Reanudan labores y liberan oficinas trabajadores de Vectores; les darían uniformes esta semana

Trabajadores de Vectores, agremiados a la sección 76 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), reanudaron labores y liberaron oficinas en cuatro regiones, porque “confían” que en esta semana sí les darán los uniformes que exigen.
El jueves pasado, los inconformes habían reanudado su protesta y marcharon en la capital porque la Secretaría de Salud (Ssa), que encabeza Carlos de la Peña Pintos, no les proporcionó los uniformes de 2016 complementario, 2017 y el de este año en su totalidad.
Los trabajadores de Tlapa, Chilpancingo, Iguala y municipios de Tierra Caliente, suspendieron labores, ya que 376 de ellos no tienen el uniforme, lo que afecta su trabajo porque los vecinos no les permiten entrar a las casas a abatizar o fumigar, a causa de la desconfianza.
El delegado de Tlapa, José Manuel Rodríguez Acevedo, y el de Chilpancingo, Mario Héctor Lara Guzmán, vía telefónica informaron que tras firmar una minuta de acuerdos con De la Peña Pintos y otras autoridades de Salud, este lunes les entregarían los uniformes, por lo que el pasado viernes reanudaron labores y liberaron las instalaciones de Vectores de las cuatro regiones.
Informaron que este lunes no les llegaron los uniformes, pero que esperarán al miércoles porque a veces los camiones tardan en llegar para repartirlos por zonas.
Los delegados dijeron que “confían” que esta semana se los entreguen, de lo contrario nuevamente protestarán. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Preparan nueva campaña para promover y garantizar derechos de parteras: Raíz Zubia

Después de la campaña En Guerrero Vamos por la Partería, una nueva campaña se implementará este año, pues falta consolidar objetivos, como incrementar la contratación de parteras en la Secretaría de Salud (Ssa), legislar, y hacer respetar y valer los derechos de las parteras y las madres.
En consulta telefónica, la representante de la organización Raíz Zubia, Susana Oviedo Bautista contó que luego de la campaña que se impulsó en el estado el año pasado, es necesaria otra campaña, pero ahora en coordinación con otros estados.
Contó que están definiendo qué actividades y la estrategia de la campaña que durará cuatro meses, que se implementará también en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guanajuato, y participará la Asociación Mexicana de Parterías.
Indicó que la organización Parteras de Hoy lanzó la convocatoria para esta campaña, pero cada estado llevará sus propuestas.
Indicó que se espera que esta campaña promueva los acuerdos plasmados en tratados internacionales que México ha firmado en materia de la salud de las mujeres, y particularmente la agenda del 2030, sobre la partería.
Abundó que Guerrero es pionero en el asunto de la partería, que ha habido avances a partir de la articulación con otras organizaciones como las Casas de la Mujer Indígena (Cami), la de Acatepec, Chilapa, Metlatónoc, Ometepec y San Luis Acatlán.
“Seguimos creyendo que debe de haber una ley que preserve la partería, pero también la proteja y la norme… lo que estaríamos esperando es que se mire y se incorpore a las parteras tradicionales, que no se les satanice, al contrario que tengan toda la posibilidad de articularse con los centros de salud, con los centros hospitalarios de primer, segundo y tercer nivel, si es necesario; que tengan también esa posibilidad de prioridad de los diferentes programas que hay en el estado”, agregó.
Argumentó que no piden nada que no haya en el estado, ya que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ya tiene un programa de cuartos para fortalecimiento a la vivienda, y se podría dar prioridad a las parteras, para que tengan un lugar digno, de acuerdo con sus necesidades, para que puedan atender a las mujeres embarazadas.
Indicó que propuestas como ésta han sido presentadas a la Ssa, de la Mujer, a la de la Juventud y a organizaciones, pero no han respondido.
Añadió que la Ssa sólo reconocen a las parteras que ha certificado, que han estado en cursos, pero que más allá de esos cursos, las parteras tienen un reconocimiento y tienen autoridad porque están reconocidas por su comunidad, pues incluso la dependencia las ha satanizado, por lo que termina rompiendo la confianza con las parteras.
“Lo que pedimos es que se reconozcan, porque además está sustentado en evidencias científicas de que las parteras tradicionales saben atender partos”, abundó.
Dijo que falta capacitación de la Ssa a las parteras sobre métodos anticonceptivos o educación sexual durante el embarazo.
“Esperaríamos que realmente sean tomadas las parteras y se fortalezca la partería tradicional, que haya más escuelas también de parteras tradicionales; hay una escuela de partería profesional (en Tlapa)… la Secretaría de Salud sola no puede, requiere de la participación de muchos actores de la sociedad”, abundó.
Contó que con Vamos por la Partería se logró que la Ssa contratara parteras profesionales, aunque aún no es suficiente; además, se logró colocar el asunto en la opinión pública, en la agenda política de Salud, del DIF; se logró sensibilizar; la Ssa ya está viendo como una opción a las parteras en lugares a donde no pueden llegar médicos y enfermeras o hay mucha violencia. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Protestan trabajadores del Hospital de la Madre; no pagaron la quincena a 400

Trabajadores del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de la sección 61 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) se manifestaron con pancartas para denunciar que el gobierno del estado no ha pagado la quincena a más de 400 empleados de tres hospitales.
Dijeron que la protesta se estaba replicando también en el hospital de Tlapa, donde laboran 145 trabajadores; mientras que en Acapulco no estaban protestando porque en fin de semana no trabajan los 56 afectados.
Por su parte el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que este lunes se estarán cubriendo todos los pagos, pues hubo un problema con el banco que impidió hacerlos a tiempo.
Minutos después de las 10 de la mañana unos 40 trabajadores del Hospial de la Madre y el Niño Guerrerense se concentraron en la explanada del hospital, y mostraron pancartas que decían: “Hacemos un atento llamado a nuestro pte. electo AMLO para que nos apoye”, “Lic. Tulio Pérez Calvo (Secretario de Finanzas del estado) le hacemos un llamado para que pague nuestro salario en tiempo y forma”, “Los trabajadores del HMNG trabajamos bajo protesta por falta de pago puntual del salario”.
Posteriormente pegaron las pancartas en la fachada del hospital.
En consulta, la secretaria general de la sección 61, Pilar Guadalupe Cortés Ríos expuso que desde el viernes debieron depositarles su quincena pero no fue así.
Dijo que son 228 miembros del sindicato que labran en dicho hospital, que son médicos, enfermeras, químicos, camilleros y administrativos, de todos los turnos.
Lamentó que es la cuarta vez que se retrasa el pago de los salarios, tres veces en este año y una el año pasado, y que casualmente siempre es por problemas en el banco, pero que curiosamente sí les depositan salarios a los trabajadores del resto de las dependencias del gobierno del estado.
“Un atento llamado al gobernador (Héctor Astudillo Flores) para que tome cartas en el asunto y gire instrucciones al secretario de Finanzas, y a los directivos para que no vuelva a suceder, es la cuarta ocasión que nos retrasan el pago, mucha gente depende del salario”, remarcó.
Abundó que es la segunda vez que deciden protestar para ejercer presión y que les paguen, pues de ello dependen sus familias, como hijos o padres.
Más tarde en consulta telefónica el secretario de Salud del estado, De la Peña Pintos, manifestó que no se les había depositado a los trabajadores porque hubo problemas con la transferencia de la Secretaría de Finanzas al Seguro Popular, pero que para ese momento ya se había acordado con la líder sindical que les pagaría este lunes.
“Hay trabajadores que pertenecen al SUSPEG que trabajan para la Secretaría de Salud a través de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), y otros trabajadores que pertenecen a la Secretaría de Salud y esos no tienen ningún problema”.

 

Exhorta la Ssa a gobiernos de Acapulco y Chilpancingo a resolver cúmulos de basura en las calles

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Carlos de la Peña Pintos informó que mandó un exhorto a los Ayuntamientos de Chilpancingo y de Acapulco, ante los cúmulos de basura que hay en las calles; si no atienden al llamado, podría decretarse alerta sanitaria.
Consultado en el Palacio de Gobierno sobre los desechos que hay en las calles del puerto y de la capital, respondió que se les mandó un exhorto a los presidentes municipales, Evodio Velázquez Aguirre y Marco Antonio Leyva Mena, para que asuman las responsabilidades de la recolección.
Indicó que los alcaldes deben acatar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los municipios tienen a su cargo servicios públicos como el de la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
El funcionario dijo que es un exhorto, y si no responden irá avanzando hasta tener una alerta sanitaria. Detalló que corresponde levantar la alerta sanitaria a las dependencias encargadas, “que somos nosotros”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que en estos días estará la Ssa al pendiente de cómo evolucionan con el problema.
Carlos de la Peña Pintos aseveró que se reunió con los jefes jurisdiccionales para hacer una revisión puntual de todos los municipios, y para determinar cuáles se encuentran en esta situación.
Indicó que si las autoridades municipales no solucionan el problema de la basura, pueden perjudicar el medio ambiente y la salud, y alertó que la contaminación podría provocar enfermedades diarreicas y gastrointestinales, “principalmente”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Caducan medicinas en la casa de salud de San Martín, Alcozauca; no hay médicos que las prescriban, se quejan

Los pobladores de la comunidad na savi de San Martín, anexo de Zoyatlán, municipio de Alcozauca, pidieron médicos que los atiendan y que se usen los medicamentos antes de que caduquen en la casa de salud, porque no cuentan con alguien que se los prescriba cuando están enfermos.
Contaron que, por falta de atención médica una mujer de la comunidad murió luego de dar a luz, dejando a su hijo huérfano, a causa del recorrido que hicieron los familiares para llevarla a Zoyatlán, comunidad cercana donde hay un centro de salud, y de ahí a la cabecera municipal de Alcozauca, de donde regresó muerta.
Agregaron que, como hay más datos de la familia sólo saben que su hijo sobrevivió, pero no cuáles fueron los motivos de la muerte de la mujer, ya que la familia tampoco habla del tema.
Por ello pidieron al comisario, Mario Salazar Guerrero, que exija la atención a la salud de la población para prevenir más muertes.
Las madres de familia comentaron que no han tenido médicos en el lugar, y que habilitaron una casa de salud donde está el medicamento y equipo para curaciones y atención básica, que recetaban un médico, un enfermero y un técnico de las Caravanas de la Secretaría de Salud, pero hace más de una año que se las quitaron.
Acudieron a la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Montaña, en Tlapa, para preguntar sobre estas demandas, y les respondieron que serían atendidos por el IMSS-Prospera, pero tampoco iban con frecuencia, y cuando lo hacían la atención era deficiente.
Remarcaron que no tienen atención médica en el lugar, y ahora para el control de sus padecimientos las citan en el centro de salud de Zoyatlán, y de ahí las envían a Alcozauca o a Tlapa, según el tipo de enfermedad.
Una madre de familia contó que, para su control como beneficiarias del programa Prospera, tienen que ir a Zoyatlán, “caminar más de dos horas para llegar al centro de salud sólo para que les tomen el peso y talla a nuestros hijos”, se quejó.
Otra madre dijo que eso es difícil porque algunas mujeres tienen hasta 10 hijos, por lo que no puedan llevarlos a todos, o no todos son atendidos el mismo día y tienen que quedarse en Zoyatlán sin un lugar donde hospedarse.
Una madre contó que a ella le asignaron sus citas en el centro de salud del 11 al 14 de mayo, “no puedo quedarme muchos días allá, tendré que viajar todos los días para que los pesen y los midan, eso me parece mal, porque saben que aquí no hay carros, que debemos caminar, por qué no en un solo día atienden a una familia”, sugirió.
Agregaron que están dispuestos a apoyar al personal médico que asignen de manera permanente a la comunidad con los alimentos y hasta con la gasolina, “ya lo hemos hecho, nos hemos cooperado para pagarle la gasolina al doctor, y que venga de Zoyatlán”, dijeron.
“Aportamos cinco pesos todas la de Prospera, y de ahí le damos 200 pesos para la gasolina de su carro, así cuando vienen nos atiende a todas y no tenemos que ir una por una caminando hasta allá”.
El comisario y los pobladores desconocen quién les brindará los servicios, pues ya no tienen las caravanas de la Secretaría de Salud ni las unidades Móviles del IMSS-Prospera, que les dijeron que en abril de 2017 llegarían, pero la atención no la han recibido de manera oportuna.
Por ello, han hecho uso de remedios caseros, pero las enfermedades complicadas los obligan a trasladarse a Zoyatlán, mientras los medicamentos que hay en la casa de salud caducan porque no hay nadie que se los dé.
Insistieron en que les asignen médicos y enfermeras, “sería mejor que esté al menos una enfermera, para ya no ir hasta Zoyatlán, a veces por un medicamento para una gripa cuando aquí hay, pero están guardados porque no sabemos cuál se ocupa para cada enfermedad”, dijo el comisario.
La casa de salud cuenta con un espacio donde están los medicamentos, las básculas, una camilla, y un consultorio que se deteriora por la falta de uso.
Las mujeres insistieron en la necesidad de tener médicos para las emergencias y para que lleven el control y no tengan que trasladarse con sus hijos a Zoyatlán, “sólo para que los pesen y los midan, porque aquí hay una báscula”, y así no sean afectadas en el programa Prospera por no acudir a la cita.
En la localidad de Zoyatlán no se pudo obtener información sobre los médicos del centro de salud, que estaba abierto, pero nadie respondió al llamado.
Para la Jurisdicción Sanitaria 04 Montaña, en su formato de pirámide poblacional la comunidad de San Martín/Arenal tiene 315 habitantes.

En el municipio sólo estamos de apoyo: IMSS-Prospera

Por su parte el supervisor medico zonal del IMSS-Prospera, César Sierra comentó que en enero de este año empezaron a recorrer el municipio de Alcozauca con las Unidades Médicas Móviles, que incluyen un médico, una enfermera y un técnico, que también atienden el municipio de Huamuxtitlán.
Sin embargo, no tienen población asignada del programa Prospera y sólo están de apoyo en responsabilidad compartida con la Secretaría de Salud, porque no les han dado la lista de las usuarias, como en Olinalá y Acatepec, donde atienden a 700 derechohabientes de Prospera.
Lamentó que los médicos no quieran trabajar en La Montaña, por lo que es frecuente que sólo lleguen unos meses y luego se vayan, como ocurrió recientemente en esta unidad, que está vacante desde marzo.
Dijo que la atención que brindan es para las enfermedades más comunes, respiratorias, gastrointestinales, de piel, de crecimiento y desarrollo del menor de cinco años, mujeres en edad fértil y control de embarazos.
Informó que la unidad médica estuvo ahí por última vez el 16 de abril, y que en mayo ya habían ido en la primera semana y no tenía la fecha exacta, aunque al 9 de mayo, los pobladores dijeron que no habían acudido.
Comentó que fue este año que el IMSS-Prospera entró a Alcozauca y que la localidad de San Martín es una ruta nueva, donde van para reforzar las acciones de Salud, ya que es un anexo de la comunidad de Zoyatlán, donde hay un centro de salud que se encarga de la atención de las usuarias de Prospera.
En Alcozauca no tienen derechohabientes de Prospera, acuden cada mes a las localidades de Zaragoza, Nuevo Zaragoza, Pueblo de Dios y San Miguel el Grande para dar consulta general, porque no tienen población cautiva.
Los trabajadores comentaron que, para las unidades móviles, atender las comunidades es difícil porque los carros no tienen las características para andar en los caminos sinuosos, que empeoran en la temporada de lluvias.

La comunidad

En la comunidad na savi de San Martín la población de 15 años en adelante tiene la educación básica incompleta en un 100 por ciento y su población es analfabeta en un 70 por ciento, de acuerdo con los datos de microrregiones.
En esta localidad la población sin derechohabiencia a servicios de salud, es 58. 74 por ciento.
Las viviendas no cuentan con baño, drenaje ni agua entubada, por lo que su grado de rezago social es muy alto y aumento de 1.21775 en 2005 a 2.17269 en 2010.
Su población también aumentó de 122 en 2005 a 223 en 2010, 109 mujeres y 114 hombres.
Es una de las comunidades alejadas del municipio de Alcozauca, colinda con el estado de Oaxaca con el que tiene un conflicto agrario.
No cuenta con servicios de transporte de ruta del servicio público, por lo que sus pobladores tienen que caminar entre hora y media y dos horas a la comunidad más cercana, Zoyatlán, donde pueden tomar una “pasajera” a la cabecera municipal de Alcozauca o a Tlapa, aunque sólo hay dos corridas, en la mañana y en la tarde.
El recorrido es sinuoso, entre las barrancas y los senderos que los pies de los niños, hombres y mujeres han marcado ante la falta de transporte y dinero para costear el pasaje cuando algún particular acude y quieran aprovechar el traslado en carro.
Los pinos y encinos los han cobijado con su sombra durante el recorrido, que cubren en cuatro horas, dos de ida y dos de regreso, que puede aumentar si llevan alguna carga.
El acceso de los carros tampoco es sencillo, pues la tierra suelta, las subidas empinadas y la falta de rastreo hacen que patinen o no suban si no es empujando; y el riesgo de patinar en el lodo podría significar irse al cerro, en el mejor de los casos, y en el peor a alguna barranca.

 

Demandan atención médica familiares de víctimas de la violencia en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Zitlala

 

Familiares de víctimas de la violencia de los municipios de Chilapa y Zitlala que representa el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco reclamaron este martes en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud atención médica plena como lo establece la Ley General de Víctimas.
La mayoría de los familiares llegaron desde de Zitlala y Chilapa, se trata de indígenas nahuas que tienen parientes desaparecidos o asesinados, a quienes por el problema que viven se les han complicado padecimientos, sobre todo de diabetes, hipertensión, enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel.
Los más de 20 ciudadanos fueron acompañados por el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, el representante del Colectivo de Víctimas de Acapulco Ciro Fuentes Urióstegui, del Colectivo Chilpancingo Lamberto Castro de la Cruz y la representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Olivia Cortez Cerón.
Olivares Hernández informó que a raíz de la reunión del 7 de marzo con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero, convinieron brigadas médicas para la atención de las familias de víctimas de Zitlala y Chilapa. Se hicieron el 15 de marzo en Chilapa en donde se realizaron 26 consultas pero se dejaron sólo 15 recetas sin medicamentos, mientras que de las 15 consultas del 15 de marzo en Zitlala, cuatro quedaron sin receta.
Para Olivares Hernández la actitud de la dependencia es una burla porque de nada sirve a las víctimas una receta si no cuentan con los medicamentos, y denunció que el gobierno estatal no cumple la Ley General de Víctimas que establece una atención integral.
Informó que a partir de que desaparecieron o les asesinaron a un familiar, a los familiares de las víctimas se les han agravado padecimientos crónicos como diabetes o hipertensión arterial, otros han adquirido estas enfermedades a raíz del problema que viven, mientras que la mayoría sufre de enfermedades gastrointestinales, respiratorios o de la piel y requieren de una atención permanente y adecuada.
Al respecto el director del Centro Morelos demandó que al subsecretario de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Armando Bibiano que los atendió, que no solamente les garantice las consultas y los medicamentos, sino que haya brigadas permanentes y calendarización de las visitas del personal médico de la dependencia.
El representante del Colectivo Chilpancingo, Lamberto Castro entregó una relación de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados o secuestrados que pertenecen a ese colectivo para que reciban atención médica.
Se quejó ante el funcionario que desde 2017 que el colectivo de Chilpancingo trabaja a favor de las víctimas de la violencia, cada acuerdo que asumen con el gobierno del estado, “se lo lleva el viento”.
A su vez, Ciro Fuentes del colectivo de Acapulco le espetó al subsecretario que los familiares de las víctimas no están actuando por capricho al reclamar sus derechos, sino porque existe una Ley de Víctimas que las autoridades deben cumplir. Y se quejó de que en Guerrero no hay instituciones que atiendan a las víctimas, que por eso la atención es muy lenta.
Reclamó: “No nos dejen solos”, y dijo que los familiares de las víctimas no se podrán reincorporar plenamente a la sociedad si continúan con estos problemas.
Olivia Cortés del CCTI le dijo al funcionario que las víctimas de la violencia no son pacientes normales, porque están viviendo un problema social y como consecuencia sus padecimientos emocionales o físicos se les complican.
Reclamó atención sobre todo para los niños y las personas adultas mayores, quienes, dijo, tienen derecho a la salud.
Los familiares de las víctimas fueron recibidos en la sala de juntas de la Secretaría de Salud y el subsecretario Bibiano se comprometió a “corregir las circunstancias” y a cumplir con lo que se comprometió la dependencia en la reunión con el gobernador, y anunció que las brigadas médicas y la atención a las víctimas van a ser de manera permanente y garantizó el abastecimiento de medicamentos, como lo exigieron los representantes de los colectivos de víctimas y del Centro Morelos.

 

En más de mil páginas, la Ssa no informa qué cambió el color del Balsas y quién contaminó

En una voluminosa carpeta de más de mil páginas, la Secretaría de Salud (Ssa) entregó el martes a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum) y al comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, Melquiades García Ríos, el informe de los estudios de la contaminación del agua del río Balsas que denunciaron autoridades municipales y agrarias.
El dirigente indígena, Guillermo Álvarez Nicanor declaró que no viene nada nuevo en este informe y que la respuesta es la misma que les dieron en una reunión anterior, con una comisión interinstitucional de funcionarios.
“Es una información que no cubre la demanda de los pueblos indígenas, nosotros estamos reclamando que nos informen qué fue lo que vertieron en el río y qué elementos químicos lograron que el agua cambiara de color”, dijo el vecino de San Miguel Tecuiciapan.
Agregó que a pesar del voluminoso expediente, al que consideró como una burla para los indígenas de la región, no les informan nada sobre eso, y que ni si quiera saben quién fue el responsable de que se vertiera esa material.
El 18 de abril, las autoridades de los pueblos del alto Balsas de los municipios de Mártir de Cuilapan, Tepecoacuilco y Huitzuco, denunciaron la contaminación del río. Informaron que desde el 15 de abril el agua cambió de color azul a verde, y demandaron a la Secretaría de Salud que se aplicara un estudio al agua para conocer el grado de los contaminantes que se vertieron y que se investigara quiénes son los responsable.
Álvarez Nicanor informó que este martes les entregaron la respuesta en una carpeta de más de mil páginas, “con información que solamente dice que la vida acuática es tolerable, que no es venenoso, y anexan información poco legible en un cuadro con supuestos elementos químicos, pero no se explica nada”, se quejó el dirigente indígena.
“Encontramos minutas elaboradas de mala fe y se evidencia que hay firmas que recabaron primero, y después elaboraron el acta porque hay un espacio en blanco en la parte superior y hasta abajo se asentaron las firmas de las personas que supuestamente participaron en la reunión”, denunció Álvarez Nicanor.
Dijo que, además, la caligrafía del inicio del acta no corresponde a la del cuerpo del documento, “pareciera ser que sólo recabaron documentación para hacer un bonche grande y marearnos con todo esto”, dijo mostrando la voluminosa carpeta.
Informó que a partir del martes les dieron tres días hábiles para contestar el informe.
Insistió en que, a pesar de la abultada respuesta, la petición de las autoridades de los pueblos del alto Balsas sigue siendo la misma, “que nos informen qué contaminantes se vertieron al río y quienes son los responsables, y el compromiso de que no va a volver a ocurrir, pero eso no viene en el supuesto informe”, insistió el dirigente indígena.
Agregó que piden que se comprometan las dependencias a sancionar a los responsables, porque se puso en riesgo la salud de los pobladores que viven en las márgenes del río Balsas.
Dijo que también exigen que se establezcan las medidas necesarias para restablecer el equilibrio ecológico que se perdió con la contaminación del río, “no pedimos que nos vengan a decir, ‘no se mueren, pueden comer pescados y usar el agua’… queremos que ya no sigan contaminando el río”, exigió.
A pesar del voluminoso documento, dijo que los comisarios van a revisar hoja por hoja y a tratar de conseguir asesoría jurídica para que sea respondido en los términos que la ley establece.

 

En la capital marchan universitarios, telefonistas y trabajadores de Salud

Organizaciones sindicales se unieron en una marcha de más de mil 500 trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Telmex, DIF, jubilados, de Salud y empleadas del hogar para exigir a los gobiernos federal y estatal respeto a sus derechos laborales.
La movilización para conmemorar el Día del Trabajo tuvo como demanda principal el respeto a empleados de distintos sectores, así como a sus sindicatos y prestaciones amenazadas por reformas estructurales.
Al frente del contingente iban los líderes de los sindicatos que marcharon, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el Sindicato Estatal de Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Guerrero (Setsdifgro), el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG).
También marchó la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero, y trabajadores de la Secretaría de Salud del estado y la Red de Mujeres Empleadas del Hogar.
Unos 100 maestros disidentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) marcharon de la Alameda capitalina al Zócalo para exigir la abrogación de la reforma educativa.
La movilización de los maestros de la región Centro comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 12:30.
Al frente de la marcha, los maestros portaron una manta en la que se leía “1 de Mayo Día del Trabajo, respeto a las conquistas laborales” . En el Zócalo los maestros en un mitin reiteraron también su rechazo a las reformas “neoliberales”.

Son “un montaje” las medicinas caducas del basurero del centro de salud de Altamirano: Salud

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, Carlos de la Peña Pintos afirmó que las cajas con medicamento caducado que aparecieron en el centro de salud de Ciudad Altamirano son “un montaje”.
En declaraciones a reporteros antes de la inauguración del Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de Municipios Saludables de la Región de las Américas: salud en todas las políticas para implementar la agenda 2030, el funcionario reprochó que haya quien aproveche tiempos electorales para difundir ese tipo de noticias.
El pasado lunes aparecieron en el basurero del centro de salud de Ciudad Altamirano cientos de cajas de medicamentos caducados.
“Es un montaje, desafortunadamente. No están así las cosas, ese fue un medicamento donado que no está dentro del cuadro básico, y que ahí lo pusieron. Es desagradable aprovechar cualquier circunstancia en estas épocas electorales, buscan siempre algo para denostar. Nosotros estamos conscientes de nuestros alcances y nuestras limitaciones, pero también estamos conscientes del gran esfuerzo que hace este gobierno estatal para poder tener una cobertura sanitaria universal para que la gente tenga acceso a los servicios y a los medicamentos”, dijo cuando se le preguntó sobre el asunto.

No hay derrames químicos o factores que pongan en riesgo la salud en pueblos del río Balsas, afirma

Asimismo, De la Peña Pintos aseguró que no hay derrames químicos o factores que afecten el agua del río Balsas y que dañen la salud de los habitantes de comunidades, poblados y municipios en su ribera.
También afirmó que permanece la veda de moluscos bivalvos ante los altos índices de saxitoxinas en el agua de mar, y que corresponde a los ayuntamientos efectuar los decomisos a quien no acate la disposición sanitaria estatal.
Sin embargo, apeló a la conciencia y responsabilidad de quienes venden los productos vedados para que no los ofrezcan.
De los análisis del agua en el río Balsas, indicó que hubo búsqueda de la Ssa, de “casos intencionados” por enfermedades asociadas con la presunta contaminación del afluente que atraviesa la entidad y que nace en la región centro del país.
Aclaró que, aunque es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la dependencia encargada de analizar el agua, la Ssa aplicó los estudios de concentración de coliformes, dado que hay descargas de drenajes en esa corriente, aunque aseguró que los resultados están dentro de lo normal.

Sí cuentan los hospitales del estado con espacios para atender quemados, insiste

Respecto a los pacientes que llegan con quemaduras de primer y segundo grado a los nosocomios de la entidad, el funcionario indicó que la Ssa cuenta con áreas equipadas para su atención, salvo quienes lleguen con quemaduras de tercer grado, que son enviados a otra institución para su traslado y atención.
Posteriormente, el funcionario estatal reiteró que en lo que va del año se han cuantificado cuatro muertes materas, aunque dos de ellas no fueron por hemorragias, sino que una mujer fue atropellada y otra tenía cáncer de páncreas.
Precisó que se tienen 11 casos de dengue en Guerrero, así como un caso de chikungunya y uno de zika, lo que significa una disminución de 90 por ciento respecto al año pasado, y que se registraron en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.

Respalda la movilización para exigir la liberación de un médico preso en Oaxaca

Respecto a la marcha de médicos en Acapulco y Chilpancingo el domingo pasado, contra la detención de un traumatólogo de Oaxaca, Carlos de la Peña manifestó su respaldo a la movilización.
“Se pueden llevar a cabo cualquier proceso sin necesidad de encarcelar a un médico o enfermera y no criminalizar, sin estar encarcelado. Existen instancias para poder llevar a cabo éste proceso, no la cárcel; están la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional donde de manera imparcial se analizan las cosas, con asesoría a quien demanda, con peritajes”.
Afirmó que “no rebasan los cinco” casos de médicos o trabajadores del sector Salud demandados por negligencia médica, que concluyen en suspensiones temporales cuando se comprueban malas prácticas.

 

Acuerdan pueblos nahuas del alto Balsas presentar demanda en la PGR por la contaminación del río

Autoridades agrarias y municipales, así como representantes y líderes naturales de los pueblos nahuas del Alto Balsas acordaron este domingo integrar una comisión para presentar una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la contaminación del río Balsas para exigir sanción a los responsables y la reparación del daño.
Los indígenas aprobaron, asimismo, presentar una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en contra de la inacción de las autoridades que pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona.
La comisión se integró con las autoridades municipales y agrarias de los pueblos afectados, encabezadas por los presidentes de los comisariados de bienes comunales de San Juan Totolcintla, Melquiades García Ríos; de San Agustín Oxtotipan, Ignacio Morales Mundo y de Tula del Río Rogelio Vicario, quienes inicialmente encabezaron la denuncia por la contaminación del río.
Las autoridades de esta región han venido denunciando que desde el 15 de marzo pasado observaron que el agua del río Balsas cambió de azul a verde intenso. También denunciaron que en algunas comunidades como en San Juan Totolzintla se murieron algunas tortugas y peces, mientras que en Tula del Río denunciaron que hubo personas que sufrieron dolor estomacal después de comer mojarras que pescaron en el río.
El 21 de marzo, las tres autoridades agrarias entregaron en la Secretaría de Salud muestras del día del agua del río y un escrito dirigido al secretario Carlos de la Peña Pintos a quien le piden que se realice una investigación del caso.
El 27 de marzo, en conferencia de prensa el secretario de Salud De la Peña Pintos, el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Gastélum Espinoza, el director general de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro, confirmaron que el agua de ese río que abastece a 15 comunidades nahuas de Guerrero está contaminada con coliformes totales y coliformes fecales, debido a aguas residuales sin tratar que se vierten al cauce, y descartaron que se trate de un agente contaminante relacionado con las minas, además de responsabilizar a los gobiernos municipales, que deben dar un tratamiento adecuado antes de verter el agua residual al río.
Sin embargo, hasta este domingo las autoridades estatales y federales no habían entregado los resultados de los estudios hechos al agua, y tampoco habían dado información o explicación a las autoridades del por qué el cambio de color.
Ante esta omisión y falta de respuesta, los representantes de las comunidades de Ahuetlixpa, San Juan Totolcintla, San Agustín Oxtotitpan, Tula del Río y Analco, municipio de Mártir de Cuilapan, así como de Xalitla y San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, y San Francisco Ozomatlán, de Huitzico, se reunieron este domingo en la comisaría municipal de San Juan Totolcintla, para analizar el problema.
También asistieron dirigentes de organizaciones con presencia en la región y líderes naturales quienes se quejaron de que los gobiernos estatal y federal no han hecho caso al grave problema de contaminación y acordaron la integración de la comisión también para presionar a la Secretaría de Salud a fin de que dé a conocer los resultados de las muestras que le entregaron y que con un helicóptero se realice un recorrido para esclarecer qué afluente de las que desembocan en el Balsas lo está contaminando.
Asimismo, acordaron promover un programa de restauración ecológica del río en el que participen los mismos pobladores.
El dirigente del Consejo para el Desarrollo Autosustentable del Alto Balsas, Victórico Ríos Mundo, dijo que han pasado 15 días desde que el agua del río cambió de color y que la Secretaría de Salud no les ha explicado porqué y criticó la respuesta que dio el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, en el sentido de que el agua está contaminada pero de heces fecales a consecuencia de que los habitantes de los pueblos que se encuentran en la ribera del río desembocan allí sus aguas negras. Dijo que eso viene ocurriendo desde 2005 y que por eso los habitantes de la región han pedido la construcción de letrinas secas para no contaminar el agua de ese río. Pero aclaró que no por el agua negra que se descarga al río éste había cambiado de color.
Por su parte, el ex delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), originario de San Miguel Tecuiciapan y líder natural de esta región, Guillermo Álvarez Nicanor, denunció que los gobiernos estatal y federal están incumpliendo con la ley que establece que el gobierno debe dar agua limpia, saludable y suficiente a los ciudadanos.
Añadió que también incumplen con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza que los territorios de los pueblos indígenas sean gobernados por la gente de los mismos pueblos y que tengan acceso a todos los recursos naturales de su entorno.
Denunció que los gobiernos estatal y federal no están cumpliendo, por ejemplo dijo que en este caso debe intervenir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que debe demandar a la gente que está contaminando este río, “y no lo está haciendo”.
Añadió que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tampoco está interviniendo.
“Por el contrario, vi unas declaraciones del secretario de Salud que dijo que no hay problema, que el río no está mal, que sí está contaminado por caca de la gente pero que no es malo y que el pascado que hay en el río se puede comer, entonces lo invitamos a que se venga a comer una mojarra y que se venga a bañar al río, no puede ser que nos digan que sí hay mierda en el río pero que eso no es malo”, se quejó.
Exigió a las autoridades que no digan que todo está bien y que no hay problema, “pareciera ser que no nos están haciendo caso porque a lo mejor el ruido que hacemos no es tan fuerte”, advirtió.
Y luego añadió que, entonces, lo que quieren las autoridades de Guerrero es que los pobladores hagan lo que hicieron los de Sonora y Jalisco en donde se organizaron y presentaron demandas en contra del gobierno para que realizara acciones de autoridad.
“Estoy seguro que el gobierno sabe qué está pasando aquí y si no lo dice es porque no le conviene”, dijo.
Agregó que el gobierno “no nos quiere decir porque no le conviene y no le conviene porque sabe que a nosotros no nos va a gustar lo que está pasando con nuestro río. No puede ser algo muy insignificante, es algo muy grande lo que hicieron, no sé qué echaron, pero fue algo malo”, dijo.
También asistió el ex diputado federal perredista y líder indígena de la región, originario de Xalitla, actual secretario del Ayuntamiento de Copalillo, Marcelino Díaz de Jesús, quien informó que la gente de los pueblos de ese municipio que se encuentran cerca del río también ya se alarmó y que a través de Comunicación Social del Ayuntamiento recomendó a la población que tome sus precauciones.
El dirigente indígena propuso que la comisión aprobada insista ante la Secretaría de Salud que se investigue el problema y que con un helicóptero se realice un recorrido por los ríos que desembocan al Balsas para esclarecer de dónde proviene el agua color verde.
Añadió que la Secretaría de Salud ya debe tener los resultados “pero no lo han de querer dar a conocer, tal vez porque se afectan algunos intereses”.
Al final, los asistentes aprobaron la integración de la comisión que quedó conformada con los representantes de los pueblos afectados, entre éstos los de San Juan Totolcintla, San Miguel Oxtotipan y Tula del Río, a fin de que elabore los oficios y solicitudes y encabece la demanda que presentarán ante la PGR para que se investigue y se castigue al responsable de la contaminación, además de la reparación del daño.
“Hay una ley de responsabilidad ambiental que dice que el que contamina paga, pues tomémosle la palabra a la ley, ahí está. Si hay alguien que contaminó nuestro río pues que pague”, dijo Álvarez Nicanor, quien explicó que el procedimiento sería a través de una “demanda de acción colectiva”.
También acordaron que la misma comisión acudirá ante la Codehum a presentar una queja por la omisión de las autoridades estatales y federales y por poner en riesgo la salud de los pobladores.