Por tierra y aire y mostrando sus fotos casa por casa buscan policías del estado a la líder indígena Obtilia Eugenio

 

A Obtilia la desaparecieron cuando huía de Ayutla ante amenazas de muerte, denuncia la OPIM

El secretario de esa organización y esposo de la presidenta señala a la delincuencia organizada y a la UPOEG que quieren controlar las obras públicas del municipio, y la dirigente indígena como parte del Concejo Municipal Comunitario comenzó a revisar los expedientes. Últimamente se le retiraron las medidas de protección policiaca decretadas por la Coidh, denuncia. El sábado sufrió un primer intento de levantón, pero lo evadió su compañero Hilario Cornelio Castro, que la acompañaba y desapareció con ella el martes

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, confirmó la desaparición de su esposa, la presidenta de esa organización, Obtilia Eugenio Manuel. Declaró que la mañana del martes, ella venía huyendo de Ayutla rumbo a Chilpancingo porque las amenazas de muerte arreciaron en su contra desde el sábado.
Mientras tanto, otro miembro de la organización, aseguró que desde el sábado ya había sufrido un intento de levantón en Ayutla pero que evadió a sus agresores porque Hilario Cornelio Castro, quien últimamente la acompañaba para protegerla les hizo frente y lograron escaparse.
Cuauhtémoc Ramírez informó que la activista era acompañada la mañana del martes por Cornelio Castro, también integrante de la OPIM y perdió contacto con ellos en el trayecto de la carretera Tierra Colorada-Ocotito.
Denunció que Obtilia ya no contaba con las medidas cautelares porque tenía desconfianza a los elementos de seguridad debido a omisiones y fallas que habían encontrado. También denunció omisión y negligencia de las autoridades estatales a quienes recurrieron desde que Obtilia comenzó a recibir amenazas de muerte en noviembre pasado pero nunca les hicieron caso.
El dirigente de la OPIM declaró que las amenazas venían de la delincuencia organizada y de gente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) porque querían controlar las obras del municipio de Ayutla, pues Obtilia forma parte de la comisión de obras del Cencejo Municipal Comunitario de ese municipio.
Entrevistado vía telefónica, Cuauhtémoc Ramírez, exigió la presentación con vida de su esposa, de quien dijo que había recibido amenazas de muerte desde el sábado, el domingo y el lunes.
“Le estuvieron marcando a su teléfono y le mandaron mensajes, diciéndole que la iban a matar porque no sabía en qué se había metido”.
Explicó que el móvil de las amenazas son las obras del Ayuntamiento porque Obtilia es la encargada de las obras como parte del Concejo Municipal Comunitario, “revisaron los expedientes y de ahí empezaron las amenazas. Son gente del narco la que está metida en las obras, y gente de la UPOEG”, denunció.
Cuauhtémoc Ramírez denunció que frente a estas amenazas y el riesgo en que se encontraba Obtilia fallaron las medidas cautelares “la Policía estatal no hizo bien su trabajo, porque desde noviembre pasado recibió amenazas estando la policía ahí y no hizo nada”.
Recordó que entonces presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, “y tampoco hicieron nada”. Dijo que después presentaron un escrito a quien era el encargado de Seguridad Pública estatal “para pedirle que nos reuniéramosos y revisáramos todas las medidas y no hicieron nada”.
El dirigente de la OPIM se quejó de que a pesar de que las medidas cautelares eran de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la respuesta de los gobiernos estatal y federal siempre fue omisa y tardía.
Explicó que por eso la mañana del martes cuando huía de Ayutla rumbo a Chilpancingo, ya no traía resguardo policiaco por la desconfianza que ya había hacia la Policía estatal que a pesar de las amenazas ya no le brindaba protección.
“Ya no confiábamos en ellos desde lo que pasó en noviembre, y porque la misma gente de la UPOEG estaba presionando; decía que por qué cargaba policías, que de qué privilegios goza, que el que nada debe nada teme, pura mierda de esa estaban tirando”.
Informó que el lunes ya se venía a Chilpancingo porque las amenazas empezaron el sábado.
“De Ayutla se venía a Chilpancingo porque ya estaban fuertes las amenazas. Después, en Chilpancingo íbamos a decidir qué hacer”, contó.
Otro integrante de la misma organización informó que el sábado hubo un primer intento de levantar a la activista frente a la tienda de autoservicio Aurrerá de Ayutla, pero que esa vez Hilario Cornelio Castro, quien últimamente siempre la acompañaba para protegerla, armado les hizo frente y los agresores huyeron.
Desde ese día, la activista comenzó a sentirse insegura en esa cabecera municipal pero no podía salir por el riesgo, hasta que la mañana del martes decidió abandonar esa cabecera municipal y trasladarse a Chilpancingo, pero en el trayecto desapareció.
El último contacto que tuvieron sus familiares con Obtilia e Hilario fue a las 7 con 20 minutos de la mañana del martes. A esa hora, Obtilia se comunicó vía telefónica desde Tierra Colorada con Cuauhtémoc Ramírez quien se encontraba en Chilpancingo.
Los familiares y miembros de esta organización creen que Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio pudieron haber sido privados de su libertad en el trayecto de Tierra Colorada a El Ocotito, debido a que habían convenido que cuando pasara Ocotito se volvería a comunicar otra vez y ya no lo hizo.
Por la tarde de ayer, Cuauhtémoc Ramírez, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia por la desaparición forzada de Obtilia e Hilario.
Obtilia Eugenio Manuel es fundadora de la OPIM junto con su esposo Cuauhtémoc Ramírez, y es también integrante de la Comisión de Justicia del Consejo Municipal de Ayutla, el órgano de gobierno municipal que por primera vez fue electo por usos y costumbres de los pueblos indígenas en ese municipio.
Obtilia y su organización acompañó en su lucha a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas sexualmente por soldados del Ejército en 2002 y derivado de ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria al Estado mexicano.
La activista contaba desde el 2009 con medidas cautelares que dictó la Coidh al gobierno mexicano por las amenazas que había venido sufriendo por su defensa a favor de las agresiones que han sufrido indígenas de esa zona.

 

Por tierra y aire y mostrando sus fotos casa por casa buscan policías del estado a Obtilia e Hilario

Rechaza el gobierno responsabilidad en la desaparición de los dirigentes

Anarsis Pacheco Pólito

Un policía estatal muestra la fotografía a un transeúnte. La imagen fue difundida por el gobierno estatal, que afirma que esa actividad comenzó en el área en que desaparecieron los dirigentes de la OPIM, entre Ayutla El Ocotito, y en la noche dijo que se extendió a todas las regiones del estado – Foto: El Sur

Chilpancingo

El gobierno del estado en un comunicado se deslindó de responsabilidad en la desaparición de los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel y su compañero Hilario Cornelio Castro, justificando que durante el año pasado le entregaron el premio al mérito Civil Indígena Cuauhtémoc.
“El gobierno del estado rechaza cualquier vinculación  como responsable de estos lamentables hechos, por el contrario el 27 de octubre del 2018 en el acto conmemorativo del Aniversario del Estado de Guerrero, reconoció la trayectoria de Obtilia Eugenio Manuel como Defensora de Derechos Humanos”, se lee en el documento.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia se encargó de difundir el comunicado que redactó la Secretaría General de Gobierno, en el que se asegura que desde el martes se activaron los protocolos de búsqueda y localización por cielo y tierra, en el área entre El Ocotito y Tierra Colorada, de donde salieron las últimas comunicaciones de ellos el martes.
A pesar de que se dio a conocer que este martes a las 7:40 de la mañana habían desaparecido los líderes de la OPIM, en el comunicado no se especifica la hora en la que se iniciaron estos protocolos, pero si se acompaña de una serie de imágenes en las que se muestra a policías repartiendo volantes con la fotografía de Obtilia Eugenio.
Se explica que trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno se trasladaron “vía área” hacia el último punto donde se tuvo señal en uno de los teléfonos celulares que portaba una de las víctimas y en ese lugar desplegaron las “fuerzas policiales” de manera terrestre.
De manera paralela se informó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz sobre la situación que se atravesaba.
En el comunicado se da a conocer que el gobernador Héctor Astudillo Flores recibió en audiencia  al esposo de la defensora de los derechos humanos, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez a quien le hizo “saber” su interés por la pronta localización de Obtilia Eugenio.
El comunicado termina reiterando que el gobierno del estado tiene el compromiso de proteger y salvaguardar los derechos humanos, así como de hacer uso de todos los medios y herramientas legales y oportunidades encaminadas a la pronta localización de la defensora de derechos humanos.
Por la mañana en Casa Guerrero, el Fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos intentó evitar declarar sobre el tema, pero ante la insistencia informó que se montó un operativo de búsqueda desde Ayutla hasta el Ocotito y que ninguno de los familiares de la defensora había presentado denuncia.
La vocería difundió imágenes en las que aparecen policías del estado entregando volantes con la imagen de Obtilia e Hilari.
Esta actividad iniciada por el gobierno de Héctor Astudillo Flores se parece a la que montó el gobernador Ángel Aguirre Rivero el 2 de octubre 2014 , donde movilizó a mil 650 burócratas a la ciudades de Iguala y Taxco para que casa por casa preguntaran por los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos tras el ataque  de policías y sicarios, días después el gobernador perredista se separó del cargo.

Búsqueda en todas las regiones

En la noche, en un comunicado el gobierno informó que el operativo de búsqueda se extendió a todas las regiones del estado de Guerrero.
“La búsqueda y localización de la señora Obtilia Eugenio Manuel y del señor Hilario Cornelio Castro abarca todas carreteras del estado, en la Autopista del Sol (Acapulco-Cuernavaca) en recorridos por tierra y así como brechas de terracería y zonas conurbadas de los municipios en todas las regiones de Guerrero
Dice que en los reconocimientos se pegan volantes en lugares públicos, con la fotografía de Obtilia Eugenio Manuel, a fin de dar con su paradero.

 

 

Exigen la ONU-DH y ONG al gobierno federal y estatal la búsqueda y presentación de Obtilia

Recuerdan la labor de la dirigente de la OPIM en la defensa de las mujeres violadas por militares, de los indígenas sometidos a esterilización forzada y de otras víctimas en Ayutla. Piden también castigo a los autores materiales e intelectuales

El 7 de junio de 2012 en El Charco, Ayutla de los Libres, el obispo de Saltillo Rau?l Vera saluda a Obtilia Eugenio en la ceremonia por 14 años de la masacre de 11 indígenas de esa región -Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes/ Lourdes Chávez/Alejandro Guerrero y Francisco Magaña

Chilpancingo/Iguala/Atoyac

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), decenas de organizaciones sociales y no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos del país, así como la senadora Nestora Salgado García, condenaron la desaparición de la dirigente indígena de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel, y exigieron a los gobiernos federal y estatal su búsqueda inmediata y presentación con vida.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno de Guerrero y a la Fiscalía General del Estado, a efecto de realizar las acciones conducentes para la búsqueda y localización de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM).
La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades del estado de Guerrero para reforzar las labores de búsqueda y esclarecer el paradero de las personas defensoras indígenas de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, desaparecidas el día 12 de febrero en Guerrero.
“Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro son integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM). La organización ha desarrollado una importante labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Guerrero, particularmente en casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas me’phaa, como la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998 o el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres me’phaa víctimas de tortura sexual cometida en su contra por miembros del Ejército mexicano en 2002, que cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)”, dice la ONU-DH.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, resaltó que “la OPIM es un referente histórico en la defensa de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Han acompañado casos de transcendencia no sólo nacional sino regional, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Debido a ello, a lo largo de su trayectoria han sido víctimas de varios ataques”, dijo en su comunicado el organismo internacional.
Concluye: “La ONU-DH se une a los llamados de los familiares y colegas de Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro en relación con la urgencia de la búsqueda y el esclarecimiento del paradero de las personas defensoras”.
En tanto, la CNDH solicitó al gobierno que se realicen las gestiones necesarias para la búsqueda y localización de Obtilia Eugenio Manuel y su compañero activista Hilario Cornelio Castro y se efectúe la investigación ministerial de su desaparición tomando en cuenta su labor de activismo e informando en todo momento a sus familiares de los avances y resultados obtenidos.
También se solicitó salvaguardar la seguridad e integridad personal de los demás integrantes de la OPIM, así como de las familias de la señora Eugenio Manuel y de su compañero Hilario Cornelio Castro, “brindándoles la contención emocional que corresponda”.
En el comunicado se informa que el presidente de la CNDH y el gobernador Héctor Astudillo sostuvieron una conversación vía telefónica en la que el ombudsman le solicitó su intervención para la localización de los dos defensores desparecidos.
A su vez, la senadora por Morena, Nestora Salgado García, denunció que desde 2002, la dirigente de la OPIM, e integrante del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel, ha recibido amenazas de muerte, por las que tenía medidas cautelares de protección, que no evitaron su desaparición.
En un comunicado, la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y ex presa política se sumó a la exigencia de organizaciones y organismos civiles de derechos por la presentación con vida de la defensora, privada de su libertad junto con el también activista de derechos humanos, Hilario Cornelio Castro.
Añadió que la desaparición de los activistas, ocurre en el contexto de violencia generalizada en el estado, que incluye agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas en Guerrero y el país.
Salgado García urgió a que el gobierno del estado agilice la búsqueda de la defensora y su compañero, y se garantice su integridad física y sicológica.
También la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió al gobierno de Guerrero la inmediata presentación con vida de Obtilia Eugenio.
“Repudiamos el hecho y responsabilizamos al gobierno de Héctor Astudillo Flores de cualquier daño a la integridad física y sicológica de nuestra compañera, quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamiento y amenazas de muerte”, dice el escrito.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red integrada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la república, así como por familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, reprobó “de manera enérgica”, la desaparición de la defensora Obtilia Eugenio Manuel.
Recordó que junto con el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero, Obtilia Eugenio Manuel respaldó en 2016, la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Guerrero, la cual fue declarada en junio de 2017 a ocho municipios entre ellos, Ayutla, municipio de donde la defensora es originaria.
“Este hecho lamentable evidencia la violencia feminicida que viven las mujeres y defensoras en el estado de Guerrero, pues cabe recordar que desde el 7 de diciembre de 2011, Eva Alarcón y Marcial Bautista, coordinadora y  presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán se encuentran desaparecidos, sin que haya avances significativos para conocer su paradero”, dice el pronunciamiento.
Ante ello, el Observatorio exigió al gobierno estatal y al Gobierno Federal, que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas realicen todas las acciones necesarias para encontrar con vida a la defensora y Hilario Cornelio Castro.
También demanda que se inicien las investigaciones necesarias para identificar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición de los defensores comunitarios y que se implementen de manera inmediata y efectiva las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de Guerrero.
Por su parte, le la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que encabeza el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, exigió a los gobiernos estatal y federal que tomen las medidas necesarias para la aparición con vida de la defensora y su acompañante Hilario Cornelio Castro.
También demandó a las autoridades competentes una efectiva investigación que conduzca a la aparición con vida de la defensora y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
Otro organismo que condenó la desaparición de la activista, fue el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “nos sumamos a la exigencia de las organizaciones civiles y sociales para que las autoridades del Estado realicen los trabajos de búsqueda de manera inmediata, oportuna, transparente y con base a información útil y científica para lograr su presentación con vida”, pide el organismo guerrerense en su escrito.
Recuerda que Obtilia Eugenio Manuel, originaria de Barranca Guadalupe, municipio de Ayutla, desde muy joven denunció los atropellos cometidos por el Ejército en la región de Ayutla, “y acompañó a Valentina Rosendo e Inés Fernández en su exigencia de justicia ante la tortura sexual perpetrada por elementos del ejército en el 2002”.
“Debido al riesgo que enfrentaba la defensora Obtilia, optó por mantener una seguridad discreta, depositando su confianza en personas de la comunidad. En el día de su desaparición, iba acompañada por el señor Hilario Cornelio Castro, de quien también se desconoce su paradero”, refiere Tlachinollan.
Tlachinollan exige a los gobiernos federal y estatal que se realicen las acciones de búsqueda efectiva e inmediata, desplazando las fuerzas de seguridad del Estado, para su localización y presentación con vida de la defensora Obtilia Eugenio Manuel y el señor Hilario Cornelio Castro.
Asimismo, que se dé cumplimiento cabal a las medidas provisionales otorgadas por la Coidh desde el 2009, y que se garantice una investigación exhaustiva que dé con el paradero de los responsables de su desaparición y cese la violencia contra las defensoras y defensores comunitarios de Guerrero.
También el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ordene un operativo de alto nivel para encontrar con vida a nuestra compañera. “Consideramos que en el país de la Cuarta Transformación este tipo de hechos no deben ocurrir”, condena la agrupación en su escrito.
De manera conjunta también se manifestaron el Molppeg, la CRAC-PC de Cacahuatepec, Tecoanapa, Huamuxtitlán-Olinalá y Dos Ríos; el Cecop, Frente Popular de la Montaña, OPIG, Colectivo El Grito, CETEG Región Montaña, Colectivo Zapata Vive, Sobrevivientes del caso Iguala y Familiares de presos políticos, Centro de Formación Política Juan R. Escudero, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad,
YoSoy132 Nueva York, Colectivo Ayotzinapa NY, Iniciativa Tlappan y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
“Hoy más que nunca exigimos al gobierno estatal que cese el ataque contra nuestras compañeras y compañeros, que respete la autonomía de los pueblos indígenas, que deje de instruir a algunos dirigentes de organizaciones sociales para que persigan a defensoras y defensores del medio ambiente, de los pueblos originarios y de los derechos humanos en general”, demandaron estas agrupaciones.
También demandaron la intervención del gobierno federal para que exhorte al gobierno del estado a que presente con vida a Obtilia Eugenio Manuel.
Por separado, la activista Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda del asesinado dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, se sumó a la exigencia al gobernador
Héctor Astudillo Flores para que se garantice la seguridad y la presentación con vida de los activistas Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro.
También la dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa en la región de la Costa Grande, Clemencia Guevara Tejedor exigió a las autoridades federales y estatales la presentación con vida de la activista indígena.

 

Participará en la
búsqueda de Obtilia e Hilario, anuncia
el FUSDEG de Tierra Colorada

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que opera en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) informó que su Policía Comunitaria, se sumó a la búsqueda de la defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida con su compañero Hilario Cornelio Castro la mañana del martes.
En un boletín de prensa el órgano de seguridad comunitaria indicó que la desaparición de los activistas de la Organización del Pueblo Indígenas Me’ phaa (OPIM)  fueron “en circunstancias aún no aclaradas”, se deslindó de los hechos ocurridos cerca de su territorio de influencia y externó una “enérgica” protesta.
En el escrito breve emitido anoche la dirigencia del Frente condenó la desaparición de la activista, quien además es una autoridad del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres que gobierna el primer municipio en Guerrero que formalmente se rige por usos y costumbres.
Se deslinda de la desaparición y anuncia su disposición para colaborar la localización de los dos.
De la búsqueda dijo que los policías comunitarios pondrán todo su empeño para encontrar a Obtilia Eugenio y a Hilario Cornelio, a quienes familiares y el gobierno estatal ubican por última vez en el tramo Tierra Colorada-El Ocotito.
El organismo de seguridad se unió a la búsqueda del gobierno del estado, que de manera oficial estuvo informando el vocero Roberto Álvarez Heredia en redes sociales.
El FUSDEG precisa que a los promotores del desarrollo comunitario les preocupa la desaparición de la defensora y el dirigente de la OPIM, “y merece nuestra más enérgica protesta”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Hace la Codehum un “llamado enérgico” a las autoridades para hallar a los 2 líderes

 

Redacción

Chilpancingo

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) lanzó un “llamado enérgico” a las autoridades para que de manera inmediata sea localizada la defensora indígena Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
En un comunicado el presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno solicitó que se lleven a cabo las investigaciones necesarias que conduzcan a una efectiva localización con vida de Obtilia y de su acompañante Hilario Cornelio Castro, quienes desaparecieron este martes en la carretera federal de Tierra Colorada a El Ocotito, rumbo a Chilpancingo.
Además informó que se abrió el expediente VG/1/009/2019-III por la desaparición de ambas personas, se emitieron medidas cautelares dirigidas a la Fiscalía Especializada para Desaparición de Personas, entre otras autoridades, solicitando la implementación de acciones oportunas que coadyuven en la localización de ambos activistas.
Agrega que los visitadores generales, Policarpo Gatica Ramírez y Román Jaimez Contreras y más personal de la Codehum participan en las acciones de búsqueda.
La comisión estatal dice que dará puntual seguimiento al caso, brindando el acompañamiento necesario “desde el ámbito de nuestra competencia hasta esclarecer lo sucedido”.
Además lamenta lo acontecido a la defensora, quien actualmente forma parte del Concejo Municipal de Ayutla y quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamientos y amenazas en su contra.

Presenta el Concejo de Ayutla una denuncia en la FGE por la desaparición de Obtilia Eugenio

Ayer en la noche el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres presentó una denuncia penal por la desaparición de la integrante del órgano de gobierno, la defensora de derechos humanos indígena Obtilia Eugenio Manuel, ante la Fiscalía General del Estado.
Una fuente cercana del gobierno indicó que a las 12 de la noche estaban concluyendo el trámite en las oficinas de la FGE en Chilpancingo, mediante la sindicatura de Seguridad Pública, aunque el caso ya fue  denunciado por sus familiares ante la Fiscalía General de la República. (Redacción).

Pide diputada del PRD a gobiernos federal
y estatal la búsqueda de Obtilia Eugenio

Recuerda Perla Edith Martínez que la activista indígena había recibido amenazas de muerte desde noviembre. Impide Morena en el Congreso exhorto directo a AMLO para atender el caso de las estancias infantiles

 

Rosalba Ramírez

Chilpancingo

La diputada local del PRD, Perla Edith Martínez Ríos, exigió a los gobiernos federal y estatal establecer los mecanismos necesarios para dar con el paradero de la activista indígena Obtilia Eugenio Manuel, miembro del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres y de la Organización de los Pueblos Indígenas Me Phaa (OPIM).
Después de su intervención por el día de la Mujer Mexicana, la diputada recordó en tribuna que la activista indígena está desaparecida desde la mañana del martes y que se perdió comunicación con ella en el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito.
“Esta activista había recibido amenazas de muerte desde el pasado mes de noviembre”, informó.
La noche del martes el padre Alejandro Solalinde denunció la desaparición de la activista y su acompañante la mañana de ese día.

La protesta

Durante la sesión del Congreso se aprobó por unanimidad el exhorto de la diputada priista Aracely Alvarado González al gobierno federal para que clarifique el diagnóstico del Programa Nacional de Estancias Infantiles, “y si del análisis realizado resultan irregularidades, que se aplique todo el rigor de la ley a los responsables”.
El exhorto original era al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se modificó a a propuesta de la diputada de Morena Nilsan Hilario Mendoza para que se hiciera directamente a la titular de la Secretaría de Bienestar, “manteniendo y fortaleciendo la operatividad del programa para cumplir con la función.
Cuando llegó el turno de que el exhorto se leyera en el pleno, las responsables de estancias infantiles que hasta el año pasado eran subsidiadas por el gobierno federal irrumpieron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del estado para exigir que el programa continúe.
Las responsables de las estancias infantiles fueron dirigidas hasta afuera de la sala José Francisco Ruiz Massieu (donde sesiona la comisión permanente) por la diputada panista Guadalupe González Suástegui.
Cuando las manifestantes cruzaron el cerco de seguridad, lo hicieron poniendo por delante a una de las responsables que está embarazada, de esa manera pretendían que los guardias no las detuvieran. Sin embargo, no las dejaron ingresar.
La diputada panista después tuvo que salir para pedirles a las manifestantes que no entraran protestando a la sala porque impedirían que se leyeran las propuestas de exhorto y se podría suspender la sesión.
Finalmente al pleno entraron siete responsables de estancias, que reviraban lo que los diputados de Morena mencionaban de la corrupción en la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el programa de estancias.
En la discusión, Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, les dijo que esperaran a que se publicaran las reglas de operación a finales de febrero, porque podrían darse cambios y sugirió que los diputados que ahora apoyan a las responsables de las estancias lo hacen de forma hipócrita.
Por su parte Araceli Alvarado criticó que en otras entidades los delegados federales están coadyuvando en el problema e interviniendo para que el apoyo no sea retirado, pero en Guerrero Pablo Amílcar Sandoval no está interesado en el tema.
El perredista Bernardo Ortega Jiménez dijo que las protestas son culpa del gobierno federal que ha dado “bandazos un día dice una cosa y después otra. El dijo que iban a desaparecer de manera gradual”.
Ortega Jiménez afirmó que no subía a tribuna de forma hipócrita, si no que él conoce y le ha dado seguimiento a las estancias y afirmó que “nos engañaron”, en referencia al gobierno federal. Finalmente pidió “no descalificar mejor fortalecerlas”.
Mientras que el priista Cervando Ayala Rodríguez pidió “no satanizar los programas que se crearon con mucha nobleza. No podemos estar generando encono ni ofendernos ante reclamos justos”.
La panista presentó una propuesta de exhorto de urgente y obvia resolución a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para que realicen las acciones necesarias para dotar de mayor suficiencia presupuestaria en el Presupuesto Modificado para el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras durante el ejercicio fiscal 2019 y evitar su desaparición, que fue aprobado.

Reporta el padre Solalinde la desaparición de los líderes de la OPIM Obtilia e Hilario

Los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro habrían sido levantados la mañana de ayer martes en la carretera de Tierra Colorada a El Ocotito, según denunció en su cuenta de Twitter el sacerdote Alejandro Solalinde.
Denunció a las 10 de la noche que los activistas se encontraban desaparecidos desde las 7:40 de la mañana, e hizo un llamado a las autoridades para su localización y presentación con vida.
En un primer mensaje el padre Solalinde escribió: “La activista Obtilia Eugenio Manuel y el compañero Hilario Cornelio Castro fueron levantados hoy, a las 7:40 de la mañana en el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito rumbo a Chilpancingo. Ambos son de la Organización de Pueblos Indígenas Me Phaa. Los queremos vivos. ¡ya!”.
Minutos después subió a su cuenta otro mensaje: “Hago un llamado urgente a las autoridades correspondientes para buscar de inmediato a los activistas Obtilia Eugenio Manuel y a Hilario Cornelio Castro, fueron levantados hoy. Son de la Organización de Pueblos Indígenas Me Phaa de Ayutla de los Libres. Ya antes habían sido amenazados”.
Hasta la media noche las autoridades y la dirigencia de la agrupación indígena no habían confirmado oficialmente la desaparición de Obtilia e Hilario, quienes la mañana de ayer se dirigían de Ayutla a Chilpancingo.
En noviembre pasado Obtilia Eugenio denunció amenazas de muerte vía telefónica en contra de ella y de dos integrantes del Concejo Municipal de Ayutla, del que ella forma parte como integrante de la Comisión de Justicia.
Esa vez denunció a El Sur que desconocidos la amenazaron vía telefónica.
Le dijeron que la tenían vigilada y le exigieron que le entregara a dos integrantes del Concejo Municipal.
Desde 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares para la líder indígena debido a las constantes amenazas que había recibido, derivado de sus denuncias por las violaciones de soldados del Ejército contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en febrero y marzo de 2002, en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec. (Redacción).

 

No investiga la FGE las amenazas de muerte contra integrantes del Concejo de Ayutla: OPIM

 

El secretario de La Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado las amenazas contra integrantes del Concejo Municipal de Ayutla, entre estos su esposa la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel.
Informó que los agraviados presentaron la denuncia ante el Ministerio Público pero no hay ninguna investigación al respecto.
Mientras tanto integrantes del Concejo Municipal informaron que existen sospechas de que quienes los están amenazando son los ex alcaldes Hortensia Aldaco y Severo Castro, y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
El 19 de noviembre Obtilia Eugenio Manuel, integrante del nuevo órgano de gobierno de Ayutla, representado por el Concejo Municipal Comunitario y presidenta de la OPIM, denunció amenazas de muerte en su contra y en contra de dos integrantes del concejo, al parecer por la delincuencia organizada.
Mediante un escrito Eugenio Manuel denunció que la amenaza de muerte fue vía telefónica, y que le exigieron que entregara a dos de sus compañeros del Concejo Municipal Comunitario.
Ayer Cuauhtémoc Ramírez denunció que a pesar de que presentaron la denuncia ante el Ministerio Público la Fiscalía no investiga para dar con los responsables.
Informó que la carpeta de investigación es la 12180730100178131118 y que la denuncia fue presentada por los integrantes del Concejo Municipal, Taurino Santiago Fernández, Miguel Ocampo Álvarez y Obtulia Eugenio por amenazas y en contra de quien resulte responsable.
En su denuncia Eugenio Manuel expuso que el 12 de noviembre alrededor de las 2 de la tarde cuando se encontraba en el segundo nivel de lo que ahora es la Casa de los Pueblos (antes Palacio Municipal), recibió una llamada telefónica de un hombre que primero le dijo que se llamaba Raymundo Méndez García, comandante de la Policía Estatal, y después que era el Comandante R-6 del Cártel de Jalisco.
Dijo que el tipo le dio señas por teléfono de cómo estaba vestida para confirmarle que la estaba vigilando.
Enseguida le llamó, la amenazó de muerte y le dijo: “tú vas a responder por todos los del Concejo, te estoy mirando, tienes una blusa blanca y pantalón azul, traes huaraches de color negro, ya viste que te tengo bien vigilada hija de tu perra madre, ahora vas a entregarme a dos de tus compañeros que están contigo, el de camisa blanca y el de camisa cuadrada, los que están al lado del escritorio donde estas sentada”.
Los integrantes del Concejo responsabilizaron de estas amenazas a los ex alcaldes Hortensia Aldaco y su esposo, el también ex alcalde Severo Castro e integrantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG, en represalia porque en esos días los integrantes del Concejo advirtieron que presentarían una denuncia en contra de Aldaco por irregularidades en el proceso de la entrega-recepción.
Cuauhtémoc Ramírez demandó ayer que la FGE investigue para saber quiénes son los responsables de las amenazas, y se les aplique la ley porque lo que pretenden es frenar el trabajo del nuevo órgano de gobierno de ese municipio, que fue electo mediante usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Cierra la OPIM una calle en Chilpancingo; exige justicia en una muerte por negligencia médica

Integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), bloquearon este lunes 5 horas la avenida de los gobernadores frente a la puerta 3 de Casa Guerrero, y exigieron el cumplimiento de la recomendación 43/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que establece la reparación del daño a los familiares de la indígena Brígida Campos García, quien falleció por negligencia médica en el hospital de Copala.
La CNDH emitió la recomendación desde el 25 de septiembre del 2014 y recomienda, asimismo, la sanción al personal responsable de la negligencia.
Los manifestantes exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores porque denunciaron que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame y el de Salud, Carlos de la Peña Pintos encargados de atender el caso, no les han dado una respuesta satisfactoria.
En su protesta denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros de salud de la región Costa Chica.
La dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel denunció que ya tiene 2 años y medio que la CNDH emitió la recomendación que establece que se tiene que reparar el daño a los familiares de la víctima Brígida Campos, sin que el Gobierno estatal le haya dado cumplimiento a pesar de que fue aceptada.
Explicó que a pesar de que no existe una ley que establezca cómo y cuánto debe ser la reparación del daño, hay reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en este caso están pidiendo que la Secretaría de Salud se apegue a ese reglamento.
Denunció que la Secretaría de Salud, mediante su representante Javier Guerra, les ha informado que la dependencia ya dispuso cuánto es lo que van a pagar como reparación del daño a la familia, pero que el secretario de Gobierno no ha autorizado el trámite.
“Nosotros decimos que una vida no se compra, que no hay un precio, pero los empleados de salud que provocaron su muerte (de Brígida Campos), arruinaron el proyecto de vida que tenía con Jesús Victoriano, su esposo y el hijo de ambos, quien también murió porque no hicieron nada para salvarle la vida en el hospital. Sus vidas, sus aspiraciones y su proyecto de vida que empezaron a construir no vale dinero, su valor no tiene precio, y estos empleados de gobierno no lo entienden, piensan que con unos cuantos pesos pueden callar el reclamo de justicia”, denunciaron en un volante distribuido durante la protesta.
Eugenio Manuel dijo que piden hablar directamente con el gobernador para que cumpla la recomendación que emitió la CNDH, específicamente la reparación del daño a los familiares.
Informó que también han pedido al senado de la República que intervenga para que pida al Gobierno estatal una explicación, de por qué no ha cumplido la recomendación.
Brígida Campos era una mujer indígena na savi del municipio de Ayutla, quien murió el 21 de Marzo de 2014 a los 20 años de edad en el hospital de Copala, según sus familiares por falta de atención médica.
A raíz de ese caso el 25 de septiembre de 2014 la CNDH emitió la recomendación 43/2014 dirigida al gobernador del estado, en ese entonces recién había solicitado licencia el gobernador Ángel Aguirre Rivero a raíz del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala y la desaparición de 43 de ellos, pero todavía no tomaba posesión el interino Rogelio Ortega Martínez.
“A tres años de la muerte de Brígida y a dos y medio de la recomendación de la CNDH, el gobierno del estado se ha negado sistemáticamente a reparar el daño a los familiares de Brígida y su hijo”, denunció la OPIM en su volante.
La agrupación se quejó que De la Peña Pintos, “de mala fe ha tratado de hacer una reparación de daño que no corresponde como lo marca la ley”.
“Por esta razón, como familiares de Brígida, hemos solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de acuerdo al derecho que nos asiste y a la recomendación, que por su conducto pida a la Cámara de Senadores la comparecencia de Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado, y explique las razones por las cuales se ha negado a cumplir la recomendación”, se agrega en el escrito.
Durante la protesta demandaron un nuevo centro de salud en el municipio de Ayutla y denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros hospitalarios de la región Costa Chica.
Eugenio Manuel informó que en junio del año pasado integrantes de esa organización se reunieron con el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Salud de la Peña Pintos, a quienes les pidieron la construcción de un nuevo centro de salud en Ayutla porque el que está no se da abasto, además de que no hay medicamentos.
Un grupo de vecinos de la comunidad de Tres Cruces, municipio de Acatepec que colinda con Ayutla, vino a demandar una ambulancia para el traslado de sus enfermos a Ayutla, porque su centro de salud no tiene médico ni medicamentos.
También vinieron habitantes de las comunidades de El Camalote y Barranca Tecoani, quienes solicitaron el envío de medicamentos a sus comunidades, “si en la cabecera municipal no hay medicamentos, menos habrá en las comunidades”, dijo Obtilia Eugenio.
Los más de 50 indígenas encabezados por Ángela García Victoriano, madre de Brígida y la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, llegaron a las 10 de la mañana a la puerta 3 de Casa Guerrero en donde se mantuvieron en plantón, bloqueando la avenida hasta las tres de la tarde cuando salió a platicar con ellos César Armenta Adame, secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El funcionario les dijo que el gobernador los recibirá en audiencia el 24 de abril.
El secretario de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez advirtió que ese día podrían volver a instalarse en plantón en caso de que no sean recibidos.

 

Analizarán la actuación arbitraria de la Policía Comunitaria en Agua Xoco, Acatepec: OPIM

 

El próximo domingo habitantes de varios pueblos del municipio de Acatepec se reunirán con los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco (Malinaltepec) de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para dialogar sobre la detención del indígena de Agua Xoco, Silvestre Crescencio Higinio, ocurrida el 9 de septiembre pasado en esa comunidad, anunció el secretario de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez.
Ramírez Rodríguez confirmó que el detenido pertenece a esa organización y agregó que en la reunión del domingo se tratarán otros casos más en los que la Policía Comunitaria de la CRAC ha actuado arbitrariamente.
El lunes, la esposa de Silvestre Crescencio, Elidia Díaz Flores denunció vía telefónica que policías comunitarios de la CRAC de Agua Xoco detuvieron, golpearon y robaron 5 mil pesos a su esposo quien es representante de la OPIM.
Según la esposa, la detención fue ordenada por el comisario municipal de Agua Xoco, Artemio Morales Cornelio, quien los acusa a los dos del cambio del profesor Modesto Remigio Flores.
Consultado vía telefónica, el secretario de la OPIM dijo que efectivamente Silvestre Crescencio y su esposa acusaron a dicho profesor de quedarse con un dinero de la escuela, motivo por el cual fue cambiado, y que el fondo del asunto es el añejo conflicto que existe entre la familia de Los Remigio de El Camalote, municipio de Ayutla, de donde es originario el profesor, y los miembros de la OPIM de esa comunidad.
Explicó que el profesor acusado es originario de El Camalote y que trabaja en Agua Xoco, en donde entró en conflicto con Silvestre Crescencio.
Añadió que se reunirán con los coordinadores de la CRAC en la comunidad de Tres Cruces, municipio de Acatepec.
Aseguró que los comunitarios que detuvieron al integrante de la OPIM actuaron arbitrariamente por órdenes del comandante Leopoldo Cornelio.
Anunció que la reunión será con varios coordinadores de la CRAC, porque no es el único caso en los que han actuado arbitrariamente los comunitarios, “hay más problemas en otras comunidades”, aseguró el dirigente de la OPIM.

La secretaria de la Mujer no cumplió acuerdos del gobernador sobre Ayutla, dice la OPIM

 

La dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) denunció que el gobierno del estado incumplió con los acuerdos que tuvieron con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, el pasado 7 de junio en el puerto de Acapulco.
Uno de estos acuerdos fue una reunión que se haría ayer con la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, para afinar detalles de la apertura del Centro de Atención de la Mujer Indígena y el albergue para estudiantes indígenas en Ayutla, que no se realizó y la secretaria no les dio ninguna explicación.
El 31 de mayo integrantes de la OPIM, en su mayoría mujeres, marcharon en la capital e instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno. La protesta la retiraron en la noche luego de que les programaron una audiencia con Astudillo Flores para el 7 de junio.
La reunión con el gobernador fue en Acapulco, donde la dirigencia de la OPIM le planteó la apertura del Centro de Atención a la Mujer Indígena y el albergue para estudiantes indígenas, también le pidieron la apertura de un centro de salud.
Ayer la agrupación indígena informó que la reunión que se acordó con la secretaria de la Mujer para ayer, no se llevó a cabo y no les explicaron las causas.
El pasado 29 de mayo la OPIM denunció en un comunicado que desde hace un año el gobierno del estado ha venido aplazando la apertura de las instalaciones del Centro de Atención a la Mujer Indígena que se construyeron como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación que elementos del Ejército mexicano cometieron contra la indígena Inés Fernández Ortega, y que pretendía excluirla de la operación del centro.

Busca el gobierno excluirla del Centro de la Mujer Indígena en Ayutla:?OPIM

 

La dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) con sede en Ayutla, denunció que el gobierno del estado pretende excluir a esa agrupación de la operación del Centro de la Mujer Indígena y del alberge para estudiantes indígenas, y que como protesta unas 300 mujeres indígenas llevarán a cabo una marcha el próximo martes de Ayutla a Chilpancingo.
El centro y el albergue se construyeron en Ayutla con recursos del gobierno federal y estatal, en cumplimiento a la sentencia que emitió en el 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación sexual a la indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega.
“La lucha de la OPIM pasa por la operación del centro de la mujer y el albergue, porque es resultado de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la violación de una mujer indígena. En esa sentencia contra el Estado mexicano la OPIM es representante, y en el funcionamiento del centro, el gobierno no puede excluir a las mujeres de la OPIM”, se quejó la organización mediante un comunicado en el que anuncia la movilización de las indígenas.
En el documento se denuncia que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame “ha incumplido su palabra y pretende que sólo la víctima y otras mujeres indígenas operen el centro para decidir a su antojo. El gobierno federal y otros actores siguen su juego con la finalidad de excluir a las mujeres de la OPIM”.
La OPIM exige además el cumplimiento de las “obligaciones legales” de los gobiernos para que los derechos humanos de los indígenas y de los ciudadanos se respeten plenamente, para tener acceso sin pretexto a la salud, educación, alimentación, vivienda y desarrollo.
La organización indígena también reclama el derecho “a una distribución justa y equitativa de la riqueza para el desarrollo con visión integral de los pueblos indígenas”.
Por ello anuncia que el próximo martes 31 de mayo, un contingente de 300 mujeres de la OPIM partirá en una caminata de Ayutla a Chilpancingo para hablar con el gobernador, Héctor Astudillo Flores y exigirle que se cumplan estos derechos y se inicie la operación del Centro de la Mujer Indígena y el albergue para estudiantes.