En una gira por la región de Tierra Caliente, el candidato a senador de la coalición Juntos Haremos Historia, Félix Salgado Macedonio, dijo que Guerrero se dio a conocer en el debate presidencial por su violencia, y que fue tema recurrente.
Abordado en su recorrido por esta ciudad, afirmó que es necesario que el estado se dé a conocer por su proyección en el turismo, en el trabajo y en la educación pero no por su violencia.
“Si notan en el debate presidencial cuántas veces hicieron mención del estado de Guerrero, por la masacre de policías, por la situación de Acapulco, por la desaparición de los 43, quién los desapareció, y así hay muchos casos que no pueden distinguir a Guerrero, aquí nos tenemos que distinguir por el éxito y el desarrollo”, puntualizó.
“Me parece que fue un debate equilibrado por parte de los conductores, por parte del INE, fue muy acotado el tiempo pero un buen ejercicio” celebró.
Salgado Macedonio aseguró que el debate lo ganó el candidato presidencial de su coalición, Andrés Manuel López Obrador, por su congruencia y por exponer mejor su proyecto de nación. “Ellos se echaban la bolita acerca de la corrupción, quedó claro que el objetivo era atacar a Andrés Manuel”.
Destacó que continuará hablando en Tierra Caliente de que es necesario revisar el Tratado de Libre Comercio.
“Yo voté en contra del TLC, es el único voto en contra que hubo en 1994, y entró en vigor en 1996, esto empobreció al campo y nos volvió consumistas de los productos de Estados Unidos y Canadá, vamos a revertir, y a revisar ese TLC de modo que el campo mexicano esté en mejores condiciones”.
“Nosotros estamos por invertir más dinero a la educación para combatir la inseguridad, no creemos en combatir la violencia con más violencia, es con educación”.
Salgado recorrió con Víctor Mojica Wences, candidato a diputado federal por el distrito 01, las colonias Linda Vista, Costita y parte del centro, casa por casa. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
El candidato a senador del PRI, Manuel Añorve Baños, señaló que el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, “más que nadie” puede hacer comentarios sobre la violencia y reunirse con grupos delictivos, “y tendrá sus razones para hacerlo”, pero se negó a opinar del pacto que hizo religioso con un capo de la Sierra.
De acuerdo con el prelado, un jefe de un grupo de narcotraficantes se comprometió a no matar candidatos como ha ocurrido en otras regiones. También denunció la compra del voto en la misma zona, y exigió que los partidos cumplan sus promesas de campaña.
En conferencia-desayuno en el hotel Holiday Inn, Añorve insistió en que respeta los punto de vista del obispo, aunque desvió el tema de la violencia a las propuestas de seguridad pública y social de los candidatos de la coalición Todos por México, y los logros del proyectos de gobierno federal, como la conectividad en México y el internet gratis.
La candidata a diputada federal del Distrito 07 con cabecera en Chilpancingo, que abarca Chilpancingo y municipios con territorios en Sierra, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Eduardo Neri, Beatriz Alarcón Adame, respondió que no ha recibido amenazas ni percances en la zona.
“Los únicos mensajes que he recibido es que están contentos, que están felices de que una paisana sea candidata. Me siento segura de representar este Distrito, el miércoles iniciamos campaña en Zumpango, el sábado en Chichihualco, y posiblemente el mismo fin de semana en Tlacotepec. Vamos a trabajar mucho para generar mejores condiciones”, ofreció.
Sobre la campaña, Añorve añadió que irá con su compañera de fórmula Gabriela Bernal a los 81 municipios y que “no se deben realizar mítines, es improductivo”, como para descartar de forma contundente esta actividad en su campaña, después de la difusión de dos notas en El Sur, donde él dejaba abierta la posibilidad. No obstante que, por la tarde, encabezó un marcha y un acto político masivo en Altamirano.
Por separado se le insistió sobre la situación de Pueblo Viejo, la comunidad de Tlacotepec, a la que un grupo delictivo le quitó los servicios, llevó a la interlocución del obispo en la Sierra, y luego al pacto con el jefe del grupo. Aseguró que no tiene elementos para comentarlo, sin embargo, reconoció el rezago de la región, y como candidato propuso llevar apoyos sociales a la gente.
De la legalización de la amapola, dado que la Sierra en la primera productora del país, respondió que coincide con la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, para que se regule con usos medicinales, pero cuando se le preguntó si impulsará la iniciativa en el Senado, precisó que promoverá foros “para convencer a muchos de la necesidad de que esto se pueda concretar para bajar la presión de lo que vivimos en Guerrero”.
Después de la conferencia se trasladaron a otro salón para presenciar la toma de protesta masiva de unas 500 personas y coordinadores estatales de la campaña de José Antonio Meade en Guerrero, a cargo del coordinador general Armando Soto.
Ahí, Añorve declaró en que el PRI en Guerrero va mantener lo ganado (en votos) en el proceso electoral del 2015, cuando recuperaron la gubernatura.
Tierra Caliente
Por la tarde, Añorve Baños y Gabriela Bernal participaron en una marcha con unos 500 militantes en la apertura de campaña de la candidata a diputada federal del Distrito 01, Soraya Eriza Pineda, de la glorieta de los Héroes a la oficina del PRI en Altamirano.
También participaron en el acto, la candidata a presidenta municipal de Tlapehuala, Rubicelia Chamú Márquez; de Tlalchapa Francisco Javier Castillo Molina; de Cutzamala, Timoteo Arce Solís; de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz; de Ajuchitlán, Hugo Vega, y los candidatos a diputados locales Abel Montufar por el distrito 17 y Jade Soria del 18.
Faltaron los candidatos a alcaldes que buscan la reelección: de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, y de Zirándaro, Yolanda Anaya Cruz. En tanto que en Coyuca de Catalán, todavía no definen un candidato, y en San Miguel Totolapan tampoco.
En su mensaje político, Añorve se lanzó de nuevo contra Lopez Obrador: “no permitiremos que los engañen con el populismo”, en clara alusión.
El senador priista Sofío Ramírez Hernández justificó el incremento en el precio de la gasolina y explicó que “se liberaron los precios del mercado como parte de la reforma energética”.
Consultado después del acto de conmemoración del 91 aniversario del natalicio del ex gobernador Alejandro Cervantes Delgado, en la rotonda de los hombres ilustres del panteón central de Chilpancingo, Sofío Ramírez adelantó que junto con el senador Esteban Albarrán Mendoza presentarán un plan de acciones en el Senado para tratar de resarcir las afectaciones generadas por el “gasolinazo”.
El senador Sofío Ramírez insistió en que en la votación de la liberación de la gasolina su voto fue en lo general, y justificó que en lo que el votó a favor no hay algo “que especifique textualmente que estamos aprobando el alza de los energéticos”.
Dijo que como senadores aprobaron leyes en lo general, pero en lo particular están las los reglamentos que son competencia del Poder Ejecutivo.
Y justificó el incremento a la gasolina, pues “tampoco podemos ocultar una realidad. Es una liberación de precios, la globalización nos ha alcanzado y se liberaron los precios del mercado como parte de la reforma energética, era buscar precisamente la manera de cómo se pueden aprovechar los recursos naturales”.
El senador del PRI, antes del PRD, después reconoció que con lo aprobado en el Congreso de la Unión “sólo se le dieron facultades al Poder Ejecutivo para efecto de poder liberar en el mercado libre los precios de los energéticos y con ello proteger la economía del país en términos de los subsidios”.
Dijo que la realidad es que en el mercado hay un precio de la gasolina y era el gobierno federal el que lo subsidiaba.
“Finalmente el gobierno administra recursos públicos y lo único que hace es que con recursos del pueblo el gobierno sigue subsidiando”, señaló.
Pero dijo que en febrero, con el senador priista Esteban Albarrán Mendoza, presentarán una propuesta para que se afecte lo menos posible el precio de la canasta básica en los estados del sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
La propuesta pretende que los costos que se incrementaron a partir del gasolinazo vuelvan a los que tenían en 2016, explicó.
Sofío Ramírez dijo que los gobiernos tendrán que establecer acuerdos de coordinación y cooperación para que no se incrementen los precios para contener el incremento de los precios, como los del transporte público y la tortilla.
Entre las propuestas dijo que los gobiernos federal, estatal y municipal pueden negociar con los transportistas para que mantengan el precio del pasaje y para compensar su pérdida se les entregarían flotillas de vehículos de transporte público.
Y replicó los argumentos del Ejecutivo federal, en el sentido de que se tuvo que liberar el precio de la gasolina para que no “colapsaran las finanzas públicas y que los subsidios se coman a los programas sociales”.
El acto fue organizado por la Secretaría General de Gobierno, a través de la dirección general de actividades cívicas en coordinación con el ayuntamiento capitalino, y estuvieron el secretario de Cultura del gobierno del estado, Mauricio Leyva Castrejón, el diputado priista Eusebio González Rodríguez y el magistrado Raúl Calvo Sánchez.
A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.
El senador del PRD, Armando Ríos Piter, propuso ayer un punto de acuerdo para que el Senado exhorte al gobernador Héctor Astudillo Flores a que convoque a todas las fuerzas políticas y sociales de la entidad “a un diálogo público y abierto” para realizar un diagnóstico de la situación que enfrenta Guerrero en materia de seguridad y crear un frente común que ayude a resolver el problema de violencia.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ríos Piter manifestó que los mil 940 homicidios dolosos ocurridos en la entidad en los últimos diez meses colocan a Guerrero en una situación de “crisis humanitaria”, y dijo que no se trata de un tema partidista, por lo que consideró necesario construir o explicar la estrategia que se tiene que seguir en la entidad para los próximos años.
Su propuesta plantea también que el Senado exhorte al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a los titulares del gabinete de seguridad federal a que presenten un informe detallado de los resultados de las estrategias en la materia que se están implementando en Guerrero.
Criticó que Osorio Chong en lugar de atender el problema de violencia que priva en el país, principalmente en Guerrero, “está metido en actos que se presumen o que se ven claramente de precampaña”.
Ríos Piter fijó su postura respecto a la situación de violencia que enfrenta Guerrero, a menos de una semana de que intercambiara señalamientos vía Twitter con el gobernador Héctor Astudillo.
El sábado pasado el senador preguntó en la red social si el PRI recuperó Guerrero con mil 797 homicidios dolosos que se tienen registrados en lo que va de la actual administración estatal. Ese mismo día, Astudillo Flores le respondió: “violencia que generaron amigos tuyos, como Abarca. Ya se te olvidó. Cobarde”.
Ayer Ríos Piter informó que en lo que va del gobierno de Astudillo Flores han ocurrido mil 940 muertes dolosas, pero dijo que si se consideran las cifras desde que comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra se incrementa, según el Diario Z, a 7 mil 800 personas ejecutadas en Guerrero.
“Esto sin duda alguna es una situación de grave crisis humanitaria que por la violencia hoy tiene colocado a Guerrero como el estado más violento del país. Y precisamente por estos números, que son terribles desde donde se les quiera ver, nos parece que es indispensable que el gobierno federal, las áreas encargadas de la seguridad pública, tomen cartas en el asunto”.
Informó que ante ese panorama presentó ayer una propuesta al Senado para que se exhorte al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y a los titulares del gabinete de seguridad federal a que presenten un informe detallado de los resultados de las acciones que se han implementado en Guerrero desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Con gran preocupación nos encontramos con que el encargado de seguridad en el país en lugar de estar revisando estas cifras que son terribles para el caso de Guerrero, pues hoy es sujeto de fuertes críticas en el Instituto Nacional Electoral, porque en lugar de estar metido verificando y trabajando sobre los temas de seguridad, está metido en actos que se presumen o que se ven claramente de precampaña”.
Indicó que el exhorto no es solamente para que el funcionario federal informe los resultados en las estrategias, sino también un llamado a que haga su trabajo, porque consideró “que no se vale” que ocupe las redes sociales para hacerse publicidad y se distraiga de su encargo.
Explicó que su propuesta considera también que el Senado exhorte al gobernador Héctor Astudillo a que convoque a todas las fuerzas políticas y sociales de Guerrero para que “en un diálogo abierto y público” se haga un diagnóstico claro de cuáles son las condiciones que enfrenta el estado en materia de seguridad.
Explicó que el objetivo es conocer “cuáles son los esfuerzos que se tienen que hacer por parte de todas y de todos los actores políticos, sociales, económicos, para garantizar que juntos podamos hacer un frente común frente a esta condición de violencia que impera en la entidad”.
El senador perredista indicó que para ello es necesaria la suma de actores de todas las fuerzas políticas, “de todos los colores y todas las visiones”, para no solamente tener un diagnóstico sino que se construya o se explique la estrategia que se debe seguir para los próximos años.
“Las cifras son terribles si se les ve a lo largo de los últimos cuatro años, no es un tema que tenga que ver con condiciones o con conflictos de carácter partidista, es un tema que hoy requiere de la colaboración de todos y en ese sentido el punto de acuerdo que estamos planteando”, explicó.
Su propuesta plantea también que el Senado exhorte a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR) a que, a dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, rindan un informe por escrito sobre el status de las investigaciones, así como el grado de avance que se tiene respecto a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la ronda de preguntas, Ríos Piter consideró que atender Guerrero desde la federación debe ser un tema prioritario y reiteró su crítica a que Osorio Chong “esté distraído” en actos de campaña política a pesar de la situación de violencia que existe en el país: y pidió al funcionario federal que en caso de tener interés en participar en el próximo proceso electoral, mejor renuncie al cargo.
En el caso de Guerrero indicó que no se trata de buscar a un culpable de la situación que enfrenta el estado ni “quedarnos en discusiones estériles”, pues dijo que los ciudadanos no quieren ver un enfrentamiento de esa naturaleza que, consideró, termina siendo ridícula y absurda.
Finalmente, aclaró que el problema de violencia que enfrenta la entidad no es exclusiva del gobierno de Héctor Astudillo, “lo quiero subrayar con toda claridad, para no caer en el planteamiento o la imagen de que esta es una grilla frente a una administración estatal”.
El senador priista René Juárez Cisneros dijo que si bien la Policía Estatal Única no es la solución para resolver el problema de la violencia e inseguridad en Guerrero, sí es parte de la solución, y que espera que con el consenso de todas las fracciones parlamentarias se apruebe en el Senado.
El senador priista salió ayer de la Sala de la República junto con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Consultado por los reporteros, hizo un balance de los cien días del gobierno de Astudillo Flores.
“Yo avalo desde el primero hasta el último renglón que expuso Héctor en su informe”, pues fue un recuento “objetivo, prudente, realista y autocrítico”, dijo.
Añadió que “yo creo que vamos por buen camino; hay conducción en el estado y hay gobernabilidad”, dijo.
Agregó que “nomás recuerden cómo estaba hace cien días Guerrero, y véanlo hoy, con problemas, pero ya enrrutado en la vía institucional, que eso es muy importante para poder desarrollar políticas públicas y responder a los problemas de los guerrerenses”.
–Sin embargo no ha podido resolver el problema de la violencia y la inseguridad –consultó el reportero.
–Nadie dijo que el problema de la violencia se resolvería en 100 días, pero va avanzando.
–¿Cómo van los consensos en el Senado para aprobar la Policía Estatal Única?, a ese proyecto le apuesta el gobernador.
–Está a discusión, vamos a esperar, a escuchar todos los puntos de vista y luego construir un consenso, pero estoy seguro que habrá un acuerdo en el Senado de la República de todas las expresiones políticas.
–¿En Guerrero es la solución al problema de la violencia y la inseguridad?
–Es parte de la solución, es un factor de la solución. No es la solución a todo el problema, pero sí es parte de.
–Se vislumbra que no pase sin el voto de los diputados del PAN.
–Yo tengo confianza en que habrá consenso en el Senado.
