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Inician maestros un paro laboral en la Prepa de Chilapa; protestan contra la directora

Luis Daniel Nava

Chilapa

Un grupo de maestros de la Preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en Chilapa, realizaron un paro de labores de 12 horas, para protestar contra el desempeño de la directora Constantina García Zapoteco y de su representante sindical, Rodrigo Andrés Chávez.
El paro inició a las 6 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. La mayoría de las clases fueron suspendidas.
Los inconformes, encabezados por los maestros, algunos de ellos fundadores de la escuela, como Hugo Cartas, Maclovio Ariza y Vicente Barragán, tomaron la dirección y colocaron una bandera de huelga, así como pancartas con sus demandas.
Hugo Cartas fue contundente al decir que la manifestación era en contra de la directora Constantina García y el delegado sindical Rodrígo Andrés.
Especificó que ambos, desde hace tiempo, han contratado a personal docente que no cumple requisitos básicos para dar clases.
De este hecho, dijo, ya se han quejado a la Comisión Mixta y al rector José Alfredo Romero Olea, pero no han sido escuchados.
Acusó que en el periódo de cuatro años de Constantina García, la escuela ha bajado su matrícula de mil 70 a 800 alumnos. Además, que no ha presentado un informe financiero o académico, y que no ha habido mejoras a la infraestructura.
Lo más lamentable es que la escuela no tiene un plan de desarrollo institucional, que oriente y fortalezca los perfiles de egreso de nuestros estudiantes, dijo el académico.
Respecto al delegado sindical, afirmó que ha violentado el contrato colectivo de trabajo, al solapar a maestros que no cumplen con los requisitos institucionales para laborar.
“Ojalá que la dirección muestre un acto de buena voluntad, para encontrar una respuesta favorable”, dijo. Los manifestantes también pidieron de nuevo la intervención de la Rectoría.

Sí se investigan los hechos en torno a las cámaras en los baños de la Preparatoria de Tixtla: UAG

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que encabeza José Alfredo Romero Olea, aseguró que se hace la investigación correspondiente por las cámaras localizadas en los baños de la preparatoria 29 Emiliano Zapata, ubicada en Tixtla, el pasado 23 de febrero.
En un comunicado, la UAG indicó que respecto a la denuncia, relacionada con actos de vulneración a la intimidad de jóvenes estudiantes de la preparatoria, la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, inició un procedimiento de forma oficiosa, para investigar los hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las estudiantes.
Detalló que se inició la investigación por presuntas vulneraciones a la integridad y seguridad personal de las alumnas, para tal efecto se radicó la queja DDHU/002/2023, en virtud de que se detectó una mini cámara espía en el baño de las mujeres.
Aseguró que la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios dictó medidas cautelares, para proteger la integridad de las estudiantes; asimismo, se han practicado diversas diligencias en las que personal especializado en informática de la UAG, realizó los estudios técnicos del artefacto relacionado con los hechos, para el deslindamiento de las responsabilidades correspondientes.
“En plazo breve se concluirá con la investigación y el caso será turnado al órgano facultado para sancionar, de acuerdo con la legislación universitaria”, se leía en el boletín.
La UAG refrendó el compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos y universitarios de la comunidad universitaria, así como sancionar, de acuerdo con su legislación, cualquier acción u omisión que viole derechos fundamentales.
El miércoles, alumnas de la preparatoria 29, ubicada en Tixtla, denunciaron que no había avances en las investigaciones por las cámaras localizadas en los baños y advirtieron que acudirían a la Agencia del Ministerio Público, por la nula atención del rector José Alfredo Romero.

 

Directoras y funcionarias de la UAG reconocen que fue difícil acceder a cargos

Karina Contreras

En el conservatorio Las universitarias frente a la violencia de género, las directoras de diversas facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), reconocieron que ha sido difícil la lucha para lograr la igualdad dentro de la universidad y que ellas han sufrido esa violencia cuando aspiraron a dirigir escuelas y fueron violentadas hasta por su físico.
En su intervención, la directora de la Facultad de Derecho, América Bautista Salgado, dijo que todas las mujeres han sufrido violencia y lamentablemente en los hogares se dan las primeras situaciones.
Señaló que en lo personal ella sufrió esa violencia desde que era estudiante, pues eran pocas las mujeres que “nos involucramos en las actividades políticas. Hoy, gracias a todas las mujeres que resistieron discriminación, acoso, violencias, somos cada vez más mujeres en espacios de dirección y toma de decisiones y cada vez se dislumbra cerca la anhelada paridad en la UAG, algo impensable en años pasados”.
Añadió que muchos dicen que son tiempos de las mujeres, pero ella considera que siempre ha sido el tiempo de las mujeres pero nos han “invisibilizado”.
Por eso es tiempo de que las mujeres recuperen los espacios que por años les fueron arrebatados. Mientras la directora de la Facultad de Contaduría y Administración, Citlalli Arroyo Rosas reconoció que había temor en el 2018 cuando buscó la dirección, pues en esa escuela siempre habían sido los directores hombres que tenían experiencia.
Dijo que ella había sido como funcionaria y decidió contender para ser la primera mujer directora, junto con un equipo de mujeres, y que en esa contienda se registraron siete candidatos y de ellos seis hombres, “Citlalli la única mujer, la más joven, no contadora sino administradora”.
Por su parte, la directora de la Escuela Superior de Psicología, Noemí Mosso Heredía, señaló que ha sido un camino difícil para las mujeres, pues además sufren violencia de las mismas mujeres, donde hay confabulación, difamaciones y palabras hirientes.
Las ahora directoras reconocieron que en la administración de Javier Saldaña Almazán se abrieron las puertas para que más mujeres ocuparan las direcciones en las diversas escuelas de la UAG, “fue fundamerntal y un gran aliado que ha brindado el apoyo a las mujeres”.
Mientras que la coordinadora general de la Zona Sur, Xóchitl Astudillo Miller, aseguró que la situación para las mujeres ha cambiado y hay una fuerte esperanza para que la universidad esté libre de violencia.
Resaltó que las mujeres se han estado preparando y de acuerdo con estudios hay más mujeres que hombres, donde hoy se está luchando para abrir los caminos, pero aclaró que no es una lucha contra el sexo opuesto, sino por la igualdad, porque “nosotros no somos enemigas de los hombres”.
Señaló que la lucha no ha sido fácil, pero vamos ganando la batalla y por eso es importante “sigamos arropándonos entre mujeres y todas las mujeres hay que seguir trabajando”.
También estuvieron la coordinadora del grupo Reto-UAG, Mirella Saldaña Almazán; la directora del Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad, Rayma Ireri Maldonado Astudillo; la directora de la Facultad de Lenguas Extranjeras, Sandra Luz Ávila Toscano y la jefa del departamento de la Igualdad de Género de la Zona Sur, Krystal Rebollar.

 

No hay avances del caso de las cámaras en los baños de la prepa de Tixtla, denuncian alumnas

Alumnas de la preparatoria 29 de la UAG en la conferencia de prensa donde denunciaron que no hay avances en las investigaciones por las cámaras localizadas en los baños. Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Alumnas de la preparatoria número 29 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Emiliano Zapata, ubicada en Tixtla, denunciaron que no hay avances en las investigaciones por las cámaras localizadas en los baños y advirtieron que acudirán a la Agencia del Ministerio Público por la nula atención del rector José Alfredo Romero Olea.
En conferencia de prensa en la capital, las estudiantes provenientes del municipio de Tixtla indicaron que el Área Jurídica y Defensoría Derechos Humanos y Universitarios de la UAG no han avanzado en las investigaciones y que el director, José Francisco Calvo Hernández, no fue suspendido de su cargo.
Un grupo de alumnas acompañadas de docentes manifestaron que ante la falta de atención de Romero Olea tras su denuncia, acudirán con sus padres y maestros ante el Ministerio Público.
Una de las alumnas quien pidió omitir su nombre relató que el pasado 23 de febrero localizaron cámaras en los baños, se las dieron al director para que procediera, pero borró el contenido.
Indicó que la universidad aún no les ha dado respuesta a su inconformidad, “las autoridades competentes se supone que deben salvaguardar nuestros derechos pero no lo hacen, por eso venimos hacer la denuncia pública, para que demos con el paradero de la persona responsable”.
La estudiante dijo que algunos maestros de la escuela que apoyan al director pretenden minimizar el problema, por ello el pasado 7 de marzo se manifestaron para exigir a la UAG que interviniera.
Las alumnas externaron que a pesar de que el acuerdo con los trabajadores de la UAG fue que regresarían a clases pero no abrirían la dirección de la escuela ni el área de cómputo mientras se realizaban las investigaciones, de manera arbitraria un grupo de trabajadores las abrieron.
Dijeron que otro de los acuerdos fue que pondrían un guardia de seguridad “para velar por su seguridad, pero tampoco se ha cumplido” y la Policía Cibernética tampoco ha acudido.
Indicaron que a pesar de que no se ha cumplido con los acuerdos no cerraron la escuela y las clases siguen normales.
Las inconformes precisaron que las cámaras fueron entregadas al Área Jurídica y Defensoría Derechos Humanos y Universitarios, pero que la dirección de la escuela hizo un documento en el que indicaba que la investigación ya no siguiera.

 

Un maestro hostiga y humilla a su hija, acusa un padre de la Prepa de Zihuatanejo

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Luis Bello Bahena, vecino de esta ciudad, denunció que un maestro de la Preparatoria 13, de la Universidad Autónoma de Guerrero, (UAG), hostiga y humilla constantemente a su hija, quien padece una enfermedad mental.
Por ello, Bello bahena exigió a las autoridades universitarias “que dejen de protegerlo y tomen cartas en el asunto, porque además, es un maestro que tiene antecedentes de acosador y hasta ahora no han hecho nada para detenerlo”.
Este miércoles, Luis Bello manifestó que su hija Génesis Darney, quien es menor de edad y cursa el primer grado en la mencionada preparatoria, padece una condición mental llamada trastorno depresivo persistente o distemia, que le provoca diversos síntomas, entre éstos, pérdida de interés en las actividades normales, “de la nada se nos sale de casa por varios días, razón por la que constantemente la hemos buscando a través de la alerta Ámber”.
Dijo que esta situación no es desconocida para el director de la escuela, Crevel Mayo García, ni tampoco para los maestros que le dan clases a su hija, incluido Salvador Vázquez Rendón, quien imparte la materia de Taller de Lectura y Redacción I, y además, desde el inicio del actual ciclo escolar la ha insultado y acosado de manera constante en el aula, delante de todos sus compañeros de grupo, “no ha permitido que mi hija se integre en ningún equipo de trabajo en su materia”.
Agregó que de manera constante, Salvador Vázquez delante de los alumnos ha señalado a su hija de “meterse con muchos hombres”, razón que ha impactado en el estado de ánimo de la menor, pues la ha expuesto a las burlas y malos comentarios por parte de la comunidad escolar del plantel y que no conforme con eso, desde el 28 de febrero de este año le prohibió sin motivo alguno entrar a su clase, que pese a que él ha denunciado estas irregularidades, “desde el primer momento”, no ha visto que al maestro se le aplique un correctivo.
Aseguró que Vázquez Rendón tiene antecedentes de ser un acosador de alumnas y ex alumnas, “prueba de ello es que cada año, cuando las colectivas feministas se manifiestan, sale a relucir su nombre en las pintas que las jóvenes hacen en la barda de la preparatoria. Es lamentable que las autoridades de la escuela conozcan a su proceder y lejos de intervenir, lo protejen, puesto que sigue al frente de los grupos acosando y hostigando a las alumnas, entre ellas, a mi hija”.
Comentó que recientemente el profesor volvió a asegurar que su hija “se mete con muchos hombres” y no le permitió entrar a su clase, por lo que acudió a reclamarle y tuvieron un intercambio ríspido de palabras, “donde el maestro fue el primero en alzar la voz y golpear el escritorio, por lo que no me dejé intimidar y reaccioné de la misma manera que él, sin llegar a los golpes, pues ahora se está haciendo la víctima, acusándome de quererlo golpear. Lo cual no es verdad y si así hubiera sido, dígame usted, ¿a qué padre le va a gustar que un hombre degenerado como es ese maestro le diga a su hija que es una prostituta?”.
Enseguida, dijo que al ver que en esta escuela lo protegen, “porque el director le hizo llegar un documento a mi hija, en el que le dice que para que no sigan los problemas, en este semestre ese maestro ya no le dará clases a su grupo. Lo que hice es poner mi queja ante las autoridades universitarias más arriba y estamos en espera de que me den una respuesta, porque no estoy conforme con todo lo que este señor le ha hecho a mi hija y públicamente lo hago responsable si por todo esto que ha hecho, mi niña en un arranque de depresión, atente contra su vida”.
Por su parte, consultado vía telefónica sobre esta situación, el director de la escuela, Crevel Mayo, manifestó que conoce el problema y que una primera medida de atención ha sido que este maestro no dará clases al grupo en el que está la menor, mientras las dependencias correspondientes de la UAG llevan a cabo las investigaciones, debido a la gravedad del caso, pues aseveró que ya informó a sus superiores, “serán las instancias quienes habrán de determinar el tipo de sanción, si es que la hubiere”, apuntó.

 

Los inconformes deben acercarse al STAUAG, dice la coordinadora de la Zona Sur

La coordinadora general de la Zona Sur, Xóchilt Astudillo Miller, indicó que las demandas de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), quienes cerraron las oficinas el lunes, tienen que ver más con solicitudes que debieron ser expuestas ante el sindicato y ser tratadas en el pliego petitorio.
En declaraciones en la facultad de Contaduría y Administración, a donde acudió al conservatorio Las universitarias frente a la violencia de género, a la funcionaria universitaria se le preguntó sobre la protesta de los sindicalizados y precisó que no fueron todos los trabajadores, sino 13 los que tomaron las instalaciones de la coordinación y presentaron entre sus demandas, “algunos temas, la mayoría de tipo sindical, donde la universidad tiene otros mecanismos para resolver los problemas sindicales”.
Señaló que apenas se terminó el emplazamiento a huelga y “eso hubiera sido un espacio idóneo, para que ellos pudieran plantear sus propuestas. Desde luego, los respeto y escucho, pero muchas de las peticiones no están en mi área de competencia”.
Dijo la coordinadora que seguirán dialogando y los exhortará para que sus peticiones las conduzcan a las áreas correspondientes, para que puedan tener una respuesta apropiada a lo que ellos solicitan.
Sobre la denuncia de los 50 unilaterales, la coordinadora Astudillo Miller respondió que los trabajadores deben de plantearlo de manera muy concreta a las áreas correspondientes “porque en su caso, como coordinadora, no está dentro de mis funciones. Dado que son una delegación sindical tienen que plantearlo en su sindicto”.
Acerca de la denuncia de que les han quedado funciones a los sindicalizados y todo concentrado en la Rectoría, en Chilpancingo, la coordinadora subrayó que con la pandemia en la UAG, como en todas las universidades, se profundizó, se obligó a los procesos de digitalización y con ello ofrecer un mejor servicio a los estudiantes.
Sobre las condonaciones, dijo que son derechos que los trabajadores tienen y se planteó que sea de manera digital, para que ellos directamente puedan subir su solicitud a una plataforma y de esa manera pueda ser más rápido el servicio, “todavía no está a punto ese sistema, se seguirá perfeccionando”. (Karina Contreras).

El rector de la UAG toma protesta a la comisión que organizará las elecciones para la Rectoría

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, tomó protesta a la Comisión Electoral del Consejo Universitario, la cual llevará a cabo entre otras tareas, el proceso electoral para elegir rector.
En un escueto comunicado, publicado este martes, se informó que la toma de protesta se realizó el lunes, a la que acudió el secretario general, Armando Guzmán Zavala, y el Coordinador Técnico del Consejo Universitario, Jesús Poblano Anaya.
En su intervención, Romero Olea dijo que en la institución se aproximan “importantes procesos electorales”, donde la participación democrática de los universitarios es “fundamental para elegir a nuestras autoridades”, afirmó. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

A tres años de la declaración de la pandemia, recuento de las acciones ante un evento inédito

Imagen del 3 de abril de 2020 con agentes de la Guardia Nacional en la playa Icacos cerrada al público por la pandemia de coronavirus Foto: Carlos Alberto Carbajal

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Este 15 de marzo se cumplen tres años oficialmente de que se detectó el primer contagio de Covid-19 en Guerrero. En este periodo, el 2021 fue el año con más contagios y defunciones, al registrarse 40 mil 123 guerrerenses enfermos y cuatro mil 138 fallecidos; es decir, el 33.69 por ciento y el 60.15 por ciento respectivamente.
Como informó El Sur, el 28 de febrero de 2020 la Secretaría de Salud federal expuso se registró el primer paciente en el país con Covid-19, se trataba de un hombre de la Ciudad de México. Además, se confirmó que había un caso más en la capital del país, y otro en Sinaloa. El 1 de marzo de ese año, el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores llamó a la población guerrerense a no caer en pánico y prepararse ante cualquier circunstancia que se presentara en el país.
El lunes 16 de marzo de 2020 se informó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, repartió “abrazos” y “besos” en su gira de dos días por cuatro ciudades de Costa Chica, en Guerrero, y aunque no mencionó por su nombre la emergencia mundial por el coronavirus, dijo que no nos iban a hacer nada los infortunios o las pandemias.
Un día antes, el 15 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud del gobierno del estado confirmó el primer caso de coronavirus en Guerrero. Se trataba de un ciudadano argentino que llegó con su familia a Acapulco. El entonces secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, precisó que había siete casos sospechosos de coronavirus, solo uno se confirmó, era un integrante de una familia proveniente de Argentina, y el hombre había tenido contacto con un enfermo positivo en la Ciudad de México.
Ante ello, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) informaron que en el estado se adelantaría el periodo de vacaciones de Semana Santa a partir del 20 de marzo al 20 de abril para evitar la propagación del Covid-19.
El segundo contagio no tardó en surgir. El martes 17 de marzo de 2020, el gobernador, Héctor Astudillo y el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña lo confirmaron, se trataba de una joven que estuvo por cuestiones académicas en España y vivía en Chilpancingo. Además, anunciaron que como medida de prevención el gobierno del estado pospondría las actividades masivas.
El secretario de Finanzas estatal, Tulio Pérez Calvo, señaló que a partir del 18 de marzo de manera escalonada entrarían en receso en la mayor parte de las oficinas del Poder Ejecutivo, e indicó que las oficinas recaudadoras trabajarían con el mínimo de personas, pero estarían abiertas para pagos, y se establecerían guardias. Detalló que la medida era importante para continuar con el plan de sana distancia, pues el gobierno del estado tenía alrededor de 50 mil trabajadores y 62 mil docentes.
A pesar de que al principio se pedía calma, el 25 de marzo de 2020, el gobernador comenzó a reunirse con los alcaldes de la zona Centro, Norte y Costa Grande para coordinar acciones de la fase 2 de la emergencia sanitaria. El mandatario lamentó la caída de la ocupación hotelera y advirtió que generaría una crisis económica, aunque para esta fecha apenas se habían confirmado seis casos de Covid-19 en todo el estado.
Para ese entonces, los migrantes guerrerenses radicados en Estados Unidos comenzaron a padecer desempleo por el virus, y algunas de las primeras actividades que comenzaron a realizarse por transmisiones en Facebook fueron las misas o actividades religiosas, ya que el gobierno estatal permitió realizar las actividades de Semana Santa, pero sin público.
El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria la epidemia de Covid-19 en el país, dado el aumento exponencial de los casos. Así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y estaría vigente hasta el 30 de abril. Advirtió fue que habría un daño económico y el impacto podría ser hasta de un año, y crecería la pobreza.
El presidente López Obrador comenzó el llamamiento a la población para que se quedara en casa y se evitara el contagio de coronavirus.
En tanto, el gobernador Astudillo Flores anunció la creación un fondo de 200 millones de pesos para enfrentar la emergencia sanitaria. Mencionó las afectaciones por la disminución de las actividades turísticas, el comercio y la disminución de la llegada de las remesas. Sostuvo que la ocupación hotelera era la más baja en siete años, pues se disminuyó un 90 por ciento, es decir, que de 10 cuartos solo uno fue ocupado.
El 1 de abril 2020, se informó que el gobernador decretó que del 2 al 30 de abril las playas estarían cerradas a todas las actividades recreativas, y que tomaba esa decisión porque optaron entre la protección a la vida o la suspensión de las actividades económicas.
El secretario de salud Estatal Carlos de la Peña indicó que se registró el primer fallecimiento por el virus en el estado, y sumaban diez los casos confirmados.

Alerta activista del riesgo de omisión de feminicidios en el registro del SESNSP

La representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia contra las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, en la conferencia en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Foto: Carlos Carbajal

Daniel Velázquez

La representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, alertó del riesgo de que intencionalmente se omitan cifras de feminicidios en los registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para simular la disminución de casos en el estado.
Reyna Aguilar estuvo ayer en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), como invitada para cerrar el ciclo de actividades organizadas por esa institución para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Ante unos 40 alumnos impartió la conferencia Organizaciones civiles de mujeres y la atención a las violencias contra las mujeres, donde informó que en las registros del go-bierno federal en el primer bimestre de 2023 en la entidad hay “cero” fe-minicidios, pero la realidad es otra.
Precisó que las cifras oficiales disponibles se publican con un mes de rezago y las disponibles hasta ayer solo corresponden a enero, las cuales muestran que a nivel nacional han ocurrido 68 feminicidios, pero en Guerrero ninguno. Homicidios dolosos en Guerrero van nueve, culposos seis, lesiones dolosas 136 y lesiones culposas 41. “Las que no se denuncian son más que las que se denuncian, veamos esta realidad de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes”, señaló.
En contraste, los registros de la Asociación son que en la entidad ocurrieron 11 muertes dolosas con presunción de feminicidio, de las cuales cuatro ocurrieron en Acapulco, una en Chilapa, una en Huitzuco, una en Ajuchitlán, dos en Buenavista, una en Taxco y una en Zihuatanejo. Los datos son por los registros en medios y por los familiares de las víctimas.
En febrero, el registro que tienen es que hubo 12 muertes dolosas con presunción de feminicidio: cuatro en Acapulco, una en Atoyac, una en Chilapa, una en Chilpancingo, cuatro en Iguala y una en Zihuatanejo. En lo que va de marzo han registrado tres, una en Acapulco, una en Chilpancingo y una en Zihuatanejo.
Consultada, al final de la conferencia sobre la diferencia de cifras entre el gobierno federal y el registro de la Asociación, Reyna Aguilar dijo que “no están haciendo estas diligencias de investigación con una perspectiva de género, bajo un protocolo de investigar todos los casos de muertes de mujeres con presunción de feminicidio”.
Agregó que hasta en los boletines de la Fiscalía General del Estado sobre muertes violentas de mujeres se dice que se va a investigar bajo el protocolo de feminicidio, “pero en realidad no lo están clasificando”.
“A la Fiscalía le conviene que no aparezcan feminicidios porque si hacemos una comparativa de cuantos hubo el año pasado y vemos las cifras actuales y va a la baja pero vemos que eso no es real”.
–¿Estas omisiones podrían ser intencionales para conseguir ese efecto visual en las estadísticas?
–Pueden ser intencionadas.

El papel de las asociaciones

Marina Reyna indicó que actualmente las asociaciones tienen mucha demanda pues familiares de víctimas de violencia o mujeres violentadas se acercan para solicitar información o pedir ayuda.
Expuso que el trabajo de las asociaciones civiles es vigilar el cumplimiento del programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar el problema de la violencia contra las mujeres, solicitar la declaratoria de violencia de género de acuerdo con la Ley 553 de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. También para medir el impacto de las acciones de gobierno.
Una función de las asociaciones es ser acompañantes de las mujeres que denuncian violencia ante las instituciones encargadas de atenderla, porque cuando una mujer que sufre violencia y recurre a una instancia donde no es atendida en la forma correcta regresa al entorno de violencia del que buscaba salir y es posible que ya no busque ayuda otra vez porque el trato que recibió no fue el adecuado: “servimos como puente porque vinculamos estas instancias con las necesidades y verificamos y damos seguimiento que la atención sea la adecuada”.
El trabajo de las asociaciones tiene sustento legal, tanto en los tratados internacionales como en las leyes nacionales y estatales, explicó la conferencista.
Desde 2019 se empezó a disminuir el financiamiento de las asociaciones civiles por parte de Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) hasta desaparecer y ahora se mantienen con aportaciones de organizaciones internacionales.

 

Instala una trabajadora de la UAG un tendedero de denuncia en la Rectoría contra funcionarios

Una trabajadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) instaló en la Rectoría un tendedero de denuncia, por irregularidades laborales contra dos encargados de área de esta institución.
La mañana de este viernes, la trabajadora de la Unidad Legislativa de la UAG, María Dolores García Castro, dijo que el año pasado firmó un convenio con la institución para que le entregaran una plaza a su hijo, luego de que su esposo murió, pero no se la han dado.
Detalló que hay discriminación y acoso laboral por parte del representante legal, Pablo Valdez, y del integrante del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Rolando Wences Damián.
Externó que no ha recibido el seguro por viudez, como lo establece el contrato colectivo de trabajo, “no es algo que estoy pidiendo regalado, es un derecho”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Dijo que es trabajadora administrativa agremiada al STTAISUAG y que la secretaria general, Brenda Alicia Alcaraz González, tampoco le ha solucionado.
En las pancartas se leía: “Los actos de corrupción se pagan con cárcel”, “todo trámite plasmado en el contrato colectivo de trabajo es gratuito. No moches”, “Rolando Wences no soy tonta y no pido nada que esté fuera de mis derechos contractuales” y “no tengo miedo, tengo asco e indignación”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).