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Organizan maestros de media superior del país una coordinadora que cuide sus derechos laborales

Maestros y líderes sindicales comenzaron los trabajos para integrar la Coordinadora Nacional de la Educación Media Superior, para defender sus derechos laborales y la educación pública. En Acapulco se reunieron representantes de Guerrero, Chiapas, Michoacán y Estado de México.
En las instalaciones de la delegación de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), se llevó a cabo el primer encuentro nacional de sindicatos y trabajadores de educación media superior.
En nombre de sus compañeros habló el secretario general electo del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Fernando Serrano Monroy, quien explicó que el propósito de la reunión es organizarse en una Coordinadora Nacional de la Educación Media Superior, que tenga como referente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Explicó que la organización es para defenderse de la “mal llamada reforma educativa”, porque los despoja de sus derechos constitucionales como trabajadores y busca privatizar la educación.
“Queremos organizar una agenda que nos permita defender los contratos colectivos que hoy en día tenemos, defender el sindicalismo y cuidar que estas reformas estructurales, que está impulsando el gobierno federal y el gobierno del estado, no pasen porque en lugar de beneficiar al pueblo lo está pauperizando”.
“Estamos en un proceso de análisis y de propuestas para construir esa agenda, para poder actuar de manera sincronizada en todo el país, en cuanto haya alguna agresión en cualquiera de los subsistemas y a cualquiera de los participantes a este encuentro”.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Gabriel Hilario Marcelino, indicó que la organización es para evitar que se presenten casos como el de Jalisco, donde 105 maestros de educación media superior fuero cesados por no presentar la evaluación, debido a que en esa entidad los profesores no se unieron.
Los líderes sindicales denunciaron que en Chiapas y Guerrero en el Colegio de Bachilleres se viola el contrato colectivo del trabajo y el otorgamiento de las prestaciones se condiciona con que los maestros sean evaluados.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Guerrero, Alfredo Ramírez García, agregó que la reforma educativa sólo busca cercenar los derechos y conquistas laborales que los trabajadores han logrado.
Dijo que los maestros están a favor de la evaluación para capacitar a los maestros, pero no de la propuesta que pretende quitarles prestaciones. En el caso de Guerrero, contó que para otorgar horas base a los maestros de nivel medio superior, para obtener una beca, para pagar la prestación de eficiencia académica, el estímulo académico todo va condicionado a someterse a una evaluación, lo que va en contra del contrato colectivo del trabajo y de los reglamentos para la entrega de los estímulos.
Dijo que actualmente hay unos 150 maestros del Colegio de Bachilleres de Guerrero que no han recibido el estímulo de eficiencia académica, correspondiente a 2016.
En el caso de Chiapas, Serrano Monroy indicó que hay unos 200 maestros que no han recibido el estímulo por titulación de posgrado, algunos desde hace tres años. Otras acciones pendientes son las recategorizaciones, pues les han dicho que no hay dinero.
La representante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) se quejó de que el actual rector Javier Saldaña Almazán, al que llamó el “cacique de la Universidad”, junto con el secretario general del STAUAG sólo benefician a sus allegados.
El secretario general del sindicato único de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, Francisco Armenta, indicó que también en este sistema las prestaciones de los maestros están siendo condicionadas a la evaluación.
El secretario general del Sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, Eloy Marcial Lorenzo, advirtió que no van a permitir que los maestros calificados como idóneos sean empleados para desplazar a otros maestros que tienen horas o espacios de dirección por derecho.
En la conferencia también estuvieron el integrante de la Dirección Política de la sección 40 de Chiapas, David Enrique Salazar Cruz; el secretario general del sindicato independiente y democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, José Luis Guzmán Jiménez; el representante de Comité de Bases Ampliadas del Nivel Medio Superior, Pericles Ramírez Jiménez; representante del DGTI del Estado de México, Dora Luz Cortez Bautista; el secretario general del sindicato de trabadores auténticos del Conalep del Estado de Guerrero, Miguel Ángel Rodríguez.

Dejan fuera de la nómina federal a 300 trabajadores; demandarán a la SEP y SEG

El Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) agremiado en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), demandará a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por dejar fuera del Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) a 300 trabajadores.

El PAAE se reunió con el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo y representante legal del magisterio disidente, Rubén Cayetano García, en el edificio de la CETEG, ubicado en la colonia Burócratas, para recibir el formato de la demanda que presentarán los siguientes días.
En declaraciones, luego de la reunión, la secretaria general de la delegación DIII-16-02, Reyna Bello de Jesús, dijo que el PAAE son secretarias, intendentes, prefectos y veladores, a quienes se les identifica como “trabajadores de jornada” y que apoyan en la labor docente en las escuelas.
Señaló que con la aplicación de la reforma educativa las autoridades determinaron que se debía contar con una sola nómina administrada por el gobierno federal, pero en proceso de incorporación de los trabajadores del sector en el Fone cerca de 6 mil 500 quedaron fuera, por lo que no tienen acceso a los derechos sociales que les corresponden, como préstamos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Además, al no estar dentro del Fone los trabajadores no generan antigüedad, lo que podría perjudicar su jubilación.
Bello de Jesús dijo que cada estado tiene diferencias y las autoridades no las consideraron cuando se integró el Fone, ya que en Guerrero hay más de cien mil plazas, pero sólo se autorizó la incorporación de 80 mil a la nómina federal, los trabajadores que quedaron fueron son del PAAE.
Contó que la próxima semana se terminará el proceso de firma del formato de la demanda y se dará un tiempo para que los trabajadores que deseen incluirse en el proceso jurídico lo hagan, pero no dijo cuándo se presentará la denuncia.
Por otra parte, declaró que en la reunión también se discutió sobre el cambio de la forma de pago salarial que la SEG pretende imponer, pues los trabajadores del sector cobran con cheques, pero en la primera quincena de julio las autoridades querían que los empleados tramitaran una tarjeta bancaria.
Al respecto, Bello de Jesús recordó que en febrero de 2015, en una reunión con el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, el magisterio disidente firmó una minuta con las autoridades federales en la que el primer acuerdo fue que todos los trabajadores serían incorporados al Fone; también se estableció que el cambio de la forma de pago sería opcional y voluntaria, pero a la fecha no se respetó la minuta correspondiente.
Bello de Jesús expresó que los trabajadores “son libres” de escoger la forma en la que quieren recibir su salario. Por último, exigió que las autoridades cumplan los acuerdos firmados en 2015, pues pese a que Miranda Nava ya no está en la Secretaría de Gobernación, los acuerdos con el magisterio disidente deben cumplirse de manera institucional.

Aportará el gobierno estatal el 10% de la prima vacacional de trabajadores de la UAG

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien accedió a aportar el 10 por ciento del pago total de la prima vacacional de los trabajadores.
Saldaña Almazán informó que con el gobernador “platicamos” sobre diferentes temas, pero el prioritario fue sobre los pagos de fin de semestre en la institución.
En declaraciones telefónicas, el rector dijo que se reunió con Astudillo Flores en Casa Guerrero, “me recibió, me escuchó y resolvimos el asunto”, por lo que los universitarios tienen garantizado el pago de su salario, así como el de la prima vacacional que les corresponde por el receso de verano.
Puntualizó que “todo se resolvió a favor” y que a la UAG le faltaba el 10 por ciento del total de pagos de salarios y prestaciones de los trabajadores, el cual aportará el gobierno estatal, pero por seguridad no precisó la cifra.
Manifestó que los directores de la UAG le piden que no informe las cifras que recibe la institución, debido a “cuestiones de inseguridad que se han acentuado”, además de que parece que “los que se dedican al mal” están al pendiente de los medios de comunicación.
Por otra parte, expuso que siempre hay gastos adicionales e improvistos, por lo que se acumula el déficit financiero, esto debido a que por disposición del gobierno federal la UAG incrementó su matrícula, en su administración pasada se abrieron 21 programas de estudios, pero las autoridades “sólo nos dieron recursos para estructura y equipamiento”.
Señaló que al incrementar la matrícula “se adquieren mayores necesidades, por eso se genera un déficit todos los días”, aunque la UAG trata de ahorrar recursos mediante el plan de austeridad que implementó.
Se le preguntó si con Astudillo Flores habló sobre la inseguridad y cómo ésta ha afectado a los universitarios, a lo que contestó que “relativamente sí”, pero que ese tema lo discute con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez, con quien le ha dado seguimiento a los casos de asesinatos en los últimos dos meses.
Sobre la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, que se llevará a cabo hoy en el auditorio de la Rectoría, en la capital, dijo que “en términos generales será abierta”, además de que se convocó a los consejeros para integrar comisiones y calificar los procesos electorales que se repusieron en el Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IEPA-IMA) y en Filosofía y Letras.
Adelantó que en la sesión se entregará un reconocimiento “a gente que ha tenido una participación en la lucha de migrantes”, al igual que “a una mujer que se dedica a la atención de los dreamers”, con quien la UAG está trabajando para armar un centro de investigación.
Por último, llamó a los universitarios a tener confianza en que el ciclo escolar se cerrará de la mejor forma y de que los derechos laborales están garantizados.

Emplaza el SUSPEG al Cobach a resolver las demandas laborales de los administrativos

 

La secretaria de la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Yadira Orozco Zúñiga emplazó al director general del Colegio de Bachilleres (Cobach), Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, a que resuelva las demandas de los trabajadores administrativos agremiados en el sindicato hoy, de lo contrario, mañana comenzarán a manifestarse en la capital.
La sección 31 del SUSPEG agremia a 700 trabajadores administrativos del subsistema de educación media superior, quienes exigen a la Dirección General que se apliquen los corrimientos escalafonarios que establece el Contrato Colectivo de Trabajo; fecha de activación del convenio pre jubilatorio, pago del Programa de Previsión Social (Sefi) y otras prestaciones.
En una llamada a la redacción de El Sur, Orozco Zúñiga dijo que desde el 1 de junio se suspendieron las mesas de trabajo entre la sección 31 del SUSPEG y la Dirección General, ya que Martínez Otero Gallegos y su equipo no han demostrado disposición para resolver las demandas del sindicato, pese a que “nosotros le hemos apostado al diálogo”.
Dijo que la reunión del 1 de junio, Martínez Otero Gallegos se comprometió a que las prestaciones de los trabajadores se pagarían una vez que el gobierno federal aprobara el recurso correspondiente, pero “a la fecha no sabemos si el recurso llegó o no”.
Señaló que las demandas del sindicato ya se habían discutido con la Dirección General, pero no se han resuelto a pesar de que el año pasado hubo acuerdos para que se resolvieran.
Consideró que, por falta de voluntad y de decisión, las demandas de los trabajadores no se están resolviendo, pues el sindicato también se reunió con funcionarios de la Dirección de Personal del gobierno estatal para tratar los corrimientos por escalafón, sin respuestas concretas.
Sobre la baja en la matrícula en el Colegio de Bachilleres, Orozco Zúñiga dijo que los trabajadores administrativos están “en la sintonía de captar alumnos”.
Expresó que “la mayor parte del trabajo” la hacen los administrativos, desde aplicar exámenes hasta barrer las instalaciones para que los estudiantes tengan las condiciones óptimas para sus actividades; además de que apoyan a los padres de familia facilitándoles la impresión de fichas de nuevo ingreso en los planteles, pese a que el proceso debe ser virtual.
Manifestó que las autoridades no toman en cuenta a los trabajadores y sólo les piden que “aguanten”, por lo que emplazó a Martínez Otero Gallegos a que resuelva las demandas del sindicato hoy y agilice la gestión de los recursos para los pagos que se les adeudan, de lo contrario, a partir de mañana comenzarán a manifestarse para exigir que se respeten sus derechos laborales.

 

Pide el STAUAG que no se aplique el ISR a prestaciones como pretende Hacienda

 

Luego de que el Consejo General de Representantes (CGR) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) se manifestó a que no se aplique el Impuesto Sobre Renta (ISR) en las prestaciones de los trabajadores universitarios, el secretario general del sindicato, Ofelio Martínez Llanes, indicó que siguen las negociaciones con las autoridades de la Secretaría de Hacienda.
Reconoció que nuevamente la Secretaría de Hacienda está haciendo el planteamiento del cobro del ISR al concepto de prestaciones. Sobre el tema, Martínez Llanes recordó que hace año y medio se planteó la situación de que se iba pagar el impuesto en las prestaciones, pero conjuntamente con la administración central de la UAG se negoció y se suspendió esa situación.
Agregó que “hoy nuevamente está latente y estamos en esa ruta, discutiendo, pero no es que se vaya aplicar mañana o pasado mañana, se está en una negociación y se está viendo cuál puede ser la mejor salida”.
Indicó que en ese concepto no se ha descontado ningún peso, y que se descuenta en donde ya se ha venido haciendo, pero todavía falta ver lo de las prestaciones.
Indicó el dirigente que quienes rebasan los 400 mil pesos anuales o los que tienen dos o tres trabajos son los que están llamando a los del SAT, pero es una cuestión federal y “no tiene nada que ver con la aplicación del impuesto, eso es otra cuestión ahí”.
Sobre si harán alguna protesta sobre el caso y se planteó la negociación juntamente con el rector Javier Saldaña para pedir que no se aplique.
Que saben que es una cuestión de ley, pero “nosotros tenemos que plantear esa cuestión, buscar ante las instancias de los gobiernos y buscar un plan de previsión social que ayude amortiguar esos descuentos, si es que se dan. Y por último la movilización, que está dentro del proyecto, pero no hay fecha todavía”.
En otro tema, informó que son al menos cuatro nuevos centros de trabajo los que están solicitando que se creen las delegaciones sindicales, por lo que se hará el estudio de acuerdo con el estatuto del STAUAG.
Además del tema del ISR, en el CGR del STAUAG se acordó exigir a la Administración Central el pago del retroactivo del aumento salarial que corresponde al periodo de enero a mayo de este año, que todavía se adeuda. La sesión que se llevó a cabo el 30 de mayo, en el auditorio de la Rectoría, también se nombró a los integrantes de la Comisión de Padrón Sindical que se hará del proceso electoral para el cambio del Comité Ejecutivo Central (CEC).
Otro de los acuerdos es que el CGR mandata al comité para que comience la revisión de los agremiados cuya antigüedad real no está reconocida ante el ISSSTE. Asimismo que el comité revise qué acuerdos pactados con la administración central no se han cumplido tras el emplazamiento a huelga, para que se exijan los pagos correspondientes.
Otro acuerdo fue que se apresure la elaboración del Plan de Previsión Social. El sexto acuerdo es que el comité defienda los centros de trabajo que fueron cerrados por la reforma administrativa de la Rectoría, con la que se modificó el organigrama de la institución y como resultado cerrarán distintos programas, como el Servicio Médico Universitario de Ometepec, Casas de Cultura de Taxco y Arcelia.
En el séptimo acuerdo se mandata a que busque la forma legal o la movilización, para exigir que el gobierno estatal pague los impuestos de las prestaciones de los trabajadores universitarios. Otro acuerdo es que a más tardar el 30 de junio el comité realice en las regiones del estado un taller sobre educación sindical.
Durante el consejo también hubo un pronunciamiento a favor de la libertad de expresión y se exigió un alto a la impunidad, esclarecimiento a las agresiones y crímenes cometidos en contra de periodistas en el estado y el país.
También se acordó exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de los crímenes de maestros y estudiantes de la UAG, así como de la sociedad en general. De igual modo, el cese del hostigamiento en contra de luchadores sociales, en especial del dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Otro de los acuerdos es seguir exigiendo al gobierno federal la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y se manifestó su apoyo a los padres de familia de los jóvenes. Se pidió la libertad de los presos políticos.

Se adeudan cinco semanas de salario a los trabajadores del Beto Condesa, denuncia el sindicato

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Gastronómica y Hotelera en Guerrero, Raúl Ramírez Gallardo, denunció que el dueño del restaurante Beto Condesa no ha pagado al menos cinco semanas de salario a los 22 trabajadores de base.
Señaló que Héctor Rodríguez Escalona, hermano del actual secretario de Turismo, sólo cumplió con el pago de un año de aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones, como parte de los compromisos adquiridos luego de que levantaron la huelga del año pasado.
Explicó que apenas recibieron un 30 por ciento de lo que se había convenido, luego de 79 días de huelga, que concluyó el 12 de diciembre.
Informó que hoy viernes se reunirá con Héctor Rodríguez para hablar sobre el cumplimiento de sus obligaciones como patrón y sobre los acuerdos que firmaron para levantar la huelga.
“A ninguna de las dos partes nos conviene una huelga y a los trabajadores menos. Hicimos el planteamiento de que con 2 millones 300 mil pesos resuelve todos los problemas, pero si nosotros nos vamos a una demanda y cobramos de lo que haya, sería el doble”, dijo Ramírez Gallardo.
“Espero que el dueño vaya cumpliendo poco a poco y logremos el entendimiento, porque los convenios que hemos firmado no los ha cumplido. Hay una serie de cosas vencidas y ahora los trabajadores tampoco quieren una huelga, porque no hay trabajo y son gente grande. Solamente nos cumplió con un aguinaldo, el de 2015, vacaciones de 2014, 2015 y 2016. Pero nos debe reparto de utilidades de tres años, el aguinaldo de 2016, pero si hacemos una cuantificación de lo que no se ve, sólo ha pagado el 30 por ciento, además que se atrasó en el pago de salarios que son cinco semanas nuevamente”, declaró.
Reprochó que a pesar de la gran afluencia de turistas y de una gran cantidad de clientes que llegan al restaurante, el dueño no paga a tiempo los salarios a sus trabajadores, situación que atribuyó a una mala administración del negocio.
“Ventas tienen y entiendo que es un negocio que genera utilidades, pero debe cumplir primero con los trabajadores, con las prestaciones, pero eso no lo han tomado en cuenta”, dijo.
Advirtió que de no resolver el pago de los salarios estallaría una huelga definitiva, hasta llegar al remate de la propiedad que aloja el negocio.