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Zumpango no recibe el Fondo Minero porque no comprueba obras: Sedatu

 

En cuatro municipios beneficiados del Fondo Minero se liberó el total de la aportación que les corresponde del 2016, excepto en Eduardo Neri y Petatlán, que siguen teniendo pendientes porque no han comprobado los avances de las obras en ventanilla, afirmó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.
Señaló que todas las obras programadas con el Fondo Minero siguen en construcción, pero el financiamiento estará disponible cuando autoridades comprueben sus avances, en respuesta a las comunidades inconformes de Eduardo Neri que denunciaron el retraso en la construcción de obra pública en 2016, con impuestos recaudados en 2014, y del alcalde Pablo Higuera Fuentes, que responsabilizó a la dependencia federal.
Confirmó además que no se han entregado 78 millones de pesos de Hábitat del año pasado, que demandan los municipios que se inscribieron en el programa, aún cuando sus obras fueron concluidas el año pasado, y que exigen recuperar la aportación que toca al gobierno federal, de 60 por ciento.
Aseguró que desconoce el motivo del retraso, pero no es exclusivo de Guerrero, ocurrió en todo el país.
En consulta telefónica sobre el Fondo Minero para siete municipios con explotación en Guerrero, indicó que no se han concluido las obras y servicios programados en 2016, toda la infraestructura presenta diferentes niveles de avance.
Específicamente del caso Eduardo Neri, aclaró que probablemente tenga avances importantes, sin embargo, la gestión del dinero debe hacerla en la ventanilla de la delegación o directamente en la oficina del Fondo Minero, entregando comprobaciones del avance físico.
En este sentido, añadió que en la Unión, Arcelia, Coyuca de Catalán y Tetipac, ya se liberó la totalidad del recurso que les toca. Sigue pendiente, Eduardo Neri y Petatlán.
Confirmó que el Fondo se aplica con dos años de retraso, y los proyectos son aprobados por un comité y “como cualquier obra de la función pública tiene ministraciones según sus avances, mediante informes de comprobación. No obstante haya avances físicos, sino se presentan la comprobación, no se entrega”.
Aclaró que la comprobación puede “traspasar” periodos anuales del ejercicio fiscal porque el dinero está a salvo en el fondo.
Sobre el tema de Hábitat, reconoció que no se han liberado el dinero acordado con los municipios el año pasado, “seguimos haciendo gestiones ante oficialía mayor para contar con recursos. La mayoría de las obras están totalmente ejecutadas, la que menos tiene lleva un avance del 50 por ciento”.
Aclaró que esta situación no es privativa de Guerrero, aún cuando notificaron en oficialía de partes que la obra ya fue ejecutada por la mayoría de los municipios que asumieron la parte que le toca a la federación, como un adeudo.

Gastó 120 millones de más en casas para damnificados porque los terrenos no son adecuados, informa la Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que se han invertido 120 millones de pesos en obras de mitigación en los fraccionamientos El Mirador y Zolamaitic, donde habitan los damnificados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, porque no se seleccionó los predios adecuados.
Además, unos 15 damnificados representantes del fraccionamiento Zolamaitic acudieron a la delegación porque siguen sin escrituras a tres años de que fueron reubicados, y el delegado les pidió un plazo de siete meses para entregárselas.
Consultado en las instalaciones de la Sedatu, Armenta Tello comentó la situación de los terrenos donde se construyeron los fraccionamientos: “Hemos tenido la necesidad de hacer obras de mitigación, precisamente por ello, si tú seleccionaras un predio de manera adecuada no habría necesidad de hacer obras de mitigación, mitigación finalmente son procesos para revertir el daño que tu has ocasionado, que has provocado”. El 17 de agosto de 2016, en el fraccionamiento Zolamaitic se deslavó el terraplén que afectó cinco viviendas y las familias fueron evacuadas. Posteriormente el delegado de la Sedatu declaró que ese terreno no contaba con antecedentes técnicos ni expedientes previos que avalaran la construcción de las 67 casas en ese fraccionamiento.
En tanto, el 22 de febrero pasado Armenta Tello confirmó que en El Mirador, donde se construyeron más de 500 viviendas, 36 de ellas tienen que ser demolidas por los daños que presentan por los desplazamientos de tierra que suscita, además de que el resto de las viviendas presentan cuarteaduras y filtraciones, a pesar de que los habitantes las resanan vuelven a dañarse.
El delegado aseguró que para hacer obras de mitigación en ambos fraccionamientos se hizo una inversión extra, en Zolamaitic cerca de 20 millones de pesos, y en El Mirador, más de 100 millones de pesos.
En el periodo en que se adquirieron los predios y comenzaron las construcciones, estuvo a cargo de la delegación de la Sedatu el diputado local priista Héctor Vicario Castrejón.
Luego de la reunión con los vecinos de Zolamaitic, quienes manifestaron su preocupación que a tres años no les han entregado sus escrituras, Armenta Tello explicó que “está completamente pagado (el terreno) pero el trámite ante el notario para tener la legítima propiedad estaba suspendido desde hace más de dos años, y estamos en ese proceso de dotar al notario de nuevos avalúos, de pagar los prediales que transcurrieron en estos años y finalmente regularizar la propiedad, para que (se) proceda a escriturar”.
Afirmó que al término de la construcción de un muro de contención, en el lugar donde ocurrió el deslave para mitigar el daño de talud, se evaluará si hubo daños en las viviendas y cuántos para repararlos.
“Se está haciendo un muro de contención, porque ustedes recordarán que hubo un problema ahí en el asentamiento por la presencia de un manantial, es un terreno que no era adecuado, así lo dijo Profepa (la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)… no era apto para construir vivienda, no había una manifestación de impacto ambiental”, declaró el delegado.
Agregó que con el muro se pretende recuperar las casas afectadas, y la obra terminará a finales de marzo o principios de abril.
Añadió que la empresa encargada de la obra en el fraccionamiento Papagayo en Tierra Colorada, está haciendo los trámites administrativo y legales para iniciar la construcción de viviendas, y espera que se inicie la obra esta semana.

Deja 15 casas destruidas un incendio en Tierra Colorada; eran para los damnificados por Manuel en 2013

 

Ayer, 15 casas que fueron construidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para damnificados por la tormenta tropical Manuel en 2013, fueron destruidas totalmente por un incendio forestal, cerca de los ejidos Plan de Lima y Papagayo, en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
Fuentes de la Secretaría de Protección Civil estatal informaron que a las 4:10 de la tarde recibieron un reporte de que en la comunidad de Papagayo había un incendio en las casas para damnificados por la tormenta Manuel.
Brigadistas de la dependencia y vecinos hicieron los trabajos para sofocar el fuego, que dejó 14 viviendas con daño total, una parcial y otra que fue destruida por los brigadistas como técnica para sofocar el incendio.
Las fuentes dijeron que en el predio cerca de la comunidad de Papagayo, había 29 casas construidas por parte de la Sedatu y que serían entregadas a los damnificados.
Más tarde, fuentes de Sedatu informaron que “ese predio está en desuso, (porque) la (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) Profepa, lo calificó como no apto para edificar viviendas, por ello, sumando al error en el método constructivo, el fraccionamiento habrá de edificarse en una nueva ubicación”.

 

Están sin terminar las casas de los afectados por sismo de 2014 en la sierra de Zihuatanejo

Habitantes de la comunidad El Zapotillo en la parte alta de la sierra del municipio de Zihuatanejo denunciaron que a casi tres años del sismo de 7.2 grados en la escala de Richter ocurrido el 18 de abril de 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no ha cumplido con la construcción de sus viviendas, las cuales quedaron inconclusas porque en aquél entonces, representantes de esa dependencia les condicionaron el apoyo a cambio de que ellos pagaran los peones.
Ayer, durante una visita a esa comunidad, el matrimonio formado por don Ángel Rosas López y Yolanda Gallardo Portillo, ambos de edad avanzada y de escasos recursos económicos, denunciaron que después del fuerte sismo llegaron trabajadores de la Sedatu a tomarles sus datos porque supuestamente el gobierno les reconstruiría su vivienda, sin embargo, sólo colocaron un piso rústico y dejaron el armazón de alambre de lo que iban a ser las paredes de la vivienda.
Don Ángel Rosas dijo que los representantes de la Sedatu le dijeron que ellos tenían que pagar los peones si es que querían que se les terminara su casa, además de que les pidieron que echaran abajo vivienda dañada por el temblor para que no se les fuera a caer encima, lo que así hicieron.
Actualmente habitan una parte de su casa que se negaron a tirar y con mucho esfuerzo juntaron dinero para comprar láminas galvanizadas para protegerse de las inclemencias del tiempo.
Doña Yolanda Gallardo comentó que en junio del año pasado fue la última vez que acudieron trabajadores de la Sedatu a la comunidad, “pero nomás a ver” y desde entonces no han regresado, dijo que no comprenden cómo es que en otras comunidades sí les terminaron sus casas y en esa localidad así como en Las Higueritas y El Calabazalito no, “son como unas 100 casas (sin construir), con la gente que he platicado dicen que también a ellos les pidieron que pagaran los peones si es que querían que tuvieran su casa nueva.
El mismo testimonio lo dio la señora Etelvina Rumbo Morales, también de edad avanzada y vecina de El Zapotillo, quien lamentó que el gobierno sólo los engañó, “ya vamos para tres años y aquí seguimos esperando a que vengan a terminar nuestras casas que dijeron que nos iban a ayudar”.
“Aquí vinieron a mi casa, tomaron fotos de cómo la dejó el temblor, me hicieron preguntas y me dejaron una hoja que pegaron en la puerta, me dijeron que con el número que venía ahí, con ese me iban a hacer mi casa, pero luego salieron con que yo tenía que pagar 12 peones porque la mano de obra no venía, hasta se me rodaron las lágrimas porque de dónde voy a agarrar dinero para pagarle a unos peones, ya mejor me quedé así con mi casa cuarteada, gracias a Dios que no ha vuelto a temblar como esa vez”.

 

Culpa el alcalde de Zumpango a la Sedatu de que no se pague a los municipios por la minería

 

Del fondo minero que se obtiene del cobro de los derechos especial y extraordinario sobre minería, Guerrero obtuvo 60.9 millones de pesos de la recaudación fiscal de 2014, que representa 2.9 por ciento del total que se distribuye en 25 estado de la República, y dos años después los siete municipios beneficiarios con extracción de metales han recibido sólo 30 por ciento del dinero que les corresponde.
El alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes denunció que el retraso es por el exigente proceso de comprobación que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se ha modificado varias veces, y el delegado de la dependencia federal, José Manuel Armenta Tello, explicó que entregó anticipos del 30 por ciento, y el resto del financiamiento, conforme los alcaldes vayan entregando avances en la construcción de obras.
En el decreto del 23 de diciembre de 2013, se establece el cobro de los derechos a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, considerando los ingresos obtenidos por la actividad extractiva y tomando en cuenta el posible impacto que podría ocasionar la medida en el sector minero.
Señala que el pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería se harán en una exhibición, a fin de año, pero también habría facilidades para que las mineras “puedan efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta de los derechos anuales”, que “permitiría que los recursos se integren de manera eficaz al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su oportuna aplicación”.
Del total recaudado en 2014, la Sedatu informó que el fondo fue de 3 mil millones de pesos, de los cuales 20 por ciento tocan a la federación y 80 a los estados y municipios, y el financiamiento debe ser empleado “en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”, como escuelas, servicios públicos, al final rellenos sanitarios, reforestaciones y otras de impacto ambiental.
Según el boletín de la Sedatu del 21 de enero de 2016 se destinaron a los estados 2 mil 74 millones de pesos, de los cuales 2.97 por ciento corresponde a Guerrero. Aquí, ese fondo se divide en dos: 37.5 por ciento para el gobierno del estado, y 62.5 por ciento a los municipios.
De 38 millones destinados a municipios Zumpango tiene 65 por ciento, 24 millones 773 mil pesos, porque tiene la mayor extracción de minerales en su territorio. Arcelia 22 por ciento con 8.3 millones, Petatlán 7.9 por ciento que son 3 millones, La Unión 1.3 millones que representa el 3.5 por ciento, Atenango del Río en Coyuca de Catalán y Tetipac suman juntos 1.37 por ciento, que representan 552 mil 886 pesos.
De lo recaudado en 2015, que se distribuirá en 2017, especialistas estiman un incremento de la recaudación y este año, el Congreso de la Unión aprobó entregar a la Sedatu 2.5 del fondo minero para gastos de operación.

El retraso causa conflictos con las comunidades: Pablo Higuera

El alcalde de Zumpango explicó que antes del fondo minero las empresas negociaban con los ejidos y comunidades beneficios, a parte de la negociación por la renta de las tierras, pero era muy disparejo.
Zumpango, con mayor actividad minera, tiene asignados 24 millones de pesos, en agosto recibió 9 que terminó de comprobar a mediados de noviembre, porque “la democracia hace el proceso muy lento”, se quejó
denunció que reglas y procedimientos se cambian constantemente, “que siempre ponlo así, después: agrégale esto”.
A la fecha dijo que ya tiene lista la propuesta de obra pública del fondo minero de los impuestos recaudados en 2015, sin haber recibido la totalidad de 2014.
Por esta situación, aseguró que se están generando conflictos de los gobiernos con los pueblos, debido a que empresas mineras le dicen a los comisarios que ellos ya entregaron dinero para obras públicas a los municipios, y los comisarios les exigen a las autoridades que ejerzan un dinero que sigue detenido en la Sedatu.
Con los fondos del primer año de recaudación en 2014, dijo que comenzó la construcción de obras de drenaje y agua potable, y sólo ha podido pagar el anticipo a las empresas encargadas de las obras en Mezcala, Carrizalillo, Tepehuaje, Balsas Sr y alumbrado en todo el municipio. Con el de 2015, además de agua, drenaje, alumbrado, dijo que tienen previsto tecnificar la pesca, sin embargo, las obras son insuficientes para atender las necesidades de las familias afectadas por la actividad minera “donde se pierden cerros”, dijo de la devastación.
Por separado el delegado Armenta Tello explicó que 2016 se hizo la instalación del comité del fondo minero en el estado, con la participación de empresas mineras, del gobierno del estado, del gobierno federal y de los municipios. Ahí se aprueba la propuesta de obras para siete municipios.
Detalló que en las sesiones, los municipios exponen las obras que consideran prioritarias, el comité evalúa aspectos importantes que marcan reglas del programa, “eso tomó un tiempo”, y una vez aprobados se realiza una nueva reunión para la distribución de los recursos.
Aclaró que las obras que se construyen con el fondo minero son de infraestructura básica, no para resarcir el impacto ambiental, que toca evaluar a otras instancias de gobierno.
“La verdad es que fue bien recibido el programa, obviamente hay municipios que esperarían mayores ingresos por parte del fondo minero, al notar que (el municipio) Eduardo Neri tiene una cantidad importante de recursos, esperarían iguales condiciones para atenuar el malestar (social) que pudiera generar la minería, y todos esperan que en este proceso hubiese de alguna manera derrama económica que se traduce para beneficio colectivo”.

Toman damnificados por Manuel la caseta de La Venta; piden entrega de viviendas y apoyo

Damnificados por la tormenta tropical Manuel tomaron la caseta de La Venta y dieron el paso libre por casi tres horas, para exigir la entrega de 80 viviendas a familias, además de reclamar al gobierno del estado 4 millones 700 mil pesos de proyectos para el campo.
A las 11:40 de la mañana, unos 150 damnificados de los municipios Juan R. Escudero, Tixtla y Acapulco, además de ejidatarios de Icacos, tomaron la caseta y dieron el paso libre a los automovilistas, transporte de carga y autobuses, para exigir la presencia de las autoridades del estado y que una comisión fuera atendida en Chilpancingo.
En declaraciones, el secretario estatal de la organización Alianza Ciudadana Democrática (ACD), Wildler Pita Navarrete, informó que 80 familias de las comunidades de Papagayo, Juan R. Escudero y Acatempan, en Tixtla, y de Kilómetro 38, Kilómetro 21 y Los Órganos de San Agustín, de Acapulco, seguían sin ocupar las casas ofrecidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Además de que no han recibido 4 millones 700 mil pesos para proyectos del campo, que fueron solicitados en tiempo y forma a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado.
Por la tarde, el también integrante de ACD, Demócrito Flores Sonduk, informó que el gobierno del estado liberó 200 mil pesos de los proyectos para el campo.
Al mediodía, el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, llegó a la zona de la protesta y los damnificados le reprocharon que cada vez que dialogan sólo les promete que lo resolverá pero no cumple los acuerdos firmados.
Después, en una reunión improvisada y de forma privada, los damnificados y el delegado platicaron y, según lo informado por Flores Sonduk, una vez más el funcionario les prometió acelerar la construcción y entrega de las casas. En el caso de la comunidad de Papagayo, finiquitar la compra del predio para la reubicación.
Al lugar llegó el delegado de Gobernación federal, Juan Moreno Barrios, que advirtió a los manifestantes que si no retiraban su protesta serían desalojados, lo que no pasó.
También llegó el delegado regional de Gobernación, Osiel Morales Nava, quien pidió a los manifestantes retirarse de la caseta para que una comisión fuera recibida en Chilpancingo.
Después se informó que en la mesa de diálogo en Chilpancingo, el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado, atendió a tres representantes con quienes programó otra reunión el próximo martes.
A las 2:36 de la tarde, los inconformes se replegaron a un costado de la caseta, y a las 4:26 de la tarde se retiraron, luego de la reunión y acuerdos en Chilpancingo.
Durante la manifestación permanecieron entre 15 y 19 patrullas de la Policía Federal en la zona, además acudieron dos patrullas de estatales y dos de municipales.
Los ejidatarios de Icacos que se sumaron a la movilización demandaron al gobierno federal la entrega de los predios expropiados y ocupados por Pemex, la Sedena y el Centro de Convenciones.

 

 

Entregará la Sedatu 57 casas cuarteadas, sin luz, drenaje ni agua en Tlapehuala, denuncian

En Tlapehuala se van a entregar 57 casas que construyó el gobierno federal por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y las cuales no cuentan con drenaje y están en una zona inundable, además las casas ya tienen cuarteaduras.
Este jueves una comisión de los 57 vecinos beneficiados visitó a la alcaldesa municipal, Anabel Balbuena Lara, para solicitar su intervención debido a que esta obra tampoco incluye calles pavimentadas y está construida en un terreno barroso a las afueras de la ciudad y con las recientes lluvias no entran los vehículos con facilidad.
Todas las casas del fraccionamiento ya están cuarteadas además de que están inundadas las fosas biodigestoras, que son las alternativas de drenaje que les fueron construidas.
Estas fosas consisten en tanques de plástico sepultados bajo tierra y éstos se llenaron de agua con las últimas lluvias y requieren de un mantenimiento que no se les ha dado y los usuarios temen que así como ya se llenaron de agua sirvan menos de 15 días.
Las calles solamente serán revestidas de tepetate y así serán entregadas, el fraccionamiento completo se encuentra en una zona baja y pareciese que se construyó dentro de una laguna pues toda la zona se llena de agua cuando caen fuertes lluvias.
Todavía no hay servicio eléctrico a pesar de que el fraccionamiento está casi enfrente de la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ya llevaron hasta la columna y la red eléctrica pero todavía no ha sido distribuida.
Para evitar las inundaciones se está construyendo un canal contenedor que trate de controlar el agua que baja de otros puntos pero todavía no está terminado a cinco días para que se cumpla la fecha que la Sedatu dio para entregar las casas.
Tampoco hay agua potable y el Ayuntamiento está trabajando para llevar el servicio y se espera que en menos de 10 días ya esté la tubería en este fraccionamiento.
Al ser consultada, la alcaldesa Anabel Balbuena dijo que es preocupante la calidad de las casas así como la pobreza de servicios con la que serán entregadas, y que los usuarios se han estado quejando con ella de ese tema por lo cual pide al gobierno federal que intervenga para que las viviendas garanticen la calidad de vida para cada uno de los beneficiados.
Estas viviendas son para las personas que perdieron sus viviendas en las inundaciones provocadas por la tormenta Manuel en el 2013 y que el gobierno federal contemplaba entregarlas en menos de un año pero la obra se se extendió casi tres años y como fecha de entrega se programó el próximo 20 de agosto a pesar de que todavía no están terminadas.
Las casas tienen severas cuarteaduras y éstas ya fueron resanadas por lo cual a pesar de que las viviendas ya estaban pintadas se observan las reparaciones del cemento que les pusieron y se espera que esta semana otra vez sean pintadas para tapar las correcciones.
Anabel Balbuena dijo que el Ayuntamiento enviará a un grupo de ingenieros para hacer una valoración acerca de la forma de cómo ayudarles a tener un mejor drenaje en este fraccionamiento, y dijo que el problema no es sencillo debido a que este fraccionamiento está en una zona muy baja y no podrán ser conectados a la red principal.
También dijo que los usuarios están pidiendo que les pavimenten las calles y que tanto el drenaje y la pavimentación van a requerir una fuerte inversión que el municipio no tiene de momento y que a estas alturas el presupuesto del 2016 ya está etiquetado por lo tanto requería que para el siguiente año se contemple y busquen apoyo del gobierno estatal y federal para no dejar abandonadas a esas familias debido a la (baja) calidad de la obra que van a recibir.

Faltan 2 mil casas para los damnificados de un sismo en la Costa Grande, informa la Sedatu

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Armenta Tello declaró que están pendientes de hacer 2 mil viviendas para damnificados, principalmente en la región de la Costa Grande donde se suscitó el sismo ocurrido en Semana Santa y en Acapulco en el fraccionamiento San Agustín porque está clausurado.
En declaraciones en la colonia Emiliano Zapata, donde acudió a una gira de trabajo con el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, para inaugurar la pavimentación de calles, declaró que la Sedatu está haciendo los trámites para retirar los sellos de clausura que colocó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a predios y continuar los trabajos de construcción que tienen más de año y medio parados.
“Aproximadamente (hay) 2 mil viviendas que están pendientes por hacerse en todo el estado, principalmente en la Costa Grande que son las que dañó el sismo de Semana Santa y su replica una semana después” dijo.
Abundó que en el caso de Acapulco hay una falta de viviendas porque (la zona de construcción) está clausurada y “habremos de retirar esos sellos para que se concluyan”, e indicó que la Sedatu esta en un proceso con instancias de Profepa para regularizarlos, porque mientras no se retiren los sellos de clausura sería un delito que se continúen con los trabajos.
“El recurso está disponible y listo para ejecutarse (en) este programa y terminarse” declaró el delegado federal y agregó que en Guerrero desde un “inicio se debió haber hecho las solicitudes de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo y no se hicieron”.
De la queja de 18 familias de Acapulco porque la Sedatu no les ha entregado sus viviendas en San Agustín, respondió que está clausurado por la Profepa y la Sedatu “estamos haciendo los trámites para retirar esta condición de clausura y continuar los trabajos que tenían más de año y medio en pausa”.
Explicó que hay ciudadanos que consideran que con el hecho de haber sido censados son beneficiarios de una vivienda y “esto no es así, ahí revisaría el caso especifico de cada uno de ellos”. Agregó que el “folio no te hace beneficiario o recipendario de una vivienda”.
El pasado miércoles 22 de junio, 18 familias damnificadas en 2013 por la tormenta tropical Manuel solicitaron a Sedatu que terminen y les entreguen las viviendas que les prometieron y que se construirían en Barrio Tres, del fraccionamiento San Agustín.
Por otra parte, Armenta Tello dijo que en Venta Vieja la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett) está haciendo las mediciones y un trabajo técnico para hacer la certificación de las viviendas. Además adelantó que próximamente estarán en dicha comunidad porque “vamos a regresar a cumplir la palabra empeñada por Rosario Robles de un apoyo especial para enseres domésticos de la colonia”.

Hubo uso excesivo de la fuerza en el desalojo del predio El Mirador en la capital, denuncian

 

Vecinos de la manzana 5-A del predio El Mirador denunciaron que la operación del gobierno estatal para desalojar a las familias que habitaban ahí de manera irregular fue violento, y hubo uso excesivo de la fuerza de los policías.
Los colonos quienes omitieron su nombre por temor a represalias remarcaron que durante el desalojo, “los policías rompieron los vidrios de las casas y agredieron a la gente sacando a la calle sus cosas”, principalmente en la inspección a la manzana 6.
Expusieron que debido al abuso de autoridad, una mujer de 82 años fue trasladada al hospital a causa de la impresión que le provocó el ingreso de los policías a su vivienda sin motivo aparente.
Consultados en el predio El Mirador, los vecinos aclararon que fueron beneficiados con una vivienda a principios del año pasado luego de los meteoros Ingrid y Manuel de 2013, relataron que atestiguaron todo lo ocurrido durante el desalojo ya que en ese momento se encontraban en sus hogares.
Detallaron que los uniformados no llegaron de forma pacífica, quebraron los vidrios y desalojaron a las familias “invasoras” de manera violenta.
“Creímos que la acción era llegar a las casas para tocar y pedir los documentos legales, o bien solicitar de manera pacífica que desalojaran, sin embargo (los policías) llegaron a romper vidrios y abrir puertas para sacar las cosas de la gente a donde fuera. No se procedió como declararon”, expusieron.
Un vecino detalló que la operación no pudo haber sido de manera pacífica, “porque para empezar todos los policías venían armados”, y señaló que las principales afectaciones ocurrieron en la manzana 6-A, donde luego mediante un recorrido se comprobó que al menos 20 ventanas de las viviendas permanecen quebradas de las 70 que componen esa zona.
“Nosotros escuchamos que la gente gritaba y lloraba, pero en ningún momento logramos salir a ver qué ocurría porque los policías nos mantuvieron adentro de nuestras casas, no permitían que subiéramos a ver qué ocurría”, agregó.
Tras un recorrido en la manzana 6-A se observó que ninguna vivienda está habitada, mientras que la zona está acordonada y hay ropa y juguetes tirados en el suelo.
Una vecina de la manzana 5-A recordó adentro de su hogar durante la operación algunos brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) junto a policías estatales acudieron a verificar quién habitaba la vivienda.
Explicó que la beneficiaria real es su madre de 82 años, quien en la visita de la brigada mostró el folio que le asignó la Sedatu y el Ayuntamiento capitalino, y comprobó ser la propietaria legal de la casa, sin embargo, al cabo de unas horas los uniformados regresaron acompañados del delegado federal, José Manuel Armenta Tello para solicitar una nueva inspección.
“Ellos tocaron la puerta y pregunte qué era lo que querían, él (Armenta Tello) de manera prepotente me indicó que abriera la puerta, en ese momento mi mamá del susto se comenzó a sentir mal y estaba acostada, ¿usted se imagina el daño que estas personas ocasionaron?, el señor se paró aquí con los policías, eran 6, entraron a revisar un colchón y después fueron a otro cuarto a inspeccionar en otro colchón, nunca supimos qué buscaban, ¿mi mamá qué daño les podía hacer?”, expuso.
Añadió que debido a la impresión que le causó la presencia policiaca en su hogar, la señora de 82 años fue trasladada al hospital del Seguro Social, “mi madre sufre del corazón y en ese momento no había transporte, ¿cómo la trasladaba al médico?, casi nadie se enteró pero hubo muchas irregularidades en el desalojo”.
Reiteró que ningún vecino pudo salir afuera de las manzanas donde se encuentran sus viviendas, “los policías acordonaron y taparon todo, no dejaron salir a nadie, nunca quisieron dejarnos salir”.

Se reúnen damnificados de Chilpancingo con funcionarios; les darán agua potable, acuerdan

Damnificados de la capital adheridos a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se reunieron con autoridades municipales, estatales y federales para plantearles sus necesidades de seguridad y vivienda a dos años del paso de la tormenta tropical Manuel.
La reunión la encabezó el jefe del destacamento de la Policía Federal en Chilpancingo, Germán Trejo, el director de Gobernación de la Secretaría de Gobierno, Jesús Vargas Vargas y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.
El líder de la APPG, Nicolás Chávez Adame pidió que se resuelvan las necesidades de las familias damnificadas que fueron reubicadas en el fraccionamiento El Mirador.
Pide que se atienda el problema de inseguridad ya que son recurrentes los asaltos en la colonia La Cinca y en el fraccionamiento El Mirador, y como no hay transporte público las familias tienen que caminar y exponerse.
Solicitaron servicio de transporte público, la pavimentación en el tramo de la colonia La Cinca al fraccionamiento, la construcción de un jardín de niños y una primaria, y que se supervise la construcción de las viviendas porque algunas tienen daños.
Acordaron que este jueves a las 7:30 de la mañana acudirá el delegado de la Sedatu y otras autoridades al fraccionamiento para hacer un recorrido.
Los damnificados piden que la constructora pague una indemnización “de inmediato” debido a los daños en las viviendas, y solicitaron servicios básicos como agua potable y luz eléctrica.
Los funcionarios prometieron que este jueves abastecerán de agua potable a las familias y colocarán transformadores de luz eléctrica en cada manzana para que no tengan problemas, ya que cada generador tiene un límite para dotar de energía eléctrica.
El líder dijo que quedó pendiente una reunión para tratar la reubicación de 572 familias de la comunidad de San Vicente al nuevo predio en Coapanguito.