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Se compromete la Sedatu a construir tras la elección casas para damnificados de Papagayo, informan

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se comprometió con damnificados de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorado), a comenzar la reconstrucción de ocho viviendas después de las elecciones, pero, a partir de enero, les ha dado dos fechas para reiniciar y no ha cumplido.
Los damnificados de Papagayo cumplirán cinco años sin poder mudarse al fraccionamiento donde sólo hay algunas viviendas construidas para reubicarlos, además de que no tiene servicios públicos; los damnificados han rechazado las viviendas, alegando que necesitan todas y con los servicios completos.
Los damnificados necesitan 34 viviendas, pero sólo se han construido 26, es decir que faltan ocho casas.
En una llamada a la redacción, el comisario Pantaleón Mesino manifestó que funcionarios de la Sedatu fueron a delimitar el terreno y hacer la documentación legal del sitio.
Agregó que les dijeron que esperaran a que pasen las elecciones, cuando iniciarán la edificación de las ocho viviendas que faltan.
Sin embargo, dado que no es la primera vez que les dan una fecha para iniciar la reconstrucción, advirtió que los damnificados acordaron que si vuelven a incumplir van a protestar, porque es la única forma que les hacen caso.
Indicó que estarán pendientes y continuarán viviendo en las casas dañados en septiembre el 2013, porque no les queda otra opción.

Fraccionamiento “desafortunado”

Recientemente, la encargada de despacho de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad de Papagayo era un asunto desafortunado, porque fue una empresa que trajeron de la Ciudad de México y dejó los trabajos abandonados.
Además, la empresa hace unos meses inició los trabajos, pero no están concluidos, ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procedería legalmente.
En Papagayo, una empresa contratada por la Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera, que luego fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir; luego, un incendio consumió 25 de las 29 casas construidas, por lo que se cambió de terreno.
En enero, los damnificados tomaron la delegación federal, donde les prometieron que irían a la localidad para acordar la fecha de inicio de los trabajos, el 20 de enero, pero no cumplieron.
Luego, funcionarios de la dependencia que fueron al terreno donde los reubicarían, les dijeron que el 21 de mayo iniciarían la construcción de las viviendas, pero volvieron a incumplir.
Posteriormente, a los damnificados les dijeron que no había dinero para reiniciar los trabajos y que esperarían a recibir recursos. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Aplazan para el viernes la demolición de una manzana inhabilitada en El Mirador

Damnificados del 2013 de las tormentas Ingrid y Manuel que fueron reubicados en El Mirador se reunieron con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil estatal y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), para determinar las medidas de precaución que van a tomar, pues a más tardar el viernes llega la maquinaria que demolerá una manzana del lugar que es inhabitable por riesgo de colapso.
El lunes, la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, también se reunieron con los habitantes de la manzana 1B, quienes se encuentran enfrente de un edificio que se prohibió que se habitara porque está latente el riesgo de colapsarse, donde hay 32 departamentos.
Ese día se anunció que la demolición comenzaría este martes, pero no fue así. En la reunión de ayer, la encargada de Sedatu, personal de CICAEG y de Protección Civil precisaron que será hasta el jueves o viernes cuando comience a llegar la maquinaria que demolerá los edificios.
El Mirador está a las afueras de la capital, a un lado de la Autopista del Sol hacia Acapulco, ahí viven familias damnificadas en septiembre de 2013 por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid.
En declaraciones, el ex delegado José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan en los departamentos aledaños.
El espacio donde se demolerán las viviendas será un parque.
Los funcionarios se reunieron en la casa de salud que habilitaron los vecinos junto con una médica, y ahí decidieron hacer un recorrido por la manzana 2B que es la que será demolida, para determinar el procedimiento que llevará este hecho.
El edificio 2B ha sido vandalizado debido a que no está habitado, las paredes están ralladas con aerosol, los vidrios de las ventanas están quebrados, también ha sido utilizado como basurero y como baño, por lo que tiene un olor pestilente. También se robaron parte de las instalaciones, como fregaderos y tazas de baño. La mayoría de los departamentos están abiertos.
Al término del recorrido, nuevamente se reunieron en la casa de salud, donde los funcionarios informaron a los vecinos.
El representante de la CICAEG, Diego Alvarado Castro, expuso que se tiene que poner protección a los vecinos cercanos a la manzana a demoler para prevenir afectaciones; también se hará una rampa para llevar el equipo que necesitará, porque es un trabajo laborioso.
Todo el procedimiento tardará de 15 a 20 días, a partir de que la maquinaria esté en el lugar, que será, a más tardar, el viernes.
Los vecinos solicitaron desensamblar un departamento completo para hacer una capilla, pero les dijeron que no se puede porque son pesadas, ya están fracturadas y son ensamblados. Por ello, los vecinos decidieron que les dejaran escombro para ponerlo en el camino.
Por su parte, el representante de Protección Civil estatal, Rafael Durán, aclaró que es estimado el tiempo de 15 a 20 días para hacer los trabajos, pero puede haber complicaciones y tardar un poco.
“El proceso de demolición no lo hace la empresa que construye, entonces ellos se van a encontrar con puntos ciegos que no conocen y eso puede llevar un poco más de tiempo”, por lo que les pidieron que fueran pacientes, indicó.
La información que les dieron a los vecinos es que el procedimiento para que se salgan de sus casas y se instalen en las carpas que se colocarán, va a ser desde la hora que se comience con los trabajos hasta la hora que se termine, con el fin de prevenir un accidente.
Durante las horas de demolición, las familias deberán permanecer en las carpas, y una vez que terminen el día, Protección Civil hará una revisión rápida para ver el estado en el que se encuentran las viviendas, y entonces les indicarán que pueden entrar a sus casas.
En consulta, la encargada de Sedatu indicó que el curso de las investigaciones en la PGR contra la empresa constructora continúa, pero no se pudieron esperar los resultados porque pueden pasar tres años y no debe continuar el edificio ahí.
Sin embargo para reparar el resto de viviendas habitadas pero que también presentan daños, dijo que ahí si se tendrán que esperar los resultados de las investigaciones, pues serán las empresas las que hagan la reparación de daños.
Además, aseguró que las viviendas que se van a demoler no estaban asignadas a ningún damnificado, y tampoco hay damnificados de Ingrid y Manuel en espera.
Comunicó que ya no hay ningún predio de reconstrucción clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En el fraccionamiento se construyeron 598 viviendas, pero 32 de ellas son inhabitables. A los vecinos les entregaron la llave de su casa el 23 diciembre de 2015 pero la usaron sólo hasta el 5 de enero de 2016, y desde que las habitaron denunciaron que tienen cuarteaduras y fisuras que provocan humedades y filtraciones.

 

Hoy comienza la demolición de 32 casas que no están habitadas en El Mirador

Hoy inician los trabajos de demolición de 32 viviendas inservibles en el fraccionamiento Nuevo Mirador, que pagará el gobierno estatal, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no tiene presupuesto; las familias se reubicarán ahí mismo para evitar que delincuentes roben sus pertenencias.
Este lunes, en el fraccionamiento El Mirador, en una reunión de damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid, con autoridades federales y estatales acordaron que hoy iniciarán la demolición de 32 casas inservibles que no estaban habitadas de la manzana 2B, que tenían que haber sido demolidas en marzo de 2017.
En la reunión estuvieron la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, y colonos que serán reubicados en un refugio temporal.
Ahí, los funcionarios les informaron a los colonos que serían reubicados mientras se inicia la demolición, pero los damnificados pidieron carpas en el fraccionamiento para estar mientras terminan con los trabajos.
Los colonos dijeron que no pueden irse a algún albergue debido a que en el fraccionamiento no hay seguridad, y temen que los delincuentes roben sus muebles y electrodomésticos.
Los funcionarios manifestaron que no podían comprometerse a proporcionarles láminas y madera, porque no contaban con presupuesto, pero que verían la manera de que alguna dependencia les prestara toldos de plástico.
El secretario de Protección Civil estatal explicó que continuará el procedimiento para la demolición de las viviendas y las acciones preventivas para garantizar la seguridad de las personas por medio de los mecanismos de la demolición.
“Es algo preventivo que se hará en la zona, garantizar la seguridad y evitar que las personas se acerquen al lugar de la demolición para que no se provoque algún accidente”, indicó el funcionario, y detalló que cuando se terminen los trabajos se tomará alguna decisión para ver si se construye en el lugar o no, “con la demolición podemos determinar con los estudios necesarios qué acciones de mitigación se realizarán para ocupar el espacio”.
Por su parte, Mario Moreno dijo que, “la idea es que sientan el apoyo del gobierno estatal, los toldos que pueda conseguir se los haré llegar a Mayares Salvador para que los habiliten”.
La encargada de Sedatu manifestó que las familias serán trasladadas de manera momentánea a alguna zona del fraccionamiento por unas horas, en lo que se trabaja en la demolición de las 32 viviendas.
Informó que en el fraccionamiento serán demolidas las casas, y ya no se construirán más, sólo se dejará la protección para que el resto de las viviendas queden bien.
Alma Aurora Jiménez dijo que en las 32 viviendas no habitaban damnificados porque sabían que estaban mal construidas, y las personas que estarán en protección son las que están cerca de la zona, para que no ocurra algún percance.
Informó que la delegación no cuenta con dinero para hacer la demolición, por lo que el gobierno estatal los apoyará; la Sedatu realiza una gestión a nivel central para ver si les otorgan más de 2 millones 800 mil pesos que cuesta el trabajo.
En cuanto al puente que está en el fraccionamiento, dijo que está concluido por parte de la Sedatu, pero el problema por el que no ha avanzado es que el municipio no ha llegado a un acuerdo con el propietario del terreno, por lo que los damnificados aún no pueden salir.

No se entregará al 100 por ciento las casas a los damnificados de Ingrid y Manuel

La encargada informó que el reto es concluir la construcción de las casas en noviembre, consideró que, “estaremos en el 95 por ciento, porque será imposible cerrarla al 100 por ciento por las empresas que dejaron trabajos a medias”, e indicó que actualmente se tiene el 85 por ciento de la construcción.
Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad El Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) es un asunto “desafortunado”, porque fue una empresa que trajeron de México y dejó los trabajos abandonados, “ha sido una problemática para que reactivaran”.
Informó que la empresa hace unos meses inició con los trabajos, se construyeron 26 de las 29 viviendas que hacían falta, pero no están concluidas ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procederá legalmente.
Destacó que en oficinas centrales de la Ciudad de México están haciendo trabajos extraordinarios para tener recursos económicos y concluir las viviendas que las empresas foráneas abandonaron.
Precisó que las empresas abandonaron la construcción de las casas en municipios de la Montaña, Chilpancingo y Acapulco.
La detención de las obras se debe a que son empresas que no cumplen, “son empresarios que no son de Guerrero y no tienen idea de lo que cuesta trabajar en el estado”. Además de que, a cuatro años el costo de la vivienda no es el mismo, y muchos “salen corriendo”, pero se llevan un problema legal.
Manifestó que hay comunidades, principalmente de Chilpancingo que se quedaron fuera de un censo, como fue el caso de San Vicente, y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no resuelve. Indicó que han buscado la solución a través de otros programas, pero tiene que a ver una participación del municipio o del estado.
La encargada de Sedatu dijo que a los presidentes municipales les toca atender los servicios públicos de las casas de los damnificados, pero en algunas ocasiones no tienen el dinero para otorgárselos.
Ejemplificó con el caso de Leonardo Bravo, donde los alcaldes no tienen dinero para acercar los servicios, “se entregaran las casas pero tal vez no tendrán servicios”, concluyó.

 

No reanuda la Sedatu las obras de 8 casas para damnificados en El Papagayo, dicen

El comisario de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Pantaleón Mesino informó que la construcción de las casas para damnificados de 2013 está parada, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), les prometió que el lunes de la semana pasada reanudarían labores, pero esperaron toda la semana y nadie acudió.
En enero, luego de una protesta en la Sedatu, a los damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel les prometieron que comenzaría la reconstrucción de ocho viviendas que faltan por hacer, pero no se cumplió.
En consulta telefónica, el comisario contó que se comunicó telefónicamente con la ahora encargada de la dependencia federal, Alma Aurora Jiménez, quien le afirmó que el lunes de la semana pasada acudirían trabajadores para reiniciar los trabajos, sin embargo fue a ver pero no llegó nadie y así el resto de la semana.
Agregó que se comunicaría nuevamente a Sedatu para saber qué sucedió con los trabajos de la obra.
Anteriormente, el comisario declaró que, aunque ya se construyeron 26 viviendas ninguna cuenta con servicios, por lo que los vecinos no han querido recibirlas.
Al principio, en El Papagayo, una empresa contratada por la Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir, y un incendio consumió 25 de 29 casas construidas, por lo que se cambió de terreno. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Protestan campesinos en la Sedatu y la Cdi; piden dinero de programas de vivienda y agua

 

Integrantes de Antorcha Campesina protestaron en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) para exigir la entrega de recursos de programas de vivienda y obras de agua potable.
Alrededor de las 9:30 de la mañana, unos 100 manifestantes provenientes de los municipios Zapotitlán, Quechultenango, Chilapa y Tlapa, llegaron a las oficinas de la Sedatu ubicadas en el fraccionamiento Santa Rosa, al norte de Chilpancingo, donde ondearon banderas rojas y exigieron los recursos del programa de construcción individual.
El integrante del Comité Estatal de Antorcha Campesina de la región Montaña, Macario Moreno de la Cruz dijo que las autoridades se excusan diciendo que no pueden entregar los recursos porque no tienen la lista de los 540 solicitantes del Programa Apoyo a la Vivienda del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) que son miembros de la organización.
Ante esto, los inconformes pidieron a la Sedatu que comience las gestiones para que 307 integrantes de Antorcha Campesina que cumplen todos los requisitos reciban los 25 mil pesos que les corresponden para construcción. Los beneficiarios son de este año.
Una comisión se reunió con representantes de las autoridades, que se comprometieron a hacer las gestiones pertinentes para que se resuelva la situación.
Después, los manifestantes acudieron a las instalaciones de la Cdi en la colonia Burócratas para solicitar obras de agua potable en Llano Pericón y El Sombrerito, municipio de Zapotitlán Tablas, ya que en la primera comunidad se colocarían tres bombas, según el proyecto, pero sólo se informó de dos; mientras que en la segunda se abrirá la licitación correspondiente.
También acudieron a solicitar recursos para la creación de 11 bandas de viento que reciben de 75 a 100 mil pesos mediante un programa cultural de la Cdi.
Consultado luego de la reunión con el delegado de la Comisión, Lenin Carbajal Cabrera, Moreno de la Cruz informó que las autoridades se comprometieron a iniciar las obras de agua potable el lunes 16 de abril, y que siete de las 11 bandas de viento recibirán los recursos, mientras que otras dos volverán a presentar la solicitud para que se analice si pueden obtener el apoyo.

 

Damnificados de Taxco hablan con Jaimes Ferrel para continuar trabajos de reubicación

Damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre en la colonia Martelas, de Taxco, se reunieron en privado con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel.
La mañana de ayer, una comisión de nueve damnificados de Taxco acudió a Palacio de Gobierno a un encuentro privado en el edificio Norte, para continuar los trabajos de reubicación.
Tras el encuentro, uno de los damnificados, que no quiso dar su nombre, explicó que en la minuta de acuerdos que firmaron los damnificados, se establece que se requiere más información sobre los créditos con tasas de interés preferentes, por lo que se les informaría a la brevedad si existen convenios.
Durante el encuentro se planteó que la falta de un delegado en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual está acéfala desde hace dos semanas, afecta el proceso de gestión de los apoyos programados para los damnificados, y sólo cuando llegue el nuevo delegado federal se repartirán.
También se planteó que sólo a los damnificados foliados se les entregue el apoyo de la Sedesol federal.
En la reunión los damnificados propusieron los terrenos para la construcción de las viviendas, y se comprometieron a enviar un documento para explicar por qué rechazan la reubicación.
Se propuso indagar en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), si ya cuenta con el presupuesto para la reubicación de las familias que cuentan con el folio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y que estarían a la espera de una revisión conjunta con el Ayuntamiento de Taxco sobre los predios donde se podrán reubicar. (Anarsis Pacheco Pólito/Chilpancingo).

 

Siguen laborando trabajadores del Fonden pese a que les deben ocho meses de salario

Trabajadores técnicos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cumplieron ocho meses sin percibir salario, pese a que continúan haciendo trabajos para la delegación; este lunes, funcionarios de la dependencia federal les dijeron que quizá el miércoles se resuelva su demanda.
Desde agosto, los 33 trabajadores operativos mantienen tomadas las instalaciones de Sedatu, han sostenido una huelga de hambre y tomado la caseta de cobro de Palo Blanco, de la Autopista del Sol, pero no han logrado que les paguen el adeudo que ya asciende a más de 12 millones de pesos.
En consulta telefónica, el trabajador Gabriel Mirada indicó que les preocupa que está por culminar el año y la mayoría están endeudados, debido a que no perciben su salario.
Abundó que, pese a que tienen tomadas las instalaciones de la Sedatu, hacen algunos trabajos, como supervisar algunas obras, pues su trabajo es supervisar las viviendas que se construyen para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel.
Dijo que los trabajadores creen que estar sin hacer nada tampoco es lo que quieren, y que además tienen que seguir reportando el trabajo que hacen y comprobar que siguen laborando para exigir sus pagos.
El trabajador señaló que el delegado, José Manuel Armenta Tello, les muestra tarjetas y oficios con los que les demuestra que siguen haciendo las gestiones, para que la oficialía mayor de la Sedatu libere el dinero para pagarles.
Agregó que, este lunes, un funcionario de la dependencia se comunicó con él para informarle que estuvieran pendientes, porque probablemente este miércoles se resolvía la deuda.

Pide la PGR a la Sedatu información de imperfecciones del fraccionamiento El Mirador en reunión con damnificados


Damnificados de El Mirador se reunieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, en la Procuraduría General de la República (PGR), para conocer el avance de la demanda contra la empresa que ejecutó mal las viviendas en el fraccionamiento, algunas de las cuales son inhabitables.
En la reunión la PGR solicitó a la Sedatu información detallada de contratos, dictámenes de la estabilidad de las estructuras e información contable, para que en el perfeccionamiento de la averiguación, la PGR tenga los datos suficientes para hacer las indagatorias y se determinen las responsabilidades.
Al término de la reunión, el delegado Armenta Tello declaró que de alguna manera el encuentro da a los damnificados certeza de las acciones que se están ejecutando para que las viviendas con imperfecciones sean reparadas.
“Hoy, la Procuraduría nos ha solicitado información adicional para que, en el perfeccionamiento de su averiguación tengan los datos necesarios y suficientes para precisamente sus averiguaciones, sus indagatorias y que se determinen las responsabilidades”, indicó.
Dijo que le están pidiendo contratos, dictámenes que se han hecho de la estabilidad de las estructuras, e información contable para saber si hubo daño patrimonial al erario federal.
El delegado abundó que se ha mantenido en constante comunicación con la PGR luego de las denuncias de 2016 a la fecha, y que sí hay avances significativos.
Añadió que si le piden datos precisos, es porque se perfecciona la averiguación para determinar responsabilidades.
Señaló que la información que se les ha requerido es “mucha” y que seguramente le tomará un tiempo a la PGR revisarla.
Indicó que se les comunicó a los vecinos que en breve se harán peritajes físicos en el fraccionamiento.
Al finalizar la reunión, los tres vecinos del fraccionamiento que acudieron se negaron a declarar. .

Incumple la Sedatu su compromiso de pagar el lunes salarios a empleados del Fonden

a Trabajadores del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) informaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no les pagó los seis meses de salario que les adeuda, y que el delegado se comprometió a entregar a más tardar el lunes, lo que no ocurrió.
El jueves de la semana pasada, los trabajadores del Fonden y damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel en Papagayo, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol para exigir el pago de salarios y del faltante del terreno donde serán reubicados.
En consulta telefónica, la trabajadora, Violeta Medina lamentó que no se cumpliera el pago de sus salarios y que no han recibido ninguna justificación del incumplimiento.
Desde el 22 de agosto, los 33 trabajadores operativos a los que se les adeudan seis meses de salario, mantienen tomadas las oficinas de la Sedatu en Chilpancingo.
El 27 de septiembre iniciaron una huelga de hambre que duró tres días, porque acudieron a censar viviendas dañadas por el huracán Max y los sismos de septiembre.
Para este trabajo a los trabajadores sólo les pagaron viáticos, pero no los seis meses de salarios, que se siguen acumulando.
El 10 de diciembre del año pasado pararon labores 43 días, ante un adeudo de cuatro meses, que les pagaron en febrero, y sólo quedaron 33 trabajadores. Ahora se acumularon seis meses de salarios, que ascienden a 12 millones 700 mil pesos.

Son inhabitables 2 colonias de Taxco afectadas por el sismo, dice nuevo dictamen del Fonden

En las colonias Martelas y Ruffo Figueroa, de Taxco, suman 253 familias damnificadas en una zona que se consideró después del sismo como de “alto riesgo” y ahora, de acuerdo con el último dictamen, es “inhabitable”, informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.
Esto, de acuerdo con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), se traduce en una “reubicación” de los afectados, por lo que ahora se debe buscar un predio que permita albergar sin riesgo a las familias, previamente dictaminado para asegurar su habitabilidad, y que “no vuelva a pasar lo que ocurre en ambas colonias”.
Al término de una mesa de trabajo en un hotel de la ciudad, el delegado informó que, de acuerdo con un dictamen de Protección Civil estatal, confirmado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en la zona existe un “alto riesgo” para los habitantes ante posible deslizamiento de una ladera, a consecuencia de sismo del 19 de septiembre pasado; con el paso de los días esa parte ha manifestado un continuo “movimiento físico” de la tierra, por lo que ahora se considera “inhabitable”.
Eso corrobora los dictámenes, del riesgo de vivir en esas colonias ubicadas en la salida norte de la ciudad, y por ello funcionarios federales, estatales y municipales tuvieron un encuentro con las familias damnificadas que habían solicitado otros estudios adicionales de geofísica y geotecnia para estar plenamente convencidos de la inhabitabilidad en esa zona.
Armenta Tello puntualizó que, al localizar el predio para reubicar a las familias tendrían la seguridad jurídica de la propiedad de su vivienda al entregarles también durante este procedimiento la escrituración correspondiente.
Detalló que la reubicación prevé los recursos suficientes para la adquisición de un terreno, para la urbanización que incluye introducción de servicios básicos de agua, electricidad, drenaje, disposición final de aguas residuales y el beneficio a quienes resultaron dañados de una o dos tarjetas que incluyen un apoyo institucional de 120 mil pesos, con participación federal del 75 por ciento y un 25 por ciento del gobierno estatal para que los afectados reconstruyan su vivienda.
Durante la reunión, Armenta Tello dijo que se optó, en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, por la autoconstrucción asistida, ya que los afectados comprarán sus materiales, pagarán la mano de obra y decidirán la ejecución de sus viviendas, y si toman la asistencia técnica o no; el Ayuntamiento deberá observar que sean viviendas sismo-resistentes para que no se cometan errores.
Entre la resistencia de algunos damnificados a la reubicación, el delegado federal reconoció que, no se les otorgan los recursos que en algunos casos superan los costos de sus viviendas colapsadas, pero de “alguna manera sí se les está dando el empujón con el apoyo institucional”, que se pospondrá durante unos 10 días a causa de los trámites que implica y la posibilidad de que sean distribuidas las tarjetas a los afectados.
Advirtió que el “apoyo dependerá de que acepten la reubicación para que les sea entregado, y tendrían que renunciar a su propiedad”, en la que han habitado y que resultó dañada, porque en estos predios que se consideran “zona de alto riesgo, ya no podría haber asentamientos humanos”.
A la par, agregó que todo está condicionado a los resultados de los estudios adicionales de geofísica y geotecnia acordados entre las autoridades y los afectados en las colonias Martelas y Ruffo Figueroa, y de los que se espera confirmar el comportamiento de los movimientos de tierra y “se hace manifiesto en la carpeta asfáltica” de la carretera federal, con lo que se determina que una buena parte de la zona donde están ubicadas las colonias “sí tienen movimiento”.
La mesa de trabajo en un hotel duró más de tres horas y no se permitió la entrada a los medios; en el transcurso de los trabajados llegaron varios damnificados a los que uno de los vigilantes uniformados les impidió la entrada, y en respuesta varias mujeres empujaron la reja y, de paso, al empleado de seguridad que tuvo que desistir de su actitud y dejar pasar a los inconformes.
A la mesa de trabajo asistieron el jefe de la oficina del gobernador Héctor Astudillo Flores, Alejandro Bravo Abarca; la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez; funcionarios de la secretaría de Protección Civil, y el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, con funcionarios del ayuntamiento.