Hablan de falta de médicos en visita de De la Peña al Hospital de la Madre en la capital

 

El titular de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), Carlos de la Peña Pintos, acudió al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense en la capital, luego de las denuncias de médicos de la falta de personal que cubra las guardias y de no poder atender a todos los pacientes que llegan al hospital.
El secretario de Salud de Guerrero, acompañado del contralor de la dependencia estatal, Eduardo Lorio Casanco, se reunieron en privado con el director del hospital Adiel Molina Bello y personal médico de la sección 61 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg).
Consultado luego de la reunión, De la Peña Pintos informó que platicaron del problema de la saturación de pacientes, que el director señaló que es de un 180 por ciento.
-¿Cómo cuales?- se le preguntó.
-El área de urgencias, que obviamente se satura la terapia intensiva, pediátrica, con los (bebés) prematuros, entonces todo esto condiciona que a veces los bebés tengan que ubicarse en áreas donde no les corresponde, entonces todo esto se está abordando y se está analizando, en cuanto a los recursos de medicamentos y material de curación.
De la Peña Pintos señaló agregó que “los antibióticos son parte de los medicamentos que más se requieren, eso es siempre, como son pacientitos delicados”
El secretario de Salud estatal y el director del hospital aseguraron que hay suficiente medicamente en el hospital. Molina Bello no precisó en qué porcentaje llega a faltar el medicamento, porque son consumibles diariamente.
El titular de Salud agregó que hoy iniciarán reuniones de trabajo junto con el personal, los directivos, el sindicato y de la Dirección de Recursos Humanos del gobierno estatal.
Consultada también luego de la reunión, la secretaria general de la sección 61 del Suspeg, Pilar Guadalupe Cortes Ríos, expuso que ella estuvo en la reunión porque no hay personal para cubrir las guardias, desde hace unos cuatro meses, faltan médicos y enfermeras, aproximadamente unos cien, lo que complica dar el servicio a los pacientes.
Afirmó que les informaron que la nómina del gobierno del estado está lleno y no hay los recursos económicos suficientes, y por eso se harán las mesas de trabajo.
De la Peña Pintos dijo que “se van hacer las mesas de trabajo para analizar la plantilla, para ver los cubre incidencias (personal denominado así porque cubre en casos extraordinarios) en las vacaciones, todo los cubre descansos…Porque no está contemplado dentro del presupuesto, antes no había problema, pero a consecuencia de la saturación comenzó el desajuste”.
El 26 de diciembre familiares que tenían internados a sus bebés, de una semana y hasta hace cinco meses de nacidos, denunciaron que había un brote de candidiasis (cándida), y que sus hijos ya presentaban la infección, que impedía que se recuperaran, además de que no había medicamentos para darles tratamiento, ni batas que necesitaban para visitar a sus hijos.
Luego de la reunión con director del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, y personal médico de la sección 61 del Suspeg, se le preguntó al secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos por las quejas de la falta de medicamento y equipo del personal médico en el centro de salud de la comunidad de Petaquillas, en Chilpancingo.
Respondió que “estamos nosotros trabajando con el presidente municipal (de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena), próximamente este debe también solucionarse, vamos poco a poco, porque verdaderamente nosotros recibimos con varios rezagos en ese aspecto, y como los recursos son limitados tenemos que ir avanzando poco a poco, así lo estamos haciendo y tendremos constancia de los apoyos que vamos dando”.
El 6 de enero de este año, los médicos y enfermeras mostraron las instalaciones y denunciaron la falta de insumos básicos e infraestructura, que hace falta médicos y enfermeras para atender a los más de 16 mil habitantes que se atienden ahí.

Presentan demanda siete de 24 policías dados de baja en Chilpancingo; exigen liquidación justa

Siete de 24 policías municipales de Chilpancingo que fueron dados de baja presentaron una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso  Administrativo contra el Ayuntamiento para que los liquiden conforme a la ley, algunos llevan laborando entre ocho y 15 años en la corporación.
Un agente municipal quien pidió omitir su nombre señaló que en el caso de los 17 uniformados afectados están en espera de la negociación con funcionarios del Ayuntamiento para que sean reincorporados en otra área de trabajo y continuar laborando en el municipio.
El sábado, al finalizar una reunión privada de alcaldes en la Casa Guerrero con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, dijo que el despido de los 24 policías municipales fue porque no pasaron el examen federal, y que la misma federación mandará el dinero para la liquidación.
El policía dijo que detrás de las irregularidades está el acalde, (el secretario de Seguridad municipal) Espinosa Montoya, y el enlace entre el municipio y la federación para el pago del programa de Fortalecimiento a la Seguridad de los Municipios (Fortaseg), Efraín Zúñiga Cortés, y consideró que son represalias porque participaron en las protestas para exigir mejoras laborales.
Recordó que desde el 30 de diciembre los 24 policías no laboran en la corporación, y actualmente quedan 96 a cargo de la seguridad en todo el municipio, lo que consideran insuficiente.
El martes, policías municipales de Chilpancingo se quejaron de que el Ayuntamiento les notificó que están dados de baja sin explicarles el motivo, exigieron al alcalde y al secretario de Seguridad, que intervengan para resolver su situación laboral.

Se quejan de falta de agua colonos capitalinos; impiden la entrada empleados de la constructora

Vecinos del fraccionamiento Jardines de Zinnia, en Chilpancingo, bloquearon la entrada a los trabajadores de la empresa Hogares Erso, porque desde hace dos semanas no surten de agua a sus viviendas.
A las 8 de la mañana, unos 20 habitantes del fraccionamiento, ubicado al poniente de la capital, cerraron la entrada principal e impidieron el paso a los trabajadores, donde denunciaron que cuando la empresa Erso y Plan Vivienda les presentaron el proyecto, les aseguraron que tendrían agua potable, seguridad y recolección de basura, pero no cuentan con ninguno de esos servicios.
Recriminaron que el alcalde, Marco Antonio Leyva Mena ha incumplido los acuerdos a los que llegaron desde que él era delegado del Infonavit, y ahora, como presidente municipal no interviene para solucionar los problemas que enfrentan con la constructora.
Mediante un volante, la empresa Hogares Erso informó que, “a partir del próximo jueves 12 de enero del presente año, la constructora dejará de suministrarles agua a la fase 1 y al circuito Amber, ya que con fecha 8 de diciembre del 2016 Capach (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo) recibió las redes de agua potable y alcantarillado del conjunta habitacional”.
El vocal del comité de desarrollo del fraccionamiento, David Aguillón Osorio manifestó que Leyva Mena tampoco se ha querido comprometer a que se haga el tanque de abastecimiento de esa colonia.
Aguillón Osorio dijo que en las casas del fraccionamiento hay ventanas inservibles, calentadores solares que no funcionan y filtraciones de agua, además de que la tubería presenta fugas y, pese a que hay un tanque de 200 mil litros cúbicos que distribuye el servicio por gravedad, el agua no llega a las viviendas.
Desde el 8 de diciembre, la Capach recibió las redes de agua potable y alcantarillado, pero se niega a brindarles el servicio pretextando que la tubería que tienen no es apta para dotarles agua.
Los vecinos hicieron un llamado a no comprar departamentos a Plan Vivienda, que encabeza Julián Urióstegui Carbajal, ya que ofrecen viviendas que supuestamentente tienen todos los servicios, pero son de mala calidad.
Además, hay compradores que esperan la entrega de sus casas desde hace cuatro años,  pero si desean retirarse del proyecto les quitan 3 mil pesos, lo mismo sucede si se retrasan una mensualidad.
Asimismo, expusieron que Urióstegui Carbajal no firmó los contratos de compra-venta con los vecinos, por lo que, si quieren proceder legalmente están imposibilitados para hacerlo.
David Aguillón resaltó que, “esperamos que ahora que se ventilen (estos asuntos), nos organicemos en contra de Plan Vivienda, la empresa Hogares Erso, y también del Ayuntamiento, porque está implicado el alcalde Marco (Antonio) Leyva”.
El 11 de septiembre de 2014, el entonces alcalde priista, Mario Moreno Arcos, el ex delegado del Infonavit, Marco Antonio Leyva Mena, y funcionarios estatales y federales, dieron el banderazo de inicio a la construcción del fraccionamiento.
Mario Moreno, en su discurso dijo que, “esta licencia que entregamos, gratuitamente, aunque representaba un gran ingreso al Ayuntamiento, se otorgó con el fin de incentivar la entrada de empresas que quieran construir viviendas en Chilpancingo, debido a que tenemos un déficit en este rubro… mientras que el conjunto desarrollador tiene el compromiso de entregar la obra al 100 por ciento, con todos los servicios que requiere una vivienda digna”.
El 13 de octubre de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores, acompañado de Leyva Mena y Urióstegui Carbajal, entregó las escrituras a 300 familias del fraccionamiento.
En el lugar, el encargado de la obra, Jose Javier Zermeño habló con los manifestantes para que permitieran el paso a los trabajadores, y mandó pipas con agua para abastecer a los vecinos.
Los habitantes dijeron que desde que la constructora presentó el proyecto de las viviendas no les faltaría el agua, por lo que exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al alcalde Marco Antonio Leyva Mena, que resuelvan el problema y cumplan lo que prometieron.

Exigen policías municipales al gobierno de Chilpancingo que intervenga ante su despido

Policías municipales de Chilpancingo se quejaron de que el Ayuntamiento les notificó que están dados de baja sin explicarles el motivo, y exigieron al alcalde, Marco Antonio Leyva Mena, y al secretario de Seguridad Pública, Esteban Espinosa Montoya, que intervengan para resolver su situación laboral.
A la 1 de la tarde, los 24 policías llegaron al auditorio del Ayuntamiento pidiendo ser atendidos por autoridades del municipio, para resolver sus demandas después de ser despedidos desde el 15 de diciembre.
En la reunión los atendió el segundo síndico, Miguel Ángel Hernández Gómez, que también es el presiente de Honor y Justicia, quien dijo que la presidencia no le ha notificado que 24 policías municipales fueron dados de baja, y agregó que tendrá una reunión con el alcalde priista, Leyva Mena, para buscar alternativas en beneficio de los policías.
Un policía municipal que se reservó su nombre para evitar represalias, comentó que el 28 y 29 de diciembre le entregaron un oficio del Ayuntamiento, fechado el 15 de ese mes, informando que 24 policías fueron dados de baja sin darles detalles del motivo, “pero escuchamos comentarios, de que ellos dicen que no pasamos el examen de control y confianza, no nos han entregado los resultados, pero es hasta 2018”.
Responsabilizó de estas irregularidades al secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinosa Montoya, y al enlace entre el municipio y la federación para el pago del programa de Fortalecimiento a la Seguridad de los Municipios (Fortaseg), Efraín Zúñiga Cortés, como represalias contra los policías que participaron en las protestas para exigir mejoras laborales.
Señaló que desde el 30 de diciembre, los 24 policías no laboran en la corporación, y actualmente quedan 96 a cargo de la seguridad en todo el municipio, lo que consideran insuficiente, y agregó que carecen de patrullas, “apenas a la corporación llegaron cinco vehículos marca Tsuru, de los cuales dos están operando en la ciudad y de los demás autos no se sabe”.
Dijo que están en espera de la respuesta del alcalde Leyva Mena, para saber si los liquidarán conforme a la ley o serán reubicados en otra área del Ayuntamiento para seguir laborando, “cada compañero tiene diferentes intereses, unos quieren la liquidación otros seguir laborando en otro trabajo, pero vamos a esperar qué nos ofrece el Ayuntamiento”.
Por último, exigieron al presidente municipal y al gobierno federal que intervengan para atender su situación laboral, “que volteen a ver a Chilpancingo, porque la corporación está en malas condiciones, en comparación con municipios aledaños, que cuentan con buenas patrullas para trabajar”.

Vuelve a pedir tiempo el alcalde capitalino a vecinos de La Cinca para cerrar el basurero

 

Vecinos de la colonia La Cinca, que colinda con el basurero de la capital se reunieron con el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, quien por tercera ocasión les pidió tiempo para cerrar definitivamente el tiradero, del que los habitantes se han quejado ante la saturación que provoca malos olores y problemas de salud.
El lunes, los vecinos tenían programada una reunión con el alcalde para hablar sobre los acuerdos a los que llegaron luego de que bloquearon la entrada al tiradero, en agosto, como la construcción de una cancha, la pavimentación de una calle y el servicio de recolección de basura. El presidente municipal suspendió la reunión.
Ayer, el comité de desarrollo de la colonia se reunió con el alcalde en privado, con una hora de retraso, pues la reunión estaba programada a las 6 de la tarde.
Al término de la reunión, casi una hora después, se consultó al secretario de Finanzas de la colonia La Cinca, Armando Sabino Villanueva, para preguntarle sobre la reunión y los acuerdos alcanzados.
El vecino expuso que no se firmó una minuta de acuerdos y que todo quedó de palabra; contó que, el alcalde priista Leyva Mena les pidió que esperaran un mes más.
El 13 de agosto, unos 100 vecinos de esta colonia cerraron el acceso al basurero para exigir su cierre definitivo. Ese día, el presidente municipal acudió al lugar, donde les prometió que en un mes y medio estaría cerrado definitivamente, pero no fue así.
El 4 de octubre se volvieron a reunir, y el alcalde les pidió más tiempo para cerrar el tiradero, sin definir cuánto.
En la reunión de ayer, los vecinos acordaron con el alcalde que, a partir de este miércoles, el servicio de recolección de la basura se prestará la colonia.
El alcalde aseguró que la construcción de la cancha y la pavimentación de una calle están etiquetadas en el presupuesto del municipio para este año, pero que estarán pendientes para verlo asentado en el documento del presupuesto.
La reunión culminó sin el acuerdo de una nueva fecha para dialogar con Marco Antonio Leyva Mena.

Piden familiares de las víctimas el regreso de sus desaparecidos en un convivio en Chilpancingo

En medio de la tragedia que viven con sus padres ausentes, hijos de desaparecidos y asesinados ante la violencia que se padece en Guerrero, festejaron este viernes el Día de Reyes, en un convivio que organizó el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, en Chilpancingo.
Los hijos de las víctimas de la violencia recibieron regalos, partieron la rosca de Reyes, y tomaron agua y refrescos, pero los reyes no les cumplieron el mayor deseo que muchos de ellos pidieron para este día, el regreso de sus padres.
Como José, un niño siete años, hijo de Josué Molina Rodríguez, desaparecido desde el 14 de junio de 2014, que llegó acompañado de dos de sus hermanitos, nietos de Guadalupe Rodríguez Narciso, presidenta del  Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País.
Guadalupe Rodríguez comenzó la lucha por la presentación de los desaparecidos luego de que hombres armados levantaron a su hijo, Josué Molina, cerca de la Secundaria Técnica número 30 de Chilpancingo, y ninguna autoridad estatal o federal quiso ayudarla, hasta que sumó fuerzas con familiares de otros desaparecidos y asesinados para constituir el colectivo, el año pasado.
Al festejo asistieron la tarde de este viernes más de 30 niños de distintas edades acompañados por sus madres o padres, que llenaron un local ubicado en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Progreso, de la capital.
En el festejo, cada niño recibió un regalo de los que fueron recolectados por el colectivo. Los menores tuvieron derecho a escoger su regalo bajo la condición de responder una pregunta escrita en un pedazo de papel que sacaban al azar de una improvisada urna.
La primera niña sacó una papeleta que decía: “¿Si fueras gobernador qué harías?”, no pensó mucho su respuesta, “ordenaría que buscaran a mi papá y a los otros desaparecidos”.
Después, algunos de los menores platicaron con los reporteros. Los hijos de Josué Molina eran los menos tímidos. José recordó a su padre, “grandote”, su hermano mayor recordó que con él tenía “amor”, y el más pequeño de los tres recordó que a su padre le “gustaba comer mucho”, pero que ya quiere que regrese.
Por su parte, Mariana, hija de Miguel Ángel Nava, desaparecido hace siete años, pidió que el  gobierno busque a su padre y que se lo regrese. “Él era una persona buena”, dijo antes de que la tristeza la embargara y se le cerrara la garganta.
A su vez, Paola dijo que su padre tiene ocho meses desaparecido, y recordó que cuando él vivía con ellos, ella era muy feliz, porque su padre era, “amable conmigo y me compraba todas las cosas que yo quería, por eso quiero que regrese”, dijo.
Alexandra, hija de Juan Álvarez Gil, un policía ministerial que desapareció hace tres años, exigió que el gobierno le ayude a buscar y encontrar a su padre, y se quejó de que no haya hecho nada para devolverlo.
Junto con las exigencias de los menores, hubo también de los adultos.
Jesús Castrejón Santana, padre del agente de Tránsito de Chilpancingo, Moisés Castrejón Serrano de 32 años, que desapareció hace nueve meses, denunció que a pesar de que su hijo era servidor público, los gobiernos estatal y municipal no han investigado su paradero.
“No hemos tenido nada de parte del gobierno. Al contrario, he pedido informes y lo único que me dicen es que ya pidieron informes a las diferentes presidencias  municipales para saber si fue detenido. Es lo único que han investigado”, se quejó.
Declaró que, en cambio él, sin recursos, se ha ido a buscarlo a las barrancas, a los cerros, “en los lugares donde tiran cadáveres, he ido a hospitales, a las prisiones, a diferentes partes, lo que el gobierno no ha hecho”.
Dijo que, desgraciadamente los familiares de los desaparecidos no tienen los medios para buscar en todas partes, “y el gobierno sí los tiene, pero lo que no tiene es voluntad. Yo le pido que hagan algo por nosotros”, exigió.
Reprochó que, en cambio, cuando a un funcionario le desaparecen a un familiar “pagan los millones y al segundo o tercer día aparecen, ¿y eso por qué?, por el dinero.
Desgraciadamente nosotros no tenemos el recurso para pagar y para que nuestros desaparecidos regresen, aunque sea como sea”.
Recordó que su hijo estaba laborando el 8 de febrero de 2016 en la avenida Guerrero, a la salida del paso a desnivel, aproximadamente a la 1 y media de la tarde, cuando avisó por radio a sus superiores que lo apoyaran porque unas personas estaban discutiendo con él, pero que nunca llegó el apoyo que pidió.
Dijo que, cuando varias horas después fueron a buscarlo sus compañeros, solamente encontraron la motocicleta que utilizaba en el servicio. Denunció que a casi un año de su desaparición, las autoridades no han investigado para localizarlo.
“No existe ningún reporte en el expediente que diga qué actividades han hecho para encontrarlo, y ni siquiera a sus familiares les han pedido informes, menos a sus vecinos les han ido a preguntar en qué trabajaba o cómo se portaba, que es lo mínimo que se debe hacer en una investigación, nomás nos han ido sobrellevando”, protestó.
Contó que Moisés tiene tres hijos, de  nueve, siete y cuatro años, y que durante el tiempo que lleva desaparecido ninguna autoridad ha querido apoyarlos, por el contrario, denunció que el Ayuntamiento hasta el mes pasado sólo le pagó a su mujer el salario que venía recibiendo, pero que le suprimió el aguinaldo y un bono que recibieron el resto de los policías de Tránsito en activo.
Informó que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, le dijo que posiblemente en enero van a valorar si es que le dan el apoyo a sus familiares, a pesar de que él estaba en labores cuando se lo llevaron, “por falta de atención de la autoridad, por no cuidar de nosotros”, reclamó.

Tiene registradas más de 100 víctimas, 80 de ellas desaparecidas y el resto asesinadas

El Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, tiene registradas más de 100 víctimas de la violencia; 80 de ellos son casos de desaparecidos y el resto de asesinados.
La representante del grupo, Guadalupe Rodríguez dijo que algunos casos fueron denunciados desde hace ocho años, pero que ninguno ha sido esclarecido.
A nombre del Colectivo, demandó una audiencia al gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitarle atención a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y asesinados ante la violencia que se vive en la entidad.
La representante de la agrupación se quejó de que mientras sigue el baño de sangre en Guerrero y continúan las desapariciones de personas, no haya atención para las víctimas y sus familiares, que quedan en el desamparo.
“Ojala este año si nos reciba, porque el año pasado nos dejó plantados tres veces a los familiares de las víctimas de desaparición y de los asesinados”.
La representante declaró que el gobierno del estado tiene la obligación de velar por el bienestar y por los intereses de los familiares de las víctimas, porque se encuentran en ésta a situación debido a que el gobierno no ha sabido o podido resolver el problema de la violencia, y por consiguiente no garantiza la integridad física y de sus bienes, como es su obligación.
Dijo que hasta ahora, sólo han sido apoyados medianamente por la Comisión Estatal de Atención  a Víctimas (CEAV), pero que el organismo no cuenta con los recursos necesarios para brindar la ayuda integral que establece la ley.

Denuncian desabasto de medicamentos en centros de salud de comunidades de Chilpancingo

El representante de la organización Proyecto 2018, Sergio Ramos Aguilar denunció desabasto de medicamentos como suero antialacrán en centros de salud de comunidades de Chilpancingo.
Al final de la conferencia de prensa conjunta con organizaciones de personas con capacidades diferente para rechazar el aumento de la gasolina, Ramos Aguilar denunció que en comunidades como Santa Bárbara, San Cristóbal, Santa Rita, Amojileca, Petaquillas y Mazatlán hay desabasto de medicamentos en los centros de salud.
“Quiero hacer un llamado muy enérgico a nuestras autoridades de Salud… Mucha gente de escasos recursos viene hasta Chilpancingo, y en el hospital no la reciben. El Seguro Popular es un fraude, es un fraude porque no atienden, (los) tienen parados, las autoridades no dejan pasar a la gente humilde”, denunció.
Agregó que ha enviado peticiones a la secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Beatriz Vélez Núñez, para que atienda la falta de medicamentos pero que sólo queda en promesas. También llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores, a los diputados y al alcalde Marco Antonio Leyva Mena para que atienda su demanda.

Proliferan basureros clandestinos en la capital ante la deficiente recolección y la saturación del tiradero

 


En la capital del estado sólo hay 20 camiones recolectores de basura, cuando se necesitan al menos 50 para brindar atención a las 600 colonias de Chilpancingo, lo que ha provocado la proliferación de tiraderos clandestinos.
Ante la falta del servicio de recolección de basura, la población arroja sus desechos a la vía pública e incluso a los predios baldíos, lo que origina una proliferación de moscos y malos olores.
El artículo 92 del Bando de Policía y Buen Gobierno dice que, “Por servicio público se debe entender toda prestación concreta que tienda a satisfacer las necesidades públicas. Está a cargo del Ayuntamiento, quien lo prestará de manera directa o con la concurrencia de los particulares, de otro Municipio, del Estado o de la Federación; o mediante concesión a los particulares”.
Asimismo, el artículo 95 señala que, “En todos los casos, los servicios públicos deberán ser prestados en forma continua, regular, general y uniforme”.
En Chilpancingo, la recolección de basura, principalmente en la periferia, está en manos del sector privado, que según información del gobierno municipal debe recibir sólo una cooperación voluntaria, sin embargo los prestadores del servicio cobran una tarifa mínima de 10 pesos por llevarse los desechos, sin recibir sanciones, pese a que durante todo el año hubo quejas de los colonos por el cobro.
En la carretera federal Chilpancingo-Tixtla en el punto conocido como el Basurero que conduce a las antenas, en un recorrido se observó que a un lado de la vialidad hay un tiradero de basura clandestino de más de 50 metros de largo, donde el mal olor es insoportable, debido a los escombro, animales muertos y desechos, que se depositan ahí.
El actual basurero municipal, ubicado al sur de la capital, está saturado; en agosto se abrió una celda de “emergencia”, que sólo duraría un mes y medio. El encargado del sitio, Miguel Ángel López manifestó que en la celda de “emergencia” se hicieron trabajos de ampliación para tirar basura durante un mes y medio.
Sin embargo, cuenta, ante la falta de un predio para construir el relleno sanitario, el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena instruyó para que se ampliara más la celda para que durara hasta diciembre.

Continúa la remodelación de la avenida Alemán en la capital; debe entregarse esta semana

Las obras de remodelación de la avenida Miguel Alemán continúan, a pesar de que los gobiernos estatal y municipal se comprometieron a entregarla antes del Paseo del Pendón; este jueves, el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, junto con la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), y diputada federal del PRI, Beatriz Vélez Núñez, recorrieron la obra y plantaron robles rosas.
En un video difundido en redes sociales se observó el recorrido del alcalde y la líder sindical. El área de comunicación del gobierno municipal no convocó a El Sur para acudir al recorrido.
En el video se observa a Leyva Mena, Vélez Núñes, y a la esposa del alcalde, Martha García Morales, en la avenida Alemán, donde se toman fotos con los árboles, los locatarios y vecinos de la avenida.
Ahí, el alcalde dijo que, “se plantarán más de 150 robles rosas, además se realizaran dos obras más en la capital como lo ha venido anunciando el gobernador (priista), Héctor Astudillo Flores”.
Posteriormente, en la avenida se observó que los trabajos de remodelación continúan, casi la mitad de la avenida está terminada, falta la colocación de algunos botes de basura, luminarias, las banquetas y el cableado subterráneo.
Consultado en su local, el comerciante Víctor Reza dijo que, “por lo que los comerciantes hemos visto y por lo que nos han informado, los trabajos continuarán, yo le calculo que terminarán hasta diciembre del 2017 porque falta que las compañías de Telmex, Izzi y CFE introduzcan el cableado subterráneo”.
Además manifestó que en la avenida hacen falta varios detalles, como las luminarias, banquetas, más árboles de ornato y botes de basura.
El 17 de diciembre, en un recorrido de Leyva Mena en la avenida Alemán, en declaraciones aseguró que la remodelación se terminaría hasta finales de diciembre, sin embargo se observó que la remodelación continuará.

Se dará de baja a 24 policías de Chilpancingo que no pasaron el examen, informa el alcalde

El alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena informó que están en proceso de notificar a 24 policías municipales sobre su baja de la corporación al no pasar el proceso de certificación.
“Fueron dados de baja por instrucción federal, tendremos que darlos de baja y tenemos el recurso para hacerlo”, agregó
Ante la falta de interesados para pertenecer a la corporación, así como las nuevas reglamentaciones sobre el nivel educativo, el alcalde capitalino señaló que se pretende establecer un nuevo programa que consiste en captar a los que prestan su servicio militar.
Detalló que la tardanza en notificar a los policías (porque operaban desde principios de año) fue por un retraso por parte de la autoridad federal para entregar los resultados.
“Para que tengan un conocimiento de eso cada vez que hay una convocatoria se inscriben policías o los que quieren ser policías, por cada uno los ayuntamientos pagan unos 7 mil pesos”, agregó.
Añadió que en este año se inscribieron 124 candidatos de los cuales pasaron 12, lo que representa una complicación por que los que no pasaron se les debe de pagar.
“Estamos tratando de ver un mecanismo que podamos aumentar el número de personas que quieren ser policías tengan las capacidades mínimas, una de las posibilidades es la contratación de los muchachos del servicio militar nacional”, comentó.
Dijo que ésta podría ser la opción porque ya están capacitados en el uso de armas y estrategias, con lo que se puede solventar que de 124 policías logren pasar unos 40.
Agregó que para echar andar este proyecto sería en cuanto saliera la convocatoria de policías, ya que hablaron con el Ejército.
A pregunta expresa sobre la congruencia de la federación en hacer más rigurosos los parámetros para aceptar a los policías y que luego responsabilicen a los municipios de no mejorar el esquema de seguridad, respondió que en el caso de Chilpancingo se está consiente de la certificación.
“Nos hemos metido a un asunto de que cada policía recibirá entre 40 a 45 mil pesos por gestiones de bonos, primas y una serie de cosas, están bien pagados, el Ayuntamiento cumple, el de la capital hace lo que le corresponde”, agregó.
Insistió en que si se esta falta en cumplir algo el gobierno federal debe de informar a los ayuntamientos sobre que hace falta para que se haga y se logre la estabilidad en la seguridad de los municipios.