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Protestan damnificados de Papagayo en la Sedatu para que agilice la construcción de 34 casas

Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid en la comunidad de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), protestaron unas dos horas afuera de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir que se agilice la construcción de 34 casas, que debieron terminarse en junio.
En la protesta afuera de la dependencia, se quejaron de que en marzo el delegado, José Manuel Armenta Tello les dijo que todas las casas se terminarían de construir en tres meses, pero incumplió, porque sólo se construyen 12 y no están terminadas.
El propósito de los manifestantes era tomar la Delegación, pero la encontraron cerrada, ya que trabajadores del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) mantienen tomada la delegación desde agosto para que les paguen cinco meses de salarios devengados, por lo que los damnificados sólo expusieron su demanda.
Alrededor de las 11 de la mañana se plantaron afuera de la Sedatu, donde portaron pancartas en las que se leía, “Exigimos a José Armenta, delegado de Sedatu, la construcción de las 34 viviendas de los afectados en la comunidad de Papagayo”, “Basta de mentiras Pepe Armenta”, “Ya pasaron 4 años cuántos más pasarán” y “Exigimos solución a las viviendas”.
El comisario municipal de Papagayo, Pantaleón Mesino Flores precisó que el motivo de que acudieran a protestar en la delegación es exigir la construcción de 34 casas, porque ya son cuatro años y la edificación va lenta.
“Empezaron el 21 de marzo, y hasta la fecha apenas contamos con 12 viviendas; son 34 viviendas, entonces lo que queremos es una entrevista con el delegado, no está, se encuentra en la Ciudad de México, es la situación que nos trae aquí. Aparte, nos sale otro problema, cuando se hizo la compra del terreno hicieron un contrato con el dueño y se le debe un dinero, y el señor quiere expropiarnos el terreno”, denunció.
Lamentó que en una cláusula del documento de la compra del terreno dice que si en tres meses no se pagaba el terreno, el dueño recuperaba ese espacio, y que eso no les conviene, porque aunque lento, hay un avance con la construcción de algunas viviendas.
Exigió a la dependencia federal que avance la construcción y recordó que el delegado, en marzo acudió al terreno y ahí se comprometió que en tres meses las viviendas estarían construidas.
El comisario habló por teléfono con Armenta Tello, quien les prometió que este martes acudiría al terreno para hablar sobre este problema.
En El Papagayo, una empresa contratada por Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir, y un incendio consumió 25 de 29 casas construidas.

Protestan vecinos de Cruz Grande en la Cdmx para exigir al Fonhapo que construya 50 casas

Pobladores del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la Costa Chica, protestaron en las instalaciones del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para exigir la construcción de 50 casas del programa Vivienda Digna que debieron entregarles en la administración pasada, pero que fueron vendidas por el ex alcalde, Ociel Hugar García Trujillo, que actualmente es diputado perredista.
La dirigente de los inconformes, Silvia Gallardo Gatica acusó que desde 2015 piden a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que devuelva el dinero para la construcción de casas de más de 300 beneficiarios, pero nadie les ha hecho caso, y advirtió que seguirán en la ciudad hasta que tenga respuesta.
Silvia Gallardo recordó que desde inicios de agosto interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el diputado local, Ociel Hugar García Trujillo, a quien culpan de un presunto fraude y usurpación de funciones, cuando fue presidente municipal. La dirigente aseguró que el diputado vendió las 50 casas y que aún hay beneficiarios que están a la espera de una vivienda.
Dijo que son 50 vecinos que durante su administración, 2012-2015, fueron beneficiados del programa Vivienda Digna del Fonhapo, un programa de aplicación tripartita, en el que la federación aporta la mayor parte del dinero. Estas casas nunca, según denunció, se entregaron a los solicitantes.
“Seis meses y no nos han podido liberar la vivienda, no nos dan nada, por eso estamos aquí. En Guerrero no nos hacen caso, porque José Manuel Armenta Tello (el delgado de Sedatu) tiene tomada la delegación. El apoyo debió salir en enero, desde hace tres años se firmaron minutas y no hay resultados”, lamentó.
Una comisión de inconformes llegó a la dependencia, donde la atendieron secretarios particulares de funcionarios, pero no les dijeron nada en concreto.
Silvia Gallardo Gatica explicó que este programa social es de vivienda rural, “estamos tristes; el gobernador Héctor Astudillo, sólo va y se toma las fotos en las zonas más inundadas, es todo lo que sabe hacer, salir en la televisión en este año, el peor de todos los años; en el 2015 estuvo feo pero ahorita estuvo peor”.
Lamentó que el diputado, de quien dice tener pruebas de que vendió las casas, que correspondían a vecinos de escasos recursos, a otros de su partido, el PRD, siga en la impunidad.
La dirigente comentó que los quejosos viajaron a la Ciudad de México con sus propios recursos porque pusieron dinero para sus casas, aunque una mínima parte.

Se construyeron cuartos rosas en Chilpancingo en sitios deshabitados, de alto riesgo o que no se ocupan

El programa Un Cuarto Más o Cuarto Rosa que fue presumido el 18 de julio en Chilpancingo por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, como una estrategia del gobierno federal para prevenir la violencia contra las mujeres, en Chilpancingo resultó un engaño y un fraude.
A un año de que comenzaron a ser construidos y a seis meses de que han venido siendo entregados a las familias beneficiarias, muchos de estos cuartos se encuentran deshabitados y están deteriorándose porque fueron autorizados en zonas de alto riesgo, otros fueron entregados a quienes no lo necesitan, y, en el peor de los casos fueron construidos en terrenos baldíos, en donde no vive nadie, como se constató en un recorrido por varias colonias de la capital.
La dirigente del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad de la Mujer, Violeta Pino Girón, declaró que como cualquier otro programa, el Cuarto Rosa tiene un manejo político, y que no contó con una supervisión adecuada para verificar que se beneficiara a las familias que realmente lo requieren. Incluso, no descartó que se haya puesto en marcha sólo en el contexto político-electoral con miras al 2018.
El 18 de julio, durante la visita de los titulares de Gobernación Osorio Chong y de la Sedatu Robles Berlanga, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que en Guerrero se construyeron 14 mil cuartos con una inversión de 603 millones de pesos, y que se beneficiaron 68 mil personas.
“Estos cuartos, sin duda, han venido a formar parte importante de más de 14 mil familias que han sumado un cuarto rosa para su familia”, destacó el gobernador Astudillo durante el encuentro realizado en la cancha de la colonia Capellanía, al norte de la capital.
A su vez, el secretario de Gobernación Osorio Chong, explicó que el programa fue pensado por el presidente Enrique Peña Nieto para desterrar la violencia contra las mujeres, “ya no podemos permitir que nadie las lastime, por eso el presidente hizo este programa”, dijo eufórico ante más de 500 personas.
Incluso aclaró que el programa que se lo encargaron a la secretaria de Sedatu, “por ser mujer”, no es sólo de buenas intenciones, o de buenos deseos de un gobierno, “son acciones contundentes para frenar la violencia contra las mujeres, y en búsqueda de la igualdad”.
Precisó: “si estamos en un solo lugar apretados, hay desencuentro en lugar de generar cariño y encuentro, y el presidente tuvo la idea de crear un cuarto más en cada hogar para que puedan estar allí lo que más queremos, las mujeres jóvenes, por eso es cuarto rosa, porque es para las mujeres”.
También destacó que este es uno de los programas “más importante del presidente Peña Nieto”.
Por su parte, la secretaria Robles explicó que la intención del programa es combatir el hacinamiento porque cuando están viviendo muchos en una sola habitación, se genera violencia y que el Cuarto Rosa es una de las estrategias para prevenir la violencia.
“Se trata de que nuestras niñas y nuestras jovencitas estén protegidas, que tengan su espacio de privacidad y puedan crecer sanas, fuertes, seguras, es lo que quiere el presidente Peña Nieto para sus niñas y sus jóvenes mexicanas”, dijo en medio del entusiasmo de los asistentes, la mayoría mujeres.
El programa Un Cuarto Más, que después se convirtió en Cuarto Rosa, arrancó en todo el país en octubre del 2015 y fue diseñado por la Sedatu para familias que se encuentran en situación de hacinamiento.
Los llamados cuarto rosa son pequeñas habitaciones de 2 metros y medio de ancho por 3 de largo, son construidos de panel, alambrón y alambre recocido recubiertos con una ligera capa de revoque de cemento y pintados de blanco, y los acabados de rojo.
Cuentan con una puerta y una pequeña ventana, en el interior apenas cabe una cama individual y una mesa de menos de un metro de ancho.
Consultado, el albañil Modesto Pérez Luna, aseguró que el valor real de la construcción entre el material y la mano de obra no rebasa los 25 mil pesos, sin embargo, según el programa de la Sedatu cada cuarto tiene una inversión de 45 mil.
En los hechos el programa resultó un engaño para muchas familias que realmente necesitan ese cuarto. Doña Julita Trujillo Barragán es un ejemplo de ello. Ella vive en la calle Adelfas de la colonia Ricardo Flores Magón, ubicada al noreste de la capital.
Doña Julita tiene siete hijos y cuatro son mujeres; la mayor tiene 23 años y estudia el tercer año en la escuela de Economía; una más de 19 estudia el primer grado, también en la Unidad Académica de Economía; otra joven de 15 entró a la preparatoria, y la menor de 12 ingresó a la secundaria.
De sus otros tres hijos uno estudia la preparatoria, otro el kínder y el mayor de todos cursa una carrera profesional en Guadalajara.
El hacinamiento en su vivienda construida algunas partes de ladrillo y otras de madera, es evidente.
Su casa está construida en un terreno de aproximadamente 7 metros de ancho por 14 de largo y sólo cuenta con tres cuartos; en uno duermen los padres, en otro las cuatro mujeres con sus dos hermanos y el tercer espacio sirve de cocina a doña Julita. Allí hace las tortillas que vende para contribuir al ingreso familiar, pues su esposo es peón de albañil y lo que gana no alcanza para la manutención de su familia.
Doña Julita solicitó su ingreso al programa Un Cuarto Más o Cuarto Rosa, pero le rechazaron su solicitud, en cambio los encargados del programa autorizaron la construcción de uno en un terreno baldío que se encuentra al lado de su casa. El cuarto se encuentra deshabitado y está deteriorándose desde hace casi un año en medio de la maleza, contaron los vecinos.
Asimismo, en la calle principal de la colonia Lomas de Guadalupe, al poniente de la ciudad, atrás del cuartel de la Policía Preventiva Municipal, fue construido otro cuarto rosa y fue entregado a una pareja sin hijos. El cuarto permanece cerrado sin ser utilizado desde hace cuatro meses.
A unos 100 metros, pero ya en la colonia Rodolfo Neri Vela, hay otro cuarto rosa que según los vecinos fue construido hace 8 meses. En el terreno donde se ubicó sólo hay una choza de madera que está abandonada hace años. Los vecinos aseguran que se “benefició” a una familia que no vive allí.

En zona de alto riesgo

En el otro extremo de la ciudad, del lado poniente, decenas de cuartos rosas fueron construidos en laderas de alto riesgo, y en algunos casos en colonias que no cuentan con servicios públicos, e igual, la mayoría de ellos están deshabitados.
En las colonias Villas Tlalmeca, Niños Héroes y Las Antenas se observan muchos de los cuartos en pequeños cerros y laderas.
Cecilia Alonso, de la colonia Villas Tlalmeca, fue beneficiada con un cuarto y reconoció que está conforme con su habitación, pero lo malo es que en su colonia no cuentan con drenaje ni agua entubada, porque la colonia no está regularizada.
Aún cuando está agradecida con su inclusión en el programa, dijo que tuvo que gastar “un dinero extra” para colocarle al cuarto una guarnición de concreto para reforzarlo.
En la misma zona, en una calle de la colonia Héroes de Guerrero que Protección Civil estatal declaró como zona de alto riesgo debido a que 2015 hubo un deslizamiento que afectó 11 viviendas, la Sedatu autorizó la construcción de otro de estos cuartos.
La habitación fue construida en una ladera, a unos ocho metros de donde hay varias viviendas a punto de caerse y hay una grieta en la calle. El pequeño cuarto se encuentra deshabitado desde que se lo entregaron a la familia beneficiaria, por el riesgo que implica utilizarlo.
Consultada respecto a la efectividad del programa para disminuir la violencia hacia las mujeres en el seno del hogar, la dirigente del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad de la Mujer, Violeta Pino Girón, dijo que como en todos los programas gubernamentales, en los lineamientos se establece una cosa, pero cuando se implementan tienen beneficiarios distintos.
Explicó que en este caso no hubo la supervisión adecuada para verificar que realmente estos cuartos se entregaran a las familias que los necesitan.
Dijo que con ello no se retomó la problemática para la que se diseñó. Añadió que independientemente de que subyace la posibilidad de que el programa se haya diseñado en realidad para la desviación de recursos, “como cualquier programa de orden social”, tiene un manejo político-electoral, y no descartó que sea con miras a las elecciones del 2018.
Explicó asimismo que los beneficios de estos programas no llegan a quienes realmente lo necesitan porque, por otra parte, hay muchos gestores y gestoras alrededor de estos programas y que a través de ellos se escoge a los beneficiarios y que son éstos los que no respetan los lineamientos del programa.
“La idea del programa, efectivamente, es construir un cuarto para que lo habiten las niñas, pero de eso a concluir que con ese cuarto rosa disminuirá la violencia en contra de las niñas yo tengo mis dudas, porque la violencia se combate con políticas públicas que van más allá de ponerlas (a las mujeres) sólo en un espacio para pernoctar”, criticó.
Cuestionó que con estos cuartos posiblemente se les protege por las noches, mientras duermen, “pero y luego, por la mañana y durante el día, ¿qué sucede?, se preguntó.
Además, explicó que hay familias tan pobres en Guerrero que es seguro que el espacio lo van a utilizar para meter al resto de la familia “y estarán más hacinados porque no lo van a utilizar exclusivamente las niñas”.
Para la defensora de las mujeres, lo que hace falta son acciones reales de prevención y cambiar las causas culturales, como establecer las conductas de las mujeres y los hombres basadas en el respeto a los derechos.
“Habría que pensar en estrategias mucho más inteligentes, necesitamos algo más que ese tipo de acciones”, dijo.

Marchan damnificados en Chilpancingo para exigir que se reubique la comunidad San Vicente

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.

Impide el dueño del predio la construcción del puente de El Mirador en Chilpancingo ante incumplimientos del alcalde

Desde marzo pasado, el propietario del predio en donde la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) construye el puente para el fraccionamiento de damnificados El Mirador, al sur de la capital, suspendió la obra debido a que el Ayuntamiento incumplió con el convenio que firmaron hace un año.
La construcción del puente que servirá de acceso a los habitantes de El Mirador, a donde fueron reubicadas las familias damnificadas de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, quedó en un 70 por ciento de avance, y el presupuesto para la obra es de 24 millones de pesos, según datos de la propia dependencia federal.
Entrevistado vía telefónica, el propietario del terreno, quien aceptó conversar a condición de que no se revelara su identidad, “porque yo soy de Chilpancingo, de una familia conocida, el presidente municipal también es de Chilpancingo y pues la verdad no me gustan los problemas”, denunció que el alcalde ahora se le esconde para no cumplir.
Dijo que ha solicitado varias veces al alcalde Marco Antonio Leyva Mena que cumpla los términos del convenio, pero se quejó de que, recientemente, se niega hasta a recibirle las llamadas telefónicas.
El dueño del predio donde se construye una parte del puente vehicular, dijo que a cambio de donar el área, el alcalde Leyva Mena se comprometió a pavimentar un acceso y a autorizar un trámite administrativo (sin precisar qué trámite), y denunció que el alcalde no ha cumplido, por lo que desde marzo impide que continúen los trabajos en su terreno.
Contó que, entre septiembre y octubre lo buscaron del Ayuntamiento y de la Sedatu para que donara parte de su predio, en donde se construiría parte de la obra, “les urgía la inversión para que el recurso del año pasado no se fuera a otra parte y se pudiera construir ese puente”.
Sin embargo, a más de seis messe de que comenzó la construcción, el alcalde Leyva Mena no ha cumplido con los términos del convenio.
“El convenio se firmó de buena fe, pero el presidente municipal hasta la fecha no ha cumplido ningún acuerdo”, reiteró.
Informó que por eso, como dueño del predio, ha pedido que se suspenda la obra en la parte de su terreno “y no voy a permitir que se comiencen los trabajos hasta que cumpla el presidente municipal”.
Denunció que ha buscado al alcalde Leyva Mena y que lo ha citado en el predio, “le he llamado por teléfono y ya me cansé de andarlo buscando”. Informó que lo han atendido funcionarios de otras áreas, pero que nadie le ha resuelto el problema.
Advirtió que además de que mantiene suspendida la obra, podría recurrir a acciones legales, “es un convenio, y cuando no se respetan las partes, como en todo convenio puede tener salida legal”.
Dijo que no lo ha hecho porque el acuerdo fue de buena fe, “no me gustan los problemas”, recalcó, pero insistió que la obra continuará parada si el alcalde no cumple lo que le prometió.

 

Denuncian trabajadores del Fonden que no deposita la Sedatu salarios devengados

Los 33 trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) denunciaron que van dos viernes sin que la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedatu) les deposite un mes de salario devengado de los tres que les adeudan, como habían acordado con funcionarios de la dependencia en la Ciudad de México.
Los trabajadores iniciaron un paro laboral el 16 de mayo porque les debían cinco meses de salario devengado. El 24 de ese mes, les depositaron un mes sólo a 29 de los 33 trabajadores.
El miércoles 31 de mayo, los empleados se reunieron en la capital del país con funcionarios en las oficinas centrales de la Sedatu, ahí les prometieron pagarles otro mes de salario devengado y que cada viernes les depositarían un mes más hasta terminarles de pagar el 23 de junio.
Sin embargo, ayer vía telefónica la trabajadora del Fonden, Violeta Medina dijo que los viernes 9 y 16 de mayo no les depositaron en sus cuentas bancarias el pago de un mes de salario devengado de los tres que les adeudan.
Agregó que hasta ayer, a los 33 trabajadores ya les pagaron dos meses de salario devengado, y falta que les depositen los tres meses de su salario.

No reconstruyó las casas el gobierno federal a tres años de un sismo en Petatlán, se quejan damnificados

Brenda Escobar

Zihuatanejo

A tres años del sismo de 7.2 grados en escala de Richter del 18 de abril de 2014, los damnificados de Petatlán lamentaron que el gobierno nunca cumplió la reconstrucción de sus viviendas.
Uno de los damnificados y comerciante de ropa y huaraches, Rafael Abarca Fernández manifestó que son más de 300 familias sólo de la cabecera municipal de Petatlán las que tuvieron afectaciones en sus casas, y que el gobierno federal mediante la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, prometió que los apoyaría, pero “ni siquiera un grano de arena nos dieron”.
Aseguró que las familias afectadas por el temblor fueron censadas en dos ocasiones por brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero nunca cumplieron la reconstrucción de las viviendas.
El movimiento telúrico dejó afectaciones  principalmente en casas de las colonias Centro, Barrio de la Hoja, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Vicente Guerrero; así como en comunidades rurales como Juluchuca, Alpuyeque, Chaveta, La Molonga, Coyuquilla Norte, La Barrita.
Este martes, se cumplieron tres años de que ocurrió el sismo, Abarca Fernández aseveró que las casas están ahí, muchas de ellas inhabitables y las familias tuvieron que irse por temor a que las paredes se les vengan encima.
Agregó que el gobierno federal sólo mintió a los afectados, “supimos que en ese entonces hicieron llegar ayuda para la reconstrucción de algunas de las casas pero no fue directamente a los damnificados sino se la dieron al Ayuntamiento, y quienes estaban de gobierno le dieron el apoyo a quienes quisieron, incluso a gente que ni siquiera fue afectada”.
La parroquia San Pedro Apóstol, santuario del Padre Jesús de Petatlán, resultó severamente dañada, principalmente el campanario, el cual fue completamente reparado a los pocos meses luego de la aportación de casi 2 millones de pesos del gobierno el estado, encabezado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, mientras que más de 700 damnificados sólo se quedaron con una calcomanía pegada en la puerta de su casa como prueba de que fueron censadas, pero la ayuda nunca les llegó.

Otra vez no les pagan a los empleados del Fonden desde hace 4 meses, denuncian

Los 30 trabajadores de la unidad operativa del programa Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que depende de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), denunciaron que por la segunda ocación cumplieron cuatro meses que no les han pagado los salarios y viáticos, y que a pesar de que siguen laborando no supervisan las obras desde hace dos meses.
Anteriormente la unidad operativa del Fonden estaba conformada de 58 trabajadores y el 10 de diciembre del año pasado iniciaron un paro de labores que duró 43 días también debido a un adeudo de cuatro meses, a cada trabajador le debían de 15 mil a 20 mil pesos y hasta febrero de 2017 les pagaron.
Este año el número de trabajadores fue de sólo quedaron 30, quienes el 30 de marzo denunciaron que cumplían tres meses sin recibir sus honorarios ni viáticos.
Vía telefónica la trabajadora, Violeta Medina informó que ya cumplieron otra vez cuatro meses que no les han pagado, a pesar de que son menos los colaboradores de la dependencia.
Comentó que no se han movilizado porque el próximo jueves tienen una reunión con el delegado estatal de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, para saber cuál será el destino de sus salarios, y de ello depende qué acciones tomarán los trabajadores.
Afirmó que a pesar del adeudo cumplen su horario laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
El trabajador, Fernando Zúñiga declaró que pararon la supervisión de las obras porque tienen dos meses que no tienen para los viáticos y no hay material de papelería para que trabajen. (Beatriz García / Chilpancingo).

Urge Protección Civil a que sean demolidas 32 casas de El Mirador, informa la Sedatu

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, informó que Protección Civil (PC) ya le entregó el dictamen donde se indica que deben ser demolidas 32 viviendas del fraccionamiento Nuevo Mirador, que son inhabitables, y que tiene que ser antes de que comiencen las lluvias de lo contrario la tierra se reblandecerá más.
En consulta telefónica el delegado informó que PC entregó hace unos días el dictamen donde pide que sean demolidas 32 viviendas por los daños que presentan, como desplazamiento de tierra.
En el fraccionamiento Nuevo Mirador –localizado a las afueras de la ciudad de Chilpancingo, a un lado de la Autopista del Sol, hacia Acapulco y mejor conocido como El Mirador– viven familias damnificadas en septiembre de 2013 por el paso de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
“Nos pide que se desmantelen las estructuras de inmediato antes de que empiece el periodo de lluvias, por el riesgo que implicaría que vuelva a penetrar humedad a la base y reblandezca el subsuelo, y pudiera generar ahí un asentamiento mayor”, detalló.
Dijo que ya emplazó a la empresa Casaflex, quien realizó las casas en malas condiciones, para que demuela de inmediato. Abundó que representantes de esta empresa le llevaron una propuesta de desmantelamiento de las estructuras y para la recuperación del subsuelo, pero que dijeron que eso implicaba un costo millonario que debía pagar la delegación.
Armenta Tello manifestó que su respuesta fue que la delegación no iba a pagar ni un peso, porque demoler y reubicar esas viviendas es responsabilidad de la empresa por haberlas ejecutado mal.
“Legalmente hemos hecho hasta lo imposible para que esto ya sea tomado en serio por las empresas y desmantelen de inmediato las estructuras, lamentablemente quisiera yo traerlos amarrados y que las tiraran pero eso no se puede”, abundó.
Dijo que la averiguación por la denuncia que se hizo ante la Procuraduría General de la República (PGR), está en integración, pero que está consciente que ese es un proceso largo en el que se recopilan datos, porque además les han pedido más información para ampliar su denuncia. Dijo que esto le da tranquilidad porque sí se está trabajando en el proceso.
–¿Qué va a pasar si la empresa no desmantela antes de las lluvias?
–Hay un dictamen, nosotros al menos la delegación no tenemos recursos para hacer la demolición, no se tiene prevista esa demolición, nosotros pensamos de que deberá de haber cordura de las empresas y que puedan iniciar el proceso de desmantelamiento de la estructura, antes de que ponga en una situación de riego (a) más viviendas, más familias.
El delegado insistió en que planteó a la empresa contructora de El Mirador que no acepta pagar, porque además a la delegación no se le han entregado esas viviendas, y que puede proceder contra sus fianzas para hacer el proceso de demolición.
Agregó que para disponer del recurso de las fianzas era necesario que hicieran el procedimiento legal con la denuncia ante la PGR.
“La fianza se refiere a que cuando una empresa hace una obra pública la obligan a que entregue una fianza, llamada Por Anticipo, para que en el caso de que no amorticen el anticipo lo pueda recuperar a través de una afianzadora. Y hay una fianza que se da Por Vicios Ocultos, esta fianza tiene un periodo de vida activo todavía, que se podría disponer de ella en el caso de que se niegue a reparar las acciones que hicieron”, explicó Armenta Tello.
Abundó que por lo tanto la afianzadora tendrá que esperar que por parte de la PGR haya un deslinde de responsabilidades y poder empezar el procedimiento para hacer uso de esas fianzas.
En el caso de las viviendas que siguen presentando cuarteaduras y filtraciones en el Nuevo Mirador, Armenta dijo que también ya pidió a la empresa constructora que las corrija.
“El procedimiento no era el adecuado, el sitio no era el adecuado, y estas fallas se seguirán presentando a lo largo de vida del fraccionamiento Mirador…Nosotros le hemos comunicado vía oficial (a la empresa) de la necesidad que lo haga, hay un tiempo en el que nosotros esperamos una respuesta y si no también habríamos que aplicar fianzas para que hagan la reparación de los inmuebles, obviamente esta reparación de estos inmuebles obviamente nunca se va a terminar”, subrayó.
Por otra parte informó que en Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), ya comenzó la construcción de las 34 viviendas que se harán, aunque dijo que no al ritmo que quisiera.
Señaló que se comenzó a principios del mes, que están en la etapa de remoción de tierra, fabricación de plataformas, haciendo trazos y nivelaciones.
Mientras que en el caso de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo indicó que la situación es compleja, porque son acciones que no consideró el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), después del paso de las tormentas para que se incorporara a la carga al trabajo, y que entonces lo que se está haciendo es un plan de trabajo para poder, ya sea con el municipio y el estado, atender la recomendación que hace el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), abundó el delegado.
En San Vicente desde el paso de las tormentas no se construyó ninguna de las 578 casas para los damnificados, que serían reubicados en el lugar colindante con su comunidad llamado Cuapanguito.
Agregó que en hasta el momento ha entregado 11 predios a damnificados de los 42 que son, y que en tres meses tiene la meta de entregar 14 más.

Tras su detención, pospone la Sedatu una visita a San Vicente, informa Chávez Adame

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, pospuso la visita a la comunidad de San Vicente, en Chilpancingo, para hacer un recorrido en las 578 casas de los damnificados por las tormenta tropical Manuel en 2013, debido a la detención del integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, informó el mismo dirigente
Además, en el fraccionamiento El Mirador, donde también están ubicados damnificados, se dio a conocer que ni las autoridades ni las empresas encargadas han acudido a reparar las fisuras en las casas.
Consultado vía telefónica, Chávez Adame informó que hay voluntad del delegado para atender a los damnificados e integrantes de la Dirección Coletiva, quienes no han sido reubicados desde 2013.
Explicó que los damnificados viven en la comunidad de San Vicente y tienen que ser reubicados en la comunidad aledaña de Cuapanguito.
El dirigente dijo que antes de que fuera detenido por policías ministeriales la noche del jueves, Armenta Tello le llamó telefónicamente para saber qué pasaría con el caso de San Vicente.
Dijo que acordó con el secretario de Desarrollo Agrario que esperarían hasta que resolviera su situación jurídica para acordar una fecha y visitar la comunidad, pues revisarán las condiciones de los damnificados para determinar la construcción de las viviendas.
Chávez Adame recordó que José Manuel Armenta le expuso que hay una posibilidad de que la delegación construya 150 viviendas, además de que buscarán al alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, para decidir cuántas viviendas le corresponde construir al municipio.

Damnificados de El Mirador

Los damnificados del fraccionamiento El Mirador, en Chilpancingo, siguen esperando para que las autoridades resanen las fisuras que tienen las casas provocadas por la mala construcción que hicieron las empresas Concreto MAZA, Casaflex y Morpheus, y agravadas por los temblores.
Consultada vía telefónica, la representante de los damnificados de la Manzana 1-A, Lorena Frida Martínez dijo que no ha acudido nadie a resanar las grietas que tienen las casas, a pesar de que el 13 de febrero se agravaron debido a un sismo de 5 grados.
Informó que lo único que la Sedatu le dijo es que las empresas que se encargaron de construir las viviendas hace dos años, son quienes arreglarán las casas.
El 22 de febrero, el delegado de la Sedatu visitó el fraccionamiento para revisar algunas viviendas e informó que 32 viviendas tendrán que demolerse.
Agregó que le exigió a las empresas encargadas de la obra que den una solución definitiva, pero que no las ha encontrado y ve difícil que suceda.