Alumnos y padres de familia de Prepas populares durante su bloqueo en el bulevar de Las Naciones Foto: Carlos Carbajal
María Avilez Rodríguez / Karina Contreras
Chilpancingo / Acapulco
Integrantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares bloquearon vialidades en tres municipios, para demandar su reconocimiento oficial, y en Chilpancingo se plantaron frente al Recinto Estatal.
Los manifestantes pidieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que encabeza Marcial Rodríguez Saldaña, el reconocimiento oficial para unos mil trabajadores y que tengan seguridad social, salarios e instalaciones.
En Chilpancingo, a las 11:15 de la mañana, los inconformes salieron del museo interactivo La Avispa e ingresaron al carril central, en el sentido norte-sur de la Autopista del Sol, hasta llegar al entronque con la carretera federal México-Acapulco, donde bloquearon totalmente durante media hora.
Uno de los integrantes del frente, Raymundo Pablo Vázquez, dijo que las preparatorias populares llevan unos 40 años de lucha y 103 escuelas no son reconocidas, por lo que unos mil trabajadores no tienen derechos laborales.
Indicó que los padres de familia tienen que pagar sus colegiaturas, “eso no se vale. Le compete al gobierno estatal asumir su responsabilidad, de otorgar educación”, por lo que detalló que piden el reconocimiento oficial.
Destacó que, en reiteradas ocasiones, han solicitado la aprobación de un decreto del Ejecutivo para que las preparatorias populares se integren a un Organismo Público Descentralizado (OPD), pero no hay avances.
“Unos 13 mil 400 alumnos serían beneficiados, porque al tener un presupuesto propio, se mejoraría la infraestructura de las escuelas y los padres ya no pagarían”, dijo el manifestante.
Una comisión fue atendida por las autoridades estatales, por lo que los trabajadores, padres y alumnos se replegaron a la banqueta. Dos horas después volvieron a bloquear, unos 20 minutos, porque no hubo acuerdos satisfactorios.
Policías estatales con equipo antimotines estuvieron en el encauzamiento del río Huacapa, a unos metros de la autopista, en espera de la orden de desalojar a los manifestantes.
Raymundo Pablo Vázquez informó que la comisión negociadora se reunió con el titular de la SEG, quien les dijo que no era competente para solucionar sus demandas, por lo que se plantarían frente al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Los manifestantes retornaron y marcharon en el sentido sur-norte de la autopista, hasta llegar al ex Palacio de Gobierno, donde se plantaron.
En la región Costa Chica, miembros de las preparatorias bloquearon en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en Marquelia, donde los inconformes cerraron con un vehículo la vialidad.
En Acapulco bloquean el bulevar de Las Naciones
Alrededor de 100 estudiantes y maestros de preparatorias populares, bloquearon de manera intermitente el bulevar de Las Naciones, frente a las oficinas de la Promotora Turística (Protur), para exigir el reconocimiento oficial por parte del gobierno estatal.
El bloqueo inició alrededor de las 11:20 de la mañana, en ambos carriles primero, y así estuvieron por cerca de una hora, para después llevarlo a cabo de manera intermitente. Los automovilistas se desviaron por la gasolinera de El Revolcadero para salir a la avenida Las Palmas.
El director de la preparatoria popular Armando Chavarría, del poblado Lomas de Chapultepec, Faustino Moreno Sánchez, informó que el bloqueo es para exigir que sean reconocidos oficialmente y que con ellos, los maestros tengan sus derechos laborales.
Pero también para que los padres de familia dejen de estar pagando cuotas para que sus hijos estudien, pues muchos de ellos son de familias de bajos recursos.
Informó que la acción era paralela, a otras que se estaban haciendo en otras partes del estado, como integrantes del Frente Popular de Escuelas Preparatorias Populares y que era una estrategia, para lograr ese reconocimiento oficial que han estado demandando desde hace 13 años.
Indicó que han tenido mesas de trabajo con las dependencias educativas de los gobiernos federal y estatal, pero no se ha logrado el objetivo tan primordial como es el reconocimiento del gobierno, lo que no es justo, porque están trabajando en las zonas marginadas del estado, donde están llevando la educación media superior a las comunidades, “no tenemos el respaldo de la federación. El reconocimiento oficial es para que ya los padres de familia ya no estén cooperando, ya no estemos molestando a los padres de familia en ese aspecto”.
Moreno Sánchez dijo que en el estado están atendiendo a unos 13 mil estudiantes, que por eso consideran que deben ser tomados en cuenta. Consideró que esos estudiantes para llegar a sus escuelas se gastan unos 2 mil pesos mensuales cada uno.
El director reprochó que desde hace 35 años han estado trabajando en esa modalidad y las autoridades los han tenido marginados.
Añadió que no querían afectar a terceros, pero no hay otra forma de que las autoridades los reciban, pero que quieren mesas que les resuelvan, porque en las reuniones que han tenido sólo han sido “palabras, algunas veces documentos (minutas), pero en la realidad no se ha aplicado”.
El presidente del comité de padres de familia de la secundaria José Martí, Guillermo Ayvar Moreno, manifestó que la conserje que se ha negado a limpiar la parte que le toca de ese plantel, ahora se niega a aceptar el cambio de actividades que solicitó por escrito la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Ayvar Moreno explicó que el oficio está firmado por el director de Personal de la SEG, Julio Alejandro Lucas Secundino. “Este es un problema en el que esta persona está apostando a sentirse intocable”, aseguró.
Desde el actual ciclo escolar, Ayvar Moreno, en representación de los padres de familia de esa escuela, que está considerada como la mejor académicamente, ha denunciado que la asistente de servicios o conserje, Juana Zequeida Hernández, argumentando problemas de salud, se niega a limpiar la parte que le toca en esta escuela, en donde hay otros tres conserjes más.
Este martes, en declaraciones ante reporteros, dijo que el comité de padres fue convocado por la directora de la escuela, Noemí Ibarra Ramírez, y el representante sindical en ese plantel, para informar que se le dio cumplimiento al oficio 1.4.1.0.0.3/2022/4773, firmado por Lucas Secundino, en donde se le indicó a la conserje que el funcionario de la SEG ordenó que se le cambie de actividad, por sus presuntos problemas de salud, “pero se negó a firmar el documento y por ende, a cumplir con sus nuevas tareas”.
Guillermo Ayvar señaló: “Tengo la necesidad de hacer pública esta situación, para que tanto el director de Personal, como el director de Asuntos Jurídicos de la SEG, Roberto Cuevas Bahena, tomen cartas en el asunto a la brevedad posible, porque de lo contrario, nosotros como padres de familia vamos a tener que intervenir, porque se trata de que nuestros hijos estudien en un espacio limpio y no en un muladar”.
“Mientras tanto, en esa reunión que tuvimos con la directora, le pedimos que de manera inmediata levante un acta administrativa para que quede asentado que la señora se niega a cumplir con sus nuevas actividades, que no son otra cosa más que controlar la admisión de las personas a la escuela, entradas y salidas de la puerta principal, en el turno correspondiente; desempeñar las guardias por necesidades del servicio, ayudar a los trámites que deben realizarse y abrir y cerrar las aulas de los grupos de primero A, B y C”.
Padres de familia de la secundaria general número 4 en Acapulco mantienen tomadas las instalaciones de la escuela, luego de denunciar varias irregularidades Foto : Carlos Carbajal
Karina Contreras
Padres de la secundaria general 4, en la colonia Buenavista en Acapulco, cerraron el plantel para exigir la salida del director Armando Alcaraz Núñez, a quien acusan de corrupto, de no actuar sobre las denuncias de acoso hacia niñas y de encubrir a maestros aviadores.
Los padres, desde las 6 de la mañana de ayer, cerraron la escuela para exigir una respuesta de las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y colocaron cartulinas en donde se leía: “No más acoso escolar a nuestros hijos. Fuera director Armando Alcáraz. Corrupto”, “no más cobro de clases los sábados por parte del profesor Víctor Hugo Basilio”, “fuera maestros flojos, queremos clases para nuestros hijos” y “director Armando Alcáraz Núñez, regresa el dinero de las cuotas”.
El tesorero del comité de padres, Jorge Omar de la Rosa Hernández, dijo que exigen la renuncia del director, porque hay acusaciones de acoso contra niñas y no ha hecho caso. “Tenemos el problema de que es corrupto, porque tiene muchos aviadores y maestros que no tienen cédula profesional. Unos maestros están trabajando en el Ayuntamiento y otros directores de otras secundarias, y están en la plantilla de docentes por lo que nuestros hijos no tienen clases normales”.
Indicó el padre de familia que ellos han denunciado la situación, pero el director no hace nada, que han venido exigiendo es que haya clases y que saquen al director, que los maestros que no atienden sus grupos que se vayan, pues hay muchos maestros que quieren la oportunidad de dar clases, lo que “éstos no quieren”.
Señaló que hay maestros que “acosan a las niñas” y que el maestro Víctor Hugo Basilio da clases de Robótica los sábado y cobra una cuota, por lo que se preguntan porqué no los da en los días de la semana que hay clases, pues la escuela es pública no es un colegio privado.
Los padres de familia, desde la semana pasada, han venido haciendo protestas, incluyendo un bloqueo en la avenida Ejido el viernes, para exigir atención de las autoridades a su demanda de la salida del director y advirtieron que podrán hacer acciones más radicales, como cerrar la avenida Costera.
Miembros de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), cerró oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para exigir la destitución de su titular, Marcial Rodríguez Saldaña; donde más tarde fueron atendidos.
La mañana de este lunes, los inconformes, quienes en reiteradas ocasiones han sido desconocidos por el dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, solicitaron también la incorporación a la nómina federal, basificaciones, pagos de horas, entre otras demandas.
Las oficinas cerradas fueron la Subsecretaría de Planeación Educativa y la Dirección de Telesecundarias; en la Subsecretaría de Finanzas y la Dirección Personal, donde colocaron pancartas, pero en estas dos últimas hubo resguardo de policías estatales con equipo antimotines.
La semana pasada, los cetegistas exigieron la destitución de la estructura de la SEG porque, dijeron, desconocen los problemas del sector educativo y que no atienden las demandas de los trabajadores.
Más tarde, en un comunicado, la SEG informó que por indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, estableció una mesa de diálogo con Reyna Bello de Jesús y representantes de las coordinadoras sectoriales, con el objetivo de atender sus demandas de carácter sindical.
El responsable de la educación en la entidad manifestó que la instrucción de la gobernadora es mantener un diálogo permanente con todo el sector educativo en Guerrero, pero no informó los acuerdos a los que llegaron.
Por teléfono, se trató de hablar con Bello de Jesús para saber los acuerdos, pero no respondió las llamadas. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Es-trada, precisó que el gobierno del estado no tiene disposición de recursos para pagar a los jubilados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) un bono decembrino.
En consulta telefónica, explicó que desde hace una semana se está cargando el presupuesto de egresos 2023 a un sistema, y al mismo tiempo el área de contabilidad comenzó a trabajar en la cuenta pública 2022, “un trabajo titánico” que inicia tan pronto como se cierra un ejercicio.
Estimó que la próxima semana se evaluará la petición de la Asocia-ción de Jubilados y Pensionados de la UAG a la Rectoría, y después buscaría la autorización de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Confirmó que el año pasado el estado sí apoyó, pero hoy la circunstancia es distinta y el gobierno tendrá que valorar en qué momento se puede realizar una transferencia.
“Estamos en la mejor disposición de evaluar esta situación, pero lógicamente tiene que ver con la disponibilidad de los recursos, no es en automático, porque no sabemos cómo se presentan los tiempos”.
Sin embargo, añadió que el caso debería ser atendido primero por la UAG, y por la Secretaría de Educación Guerrero, como cabeza de sector, y en última instancia por la Sefina, “lamentablemente se hace costumbre presionar a Finanzas, pues tenemos que recibir indicaciones de la gobernadora”.
Explicó que el gobierno no expide cheques como una empresa privada, y tiene que cumplir con lineamientos. En un sistema electrónico se carga el presupuesto para llevar la contabilidad, una vez que las responsables de las áreas regresaron de vacaciones.
Estimó que al final, el apoyo tendría que ser una aportación extraordinaria para la UAG, y los llevaría a modificar el presupuesto de ésta, porque el estado no sabe a quién se tiene que pagar.
Aclaró que tienen información de beneficiarios del pago del año pasado que envió la universidad, y antes de poder confirmar si van a liberar los recursos, la UAG debe proveer la información para cuantificar el monto, y después presentar a la gobernadora una propuesta.
De acuerdo con la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UAG, el bono decembrino para 600 integrantes, equivale a 3 millones 600 mil pesos. El secretario señaló que por los montos que representa, tiene que ver a la Tesorería federal, “no es tan sencillo, no hemos recibido la participación de la primera quincena de enero del Ramo 28 de donde tomamos recursos no etiquetados, que se puede atender para erogaciones no presupuestadas”. (Lourdes Chávez / Chilpan-cingo).
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, informó que se rescindió contrato a 70 personas que cobraban sin trabajar –conocidos como “aviadores”– y servidores públicos del área de expedición de certificados que solicitaron dinero a cambio de la entrega de estos documentos.
En un comunicado se detalló que el secretario de Educación sostuvo una reunión de trabajo con el Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Roberto Cuevas Bahena, y la Contralora Interna, Maricela Méndez Guevara, a quienes instruyó a continuar los procesos normativos para combatir cualquier acto de corrupción en la SEG.
Rodríguez Saldaña expresó que la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es combatir a fondo la corrupción en el sector educativo.
Precisó que se han despedido a 70 personas que cobraban sin trabajar (“aviadores”) y a servidores públicos del área de expedición de certificados que solicitaron dinero a cambio de la entrega de estos documentos.
Se indicó que se ha impulsado el programa del pase de lista por parte de la contraloría para verificar que los trabajadores se presenten a laborar en sus respectivos centros de trabajo y en los próximos meses se aplicarán auditorías administrativas para revisar que se cumpla con las actividades que tienen encomendadas todo el personal de la SEG.
Además, se realizarán auditorías para supervisar la correcta administración de recursos financieros y a partir del próximo lunes 09 de enero se instalarán buzones en diferentes dependencias para la denuncia de actos de corrupción, se informó en el comunicado. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El titular de la Secretaria de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña en entrevista con El Sur en su oficina ubicada en la colonia Villa Lucerna en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas, luego de que la dirigente magisterial, Reyna Bello de Jesús, hizo públicas las amenazas de muerte que recibió y que sospecha se deben a sus señalamientos contra funcionarios de la dependencia por la venta de plazas y tráfico de influencias.
También, Rodríguez Saldaña aseguró que no tolerará “ninguna venta de plazas, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”, además expuso que enviará a una persona para dialogar con la líder magisterial.
Como lo informó El Sur, la dirigente de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Reyna Bello de Jesús, denunció que desde el 13 de diciembre ha sido amenazada de muerte junto a su familia, y sospecha que se debe a los señalamientos que hizo contra funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por estar involucrados en la “venta de plazas y tráfico de influencias”.
Entrevistado al respecto ayer en sus oficinas, ubicadas en la colonia Villa Lucerna, al oriente de la ciudad, Marcial Rodríguez Saldaña dijo que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas.
Afirmó que en la dependencia “tiene que haber una política de diálogo, incluso de tolerancia a veces excesiva, porque estamos en un proceso de transición, este nuevo gobierno está comprometido con el diálogo y la democracia”.
Dijo que como secretario jamás ha pedido la intervención de ninguna fuerza pública y no lo hará, “tenemos autoridad para salir al frente, para saludar a cualquier líder, a cualquier trabajador, con los estudiantes dialogamos con todos”, y “en el caso particular de la maestra yo esperaría que ella presente una denuncia”.
Indicó que independientemente de que lo haga, pedirá a una persona de la SEG que platique con ella, para ver en qué ámbito de competencia de la SEG se presentan también sus denuncias.
Hay el compromiso de actuar contra la corrupción
Rodríguez Saldaña sostuvo que su compromiso es actuar y no permitir que al interior de la SEG haya actos de corrupción, porque además busca mantener un ambiente de armonía, “hemos vivido en las últimas dos décadas un periodo de mucha convulsión social y eso ha impedido que el sector educativo avance, más la pandemia (de Covid-19)”.
Sin embargo, argumentó que hay condiciones favorables debido a “una extraordinaria relación con el gobierno federal” pues se han reunido con servidores públicos de la SEP, aunado a que en Guerrero “hay estabilidad social a diferencia de lo que había hace unos años”, también “no hay cuestionamientos a la legitimidad del gobierno”, y con su política de diálogo buscarán mejorar los indicadores educativos y atender los rezagos históricos que hay en educación y justicia laboral.
Invitó a todos los liderazgos de los diferentes agrupamientos de trabajadores de la educación a mantener una actitud de diálogo y conciliación, porque aseguró “no hay necesidad de ir a cerrar una oficina como antes se hacía, no hay necesidad de cerrar calles y mucho menos una vía federal, aquí están las puertas abiertas”.
El titular de la SEG opinó que es bueno que se denuncien los actos de corrupción o actos indebidos, y que no va “a tolerar ninguna venta de ninguna plaza, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”.
Añadió que a él nadie lo puede señalar de eso, e incluso, tiene familiares y amigos en el movimiento que le piden ayuda pero siempre y cuando “esté dentro del proceso normativo”, ejemplificó que actualmente el “ingreso al servicio docente es a través del examen de la convocatoria, (cuando) antes las plazas se heredaban, se vendían, hoy ya no”.
Manifestó que las denuncias de actos de corrupción investigarán, y “si las instancias que tienen responsabilidad de hacer esto, que es la Contraloría y el Jurídico no atienden, también vamos a revisar la actuación de ellos, nuestra responsabilidad es combatir la corrupción en todos los niveles y no permitir actos de intimidación y mucho menos de amenazas en la Secretaría”.
Dirigió denuncias de Reyna Bello al Jurídico
Del señalamiento de Reyna Bello de que a pesar de que entregaron las pruebas a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y a él, como “voucher de depósitos en las cuentas bancarias” y no se ha hecho nada, respondió que “a la gobernadora no se la ha entregado esto, no sé al secretario general de Gobierno, pero a mí en las reuniones que he tenido me han dado a conocer y de inmediato he instruido que se investigue”.
Expuso que como secretario escucha y atiende pero no lleva los expedientes a detalle, contó que fue en los primeros meses de esta administración morenista cuando en una reunión recibió las denuncias y comentarios, pero los dirigió al Jurídico, y en estos días revisará qué ha pasado con esas denuncias y si hay entorpecimientos, hará que continúen las investigaciones.
De la denuncia contra los validadores donde “hay mafias pequeñas” que trafican con cambios, con venta de contratos o nombramientos de recomendados, Marcial Rodríguez expuso que éstos son trabajadores de base y no de confianza, y colaboran en el área de Planeación para revisar si en una escuela que demanda maestros procede la asignación de docentes, “es decir, si existe la matrícula suficiente para que pueda contratarse o asignarse a un maestro o a un trabajador”.
Mencionó que los validadores no deciden todo sino que la responsabilidad final está en el director general de Planeación y en el subsecretario de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra, “pueden cometer errores los validadores, pero si el director de Personal está viendo y el subsecretario que no procede, se tiene que dar cuenta al secretario (es decir a él) para que se ordene corregir”.
El caso de los maestros
despedidos
De la queja de la líder magisterial de que el 15 de julio de 2022 fueron despedidos mil 800 maestros, el titular de la SEG contestó que se trató de profesores a quienes se les terminó su contrato temporal, “no hay que tampoco engañar a nadie, es un contrato temporal y la Secretaría no está obligada a volver a contratar a nadie que le dan un contrato temporal, nuestras obligaciones son con los que hacen el examen y que van a ingresar por carrera al servicio docente”.
Argumentó que la nómina de la SEG la paga la federación y ante la ellos le plantean si hace falta cubrir plazas, “antes había un desorden en el otorgamiento de plazas, de nombramientos, por eso el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa) lo tuvieron que blindar, para que ya no incorporarán a más trabajadores sino hasta pasar por un procedimiento de la autoridad estatal”.
Cobertura de plazas
De cómo cubrirán esos espacios de los docentes que no fueron contratados para que los niños no se queden sin clases, informó que en 2022 entregaron 560 plazas a los egresados de las normales que hicieron examen y se ganaron su plaza por méritos propios y los asignaron en esos espacios que quedaron.
Pero aclaró que habría que corroborar el dato de los mil 800 docentes despedidos, “no estoy diciendo ni que sí ni que no, hay que corroborarlo”, agregó que en Guerrero tienen registrados a 600 maestros actualmente que están por contrato.
Afirmó que apenas este lunes le informaron que de 69 escuelas que estaban cerradas por falta de maestros cuando recibieron la administración, actualmente ya abrieron 40, aunque dijo hay otra problemática, que algunas escuelas tienen muy poca matrícula, y para que no se queden los niños sin clases las incorporarán al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), además este mes entregarán otro paquete de plazas a egresados de normales, a quienes enviarán a donde hagan falta.
“Desafortunadamente algunos egresados de las normales, pocos, que se les envía a cubrir plazas en lugares de zonas indígenas o en la Sierra, en zonas apartadas, no se presentan o van unos días y se regresan”, dijo, y afirmó que ya indicó al Jurídico proceder para dar esas plazas a quienes hicieron el examen y están en la lista “de prelación”.
Se le preguntó también por el señalamiento de irregularidades con las plazas de maestros fallecidos por Covid-19, las cuales se están vendiendo, Marcial Rodríguez dijo que “sí hubo muchos movimientos irregulares (en la administración pasada), basificaron a personal que no tenía derecho, incluso aquí mismo en las áreas centrales, a personal de confianza le hicieron contratos después de que terminó el gobierno, después del 15 de octubre de 2021, hasta diciembre sin tener facultades”.
Dijo que para no confrontarse con los trabajadores se les respetó su contrato hasta diciembre de ese año, pero ya no se les renovó.
Expresó que en 2022 denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cinco casos de venta de plazas en Tierra Caliente y de manera interna hay varios procesos en el Jurídico de casos de maestros que viven en Estados Unidos y siguen cobrando.
La SEG, en proceso de transición
De por qué se ha contratado a funcionarios que ya estuvieron en la administración pasada, cuando se dice buscar una nueva forma de gobernar, con un nuevo partido, además la base del magisterio apoyó políticamente un cambio, Marcial Rodríguez respondió que están “en un proceso de transición, se van haciendo ajustes de la totalidad del aparato administrativo, el aparato también es muy grande en la SEG”.
Aseguró que después del primer informe de gobierno de la gobernadora, les pidieron revisar las áreas administrativas para corregir y aseguró que “vamos a tomar nota, yo por eso circulé un conjunto de acuerdos que son obligatorios para todos los servidores públicos, para advertirles de que quien no cumpla con estos lineamientos no tiene cabida en la Cuarta Transformación”.
“Ya se han hecho algunos movimientos en la Secretaría, ha habido cambios en diferentes niveles, e incluido el secretario, estamos sujetos a una revisión a nuestro trabajo y a rendirle cuentas a la gobernadora, en mi caso estoy haciendo una evaluación constante y vamos a continuar atendiendo estos casos que dice la maestra para poder informar en su momento a la gobernadora”.
Reiteró que no permitirá ningún acto de corrupción, llamó a todos los servidores públicos, quienes dijo “están obligados a denunciar cualquier acto de corrupción y el que no lo haga que se atenga a las consecuencias, vamos a sancionar y en su caso a remover a funcionarios que no entiendan que somos un gobierno emanado de un movimiento”.
Una maestra que fue defraudada con 270 mil pesos por la venta de una plaza en la SEG, protestó en la sede del Poder Ejecutivo para solicitar el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Jessica Torres Barrera
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
La maestra Nataly de la O Mata y su abogado protestaron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, para denunciar un posible fraude por parte de un trabajador del gobierno estatal y una docente por la venta de una plaza.
Los inconformes portaron una lona con los nombres de las personas que señalan: José Antonio Pérez Andaluz, trabajador del ex Palacio de Gobierno, y la maestra Marcela Rivera Izazaga, quienes pidieron 270 mil pesos a cambio de darle una plaza docente.
Manifestaron que hace dos años dichas personas le ofrecieron una plaza a Nataly de la O, quien desde hace cuatro la había solicitado a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), pero que no se la han otorgado ni tampoco le regresan su dinero, por lo que pidieron la intervención de las autoridades estatales.
El abogado de la afectada, Víctor Hugo Carranza Cadena, indicó que a Nataly le ofrecieron una plaza ya fuera en Tecpan o en Atoyac, porque supuestamente las dos personas señaladas conocían al secretario de Educación en turno: “a mi clienta se le hizo fácil darles todo su patrimonio”.
Su clienta le ha pedido a Pérez Andaluz y a Rivera Izazaga que le regresen su dinero, pero sólo le dicen que “pronto tendrá su plaza, y de un tiempo para acá ya no le responden las llamadas ni los mensajes”, precisó Carranza Cadena.
A pregunta de que la SEG establece que tienen que concursar por una plaza, por qué su clienta la compró, respondió que actuó con “buena fe, ella no es abogada y desconoce de esta situación”.
El abogado y la afectada informaron que acudirán este viernes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a interponer una denuncia penal.
Padres y madres de familia de la secundaria Otilio Montaño, de Copala, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reubicación del profesor Alberto Castellanos Meza, quien fue director del plantel, y sus allegados que no se han presentado a dar clases de manera normal desde el 20 de agosto pasado, cuando comenzó oficialmente el ciclo escolar 2018-2019.
En una llamada a la redacción de El Sur, la madre de familia, María Santos Canseco informó que Castellanos Meza fue sujeto a una auditoría por malos manejos durante su administración, además de que usó su cargo para beneficiar a sus familiares directos, y como resultado del proceso el contralor interno de la SEG, Ramón Apreza Patrón, lo destituyó.
Sin embargo, Castellanos Meza continuó dividiendo a los trabajadores administrativos y maestros; sus allegados no se han presentado a dar clases de manera normal por lo que los padres y madres de familia exigen que se les reubique y sustituya en el plantel de manera que no se afecte a los estudiantes.
Explicó que para evitar la suspensión de clases, los docentes que no tienen tiempo completo están cubriendo a los ausentes, pero “no es justo que los otros (el grupo afín a Castellanos Meza) esté cobrando sin trabajar”.
Dijo que, presuntamente, el grupo que apoya a Castellanos Meza inició un movimiento en la jefatura de servicios ubicada en Cruz Grande para pedir la reinstalación del director, sin tomar en cuenta los acuerdos que ya se firmaron con Apreza Patrón.
Santos Canseco llamó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que intervenga en el conflicto y le pida al titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, que solucione los problemas en la secundaria “para que todo vuelva a la normalidad”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) excluyó por segundo año consecutivo a la primaria bilingüe El Porvenir, ubicada en Xochistlahuaca, del reparto de los paquetes de útiles escolares, supuestamente por falta de presupuesto, denunció vía telefónica el director, Victoriano López Guzmán.
El directivo emplazó a la dependencia a que entregue el material a más tardar la próxima semana, de lo contrario vendrá con sus alumnos y padres de familia a Chilpancingo para exigirlos.
Denunció que, de las 10 escuelas de la zona escolar 12, de la región de la Costa Chica, solamente a la suya, que tiene 170 niños, no le entregaron los paquetes de útiles escolares desde el año pasado, con el argumento de que “no hay presupuesto”.
López Guzmán informó que la semana pasada acudió al órgano ejecutor del Programa de Acciones Compensatorias de la SEG, para que le entregaran los útiles escolares, y que de allí lo mandaron al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), donde pidió hablar con el encargado del órgano, Hugo Ernesto Garduño Meza, pero sólo lo atendió su secretaria, quien argumentó que hubo un recorte presupuestal y que otra vez este año no hay útiles para su escuela.
Informó que ayer, viernes, habló por teléfono otra vez al órgano ejecutor del Programa de Acciones Compensatorias, y le insistieron que no hay presupuesto para los paquetes de útiles para su escuela.
Informó que los paquetes contienen cuadernos de raya, blancos y de cuadrícula, sacapuntas, lápices, marcadores y juegos geométricos para los niños, y que son una herramienta necesaria para el mejor aprendizaje.
El director de la escuela aseguró que no encuentra una explicación de por qué solamente a su escuela no le entregan esos materiales.
Informó que la primaria El Porvenir, que se encuentra en la cabecera municipal de Xochistlahuaca, tiene dos turnos, y que no le entregan el material solamente al turno vespertino, del que él es el director.
