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Sólo 22 municipios tienen el ordenamiento para prevenir riesgos, advierte la Sedatu

El director de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Armando Saldaña Flores informó que sólo 22 de los 81 municipios de Guerrero tienen un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) para la prevención de riesgos ante fenómenos naturales.
En declaraciones a reporteros durante la entrega de viviendas a damnificados del poblado de Venta Vieja, a causa de la tormenta tropical Manuel en 2013, declaró que “necesitamos autoridad” de los presidentes municipales para que no permitan que los vecinos se asienten en zonas de riesgo y construyan sus casas cerca de ríos.
Del diagnóstico de Acapulco en la zona inundable luego del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, el funcionario federal dijo que, “es una cuestión técnica que conoce la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”, pero que no tenía datos precisos.
Agregó que “22 municipios ya tienen el Plan de Ordenamiento Territorial, y tenemos que trabajar en los demás” y que los municipios que faltan tienen que solicitarlo en la Sedatu, aunque la institución prioriza porque es “muy poco el recurso para trabajar”.
Saldaña Flores agregó que “son 30 o 40 municipios los que requieren atención y cuidado e instrumentos que permitan salvaguardar la vida de los ciudadanos, nosotros estamos buscando partidas presupuestales que el Congreso autoriza a la Secretaría”.
Dijo que en Guerrero hace falta un Atlas de Riesgo que se actualiza cada tres años, y los municipios de Zihuatanejo, Chilpancingo, Acapulco y Tlapa también necesitan un Atlas de Riesgo municipal para conocer los problemas en sus territorios, agregó que el gobernador Héctor Astudillo Flores solicitó el Plan de Ordenamiento Estatal.
Dijo que en las regiones de La Montaña, Costa Grande, Costa Chica, además de Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Coyuca ya tienen la experiencia de lo que ocasionó el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, y todo el estado “necesita ser observado”.
Dijo que los funcionarios deben tener autoridad y “no permitir que las familias se asienten en zonas de alto riesgo y construyan sus casas al margen de un río”.
Agregó que no podía precisar cuántas familias en Guerrero están en zonas de alto riesgo, pero “el Atlas Nacional de Riesgo habla de cerca de 10 mil o 12 mil familias en cada estado que pueden estar en esta situación y por cuestiones económicas no se pueden ubicar en un terreno sólido”.
Por otra parte dijo que, “el embate internacional y la caída del costo del petróleo ha afectado”, porque no hay recursos para la construcción, aunque están por concluir los fraccionamientos El Balzamar y El Mirador en Chilpancingo, en el último serán reubicadas más de 450 familias.

No han dado casas a damnificados de la sierra de Chilpancingo: APPG

A más de dos años de los daños provocados por el la tormenta Manuel y el huracán Ingrid los gobiernos federal y estatal no han estregado viviendas a los damnificados a pesar de que están en el padrón, denunciaron ayer.
En conferencia de prensa el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que son más de 3 mil familias damnificadas de comunidades de la sierra de Chilpancingo a quienes no les han entregado las viviendas que les prometió el gobierno federal, mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y el 28 de enero iniciarán acciones de protesta.
Dijo que la comunidad con más familias damnificadas es San Vicente, a quienes el gobierno federal les prometió reubicarlos en el paraje conocido como Coapanguito, pero a más de dos años no ha ocurrido y las familias que se han instalado han construido sus viviendas con sus propios recursos.


Se reúnen damnificados por Manuel que habitan El Mirador; les faltan servicios y un puente que cruce la Autopista del Sol

Damnificados del fraccionamiento El Mirador de Chilpancingo se reunieron en las canchas deportivas y acordaron que los representantes de la Coordinadora de Colonias Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes acudirán este lunes a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para solicitar la construcción de un puente elevado que cruce la Autopista del Sol, además de servicios básicos como luz eléctrica, agua potable y drenaje para 104 viviendas que fueron entregadas hace un mes.
A las 5:30 de la tarde, unos 100 vecin

os beneficiados de los 104 hogares en el predio, ubicado cerca de la Autopista del Sol, al sur de la ciudad, se reunieron para platicar de los problemas, a un mes que la Sedatu les otorgó las viviendas.
Los integrantes de la coordinadora de colonias afectadas, que dirige Gumaro Guerrero Gómez, se reunieron en la cancha deportiva.
El dirigente dijo que en la semana realizaron un censo para saber cuántas familias viven ahí y verificar el título de propiedad.
El censo también servirá para solicitar a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la construcción de un jardín de niños, una primaria y una secundaria dentro del fraccionamiento.
Dijo que la organización entregó oficios para pedir una audiencia con el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, y con el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, para dar seguimiento a los acuerdos del 23 de diciembre.
Los acuerdos son para dotar al fraccionamient

o de agua potable, luz eléctrica y drenaje, además de la pavimentación de los accesos principales al fraccionamiento, canchas deportivas y la construcción de un puente elevado que cruce la Autopista del Sol para facilitar el traslado a los vecinos.
Informó que una comisión acudirá a la Sedatu para reunirse con el delegado, José Manuel Armenta Tello, y quedarán al pendiente para saber si el alcalde capitalino atiende la petición de audiencia.
Agregó que los damnificados de la tormenta tropical Manuel, a dos años y cuatro meses, son de las colonias Amate, Buena Vista, Valle Verde, Jacarandas, Amelitos 1, Azteca y Haciendita.
Un vecino exigió que haya ordenamiento en las calles del fraccionamiento ya que algunos se estacionan en el paso peatonal.
Los representantes de la coordinadora de colonias afectadas propondrán a la Sedatu la construcción de cajones de estacionamiento, para que cada edifico cuente con un espacio.
Asimismo, dos vecinas denunciaron que no tienen agua potable porque la manguera que conecta la pipa de agua es insuf

iciente y solicitaron 60 metros de manguera.
La reunión duró 40 minutos. Al finalizar, Gumaro Guerrero dijo que los vecinos de 17 colonias que habitan el predio El Mirador tienen muchas necesidades como la pavimentación de los accesos de terracería, agua, luz eléctrica y drenaje.
Sobre la inseguridad, dijo que la única manera de resolver el problema es “mediante la protección entre vecinos”, y descartó el programa Vecino Vigilante del municipio.
En relación con la falta de servicios públicos, dijo que “todos aceptaron vivir bajo estas condiciones por el momento”.
Hay otros compromisos pendientes por parte de las autoridades como la construcción de un centro de salud, una vialida

d que conecte al fraccionamiento con el bulevar Chilpancingo-Petaquillas.
Dijo que fueron incumplidas las promesas de la Sedatu que hizo a los colonos el pasado 23 de diciembre, pues las 104 viviendas continúan sin ningún servicio.
Aclaró que las familias no abandonarán el fraccionamiento, “ya que desde un principio todos los miembros de la coordinadora aceptamos vivir así”, dijo.

Protestan damnificados de la capital en la Sedatu porque no les han dado sus viviendas

Unos 30 vecinos del fraccionamiento Azteca y Amelitos 1 de Chilpancingo protestaron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para exigir la entrega de viviendas en el fraccionamiento Nuevo Mirador, donde fueron reubicados tras el paso del huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013.
Los vecinos se manifestaron a las 3:30 de la tarde, llevaban cartulinas en donde se leía: “Sedatu queremos solución”, “Ya estamos cansados de tantas vueltas”, “Dejen de hacerse tontos con las respuestas”, para exigir la entrega de viviendas.
La dirigente de la organización Frente Ciudadano Guerrerense de Clases Marginadas, Fabiola Altamirano Gómez dijo que los vecinos están inconformes porque a seis familias damnificadas no las han reubicado en el fraccionamiento Nuevo Mirador, cerca de Petaquillas.
Explicó que en los fraccionamientos Aztecas y Amelitos 1 fueron habilitadas 12 nuevas viviendas, de las cuales sólo les entregaron seis.
El coordinador de la unidad técnica de la Sedatu, Said Mendoza Salgado dijo que las viviendas no podían entregarse porque los folios estaban divididos, entre la dependencia federal y el Ayuntamiento capitalino.
Aclaró que en el Nuevo Mirador ya fueron entregadas al menos 100 viviendas, “y sólo habitan 20, las demás son utilizadas como bodegas”.
Recalcó que ante la falta de respuesta, los damnificados se manifestaron frente a las oficinas, “tanto la Sedatu como el municipio se echan la bolita y desafortunadamente el nuevo gobierno no es la excepción”.
Asimismo, Altamirano Gómez dijo que las seis viviendas que recibieron no tienen servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y drenaje, aunque se firmó un documento en donde los vecinos aceptaron que los servicios sean integrados de forma paulatina.
Después de 20 minutos de protesta, una comisión de la Sedatu atendió a los damnificados, quienes exigieron ser reubicados en el fraccionamiento Nuevo Mirador, ya que sus hogares están en malas condiciones, tras el paso de Ingrid en 2013.
La reunión duró una hora, al finalizar la dirigente dijo que se firmó una minuta de acuerdos, y el delegado de la Sedatu, José Armenta Tello se reunirá con los damnificados.
Agregó que de no tener resultados bloquearán el Ayuntamiento como medida de presión.

Exigen damnificados de Petaquillas reubicados que la Sedatu construya dos muros de contención

Damnificados por la tormenta tropical Manuel de la comunidad de Petaquillas que viven en el terreno Zolamaitic denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no ha concluido dos muros de contención, y que desde hace más de dos meses no tienen el servicio de agua potable.
Además los damnificados dijeron que es urgente que las autoridades estatales construyan una escuela primaria, un kínder, un centro de salud, que haya transporte público, recolección de basura y seguridad porque el lugar donde fueron reubicados está muy retirado, por lo que tienen que ir hasta el centro del pueblo de Petaquillas, y tienen que caminar media hora porque es la única forma de llegar.
Del centro de Chilpancingo a la entrada de Zolamaitic, en transporte público son unos 40 minutos, posteriormente se debe caminar 20 minutos para llegar a las casas de los damnificados. La carretera es de terracería y hay deslaves en varias partes del camino.
Además hay arbustos con espinas y muy poca iluminación en las calles.
Desde la entrada y hasta llegar a las casas no hay vigilancia policiaca, y los carros que circulan por ahí pasan cada media hora. También se observó que las casas no tienen bardas perimetrales que les permita tener seguridad.
Las familias informaron que desde hace más de dos meses no tienen el servicio de agua potable, por lo que tienen que comprar pipas con agua y gastar el poco dinero que ganan.
En el lugar se percibe un olor a aguas negras, “es porque los baños necesitan suficiente agua para que se vaya la suciedad (excremento) al drenaje, como le echamos poca agua queda en las tuberías”, comentó la señora Petra Godínez.
Explicó que las autoridades municipales encabezadas por el presidente priista, Marco Antonio Leyva Mena, les aseguraron que cada mes tendrían agua, sin embargo, esto no ha ocurrido.
Los damnificados reprocharon que la Sedatu no ha construido los muros de contención porque según no son necesarios, y que les dijeron que nada más colocarán una malla porque ya no tienen presupuesto para continuar.
La Sedatu también les aseguró que pondría jardineras y arreglaría la entrada, pero tampoco lo hizo.
Dijeron que el transporte los deja en la carretera federal, de ahí tienen que caminar para llevar a sus hijos a la escuela, y tienen que cruzar caminos llenos de arbustos para “cortar camino y no se nos haga tarde”, comentó otra de las mujeres damnificadas.
También tienen temor porque no hay vigilancia policiaca y piden que por lo menos una vez al día acuda una patrulla.
Solicitan que haya transporte público para que también se beneficie la colonia Antorcha Campesina que se ubica más arriba. También piden que haya servicio de recolección de basura o que les pongan un contenedor.
Petra Godínez relató que tiene 82 años y como carece de recursos tiene que trabajar en Petaquillas, por lo que tiene que caminar media hora todos los días para poder tener dinero para comprar sus medicamentos.
La señora Petra invitó a que pasaran a ver su casa, su jardinera es de tierra con arena, en el interior se observó que el piso de cemento está cuarteado y sólo es un cuarto. No tiene muebles, sólo un ropero viejo, una cama, que pudo rescatar cuando la tormenta Manuel aplastó su casa, demás de una mesa y sillas de plástico que le regalaron.
Las casas de los damnificados del terreno de Zolamaitic son más sencillas que las de Venta Vieja.
Un niño de tres años jugaba en el jardín de tierra con arena que la Sedatu se comprometió a convertir en área verde, mientras que doña Petra, una veterana que a pesar de su edad se ve fuerte, con varias arrugas en el rostro y el pelo cano, desde su puerta nos despidió y agradeció la visita.

Armenta, nuevo delegado de Sedatu; se detuvo la entrega de viviendas por extorsiones, admite

Ayer tomó protesta como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el renejuarista José Manuel Armenta Tello, quien sustituye a Alfredo Fernández Peri.
En el acto, en el que la Sedatu estuvo representada por Ramón Sosamontes, el nuevo delegado anunció que no se frenarán los proyectos de construcción de viviendas para los afectados por fenómenos naturales.
Armenta Tello reconoció que en la Tierra Caliente y en la Costa Grande las extorsiones a empresas constructoras detuvieron la entrega de unidades habitacionales, y afirmó que el trabajador de la Sedatu que desapareció en Ajuchitlán se encuentra en su casa desde el jueves pasado.
El cambio se llevó a cabo en las oficinas del Infonavit, en la avenida Costera, donde Armenta Tello puntualizó que cuenta con el respaldo de Rosario Robles y recalcó que la funcionaria ex perredista “ha recorrido (la región) en innumerables ocasiones, ya contadas más de 30”.
Por su parte, el representante de la Sedatu, Ramón Sosamontes expresó que también se tienen que atender problemas territoriales que colman al estado y le pidió resolverlos “con justicia”. Dijo que Armenta Tello llega con un mandato “nada sencillo, la parte urbana tiene que ver mucho para el desarrollo de las ciudades que tenemos en Guerrero, el crecimiento de Chilpancingo tiene que planificarse, con autocrítica, y no puede seguir igual que Acapulco”.
Al finalizar el acto protocolario, el ex secretario privado del ex gobernador René Juárez, consultado por los reporteros destacó que hará un inventario de los problemas existentes, porque ya se tiene un diagnóstico “trabajado previamente con el delegado (Saliente)”, se dará atención inmediata a todos los procesos y, aseguró, no se interrumpirán los proyectos.
En su diagnóstico, dijo que “rezagos con la inseguridad, el haber proporcionado predios a tiempo, el esperar dictámenes por parte del gobierno del estado de factibilidad de construir en ellos, hay pendientes con las manifestaciones de impacto ambiental”.
Sobre las entregas retrasadas de casas para damnificados de la tormenta Manuel, expuso que ayer inició pláticas con la Cámara de la Industria de la Construcción para conocer la postura de los empresarios; justificó en parte los retrasos, “yo he hablado que se han empalmado fenómenos, primero fue Manuel e Ingrid y después los sismos de semana santa, después fue Trudy, y la gente lo que pide es ser atendida”.
Precisó que de Manuel e Ingrid, el gobierno federal absorbió los gastos para la reconstrucción, “el estado no hizo aportación para que se hiciera la reconstrucción. Cosa distinta a lo que pasó a los fenómenos de los sismos y el de Trudy donde esperamos todavía una aportación del gobierno del estado”.
De las casas que todavía no se han entregado, insistió en que están en revisión y que se han entregado fianzas “por vicios ocultos”.
Armenta Tello aceptó que la inseguridad fue un factor para que se detuviera la construcción de las casas en zonas como Tierra Caliente, “en algunos casos sí, tenemos casos puntuales en Tierra Caliente, se supo de algunas situaciones en la Costa Grande, pero definitivamente tenemos oferta de instituciones dedicadas a la justicia y seguridad”. A la pregunta sobre intentos de extorsión a empresas constructoras, respondió que no se ha cuantificado el número de empresas afectadas, aunque reconoció que fue en Tierra Caliente y Costa Grande.
Resaltó que la relación con el gobierno estatal de Héctor Astudillo es “espléndida y articulada”.
Sobre la fecha de entrega de la unidad habitacional de El Mirador, en Chilpancingo, expuso que todavía no hay un día programado y se otorgarán, “cuando haya condiciones para que sean ocupadas”; precisó que no sólo es cuestión de finalizar la construcción de viviendas, sino de garantizar los servicios públicos.
Otro de los factores para la entrega de casas es un dictamen, ya sea del Cenapred o de Protección Civil, y también están a la “espera (de que) en cualquier momento” lo tengan.
Al preguntarle porqué no se hizo el dictamen previo a la cimentación de las casas, dijo que “es algo que se debió haber hecho, es algo que no te puedo garantizar o decir con seguridad, pero se debió haber hecho la factibilidad del uso del predio, y más para garantizar su uso habitacional”.
Dijo que en caso de que no se pueda seguir construyendo en ese predio, “si no son seguras, nosotros no vamos a permitir que sean habitadas, pero eso es un extremo al que no podamos llegar”.
De Azinyaualco, donde se detuvo la construcción de las 93 casas, y de San Vicente, ambas localidades de la Sierra de Chilpancingo en las que hubo damnificados por la tormenta Manuel que llevan dos años esperando a que les entreguen sus casas, Armenta Tello manifestó que todas las reubicaciones están bajo el proceso de evaluación, porque se están revisando los padrones y los predios donde se cimentan las casas, y precisó que esos predios tienen que reunir ciertas características para ser habitables.
De la comunidad de San Vicente, apuntó que tampoco están los censos de los afectados y se buscan alternativas para solucionar la necesidad de vivienda, “ya estaba dotado, pero no estaba dentro del esquema de construcción de la Secretaría, ya se están desarrollando aulas por parte del Inifed”.
Enfatizó que hasta el momento no se ha cancelado ningún proyecto.
Se le preguntó si tenía conocimiento de la investigación sobre los responsables de otorgar permisos de construcción en humedales de la zona Diamante de Acapulco que se inundaron, José Armenta Tello dijo desconocer el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, “Son investigaciones que no lleva la delegación, es un asunto de lo que yo no tengo en mi recepción, pero habré de informarme”.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.

Toma la OPIG “simbólicamente” la Cdi en Tlapa; se reunirá con autoridades federales, anuncia

 

Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero, que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (OPIG CNPA-MN), tomaron de “manera simbólica” las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, donde acordaron mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales para atender sus peticiones.
La toma de la Cdi duró de las 8 a las 10 de la mañana, y después los inconformes se quedaron en el lugar hasta las 2 de la tarde, cuando se reunieron con funcionarios federales y con el secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado, Gilberto Arriaga Solano. En la reunión acordaron iniciar las mesas de trabajo la próxima semana, pero no especificaron hora ni fecha.
El integrante de la OPIG, Israel Jiménez informó que en su jornada nacional del 9 de noviembre, en la que participaron más de 20 organizaciones del país integrantes de #ElCampoEsDeTodos para apoyar al movimiento campesino-indígena, acordaron tales mesas de trabajo.
El representante comentó que entregaron sus peticiones al titular de la SAI, Gilberto Arriaga Solano para hablar sobre asuntos locales, como apoyo para la infraestructura de la OPIG en la región, proyectos productivos de hongos Z, equipamiento e infraestructura de un laboratorio agrícola que funcione como centro de investigación y práctica, infraestructura carretera y plantas frutales, y para impulsar el cultivo y procesamiento del café.
“Por el momento, aceptamos las pláticas, las mesas y las promesas de apoyo a nuestras peticiones; esperemos que las cumplan y no se quede en el discurso, o regresaremos con otras acciones; y pedimos interlocución con el gobernador”, dijo.
Agregó que las peticiones, en su mayoría eran para las dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la intervención del estado era buena porque también tenían cosas específicas para este nivel de gobierno.
Fueron atendidos por el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona; de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello, y del gobierno estatal, el secretario de la SAI y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado.
Recordó que la OPIG exige que no haya recorte presupuestal para el campo mexicano, solución inmediata a las demandas de las organizaciones aglutinadas en la CNPA-MN, recursos para los programas de vivienda rural y vivienda digna, proyectos productivos, y la liberación inmediata de los recursos retenidos por la SHCP, entre otras peticiones.
Mantienen la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, libertad a los presos políticos y justicia para Antonio Vivar, no a la política de criminalización del movimiento social y no a la militarización.
También se pronunciaron por la defensa del territorio, la cancelación inmediata de las concesiones mineras en La Montaña, y la consulta previa e informada a los pueblos originarios sobre las formas de autogobierno que decidan aplicar.

Anuncian la Sedatu y Astudillo 60 millones de pesos del fondo minero para cinco municipios

El gobernador Héctor Astudillo Flores y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, instalaron el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en Guerrero, y anunciaron una inversión de 60 millones de pesos para cinco municipios producto de ese fondo.
Los 60 millones del fondo minero corresponden al ejercicio de 2014, y en marzo de 2016 se informará del monto que corresponde a Guerrero por el ejercicio fiscal 2015, precisó Rosario Robles.
El gobernador indicó que los municipios que serán beneficiados con la primera bolsa del fondo minero son Tetipac, Edurado Neri (Zumpango), Coyuca de Catalán, Arcelia y Petatlán, y explicó que el dinero servirá para arreglar caminos, reforestación, escuelas y alumbrado público.
Llamó a los alcaldes a hacer uso “bien” del dinero del fondo minero y que promuevan que esos ingresos son producto de ese fondo porque la industria minera sí está retribuyendo al estado. “Espero que estos 60 millones de pesos que hoy nos regresa el fondo minero en estas primeras actividades como gobernador refrenden lo que yo he expresado, que Guerrero tiene muchas cosas buenas por las cuales trabajar”.
Agregó que de una parte del dinero tambien podrá hacer uso el gobierno del estado y lo orientará para obras de beneficio colectivo.
Ayer en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial se llevó a cabo la instalación y primera sesión del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, del que se conoció, el pasado 7 de octubre y durante la Convención Internacional de Minería que se llevó a cabo en el puerto, que en Guerrero no se había instalado el mismo.
El comité está presidido por Rosario Robles y el representante del estado es el secretario de Desarrollo Económico, Abel Arredondo Aburto; el representante de los municipios es el alcalde de Coyuca de Catalán, el priista Abel Montufar Mendoza. Por las empresas está el canadiense y representante de la Minera Los Filos de Gold Corp, Michael Harvey, y por las comunidades indígenas y núcleos agrarios está el presidente del comisariado del ejido de Coyuca de Catalán, José Santos Negron García.
En la sesión no hubo ninguna explicacion de cómo se eligió al representante de las comunidades ni al de los municipios. Tampoco se dijo cuándo será la próxima reunión para aprobar obras, sólo se les pidió a los alcaldes que presenten proyectos.
El comité sesionará de manera ordinaria cada tres meses y de manera extraordinaria cada vez que se requiera, los acuerdos se aprobarán por mayoría y para poder sesionar deberá estar presente la presidenta del Comité o su representante.
El Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en Guerrero es el único que podrá aprobar la aplicación de los 60 millones de pesos del fondo minero, y será la Secretaría de Economía la que aportará la base para definir cuánto dinero le corresponde a cada municipio y al estado, de acuerdo con la aportación que hacen a la producción nacional.
El responsable del tema de minas y contratos de explotación de la Sedatu, Ricardo López Pescador, explicó que el fondo minero es producto de la reforma fiscal que promovió el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, con la que se impuso un gravamen a las empresas mineras de 7.5 por ciento y 0.5 por ciento adicional para las extracciones de oro, plata y platino, misma que entró en vigor en 2014.
Con esos impuestos se integra el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable (Fondo minero), cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de quienes viven en poblaciones mineras con inversión física en desarrollo urbano.
El director de Fomento Minero de la Secretaría de Economía, Juan José Camacho López, pidió a los alcaldes que piensen en las obras para sus municipios “que más dejen hacia futuro”, porque los recursos minerales son finitos y una mina puede durar varios años pero “¿qué va a pasar cuando esa mina concluya su vida?” Por eso dijo que se debe de generar la infraestructura en escuelas y desarrollo para las comunidades.

La “concreción” de las reformas

En su intervencion, Rosario Robles informó que la instalacion del Comité y el destino de los 60 millones de pesos para Guerrero es la “concreción” de la reforma fiscal impulsada por Peña Nieto, porque en ella se estableció que las empresas mineras deben de pagar un porcentaje de su actividad extractiva.
“Lo que estamos demostrando es que estas reformas, como lo dijo y lo planteó el presidente Peña Nieto desde el primer momento, tenían el objetivo de reflejarse en la vida cotidiana de los mexicanos, tienen el sentido de mejorar la calidad, su sentido último es precisamente mejorar las condiciones de bienestar, de prosperidad, de comunidades y municipios”, indicó.
Dijo que el gobienro federal busca cerrar la brecha de minas ricas y pueblos pobres, y pidió que el dinero se emplee en la atención de las necesidades más importantes.
Rosario Robles agregó que de cada peso producto del impuesto a las empresas mineras, la federacion se queda con 20 centavos, 30 centavos para el estado y 50 centavos para los municipios; “normalmente es al revés, aquí se hace un acto de justicia con los municipios donde se realiza esta actividad”.
Solicitó a los alcaldes que el dinero del fondo minero “se refleje muy rápidamente en obras concretas”, e instruyó que ya se presenten los proyectos para que se puedan evaluar y “muy pronto” convocar a una sesión extraordinaria para garantizar que el dinero se aplique antes de un año.
Explicó que en la medida de que los proyectos que están en fase de exploración en la entidad se concreten y se empiece la explotación, el dinero del fondo se incrementará; “quiero convocar y abrir este apetito para que se proteja esta actividad, que se pueda desarrollar plenamente y esto redundará en mayores beneficios para esas comunidades, municipios y para todo el estado”.
Robles Berlanga dijo que sabe que para los empresarios mineros la seguridad es muy importante, y les recordó que “no en balde” estuvo el gabinete de seguridad en la toma de protesta de Hector Astudillo, el pasado 27 de octubre, y convocó a los municipios a aportar dinero para garantizar la seguridad en la zona donde se ubican las minas.
Indicó que habrá una página en internet de transparencia donde se especificarán los fondos por estado, municipio y en qué obras se invertirá el dinero para que los ciudadanos puedan darles seguimiento.

La “claridad” del gobernador

En nombre del gobierno del estado habló el gobernador Héctor Astudillo, aunque el representante es del secretario de Desarrollo Económico, Abel Arredondo Aburto, y dijo que Guerrero es el tercer productor de oro en el país pero podría ser el primero nacional y “hay que cuidarlo”.
“Creo que debemos de tener cuidado para que nuestras riquezas no nos vayan a ocasionar enfrentarnos entre nosotros”, señaló.
El gobernador dijo que se debe “cuidar mucho que la actividad minera no genere problemas por el dinero que da”.
“Lo que está pasando en Carizalillo lo tengo que abordar con una gran claridad y responsabildiad, es parte de que de pronto hay dinero en las regiones y de pronto entra una competencia de intereses más allá de los normales, entonces vienen los problemas como los estamos encontrando, hay que decirlo con toda claridad, aquí hay periodistas y lo estoy abordando con una gran responsabilidad de cómo veo yo el problema de Carrizalillo”, dijo.
Al finalizar la instalación del Comité, Astudillo Flores sólo permitió tres preguntas y se le pidió ampliar su postura sobre Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango). Dijo que ahí se ha generado un conflicto porque a los “pueblos se les da el dinero de manera directa y eso ha generado un conflicto, de acuerdo con la información que tenemos, entre dos grupos”.
Al preguntarle qué se va a hacer para garantizar la seguridad, respondió que “hay que tratar que las aguas vuelvan a su nivel” y dio por finalizadas sus declaraciones a reporteros.
El gobernador informó que con Robles Berlanga visitó Chilapa, que es una zona afectada por la inseguridad y Tlacoapa.

El valor de la onza de oro

En nombre de los empresarios mineros, Michael Harvey explicó que los estudios sobre minería demuestran que el 91 por ciento del valor de la onza de oro se queda en el país, porque el 69 por ciento de destina al pago de proveedores mexicanos, 15 por ciento a empleados, contratistas y comunidades, 16 por ciento en impuestos y el 9 por ciento es para el pago de la inversión, espeicalistas extranjeros y a proveedores extranjeros. “El 91 por ciento del valor de cada onza de oro (extraida) en México, se queda en México”.
Agregó que de los 2 mil 238 empleados que tiene la minera Los Filos, el 70 por ciento son de Guerrero de las comunidades de Carrizalillo y Mezcala. “Como empresa no podemos estar solos protegiendo esos empleos, necesitamos el apoyo determinado de las comunidades y del gobierno estatal y federal”.
Destacó que el cinturón de oro de Guerrero tiene un gran potencial “si trabajan conjuntamente industria, comunidades y gobierno podemos asegurar que se logre el desarrollo que tanto necesita la región, si no se desarrolla la minería el oro en la tierra es nada más que potencial”.
Los representantes de los alcaldes Montufar Mendoza y el de las comunidades indígenas y núcleos agrarios, José Santos Negron, dijeron que el fondo es una oportunidad de desarrollo para los municipios porque podrán realizar obras para las comunidades.
En la instalacion del comité estuvieron los alcaldes priistas de Tetipac, Viola Figueroa Arriaga; de Arcelia, Adolfo Torrales Catalán; de Atenango del Río, Amparo Eréndira Puente; y de Coyuca de Catalán, Abel Montufar; dlos perredistas Pablo Higuera Fuentes, de Eduardo Neri Arturo Gómez Pérez, de Petatlán; Robel Urióstegui Patiño, de Teloloapan y Ambrosio Soto Duarte de Pungarabato; y el panista de Leonardo Bravo (Chichihualco), Alfredo Alarcón Rodríguez.

Piden damnificados por Manuel en Tlapehuala que la Sedatu arregle sus casas y se las entregue

Las casas que construyó la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Tlapehuala para damnificados por la tormenta tropical Manuel en 3013 ya están cuarteadas, además de que las recientes lluvias las inundaron y, por el abandono en el que han estado durante casi un año, han sido saqueadas constantemente.
Este martes, se reunieron con la alcaldesa Anabel Balbuena los 57 beneficiados con casas en el fraccionamiento que se construyó en esta localidad, para pedirle su apoyo, porque siguen sin entregarles las casas.
La alcaldesa hizo un recorrido con funcionarios del ayuntamiento a la colonia para constatar los problemas denunciados.
Mostraron que en las recientes lluvias el agua se metió a las casas. Algunas paredes están cuarteadas y, como las casas están abandonadas, les han robado las puertas, las tazas de baño y ventanas, entre otros elementos de construcción.
El suelo en el fraccionamiento es barroso, no entran los carros cuando llueve. Incluso, pese a que dejó de llover hace tres días, hay una laguna en una orilla que afecta el espacio de ocho casas.
Afuera de cada casa hay tinacos tipo Rotoplas de 450 litros que fueron instaladas como fosas sépticas, y que ya están llenas con agua de lluvia.
La colonia está a más de 300 metros alejada de la red de agua potable. A más de 200 metros del poste más cercano del cableado eléctrico y aún más lejos del drenaje.
La presidenta dijo que, “fue una pésima programación de obra, porque los servicios no se pueden llevar así porque sí. Me parece un error que hayan autorizado eso, porque la gente no puede habitar esa colonia”.
Expresó que, “le daré todo mi apoyo a la gente, vamos a tocar puertas, si es necesario vamos a manifestarnos, porque no está bien lo que le está haciendo el gobierno federal a esta gente”.
Anabel Balbuena dijo que se requiere que la Sedatu vea las obras y llegue a un acuerdo para solucionar ese problema que vienen arrastrando desde 2013, y que les dé una explicación a los vecinos de los motivos por los cuales se autorizó así la obra.