El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez da posesión a Benjamín Guinto en el IGIFE Foto: Comunicación Social
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, tomó protesta a Benjamín Guinto Nava, como titular del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), en sustitución de Héctor Oyorzábal Hernández, que estuvo sólo tres meses en el cargo.
Oyorzabal Hernández fue nombrado director de IGIFE el 7 de diciembre, como parte de una rotación de cargos públicos.
El anterior director de IGIFE, Martín Vega González, fue enviado a la Dirección General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), mientras Oyorzábal Hernández, nombrado subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Mientras Miguel Ángel Ríos Soberanis salió de Cicaeg para ocupar la subsecretaría de Obras Públicas.
Ayer, el secretario general de Gobierno anunció en redes sociales el nuevo nombramiento de Guinto Nava en la dirección general del organismo que construye las escuelas en el estado. No señala si el movimiento responde a nuevos cambios en el gabinete, ni la causa de la separación del cargo del anterior director, y tal vez su salida del gobierno.
Tampoco da cuenta de los antecedentes del nuevo directivo, pero en internet se localizaron dos documentos, de 2017 y 2021, que dan su desempeño en esta dependencia como supervisor técnico. (Lourdes Chávez / Chilpan-cingo).
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, escucha a su subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón, al concluir la firma de convenio ayer entre Segalmex y el gobierno del estado, en Chilpancingo Foto: Emiliano Tizapa Lucena
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que en Guerrero no han recibido denuncias de extorsión de las empresas mineras, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reiteró nuevamente ayer en su conferencia matutina.
Reynoso Núñez señaló que las empresas “deben de haber expresado alguna otra cosa allá”, y que el gobierno federal aún no les ha “bajado esa información”.
De manera extraoficial se conoció que el presidente se refirió a las empresas Altaley Mining Corporation que opera en Campo Morado, municipio de Arcelia –zona controlada por el grupo La Familia Michoacana– y Torex Gold Resources, que maneja la mina Media Luna ubicada en el municipio de Cocula donde se mueven remanentes del grupo Guerreros Unidos.
Este jueves, en su conferencia matutina López Obrador señaló por segundo día consecutivo que hay dos empresas mineras de Canadá en Guerrero que manifestaron problemas para poder trabajar, debido a que son extorsionadas por grupos delictivos.
Consultado al respecto ayer en las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en Chilpancingo, antes de iniciar el evento de la firma del convenio de colaboración entre Selgalmex y el gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso afirmó que ayer dialogaron “con las empresas y ellos dijeron que no han recibido amenazas de extorsión, se aclaraba que hay muchas más empresas en el país en la explotación de minas, no necesariamente en el estado, probablemente se esté dando en otros estados o estén manejando su información a nivel federal, que no nos ha llegado nosotros, pero en el estado no habido denuncias de extorsión no”.
–¿Ya se comunicaron a raíz de la información que da el presidente en sus conferencias matutinas con la Secretaría de Gobernación, de Economía o con Presidencia?
–Sí, ellos normalmente cuando se da un tema de seguridad de este tipo, lo remiten a la Mesa Estatal (de Seguridad). Hasta la sesión del día de hoy no se ha remitido nada, entonces vamos a esperar a que nos señalen con puntualidad cuáles son los casos, pero repito, ayer al menos dos empresas nos dijeron nosotros no tenemos ninguna tema (de extorsión), la de Mezcala y la de Cocula.
El secretario general de Gobierno se refirió a las empresas Minera Media Luna, propiedad del grupo canadiense Torex Gold Resources, ubicada en El Limón-Guajes, en el municipio de Cocula, y a la Mina Los Filos, de la empresa canadiense Equinox Gold Corp, ubicada en Mezcala, municipio de Eduardo Neri.
–¿Entonces el presidente está mintiendo o qué información tendrá?
–No, yo creo que deben de haber expresado alguna otra cosa allá (las empresas), pero con la precisión que a nosotros nos han señalado no, no nos han bajado esa información, si se da o si se presenta o si se presentó en el caso de Guerrero nos lo harán saber y nosotros también lo comunicaremos.
–¿Ya se comunicaron con los ejecutivos de Torex Gold entonces?
–Sí, yo hablé con Torex, hablamos con Equinox, y se habló con los de Capela y no se han dado estos casos (de extorsión), al menos ellos no nos los han manifestado directamente.
–¿Cuál es la situación de Capela, entendiendo que hay un conflicto social entre dos grupos armados en Teloloapan y Apaxtla?
–A ellos les preocupaba esa parte, y fue uno de los puntos que se trató en la reunión con ellos, nos dicen que hasta el momento no han tenido obstrucción a las actividades de la mina, pero obviamente les preocupa el conflicto que se está dando en la región.
“Nosotros nos mantenemos ahí, tenemos una cantidad importante de elementos tanto de la Policía del Estado, como de las dependencias federales y vamos a seguir en la zona, no vamos a dejarla”.
Presencia de la Familia michoacana en Tierra Caliente
Fuentes extraoficiales del sector minero consultadas ayer, informaron que las empresas a las que se refirió el presidente López Obrador son Altaley Mining, que opera en Campo Morado, en el municipio de Arcelia, y Minera Media Luna, del consorcio Torex Gold Resources, que explota las tierras del municipio de Cocula.
El 31 de octubre pasado El Sur publicó una investigación de los informes de inteligencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por los hackers Guacamaya, en los que se indica que los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, los jefes de La Familia michoacana en la Tierra Caliente, tomaron parte de las actividades de la mina de Campo Morado, pertenecientes a la empresa Telson Mining, actualmente Altaley Mining, donde obtuvieron ganancias millonarias mensuales al menos registradas en 2018.
De acuerdo con lo publicado por El Sur la participación de la organización criminal en la mina se dio en el transporte de material y de personal, con camiones góndola. Telson Mining Corporation cerró operaciones por problemas de seguridad en septiembre de 2019 y reanudó trabajados en febrero de 2020, sin embargo, en mayo de 2021 reestructuró su Junta Directiva y cambió su nombre a Altaley Mining.
Por su parte, Torex Gold, con la Minera Media Luna, también de origen canadiense, en noviembre de 2017 enfrentó un paro laboral debido a que un grupo de trabajadores exigían el cambio de sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMMSSRM).
Sin embargo, en enero de 2018 hombres armados ejecutaron a balazos al ex trabajador de la minera Media Luna y uno de los dirigentes de los bloqueos, Quintín Salgado Salgado, de 37 años de edad, en el centro de la comunidad Nuevo Balsas, desde ese entonces en la zona se estableció la policía comunitaria del Nuevo Balsas, que tiene relación con la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), y de quienes recientemente, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, reconoció que no les llamaría policías comunitarios sino “grupos armados que actúan de manera irregular”.
Planteó Trudeau a López Obrador los casos de extorsión a dos mineras en Guerrero
Ya se atiende el reclamo de las empresas canadienses, dice el presidente, quien por segundo día aborda el problema en su conferencia
Antonio Baranda y Claudia Guerrero / Agencia Reforma
Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer que dos mineras canadienses han reclamado por extorsiones de grupos de la delincuencia en Guerrero.
Por segundo día consecutivo, López Obrador informó que hay dos empresas mineras de Canadá en el estado de Guerrero que han manifestado que tienen problemas para trabajar, debido a que son extorsionadas por grupos delictivos.
El mandatario afirmó que ya se está atendiendo el reclamo de las empresas.
“Hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos sólo problemas en dos, y además tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican a la delincuencia”, declaró.
“Pero ya los estamos atendiendo, pero solamente dos”, aseveró en su conferencia mañanera este jueves en Palacio Nacional.
El miércoles, López Obrador informó que el gobierno de Justin Trudeau se ha quejado porque el crimen extorsiona y no deja operar a dos mineras canadienses en Guerrero.
Al hablar de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el mandatario también admitió entonces que su gobierno tiene diferencias con Canadá por la “cuestión eléctrica”.
“Dos (mineras) se quejan que no los dejan trabajar en Guerrero, que es cierto, que los extorsionan”, dijo ese día, pero no indicó qué empresas son.
De acuerdo con reportes, minas de oro y plata han padecido extorsiones en los municipios Eduardo Neri, Tepecoacuilco, Cocula, Huitzuco, Copalillo, Heliodoro Castillo y Atenango del Río.
El mandatario dijo que ya se resolvieron cuatro problemas con empresas canadienses del sector eléctrico, tras petición del primer ministro de Canadá.
“Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades, ahora que vino el primer ministro Trudeau me pidió que si los atendíamos, y personalmente, con el gabinete económico, atendimos a cuatro empresas canadienses”, señaló.
“Y resolvimos los cuatro problemas sin ningún obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico y así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación”, aseguró el mandatario, este jueves, en respuesta a una pregunta.
De inmediato se refirió a las 125 mineras canadienses y la queja de sólo dos en Guerrero.
Agregó que durante su administración, la mayoría de las empresas canadienses relacionadas con la minería apoyan al manejo del medio ambiente y de las comunidades en las que se establecen, además de asegurar que son las que más pagan a los trabajadores del sector.
López Obrador inició este miércoles conversaciones con representantes de empresas canadienses inconformes, luego de ofrecer a Trudeau un canal de diálogo directo con ellas.
El diferendo con dichas empresas tiene que ver con plantas eléctricas de empresas canadienses que cuentan con permisos de autoabasto.
Para López Obrador, esta modalidad de generación de energía es “fraude legal”, por lo que ha insistido en que su gobierno no va permitirlo.
El autoabasto permitía a personas físicas y morales generar electricidad para su consumo y, con ella, acceder a un suministro más competitivo que el ofrecido por la CFE (Con información de Juan Luis Altamirano Uruñuela).
Si la federación recibió denuncias de
mineras, aún no las comparte: Ludwig
Hubo comunicación ayer con las empresas canadienses en el estado y no les informaron de casos de extorsión, dice el secretario de Gobierno. En la Mesa de seguridad tampoco se atendió ninguna queja. Fuentes del sector minero informaron que las empresas a las que se refirió el presidente López Obrador son Ataley Mining que opera en Campo Morado, Arcelia, y Torex Gold Resources de la Minera Media Luna que está en Cocula
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que en Guerrero no han recibido denuncias de extorsión de las empresas mineras, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reiteró nuevamente ayer en su conferencia matutina.
Reynoso Núñez señaló que las empresas “deben de haber expresado alguna otra cosa allá”, y que el gobierno federal aún no les ha “bajado esa información”.
De manera extraoficial se conoció que el presidente se refirió a las empresas Altaley Mining Corporation que opera en Campo Morado, municipio de Arcelia –zona controlada por el grupo La Familia Michoacana– y Torex Gold Resources, que maneja la mina Media Luna ubicada en el municipio de Cocula donde se mueven remanentes del grupo Guerreros Unidos.
Este jueves, en su conferencia matutina López Obrador señaló por segundo día consecutivo que hay dos empresas mineras de Canadá en Guerrero que manifestaron problemas para poder trabajar, debido a que son extorsionadas por grupos delictivos.
Consultado al respecto ayer en las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en Chilpancingo, antes de iniciar el evento de la firma del convenio de colaboración entre Selgalmex y el gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso afirmó que ayer dialogaron “con las empresas y ellos dijeron que no han recibido amenazas de extorsión, se aclaraba que hay muchas más empresas en el país en la explotación de minas, no necesariamente en el estado, probablemente se esté dando en otros estados o estén manejando su información a nivel federal, que no nos ha llegado nosotros, pero en el estado no habido denuncias de extorsión no”.
–¿Ya se comunicaron a raíz de la información que da el presidente en sus conferencias matutinas con la Secretaría de Gobernación, de Economía o con Presidencia?
–Sí, ellos normalmente cuando se da un tema de seguridad de este tipo, lo remiten a la Mesa Estatal (de Seguridad). Hasta la sesión del día de hoy no se ha remitido nada, entonces vamos a esperar a que nos señalen con puntualidad cuáles son los casos, pero repito, ayer al menos dos empresas nos dijeron nosotros no tenemos ninguna tema (de extorsión), la de Mezcala y la de Cocula.
El secretario general de Gobierno se refirió a las empresas Minera Media Luna, propiedad del grupo canadiense Torex Gold Resources, ubicada en El Limón-Guajes, en el municipio de Cocula, y a la Mina Los Filos, de la empresa canadiense Equinox Gold Corp, ubicada en Mezcala, municipio de Eduardo Neri.
–¿Entonces el presidente está mintiendo o qué información tendrá?
–No, yo creo que deben de haber expresado alguna otra cosa allá (las empresas), pero con la precisión que a nosotros nos han señalado no, no nos han bajado esa información, si se da o si se presenta o si se presentó en el caso de Guerrero nos lo harán saber y nosotros también lo comunicaremos.
–¿Ya se comunicaron con los ejecutivos de Torex Gold entonces?
–Sí, yo hablé con Torex, hablamos con Equinox, y se habló con los de Capela y no se han dado estos casos (de extorsión), al menos ellos no nos los han manifestado directamente.
–¿Cuál es la situación de Capela, entendiendo que hay un conflicto social entre dos grupos armados en Teloloapan y Apaxtla?
–A ellos les preocupaba esa parte, y fue uno de los puntos que se trató en la reunión con ellos, nos dicen que hasta el momento no han tenido obstrucción a las actividades de la mina, pero obviamente les preocupa el conflicto que se está dando en la región.
“Nosotros nos mantenemos ahí, tenemos una cantidad importante de elementos tanto de la Policía del Estado, como de las dependencias federales y vamos a seguir en la zona, no vamos a dejarla”.
Presencia de la Familia michoacana en Tierra Caliente
Fuentes extraoficiales del sector minero consultadas ayer, informaron que las empresas a las que se refirió el presidente López Obrador son Altaley Mining, que opera en Campo Morado, en el municipio de Arcelia, y Minera Media Luna, del consorcio Torex Gold Resources, que explota las tierras del municipio de Cocula.
El 31 de octubre pasado El Sur publicó una investigación de los informes de inteligencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por los hackers Guacamaya, en los que se indica que los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, los jefes de La Familia michoacana en la Tierra Caliente, tomaron parte de las actividades de la mina de Campo Morado, pertenecientes a la empresa Telson Mining, actualmente Altaley Mining, donde obtuvieron ganancias millonarias mensuales al menos registradas en 2018.
De acuerdo con lo publicado por El Sur la participación de la organización criminal en la mina se dio en el transporte de material y de personal, con camiones góndola. Telson Mining Corporation cerró operaciones por problemas de seguridad en septiembre de 2019 y reanudó trabajados en febrero de 2020, sin embargo, en mayo de 2021 reestructuró su Junta Directiva y cambió su nombre a Altaley Mining.
Por su parte, Torex Gold, con la Minera Media Luna, también de origen canadiense, en noviembre de 2017 enfrentó un paro laboral debido a que un grupo de trabajadores exigían el cambio de sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMMSSRM).
Sin embargo, en enero de 2018 hombres armados ejecutaron a balazos al ex trabajador de la minera Media Luna y uno de los dirigentes de los bloqueos, Quintín Salgado Salgado, de 37 años de edad, en el centro de la comunidad Nuevo Balsas, desde ese entonces en la zona se estableció la policía comunitaria del Nuevo Balsas, que tiene relación con la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), y de quienes recientemente, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, reconoció que no les llamaría policías comunitarios sino “grupos armados que actúan de manera irregular”.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, señaló que hay un error en la información que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre extorsiones a empresas mineras canadienses en la entidad, que informó ayer en su conferencia matutina en Palacio nacional.
En tanto la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, informó que las dos empresas mineras canadienses que trabajan en Guerrero no les han señalado que tengan problemas para trabajar ni que sean extorsionadas.
Consultado vía telefónica sobre la información del presidente, el secretario de Gobierno señaló que conversó con algunos representantes de las compañías y con la secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, y descartaron ese supuesto.
Reynoso Núñez indicó que esta misma semana conversó con representantes de la empresa Peñoles, propietaria de la mina Capela en Teloloapan, “les pregunté si habían tenido amenazas y el director nos dijo que no, que no tenían problemas, que el problema afecta a la gente local, que al menos ellos no recibían amenazas ni extorsiones”.
Un par de horas antes de la entrevista que se realizó la tarde noche, indicó que habló con la directora general de la empresa Torex Gold, que opera la Media Luna, y confirmó que debió tratarse “de un gran error” en la reunión que refirió el presidente de la República, porque no están viviendo este problema en el estado.
Asimismo, informó que Ramírez Vega se comunicó con directivos de la empresa Equinox, que opera la mina Los Filos en la comunidad de Mezcala, y tampoco han sido amenazados o extorsionados, al menos de forma directa.
Es decir, ellos señalaron que tienen conocimiento de proveedores que sí han enfrentado esta situación de manera aislada, sin precisar si son los negocios locales que ofrecen algunos servicios a la empresa.
Asimismo, indicó que el gobierno estatal se reunió ayer con representantes de una minera que va a comenzar operaciones en la parte de Cuetzala, y uno de los puntos de trabajo fue la seguridad que observan en el estado.
Por lo tanto, sostuvo que las mineras realizan sus trabajos con normalidad, aunque haya contratiempos por bloqueos carreteros como los que realizó la llamada Policía Comunitaria Tecampanera el año pasado.
Antes, la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, informó que de las dos empresas mineras canadienses que trabajan en Guerrero, Torex Gold y Equinox Gold, en las mesas de trabajo que han sostenido anteriormente no les han señalado que tengan problemas para trabajar ni que sean extorsionados, como lo aseguró ayer en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Afirmó que luego de que el mandatario federal dio esa información, contactó a los directivos de ambas empresas, y hasta la tarde de ayer sólo Torex Gold le respondió que no tenían el problema que indicó el presidente en su conferencia, pero confirmó que la empresa Peñoles ya solicitó apoyo al gobierno del estado ante los problemas sociales que se viven en Teloloapan.
La mañana de este miércoles en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existen dos mineras de origen canadiense que presentaron quejas debido a que no pueden trabajar en el estado de Guerrero por extorsiones.
Al respecto, entrevistada vía telefónica, la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del gobierno del estado, Teodora Ramírez Vega, contó que luego de las declaraciones del presidente consultó a “las dos empresas mineras que tenemos aquí, son Torex Gold y Equinox Gold, he hablado con uno de los ejecutivos, me ha comentado que creo hubo alguna mala información, sin embargo, las dos empresas al menos una de ellas de manera directa me señaló que no es ninguna de las dos de las señaladas” por el presidente.
Sostuvo que “hay 125 empresas canadienses en México, entonces ahí yo creo fue la información que se utilizó mal, hemos estado hablando con ellas (las empresas), estoy por confirmar con Equinox Gold, pero tampoco señalan que estén teniendo problemas para trabajar”.
Expuso que esperaba que en el transcurso de la tarde pudiera dialogar con directivos de la minera Equinox Gold “para poder descartar (los declaraciones que dio el presidente), pero básicamente ya hemos estado en contacto con ellos, han atendido varias cuestiones, sin embargo, en particular de extorsiones no ha estado en las mesas de las sesiones de trabajo (anteriormente con funcionarios del gobierno del estado)”.
Se le preguntó si otras empresas mineras como Peñoles, que tienen la mina Capela, han solicitado apoyo al gobierno del estado debido a los conflictos armados que se viven en Teloloapan, entre La Policía Comunitaria Tecampanera contra la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), Ramírez Vega respondió que se reunieron recientemente con el director general de grupo Peñoles, (Rafael Rebollar González) lo atendió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, lo estuvimos atendiendo y estuvimos en pláticas con ellos”.
Reconoció que “hay una situación un tanto compleja, sin embargo se están tomando las acciones pertinentes, por el problema y lo delicado yo no puedo compartir información a detalle, pero estamos atendiendo la petición de apoyo por parte de la empresa”.
Teodora Ramírez manifestó que tienen comunicación tanto con grupo Peñoles, así como con Equinox Gold y Torex Gold, así como Altaley Mining, las cuatro mineras que laboran en Guerrero “es una comunicación bastante estrecha, estamos trabajando en ello, nuestra gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) nos ha instruido a estar atentos, pero igual que a ellas, atender las peticiones de la población, de los comunitarios y en conjunto y en estrecha coordinación tanto la Secretaría General de Gobierno como la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico hemos estado sosteniendo reuniones constantes con las mineras”.
Reiteró que en octubre pasado se instaló el Consejo de Minería del Estado de Guerrero, donde participaron ejecutivos de las mineras y analizaron aspectos del ámbito económico social y comunitario.
Ramírez Vega dijo que es importante aclarar el hecho de que a las mineras no se les extorsiona, y reconoció el interés que existe de Torex Gold de seguir invirtiendo en Guerrero, dijo que prueba de ello es que sus directivos “están fuera del país precisamente dando seguimiento a las inversiones que están realizando en Guerrero”.
Recientemente, el 11 de enero, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su visita a México para la Cumbre de Líderes de América del Norte, se reunió con los ejecutivos Torex Gold, la directora ejecutiva, Jody Kuzenko, y el vicepresidente de operaciones en México, Faysal Rodríguez, “para hablar sobre la minería sustentable y responsable” de esta compañía en México, informó el mandatario mediante su cuenta oficial de Twitter, en la que además destacóque “Canadá es el inversionista extranjero más grande en el sector minero de México”.
Más tarde, se buscó por segunda ocasión a Teodora Ramírez para conocer si la segunda empresa minera le había respondido, pero ya no se logró contactarla.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez saluda a Silvia Rivera Carbajal luego de que le tomó protesta como nueva titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales Foto: Gobierno del estado
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La ex priista, quien ocupaba el cargo de Coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Silvia Rivera Carbajal, rindió protesta como titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del gobierno del estado, quien destacó que desde 2017 ha realizado trabajo político en Morena.
A través de sus redes sociales, la Secretaría General de Gobierno informó que su titular Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “con la representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, entregó el nombramiento y tomó protesta a Silvia Rivera.
En declaraciones telefónicas ésta reconoció que “es una responsabilidad que tengo muy grande, de cubrir las expectativas que tiene la gobernadora” de atender a los migrantes y sus familias.
Recordó que durante su encargo como coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil visitó la representación del gobierno del estado en la ciudad de Los Ángeles, y a Chicago envió una brigada para conocer las necesidades prioritarias y en dónde están por entregar certificados de la doble nacionalidad a migrantes y sus hijos.
Dijo que buscará que esta secretaría “no tenga direcciones nada más así por membrete y que realmente ejerzan el trabajo que requiere el migrante, porque a veces se pierde el presupuesto en cosas vagas”, aunque reconoció que esta secretaría no ejerce un presupuesto importante.
Silvia Rivera consideró que es importante recuperar la confianza de los clubes de migrantes para posteriormente recuperar el presupuesto del programa tres por uno, y contar con recursos del gobierno federal al cual dijo, sí se puede acceder “si se sustentan proyectos viables para que nos autoricen los recursos, y que los migrantes tengan la confianza de que su dinero va a estar bien empleado y que se realizarán las obras que se están solicitando”.
La nueva secretaria destacó que organizará reuniones con los clubes y representantes de migrantes para conocer las necesidades inmediatas que tienen para atenderlas de manera concreta.
Rivera Carbajal afirmó que desde 2017 está haciendo trabajo político en Morena y que ya es militante de este partido después de su larga militancia en el PRI, partido por el cual fue diputada federal.
En 2018 Silvia Rivera Carbajal, cuando era diputada federal con licencia, fue candidata a diputada local por el distrito 18 de la Tierra Caliente por Morena, pero renunció aduciendo amenazas y falta de condiciones de seguridad para realizar su campaña.
Entonces compitió por el cargo con Celeste Mora Eguiluz, a quien como priista le había ganado la diputación federal en 2015 y que tres años después era candidata de PRD-PRI-PAN por el distrito 18 local.
Celeste Mora fue la primera secretaria del Migrante en este gobierno de Evelyn Salgado, y ahora forma parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.
Silvia Rivera dijo ayer que decidió dejar el PRI porque “no me convenía seguir en el partido, no estoy en contra de ningún partido, estoy a favor de beneficiar y trabajar por los guerrerenses”, y consideró que tras cinco años de trabajo en Morena y sus candidatos ahora pudo ocupar un espacio en el gabinete del gobierno de Evelyn Salgado Pineda.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, durante su comparecencia de este lunes ante el pleno del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En la comparecencia por el primer año del gobierno estatal ante el pleno del Congreso local, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez le plantearon preguntas en torno a la atención a las demandas sociales, protestas y manifestaciones, la gobernabilidad, la atención a temas de género y el ambiente. Las preguntas fueron tersas, sin sorpresas, ya que los cuestionamientos se habían realizado previamente por escrito.
En su mensaje ante 35 diputadas y diputados asistentes, el funcionario estatal señaló que la actual administración recibió “un estado con necesidad apremiante en materia de gobernabilidad”, por lo que la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”.
Tras la primera intervención del secretario, antes de las preguntas de diputados, funcionarios del gobierno estatal que lo acompañaron aplaudieron al funcionario, lo que generó que la diputada priista Alicia Zamora Villalva pidió a la presidenta de la Mesa Directiva que realizara una moción de orden para pedir a los presentes que no aplaudieran en respeto al recinto. Estos aplausos, incluso gritos se han permitido en comparecencias de funcionarios en gobiernos anteriores.
En las rondas de preguntas y respuestas, por el PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz le preguntó a Ludwig Marcial Reynoso, como presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, si existe un mecanismo transversal de las dependencias para atender la alerta por violencia de género y a cuanto haciende el presupuesto ejercido por cada secretaría, además de los 500 mil pesos destinados a este tema y que ejerce su Secretaría, y cuáles fueron los resultados y sobre el trabajo para la gobernabilidad.
En respuesta, el secretario dijo que en ocasiones el proceso de diálogo se dificulta por multitud de protestas, pero que a pesar de la atención “las estructuras monolíticas de sindicatos, de organizaciones se han empezado a dispersar, antes había un solo canal de comunicación y ahora hay múltiples canales de comunicación”, y aseguró que “hemos privilegiado el diálogo al uso de la fuerza” y que así se continuará.
También advirtió que muchos de los temas que atiende la secretaría no son “solo de voluntad política, se requiere de presupuesto, temas legales”, pero planteó que la gobernabilidad se construye con la participación de los poderes, las organizaciones, de los partidos políticos.
De las alertas por violencia, dijo que se reinstalaron los sistemas municipales para atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en 76 municipios y que solo faltan Heliodoro Castillo, Canuto Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y San Miguel Totolapan.
Reynoso Núñez reconoció las reformas en materia de despenalización de la interrupción del embarazo porque eso generó que se pudiera iniciar la atención de las otras medidas establecidas en la alerta en materia de salud; mientras que los 500 mil pesos, dijo que se destinaron a un programa de información en el transporte público.
La priista también le preguntó cuáles son las dependencias en las que hay denuncias de trabajadores por violencia laboral y acoso sexual y si hay protocolos para la atención y los procedimientos sancionadores, el funcionario estatal informó que tienen 13 expedientes administrativos contra servidores públicos, 7 de la secretaría de Salud, 5 de Seguridad Pública y uno de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande; y que los protocolos en contra de la violencia laboral y sexual los maneja la Secretaría de la Mujer.
Las movilizaciones sociales, propias del estado
El perredista Carlos Reyes Torres preguntó también sobre los trabajos para la gobernabilidad y la atención a los movimientos sociales. Ludwig Marcial Reynoso recordó que al término de la administración pasada “se tenían múltiples conflictos, generados muchos en la falta de un presupuesto”, y justificó que por la pandemia los ingresos se vieron afectados y “se fueron acumulando multitud de compromisos que al final se reflejaron en compromisos no cumplidos, no quiero decir que de manera intencional”, y que esto generó “un gran descontento social” incluso con trabajadores del estado, por lo que planteó que “el que volvieran a creer en la autoridad no es un proceso fácil”, y que lo mismo ocurre con los sindicatos, maestros, organizaciones.
Incluso el secretario justificó que la movilización social es “característica, es muy propia del estado, hay organizaciones como la CETEG que su método es movilización, negociación, movilización” sin embargo dijo que eso lo entienden en el marco de libertades de los mexicanos a la manifestación; en el tema educativo, precisó que en la mayoría de los casos se requiere la coordinación con el gobierno federal para poder dar solución.
Carlos Reyes, como Yoloczin Domínguez, y Gabriela Bernal que lo antecedieron, ya no realizaron preguntas en su última oportunidad para intervenir. En su lugar agradecieron las respuestas, reconocieron el trabajo del gobierno en los temas que plantearon y hablaron de su disposición de abonar a la gobernabilidad. En su oportunidad el funcionario estatal regresó los cumplidos agradeciendo “a ustedes el gesto que tienen de solidaridad con esta administración porque efectivamente la gobernabilidad es un proceso en el que estamos todos incluidos”.
El diputado del PVEM Manuel Quiñonez Cortés preguntó también sobre las protestas sociales, dijo que han tratado de atender las demandas sociales, pero reconoció que esta supera la capacidad de respuesta del gobierno estatal y que hay demandas “muy añejas” principalmente en el tema magisterial, “los no FONE que tienen muchos años que no están en la nómina educativa; hay miles de horas adeudo a maestros”.
Consideró que es natural que con la llegada de un nuevo gobierno se genere la expectativa de que se solucionen sus demandas acumuladas durante varios años y que esto genera diferentes movilizaciones.
Además de las protestas y movilizaciones por temas educativos, comentó que en muchos casos son también por desapariciones, y que estos también son atendidos y canalizados a la fiscalía y a la SSP y a la Comisión Estatal de Búsqueda, y destacó “hoy sí se hace búsqueda (antes) no se hacía” y que esto ha generado también la expectativa de las víctimas a que con la movilización se iniciará la búsqueda.
Aprovechó para decir que “la acción de gobierno es apegada a derecho no tiene favoritismo, no tiene color partidista, no tiene influencia política en la toma de decisiones”. Mientras que Manuel Quiñonez dijo que este partido no descalificará la actuación “de nadie” y que se necesita la suma de voluntades para impulsar el desarrollo social y económico, y reiteró que seguirán impulsando una agenda común con el Ejecutivo “dejando de lado las políticas oportunistas”.
También, Marcial Reynoso afirmó que el actual gobierno “no persigue por ideas, ni por el hecho de que alguien manifieste su derecho de pensar”, esto en respuesta a una pregunta del morenista Joaquín Badillo Escamilla que la mayor parte de su participación la dedicó a realizar reconocimientos al gobierno estatal.
PT: llegó la “Cuarta Transformación”
La petista Leticia Mosso Hernández no escatimó elogios al gobierno estatal y celebró el primer año de gobierno de Evelyn Salgado “donde la Cuarta Transformación ha llegado a nuestro estado, las expectativas son altas y los problemas no son menores”, incluso aludió al gobierno anterior “las malas prácticas no pueden ser borradas de un plumazo”.
Y continuó con los reconocimientos: “los cambios han sido ordenados, pero profundos y radicales, y se han concretado en políticas públicas para reducir la pobreza y la extrema desigualdad económica de las y los guerrerenses, ha sido un arduo trabajo pero hemos sido testigos de su capacidad para conducir junto con la gobernadora la política interna de nuestro estado, siempre a través del diálogo como lo ha reiterado y la negociación ante los conflictos sociales que se han presentado manteniendo así la estabilidad política la paz social y sobre todo la gobernabilidad”.
La petista preguntó sobre la atención a las manifestaciones, el secretario dijo que no están de acuerdo en que se mantengan bloqueos que afecte a terceros cuando ya está en marcha “el diálogo”, y señaló que “en los casos necesarios en los que se ha hecho uso de la fuerza pública” se ha hecho “en absoluta necesidad”. Destacó que solo se utilizan los escudos y toletes, y no gases u otros medios para liberar las vías de comunicación, y que para estos casos han solicitado la presencia de Derechos Humanos.
El priista Jesús Parra García también destacó el trabajo del gobierno estatal y que se enfrentan los problemas socioeconómicos “y no de ahorita porque tampoco venga tengamos aquí a decir que traemos la varita mágica para poder cambiar las cosas del pasado que podría ser criticado”, y preguntó sobre las movilizaciones y protestas. El secretario le respondió que en el año del que se informa hubo mil 819 movilizaciones de las cuales 822 fueron en temas educativos, 477 por demandas sociales, 409 por temas laborales, y las restantes por temas de transporte, medios de comunicación y temas agrarios y turísticos; de las cuales mil 353 del ámbito estatal.
Dijo que muchas de las protestas materia educativa son por demandas relacionadas a infraestructura. Al respecto dijo que el 60 por ciento de los 300 millones que autorizó el Congreso no se pueden ejecutar porque “se van directamente a
pagar un fideicomiso que se estableció en años anteriores y que prácticamente nos deja con un tercio de los recursos para atender la gran demanda de espacios o de remodelación o reconstrucción”, y apuntó que la gobernadora gestionó 100 millones de pesos ante el gobierno federal para atender estas necesidades educativas.
Notarías caras
El priista también preguntó sobre la falta de un tabulador para establecer cuotas a las que se deben de apegar las notarías públicas el estado. Ludwig Marcial Reynoso reconoció que cada notaría cobra de acuerdo a un porcentaje que calculan en razón de la operación que realiza, por lo que consideró que se debe trabajar en una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, para que actualice la función notarial y con ello, hacerla un tema más social. Sin embargo, ya en la pasada legislatura se presentó una iniciativa al respecto que quedó en la congenadora pues nunca se dictaminó.
“En muchos momentos llegó a verse como una clase privilegiada, llegabas a tener una notaría y pues prácticamente resolvías tu vida, pero creo que hay que trascender, hay que formular una nueva propuesta que permita que esta función notarial se acerque a la ciudadanía” y que estas cumplan con su función sin los altos costos que actualmente representan.
Dio a conocer que durante el primer año de la actual administración se realizaron 22 visitas a 44 notarías públicas del Estado, dónde se encontró que en 5 no se tenían protocolos, apéndices encuadernados y empastados de los distritos de Bravo; Alarcón, Álvarez y la Montaña; y anticipó que se implementará la creación de un archivo digital que contenga todos los documentos que albergan las Notarías Públicas, para generar una mayor transparencia y certeza jurídica a la ciudadanía, aunque la labor destacó llevará mucho tiempo, por lo que podría comenzar a operar en 2023.
La gobernabilidad se construye con diálogo: Alicia Zamora
La única que cuestionó a Ludwig Marcial Reynoso fue la priista Alicia Zamora Villalva, y reprochó el primer señalamiento del funcionario fue que recibió un “estado con necesidad apremiante de gobernabilidad” que orilló a que las estrategias de la política interior se basarán en restablecer la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones. Señaló que es incorrecto que no se haya convocado a los partidos políticos a reunirse con él como el responsable de la política interna en el estado. La priista también enlistó los desalojos, entre ellos a indígenas de Chilapa y los presuntos asaltos a la Autopista del Sol.
“Usted dijo que recibió un estado con necesidad urgente de gobernabilidad, quisiera invitarlo a reflexionar sobre qué es la gobernabilidad y cómo se construye y si efectivamente las cosas han cambiado después de año, porque la gobernabilidad no es proceso teórico, es un proceso que se construye todos los días”, señaló la priista.
El funcionario reconoció que hay reuniones pendientes. “Como gobierno advertimos una necesidad de que el ejercicio político a través de los partidos ayude al estado, no al gobierno, al estado”. Señaló también que la demanda social “supera en mucho” la capacidad de respuesta del estado sobre todo en materia económica, porque hay demandas muy añejas.
Después de su respuesta, Zamora Villalva le dijo que reconoce la coincidencia respecto a que “Guerrero no nace ni muere cada seis años”, y que “no es un buen tiempo para quienes simulan realidades”.
Recibió el actual gobierno “un estado con necesidad apremiante de gobernabilidad”, dice Reynoso Núñez
Durante su comparecencia ante el Congreso local como parte de la glosa del informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, refiere el secretario de Gobierno que por ello la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”. Reprocha la priista Alicia Zamora Villalva que si el diagnóstico era restablecer la gobernabilidad, se debió a convocar a un diálogo a los partidos políticos
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, durante su comparecencia de este lunes ante el pleno del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
En la comparecencia por el primer año del gobierno estatal ante el pleno del Congreso local, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez le plantearon preguntas en torno a la atención a las demandas sociales, protestas y manifestaciones, la gobernabilidad, la atención a temas de género y el ambiente. Las preguntas fueron tersas, sin sorpresas, ya que los cuestionamientos se habían realizado previamente por escrito.
En su mensaje ante 35 diputadas y diputados asistentes, el funcionario estatal señaló que la actual administración recibió “un estado con necesidad apremiante en materia de gobernabilidad”, por lo que la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”.
Tras la primera intervención del secretario, antes de las preguntas de diputados, funcionarios del gobierno estatal que lo acompañaron aplaudieron al funcionario, lo que generó que la diputada priista Alicia Zamora Villalva pidió a la presidenta de la Mesa Directiva que realizara una moción de orden para pedir a los presentes que no aplaudieran en respeto al recinto. Estos aplausos, incluso gritos se han permitido en comparecencias de funcionarios en gobiernos anteriores.
En las rondas de preguntas y respuestas, por el PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz le preguntó a Ludwig Marcial Reynoso, como presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, si existe un mecanismo transversal de las dependencias para atender la alerta por violencia de género y a cuanto haciende el presupuesto ejercido por cada secretaría, además de los 500 mil pesos destinados a este tema y que ejerce su Secretaría, y cuáles fueron los resultados y sobre el trabajo para la gobernabilidad.
En respuesta, el secretario dijo que en ocasiones el proceso de diálogo se dificulta por multitud de protestas, pero que a pesar de la atención “las estructuras monolíticas de sindicatos, de organizaciones se han empezado a dispersar, antes había un solo canal de comunicación y ahora hay múltiples canales de comunicación”, y aseguró que “hemos privilegiado el diálogo al uso de la fuerza” y que así se continuará.
También advirtió que muchos de los temas que atiende la secretaría no son “solo de voluntad política, se requiere de presupuesto, temas legales”, pero planteó que la gobernabilidad se construye con la participación de los poderes, las organizaciones, de los partidos políticos.
De las alertas por violencia, dijo que se reinstalaron los sistemas municipales para atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en 76 municipios y que solo faltan Heliodoro Castillo, Canuto Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y San Miguel Totolapan.
Reynoso Núñez reconoció las reformas en materia de despenalización de la interrupción del embarazo porque eso generó que se pudiera iniciar la atención de las otras medidas establecidas en la alerta en materia de salud; mientras que los 500 mil pesos, dijo que se destinaron a un programa de información en el transporte público.
La priista también le preguntó cuáles son las dependencias en las que hay denuncias de trabajadores por violencia laboral y acoso sexual y si hay protocolos para la atención y los procedimientos sancionadores, el funcionario estatal informó que tienen 13 expedientes administrativos contra servidores públicos, 7 de la secretaría de Salud, 5 de Seguridad Pública y uno de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande; y que los protocolos en contra de la violencia laboral y sexual los maneja la Secretaría de la Mujer.
Las movilizaciones sociales, propias del estado
El perredista Carlos Reyes Torres preguntó también sobre los trabajos para la gobernabilidad y la atención a los movimientos sociales. Ludwig Marcial Reynoso recordó que al término de la administración pasada “se tenían múltiples conflictos, generados muchos en la falta de un presupuesto”, y justificó que por la pandemia los ingresos se vieron afectados y “se fueron acumulando multitud de compromisos que al final se reflejaron en compromisos no cumplidos, no quiero decir que de manera intencional”, y que esto generó “un gran descontento social” incluso con trabajadores del estado, por lo que planteó que “el que volvieran a creer en la autoridad no es un proceso fácil”, y que lo mismo ocurre con los sindicatos, maestros, organizaciones.
Incluso el secretario justificó que la movilización social es “característica, es muy propia del estado, hay organizaciones como la CETEG que su método es movilización, negociación, movilización” sin embargo dijo que eso lo entienden en el marco de libertades de los mexicanos a la manifestación; en el tema educativo, precisó que en la mayoría de los casos se requiere la coordinación con el gobierno federal para poder dar solución.
Carlos Reyes, como Yoloczin Domínguez, y Gabriela Bernal que lo antecedieron, ya no realizaron preguntas en su última oportunidad para intervenir. En su lugar agradecieron las respuestas, reconocieron el trabajo del gobierno en los temas que plantearon y hablaron de su disposición de abonar a la gobernabilidad. En su oportunidad el funcionario estatal regresó los cumplidos agradeciendo “a ustedes el gesto que tienen de solidaridad con esta administración porque efectivamente la gobernabilidad es un proceso en el que estamos todos incluidos”.
El diputado del PVEM Manuel Quiñonez Cortés preguntó también sobre las protestas sociales, dijo que han tratado de atender las demandas sociales, pero reconoció que esta supera la capacidad de respuesta del gobierno estatal y que hay demandas “muy añejas” principalmente en el tema magisterial, “los no FONE que tienen muchos años que no están en la nómina educativa; hay miles de horas adeudo a maestros”.
Consideró que es natural que con la llegada de un nuevo gobierno se genere la expectativa de que se solucionen sus demandas acumuladas durante varios años y que esto genera diferentes movilizaciones.
Además de las protestas y movilizaciones por temas educativos, comentó que en muchos casos son también por desapariciones, y que estos también son atendidos y canalizados a la fiscalía y a la SSP y a la Comisión Estatal de Búsqueda, y destacó “hoy sí se hace búsqueda (antes) no se hacía” y que esto ha generado también la expectativa de las víctimas a que con la movilización se iniciará la búsqueda.
Aprovechó para decir que “la acción de gobierno es apegada a derecho no tiene favoritismo, no tiene color partidista, no tiene influencia política en la toma de decisiones”. Mientras que Manuel Quiñonez dijo que este partido no descalificará la actuación “de nadie” y que se necesita la suma de voluntades para impulsar el desarrollo social y económico, y reiteró que seguirán impulsando una agenda común con el Ejecutivo “dejando de lado las políticas oportunistas”.
También, Marcial Reynoso afirmó que el actual gobierno “no persigue por ideas, ni por el hecho de que alguien manifieste su derecho de pensar”, esto en respuesta a una pregunta del morenista Joaquín Badillo Escamilla que la mayor parte de su participación la dedicó a realizar reconocimientos al gobierno estatal.
PT: llegó la “Cuarta Transformación”
La petista Leticia Mosso Hernández no escatimó elogios al gobierno estatal y celebró el primer año de gobierno de Evelyn Salgado “donde la Cuarta Transformación ha llegado a nuestro estado, las expectativas son altas y los problemas no son menores”, incluso aludió al gobierno anterior “las malas prácticas no pueden ser borradas de un plumazo”.
Y continuó con los reconocimientos: “los cambios han sido ordenados, pero profundos y radicales, y se han concretado en políticas públicas para reducir la pobreza y la extrema desigualdad económica de las y los guerrerenses, ha sido un arduo trabajo pero hemos sido testigos de su capacidad para conducir junto con la gobernadora la política interna de nuestro estado, siempre a través del diálogo como lo ha reiterado y la negociación ante los conflictos sociales que se han presentado manteniendo así la estabilidad política la paz social y sobre todo la gobernabilidad”.
La petista preguntó sobre la atención a las manifestaciones, el secretario dijo que no están de acuerdo en que se mantengan bloqueos que afecte a terceros cuando ya está en marcha “el diálogo”, y señaló que “en los casos necesarios en los que se ha hecho uso de la fuerza pública” se ha hecho “en absoluta necesidad”. Destacó que solo se utilizan los escudos y toletes, y no gases u otros medios para liberar las vías de comunicación, y que para estos casos han solicitado la presencia de Derechos Humanos.
El priista Jesús Parra García también destacó el trabajo del gobierno estatal y que se enfrentan los problemas socioeconómicos “y no de ahorita porque tampoco venga tengamos aquí a decir que traemos la varita mágica para poder cambiar las cosas del pasado que podría ser criticado”, y preguntó sobre las movilizaciones y protestas. El secretario le respondió que en el año del que se informa hubo mil 819 movilizaciones de las cuales 822 fueron en temas educativos, 477 por demandas sociales, 409 por temas laborales, y las restantes por temas de transporte, medios de comunicación y temas agrarios y turísticos; de las cuales mil 353 del ámbito estatal.
Dijo que muchas de las protestas materia educativa son por demandas relacionadas a infraestructura. Al respecto dijo que el 60 por ciento de los 300 millones que autorizó el Congreso no se pueden ejecutar porque “se van directamente a
pagar un fideicomiso que se estableció en años anteriores y que prácticamente nos deja con un tercio de los recursos para atender la gran demanda de espacios o de remodelación o reconstrucción”, y apuntó que la gobernadora gestionó 100 millones de pesos ante el gobierno federal para atender estas necesidades educativas.
Notarías caras
El priista también preguntó sobre la falta de un tabulador para establecer cuotas a las que se deben de apegar las notarías públicas el estado. Ludwig Marcial Reynoso reconoció que cada notaría cobra de acuerdo a un porcentaje que calculan en razón de la operación que realiza, por lo que consideró que se debe trabajar en una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, para que actualice la función notarial y con ello, hacerla un tema más social. Sin embargo, ya en la pasada legislatura se presentó una iniciativa al respecto que quedó en la congenadora pues nunca se dictaminó.
“En muchos momentos llegó a verse como una clase privilegiada, llegabas a tener una notaría y pues prácticamente resolvías tu vida, pero creo que hay que trascender, hay que formular una nueva propuesta que permita que esta función notarial se acerque a la ciudadanía” y que estas cumplan con su función sin los altos costos que actualmente representan.
Dio a conocer que durante el primer año de la actual administración se realizaron 22 visitas a 44 notarías públicas del Estado, dónde se encontró que en 5 no se tenían protocolos, apéndices encuadernados y empastados de los distritos de Bravo; Alarcón, Álvarez y la Montaña; y anticipó que se implementará la creación de un archivo digital que contenga todos los documentos que albergan las Notarías Públicas, para generar una mayor transparencia y certeza jurídica a la ciudadanía, aunque la labor destacó llevará mucho tiempo, por lo que podría comenzar a operar en 2023.
La gobernabilidad se construye con diálogo: Alicia Zamora
La única que cuestionó a Ludwig Marcial Reynoso fue la priista Alicia Zamora Villalva, y reprochó el primer señalamiento del funcionario fue que recibió un “estado con necesidad apremiante de gobernabilidad” que orilló a que las estrategias de la política interior se basarán en restablecer la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones. Señaló que es incorrecto que no se haya convocado a los partidos políticos a reunirse con él como el responsable de la política interna en el estado. La priista también enlistó los desalojos, entre ellos a indígenas de Chilapa y los presuntos asaltos a la Autopista del Sol.
“Usted dijo que recibió un estado con necesidad urgente de gobernabilidad, quisiera invitarlo a reflexionar sobre qué es la gobernabilidad y cómo se construye y si efectivamente las cosas han cambiado después de año, porque la gobernabilidad no es proceso teórico, es un proceso que se construye todos los días”, señaló la priista.
El funcionario reconoció que hay reuniones pendientes. “Como gobierno advertimos una necesidad de que el ejercicio político a través de los partidos ayude al estado, no al gobierno, al estado”. Señaló también que la demanda social “supera en mucho” la capacidad de respuesta del estado sobre todo en materia económica, porque hay demandas muy añejas.
Después de su respuesta, Zamora Villalva le dijo que reconoce la coincidencia respecto a que “Guerrero no nace ni muere cada seis años”, y que “no es un buen tiempo para quienes simulan realidades”.
Sin una reforma de consenso existe el riesgo de que partidos no respeten reglas: Muñoz Loyola
Advierte el vocal ejecutivo del INE que hay elementos que apuntan a cierta incertidumbre respecto de lo que ya hemos construido en lo electoral, “y es ahí donde me parece que se debe de tomar una decisión muy cuidadosa”
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, consideró que el si la reforma electoral que está en puerta no logra la unanimidad o un consenso “lo más amplio posible” en el Congreso se la Unión, existirá “el riesgo” de que “los jugadores” -en referencia a los partidos políticos y sus candidatos-, no respeten estas reglas.
En declaraciones después de que se instaló el Grupo Coordinador Interinstitucional del doceavo Parlamento de las Niñas y los Niños de México en la Junta Local Ejecutiva del INE Guerrero, el vocal ejecutivo afirmó que como órgano electoral no participarán en la marcha del próximo domingo en defensa del INE.
Un reportero preguntó si la reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador es un atentado contra el INE, y respondió: “yo no lo calificaría de esa manera, hay una propuesta en la que hay elementos que apuntan a que pudieran inyectar algún tipo de incertidumbre respecto de lo que ya hemos construido y es ahí donde me parece que se debe de tomar una decisión muy cuidadosa”.
Consideró que si se separa “lo que es viable, lo que es pertinente de lo que no lo es, pudiéramos tener quizá una reforma con elementos que ayuden a fortalecer el sistema”.
Respecto a la marcha, Muñoz Loyola dijo que el órgano electoral es “respetuoso de las manifestaciones” de los ciudadanos.
Sin embargo “ésta en particular para nosotros es significativa porque está involucrada la imagen del instituto, debo de aclarar que el INE no va a participar como institución”, pero estarán a la expectativa de lo que mencionen los ciudadanos que se manifiesten.
Por su parte el INE dijo que están a la espera de que la Cámara de Diputados procese las propuestas de iniciativas en materia electoral “y una vez que tengamos claridad sobre la existencia o no de una eventual reforma electoral el instituto se dará a la tarea de tratar de implementar aquello que los legisladores acuerden”.
Donaciano Muñoz dijo que lo que preocupa a los consejeros del INE es que las reformas que se realicen sean consensuadas y que “ese consenso sea lo más amplio posible, ojalá sea de esa manera porque es la forma en la que los jugadores el día de mañana podrán respetar, primero reconocer las reglas del juego”.
Aseguró que “corremos el riesgo” de que si esta reforma no se realiza de manera unánime o consensuada “algunos contendientes no se sientan integrados, escuchados en las nuevas reglas y eso pueda inyectar desconfianza e incertidumbre a los procesos electorales y eso sería verdaderamente lamentable”.
Porque el INE se ha logrado consolidar como una institución que ayuda a procesar el voto ciudadano y a darle legitimidad a quienes de ahí emergen como representantes populares, “esa parte me parece que dentro de lo que ha construido el sistema electoral, debe cuidarse mucho y la responsabilidad en este caso es mayúsculo”.
Reconoció también que no es papel del INE el cabildear con los diputados las reformas que realizarán los diputados, y que únicamente proporcionarán la información y los datos duros que tienen que ver con la organización de las elecciones para que las reformas se realicen a partir de “sea con base en elementos y datos sólidos”.
También, señaló que a pesar de que el INE es la institución más visible, la reforma involucra a todo el sistema electoral “va también el Tribunal Electoral, la FEPADE, los institutos electorales locales”.
Donaciano Muñoz dijo que para que se dé una discusión “seria, con elementos sólidos, con información cierta, creo que es necesario revisar los renglones del instituto”.
Iniciativa de reforma electoral, regresiva e inoportuna, sostiene Florencio Salazar
Para el ex secretario general de Gobierno, el sistema democrático actual es resultado de un proceso largo y costoso, resultado de un acuerdo de todos los partidos, a quienes hoy no se está tomando en cuenta
Aurora Harrison
El secretario general de Gobierno en el gobierno estatal pasado, Florencio Salazar Adame, opinó que la iniciativa de reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador es regresiva porque concentrará el poder en el Ejecutivo; además de que no es oportuna porque faltan dos años para que concluya el actual gobierno federal.
Después de su ponencia El Mundo que Vivimos, el mundo que no vemos, en el Sexto Foro Inmobiliario Acapulco, que organizó la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), declaró que la reforma “va a ser regresiva porque va a concentrar más poder en el Ejecutivo, y el gobierno va a volver hacer elecciones con sus candidatos y a definir los resultados; ha sido (la democracia) un proceso muy largo y costoso, ha habido acuerdo de todos los partidos y hoy no se está hablando con ellos, no hay consenso con la sociedad civil, las academias, para hacer efectivas las reformas”.
El ex diputado federal por el PRI y ex alcalde de Chilpancingo por ese partido consideró que las reformas “no son oportunas cuando estamos a dos años que termine este gobierno (federal); creo que una reforma de este calado exige tiempo, oportunidad y una amplia consulta para tener el consenso; nos ha costado mucho la democracia y creo que habría respetarla”. Reconoció que hay acciones de gobierno que han sido acertadas, “pero en este caso (la reforma) creo que son regresivas”.
En su ponencia dijo que el régimen de la Revolución generó el proceso de un México moderno donde se crearon instituciones y reformas. Citó que en el Congreso hay más de 500 diputados, de los cuales 200 son plurinominales y una de las razones fue para incluir a todos para haya democracia, tolerancia y diálogo.
También indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE), se creó para que haya una plena democracia, para que los ciudadanos eligieran a sus representantes porque “nuestro voto vale y cuenta”.
Agregó que la parte que le corresponde al Estado es dar seguridad a los ciudadanos, además de la educación, la salud y el derecho al empleo, los cuales está acechado por “poderes fácticos… cuáles son esos poderes fácticos: las redes, el crimen organizado, los capitales monopólicos que no tienen patria ni nacionalidad y tienen más poder que los propios gobiernos”.
Salazar Adame hizo mención al libro Pequeña Historia del Futuro, de Jaques Attali, donde el escritor plantea que en este siglo habrá tres olas, una de ellas es “hiper imperialismo, la segunda la hiper violencia y la tercera la hiper democracia, pero no viene una ola delante de la otra pueden entrar juntas”.
Abundó que el autor advierte que para el año 2035 Estados Unidos de América no será la única potencia, sino habrá otras que van a determinar la geopolítica en el mundo: “señala que habrá muchos conflictos y que habrá un distanciamiento, una rispidez con Estados Unidos, que Brasil va a querer tener el control de América Latina”.
“Resulta que el Estado ya no tiene la capacidad para contener la violencia, para dar seguridad, para resolver conflictos y para darnos certidumbre de que podemos avanzar mejorando la condición humana, por eso nosotros tenemos que considerar que es agradable tener acceso a toda la tecnología de la información, pero también tenemos que pensar en la posibilidad de que el cambio climático aniquile la raza humana, de que haya más protestas sociales porque el Estado es insuficiente para resolver los problemas de la sociedad”, indicó en su participación.
Reta el dirigente del PRD al de Morena a debatir sobre la reforma electoral
“Sus argumentos de defensa (de la reforma) no tienen sustento ni justificación”, dice Alberto Catalán Bastida a Jacinto González Varona. “Buscan utilizarnos para hacerse visibles”, responde el morenista
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, retó desde su página oficial de Facebook al dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varana, a debatir acerca de la reforma electoral.
En tanto, González Varona contactado vía telefónica afirmó que “a falta de militancia y de pantalla, quieren utilizarnos a nosotros para hacerse visibles”.
Ayer en su página oficial de Facebook, Alberto Catalán Bastida –presidente del CDE del PRD– publicó: “He retado públicamente a debatir al dirigente estatal de Morena (Jacinto González Varona), porque sus argumentos de defensa de la reforma electoral no tienen sustento ni justificación”.
Sostuvo que “defender al INE es crucial por lo que representa para la democracia” y agregó el hashtag “YoSiVoyALaMarcha” en referencia a la marcha convocada por la sociedad civil en la Ciudad de México este domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral.
Ayer contactado vía telefónica al respecto, Catalán Bastida confirmó el reto al dirigente estatal de Morena y agregó que el jueves la dirigencia nacional del PRD lo convocó para que participe una representación estatal en la marcha este domingo en la Ciudad de México y a “generar acciones en defensa del INE”.
Mencionó que ese mismo jueves se reunió con Alejandro Bravo Abarca, dirigente estatal del PRI, y con Eloy Salmerón Díaz, dirigente del PAN en el estado, “para saber cuál sería su participación”, y coincidieron en asistir a la marcha en Ciudad de México, también “generar un posicionamiento de unidad en torno a la defensa del INE”, que afirmó darán a conocer el domingo previo a la movilización, y después cada contingente “integrarse con su partido político”.
Consideró que la marcha es una demostración pública del rechazo que hay por parte de los partidos a la reforma electoral que ha planteado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Agregó que por parte del PRD será un contingente “muy representativo, en el entendido que la mayor concentración se está haciendo en la Ciudad de México y en algunos estados vecinos con la participación de la sociedad civil organizada y algunas organizaciones”.
Mencionó que como representantes de partidos políticos deben transmitir a la población “el respeto a las instituciones, sus leyes y normas porque sin ellas no habría equilibrio y no se garantizarían la libertad democrática que hasta este momento se vive.
Manifestó que aunque al presidente la República no le guste las acciones y las descalifique asistirán a la marcha con responsabilidad para “defender la democracia participativa”.
Aseveró que la reforma electoral buca “generar un monopolio de la democracia en el país en beneficio de Morena”, quien hoy está en el gobierno. Añadió que también hay una convocatoria para movilizarse en Acapulco este domingo, aunque desconocía quién la convocaba.
“Que sea en plaza pública, no en redes sociales”
Respecto al reto de debate de Catalán Bastida, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que “a falta de militancia y de pantalla quieren utilizarnos a nosotros para hacerse visibles”, que con gusto acepta el reto pero “sea en una plaza pública, no en redes sociales”.
Vía telefónica, sostuvo que el pueblo de Guerrero tiene derecho a conocer las posturas de los dirigentes partidistas y la defensa las reformas, “entonces le acepto el reto, pero en una plaza pública”.
Precisó que no se han comunicado con el dirigente estatal del PRD y manifestó que está dispuesto a costear la infraestructura del debate público.
Afirmó que con la reforma se pretende “que ya no se derroche tantos recursos públicos en los partidos políticos”, porque la reforma aborda que los partidos políticos no tengan financiamiento público ordinario mientras no haya procesos electorales y sobrevivan con aportaciones de sus simpatizantes y militantes.
Añadió que también la reforma electoral propone eliminar “burocracias doradas” con la reducción de salarios de los consejeros del INE y ahorrar cerca de 40 mil millones de pesos, también al reducir el número de diputados locales, diputados federales y regidores que son elegidos por la vía plurinominal.
De cómo blindar que los partidos políticos reciban recursos de organizaciones criminales o fuentes no legales, detalló que se deberá poner un tope de aportación por militante, como el tope de aportación de la iniciativa privada a las campañas electorales, “se tiene que buscar el recoveco legal para evitar que el dinero mal habido ingrese a los institutos políticos”.
Aseguró que la movilización “no tiene sentido, porque en ningún momento se ha hablado de la desaparición del órgano electoral, al contrario se refuerza y se le da la facultad para las consultas”.
Llamó a los ciudadanos a ser conscientes y aseveró que la marcha es en “defensa de los privilegios que no quieren perder los partidos políticos, porque la reforma incluye la eliminación de los plurinominales y vamos rumbo a un parlamento mexicano, no a una democracia relativa”.
González Varona manifestó que los morenistas están listos para debatir en lugares donde el pueblo pueda escucharlos, pero no detrás de pantallas sino en plazas públicas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ordenó al Congreso local establecer una sanción contra el gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Contraloría a hacer lo propio contra el secretario de Go-bierno, Florencio Salazar Adame, por incurrir en actividades “contrarias al orden jurídico”.
El pasado 6 de junio, en plena contienda electoral y en su calidad de candidata al Senado de la coalición Por México al Frente, Beatriz Mojica Morga denunció ante el Trife al gobernador, al secretario general de gobierno y al PRI por el delito electoral que cometían al apoyar y difundir desde las cuentas oficiales del gobierno del estado a sus candidatos a senadores, lo cual vulneró el principio de imparcialidad y equidad en la elección.
El viernes, en sesión pública, la Sala Regional Especializada del Trife emitió sentencia y acreditó que el gobierno de Guerrero utilizó sus cuentas oficiales de Twitter, @SGG_Guerrero y @Gob_Guerrero, para beneficiar con difusión a los candidatos del PRI al Senado, Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal.
El Trife señala que Astudillo Flores y Salazar Asdame violaron el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
El tribunal indicó que debido a que las leyes electorales no prevén la posibilidad de que ese órgano imponga sanciones de manera directa a servidores públicos, optó por comunicar al superior jerárquico, siendo el Congreso local, “para que de manera objetiva cumpla con sus deberes, porque los hechos podrían constituir responsabilidades en el ámbito de sus leyes aplicables”.
En el caso del secretario general de Gobierno, se ordenó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental que sea sancionado de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En su sentencia, el Trife estableció que “el gobernador y el secretario general de Gobierno no cuidaron el uso adecuado de la cuenta oficial de Twitter”.
En un boletín de la ex candidata al Senado, Beatriz Mojica, se señala que “de acuerdo con la ley electoral, el gobierno del estado está sujeto a principios y obligaciones en materia electoral, como el de neutralidad, el cual no permite a las autoridades gubernamentales que se identifiquen a través de su función pública, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen con recursos públicos o programas sociales, en especial propaganda”.
Subrayan que el gobierno del estado “violó los principios de imparcialidad, igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad en la contienda, mismos que debe proteger, debido a que busca inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato, que distorsione las condiciones de igualdad”.
Abundan que Astudillo y Salazar Adame, los funcionarios de más alto rango del gobierno del estado “violaron principios del servicio público como: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debido a que el sujeto activo de la conducta está en funciones y tiene acceso a recursos públicos”.
Este fallo del Trife se suma a otra sentencia también favorable a Beatriz Mojica en la que el tribunal determinó que la perredista sufrió violencia política de género por parte del diputado David Jiménez Rumbo, quien apoyó la campaña del candidato del PRI, Manuel Añorve.
Unos 300 padres de familia de cinco municipios de la Montaña alta e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) marcharon en la capital y bloquearon la Autopista del Sol, en el cruce con la carretera federal México-Acapulco, para exigir más de 70 maestros y trabajadores administrativos.
Los manifestantes exigieron que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envíe 57 maestros, trabajadores administrativos e intendentes que hacen falta en distintas escuelas de educación básica en Acatepec, Zapotitlán, Tlapa, Xalpatláhuac y Copanatoyac, lo que ha provocado el cierre de planteles en unas 40 comunidades indígenas, con lo que unos dos mil alumnos no tienen clases.
A esta cifra se suman los docentes que se dieron de baja este año mediante el Programa de Estímulo a la Jubilación, por lo que son más de 70 los que se requieren en los municipios de la Montaña alta, donde se habla mephaa’ (tlapaneco).
A las 11:20 de la mañana los manifestantes marcharon desde el edificio de la CETEG, ubicado en la colonia Burócratas, hacia el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal México-Acapulco, antes se detuvieron unos 15 minutos frente a la tienda de autoservicio Walmart, donde una comisión dialogó con el secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, y el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos, José Abraham Godínez Maldonado, quienes les ofrecieron cumplir con el envío de los maestros y una reunión el jueves con el titular de la dependencia, José Luis González de la Vega Otero, pero no aceptaron.
Durante el diálogo con los funcionarios de la SEG, los padres les reclamaron que se hayan omitido sus demandas, pues en una minuta que se firmó el 12 de septiembre se acordó que los maestros faltantes serían enviados en 15 días y a casi dos meses, no se respetó el pacto.
Una madre de familia exigió a Sotomayor Landeta que siguiera la marcha y lo jaló de un brazo, esto causó un instante de tensión, que se resolvió luego de que los inconformes decidieron seguir avanzando para bloquear la salida sur de la ciudad.
A la 1 de la tarde el contingente cerró de manera total el paso vehicular en los carriles de norte a sur y en la lateral en ese sentido, una hora más tarde también bloqueó los carriles de sur a norte.
Cuando los automovilistas y motociclistas intentaban abrirse paso por vías alternas, los manifestantes corrían a cerrar de manera total el paso, esto causó la molestia de viajeros y usuarios de urvans del transporte público, quienes optaron por caminar para llegar a sus destinos.
En el bloqueo, los padres hicieron un mitin en el que expusieron que debido a la falta de maestros, las escuelas han sido cerradas y esto impide que sus hijos logren concluir su educación básica “de calidad”, como lo informa en su publicidad el gobierno estatal. Aseguraron que la situación se agudizó al inicio del ciclo escolar 2017-2018.
Albino Ortega Cantú, padre de familia, relató que los niños en las comunidades se la pasan “guardaditos” en sus casas y “ya estamos cansados de verlos así, queremos que lleguen los maestros, que nuestros hijos se formen, que las autoridades cumplan con la educación a la que tienen derecho”.
Por su parte, Sotomayor Landeta informó que el lunes se propuso una reunión a la que los padres e integrantes de la CETEG no se presentaron; además, dijo que originalmente se solicitaron 36 maestros de preescolar, de los que se enviaron 12, pero en las demandas fueron incluidas las necesidades de otras comunidades “ahora nos dicen que son 70” y no hay condiciones para reponerlos de manera inmediata, señaló.
Luego de dos horas de bloqueo total, los manifestantes accedieron a acudir a una mesa de trabajo a las 8 de la noche, en el Palacio de Gobierno, con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román.
Por la noche, los manifestantes se concentraron frente al Palacio de Gobierno mientras que una comisión ingresó a dialogar con las autoridades, hasta las 10:50 la reunión continuaba.
