Ejército y Guardia Nacional se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

El Ejército y la GN se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan gobierno, alcaldesa y CRAC

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

El gobierno estatal, sin información de que pueblos de la sierra se arman contra la Familia Michoacana

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, dijo sobre el anunció de 40 pueblos de la sierra de San Miguel Totolapan, que en asamblea decidieron levantarse en armas para defender su territorio por el avance de la Familia Michoacana, en la zona colindante de Arcelia, que todavía no tienen información de que algo extraordinario esté sucediendo en la zona, pero se están revisando reportes de balaceras y enfrentamientos en la sierra de Ajuchitlán del Progreso.
Consultado en su oficina, aclaró que esperarán información veraz y una petición formal antes de desplazar fuerzas federales en cualquier zona, para evitar agresiones como la que ocurrió en la comunidad de El Pescado, en la sierra de Coyuca de Catalán, donde resultaron muertos dos soldados y dos fueron heridos.
Recordó que en la Sierra se tiene mucha presencia de las fuerzas federales, mayoritariamente del Ejército, para hacer frente a todos los grupos de la delincuencia organizada, sin proteger a ninguno.
Pero de la denuncia pública de pobladores de comunidades serranas de San Miguel Totolapan, que se armaron para contener a la Familia Michoacana por enfrentamientos hace dos semanas, aclaró que no han recibido una petición formal. Tampoco tienen información de actividad extraordinaria, luego del alertamiento.
Afirmó que siempre que hay una solicitud han tomado cartas en el asunto. Recordó el caso de El Durazno, en las inmediaciones de la Costa Grande, del municipio de Coyuca de Catalán.
Aclaró que deben ser cautos porque todos los desplazamientos de las fuerzas del orden tienen que ser planeados y con estrategia. “No podemos exponer elementos. ¿Qué fue lo que pasó recientemente? Que hubo una agresión en contra de los elementos del Ejército
O sea, son territorios complicados y tenemos que tratarlos como tal”.
Dijo que esperaran información veraz de lo que está sucediendo, porque los reportes de enfrentamientos y balaceras que están revisando señalan la sierra de Ajuchitlán del Progreso.
Adelantó que ya se estaba restableciendo el servicio de luz eléctrica en dos comunidades que habían señalado fallas en el servicio en Tecpan de Galeana.

En Xalpatláhuac, las mujeres agredieron a agentes

En cuanto a Xalpatláhuac, precisó que fueron principalmente mujeres las agredieron a las fuerzas policiacas estatales y federales que el jueves incursionaron en ese municipio para recuperar el Ayuntamiento. No fueron la figura de gobierno tradicional del Tlayakanki ni los policías comunitarios, enfatizó.
Por prudencia se retiraron, pero las autoridades volverán a intervenir en su momento, “porque el estado no está vetado de ningún territorio”.
Cnfirmó que el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, encabezó con mandos de la Policía Estatal el jueves, el primer intento de intervención, donde un grupo manejado por el Tlayakanki “ha estado descontrolando la cabecera municipal” hace algún tiempo.
Indicó que tienen armas, han cometido violaciones a derechos humanos y se mencionan heridos. Se les acusa de desapariciones, e impiden a la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado gobernar en el Ayuntamiento.
Por lo anterior, dijo que los gobiernos del estado y federal, a través de las instancias de seguridad tomaron la determinación de intervenir en el municipio. En un primer momento para revisar las condiciones de la cabecera municipal.
<Cuando estuvieron instalados, aclaró que principalmente mujeres fueron enviadas a agredir a las autoridades. “Por prudencia se retiraron, para evitar una confrontación mayor.
Dijo que “nosotros vamos a donde se requiera la presencia de las fuerzas de seguridad, lo digo porque ninguna Policía Comunitaria, como se hacen llamar, tiene un espacio de exclusividad, ni gobierna un territorio ninguno”.
Distinto a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se coordina con autoridades municipales, señaló que este grupo en Xalpatláhuac está en contra de la autoridad legítimamente electa y genera esta confrontación. “Hay diferencias muy claras entre este grupo y todas las demás policías comunitarias”.
Adelantó que van a regresar, en algún momento, lo que se dará a conocer.

Ninguna denuncia de penitentes de Taxco

Finalmente, informó que los penitentes de Taxco no han presentado denuncias por presuntas amenazas de la delincuencia organizada que les exigen cuotas para poder participar en la famosa procesión de Semana Santa.
Indicó que así es muy difícil realizar investigaciones si no hay más elementos, sin embargo, policías estatales comenzaron a revisar ante la alerta que aún no tienen confirmada.

 

El comunitario no murió de cirrosis, sino por golpes de agentes del grupo Jaguar: Tecampanera

La vecina de Teloloapan, Aurelia Roma?n Salgado denunció abusos de la Policía del Estado del grupo Jaguar que realizó cateos el pasado sábado en diferentes casas de esta ciudad Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lenin Ocampo Torres

Teloloapan

En Teloloapan los policías comunitarios de La Tecampanera denunciaron que fueron detenidos con violencia por el grupo de elite Jaguar de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado y uno de sus compañeros murió por los golpes que le dieron y no por cirrosis como señaló el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso.
“Tenemos la persecución del estado, nos están hostigando y el sábado lo que hubo fue un robo, entraron a varias casas de los comunitarios e hicieron lo que quisieron, nos detuvieron como a 30 comunitarios con la intención de llevarnos a la cárcel y todo cambió con la muerte de nuestro compañero (Alejandro Ramírez Sánchez, identificado además como propietario de una ferretería)” reveló uno de los comandantes detenidos el sábado pasado durante un operativo del grupo Jaguar.
Los comunitarios desmintieron el comunicado de la SSP donde señaló que sólo habían decomisado armas y detenido a cuatro personas en los retenes que mantenían en Teloloapan.
“Por mí llegaron, abrieron con violencia mi casa los Jaguares y la Policía Ministerial, me quitaron un millón de pesos que era la venta de unas máquinas e hincaron a mis hijas, a mi me esposaron y me golpearon, me pusieron una bolsa en la cabeza y me exigían que entregaran las armas, después me llevaron detenido con los demás compañeros”, expresó el comunitario que también se dedica a la construcción.
En su detención también vio a su compañero Alejandro Ramírez, quien era comunitario, tenía una ferretería, y todos lo conocían con el mote de el profre.
“A todos los detenidos nos llevaron a la Base Vieja (punto de la Tecampanera), nos tenían esposados y ahí llegó el profe, él nos pedía agua, nosotros lo veíamos y unos de los mandos de la policía Irving (Jiménez Sánchez, subsecretario de operación de la SSP) le negó la atención, después el compañero se desvaneció y nos dimos cuenta que se murió, él ya iba muy golpeado”, señaló.
El 14 de febrero el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, declaró al El Sur que Alejandro Ramírez murió de cirrosis y no a causa del operativo “limpio que realizó la SSP”.
“Cómo cree, de cirrosis no se murió, a nosotros nos sacaron con violencia de las casas, hay muchos videos y hay video de la muerte de el profe, pero nos pidieron que nos calmáramos y que no dijéramos nada a los medios, a partir de la muerte de el profe todo cambió, los radios de la policía dijeron que las órdenes cambiaban y es ahí donde nos liberan porque no querían problemas”, reveló el comunitario.
Dentro de ese operativo también el grupo Jaguar llegó a la vivienda de Aurelia Román Salgado, mujer de 80 años que se encontraba sola con su nieta y los policías “la humillaron en busca de un hijo que murió el año pasado”.
“Tumbaron la puerta, me dijeron ‘pinche vieja tírate al suelo’ y no me dejaron ir por mi nieta de 2 años, ellas lloraban y yo les preguntaba que porque venían, ellos decían que venían por “el meño”, yo a ese ni lo conozco, pero me trataron mal, rompieron las cámaras y se robaron toda la ropa de mi hijo que ya está muerto, se llevaron sus tenis y su gorras, todo, tumbaron mi puerta”, expresó la señora.
En el operativo al menos 30 policías comunitarios fueron detenidos, algunos en sus viviendas y otros en los filtros o retenes.
Los agentes del grupo Jaguar los esposaron y les quitaron sus armas, también señalaron que los amenazaron con llevarlos a cárceles de máxima seguridad “porque le estaba calentando el terreno a la gobernadora”.
Luego de los operativos del sábado la mayoría de los tecampaneros se replegaron y escondieron sus armas, en las entradas de Teloloapan sólo quedaron grupos con radios de frecuencia que ayer fueron decomisados por la Guardia Nacional.
“Creo que ya nos traen, nosotros respetamos los acuerdos con el gobierno, todo lo que nos decían lo hicimos y dejamos de denunciar porque el director de Gobernación (Francisco Rodríguez Cisneros) nos pidió que ya no le dijéramos nada a su periódico (El Sur) porque los metíamos en problemas, todo eso nos dijeron y lo respetamos, pero llegó el operativo y nos desarmó, ahora peligra la seguridad de las comunidades que les hemos dado desde hace 6 años”, informó uno de los mandos de la Tecampanera.
Ayer los comunitarios volvieron a salir luego de que un grupo de la Guardia Nacional les decomisó sus equipos de radiofrecuencia.
La respuesta de los tecampaneros fue tomar armados el Ayuntamiento de Teloloapan para pedir una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado para que conozca la situación que se vive en la zona norte en cuestión de seguridad.

 

Asume la ex diputada priista Silvia Rivera la Secretaría de los Migrantes

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez saluda a Silvia Rivera Carbajal luego de que le tomó protesta como nueva titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales Foto: Gobierno del estado

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La ex priista, quien ocupaba el cargo de Coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Silvia Rivera Carbajal, rindió protesta como titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del gobierno del estado, quien destacó que desde 2017 ha realizado trabajo político en Morena.
A través de sus redes sociales, la Secretaría General de Gobierno informó que su titular Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “con la representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, entregó el nombramiento y tomó protesta a Silvia Rivera.
En declaraciones telefónicas ésta reconoció que “es una responsabilidad que tengo muy grande, de cubrir las expectativas que tiene la gobernadora” de atender a los migrantes y sus familias.
Recordó que durante su encargo como coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil visitó la representación del gobierno del estado en la ciudad de Los Ángeles, y a Chicago envió una brigada para conocer las necesidades prioritarias y en dónde están por entregar certificados de la doble nacionalidad a migrantes y sus hijos.
Dijo que buscará que esta secretaría “no tenga direcciones nada más así por membrete y que realmente ejerzan el trabajo que requiere el migrante, porque a veces se pierde el presupuesto en cosas vagas”, aunque reconoció que esta secretaría no ejerce un presupuesto importante.
Silvia Rivera consideró que es importante recuperar la confianza de los clubes de migrantes para posteriormente recuperar el presupuesto del programa tres por uno, y contar con recursos del gobierno federal al cual dijo, sí se puede acceder “si se sustentan proyectos viables para que nos autoricen los recursos, y que los migrantes tengan la confianza de que su dinero va a estar bien empleado y que se realizarán las obras que se están solicitando”.
La nueva secretaria destacó que organizará reuniones con los clubes y representantes de migrantes para conocer las necesidades inmediatas que tienen para atenderlas de manera concreta.
Rivera Carbajal afirmó que desde 2017 está haciendo trabajo político en Morena y que ya es militante de este partido después de su larga militancia en el PRI, partido por el cual fue diputada federal.
En 2018 Silvia Rivera Carbajal, cuando era diputada federal con licencia, fue candidata a diputada local por el distrito 18 de la Tierra Caliente por Morena, pero renunció aduciendo amenazas y falta de condiciones de seguridad para realizar su campaña.
Entonces compitió por el cargo con Celeste Mora Eguiluz, a quien como priista le había ganado la diputación federal en 2015 y que tres años después era candidata de PRD-PRI-PAN por el distrito 18 local.
Celeste Mora fue la primera secretaria del Migrante en este gobierno de Evelyn Salgado, y ahora forma parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.
Silvia Rivera dijo ayer que decidió dejar el PRI porque “no me convenía seguir en el partido, no estoy en contra de ningún partido, estoy a favor de beneficiar y trabajar por los guerrerenses”, y consideró que tras cinco años de trabajo en Morena y sus candidatos ahora pudo ocupar un espacio en el gabinete del gobierno de Evelyn Salgado Pineda.

 

Ofrece Ludwig Reynoso dar a la Fiscalía un enfoque de derechos humanos; niega ser “el palomeado”

El subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno y aspirante a fiscal del estado, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, entrevistado en su oficina, en el Recinto Oficial del Poder Ejecutivo Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Ludwig Marcial Reynoso Núñez afirmó que es capaz, preparado y está dispuesto a ser el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE); negó ser el aspirante “palomeado”, “no hay una intervención del gobierno del estado en ese tema, que yo lo conozca, o sea, yo he participado como participamos todos”.
El integrante de la terna que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso loca para la Fiscalía, dijo: “la cifra negra de delitos no denunciados es altísima, necesitamos combatirla generando la confianza con la gente”, y que “hay grandes rezagos en la institución y son claros, son evidentes y es necesario combatirlos”.
Ayer a las 2:50 de la tarde, el funcionario accedió a una entrevista con El Sur en su oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, en la Secretaría General de Gobierno, en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, en Chilpancingo, un día después de que la gobernadora entregó la terna al Congreso del estado, de los 44 aspirantes que se registraron, y de la que es parte junto con Anacleta López Vega y José Luis Gallegos Peralta.
–¿Cómo recibió la noticia de qué es parte de la terna?
–Bien, como todos siempre participas con la idea de salir adelante, fue una buena noticia en este caso para mí.
–¿Cuál es su diagnóstico de la fiscalía?
–Yo creo que la Fiscalía tiene una estructura muy amplia, se han ido creando a lo largo de estos años vicefiscalías, fiscalías especializadas. Yo creo que su mayor problema radica en los recursos humanos, los que tienen que capacitarse, tiene que mejorarse, el tema también pasa por la infraestructura, por capacitación y sobre todo para que sea eficiente la función de la fiscalía tiene que entenderse que el sistema de seguridad pública, es eso, un sistema.
“La Fiscalía lleva la última parte que es la persecución de los delitos, pero con el nuevo sistema de justicia ya tiene que hacerse el trabajo desde las detenciones de los presuntos responsables, constatar delitos en fragancia. Debe de entenderse que tenemos que generar una gran coordinación entre todas las instancias de seguridad, que es lo que nos puede llevar a tener éxito en la función ministerial, en la función de investigación del delito y persecución del delito”.
–¿Qué iría a cambiar o a enfrentar en la fiscalía?
–Diagnosticar primero el tema interno, el tema del recurso humano y cómo está la distribución, cómo está el tema salarial, cómo está la capacitación. Es un diagnóstico real y claro de la dependencia, sin ocultar nada, hay grandes rezagos en la institución y son claros, son evidentes y es necesario combatirlos.
–La Policía Ministerial y el Ministerio Público son instituciones muy criticadas por la sociedad. Ha habido señalamientos de que tienen vínculos con el crimen organizado, de que están sólo al servicio de la gente con poder y que maltratan a los ciudadanos pobres y obstaculizan sus denuncias. ¿Qué puede hacer para enfrentar esos vicios, combatir la corrupción y dignificar la procuración de justicia para que la sociedad recupere la confianza de la Fiscalía?
–Yo creo que hay que tener y dejar claro el entendimiento de que todos debemos empujar hacia el respeto a los derechos humanos, es muy importante que se respeten los derechos de las víctimas, de los derechos de los denunciantes y que se trabaje con ellos. A mí me parece que esta parte donde se ha obviado, donde se ha restringido el acceso a la justicia, parte de ese mal entendimiento de que entendemos que solamente la justicia puede ser para unos cuantos o que es selectiva.
“Entonces hay que ampliar la contraloría social de manera necesaria, debe haber una intervención social para que también vigile los esfuerzos que se hacen dentro de la fiscalía, pero también el tema interno tenemos que fortalecer las instancias internas que le dan seguimiento a las carpetas de investigación, que le dan seguimiento a la actuación de los Ministerios Públicos, de la Policía Ministerial y la recuperación de la confianza se va a dar en términos de esa contraloría que se haga con la misma sociedad, o sea, la cifra negra de delitos no denunciados es altísima, necesitamos combatirla generando la confianza con la gente”.

Obligación de atender a las víctimas

–Dirigentes de las organizaciones sociales del estado han recalcado que el próximo fiscal debe tener empatía y cercanía con las víctimas, ¿tiene usted esa cercanía y sensibilidad?
–Nosotros tenemos el deber y la obligación de escucharlos, atenderlos y canalizar sus demandas, lo hemos hecho en este espacio (la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social ), lo hemos hecho desde otros espacios de la administración donde nos ha tocado la responsabilidad de atender estos temas y lo vamos a seguir haciendo, obviamente que lo hacemos con un sentido del respeto de los derechos humanos y de las víctimas, este trabajo se va a ir viendo en el desarrollo de la función.
–¿Tiene usted enemigos políticos, por qué sólo con usted hubo una petición formal de que se le expulsara de la contienda en el Congreso del estado?
–Sí los tengo no los conozco, no he tenido ninguna confrontación con nadie, yo creo que se da en el contexto de la participación de todos los que nos inscribimos, pero yo no tengo problemas con nadie, nunca los he tenido y no lo veo incluso como un tema personal, yo respeto el derecho que tienen todos de poder solicitar lo que mejor crean, yo acudí al Congreso, yo me registré, o sea no mandé a nadie a registrarme, si lo hice pues el último día que estaba los registros.
–¿Fue usted el último en registrarse?
–Creo que sí, porque mi registro es de las 2:55 (de la tarde) creo que sí fui el último, pero fui personalmente.
–¿Renunciará al cargo de subsecretario, es necesario que renuncie?
–No, no es necesario, pero ya participando en estos días lo voy a comentar con la ciudadana gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) para ver lo que sea mejor para el gobierno del estado y para mí.
–A voces se dice que usted es el palomeado ¿Qué opina que así se le consideré?
–No, yo creo que esto ha sido un proceso dónde sería faltarle al respeto al Congreso (del estado), ellos tienen su propia opinión, hay un proceso legislativo que está en curso y donde vamos a comparecer, donde tendremos que exponer nuestras propuestas, los diputados tienen el derecho y la obligación de votar conforme a ellos se los dicte su conciencia en ese momento, o sea no hay una intervención del gobierno del estado en ese tema, que yo lo conozca, o sea, yo he participado como participamos todos.
–¿Le han notificado algo al respecto desde el Congreso, ya le dieron alguna fecha para comparecer?
–No, no, entiendo que primero lo van a hacer de conocimiento del Pleno y que de ahí se harán las citas para las comparecencias.
–¿Usted se siente capaz de asumir la fiscalía, en el contexto de que hace unos días un menor de edad fue descuartizado junto con el ex catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Salvador Catalán Barragán?
–Capaz, preparado y dispuesto.
De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Ludwig Marcial Reynoso Núñez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con cédula profesional 4095553 expedida en 2004. También tiene una maestría en Administración, por el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacífico de cédula profesional 7508192 expedida en 2012.
Ludwig Marcial tiene 45 años, es cercano al padre de la gobernadora, el senador Félix Salgado Macedonio, de quien fue su secretario general del Ayuntamiento de Acapulco durante su gobierno.
El 17 de octubre desde su cuenta personal de Facebook informó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a dos días de tomar protesta, lo designó subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno.