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PRD, PT y MC aprobaron la Ley de Ingresos que liberó la gasolina, responde Flor Añorve

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Flor Añorve Ocampo, dijo que los diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano son incongruentes al manifestarse en contra del gasolinazo cuando sus legisladores federales aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación que autorizó la liberación en el precio de los combustibles.
Por ello llamó a esas fracciones a que antes de presionar en el Congreso local, primero le hagan una “manifestación” a sus diputados federales.
Además recordó que ese tema es competencia de la Cámara de Diputados.
Del bloqueo que los diputados del PRI y del PVEM han hecho a las iniciativas del PRD, PT y Movimiento Ciudadano para exhortar a revertir el aumento en el precio de las gasolinas, argumentó que los priistas no actuarán “a bote pronto” y que si las propuestas se turnan a comisiones es para que sean analizadas a detalle, para que a partir de ahí se fije una postura concreta.
En declaraciones ayer a reporteros, antes de las sesiones que se celebraron este jueves en el Congreso, Añorve Ocampo defendió la postura que han asumido los diputados del PRI ante el gasolinazo que se aplicó a partir del primero de enero.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política informó que el miércoles tuvo una “plática breve” con la coordinadora de la fracción del PRD, Erika Alcaraz Sosa, para tratar el asunto, luego de que la perredista anunció que la buscaría para intentar un acuerdo a fin de que el PRI y el PVEM no bloquearan sus iniciativas.
Añorve Ocampo comentó que le expuso a Alcaraz Sosa que los diputados del PRI están en la disposición de abrir el debate en el pleno, pero que eso no era posible si se tomaba la tribuna como ocurrió el martes pasado.
Indicó que la perredista se comprometió a que ya no protestarían en el pleno aunque sí mantendrán “su lucha” en contra del gasolinazo, pero Añorve Ocampo consideró que el actuar de quienes tomaron la tribuna no concuerda con la postura de sus diputados federales.
“Me parece incongruente porque las fracciones del PRD, del PT y Movimiento Ciudadano votaron (a favor) la Ley de Ingresos de la Federación y es ahí donde se toma esa disposición, así que primero deberían hacerle una manifestación finalmente a sus propios compañeros”.
De por qué bloquear las iniciativas que se presentaron ante el pleno a pesar de que diferentes sectores de la población se han pronunciado con marchas y bloqueos carreteros en contra del gasolinazo, dijo que el PRI no actuará “a bote pronto”.
Recordó que en otros temas también han mandado a comisiones algunas iniciativas, pero finalmente las votan a favor luego de hacer un análisis profundo, y aunque no quiso adelantar cuál será la postura del PRI en el Congreso ante el gasolinazo, dijo que se le dará el mismo tratamiento.
Añorve Ocampo indicó que el gasolinazo no afecta a las actividades del Congreso, además aclaró que los diputados locales ponen de su bolsa la gasolina que ocupan para desarrollar sus actividades y que el apoyo sólo es para los trabajadores administrativos cuando éstos salen fuera de sus centros de trabajo.

No son públicos los datos solicitados al CEE, responde el tesorero del PRD

 
El secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Mario Ruiz Valencia, afirmó que los datos que dos integrantes de la dirigencia solicitaron no son públicos, como los nombres de los trabajadores del partido y que ese es el motivo por el que no lo acusan de negar la información.
Miembros de Coduc solicitaron desde mayo al dirigente Celestino Cesáreo Guzmán y a Ruiz Valencia información financiera del partido, principalmente de la nómina.
Consultado sobre el tema, el dirigente perredista dijo que “ese asunto está más transparente que nada”. Comentó que su instrucción fue que se proporcionara la información solicitada y si hay alguna duda en ese sentido, pidió que se aclare con los integrantes de la comisión de transparencia (de la que él es integrante).
Por su parte, Mario Ruiz comentó que la información que entregaron a Iveth Díaz Bahena y Concepción Luna Ortiz es la que la ley permite y afirmó que por eso no fueron sujetos a ninguna observación o sanción del Itaig.
Pero la respuesta fue limitada, ya que sólo informó de algunas categorías de trabajadores y los salarios, pero no detalla quiénes son los que reciben esos sueldos.
Pero comentó que en una segunda solicitud, las integrantes del CEE volvieron a solicitar la información, pero dijo que “la ley protege datos personales de hombres y mujeres, entonces nosotros lo que entregamos en la primer solicitud es lo que solicitaron y que la ley prevé que puede ser de materia pública”.
Pero adelantó que como la solicitud es similar y piden los nombres de los que cobran en el partido, “las vamos a volver a cumplir siempre apegados a la ley, no podemos poner en riesgo absolutamente a nadie”.
Insistió que mientras esté dentro de la ley no negarán la información, pero en este caso dijo que los nombres de las personas que tienen un sueldo dentro del PRD no lo proporcionarán, porque pueden ser sancionados.

Dolosa y sin sustento, la acusación del fiscal Xavier Olea, responde López Rosas

El ex procurador Alberto López Rosas calificó como temeraria, dolosa, fuera de lugar y sin sustento la respuesta de la Fiscalía General del Estado a su petición de reabrir el caso de los dos normalistas asesinados en 2011 en la Autopista del Sol.
Pidió al fiscal Xavier Olea Peláez mostrar los elementos de sus acusaciones o retractarse de lo dicho, o de lo contrario “quedará evidenciado con una mentira más y con falta de autoridad moral para continuar en esta función”.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores no quiso opinar respecto de la declaración del fiscal porque dijo que la Fiscalía es autónoma.
-¿Avala las declaraciones del fiscal Xavier Olea, en el sentido de que el ex procurador Alberto López Rosas, fue quien ordenó el ataque a los estudiantes de la Normal el 12 de diciembre del 2011? -se le preguntó al término de una reunión en la Casa Guerrero.
-La Fiscalía es autónoma. Yo no quisiera intervenir en ello —respondió.
El lunes se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad, por lo que solicitó la reapertura de la investigación del caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta al desplegado, el fiscal Xavier Olea Peláez arremetió contra López Rosas, lo acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas, de manipular las pruebas que existían en su contra y de integrar de manera deficiente la averiguación previa para obtener “protección federal”.
En declaraciones por teléfono, López Rosas recordó que dejó el cargo de procurador antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas.
De las acusaciones que le hizo el fiscal, de haber ordenado el ataque a los normalistas, el ex procurador respondió que “yo no formé parte del operativo, los policías ministeriales llegaron cuando había presunción de delitos en flagrancia, el operativo siempre estuvo a cargo de la Policía Federal, de principio a fin, yo me encontraba en Casa Guerrero cuando empezaron las confrontaciones”.
De la averiguación previa que se integró con deficiencia para manipular pruebas, López Rosas dijo que no le correspondió integrar ninguna averiguación previa porque dejó el cargo antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas, “yo fui el investigado, no el investigador”.
Opinó que la respuesta del fiscal fue incongruente al señalar que no puede abrirse una investigación del caso porque existe “una resolución de  amparo”, y precisó que el delito no ha prescrito para quienes no han sido juzgados.
Aseveró que se trata de una falacia el argumento del fiscal.
Al preguntarle si falta que sean investigados los policías federales, el ex alcalde de Acapulco insistió en que su demanda es que se reabra la investigación y que en el análisis de los videos se resuelva en derecho y se determine la responsabilidad de la Policía Federal, “que desde un principio trataron de negar su participación, lo que contrastaba con todos los elementos visuales y presenciales, por ello creo que es procedente reabrir este caso para la salud de la justicia”.
Dijo que en el desplegado que publicó el lunes fue respetuoso al dirigirse al gobernador Héctor Astudillo Flores, y en cambio recibió una respuesta “ríspida e intolerante, lo que no corresponde a un fiscal que sea serio, y sobre todo que mantenga principios de ética”.
López Rosas acusó a la Fiscalía de exponerlo ante los familiares de las víctimas de ese suceso.
El ex procurador abundó que insistirá en que se analicen y se valoren como evidencias los videos que han sido menospreciados por las autoridades.

La deuda con Hacienda no es personal, sino de obras que ahí están, responde López Rosas

El ex alcalde Alberto López Rosas, actual coordinador de asesores del alcalde Evodio Velázquez, negó que haya conflicto de intereses o tráfico de influencias en la solicitud que hizo al Cabildo para que éste fijara una postura sobre el reclamo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 48.4 millones de pesos por 26 obras hechas en 2004, durante su gestión.
López Rosas indicó que la SHCP le pide que reintegre a la Tesorería de la Federación 48.4 millones de pesos, lo que no puede asumir como deuda personal porque se trata de dinero usado para 23 obras y tres acciones, que están comprobadas, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que no se hicieron en zonas de pobreza extrema.
En conferencia de prensa en el hotel Elca-no, el ex alcalde explicó que lo que pretendía con la solicitud presentada al Cabildo es que el gobierno municipal asumiera como propias las obras que se hicieron en 2004 para que el conflicto con la SHCP pasara al Ayuntamiento.
“Estoy presentando una solicitud de definición, no hay demanda de mi parte contra el Ayuntamiento. A lo mejor la hay más adelante, pero en este momento se presentó una solicitud a través del Contencioso Administrativo para que el Cabildo definiera postura”, dijo.
Indicó que la cuenta pública correspondiente al año 2004 fue liberada pero con la observación de que hizo obras con dinero federal en zonas que no correspondían. López Rosas alegó que realizó otras obras para beneficiar a la población en pobreza extrema, una de ellas fue el proyecto El Mirador para acercar el servicio de agua potable a 14 mil familias que viven en la parte alta con una inversión de 70 millones de pesos.
Algunas de las obras observadas son la pavimentación de la calle Vicente Guerrero en la colonia Las Crucitas, la calle Quetzal en la Morelos, un aula en la UPN y un centro de Salud en la colonia Izazaga.
Otra obras son la ampliación de la clínica de Hogar Moderno, y un laboratorio de análisis clínicos. En al resolución la ASF reconoce la inversión pero argumenta que no se acredita que en esa clínica se atenderán a personas de extrema pobreza, lo que consideró el ex acalde como “un criterio bastante lamentable”.

La auditoría

El ex alcalde recordó que en 2004, el entonces diputado federal por el PAN Ángel Pasta Muñuzuri solicitó a la ASF que se auditara su administración. López Rosas indicó que en ese año fue cuando más obra pública hizo su gobierno. “Logramos realizar mas de mil obras”. Ese año el presupuesto fue de 2 mil millones de pesos.
Y dijo que “en ese tiempo no había una definición poligonal oficial, formal que estableciera las regiones de pobreza extrema, hoy ya existen, ese tiempo no existían de manera definida”.
Agregó que las obras observadas “han cumplido su función social y lo disfruta la sociedad acapulqueña”.
Y argumentó que “el Ayuntamiento se está beneficiando en 48 millones de pesos en las obras que están funcionando y como consecuencia no pueden ser cobrados a una persona física porque es un enriquecimiento a favor de una persona moral como es el Ayuntamiento, y si yo lo tuviera que pagar sería un empobrecimiento a favor de un enriquecimiento y eso no puede ser lógico ni justo ni ético”, señaló.
El ex alcalde dijo que “no fue un capricho del presidente el hacer estas obras”, porque fueron aprobadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun).
“Sería una deuda particular o privada si se hubiera hecho de manera unilateral, pero se contó con la aprobación de Copladeg y Coplademun, que son los órganos que tienen la capacidad y la competencia para autorizar las obras correspondientes, se contó con todos los requisitos adecuados”.
Dijo que esperaba que el Cabildo asumiera las obras como propias para que mediante “compensaciones” se resolviera el conflicto entre el Ayuntamiento y Hacienda. “Yo voy a ser insolvente siempre para alcanzar ese monto, el Ayuntamiento nunca será insolvente como institución y como recaudadora”.
Agregó que al asumir el municipio las obras, el SAT entraría en negociaciones y se buscarían las “compensaciones” como solventar lo que reclama Hacienda.
López Rosas insistió en que si fuera una deuda particular él podría decir “voy a recoger mis obras”, pero es jurídicamente imposible porque las obras se hicieron con aprobación del Copladeg y Coplademun.

Un exceso

“Voy a demostrar que fue un exceso de las autoridades federales el haberme impuesto este resarcimiento”, sostuvo y explicó que desde hace año y medio lleva un juicio contra Hacienda en el TCA y que ya promovió un juicio de amparo y tiene una suspensión provisional a su favor emitida en agosto.
López Rosas señaló que es “sospechoso” el actuar de Hacienda porque los criterios aplicados que son “tan rigurosos y no los aplican en otros casos que ustedes ya conocen en Acapulco”.
“Yo no tengo conflicto con el Ayuntamiento ni el Ayuntamiento lo tiene conmigo, mi conflicto es con Hacienda, es con el SAT, no es con el Ayuntamiento, porque quien está demandando el resarcimiento es la instancia federal”, dijo.
A pregunta sobre los señalamientos de los regidores, López Rosas respondió que “no hay conflicto de intereses porque yo no he demandado al Ayuntamiento. Solicité la definición de una postura ante el Tribunal de lo Contencioso para que definiera si aceptaba o no las obras. Esa fue una solicitud no es una demanda porque no estoy reclamando nada material, solamente estoy solicitando se defina si el Ayuntamiento hace propias las obras o no, por eso no puede haber conflicto de intereses porque no estoy demandando al Ayuntamiento y en el juicio de amparo el Ayuntamiento va como un tercero interesado”.
López Rosas manifestó que está en la disposición de comparecer “cuantas veces sea necesario ante las autoridades que nos convoquen y ante la opinión pública para dar una explicación de todo aquello que pueda parecer irregular”.
Precisó que el requerimiento que hace la Secretaría de Hacienda “no me inhabilita, no es una multa, no hay sanción para Alberto López Rosas, ni como persona física ni como presidente municipal. No hay multa ni hay inhabilitación ni hay vista al Ministerio Público, precisamente porque las obras se realizaron”.
Al preguntarle por qué procedió contra él la Secretaria de Hacienda diez años después de que concluyó su periodo como alcalde, cuando las deudas con el fisco prescriben a los cinco años y tiene sus cuentas públicas liberadas, el ex alcalde respondió que “eso van a revisar las jueces, irregularidades, lagunas o misterios”.
“Para la gente de honor no existe la prescripción por eso no invoco la prescripción”, dijo.
Reconoció que en enero de 2015 solicitó al gobierno de Luis Uruñuela Fey que el Cabildo fijara una postura sobre esas obras pero nunca se llevó a discusión y sólo se quedó en comisiones.
López Rosas dijo que no le inquieta ni le preocupa ni se siente lastimado por la decisión que tomó la Comisión de Hacienda de Cabildo por rechazar la solicitud presentada, pero criticó que no le dio garantía de audiencia.
Indicó que había pensado en renunciar a su cargo de asesor, pero esperará la resolución del pleno de Cabildo para tomar alguna decisión y nuevas acciones en su defensa.

Lo que adeuda a ediles de Chilpancingo es el dinero de gestoría, responde el ayuntamiento

El ayuntamiento de Chilpancingo informó que al síndico y los regidores del PRD no se les adeuda el pago de su sueldo, sino el dinero con el que hacen gestión, el cual no se les ha entregado porque no hay dinero en el gobierno municipal.
El Ayuntamiento de Chilpancingo retuvo el sueldo del síndico, el priista, Miguel Ángel Hernández Gómez, el regidor priísta Jaime González González, los regidores perredistas Cynthia Corona García, Nancy Soraya Cruz y Omar Chavarría Obeso, del Partido Humanista, Patricia Reyes Mejía por oponerse a la lotificación de áreas verdes que pretende vender el gobierno informaron, por separado, el mismo síndico y el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Demetrio Saldívar.
En un comunicado ayer el gobierno municipal precisa que “ha cubierto en tiempo y forma el pago de los salarios a todos los integrantes del cabildo”.
Agrega que “el área de Tesorería del ayuntamiento capitalino cuenta con los comprobantes bancarios correspondientes al pago de la quincena de síndicos y regidores. Cabe mencionar que únicamente está pendiente el pago referente a gestión, el cual se ha retrasado debido a la falta de recursos, situación que ya se está atendiendo en el área de Finanzas del ayuntamiento”.
El comunicado niega que el retraso en la entrega del dinero para gestoría sea una instrucción del alcalde Marco Antonio Leyva Mena, “es absolutamente falso que por no aprobar alguna propuesta en sesión de cabildo referente al cambio de uso de suelo, existan represalias contra algún síndico o regidor, puesto que en ningún momento el tema referido ha sido puesto a votación”.
Indicó que la discusión sobre el cambio de uso a las áreas verdes “será en próximas sesiones de cabildo, cuando se someta al análisis y posible aprobación el asunto relacionado al cambio de uso de suelo de un área que le pertenece al municipio”.
El documento informa que la administración municipal ha recuperado 120 áreas verdes en 51 colonias de la capital, las cuales durante muchos años habían sido ocupadas para fines distintos de los que fueron inicialmente diseñadas, esto con el propósito de que dichas áreas se puedan regularizar.
El ayuntamiento de Chilpancingo también llamó a los miembros del cabildo “a dirimir las diferencias por la vía del diálogo y el acuerdo, en un marco de legalidad y gobernabilidad. Haciendo un atento llamado a los integrantes del cabildo plural a privilegiar el bien común de la sociedad y no el interés personal y/o de partidos políticos”.

Pagó a regidores como ordenó el TEE, responde la alcaldesa de Cruz Grande

La alcaldesa perredista de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina González, aseguró que el gobierno municipal ha pagado en tiempo y forma el salario a los cuatro regidores del PRI, PVEM y Nueva Alianza que la denunciaron ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y promovieron una demanda de revocación de mandato en su contra en el Congreso local.
Aclaró que la tesorería del ayuntamiento liberó los pagos de los regidores denunciantes por el monto que mandata el TEE, pero por razones que desconoce ellos no han cobrado sus quincenas, y además los acusó de no presentarse a laborar, impidiendo la celebración de las sesiones de cabildo.
El pasado 9 de mayo, los regidores priistas Irving Noel Marcial Román y María del Carmen Bahena; del PVEM, Isidro Gatica Ríos, y de Panal, Crispín Molina, ratificaron ante el Congreso su demanda de revocación de mandato en contra de la alcaldesa por el adeudo de tres meses de salario y desacatar un mandato del Tribunal Electoral que le ordena pagar 12 mil pesos quincenales a cada uno.
La mañana de ayer en el restaurante Verona, Molina González se reunió en privado con el presidente de la Comisión Instructora del Congreso, el panista Iván Pachuca Delgado, para hablar del conflicto que existe entre las autoridades municipales.
En el encuentro, Pachuca Delgado le explicó a la alcaldesa sobre los documentos que debe presentar ante el Congreso para aportar sus pruebas en atención a la demanda que existe en su contra e iniciar al trámite legislativo correspondiente.
En una improvisada conferencia de prensa que ofrecieron al concluir la reunión, Liosol Molina dijo desconocer las razones por las que la denunciaron.
Aseguró que ella ha acatado las resoluciones del TEE y se ha pagado en tiempo y forma los salarios a los cuatro regidores denunciantes, tal como lo mandata el órgano jurisdiccional.
A diferencia de la versión de los regidores, quienes aseguran que ellos no determinaron ganar 12 mil pesos sino que es lo que recibían sus antecesores, Liosol Molina dijo que en realidad en la pasada administración quienes ocupaban esos cargos cobraban 7 mil pesos.
Dijo que en el proceso de entrega-recepción ella recibió una nómina que establecía que los regidores salientes percibían 7 mil pesos quincenales de salario, y que con su llegada al gobierno se les incrementó a 8 mil.
Aseguró que existen documentos oficiales que sustentan su dicho y que serán los elementos de prueba que presente tanto a la Comisión Instructora como al Tribunal Electoral, y en caso de que se falle a su favor y se ordene que el pago quincenal debe ser de 8 mil pesos, los regidores deberán regresar el dinero que les fue entregado de más.
Negó también que exista nepotismo, como lo han denunciado los regidores. En ese tema indicó que al ser un municipio pequeño los apellidos tienden a ser comunes, o se dan casos en los que sí hay parentesco pero se trata de personas que fueron basificados en administraciones anteriores y no pueden ser despedidas.
Insistió en que ella ha acatado los fallos del Tribunal Electoral y atendiendo las notificaciones que se le realicen entregará la documentación que comprueba que ha cumplido y que desmiente la versión de que los regidores anteriores cobraran 12 mil pesos quincenales.
Aclaró que los dos regidores del PRD sí están cobrando 8 mil pesos como se acordó en sesión de cabildo, y dijo que ella percibe 15 mil, tres mil menos que en la administración saliente.
Se le preguntó si hay intereses políticos tras las demandas en su contra, pero dijo que no opinará al respecto hasta que los juicios que están en el TEE y en el Congreso concluyan.
En tanto, el diputado local Iván Pachuca explicó que en la reunión que tuvo con la alcaldesa hablaron del conflicto que existe entre ella y los regidores, lo cual lamentó. Celebró la disposición de la perredista para aclarar la situación y confió en que pronto se resuelva el tema.
Indicó que el miércoles fue notificada la alcaldesa de la demanda de revocación de mandato que interpusieron los regidores ante la Comisión Instructora que él preside, por lo que le explicó cuál es la documentación que debe presentar ante esa instancia para comenzar con el desahogo del asunto.
Pachuca Delgado dijo que visitó el ayuntamiento de Florencio Villarreal y confirmó que se efectuó el pago a los regidores y que éstos no han asistido a cobrar, “me consta porque acudí a tesorería”.

Agradezco su interés en mí, responde Zeferino al discurso de Chavarría

Nunca he dicho que Acapulco tenga propietario, pero hay simpatías hacia Torreblanca Galindo, dice. No tiene información de que habría elecciones internas en julio, indica

El significado que se pretendió dar a la marcha en Acapulco de Armando Chavarría y las referencias en los discursos hacia el ex alcalde Zeferino Torreblanca tienen algún objetivo, aseguró el también aspirante a la candidatura del PRD y diputado federal. “Y les agradezco ese interés en mi persona”.

En declaraciones hechas ayer en Acapulco, Torreblanca Galindo opinó que se ha magnificado el acto que encabezó Armando Chavarría, donde –según los participantes– se demostró que “Acapulco no es de nadie”.

“Nunca hemos dicho que Acapulco tenga propietario, aunque es evidente que hay simpatías hacia Zeferino Torreblanca”, comentó quien fuera el primer presidente municipal del PRD en esta ciudad, ahora contendiente junto a Chavarría Barrera por ser candidato de ese partido en la elección de febrero de 2005.

–En su intervención, Armando Chavarría insistió que sean urnas y que la elección interna será en julio.

–No tengo esa información, a menos que él tenga línea directa con el CEN del PRD y el Comité Estatal. Lo único que sé es que la reunión con Leonel Godoy es el viernes 28, en la ciudad de México.

–Parece que ya hay una respuesta para la segunda carta que envió al CEN junto con Félix Salgado.

–Así es, lo solicitamos el 19 de abril y después el 19 de mayo. La respuesta es que nos convocan para tratar asuntos relacionados a la ruta crítica de las elecciones en Guerrero. Será a las 11 horas en (la calle) Monterrey 50, las oficinas del CEN del PRD.

–¿Ha habido desinterés del CEN para el caso de la elección interna en Guerrero?

–No lo creo así. Es sólo una dinámica del CEN y una forma de trabajo del PRD. En estos momentos hay tanta actividad nacional y hay elecciones enfrente, es cuestión de tiempo. Primero están las elecciones de Zacatecas, de Tlaxcala, hay coaliciones en Oaxaca. Ha sido sólo falta de tiempo para atender Guerrero.

–En la marcha de Chavarría no estuvo Martín Mora.

–Sería el colmo que apareciera, aunque sabemos que tiene clara simpatía para el senador y no nos espanta eso. Creo que lo hace para guardar la imparcialidad de alguna manera y ser un árbitro imparcial.

–Ha mencionado que nunca fueron convocados por la dirigencia estatal.

–Pues no, no nos hemos reunido con Martín Mora ni lo haremos, porque será primero con el Nacional.

Por otra parte, informó que el sábado 12 de junio se llevará a cabo una marcha en Acapulco, a la que invitarán a alcaldes, diputados, regidores, líderes del partido y civiles.

–¿Se puede considerar como una respuesta al acto de Chavarría?

–No, tenemos muchos actos. Algunos lo tomarán así y se vale. Esta marcha es dentro de la serie de reuniones. Tenemos programado estar en Acapulco el 11, 12 y 13 de junio, aunque el 13 podría ser la reunión del Consejo Estatal.

En referencia a lo que ocurrió en Morelos, donde se suscitaron tres bombazos en Jiutepec que se adjudicó el Comando Jaramillista Morelense, Zeferino Torreblanca insistió en su propuesta de que los aspirantes, candidatos y dirigentes de partido se reúnan con el gobernador René Juárez Cisneros para establecer acuerdos de civilidad.

“Es importante que en esta transición no se polaricen los ánimos y no alentar a los grupos que quieran regresar a la vía violenta como alternativa”.

Agregó que es preocupante que haya gente que siga utilizando la violencia para dirimir las diferencias en México. “Me atrevo a decir que contribuyó el ambiente de dimes y diretes en los medios de información de los actores políticos. Ojalá y no ocasionemos eso con descalificaciones en lugar de utilizar un lenguaje de unidad. Que la televisión no se convierta en una telenovela de los políticos”.