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Comparecen ante un juez de Tlapa comunitarios de la Casa de Espino Blanco acusados de privación de la libertad

 

Policías comunitarios de Tototepec, Tlapa, y de la Casa de Justicia de Espino Blanco, con sede en Malinaltepec, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) comparecieron ante el Juzgado Primero de Tlapa ante una demanda de privación ilegal de la libertad, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
En consulta telefónica, informó que el agente del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas, sometido a reeducación en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia a principios de agosto, se amparó y presentó una demanda por secuestro, pero el juez del fuero común reclasificó el delito y liberó órdenes de aprehensión a 18 comunitarios.
En el proceso penal, dijo Rosales Sierra, los policías comunitarios también se ampararon para decir ante la justicia federal que tienen facultades de seguridad y justicia respaldada por distintas leyes y tratados. Asimismo, este martes y miércoles ofrecieron pruebas documentales ante el juzgado penal en Tlapa para confirmar que la Policía Comunitaria es legal y está facultada para hacer tareas de seguridad y justicia, por lo que no pueden ser acusados de privación ilegal de la libertad.
En consulta telefónica, confió que el lunes, cuando se vence el plazo para definir la situación legal de los implicados, el juez dicte el auto de libertad.
El abogado de Tlachinollan explicó que la Casa de Justicia de Espino Blanco ha tenido un periodo inestable, en dos meses ha retirado a cuatro coordinadores, y en este contexto la comunidad de Tototepec, con una historia larga de división intracomunitaria, llevó a juicio a Fidel Villegas.
Del conflicto en la comunidad, añadió que hay dos grupos contrarios, uno en el que participa Villegas y otro que es parte de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Debido a que los hijos del funcionario comenzaron a cometer agravios contra vecinos con la venia de su papá, los comunitarios retuvieron a Villegas y lo trasladaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Rosales Sierra destacó que con dos amparos en proceso, el juez se enfrenta a una controversia y debe definir la legalidad de la institución comunitaria este lunes, cuando termina el plazo para definir su situación legal.
Recordó que los juzgados y ministerios públicos locales han evadido analizar los caso de la CRAC que llegan al sistema judicial, aunque existe el precedente de sentencias federales que reconocen a la institución de los pueblos como parte del cuerpo de seguridad pública del Estado, que se establece en la Ley 701.
Por ejemplo, señaló que en la apelación a favor de los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrero, entre otros acusados y presos por delitos del fuero común, un Juez de Distrito determinó que no podrían ser acusados de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, porque sus acciones se enmarcan en sus funciones como policías comunitarios.
Indicó que el juez, dijo que actos de la CRAC deben ser asemejados a actos de autoridad, porque están reconocidos. Incluso, dijo que hay sentencias por la portación de armas de fuego, donde establece que pueden usar armas que no sean del uso exclusivo del Ejército. Añadió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, tramitó un permiso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el uso de armas de bajo calibre.
No obstante, todos los jueces locales y el Ministerio Público han sido renuentes, “sí han sido cerrados para aceptar un criterio más garantista, analítico donde digan si la Policía Comunitaria es legal o no”, explicó.

Suspende actividades la Policía Comunitaria en Tototepec, Tlapa, por conflictos entre grupos

 

La asamblea micro regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) acordó suspender las acciones de la Policía Comunitaria en el poblado de Tototepec, municipio de Tlapa, hasta que se designe a un comisario porque hay dos en funciones.
Hay dos versiones, la primera es que fueron suspendidos de manera temporal y la otra que es una decisión definitiva, ya que desde el año pasado hay dos comisarios municipales en el poblado, uno vinculado al PRI y el otro al PT-PRD.
Los dos grupos tienen conflictos desde hace décadas por el servicio del transporte público, seguridad, tierras y el registro civil.
El comisario municipal afín al PRI, Laurencio Gálvez Alarcón y el comisario suplente, Hermelindo Rivera Celso informaron por medio de un comunicado que el pueblo de Tototepec acordó “la suspensión definitiva, actuación, ejercicio y desarme inmediato de la Policía Comunitaria de la comunidad de Tototepec, como consecuencia de las violaciones graves a los derechos humanos y arbitrariedades con los que ha actuado esta corporación en esta comunidad”.
Dice que la decisión se tomó después de ocho horas de discusión, análisis y diálogo de los coordinadores de las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán, comisarios, consejeros y presidentes de comisariados que integran la CRAC-PC Montaña-Costa Chica.
Según la información del comunicado, la reunión fue en una Casa de Justicia en la colonia Santo Domingo, anexo de la comunidad de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, este domingo.
El comunicado agrega que se hace con la intención de informar a los vecinos de Tototepec, instituciones de gobierno y asociaciones no gubernamentales para que no sean sorprendidos.
En la reunión estaban los dos grupos más representativos de la comunidad, uno encabezado por el juez de Paz del Poder Judicial, Fernando Montalvo Basurto, quien hasta hace unas semanas era el presidente del comisariado de Bienes Comunales y José Agustín Montalvo, y en el otro grupo estaba el comisario municipal afín al PRI, Laurencio Gálvez Alarcón y su gabinete.
Por su parte el integrante de la Policía Comunitaria de Tototepec, Honorio Bonilla Morales informó que la reunión era para analizar el caso de Fidel Villegas, pero no llegó.
La Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Espino Blanco retuvo el 4 de agosto al encargado del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas Ruiz, acusado de despojo, lesiones y robo en la comunidad.
Bonilla Morales aceptó que se suspenden temporalmente las funciones de la organización de seguridad, pero hasta que se designe al nuevo comisario, en la segunda quincena de enero de 2016.
Dijo que la decisión es para evitar un mayor conflicto entre grupos contrarios en la comunidad, “y que éstos reflexionen sobre sus acciones, porque son los que atentan contra la paz, hay más de 15 órdenes de aprehensión contra la PC y otros ciudadanos por acusaciones sin fundamento y la última acción de los Villegas fue que rompieron la puerta de la cárcel para liberar a otros”, dijo.
Mencionó que el caso de la familia Villegas y sus seguidores agudizan las diferencias en la comunidad.
Este caso lo llevan los ex coordinadores de la CRAC de Espino Blanco, de donde se liberaron las órdenes de detención para su reeducación, pero los nuevos coordinadores, César del que desconoce su apellido, y Jesús Cesáreo no conocen el asunto y actuaron para favorecerlo, “pero no tenemos problemas en parar un rato para que los compañeros se ocupen de sus trabajos, ya que brindan servicios sin algún pago”.
Agregó que informarán al pueblo de Tototepec de la decisión y están seguros que cuando se elija al nuevo comisario estarán en funciones.
El pueblo de Tototepec tenía cerca de cuatro años que ingreso al sistema de la CRAC-PC, pero en su anexo San Miguelito tiene 18 años y continúa trabajando en el Sistema de Justicia Comunitario.

Llaman padres de los 43 en Tlapa a formar un solo frente para exigir su presentación con vida

 

Una comisión de padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de 14 meses en Iguala, llamaron a los ciudadanos a que los apoyen, y a las organizaciones sociales a que hagan un solo frente para exigir la presentación con vida de sus hijos y que se haga justicia para todos.
Los padres, encabezados por Melitón Ortega, estuvieron en la delegación municipal de la colonia El Tepeyac, donde fue asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral, el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) Antonio Vivar Díaz.
Melitón Ortega llamó a la unidad a las organizaciones sociales para que se detengan las reformas estructurales, se respete el territorio de los pueblos y se avance en la construcción de los concejos municipales.
También invitó a una marcha el próximo 12 de diciembre en Chilpancingo, a cuatro años de los asesinatos de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Destacó que, como familiares de los 43 estudiantes, se mantienen unidos pese a que el Estado los ha intentado dividir, confrontar, comprar y confundir al pueblo para destruir el movimiento que lo único que persigue es encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables, “queremos saber qué pasó ese día, esa es la razón de estar juntos y trabajar juntos, aunque nos hayan querido comprar con dinero, la vida de nuestros hijos no está en venta, somos pobres y no recibimos ningún dinero como quieren hacer creer a la gente”
Detalló que están en una segunda etapa de revisión del expediente del caso Ayotzinapa con la subprocuraduría de Derechos Humanos, que se reunirán cada 15 días para evaluar los avances con la procuradora y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el miércoles tienen una reunión en Acapulco con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Dijo que no le creen al gobierno ni a sus instituciones porque, aseguró, sus hijos ya no existían para ellos, y que aceptarán el dolor sólo porque así lo dijeron tres personas, pese a las deficiencias de la investigación que “son mentiras”.
Lamentó que por la exigencia de no permitir las elecciones el 7 de junio hayan asesinado a Antonio Vivar Díaz, quien se había sumado a la exigencia de la presentación con vida de los normalistas: “el gobierno utiliza las fuerzas represivas para callarnos, nos mandan retenes, nos cercan para que nos quedemos encerrados y no salgamos a exigir justicia”, lamentó.
Pidió a los asistentes que no crean en lo que se publica en medios de comunicación, sobre todo Televisa y Milenio, que califican a los jóvenes de provocadores y delincuentes.
El padre del normalista desaparecido José Cantor dijo que viven con dolor y tratan se seguir, “con esta cosa de malas que nos tocó, por eso no dejamos de buscarlos y pensamos que quienes se los llevaron no tienen corazón”.
Denunció que el gobierno los sigue lastimando al no permitir su libre paso y hostigarlos con retenes, tratándolos como delincuentes.
Una de la madres se quejó de que algunas personas los tachen de flojos y les dicen que se vayan a su casa, que dejen de marchar porque sus hijos ya se murieron, y que mejor se vayan a cuidar a los vivos: “creen que nosotros no queremos eso, estar juntos y unidos como antes, pero no podemos porque los desaparecieron a fuerza”, y responsabilizó al gobierno y a los militares que lo permitieron.
“Seguimos aquí porque no queremos que sigan desapareciendo más personas, y el gobierno luego diga que no sabe nada”, refutó.
Dijeron que recorrieron Olinalá, Tototepec y Acatepec, donde se reunieron con más de 20 representantes de comunidades que pertenecen al Consejo de Damnificados de la Montaña, y que este lunes buscarían un espacio en la XEZV La Voz de la Montaña para difundir el objetivo de su visita.

Afecta el bloqueo de Tototepec a vecinos y emigrantes, pero se aguantan porque lo decidió la autoridad, dicen

 

Habitantes de Tototepec, del municipio de Tlapa, mostraron su inconformidad por el cierre
de los accesos a su comunidad, pero se aguantan porque así lo dispusieron las
autoridades del pueblo, comentaron.
Fueron entrevistados en el sitio del servicio de transporte público que cubre la ruta de
Tlapa-Tototepec que se encuentra en el río Jale, mientras esperaban el único vehículo que
está brindando el servicio a la comunidad, que tenía una demora de más de una hora.
Ahí se les preguntó su opinión sobre el conflicto de vecinos de Tototepec contra los
transportistas y respondieron que están inconformes por el rumbo que tomó el conflicto
que se originó por el alza al pasaje y ahora “están luchando por concesiones para el
pueblo”.
Las personas prefirieron no identificarse. Una dijo que aunque no le guste “me tengo que
aguantar. Que podemos ser 10 o 15 personas que no estamos de acuerdo contra las
autoridades del pueblo” y agregó que por tanto cooperan con el movimiento llevándoles
agua o comida.
Aunque criticó que esa medida lesiona a los habitantes porque no pueden surtir el gas o
los productos que venden en sus tiendas al negarles el paso a los vendedores.
Además acusó que tampoco pueden comprarlas y llevarlas porque se las quitan el en
crucero de la colonia San Miguelito, donde permanece el bloqueo desde hace un mes y
que es el acceso principal al pueblo ya que conecta con la carretera federal
Tlapa-Marquelia, además de que está pavimentada.
Otroi vecino lamentó que tampoco pudieran contratar un viaje especial hasta la comunidad
porque no los dejarían pasar a pesar de que ellos son de ahí y preferían no buscar
problemas ya que los del bloqueo se portaban de manera muy grosera con la gente.
Claudio Carrasco, Nicolás Maldonado y Conrado González son algunos de los vecinos que
se encuentran al frente del bloqueo de los accesos a Tototepec para presionar a las
autoridades estatales para que les den 45 concesiones para taxis, de pipas de agua y
carga de materiales, entre otros.
Otros habitantes que migraron a Sinaloa denunciaron que los que están bloqueando el
crucero de la colonia San Miguelito no les permitían salir de Tototepec y les dijeron que
debían quedarse ahí para seguir luchando.
Comentaron que ellos respondieron que la necesidad de trabajo los obligaba a salir por
eso se iban a Sinaloa y ante eso, sus paisanos que están bloqueando, se subieron a la
camioneta y empezaron a tirar sus costales que llevaban sus ropas y totopos para el
camino al suelo y los amenazaron de que si querían irse que lo hicieran, pero ahí se
quedaban sus cosas.
Se entrevistó a otros habitantes de la comunidad que llegaron desde ayer a la Unidad de
Servicios Integrales (USI) del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para migrar a
Sinaloa y expresaron que no están de acuerdo con el problema que está dividiendo a su
pueblo.
Uno de ellos dijo que sólo está por uno o dos meses en Tototepec porque la mayor parte
del tiempo se la pasa fuera y lo que menos quiere son problemas cuando visitan a su
familia.
Dijo que conocía poco del problema, pero que éste inició porque los permisionarios del
servicio de ruta le habían subido al pasaje de 13 a 18 pesos y que se negaban a bajarlo lo
que disgustó a sus paisanos.
Se le dijo que la tarifa del pasaje se había bajado a 13 pesos desde hace tres meses ante
lo cual mostró sorpresa y respondió “no sé entonces”.
Lamentó que exista la división sobre todo porque no permiten la entrada al pueblo y ellos
bajan a Tlapa a comprar y del crucero de San Miguelito tienen que caminar a la población
que se encuentra un kilómetros adelante.
Los accesos a la comunidad se mantienen cerrados por la gente del pueblo, entre ellos: la
carretera a Zacualpan, Jilotepec y el entronque que conecta a la carretera Tlapa-Marquelia.
El recuento
La inconformidad se originó el año pasado, el 24 de septiembre, cuando el delegado
regional de Transporte, Exmaragdo Jiménez Navarrete, acudió a verificar el kilometraje de
esta cabecera municipal al poblado, pero al llegar retuvieron hasta acordar que la tarifa
sería de 13 pesos y no de 18, además de permitir la circulación de tres vehículos
particulares para que brindaran el servicio de ruta por 10 días, con lo cual se solucionó la
inconformidad.
Para continuar circulando de manera provisional realizaron un bloqueo en Tlapa, donde
alargaron el plazo y antes de que concluyera se fueron a un plantón a Chilpancingo para
negociar las concesiones, donde nuevamente se les amplió el tiempo de circulación, pero
ahora con la aplicación de un estudio socioeconómico.
Finalmente hace un mes la dirección de Transporte y Vialidad suspendió los tres permisos
provisionales que otorgó a particulares de la comunidad de Tototepec para brindar el
servicio de ruta, luego del resultado del estudio socioeconómico.
En un oficio girado a Conrado González Díaz, Ruperto Cantú Romano y a las autoridades
de la comunidad de Tototepec, el delegado regional de Transporte y Vialidad, Exmaragdo
Jiménez Navarrete les notifica que deben detener de manera inmediata el servicio.
Lo anterior como resultado del estudio socioeconómico que demostró que la comunidad
no ameritaba el incremento de concesiones, sin embargo se decidió otorgarle un permiso
de servicio de ruta a nombre de la Comisaría.
Por lo que los urgían a detener inmediatamente el servicio realizado por vehículos
particulares, además de presentarse a la brevedad con el director de la comisión de
Transporte en el estado, Ignacio Sevilla Díaz para mayor información.
Ante eso iniciaron el bloqueo de los accesos de la comunidad para impedir que los
concesionarios que ya tienen permisos continuaran trabajando.