintín Salgado Salgado, de 37 años de edad, en el centro de la comunidad Nuevo Balsas, desde ese entonces en la zona se estableció la policía comunitaria del Nuevo Balsas, que tiene relación con la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), y de quienes recientemente, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, reconoció que no les llamaría policías comunitarios sino “grupos armados que actúan de manera irregular”.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, señaló que hay un error en la información que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre extorsiones a empresas mineras canadienses en la entidad, que informó ayer en su conferencia matutina en Palacio nacional.
En tanto la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, informó que las dos empresas mineras canadienses que trabajan en Guerrero no les han señalado que tengan problemas para trabajar ni que sean extorsionadas.
Consultado vía telefónica sobre la información del presidente, el secretario de Gobierno señaló que conversó con algunos representantes de las compañías y con la secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, y descartaron ese supuesto.
Reynoso Núñez indicó que esta misma semana conversó con representantes de la empresa Peñoles, propietaria de la mina Capela en Teloloapan, “les pregunté si habían tenido amenazas y el director nos dijo que no, que no tenían problemas, que el problema afecta a la gente local, que al menos ellos no recibían amenazas ni extorsiones”.
Un par de horas antes de la entrevista que se realizó la tarde noche, indicó que habló con la directora general de la empresa Torex Gold, que opera la Media Luna, y confirmó que debió tratarse “de un gran error” en la reunión que refirió el presidente de la República, porque no están viviendo este problema en el estado.
Asimismo, informó que Ramírez Vega se comunicó con directivos de la empresa Equinox, que opera la mina Los Filos en la comunidad de Mezcala, y tampoco han sido amenazados o extorsionados, al menos de forma directa.
Es decir, ellos señalaron que tienen conocimiento de proveedores que sí han enfrentado esta situación de manera aislada, sin precisar si son los negocios locales que ofrecen algunos servicios a la empresa.
Asimismo, indicó que el gobierno estatal se reunió ayer con representantes de una minera que va a comenzar operaciones en la parte de Cuetzala, y uno de los puntos de trabajo fue la seguridad que observan en el estado.
Por lo tanto, sostuvo que las mineras realizan sus trabajos con normalidad, aunque haya contratiempos por bloqueos carreteros como los que realizó la llamada Policía Comunitaria Tecampanera el año pasado.
Antes, la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, informó que de las dos empresas mineras canadienses que trabajan en Guerrero, Torex Gold y Equinox Gold, en las mesas de trabajo que han sostenido anteriormente no les han señalado que tengan problemas para trabajar ni que sean extorsionados, como lo aseguró ayer en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Afirmó que luego de que el mandatario federal dio esa información, contactó a los directivos de ambas empresas, y hasta la tarde de ayer sólo Torex Gold le respondió que no tenían el problema que indicó el presidente en su conferencia, pero confirmó que la empresa Peñoles ya solicitó apoyo al gobierno del estado ante los problemas sociales que se viven en Teloloapan.
La mañana de este miércoles en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existen dos mineras de origen canadiense que presentaron quejas debido a que no pueden trabajar en el estado de Guerrero por extorsiones.
Al respecto, entrevistada vía telefónica, la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del gobierno del estado, Teodora Ramírez Vega, contó que luego de las declaraciones del presidente consultó a “las dos empresas mineras que tenemos aquí, son Torex Gold y Equinox Gold, he hablado con uno de los ejecutivos, me ha comentado que creo hubo alguna mala información, sin embargo, las dos empresas al menos una de ellas de manera directa me señaló que no es ninguna de las dos de las señaladas” por el presidente.
Sostuvo que “hay 125 empresas canadienses en México, entonces ahí yo creo fue la información que se utilizó mal, hemos estado hablando con ellas (las empresas), estoy por confirmar con Equinox Gold, pero tampoco señalan que estén teniendo problemas para trabajar”.
Expuso que esperaba que en el transcurso de la tarde pudiera dialogar con directivos de la minera Equinox Gold “para poder descartar (los declaraciones que dio el presidente), pero básicamente ya hemos estado en contacto con ellos, han atendido varias cuestiones, sin embargo, en particular de extorsiones no ha estado en las mesas de las sesiones de trabajo (anteriormente con funcionarios del gobierno del estado)”.
Se le preguntó si otras empresas mineras como Peñoles, que tienen la mina Capela, han solicitado apoyo al gobierno del estado debido a los conflictos armados que se viven en Teloloapan, entre La Policía Comunitaria Tecampanera contra la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), Ramírez Vega respondió que se reunieron recientemente con el director general de grupo Peñoles, (Rafael Rebollar González) lo atendió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, lo estuvimos atendiendo y estuvimos en pláticas con ellos”.
Reconoció que “hay una situación un tanto compleja, sin embargo se están tomando las acciones pertinentes, por el problema y lo delicado yo no puedo compartir información a detalle, pero estamos atendiendo la petición de apoyo por parte de la empresa”.
Teodora Ramírez manifestó que tienen comunicación tanto con grupo Peñoles, así como con Equinox Gold y Torex Gold, así como Altaley Mining, las cuatro mineras que laboran en Guerrero “es una comunicación bastante estrecha, estamos trabajando en ello, nuestra gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) nos ha instruido a estar atentos, pero igual que a ellas, atender las peticiones de la población, de los comunitarios y en conjunto y en estrecha coordinación tanto la Secretaría General de Gobierno como la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico hemos estado sosteniendo reuniones constantes con las mineras”.
Reiteró que en octubre pasado se instaló el Consejo de Minería del Estado de Guerrero, donde participaron ejecutivos de las mineras y analizaron aspectos del ámbito económico social y comunitario.
Ramírez Vega dijo que es importante aclarar el hecho de que a las mineras no se les extorsiona, y reconoció el interés que existe de Torex Gold de seguir invirtiendo en Guerrero, dijo que prueba de ello es que sus directivos “están fuera del país precisamente dando seguimiento a las inversiones que están realizando en Guerrero”.
Recientemente, el 11 de enero, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su visita a México para la Cumbre de Líderes de América del Norte, se reunió con los ejecutivos Torex Gold, la directora ejecutiva, Jody Kuzenko, y el vicepresidente de operaciones en México, Faysal Rodríguez, “para hablar sobre la minería sustentable y responsable” de esta compañía en México, informó el mandatario mediante su cuenta oficial de Twitter, en la que además destacóque “Canadá es el inversionista extranjero más grande en el sector minero de México”.
Más tarde, se buscó por segunda ocasión a Teodora Ramírez para conocer si la segunda empresa minera le había respondido, pero ya no se logró contactarla.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, justificó que los asesinatos en Acapulco se dan entre grupos de la delincuencia organizada y no contra la población.
La semana pasada del lunes al sábado asesinaron en Acapulco a 18 personas en diferentes hechos de violencia, al respecto fue consultado el funcionario estatal, al finalizar el cumpleaños del senador, Félix Salgado, en Chilpancingo.
Dijo que el gobierno estatal estaba trabajando para combatir los hechos delictivos, por lo que han llegado más militares y de la Guardia Nacional, –pero a pesar de eso casi diario hay cuatro muertos en Acapulco–, se le recordó.
“Son acciones que se dan entre grupos de la delincuencia organizada. Estamos trabajando en eso, la violencia que se ha dado no es en contra de la población, es básicamente enfrentamiento de los grupos”.
A pregunta expresa que, si los agentes de la Guardia Nacional se retiran de Acapulco, indicó que hay relevos normales que se van dando.
Ludwig Marcial Reynoso Núñez informó que la Guardia Nacional y el Ejército tienen sus propias logísticas.
Los asesinatos se dan sólo entre grupos del crimen organizado, justifica Ludwig Reynoso
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, justificó que los asesinatos en Acapulco se dan entre grupos de la delincuencia organizada y no contra la población.
La semana pasada del lunes al sábado asesinaron en Acapulco a 18 personas en diferentes hechos de violencia, al respecto fue consultado el funcionario estatal, al finalizar el cumpleaños del senador, Félix Salgado, en Chilpancingo.
Dijo que el gobierno estatal estaba trabajando para combatir los hechos delictivos, por lo que han llegado más militares y de la Guardia Nacional, –pero a pesar de eso casi diario hay cuatro muertos en Acapulco–, se le recordó.
“Son acciones que se dan entre grupos de la delincuencia organizada. Estamos trabajando en eso, la violencia que se ha dado no es en contra de la población, es básicamente enfrentamiento de los grupos”.
A pregunta expresa que, si los agentes de la Guardia Nacional se retiran de Acapulco, indicó que hay relevos normales que se van dando.
Ludwig Marcial Reynoso Núñez informó que la Guardia Nacional y el Ejército tienen sus propias logísticas.
Hallan un hombre desmembrado y matan a balazos a marino retirado; suman ya 31 muertos en enero
Los hechos, ayer en San Andrés Playa Encantada y el sábado en la colonia Libertad
Redacción
Un marino retirado asesinado a balazos y un hombre desmembrado, fueron los diferentes hechos de violencia el sábado y domingo en Acapulco.
Ayer un hombre desmembrado fue encontrado, en el poblado de San Andrés Playa Encantada.
El hallazgo fue reportado a las 9:22 de la mañana, cerca del restaurante Caracol, ubicado en el lado de la laguna, informaron policías ministeriales.
Policías mediante una llamada de emergencia encontraron en tres costales los restos del hombre, mientras que la cabeza afuera de una bolsa negra.
Los familiares recogieron los restos humanos y se lo llevaron en una carretilla a su casa, en presencia de los policías de la diversas corporaciones policiacas.
Testigos dijeron a la policía que hombres armados arrojaron los restos humanos desde un automóvil en movimiento.
Los restos humanos fueron dejados afuera de una casa y un techado de lámina y madera, en una zona de terracería.
Más tarde se supo que el hombre se llamó Larry, de 38 años, originario del poblado de Barra Vieja, de acuerdo a los vecinos.
El poblado de San Andrés Playa Encantada, está ubicada antes del poblado de Barra Vieja, en la salida del municipio de Acapulco en dirección a la región de la Costa Chica.
Por otra parte, el sábado un marino retirado fue asesinado de varios impactos de bala, en la colonia Libertad, en la zona suburbana del municipio.
En el reporte policiaco se informó que a las 10:35 de la mañana del sábado se alertó que en la calle Ignacio Elizondo esquina con Miguel Hidalgo, había un hombre herido de bala.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios, pero la víctima ya había muerto, de tal manera que policías acordonaron la escena del crimen.
La versión policiaca, afirma que dos civiles armados se acercaron y le dispararon contra el hombre varias ocasiones.
En la escena del crimen se localizaron cuatro casquillos percutidos, y un vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru verde con dos impactos de bala en el parabrisas y uno en el cofre.
La víctima fue identificada por sus vecinos como Miguel Ángel, un marino retirado.
Peritos de la Fiscalía y agentes del Ministerio Público, realizaron las diligencias y después ordenaron el levantamiento del cuerpo del Servicio Médico Forense.
Con estos casos suman 31 muertos en los primeros días del año en Acapulco, presuntamente relacionado con el crimen organizado, de acuerdo a un conteo de El Sur.
Sin avance desde hace 4 años, la pesquisa de joven desaparecido por policías municipales
La madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, joven supuestamente desaparecido por policías municipales, Socorro Gil Guzmán, señaló que no hay avances en las indagatorias y que no hay un solo nombre de los elementos implicados.
Dijo que su hijo fue detenido y desaparecido por policías municipales luego de ir a jugar a las canchas ubicadas en el malecón el 5 de diciembre de 2018.
Informó que este viernes fue atendida por autoridades en la Fiscalía Regional en Acapulco, donde se le informó que continúan las indagatorias de la carpeta de investigación, sin embargo dijo que no hay nada nuevo, no hay avances porque siguen sin saber las autoridades qué elementos participaron en la desaparición de su hijo.
Informó que se acordó otra reunión la próxima semana y confió en que para entonces haya algo, porque a poco más de cuatro años de la detención y desaparición de su hijo no hay nadie detenido y consignado. (Jacob Morales Antonio).
Ejecutan a un hombre en Coyuca de Benítez y a otro en Huitzuco donde reportan un herido
Hallan muerto a un adulto mayor que estaba desaparecido desde el 9 de enero en Buenavista de Cuéllar
Redacción
Chilpancingo
El domingo un hombre fue asesinado a balazos en su camioneta en el poblado El Conchero en Coyuca de Benítez, y un joven de 25 años fue ejecutado por civiles armados que irrumpieron la noche del sábado en una cantina en Huitzuco, hecho del que trascendió que otro joven resultó herido.
Fuentes policiacas informaron que el ataque a balazos en Huitzuco ocurrió alrededor de las 11 de la noche del sábado dentro de la cantina Mix, a orilla de la carretera estatal a Iguala.
Dentro del negocio fue hallado muerto un muchacho de unos 25 años que fue identificado como Carlos, quien recibió impactos de bala en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Testigos de los hechos informaron a las autoridades que un grupo armado irrumpió en la cantina y disparó contra los clientes que había en una mesa, y en su huida dejaron un pedazo de cartón con un mensaje escrito. “Esto les va a pasar a todos los Tlacos: Atte. Los Tres colores”, decía el texto que aparentemente alusión al grupo delictivo La Bandera.
En la zona del ataque fueron asegurados siete casquillos percutidos calibre .9 milímetros y trascendió que otro joven resultó herido durante la agresión, pero no fue confirmado por las autoridades ni por las fuentes consultadas.
En Coyuca de Benítez
A las 3 de la tarde del domingo fue reportado el asesinato de un hombre en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en El Conchero, municipio de Coyuca de Benítez.
En una llamada de emergencia agentes policiacos fueron alertados de detonaciones de arma de fuego.
La versión policiaca indica que dos hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron a su víctima cuando iba en su camioneta de la marca Jeep tipo Grand Cherokee.
Un pistolero disparó contra el conductor de la camioneta cuando iba cruzando un tope de la vialidad, al disminuir la velocidad.
El vehículo quedó en el sentido Coyuca de Benítez a Acapulco y se supo que causó asombro de los automóvilistas que iban pasando por el lugar.
Ante esta situación, familiares se llevaron la camioneta con el cuerpo del hombre asesinado a su casa, y los policías solamente encontraron casquillos percutidos.
Buenavista de Cuéllar
La tarde del sábado fue localizado muerto el adulto mayor Jorge Landa Ocampo, de 64 años, quien estaba desaparecido desde el 9 de enero en el municipio de Buenavista de Cuéllar, luego de que salió de cacería a un cerro de la cabecera municipal.
Este sábado alrededor de las 3 de la tarde familiares del señor informaron mediante las redes sociales que había sido localizado, lo mismo hizo el gobierno municipal que además publicó una esquela dando el pésame a la familia.
La desaparición se dio a conocer el jueves mediante un boletín de búsqueda que publicó la Fiscalía General del Estado (FGE), e informó que ese mismo día los familiares habían hecho la denuncia de la desaparición ocurrida el lunes.
El gobierno del alcalde petista, Rubén Salgado Alemán había informado de la conformación de brigadas de búsqueda del señor Jorge con el apoyo de rescatistas de Protección Civil estatal y municipal, familiares y pobladores voluntarios.
Informó que de acuerdo con información que sus familiares ofrecieron, el señor salió de su casa el lunes para ir de cacería rumbo al cerro Acatitlán, zona hacia la que se desplegaron las brigadas de búsqueda. El sábado se informó que había sido hallado muerto en un paraje de esa zona, y sin dar más detalles al respecto, solo se indicó que la causa de la muerte habría sido “natural”. (Alejandro Guerrero/Iguala)
Representantes de los cuatro nuevos municipios: San Nicolás, Santa Cruz del Rincón, Ñuu Savi y Las Vigas, pidieron al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que el Congreso del Estado en enero agilice la instauración de los nuevos cabildos.
Además, el gobierno estatal informó sobre la gestión de las claves de las nuevas demarcaciones ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con las que podrán recibir recursos federales.
El 1 de diciembre, en sesión, el Congreso local le otorgó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, un segundo plazo de 120 días para emitir un dictamen, en el que designe a los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios, porque su primer plazo concluía el 3 de diciembre.
Contactado por teléfono, Felipe de la Cruz, representante del comité gestor del nuevo municipio de San Nicolás, informó que el jueves 15 de diciembre se reunieron 14 representantes de los cuatro nuevos municipios, con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, en sus oficinas del poder Ejecutivo, en Chilpancingo.
Contó que le expresaron al secretario que “los pueblos están desesperados porque todavía no se instituyen los ayuntamientos y el Congreso pidió la prórroga de 120 días. Le dijimos que para nosotros es demasiado tiempo, y le pedimos que agilice los movimientos, para que no sean los 120 días que pidieron los diputados”.
“Pensamos que posiblemente en enero ya se estén instituyendo los ayuntamientos, porque hay muchas gestiones que tienen que hacer los que queden como representantes de los pueblos. También nos informó (el secretario) que el gobierno estatal ya tiene las cuatro claves de Inegi para los municipios, lo que nos darán la facilidad de ahorrarnos tiempo de gestión y con ello el gobierno federal nos tome en cuenta”.
Aseguró que Reynoso Núñez les argumentó que el aplazamiento en el Congreso se debió a detalles técnicos en cuanto a la separación de recursos, porque para asignar presupuesto a los nuevos municipios no es tan fácil, “está detenido en esa parte, porque están haciendo los estudios para no generar conflictos después”.
Felipe de la Cruz mencionó que Ludwig Marcial se comprometió a darle seguimiento, para que a la brevedad posible se instituyan los nuevos municipios, “porque también para ellos es una responsabilidad darle respuesta”.
“Esperemos que cumplan el compromiso y que las cosas salgan, porque los pueblos son los que más lo necesitan”, comentó.
Fue hasta el 20 de diciembre que, en un boletín del gobierno estatal, se informó que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, recibió del director regional Centro-Sur del Inegi, Jorge Valdovinos Espinosa, las claves geoestadísticas de los cuatro municipios de nueva creación: Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, “con los que podrán acceder a recursos y programas estatales y federales, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Añadió que en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario destacó la importancia de estas claves geoestadísticas de los municipios de nueva creación, “que son producto de la lucha social de las y los guerrerenses, de la voluntad los diputados, y de la coordinación y compromiso de esta administración con la justicia, el bienestar y desarrollo”.
“Dichas claves también fueron integradas al Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y localidades, que se podrán consultar en: ”, agregó el boletín.
En entrevista con El Sur, el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, afirmó que la creación de los municipios es el primer paso y el segundo paso fue gestionar las claves de los municipios ante el Inegi, para que sean reconocidos dentro de la geografía del país.
Sostuvo que la gobernadora Evelyn Salgado fue quien pidió que se hicieran los trámites con el Inegi, porque sin las claves “no se les puede transferir recursos (a los nuevos municipios), sin claves no son reconocidos por el gobierno federal para la distribución de participaciones federales del Ramo 33”.
Afirmó que con las claves se ofrece a la población certeza de que ya podrán recibir transferencias de recursos en cuanto sean instituidos los cuatro nuevos cabildos y mencionó que son necesarias para que tramiten su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
“Todos los municipios deben tener un RFC, porque les otorgan sellos fiscales; es decir, la capacidad de emitir un documento fiscal cuando el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas les envía los recursos y tienen que timbrar un comprobante fiscal, entonces con estas claves del Inegi ya tienen las condiciones para que puedan funcionar como tal”, expuso.
Sostuvo que en una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, les presentó un análisis de cómo podrían distribuir los recursos del Ramo 33 a los cuatro nuevos municipios, “tenemos una dificultad, que tiene que ver con el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que es el principal fondo de los municipios, porque su distribución está en función del nivel de pobreza extrema”, pero explicó que el índice de pobreza de los municipios los da Coneval cada cinco años, “pero no a nivel localidad”.
Manifestó que el análisis por localidades ya lo hicieron y se lo presentaron con la fórmula de distribución de los recursos a la Secretaría de Bienestar, que es el ente que los válida, y al Congreso local.
Aseguró que en la Secretaría de Planeación ya presentó una propuesta de redistribución del recurso de los municipios de donde se desprenden las nuevas demarcaciones, “el que decide es el Congreso, la aprobación no la hace el gobierno del estado, la decisión está de aquel lado y la conformación de las autoridades mismas, si el municipio no está conformado, no puedes transferirle ningún peso de recursos federales”.
A la comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que no emitió el dictamen para instituir los ayuntamientos, la presidente es la priista Alicia Zamora Villalba; la secretaria es la morenista, Leticia Castro Ortiz, y los vocales son los morenistas, Alfredo Sánchez Esquivel y Andrés Guevara Cárdenas, así como la perredista, Elzy Camacho Pineda.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, informó que atienden a 755 familias, que suman 2 mil 573 personas víctimas de desplazamiento interno forzado a causa de la violencia provocada por la delincuencia organizada y la falta de presencia de las fuerzas armadas, y reconoció que no hay dinero etiquetado para atender a este sector vulnerable, a partir de la desaparición por parte del gobierno federal del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
En su informe leído ante el pleno del Congreso local como parte de la glosa por el primer año de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, el encargado de la política interna de Guerrero dijo que destinaron un presupuesto de 5 millones 300 mil pesos para entregar apoyos y fortalecer las condiciones de vida de las víctimas de desplazamiento forzado.
Reynoso Núñez reconoció que para atender a las víctimas de desplazamiento “no hay un presupuesto asignado, anteriormente, hasta antes de la desaparición del Fonden, la atención se daba a través de este fondo, se daban los apoyos emergentes que se dan en un primer momento”, y posteriormente se atiende a través de la secretaría de Gobierno con apoyo alimentario y ahora se pide la atención de todas las dependencias.
Por Morena la diputada Yoloczin Domínguez Serna preguntó al secretario, que tan efectivas han resultados las acciones para atender a las personas desplazadas y cuáles son los resultados. En respuesta, Reynoso Núñez dijo que hasta hace un par de años por parte del Estado mexicano no se tenía reconocimiento de este fenómeno que afecta a parte importante de los ciudadanos.
Y destacó que durante el primer año del actual gobierno no se han generado nuevos casos de desplazamientos en el estado y se trabaja con los que se generaron desde 2011 hasta 2020, “el camino para tratar adecuadamente el desplazamiento forzado en el país es todavía muy largo”. En el caso de Guerrero se tiene una ley de 2014, la cual nunca se reglamentó y debe ser actualizada.
Afirmó que lo que ha evitado nuevos casos de desplazamiento forzado interno es “el trabajo que hacen las instituciones de seguridad… de las instituciones del estado en materia de bienestar social”.
Y que en Guerrero este fenómeno se genera a partir de la violencia generada por la delincuencia organizada. Se refirió a los municipios de Tierra Caliente como San Miguel Totolapan, Zirándaro, Coyuca de Catalán, así como de la región Norte y Cent. Mencionó a Buenavista de Cuéllar, y Chichihualco, en todos estos casos hubo una “violencia generalizada que se exacerbó”.
En el caso de la secretaría que representa, Ludwig Reynoso afirmó que les toca la primera atención que es la ayuda humanitaria, y destacó que “hay 914 personas retornadas a sus hogares que conforman en 241 familias de las comunidades de Quetzalcoatlán del municipio de Zitlala, San Rafael del municipio de Zirándaro y Zihuaquio del municipio de Coyuca de Catalán”. En este último caso recordó las afectaciones a la infraestructura que realizaron estos grupos criminales, por lo que tienen diferentes tipos de apoyos.
Mientras que los otros casos como Tondonicua del municipio de Petatlán, Tepango y la Unión de Ayutla de los Libres que decidieron no retornar a sus comunidades.
Ludwig Marcial Reynoso planteó a los diputados que existe la “necesidad de contextualizar la norma jurídica a la realidad que estamos viviendo, cómo involucramos también a los municipios del que sale la gente y del que recibe también”, porque los municipios expulsores “se desatienden de problema” y planteó que en la legislación se establezca precisamente la responsabilidad de estos para que participen en la atención.
Del PRD, Carlos Reyes Torres preguntó a Reynoso Núñez sobre las acciones para evitar el desplazamiento interno. El funcionario dijo que en seguridad se ha avanzado para evitar esta movilidad forzada con la presencia de “las fuerzas del orden federal para retomar territorios que prácticamente no tenían la presencia del estado”.
Las personas reasentadas son 173 que integran 42 familias de la Tondonicua del municipio de Petatlán, Tepango y la Unión de Ayutla de los Libres, las cuales reciben apoyo del gobierno estatal; mientras que mil 486 personas que integran 472 familias de las comunidades de Ahuihuiyuco y Tepozcuautla de Chilapa de Álvarez, el Ocote del municipio de Apaxtla, Tlaltempanampa del municipio de Zitlala, las Conchitas de Leonardo Bravo y Linda Vista del municipio de San Miguel Totolapan permanecen en espera de poder retornar a sus lugares de origen o el reasentamiento.
Sin embargo tienen pendientes con algunas comunidades de desplazados, las que tienen conocimiento de que existen, pero que no han tenido contacto con ellas, y trabajan actualmente con 16 grupos.
La priista Alicia Zamora Villalva cuestionó si las despensas, visitas institucionales, paquetes de láminas y cemento son un trato suficiente para las víctimas.
Marcial Reynoso señaló que hay distintas etapas de atención a los grupos de desplazados, y que después de la atención emergente hacen un seguimiento a las víctimas, y ejemplificó que quienes retornan a los lugares de donde fueron desplazados se les otorgan apoyos en vivienda, proyectos productivos y rentas de terreno, entre otros.
En la comparecencia por el primer año del gobierno estatal ante el pleno del Congreso local, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez le plantearon preguntas en torno a la atención a las demandas sociales, protestas y manifestaciones, la gobernabilidad, la atención a temas de género y el ambiente. Las preguntas fueron tersas, sin sorpresas, ya que los cuestionamientos se habían realizado previamente por escrito.
En su mensaje ante 35 diputadas y diputados asistentes, el funcionario estatal señaló que la actual administración recibió “un estado con necesidad apremiante en materia de gobernabilidad”, por lo que la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”.
Tras la primera intervención del secretario, antes de las preguntas de diputados, funcionarios del gobierno estatal que lo acompañaron aplaudieron al funcionario, lo que generó que la diputada priista Alicia Zamora Villalva pidió a la presidenta de la Mesa Directiva que realizara una moción de orden para pedir a los presentes que no aplaudieran en respeto al recinto. Estos aplausos, incluso gritos se han permitido en comparecencias de funcionarios en gobiernos anteriores.
En las rondas de preguntas y respuestas, por el PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz le preguntó a Ludwig Marcial Reynoso, como presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, si existe un mecanismo transversal de las dependencias para atender la alerta por violencia de género y a cuanto haciende el presupuesto ejercido por cada secretaría, además de los 500 mil pesos destinados a este tema y que ejerce su Secretaría, y cuáles fueron los resultados y sobre el trabajo para la gobernabilidad.
En respuesta, el secretario dijo que en ocasiones el proceso de diálogo se dificulta por multitud de protestas, pero que a pesar de la atención “las estructuras monolíticas de sindicatos, de organizaciones se han empezado a dispersar, antes había un solo canal de comunicación y ahora hay múltiples canales de comunicación”, y aseguró que “hemos privilegiado el diálogo al uso de la fuerza” y que así se continuará.
También advirtió que muchos de los temas que atiende la secretaría no son “solo de voluntad política, se requiere de presupuesto, temas legales”, pero planteó que la gobernabilidad se construye con la participación de los poderes, las organizaciones, de los partidos políticos.
De las alertas por violencia, dijo que se reinstalaron los sistemas municipales para atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en 76 municipios y que solo faltan Heliodoro Castillo, Canuto Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y San Miguel Totolapan.
Reynoso Núñez reconoció las reformas en materia de despenalización de la interrupción del embarazo porque eso generó que se pudiera iniciar la atención de las otras medidas establecidas en la alerta en materia de salud; mientras que los 500 mil pesos, dijo que se destinaron a un programa de información en el transporte público.
La priista también le preguntó cuáles son las dependencias en las que hay denuncias de trabajadores por violencia laboral y acoso sexual y si hay protocolos para la atención y los procedimientos sancionadores, el funcionario estatal informó que tienen 13 expedientes administrativos contra servidores públicos, 7 de la secretaría de Salud, 5 de Seguridad Pública y uno de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande; y que los protocolos en contra de la violencia laboral y sexual los maneja la Secretaría de la Mujer.
Las movilizaciones sociales, propias del estado
El perredista Carlos Reyes Torres preguntó también sobre los trabajos para la gobernabilidad y la atención a los movimientos sociales. Ludwig Marcial Reynoso recordó que al término de la administración pasada “se tenían múltiples conflictos, generados muchos en la falta de un presupuesto”, y justificó que por la pandemia los ingresos se vieron afectados y “se fueron acumulando multitud de compromisos que al final se reflejaron en compromisos no cumplidos, no quiero decir que de manera intencional”, y que esto generó “un gran descontento social” incluso con trabajadores del estado, por lo que planteó que “el que volvieran a creer en la autoridad no es un proceso fácil”, y que lo mismo ocurre con los sindicatos, maestros, organizaciones.
Incluso el secretario justificó que la movilización social es “característica, es muy propia del estado, hay organizaciones como la CETEG que su método es movilización, negociación, movilización” sin embargo dijo que eso lo entienden en el marco de libertades de los mexicanos a la manifestación; en el tema educativo, precisó que en la mayoría de los casos se requiere la coordinación con el gobierno federal para poder dar solución.
Carlos Reyes, como Yoloczin Domínguez, y Gabriela Bernal que lo antecedieron, ya no realizaron preguntas en su última oportunidad para intervenir. En su lugar agradecieron las respuestas, reconocieron el trabajo del gobierno en los temas que plantearon y hablaron de su disposición de abonar a la gobernabilidad. En su oportunidad el funcionario estatal regresó los cumplidos agradeciendo “a ustedes el gesto que tienen de solidaridad con esta administración porque efectivamente la gobernabilidad es un proceso en el que estamos todos incluidos”.
El diputado del PVEM Manuel Quiñonez Cortés preguntó también sobre las protestas sociales, dijo que han tratado de atender las demandas sociales, pero reconoció que esta supera la capacidad de respuesta del gobierno estatal y que hay demandas “muy añejas” principalmente en el tema magisterial, “los no FONE que tienen muchos años que no están en la nómina educativa; hay miles de horas adeudo a maestros”.
Consideró que es natural que con la llegada de un nuevo gobierno se genere la expectativa de que se solucionen sus demandas acumuladas durante varios años y que esto genera diferentes movilizaciones.
Además de las protestas y movilizaciones por temas educativos, comentó que en muchos casos son también por desapariciones, y que estos también son atendidos y canalizados a la fiscalía y a la SSP y a la Comisión Estatal de Búsqueda, y destacó “hoy sí se hace búsqueda (antes) no se hacía” y que esto ha generado también la expectativa de las víctimas a que con la movilización se iniciará la búsqueda.
Aprovechó para decir que “la acción de gobierno es apegada a derecho no tiene favoritismo, no tiene color partidista, no tiene influencia política en la toma de decisiones”. Mientras que Manuel Quiñonez dijo que este partido no descalificará la actuación “de nadie” y que se necesita la suma de voluntades para impulsar el desarrollo social y económico, y reiteró que seguirán impulsando una agenda común con el Ejecutivo “dejando de lado las políticas oportunistas”.
También, Marcial Reynoso afirmó que el actual gobierno “no persigue por ideas, ni por el hecho de que alguien manifieste su derecho de pensar”, esto en respuesta a una pregunta del morenista Joaquín Badillo Escamilla que la mayor parte de su participación la dedicó a realizar reconocimientos al gobierno estatal.
PT: llegó la “Cuarta Transformación”
La petista Leticia Mosso Hernández no escatimó elogios al gobierno estatal y celebró el primer año de gobierno de Evelyn Salgado “donde la Cuarta Transformación ha llegado a nuestro estado, las expectativas son altas y los problemas no son menores”, incluso aludió al gobierno anterior “las malas prácticas no pueden ser borradas de un plumazo”.
Y continuó con los reconocimientos: “los cambios han sido ordenados, pero profundos y radicales, y se han concretado en políticas públicas para reducir la pobreza y la extrema desigualdad económica de las y los guerrerenses, ha sido un arduo trabajo pero hemos sido testigos de su capacidad para conducir junto con la gobernadora la política interna de nuestro estado, siempre a través del diálogo como lo ha reiterado y la negociación ante los conflictos sociales que se han presentado manteniendo así la estabilidad política la paz social y sobre todo la gobernabilidad”.
La petista preguntó sobre la atención a las manifestaciones, el secretario dijo que no están de acuerdo en que se mantengan bloqueos que afecte a terceros cuando ya está en marcha “el diálogo”, y señaló que “en los casos necesarios en los que se ha hecho uso de la fuerza pública” se ha hecho “en absoluta necesidad”. Destacó que solo se utilizan los escudos y toletes, y no gases u otros medios para liberar las vías de comunicación, y que para estos casos han solicitado la presencia de Derechos Humanos.
El priista Jesús Parra García también destacó el trabajo del gobierno estatal y que se enfrentan los problemas socioeconómicos “y no de ahorita porque tampoco venga tengamos aquí a decir que traemos la varita mágica para poder cambiar las cosas del pasado que podría ser criticado”, y preguntó sobre las movilizaciones y protestas. El secretario le respondió que en el año del que se informa hubo mil 819 movilizaciones de las cuales 822 fueron en temas educativos, 477 por demandas sociales, 409 por temas laborales, y las restantes por temas de transporte, medios de comunicación y temas agrarios y turísticos; de las cuales mil 353 del ámbito estatal.
Dijo que muchas de las protestas materia educativa son por demandas relacionadas a infraestructura. Al respecto dijo que el 60 por ciento de los 300 millones que autorizó el Congreso no se pueden ejecutar porque “se van directamente a
pagar un fideicomiso que se estableció en años anteriores y que prácticamente nos deja con un tercio de los recursos para atender la gran demanda de espacios o de remodelación o reconstrucción”, y apuntó que la gobernadora gestionó 100 millones de pesos ante el gobierno federal para atender estas necesidades educativas.
Notarías caras
El priista también preguntó sobre la falta de un tabulador para establecer cuotas a las que se deben de apegar las notarías públicas el estado. Ludwig Marcial Reynoso reconoció que cada notaría cobra de acuerdo a un porcentaje que calculan en razón de la operación que realiza, por lo que consideró que se debe trabajar en una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, para que actualice la función notarial y con ello, hacerla un tema más social. Sin embargo, ya en la pasada legislatura se presentó una iniciativa al respecto que quedó en la congenadora pues nunca se dictaminó.
“En muchos momentos llegó a verse como una clase privilegiada, llegabas a tener una notaría y pues prácticamente resolvías tu vida, pero creo que hay que trascender, hay que formular una nueva propuesta que permita que esta función notarial se acerque a la ciudadanía” y que estas cumplan con su función sin los altos costos que actualmente representan.
Dio a conocer que durante el primer año de la actual administración se realizaron 22 visitas a 44 notarías públicas del Estado, dónde se encontró que en 5 no se tenían protocolos, apéndices encuadernados y empastados de los distritos de Bravo; Alarcón, Álvarez y la Montaña; y anticipó que se implementará la creación de un archivo digital que contenga todos los documentos que albergan las Notarías Públicas, para generar una mayor transparencia y certeza jurídica a la ciudadanía, aunque la labor destacó llevará mucho tiempo, por lo que podría comenzar a operar en 2023.
La gobernabilidad se construye con diálogo: Alicia Zamora
La única que cuestionó a Ludwig Marcial Reynoso fue la priista Alicia Zamora Villalva, y reprochó el primer señalamiento del funcionario fue que recibió un “estado con necesidad apremiante de gobernabilidad” que orilló a que las estrategias de la política interior se basarán en restablecer la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones. Señaló que es incorrecto que no se haya convocado a los partidos políticos a reunirse con él como el responsable de la política interna en el estado. La priista también enlistó los desalojos, entre ellos a indígenas de Chilapa y los presuntos asaltos a la Autopista del Sol.
“Usted dijo que recibió un estado con necesidad urgente de gobernabilidad, quisiera invitarlo a reflexionar sobre qué es la gobernabilidad y cómo se construye y si efectivamente las cosas han cambiado después de año, porque la gobernabilidad no es proceso teórico, es un proceso que se construye todos los días”, señaló la priista.
El funcionario reconoció que hay reuniones pendientes. “Como gobierno advertimos una necesidad de que el ejercicio político a través de los partidos ayude al estado, no al gobierno, al estado”. Señaló también que la demanda social “supera en mucho” la capacidad de respuesta del estado sobre todo en materia económica, porque hay demandas muy añejas.
Después de su respuesta, Zamora Villalva le dijo que reconoce la coincidencia respecto a que “Guerrero no nace ni muere cada seis años”, y que “no es un buen tiempo para quienes simulan realidades”.
Recibió el actual gobierno “un estado con necesidad apremiante de gobernabilidad”, dice Reynoso Núñez
Durante su comparecencia ante el Congreso local como parte de la glosa del informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, refiere el secretario de Gobierno que por ello la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”. Reprocha la priista Alicia Zamora Villalva que si el diagnóstico era restablecer la gobernabilidad, se debió a convocar a un diálogo a los partidos políticos
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En la comparecencia por el primer año del gobierno estatal ante el pleno del Congreso local, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez le plantearon preguntas en torno a la atención a las demandas sociales, protestas y manifestaciones, la gobernabilidad, la atención a temas de género y el ambiente. Las preguntas fueron tersas, sin sorpresas, ya que los cuestionamientos se habían realizado previamente por escrito.
En su mensaje ante 35 diputadas y diputados asistentes, el funcionario estatal señaló que la actual administración recibió “un estado con necesidad apremiante en materia de gobernabilidad”, por lo que la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”.
Tras la primera intervención del secretario, antes de las preguntas de diputados, funcionarios del gobierno estatal que lo acompañaron aplaudieron al funcionario, lo que generó que la diputada priista Alicia Zamora Villalva pidió a la presidenta de la Mesa Directiva que realizara una moción de orden para pedir a los presentes que no aplaudieran en respeto al recinto. Estos aplausos, incluso gritos se han permitido en comparecencias de funcionarios en gobiernos anteriores.
En las rondas de preguntas y respuestas, por el PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz le preguntó a Ludwig Marcial Reynoso, como presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, si existe un mecanismo transversal de las dependencias para atender la alerta por violencia de género y a cuanto haciende el presupuesto ejercido por cada secretaría, además de los 500 mil pesos destinados a este tema y que ejerce su Secretaría, y cuáles fueron los resultados y sobre el trabajo para la gobernabilidad.
En respuesta, el secretario dijo que en ocasiones el proceso de diálogo se dificulta por multitud de protestas, pero que a pesar de la atención “las estructuras monolíticas de sindicatos, de organizaciones se han empezado a dispersar, antes había un solo canal de comunicación y ahora hay múltiples canales de comunicación”, y aseguró que “hemos privilegiado el diálogo al uso de la fuerza” y que así se continuará.
También advirtió que muchos de los temas que atiende la secretaría no son “solo de voluntad política, se requiere de presupuesto, temas legales”, pero planteó que la gobernabilidad se construye con la participación de los poderes, las organizaciones, de los partidos políticos.
De las alertas por violencia, dijo que se reinstalaron los sistemas municipales para atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en 76 municipios y que solo faltan Heliodoro Castillo, Canuto Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y San Miguel Totolapan.
Reynoso Núñez reconoció las reformas en materia de despenalización de la interrupción del embarazo porque eso generó que se pudiera iniciar la atención de las otras medidas establecidas en la alerta en materia de salud; mientras que los 500 mil pesos, dijo que se destinaron a un programa de información en el transporte público.
La priista también le preguntó cuáles son las dependencias en las que hay denuncias de trabajadores por violencia laboral y acoso sexual y si hay protocolos para la atención y los procedimientos sancionadores, el funcionario estatal informó que tienen 13 expedientes administrativos contra servidores públicos, 7 de la secretaría de Salud, 5 de Seguridad Pública y uno de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande; y que los protocolos en contra de la violencia laboral y sexual los maneja la Secretaría de la Mujer.
Las movilizaciones sociales, propias del estado
El perredista Carlos Reyes Torres preguntó también sobre los trabajos para la gobernabilidad y la atención a los movimientos sociales. Ludwig Marcial Reynoso recordó que al término de la administración pasada “se tenían múltiples conflictos, generados muchos en la falta de un presupuesto”, y justificó que por la pandemia los ingresos se vieron afectados y “se fueron acumulando multitud de compromisos que al final se reflejaron en compromisos no cumplidos, no quiero decir que de manera intencional”, y que esto generó “un gran descontento social” incluso con trabajadores del estado, por lo que planteó que “el que volvieran a creer en la autoridad no es un proceso fácil”, y que lo mismo ocurre con los sindicatos, maestros, organizaciones.
Incluso el secretario justificó que la movilización social es “característica, es muy propia del estado, hay organizaciones como la CETEG que su método es movilización, negociación, movilización” sin embargo dijo que eso lo entienden en el marco de libertades de los mexicanos a la manifestación; en el tema educativo, precisó que en la mayoría de los casos se requiere la coordinación con el gobierno federal para poder dar solución.
Carlos Reyes, como Yoloczin Domínguez, y Gabriela Bernal que lo antecedieron, ya no realizaron preguntas en su última oportunidad para intervenir. En su lugar agradecieron las respuestas, reconocieron el trabajo del gobierno en los temas que plantearon y hablaron de su disposición de abonar a la gobernabilidad. En su oportunidad el funcionario estatal regresó los cumplidos agradeciendo “a ustedes el gesto que tienen de solidaridad con esta administración porque efectivamente la gobernabilidad es un proceso en el que estamos todos incluidos”.
El diputado del PVEM Manuel Quiñonez Cortés preguntó también sobre las protestas sociales, dijo que han tratado de atender las demandas sociales, pero reconoció que esta supera la capacidad de respuesta del gobierno estatal y que hay demandas “muy añejas” principalmente en el tema magisterial, “los no FONE que tienen muchos años que no están en la nómina educativa; hay miles de horas adeudo a maestros”.
Consideró que es natural que con la llegada de un nuevo gobierno se genere la expectativa de que se solucionen sus demandas acumuladas durante varios años y que esto genera diferentes movilizaciones.
Además de las protestas y movilizaciones por temas educativos, comentó que en muchos casos son también por desapariciones, y que estos también son atendidos y canalizados a la fiscalía y a la SSP y a la Comisión Estatal de Búsqueda, y destacó “hoy sí se hace búsqueda (antes) no se hacía” y que esto ha generado también la expectativa de las víctimas a que con la movilización se iniciará la búsqueda.
Aprovechó para decir que “la acción de gobierno es apegada a derecho no tiene favoritismo, no tiene color partidista, no tiene influencia política en la toma de decisiones”. Mientras que Manuel Quiñonez dijo que este partido no descalificará la actuación “de nadie” y que se necesita la suma de voluntades para impulsar el desarrollo social y económico, y reiteró que seguirán impulsando una agenda común con el Ejecutivo “dejando de lado las políticas oportunistas”.
También, Marcial Reynoso afirmó que el actual gobierno “no persigue por ideas, ni por el hecho de que alguien manifieste su derecho de pensar”, esto en respuesta a una pregunta del morenista Joaquín Badillo Escamilla que la mayor parte de su participación la dedicó a realizar reconocimientos al gobierno estatal.
PT: llegó la “Cuarta Transformación”
La petista Leticia Mosso Hernández no escatimó elogios al gobierno estatal y celebró el primer año de gobierno de Evelyn Salgado “donde la Cuarta Transformación ha llegado a nuestro estado, las expectativas son altas y los problemas no son menores”, incluso aludió al gobierno anterior “las malas prácticas no pueden ser borradas de un plumazo”.
Y continuó con los reconocimientos: “los cambios han sido ordenados, pero profundos y radicales, y se han concretado en políticas públicas para reducir la pobreza y la extrema desigualdad económica de las y los guerrerenses, ha sido un arduo trabajo pero hemos sido testigos de su capacidad para conducir junto con la gobernadora la política interna de nuestro estado, siempre a través del diálogo como lo ha reiterado y la negociación ante los conflictos sociales que se han presentado manteniendo así la estabilidad política la paz social y sobre todo la gobernabilidad”.
La petista preguntó sobre la atención a las manifestaciones, el secretario dijo que no están de acuerdo en que se mantengan bloqueos que afecte a terceros cuando ya está en marcha “el diálogo”, y señaló que “en los casos necesarios en los que se ha hecho uso de la fuerza pública” se ha hecho “en absoluta necesidad”. Destacó que solo se utilizan los escudos y toletes, y no gases u otros medios para liberar las vías de comunicación, y que para estos casos han solicitado la presencia de Derechos Humanos.
El priista Jesús Parra García también destacó el trabajo del gobierno estatal y que se enfrentan los problemas socioeconómicos “y no de ahorita porque tampoco venga tengamos aquí a decir que traemos la varita mágica para poder cambiar las cosas del pasado que podría ser criticado”, y preguntó sobre las movilizaciones y protestas. El secretario le respondió que en el año del que se informa hubo mil 819 movilizaciones de las cuales 822 fueron en temas educativos, 477 por demandas sociales, 409 por temas laborales, y las restantes por temas de transporte, medios de comunicación y temas agrarios y turísticos; de las cuales mil 353 del ámbito estatal.
Dijo que muchas de las protestas materia educativa son por demandas relacionadas a infraestructura. Al respecto dijo que el 60 por ciento de los 300 millones que autorizó el Congreso no se pueden ejecutar porque “se van directamente a
pagar un fideicomiso que se estableció en años anteriores y que prácticamente nos deja con un tercio de los recursos para atender la gran demanda de espacios o de remodelación o reconstrucción”, y apuntó que la gobernadora gestionó 100 millones de pesos ante el gobierno federal para atender estas necesidades educativas.
Notarías caras
El priista también preguntó sobre la falta de un tabulador para establecer cuotas a las que se deben de apegar las notarías públicas el estado. Ludwig Marcial Reynoso reconoció que cada notaría cobra de acuerdo a un porcentaje que calculan en razón de la operación que realiza, por lo que consideró que se debe trabajar en una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, para que actualice la función notarial y con ello, hacerla un tema más social. Sin embargo, ya en la pasada legislatura se presentó una iniciativa al respecto que quedó en la congenadora pues nunca se dictaminó.
“En muchos momentos llegó a verse como una clase privilegiada, llegabas a tener una notaría y pues prácticamente resolvías tu vida, pero creo que hay que trascender, hay que formular una nueva propuesta que permita que esta función notarial se acerque a la ciudadanía” y que estas cumplan con su función sin los altos costos que actualmente representan.
Dio a conocer que durante el primer año de la actual administración se realizaron 22 visitas a 44 notarías públicas del Estado, dónde se encontró que en 5 no se tenían protocolos, apéndices encuadernados y empastados de los distritos de Bravo; Alarcón, Álvarez y la Montaña; y anticipó que se implementará la creación de un archivo digital que contenga todos los documentos que albergan las Notarías Públicas, para generar una mayor transparencia y certeza jurídica a la ciudadanía, aunque la labor destacó llevará mucho tiempo, por lo que podría comenzar a operar en 2023.
La gobernabilidad se construye con diálogo: Alicia Zamora
La única que cuestionó a Ludwig Marcial Reynoso fue la priista Alicia Zamora Villalva, y reprochó el primer señalamiento del funcionario fue que recibió un “estado con necesidad apremiante de gobernabilidad” que orilló a que las estrategias de la política interior se basarán en restablecer la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones. Señaló que es incorrecto que no se haya convocado a los partidos políticos a reunirse con él como el responsable de la política interna en el estado. La priista también enlistó los desalojos, entre ellos a indígenas de Chilapa y los presuntos asaltos a la Autopista del Sol.
“Usted dijo que recibió un estado con necesidad urgente de gobernabilidad, quisiera invitarlo a reflexionar sobre qué es la gobernabilidad y cómo se construye y si efectivamente las cosas han cambiado después de año, porque la gobernabilidad no es proceso teórico, es un proceso que se construye todos los días”, señaló la priista.
El funcionario reconoció que hay reuniones pendientes. “Como gobierno advertimos una necesidad de que el ejercicio político a través de los partidos ayude al estado, no al gobierno, al estado”. Señaló también que la demanda social “supera en mucho” la capacidad de respuesta del estado sobre todo en materia económica, porque hay demandas muy añejas.
Después de su respuesta, Zamora Villalva le dijo que reconoce la coincidencia respecto a que “Guerrero no nace ni muere cada seis años”, y que “no es un buen tiempo para quienes simulan realidades”.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que los funcionarios del gabinete saben que tienen una responsabilidad pasajera desde el momento que asumen el cargo, y que la salida de alguno de ellos de la administración no merma el proyecto de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Consultado vía telefónica sobre el señalamiento del ex secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagadegro), Jorge Peto Calderón, de que el círculo cercano a la mandataria, sin antecedente en las luchas democráticas, la está mal informando, Reynoso Núñez estimó que el ex funcionario debió hacer señalamientos puntuales.
“Creo que debería ser más específico, siendo tan generales no permite que se identifique a nadie, tendría que tener más claridad”.
Según la declaración de Peto Calderón, hubo resistencias en el gabinete estatal para combatir a la corrupción, uno de los preceptos de la Cuarta Transformación. El funcionario respondió: “la Cuarta Transformación no está condicionada a la permanencia o separación de un funcionario en el gobierno estatal, pues la gobernadora ha sido muy clara con sus colaboradores en cómo debemos de conducirnos. El hecho de que esté o no al frente de una responsabilidad no merma el proyecto democrático de la gobernadora. Estamos de manera pasajera, lo sabemos desde que asumimos el cargo. Nos pide que actuemos con responsabilidad”.
Aclaró que Peto sabe por qué se retiró: “durante el año, hubo multitud de quejas sobre su actuación, de cómo se han desarrollado la Secretaría, hablamos con él, le pedimos que rencausara su trabajo. El campo da para mucho más, este año tiene un presupuesto histórico que no ha visto resultados”.
En este momento, dijo que no hay otras salidas de funcionarios, pero “habrá que esperar la reflexión de la gobernadora de quienes estamos en encargos en este primer año de gobierno”.
A la fecha, se han separado de sus encargos el anterior secretario general de Gobierno, Saúl López Sollano, suplente del senador, Félix Salgado Macedonio, y la ex secretaria de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero, Olimpia Sevilla Muñoz; además de la secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales, Celeste Mora Eguiluz, que ahora ocupa una cartera en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena.
En cuanto a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, una de 45 funcionarios del anterior gobierno municipal de Chilpancingo, inhabilitados un año de la función pública por no presentar su declaración patrimonial tras la conclusión del cargo en el ayuntamiento, Reynoso Núñez indicó que se enteró por las noticias.
Sin embargo, indicó que la funcionaria, que se hallaba en una comisión en la ciudad de México, aún no había sido notificada de la determinación del Órgano de Control Interno (OIC) de Ayuntamiento, no obstante habría una aclaración porque ella dijo que en su momento presentó su declaración.
Presencia del Estado en Apaxtla
En el caso de Apaxtla, donde el domingo incursionaron cientos de policías comunitarios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), y este lunes el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que la presencia de la fuerza pública de los tres niveles de gobierno contribuía a la paz, Reynoso Núnez enfatizó que se restableció la presencia del Estado.
El funcionario precisó que la intervención de la policía y las fuerzas federales, es para establecer la presencia del Estado en una de las regiones complicadas de la entidad que recibieron. “Retomar la institucionalidad, en eso estamos, se ha tenido una gran colaboración de las fuerzas armadas”.
De las versiones de balaceras en la zona, desmentidas el día anterior por el gobierno estatal, pero que advertían de una posible confrontación de policías comunitarias de la Tecampanera de Teloloapan, con los de Tlacotepec que llegaron a Apaxtla, Reynoso Núñez recordó que en Tierra Caliente, y en esta zona de la región Norme, la presencia del Estado era esporádica.
Hoy, las autoridades de los tres niveles de gobierno se están involucrando nuevamente para retomar la seguridad que habían tomado grupos comunitarios con presencia en zonas importantes.
“El Ejército, la policía estatal están en el lugar, ya organizaron las bases de operaciones de que la seguridad no esté en manos de ningún grupo de la policía comunitaria. Nosotros lo que hemos pedido siempre es que se permita la actuación del estado, tenemos claro la responsabilidad de de brindar seguridad.
Finalmente, informó que pronto el Congreso local va a resolver la integración de los gobiernos instituyentes de los nuevos municipios de Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz, luego que los diputados aprobaron el mes pasado los criterios para la designación.
Señaló que el gobierno del estado opinó que los cabildos deben integrarse de manera plural, porque ya nacen en condiciones adversas.
Explicó que los nuevos gobiernos compartirán las deudas de los ayuntamientos que se separaron, “hay un tema político, pero lo más importante velar por la seguridad”.