Abogados litigantes afiliados a la organización civil Gremio Jurídico de Zihuatanejo, se manifestaron este martes frente al Palacio de Justicia para hacer un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, a solucionar el paro laboral que desde hace una semana mantienen trabajadores de base y supernumerarios afiliados al SUSPEG.
Este martes, una docena de abogados, llegaron al medio día al Palacio de Justicia de Zihuatanejo en donde colocaron una lona en la que se leía textualmente: “exigimos al Tribunal Superior de Justicia del estado, funcionarios y sindicato, en respeto a los derechos humanos laborales y al derecho humano de tutelaje efectiva de los ciudadanos, dar solución al conflicto que tienen en paro laboral al poder judicial del estado y reanudar labores ya”.
Uno de los manifestantes, Óscar Nieto Castro, declaró que acudieron a los juzgados con la intención de hacer saber a la opinión pública que por el conflicto laboral en el TSJ “no hay solamente dos partes, es decir, no es solamente el tema de los trabajadores del gobierno del estado en el Poder Judicial y el estado, sino aquí al menos cuatro partes y las otras dos partes son los abogados postulantes que dependen de su trabajo, que hacen del litigio su ingreso y por el otro lado, también la sociedad civil, que es el ciudadano de a pie y que hoy día no entiende por qué sus asuntos no avanzan”.
“Hay ciudadanos en juicios, en expedientes que llevan un mes esperando una audiencia y la fecha de audiencia se cumple en estos días que hay un paro de labores y entonces eso obliga a que se reagenden las audiencias y ya tenemos conocimiento de que hay nuevas fechas hasta febrero, entonces imagínense, en algunos casos, la libertad de una persona depende de esa actividad judicial”, dijo.
Exhortó al sindicato y al gobierno “a resolver este conflicto y solucionarlo para todos, para los abogados que se dedican a litigar y que mantienen a una familia de ahí y para la sociedad que es por medio de sus impuestos y sus honorarios mantiene todo esto”.
Por su parte, la abogada Gaudene Barrera Valdovinos, invitó también a las partes en conflicto “a que agilicen la respuesta o la solución” porque hay casos que están parados “no olvidemos de que aquí los juzgados de Primera Instancia no solamente son en materia civil y mercantil, sino también familiar que involucra las cuestiones de los alimentos, guarda y custodia, que esos asuntos por ser de orden público son inaplazables, son urgentes de atender y llevamos ya dos semanas con este paro de labores que sí perjudica gravemente a la sociedad”, agregó.
Durante la protesta, la señora Jazmín Barrera García, vecina de la colonia Buenos Aires, en Zihuatanejo denunció que el movimiento de los trabajadores perjudica el juicio de su hijo que tiene una discapacidad intelectual, luego de que hace dos años demandó al padre del menor una pensión alimenticia.
“Por eso le pido al presidente de los tribunales, el señor Raymundo Casarrubias que ya le ponga solución a este paro porque tenemos bastante tiempo que no se resuelve nuestro juicio y con esto (el paro) se va a tardar un poco más”, indicó.
Defensores públicos que salarialmente dependen del Ejecutivo del estado, pero laboralmente del Poder Judicial, instalaron un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo para demandar una au-diencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Defensores públicos que salarialmente dependen del Poder Ejecutivo estatal, pero laboralmente del Poder Judicial, realizaron ayer un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado para pedir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y solicitarle que se defina su situación laboral.
En la protesta fueron respaldados por el abogado Rubén Cayetano García, quien dijo que la situación de los 96 defensores está en el “limbo” y en una situación de ilegalidad que debe resolverse.
La defensora pública Alma Díaz, leyó un documento en el que denunció que han enviado varios oficios a la gobernadora para que los reciba pero que no han tenido respuesta.
“La Defensoría Pública de Guerrero vive hoy una grave crisis de ilegalidad que pone en riesgo el trabajo de decenas de abogadas y abogados que brindamos nuestros servicios a personas de escasos recursos económicos en procedimientos de investigación y procesos jurisdiccionales”, dijo.
Denunciaron que el Legislativo y el Ejecutivo violan las reformas a la Constitución Local del 2014, en la que establece que la Dirección de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado y su personal adscrito deberán ser transferidos al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Guerrero, adscrito al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, “respetando los derechos laborales de los defensores y haciendo los ajustes presupuestales necesarios para ese fin”, pero reprocharon que esto aún no se ha cumplido.
Recordaron que el 22 de marzo de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores firmó un convenio con el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Robespierre Robles Hurtado para la transferencia de la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno al Consejo de la Judicatura del TSJ, lo que tampoco se ha cumplido.
Los defensores públicos salarialmente siguen dependiendo del Poder Ejecutivo pero reciben órdenes del Poder Judicial.
Denunciaron que en el convenio se establece la indemnización de los defensores, “lo que es inaplicable porque la reforma (del 2014) dice que seremos transferidos no indemnizados”.
Criticaron que los tres poderes del estado “han consentido” las irregularidades porque mientras el Judicial a través de la Judicatura ejerce jerarquía sobre los defensores, quien maneja los recursos del presupuesto de la Defensoría Pública es el gobierno del Estado, mientras el Legislativo “se hace de la vista gorda en cada aprobación del ejercicio presupuestal dando ese dinero al Ejecutivo”.
Los defensores proponen para solucionar el problema que el Ejecutivo y el Judicial, deroguen, revoquen o rescindan el Convenio de Transferencia firmado en la anterior administración “porque es caduco, ilegal e inejecutable”, y piden que se inicie una nueva etapa de cumplimiento a los artículos transitorios de la Constitución del estado, “frenando la ilegalidad en que se encuentra el Instituto de la Defensoría Pública y la sistemática violación de los derechos humanos laborales de los defensores públicos”.
Además, piden que no se transfiera a los defensores públicos al Consejo de la Judicatura ni se despida o degrade su situación laboral.
Informaron que por el litigio existe el amparo 635/2022, mismo que está por resolverse, y proponen que en cuanto se resuelva se instale una mesa de diálogo “respetuoso para retomar la institucionalidad del Instituto, designando como defensor general a un defensor público auténtico que no obedezca a las consignas de la Judicatura del Poder Judicial que ha implementado práctica de persecución y amedrentamiento en contra de los quejosos en el amparo, por no obedecer sus órdenes, imposiciones y arbitrariedades, a las que nosotros como defensores públicos refutamos por la vía legal, no por desacato o rebeldía, sino porque la relación laboral se mantiene con la Secretaría General de Gobierno que es la que nos paga salarios y demás prestaciones”.
El abogado Cayetano García, dijo durante el mitin que el problema radica en que el gobierno del estado, a pesar de que firmó el convenio en la anterior administración para transferencia de la Defensoría Pública al Consejo de la Judicatura del TSJ, no le transfirió el presupuesto.
Añadió que, en tanto, el TSJ quiere la trasferencia de los recursos pero no los 96 defensores para que las plazas se las distribuyan “entre las familias que controlan el Poder Judicial”.
Añadió que el gobierno del estado está presionando a los defensores públicos y quiere finiquitar la relación laboral para evitar que sigan generando antigüedad.
La manta que colocaron trabajadores del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Poder Judicial Federal en el centro de Chilpancingo, como parte de la protesta nacional contra el proyecto legislativo que busca extinguir 13 de 14 fideicomisos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) agremiados a la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) bloquearon los dos sentidos del bulevar del río Huacapa, frente a Ciudad Judicial, en demanda del pago al incremento salarial y del retroactivo; por la noche se instalaron en plantón ante la falta de acuerdos con autoridades.
La mañana de este lunes los sindicalizados pararon labores y tomaron la vialidad. Asimismo, un grupo de policías estatales con equipo antimotines llegó y se colocó en la entrada de Ciudad Judicial para evitar que los manifestantes lo tomarán.
Los sindicalizados pidieron los pagos del aumento del 14 por ciento al salario y de bonos por años de servicio para unos 500 trabajadores de base y mil extraordinarios.
La secretaria general de la sección 62, Margarita Sánchez Azabay denunció que la Secretaría de Finanzas y Admnistración estatal no les ha depositado el incremento salarial ni el retroactivo.
Dijo que tampoco tienen la certeza del pago de los bonos por el Día de la Madre, el Día del Padre, del Servidor Público y el decembrino ni el incremento que se dio al estímulo por año de servicio.
Sánchez Azabay sostuvo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ya aprobó la ampliación del presupuesto y está autorizado, el cual se tenía que pagar en agosto, “pero está ahí atorado en Finanzas”.
Los trabajadores solicitaron la intervención de la gobernadora, porque manifestaron que el presupuesto ya está autorizado.
A las 5 de la tarde los sindicalizados se retiraron del sentido sur-norte, pero se mantuvieron en el otro carril. A las 9 de la noche, por teléfono, se trató de consultar a Sánchez Azabay para saber si tuvieron alguna respuesta, pero no respondió.
Los manifestantes colocaron toldos para instalarse en plantón y realizaron guardias. Indicaron que no hubo acuerdos. (María Avilez Rodríguez/Chilpancingo)
Trabajadores colocaron mantas en las oficinas del Primer Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo como parte de una protesta nacional contra el proyecto de Morena en la Cámara de Diputados de extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal, y agremiados a la sección 62 del SUSPEG del Tribunal Superior de Justicia bloquearon el bulevar del Huacapa frente a Ciudad Judicial, en demanda de aumento salarial y pago del retroactivo y ya en la noche se instalaron en plantón ante la falta de acuerdos con autoridades Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Paran sindicalizados de Ciudad Judicial en Chilpancingo; exigen el pago de prestaciones
Cierran en la mañana el bulevar del río Huacapa y por la noche se plantan afuera del edificio ante la falta de acuerdos con autoridades
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) agremiados a la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) bloquearon los dos sentidos del bulevar del río Huacapa, frente a Ciudad Judicial, en demanda del pago al incremento salarial y del retroactivo; por la noche se instalaron en plantón ante la falta de acuerdos con autoridades.
La mañana de este lunes los sindicalizados pararon labores y tomaron la vialidad. Asimismo, un grupo de policías estatales con equipo antimotines llegó y se colocó en la entrada de Ciudad Judicial para evitar que los manifestantes lo tomarán.
Los sindicalizados pidieron los pagos del aumento del 14 por ciento al salario y de bonos por años de servicio para unos 500 trabajadores de base y mil extraordinarios.
La secretaria general de la sección 62, Margarita Sánchez Azabay denunció que la Secretaría de Finanzas y Admnistración estatal no les ha depositado el incremento salarial ni el retroactivo.
Dijo que tampoco tienen la certeza del pago de los bonos por el Día de la Madre, el Día del Padre, del Servidor Público y el decembrino ni el incremento que se dio al estímulo por año de servicio.
Sánchez Azabay sostuvo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ya aprobó la ampliación del presupuesto y está autorizado, el cual se tenía que pagar en agosto, “pero está ahí atorado en Finanzas”.
Los trabajadores solicitaron la intervención de la gobernadora, porque manifestaron que el presupuesto ya está autorizado.
A las 5 de la tarde los sindicalizados se retiraron del sentido sur-norte, pero se mantuvieron en el otro carril. A las 9 de la noche, por teléfono, se trató de consultar a Sánchez Azabay para saber si tuvieron alguna respuesta, pero no respondió.
Los manifestantes colocaron toldos para instalarse en plantón y realizaron guardias. Indicaron que no hubo acuerdos. (María Avilez Rodríguez/Chilpancingo)
Trabajadores del PJF protestarán
hoy contra la
desaparición de fideicomisos
Este lunes se colocaron mantas en las oficinas del Primer Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo, ubicado en la calle 5 de Mayo en el centro de Chilpancingo, como adelanto a las protestas de los trabajadores ante el proyecto de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados de extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF).
“Todos somos PJF unidad nacional”, “Sección 52. Chilpancingo. El PJF garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos”, se lee en las mantas colgadas en la pared del edificio.
Los Sindicatos Unidos del Poder Judicial de la Federación convocaron hoy a una manfestación “pacífica” a partir de las 8 de la mañana en todas las sedes para continuar el apoyo y solidaridad “a toda la clase trabajadora que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que se le dará seguimiento y acompañamiento en todo momento en sus expresiones de defensa firme y digna”.
En el texto se invita a los trabajadores a “no caer en provocaciones y evitar discusiones de odio y quema de figuras públicas”, en alusión a la quema de una figura del presidente Andrés Manuel López Obrador en la protesta de ayer en la Ciudad de México.
El proyecto de ley de Morena para eliminar 13 de 14 fideicomisos del PJF por un monto de 15 mil millones de pesos es parte de la campaña de López Obrador contra ese poder, al que señala que está “podrido” y está “al servicio de una minoría rapaz”, mientras que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, señala que se verían afectados derechos de los trabajadores, lo que secundan los sindicatos. (Redacción).
Trabajadores del PJF protestan
contra la extinción de fideicomisos
Suspenden labores en juzgados y tribunales, además de cerrar vialidades en la Cdmx y varios estados. Se manifiestan en las inmediaciones de la Cámara de Diputados donde se procesa la iniciativa que pretende recortar 15 mil millones al Poder Judicial
Agencia Reforma
Ciudad de México
Las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), por la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos, se extendieron este lunes a varias entidades del país.
Además de la suspensión de labores en la mayoría de los órganos jurisdiccionales en la Ciudad de México, donde fueron cerradas cuatro de las principales vialidades, las manifestaciones de inconformidad se registraron en Chiapas, Jalisco, Puebla, Morelos, Veracruz, Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
En la capital del País, al menos 56 juzgados de distrito y tribunales de circuito suspendieron hoy de manera oficial todas sus labores, por el paro de los trabajadores, quienes cerraron el tránsito en las avenidas Insurgentes, Revolución, Calzada Ignacio Zaragoza y Periférico Sur.
Los trabajadores del Palacio de Justicia de San Lázaro iniciaron la protesta desde temprana hora en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, cerraron la Calzada Ignacio Zaragoza y casi simultáneamente comenzaron los bloqueos en distintos puntos de la ciudad.
Hubo cierres en Insurgentes Sur, a la altura del número 2065, donde se localizan los Juzgados de Distrito en Materia Amparo; y en las laterales de Periférico Sur 1950 y 2321, lugares en los que están los edificios de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, respectivamente.
Poco después del mediodía, funcionarios judiciales también cerraron la vialidad en Avenida Revolución 1508, sede de los Tribunales Colegiados Penales, en el sentido de sur a norte.
Poco después del medio día, funcionarios judiciales también cerraron la vialidad en Avenida Revolución 1508, sede de los Tribunales Colegiados Penales, en el sentido de Sur a Norte.
Los órganos jurisdiccionales que formalmente suspendieron labores son los 16 Tribunales Colegiados y 14 Juzgados de Distrito en Materia Civil, así como los 16 Juzgados de Distrito en Amparo Penal y 6 Juzgados en Materia de Extinción de Dominio y Especializados en Juicios Orales Mercantiles, todos ellos con sede en el recinto de San Lázaro.
También los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Oriente, los únicos que instruyen en la Ciudad de México los juicios con el anterior sistema de justicia por escrito.
El Magistrado Fernando Rangel Ramírez y los jueces Virginia Gutiérrez Cisneros, Esperanza Arias Vázquez, Ruby Celia Castellanos Barradas, Daniel Niño Jiménez y Marcela Castro Núñez, coordinadores de los tribunales colegiados civiles y los juzgados en las citadas materias, informaron por escrito que este lunes no correrán los términos legales en ninguno de los procedimientos.
En el caso de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, los Juzgados Quinto de Distrito en Materia Civil y Quinto en Materia de Extinción de Dominio y Especializado en Juicios Orales Mercantiles se quedarán de guardia y atenderán de manera electrónica a quien lo requiera.
Manifestantes queman una piñata de López Obrador; el PJF condena “discurso de odio”
En una de las protestas, los inconformes quemaron una piñata con la figura de AMLO; una acción similar ocurrió el pasado 18 de marzo en una manifestación de Morena en el Zócalo donde la piñata quemada simbolizaba a la titular de la Corte, Norma Piña.
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación condenó las “expresiones y el discurso de odio” que se presentaron en algunas protestas contra la extinción de los fideicomisos, en particular, la quema de figuras con la imagen del presidente López Obrador, aunque no lo refiere por su nombre.
En un comunicado, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal afirmaron que no deben tolerarse este tipo de manifestaciones porque obstaculizan la unión y la salvaguarda de valores como la democracia y el Estado de derecho.
“Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación condenamos las expresiones simbólicas de odio que se presenciaron este día, durante la protesta con motivo de las afectaciones a los derechos laborales que suponen la extinción de los fideicomisos que se discutirá en el en la Cámara de Diputados”, indicaron las instituciones.
“Como se ha expresado en otros momentos, el discurso de odio que supone la quema de representaciones de una persona, por pública que ésta sea, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanos y mexicanas, la salvaguarda de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de derecho, por lo que no debe tolerar ser ninguna expresión de esta naturaleza”.
Llaman sindicatos a una nueva protesta sin incendiar figuras ni caer en provocaciones
Los dos sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF) llamaron a continuar con una protesta de alcance nacional en contra la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos, impulsada por Morena, y pidieron reclamar sin discurso de odio ni quema de figuras.
El llamado a una protesta pacífica, sin suspensión de labores, fue difundido después de que ambos dirigentes sostuvieran una reunión con funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en su sede de Insurgentes Sur.
“Los sindicatos del PJF convocan a la manifestación pacífica que se llevará acabo el día 17 de octubre de 2023 a partir de las 8:00 a las 9:00 a.m. en todas las sedes que albergan los trabajadores del poder judicial de la Federación”, indicaron los dirigentes sindicales.
Los gremios invitaron a todos los trabajadores a “no caer en provocaciones y evitar discursos de odio y quema de figuras públicas”.
Utilizar a los trabajadores del PJF, una “mala estrategia” de Norma Piña, señala Ignacio Mier
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de utilizar a los trabajadores del Poder Judicial para protestar en contra de la extinción de sus fideicomisos.
Mier, quien es el promovente de la reforma que propone la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial -seis de ellos constituidos por la Corte-, calificó el “uso de trabajadores” como una mala estrategia de la presidencia del Máximo Tribunal.
“Utilizar a los trabajadores del Poder Judicial es una mala estrategia de la presidencia de la SCJN, pues la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral, ni de contraprestación, de los trabajadores”, publicó a través de su cuenta de X.
El morenista retó a las y los Ministros a demostrar que la desaparición de los fideicomisos de la Corte, que suman seis mil 241 millones de pesos, afectará a las y los trabajadores.
“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman seis mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 Ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”, dijo.
Morena debe demostrar que los fideicomisos son para “excesos” de los ministros: PRD
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, señaló que es Mier quien tiene que demostrar que los fideicomisos del Poder Judicial son para uso exclusivo de “excesos” de los Ministros de la SCJN.
En entrevista, recordó que los fideicomisos que propuso extinguir son los mismos que estaban vigentes desde hace tres años, cuando Arturo Zaldívar, a quien la mayoría intentó ampliar su mandato, estaba al frente del Máximo Tribunal.
La Barra Mexicana de Abogados considera “intolerable” la iniciativa
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) calificó de inadmisible e intolerable la pretensión de Morena y sus aliados de reducir el presupuesto y eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
“Es intolerable que se vulnere la división de poderes con indebidas e ilegales intromisiones a la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, efectuadas por otros Poderes que violentan el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”, afirmó la BMA en un comunicado firmado por su presidente Víctor Olea.
“La BMA pide a la Cámara de Diputados que cumpla con su deber como representante de la Nación y no afecte, con decisiones partidistas, el derecho constitucionalmente establecido que tienen todas las y los mexicanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.
En tanto, las agrupaciones ciudadanas de Sociedad Civil México urgieron ayer a los diputados de Morena a no menoscabar el Poder Judicial con recortes al presupuesto y con la eliminación de fideicomisos.
Este miércoles tomará protesta como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), por tercera ocasión, para el periodo 2023-2027, Javier Saldaña Almazán, en la Expo de Mundo Imperial, ubicada en la zona Diamante.
De acuerdo con la información recabada, ya está confirmada la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez; la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la diputada local, Yoloczin Domínguez Serna.
También el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González; el comandante de la 12 Zona Naval, almirante Alfredo Hernández Suárez, y la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, Carmen Enedida Rodríguez Armenta.
También la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, y la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Al menos 50 presidentes municipales y unos 30 diputados locales han confirmado su presencia, así como senadores. También rectores de otras universidades del país y el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando Placencia.
El acto se llevará a cabo en el salón A de la Expo de Mundo Imperial, que tiene una capacidad para 3 mil 448 personas, más un salón adyacente, con pantalla gigante para mil 500 asistentes.
El acto está programado para las 10:30 de la mañana y se calcula que dure dos horas. (Karina Contreras).
En Coyuca de Catalán se construirá el edificio de justicia que incluye la nueva sala para los juicios orales y un espacio para la convivencia familiar asistida, tras un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ayuntamiento de este municipio.
Este jueves se realizó el acto de entrega de la documentación oficial para la donación del terreno en donde actualmente se encontraban las oficinas de tránsito municipal y el parque vehicular. Anteriormente este espacio estaba destinado para la policía motorizada hasta 2005 cuando la recién formada Secretaría de Seguridad Pública adquirió sus propias instalaciones.
El alcalde perredista, Eusebio Echeverria Tavares dijo que el interés del municipio es que las oficinas de gobierno no se vayan y que cuenten con las garantías para realizar su trabajo y por ello dialogaron con el cabildo para lograr un acuerdo en la donación de este terreno.
Acudió como representante del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Antonia Casarrubias García y en su intervención dijo que se trata de una acción que viene a dignificar el trabajo de justicia en la Tierra Caliente debido a que a la fecha después de más de 10 años de que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, todavía no cuentan con instalaciones propias.
Actualmente la sala de juicios orales está ubicada a espaldas de las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado, dentro de su mismo predio. Sin embargo, Antonia Casarrubias confirmó que ese espacio no cuenta con baños de tal forma que es una muestra de las condiciones limitadas del edificio que se construyó como emergente.
El nuevo edificio contará con un espacio de atención de víctimas familiares y de convivencia familiar asistida.
La titular del DIF de Coyuca de Catalán, Esbeydi Echeverria reconoció que este nuevo inmueble responderá a una de las grandes necesidades para resolver los casos familiares que hacen falta.
Edificio del juzgado del distrito de Mina en Coyuca de Catalán, el cual no cuenta con un juez titular mixto sino con una encargada del despacho, a quien litigtantes acusan de corrupción Foto: Israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Un grupo de 17 abogados de Tierra caliente, de los principales que litigan en el juzgado del distrito de Mina, en Coyuca de Catalán, denunciaron a la encargada del juzgado, Esmeralda Jacobo Espinosa, mediante un documento enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, ante casos de corrupción y arbitrariedades.
Los litigantes solicitan en el texto que se envíe a un titular que se haga cargo de este juzgado mixto.
El documento fue entregado el 5 de junio y va dirigido al presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez. Lo firman 17 abogados de Tierra Caliente, entre los que se encuentran Juan Manuel Sánchez Mendoza, Juan José Gutiérrez Valladares, Heberto Ortiz Gutiérrez, Jorge Macedo Maganda y Leobardo Alcántara Santibáñez, quien además funge como el defensor de oficio en el juzgado; también Anahí Pérez Santamaría, Minervo Palacios Antúnez, José Juan Flores Pérez, María de la Luz Beltrán Mederos, Angélica Patiño Benítez, Regilnaldo Sánchez Lucas, Jasmine Gómez Freyat, Servando Espinoza Peñaloza, Julia Elizabeth Jiménez Espíndola, Gilberto Gómez Martínez, María Eugenia Pineda Sánchez y Néstor Aguilar Pérez.
El documento señala que la licenciada Esmeralda Jacobo Espinosa asumió este cargo hace cerca de dos meses, como encargada del despacho del juzgado, y que por tal motivo se requiere, en un juzgado tan importante, a un titular que realmente sea juez.
De acuerdo con la denuncia, los abogados señalan que “se trata de una funcionaria y servidora déspota, soberbia, arbitraria, abusiva y también tentada por el vicio de la corrupción”.
En el documento se señala que a la encargada del juzgado se le han hecho peticiones dentro de la función jurisdiccional, para que aclare o precise conforme a la norma del procedimiento y diga “en qué consisten los múltiples requerimientos y prevenciones que las promociones o pretensiones que le plantean, como acciones jurídicas de su actuar, hemos tenido como respuestas no lo que correspondía a derecho, sino amenazas o combinaciones procesales, así como aplicarnos medidas de apremio por el sólo ejemplo de solicitarle que nos aclare y fundamente sus acuerdos”.
Señala el documento que los abogados han tenido que recurrir a los amparos, quejas procesales, excitativas, apelaciones y reconsideraciones, y que todo ello tiene que ver con la injusticia que muestra con su actuar el encargado de despacho del juzgado de Mina.
El documento también señala que “cuando se trata de ratificar un escrito, para cuando le parece caprichoso, se tiene que sacar una cita previa y que por lo general es agendada para largos días posteriores, y mientras, tanto los tiempos procesales van chocando con el principio de prontitud”.
También señalan que la licenciada dilata para turnar los acuerdos, así como el archivo y poderlos consultar, porque generalmente los mantiene en su privado, “son turnados al archivo tres o cuatro días después de haberse publicado, y mientras tanto, los términos de los acuerdos han estado corriendo, y si se trata de recurrir alguno que merezca objeción, prácticamente ya se pasó el tiempo, porque no podemos penetrar a solicitar el expediente a su secretaria, porque está ocupada la señora, y no podemos interrumpir para solicitar se nos preste el expediente, pues esa es una práctica que no podemos tolerar como abogados, por ello le pedimos que se nombre a un juez con otra actitud y aptitud”.
“Además, la señora encargada del despacho, frente a las abogadas mujeres se vuelve aun más arbitraria, intolerante y grosera, y en ocasiones se burla de la figura física”.
Pero además de los señalamientos, expresan que podría tratarse de acciones relacionadas con su convivencia constante con tres litigantes de la misma región, con quienes abiertamente aparece en bares, “fiestas particulares que le realizan, sirviéndole de chóferes, preparando convites, por ello es que necesitamos que se nombre un juez titular, que no tenga esos vicios que se confrontan con el principio de imparcialidad”.
Señalan los abogados en el documento que tienen evidencias materiales, testimonios o documentos, que pueden señalar como pruebas en contra de la encargada del juzgado mixto de Coyuca de Catalán.
El grupo de abogados señalaron que representan a grupos de la sociedad del campo, del comercio y de la agricultura, entre otras organizaciones, que se han visto afectadas por la forma en la que actúa la encargada del despacho y quienes incluso han estado inquietos de manifestarse y obstruir a la acceso al juzgado, por lo cual le piden al presidente del TSJ que ponga a su consideración estas peticiones.
El grupo de abogados espera que esta misma semana haya una respuesta por parte del TSJ.
La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) informó a través de un comunicado que se venció el plazo legal para que el juez tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Abimael Guzmán Nava, con residencia en Acapulco, dicte sentencia a su compañero Orlando Ávila Mesino preso desde el 2012.
Precisa la OCSS que Ávila Mesino lleva más de 11 años procesado por homicidio calificado, “un delito que no cometió. Por ese mismo hecho inculparon a Rocío Mesino Mesino, como actora intelectual, quien fue detenida y liberada a los pocos días, por falta de pruebas”.
En su texto exigen una sentencia absolutoria, y la libertad inmediata de su compañero ya que con la misma acusación lo mantienen en prisión.
Indica la organización que en ese caso hay tres detenidos, en su primera declaración acusaron a Orlando como coautor material del homicidio; en su segunda declaración confesaron haber sido torturados para inculpar a Orlando y a Rocío “y que en realidad no conocían a Orlando ni a Rocío.
Uno de ellos utilizó un nombre falso en el proceso, en realidad es el autor material del homicidio de nuestro compañero Miguel Ángel Mesino Mesino, asesinado el 18 de septiembre del 2005”.
Por eso destaca la OCSS que no hay ninguna duda de que Orlando Ávila está preso con una denuncia fabricada como un ataque directo a su organización y a la familia Mesino.
El abogado que lleva la defensa del compañero, Hegel Mariano Ramírez, presentó diversas pruebas que demuestran su inocencia.
Cita que el día que ocurrió el homicidio por el que se acusa a Orlando, “él estaba trabajando en Atoyac, lo cual fue ratificado en declaración por sus compañeros de trabajo; también, un perito del Tribunal Superior de Justicia, determinó que una de las personas que acusa a Orlando, tiene secuelas de tortura, lo que le quita credibilidad a toda la acusación”.
Señala que por esas inconsistencias, “no vamos a aceptar ninguna sentencia que no sea una absolutoria a favor del compañero Orlando Ávila Mesino, que lo reinvindique como una persona de bien y un luchador social, así como a su familia y a la Organización Campesina de la Sierra del Sur”.
En su comunicado la OCSS hace un llamado respetuoso pero contundente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “para que esté a la altura de este momento crucial, que no le tiemble la mano para reconocer la fabricación de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que no se vuelva cómplice de este atropello iniciado desde el 2012, y que no espere a que sea un tribunal federal el que le venga a decir los términos en que debe decretar la libertad de Orlando”.
Asimismo solicita a las diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos exigir la libertad de su compañero y estar al tanto de la resolución que emitirá el juez.
El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra afirmó que con la decisión de un juez federal de enviar al fuero común de Guerrero el proceso de un policía municipal involucrado en los ataques y desaparición de los estudiantes “el Poder Judicial federal se desdice de su compromiso de tramitar el asunto de impacto a nivel nacional”.
También, precisó que es preocupante porque no habría imparcialidad en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debido a que hay personajes que están involucrados y son investigados por el caso Ayotzinapa.
Aseguró que no hay condiciones en Iguala para que los abogados litigantes lleven el proceso penal porque “gobierna la delincuencia organizada, no hay poderes formales que puedan establecer el imperio de la ley”.
Este miércoles se informó que el juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos envio? al fuero comu?n de Guerrero un proceso iniciado contra un implicado en el caso Ayotzinapa, Alejandro Tenescalco Meji?a, supervisor de la Polici?a de Iguala que estuvo acusado de disparar contra los normalistas en 2014, y ser parte de los elementos que iban a bordo de una de las seis patrullas en la que se llevaron a algunos jóvenes.
El juez argumentó que debe aplicarse el delito de desaparicio?n forzada y e?ste debe ser sancionado con la ley estatal, porque era la que estaba vigente en 2014, de ahí que reclasifico? el delito de secuestro por el que originalmente fue acusado y le dicto? formal prisio?n por desaparicio?n forzada, además, se declaro? incompetente para continuar con el proceso y turno? el expediente a un juzgado de la jurisdiccio?n local de Guerrero.
Ayer consultado al respecto vía telefónica, Rosales Sierra expuso que hay una gran preocupación porque el juez Ventura Ramos “abre la pauta para que el caso Ayotzinapa sea ahora tramitado por los juzgados del fuero común”.
Reprochó que con esa decisión el Poder Judicial federal “se desdice de su compromiso de tramitar este asunto de impacto a nivel nacional, de suma trascendencia” y deben ser los tribunales federales quienes lleven el caso.
Lamentó que el caso se mande a la competencia del fuero común donde no hay certeza de imparcialidad e independencia pues “hay mucho riesgo en Iguala, por ejemplo, es impensable que los abogados litigantes estén entrando y saliendo, es un lugar donde no hay condiciones para que se evacue en proceso penal”.
Sostuvo que es una ciudad sin condiciones donde “gobierna la delincuencia organizada, no hay poderes formales que puedan establecer el imperio de la ley”, y es complicado que garantizar un proceso imparcial e independiente.
Mencionó que el caso Ayotzinapa marcó en la historia del país un quiebre y tiene un impacto a nivel nacional, por lo que deberían ser los tribunales federales quienes deberían atenderlo, e incluso, las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República y no de la Fiscalía General del Estado.
Sostuvo que en Iguala donde la delincuencia organizada y el crimen están desbordados, “no hay condiciones para llevar un proceso ahí”.
Rosales Sierra manifestó que en el Poder Judicial de Guerrero “hay personajes que están inmiscuidos en el caso, entonces no hay imparcialidad, porque el Poder Judicial tuvo que ver con la destrucción de los videos (de las cámaras externas del Ciudad Judicial de Iguala), entonces sería muy parcial su actuar o por lo menos se presta a que haya a que su actuación sea parcial”.
Afirmó que siendo acusados personajes del Tribunal Superior de Justicia del estado e incluso habiendo órdenes de aprehensión contra la ex presidenta, Lambertina Galeana Marín, y otros dos trabajadores más, Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista respectivamente, “cuál va a ser el criterio de imparcialidad que van a tener en el tribunal, cuando miembros del tribunal están siendo procesados por el caso”.
Las tres órdenes de captura de los funcionarios del TSJ son por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada, y son parte de los 84 mandamientos de captura librados por el juez Enrique Beltrán Santés, en agosto de 2022.
El abogado que también pertenece al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicó que interpondrán los recursos correspondientes para efecto de que tribunales federales emitan una resolución distinta a lo decretado por Samuel Ventura Ramos.
“Nosotros pedimos que el Poder Judicial del estado de Guerrero se excuse de conocer el asunto, y que pida que sea el Poder Judicial de la federación quien conozca el mismo, porque sí hay personas que pertenecieron a esta institución y que están siendo procesadas por su probable responsabilidad en el caso Ayotzinapa”, agregó
Adelantó que en los próximos días se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, y le exigirán que sea el Poder Judicial federal quien siga atendiendo el caso Ayotzinapa.
El regidor de Morena, Ricardo Iván Galíndez Díaz. informó que impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa los acuerdos de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Cabildo de Chilpancingo, por aprobar de manera irregular el presupuesto del ejercicio 2023 y las percepciones para servidores públicos.
En declaraciones a reporteros en una cafetería en el centro de la ciudad, Galíndez Díaz se quejó que no le notificaron de manera formal sino verbal ese mismo día de la realización de esta sesión, que se llevó a cabo el pasado jueves. No le entregaron la orden del día, documentos de información para discutir los puntos, lo cual no se presentó en la reunión.
Dijo que a pesar de la ausencia de miembros del Cabildo, los que asistieron a la sesión aprobaron de manera unilateral y arbitraria el presupuesto del ejercicio 2023 y las percepciones para servidores públicos, es decir la asignación de sueldo base, compensaciones, prestaciones y funciones de los ediles y funcionarios, en la que desconoce esa información de estos dos punto de acuerdo.
Señaló que la secretaria general, Xóchitl Heredia Barrientos, violó los reglamentos de sesiones y de la Ley Orgánica del Municipio por no notificarles de manera formal sino de palabra, ese día de la sesión, y no otorgarles los documentos de las propuestas para analizarlas y aprobarse, “de esta manera irregular se aprobaron estos acuerdos”.
El regidor de Morena informó que por estas irregularidades, impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, los acuerdos de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Cabildo de Chilpancingo, para echar abajo los puntos de acuerdo, porque hubo violaciones graves.
Indicó que la administración que encabeza la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez tampoco publicó la información de la sesión extraordinaria en el portal de internet del municipio y redes sociales, para que esté informada la población y los miembros del Cabildo, “la sesión la hicieron a escondidas, duró 30 minutos y aprobaron esos puntos de manera irregular”.
Recordó que esa día también se llevó a cabo la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, nueve miembros votaron para la aprobación de una línea de crédito de 22 millones de pesos, cinco regidores votaron en contra y uno más de abstención.
El regidor de Morena señaló que hubo irregularidades al aprobar este punto porque se violó la Ley Orgánica del Municipio, “este punto debió ser aprobada por las dos terceras partes del Cabildo, sí somos 15 miembros, debieron autorizar diez, sólo votaron nueve favor , por lo tanto se violaron los estatutos”.
Indicó que no hay condiciones para adquirir un crédito porque impactará la Hacienda Pública Municipal y agregó que se está analizando para que sea también impugnado este acuerdo, “lo hacen con la finalidad de tener mayor recursos económicos, que supuestamente serán destinados no sabemos donde, es necesario que el municipio busque estrategias para la recaudación de recursos y así solventar las deudas que tiene esta administración”.
Señaló que en las sesiones de Cabildo ha insistido a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, que estas reuniones sean públicas y las transmitan en los portales de internet, lo cual no han atendido su petición.
Exhortó al gobierno del estado, el Congreso local y la Secretaría de Hacienda que analice lo que está sucediendo en la administración que encabeza Hernández Martínez en el manejo de los recursos públicos, y “a la dirigencia de Morena que tenga conocimiento lo que está realizando el Cabildo del municipio, hay falta de transparencia, opacidad y la rendición de cuentas es muy sesgada”.
