Camionetas y armamento confiscado a policías de la UPOEG?en la operación que se efectuó en Cruz Grande, Copala y Marquelia de la Costa Chica del estado Foto: El Sur
Policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la misma organización Wilibaldo Villanueva.
En Acapulco, policías estatales acompañados de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, irrumpieron en los retenes comunitarios de Tres Palos, Nicolás Bravo y Chanecas, en la zona rural de Acapulco, desarmaron a los policías de la UPOEG en tres puntos del municipio y ocuparon esos lugares. Por la noche en esta ciudad tres puntos de la avenida Costera fueron bloqueados por camiones urbanos, cuyos choferes informaron que un grupo de hombres los obligaron. Las unidades fueron retiradas luego de cinco minutos cuando llegaron elementos del Ejército.
El dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio declaró que con esa acción el gobierno estatal busca desarticular a la organización, en tanto se protege a la delincuencia. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en un operativo conjunto detuvo a “objetivos prioritarios por ser generadores de violencia”.
El operativo en Costa Chica
La detención del comandante Lorenzo Hernández ocurrió este viernes en la colonia Sultana del Sur, de Cruz Grande, mientras que la del policía fue en la base de la policía de la UPOEG de ese mismo poblado.
La operación policiaca se amplió a los municipios de Copala y Marquelia donde decomisaron al menos diez camionetas que los policías de la UPOEG utilizaban para sus recorridos.
En un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se informó que “en un operativo conjunto se detuvo hoy a objetivos prioritarios por ser generadores de violencia”, y advirtió que civiles podrían realizar “acciones para desestabilizar la paz y tranquilidad en Acapulco con bloqueos o manifestaciones”.
Por su parte, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que el objetivo del gobierno del estado es desarticular a la organización y que pretenden culpar al comandante y a los policías de su agrupación del asesinato del policía estatal que fue encontrado desmembrado el miércoles, cerca del cuartel de la Policía Estatal en Campanilla, municipio de Copala.
Agregó que con la desarticulación de la UPOEG el gobierno estatal no va a resolver el problema de la violencia, “porque el verdadero delincuente es el mismo Estado”.
A las 2 de la tarde el dirigente de la UPOEG no descartó que el operativo y los cateos continuaran por la tarde y que hubiera más detenciones.
Dijo que también acusan a los detenidos de portar armas y de posesión de droga, y aclaró: “armas sí, todo mundo sabe que las utilizamos, pero drogas no”.
En su boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en un operativo conjunto detuvo a “objetivos prioritarios por ser generadores de violencia” y que derivado de ello podrían realizar “acciones para desestabilizar la paz y tranquilidad en Acapulco con bloqueos o manifestaciones”.
La dependencia informó que agentes de la Policía Estatal detuvieron “a individuos que de forma extraoficial se informó se trata de dos integrantes de la UPOEG de Cruz Grande”.
En su documento la SPP sostuvo que los individuos están “plenamente identificados por diversos delitos, por lo cual fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso”.
Informó que la detención es resultado de un trabajo de investigación e inteligencia, así como de esfuerzos coordinados entre las autoridades que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero.
Agregó que mantenía en la zona un operativo conjunto entre autoridades civiles y militares “a fin de mantener el orden y brindar seguridad a la ciudadanía”.
Entrevistado por teléfono, el dirigente de la UPOEG informó que a pesar de la aparatosa operación policiaca sólo tenía confirmadas las detenciones del comandante y del policía, pero declaró que sabía que se realizaron varios cateos tanto a la base de la UPOPEG de Cruz Grande como a la de Copala, así como en casas particulares.
“Sabemos que hay más detenciones, pero todavía no podemos determinar cuántas son porque el operativo sigue”.
Denunció que el gobierno del estado pretende desarticular a esa organización pero no a los grupos de la delincuencia organizada que operan en las distintas regiones del estado.
Reprochó que por qué no se actúan contra los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región de la Costa Chica y en Acapulco o contra “los que desfilan con armas calibre 50 en Zarándaro”, y añadió que si no lo hacen “es porque son cómplices”.
Informó que el operativo en Cruz Grande comenzó desde la mañana y que después de la detención del comandante y del policía siguieron con el cateo de la comandancia de la UPOEG y a algunas casas de miembros de la organización. Reconoció que les encontraron armas, “todo mundo sabe que las utilizamos, pero drogas no”.
Informó que la droga está en otras casas y en narco tiendas “que todo mundo conoce, incluso cerca del cuartel de los militares de Cruz Grande”, pero denunció que a esas no las catearon.
Aseguró que el comandante José Manuel Lorenzo cada semana se reunía con los mandos militares del cuartel de Cruz Grande y cuestionó que si sabían que es delincuente por qué no lo detuvieron antes.
Con respecto a la advertencia de la Secretaría de Seguridad Pública de que podrían realizar acciones y bloqueos a raíz de las detenciones, Placido Valerio dijo que “se adelantaron”, pero agregó que “nos vamos a esperar que primero se equivoquen”.
Reprochó que la UPOPEG le sirvió al Estado durante diez años para pacificar la región de la Costa Chica y que ahora que ya no les sirve la quieren desmantelar, pero insistió que con ello no se va a resolver el problema de la violencia.
Según Plácido Valerio para lograr la paz en la Costa Chica hubo muchos detenidos, “algunos están muertos y otros se los entregamos pero fue gracias a nosotros, no a ellos”.
Añadió que la estrategia de seguridad del gobierno es solamente llegar y levantar muertos, no de prevenir ni de actuar, “y como nosotros no les entregamos dinero cada mes como si lo hace la delincuencia, no somos negocio para ellos”.
Plácido Valerio declaró que quieren desmantelar a la UPOEG para mandar un mensaje a la opinión pública que nadie puede contra el Estado, “porque el Estado es el mismo delincuente, es el mismo que somete a la población, es el mismo que la divide, es el mismo que la confronta y es el mismo que la empobrece, es el peor delincuente el Estado”.
Reclamó que las comunidades tienen el derecho a lograr su desarrollo, a la seguridad y al derecho a ser consultados.
Camionetas robadas, droga, lo incautado: gobierno estatal
En un segundo boletín de prensa enviado por la noche, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en una primera operación de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina (Semar), en los municipios de Copala y Marquelia, fueron aseguradas siete camionetas, dos de ellas con reporte de robo y el resto relacionada con hechos delictivos.
También fueron aseguradas 18 armas largas y dos armas cortas de distintos calibres, 203 cartuchos, nueve radios portátiles y una radio base, 13 chalecos tácticos con placas balísticas, tres portaplacas, un panel para chaleco, 11 pecheras y dos tablas de castigo.
La dependencia informó que en una segunda operación policías estatales y personal de la Marina detuvieron a dos personas, “consideradas como objetivos prioritarios, en el municipio de Cruz Grande”.
Agregó que los detenidos fueron identificados como José “N” y Wilibaldo “N”, a quienes se les aseguraron dos fusiles AR-15 y AK-47, un arma corta, una escopeta y presunta droga con características de marihuana, piedra y cristal. Además, un vehículo blindado, marca Jeep, tipo Gran Cherokee.
“Los dos sujetos, el armamento, equipo táctico, vehículos y la presunta droga asegurada en este operativo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso”, informó la dependencia.
Desarman a comunitarios en Acapulco
En Acapulco, policías estatales acompañados de elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, desarmaron a los policías de la UPOEG en tres puntos del municipio y ocuparon esos lugares.
Los tres puntos que tenía la UPOEG está ubicados en Tres Palos, Nicolás Bravo y Chanecas, en la zona rural de Acapulco.
El operativo lo encabezó la policía del estado y estuvieron de apoyo las demás corporaciones.
En Tres Palos anoche ya no había integrantes de la UPOEG ni policías; en Nicolás Bravo hubo nueve patrullas del estado, una del Ejército, una de la Guardia Nacional.
Mientras que en Las Chanecas hubo ocho patrullas de la policía del estado que tuvieron tomada las que eran filtros de la UPOEG.
Se supo que los agentes retuvieron a los policías de la UPOEG y después lo liberaron, pero les quitaron las arma de bajo calibre.
Incluso, los habitantes argumentaron que los agentes estatales los golpearon y les robaron dinero y celular.
En el retén de la Nicolás Bravo, los agentes no quería dejar ir una camioneta de la UPOEG, lo que causó inconformidad de los habitantes.
Hasta que llegó el inspector de la policía estatal de apellido Catalán se dejó que se llevarán a camioneta y celulares.
Pero les informó que iba a tomar los puestos de revisión de la UPOEG en coordinación con el Ejército y Marina.
Intento de bloqueo a la Costera
Por la noche tres puntos de la avenida Costera fueron bloqueados por camiones urbanos y luego de cinco minutos se retiraron del lugar.
Los bloqueos de los camiones, dos en cada punto, presuntamente en reacción a la detención del comandante comunitario, fueron en el Malecón, en el Asta Bandera y frente a Galerías Acapulco.
Un testigo contó que llegaron hombres a los camiones y obligaron a los choferes a atravesar los vehículos en la vialidad. Los camiones fueron retirados cuando llegaron elementos del Ejército.
Policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la UPOEG, José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la misma organización, Wilibaldo Villanueva Foto: El Sur
En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los tres órdenes de gobierno liberaron las vías de comunicación “ante los bloqueos registrados en algunos puntos del puerto de Acapulco, derivado del aseguramiento de armamento, vehículos y objetivos prioritarios, la tarde de este viernes en el municipio de Marquelia, lo que generó la reacción a estas acciones de la justicia”.
En un comunicado, la corporación policiaca afirmó que el gobierno del estado, las fuerzas armadas y la Policía Vial municipal, “implementaron un operativo para abrir la circulación en los puntos donde se han registrado estos bloqueos a fin de garantizar el libre tránsito en la ciudad”.
Señaló que ante estos hechos, se reforzó la vigilancia en la Costera de Acapulco, así como en otros puntos de la ciudad, “para atender de manera oportuna y con estricto apego a los derechos humanos, estas acciones que afectan a la población en general”.
Pide la UPOEG intervención de la Codehum
La UPOEG informó que en su operativo en Acapulco los agentes estatales, encapuchados, agredieron físicamente a los policías comunitarios que solo cumplían con el mandato de la Asamblea Popular de las poblaciones, de velar por la seguridad de sus habitantes.
Indica que además de golpear a los policías de la UPOEG, se apoderaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo y pretendieron “asegurar” una camioneta rotulada de la UPOEG.
Precisó que los uniformes de la UPOEG y escopetas, que no son del uso exclusivo de la organización, también terminaron en poder de los estatales.
Condenaron este “nuevo acto de provocación” por parte del gobierno estatal y llamaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) “a que intervenga en la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas”.
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, informó que aún no le habían programado la reunión que le prometieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a cambio de terminar las tomas de las instalaciones de Ciudad Judicial en Ometepec y del Juzgado Mixto de Ayutla.
En declaraciones por teléfono, dijo que por lo pronto está reuniendo pruebas de su inocencia y que el domingo se reunieron más de 300 representantes del comisariado ejidal de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, y aprobaron enviar una constancia a las autoridades, en la que aseguran que él no estuvo en los hechos en los que supuestamente cometió los delitos de robo y daños, por los que fue detenido el 9 de agosto.
Pero agregó que, mientras tanto, existe el riesgo de que lo detengan en cualquier momento “porque su objetivo es vernos guardados”, dijo, luego de que la semana pasada el juzgado de Tlapa resolvió el auto de formal prisión por el delito de robo.
Plácido Valerio informó que en el transcurso del día estaba dando cauce a las pruebas de su inocencia y que aún no había consultado a su abogado, sobre si debía ir a firmar este martes al juzgado.
Informó que como parte de las acciones para demostrar su inocencia, el domingo pasado hubo una asamblea de ejidatarios y representantes de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, en la que aprobaron firmar un acta que establece que él no fue al evento, en el que supuestamente se cometieron el robo y los daños de los que le acusan.
“Ratificaron (los ejidatarios) que yo no estuve en ese evento. Volvieron a ratificar que yo no tuve nada que ver, entonces, con eso comprobamos que es una persecución más política que de leyes”, declaró.
Informó que el acta que firmaron en la asamblea la van a mandar al juez, a la gobernadora, al Tribunal Superior de Justicia “y a todas las autoridades que sea necesario”.
Informó que asistieron “arriba” de 300 ejidatarios o representantes, pero que apenas fue una reunión previ,a porque el próximo domingo “viene una asamblea plenaria de ejidatarios, en la que van a asistir los mil 500 ejidatarios”.
Sin embargo, reconoció que no sabe si el acta que firmaron, y la otra que van a firmar el domingo, valdrán como prueba, “porque su objetivo (de las autoridades) soy yo o los de la UPOEG. El chiste es que ellos no quieren quedar mal ante la opinión pública, quieren justificar que somos delincuentes, no quieren un careo, para que nosotros demostremos nuestra inocencia y presentemos las pruebas de que somos inocentes, de que no somos delincuentes como lo quieren hacer ver”.
De hecho, añadió que supo que las autoridades están trabajando en otra investigación y que le están buscando “de todos lados”, pero dijo que nosotros “vamos a aclarar”.
El dirigente de la UPOEG informó que el miércoles pasado le prometieron una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado, a cambio de que levantaran los bloqueos a Ciudad Judicial y al Juzgado de Ayutla.
Pero dijo que no le habían informado el día ni la hora, “no sé a qué le están apostando, porque al final de cuentas este movimiento es de diálogo, de exigencia y de respeto”.
Pero advirtió que tienen programada una movilización “masiva”, para exigir respeto al estado de Guerrero, debido a que reprochó que llegaron gentes de otros estados “a representarnos en la Fiscalía, cuando en Guerrero hay abogados muy buenos y preparados en política y legalidad, pero hay una violación a la soberanía y dignidad de los guerrerenses”.
Dijo que los guerrerenses “no podemos aceptar que vengan abogados de otros estados, para que nos intimiden, porque en Guerrero hay abogados o abogadas con capacidad para ejercer una institución civil y no militar, porque a la fiscalía ya la convirtieron en un cuartel militar”.
Por segundo día, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), bloquearon las instalaciones de Ciudad Judicial de Ometepec y el juzgado de Ayutla.
El dirigente Bruno Placido Valerio, exigió ahora una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vázquez, con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y con el secretario de Seguridad Pública Evelio Méndez Gómez, “para que de una vez se resuelva este asunto”.
En entrevista por teléfono, respondió que las declaraciones del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, respecto a que hay más órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de la UPOEG, prueban la “persecución política” que hay en contra de su organización.
Y retó: “me gustaría que nos reprimieran para que quede en la historia que éste es un gobierno que supuestamente surge del pueblo pero que somete al pueblo”.
Informó que ayer se reunió en Ciudad Judicial de Ometepec con una comisión de funcionarios encabezados por una magistrada (de la que se reservó el nombre), a quienes les pidió la reunión con la gobernadora, con Casarrubias Vázquez, la fiscal Valdovinos Salmerón y con Evelio Méndez Gómez.
Desde su punto de vista el problema se resolvería dialogando y aclarando todo, “expresando cada quien su postura y parar la persecución política mediante una investigación realmente oficial, y no nomás así, porque les caemos mal”.
Pero reprochó que por el contrario, el señalamiento del secretario de gobierno Reynoso Núñez, de que hay más órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de la UPOEG, indica el grado de persecución en contra de la organización.
Argumentó que la justicia no se aplica nomas porque llegue una parte a declarar y ya, con eso, se arma un expediente, puesto que cualquier persona puede declarar y señalar, pero el problema es probar.
Añadió que si la autoridades actúan sólo por señalamientos y sin investigación “para nosotros es una persecución política porque, por ejemplo, en lo que me señalan a mí nada tengo que ver”.
Explicó que la muestra de la saña en su contra es el señalamiento que hizo el vicefiscal Ramón Celaya Gamboa hace tres días de que hay otra carpeta de investigación federal, “pareciera que él es vicefiscal estatal y vocero de la FGR”.
El dirigente de la UPOEG declaró que “a nosotros nos conviene que nos castiguen para que esto crezca como ola y (el problema) se resuelva de una vez”.
Informó que el acuerdo de su organización fue “no mover todas nuestras piezas y participar solo en comisiones, para que si esto se complica, ya verán el avispero”.
Según Bruno Placido, las leyes le permiten que desde afuera de la cárcel pueda defenderse de los señalamientos que le hacen y que está seguro que puede probar su inocencia.
Informó que próximamente habrá una asamblea de 2 mil ejidatarios de Buenavista que saben que él no estuvo el día que se señala que cometió el delito de daños y robo.
Explicó que los ejidatarios van a mandar un acta o pedirán que la Fiscalía vaya a la asamblea para que escuche los señalamientos que le hacen los que lo quieren juzgar.
Añadió que en caso de que no le permitan defenderse desde afuera del penal, “eso ya sería evidenciaría de que la intensión es la persecución, y que el objetivo es tener a Bruno Placido en la cárcel para reírse de él”.
Añadió que con ello la Fiscalía quedaría en evidencia de que “ataca a los más débiles y fortalece a los más fuertes, porque yo no he escuchado ningunas estrategia pública y decir cuándo van contra Los Ardillos, o contra los otros grupos, y cuando hay ataques sólo van a levantar a los muertos y se quedan callados”.
Bruno Placido dijo que por eso le gustaría que lo detuvieran “para que quede en la historia como un gobierno que supuestamente surge del pueblo, somete al pueblo”.
El dirigente de la UPOEG advirtió que las protestas en los juzgados van a seguir y que el tiempo va a depender de lo que se tarde la reunión que está solicitando.
Informó que hay una propuesta de los integrantes de la UPOEG de trasladar el movimiento al Tribunal Superior de Justicia del estado en Chilpancingo.
Las protestas
Este miércoles por segundo día, la UPOEG bloqueó las instalaciones de Ciudad Judicial en Ometepec y el Juzgado de Ayutla en demanda de una mesa de dialogo con las autoridades.
En Ometepec hubo conatos de violencia entre los integrantes de la organización y los trabajadores de Ciudad Judicial, quienes entraron por una puerta alterna.
Los simpatizantes de la UPOEG se posesionaron de la entrada a las 9 de la mañana, la mayoría eran de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, de donde es originario Placido Valerio.
A las 11 de la mañana el bloqueo se reforzó con más simpatizantes de Xochistlahuaca, y entonces empezaron a entrar por el estacionamiento de la escuela de Artes y Oficios, que se ubica al lado de las instalaciones del Poder Judicial y comenzaron a retener a trabajadores de los juzgados.
Durante la protesta mostraron pancartas con exigencias como: “Fuera fiscal corrupta”, “Exigimos respeto a los proyectos comunitarios”, “Queremos desarrollo para nuestros pueblos originarios, No represión”, “No a la persecución de nuestro proyecto comunitario”.
Las confrontaciones comenzaron a las 12 del día cuando los trabajadores que estaban retenidos pidieron que se les permitiera trabajar o en todo caso los dejaran salir del edificio, puesto que ya para entonces estaban bloqueadas los dos accesos.
También protestaron contra los manifestantes los ciudadanos que acudieron a realizar trámites y que por segundo día se encontraron con las instalaciones tomadas.
De acuerdo a un video que se difundió de la toma de las instalaciones, uno de los ciudadanos que acudió a realizar trámites les exigió que si su problema era con la Fiscalía que fueran a protestarle a la fiscal,
“Nosotros nada tenemos que ver con su movimiento, vayan a la Fiscalía”, les espetó por aparte un trabajador de Ciudad Judicial, quien dijo que por la toma de las instalaciones unos 200 trabajadores había suspendido sus labores en los juzgados familiar y penal , así como en las áreas administrativas.
En Tlapa, donde se juzgó al dirigente, no hubo protestas
La UPOEG no tomó el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlapa donde se resolvió el auto de formal prisión por el delito de robo a Bruno Placido Valerio.
La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que a través de labores de investigación e inteligencia obtuvo datos de prueba por delito de robo agravado en perjuicio de Dionisio N, por hechos ocurridos en Tlapa en el 2016.
Ante eso la UPOEG y su dirigente Bruno Plácido Valerio informó que mantenían tomadas las instalaciones de Ayutla y Ometepec.
Y que si su caso no se resolvía tomarían este miércoles las instalaciones de los distritos de Tlapa y San Luis Acatlán y posiblemente los de Las Cruces, en Acapulco.
Sin embargo, durante este miércoles las oficinas se mantuvieron abiertas dando servicios.
En esta región la UPOEG tuvo presencia con el tema de la energía eléctrica y se mantiene un grupo de la UPOEG Montaña con Claudio Ortega, pero centrados en gestiones. El tema de seguridad y policías no es parte en la zona (Con información de Carmen González Benicio).
Con el rostro cubierto, pantalón de mezclilla, camisa azul y botas desgastadas, en uno de los cerros más altos de Chilpancingo, Román, miembro del Comité Estatal de Guerrero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), contó a 24 años de la masacre de El Charco, cómo el Estado ese día frenó el avance de la organización de los pueblos, porque “temía que el pueblo se diera cuenta del poder que tiene”.
Argumentó que en 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto aún con el temor a la guerrilla, creó con el apoyo de un comandante militar con experiencia en Colombia, autodefensas como estrategia contrainsurgente en Michoacán y Guerrero, entre ellas a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pues buscó un grupo afín en la Montaña y sobre todo en la zona minera de Zitlaltepec.
Sostuvo que en la zona na’savi del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, en aquellos años los pobladores añoraban con la autodeterminación, el desarrollo de sus pueblos y la seguridad por la defensa de sus recursos y su territorio.
En este municipio se estableció el único gobierno comunitario por usos y costumbres en Guerrero y, apenas en su segundo trienio con este modelo, ha estado lleno de confictos por el poder, aunado a una división territorial por el surgimiento de un nuevo municipio, Ñuu Savi.
Román se toma un tiempo para cada respuesta, el encuentro se dio en una zona despoblada la mañana de un sábado, a mediados de mayo.
El ERPI tuvo su última aparición pública en una entrevista que dio meses antes de su asesinato, el comandante Ramiro en 2009, posteriormente son escasas las apariciones del grupo clandestino, salvo contados comunicados que ha difundido.
–¿En qué años inicia el movimiento armado revolucionario en Ayutla?
–Inicia a principios de la década de los noventa. El movimiento armado resurge con más fuerza tras la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que da un impulso a la organización, que aún no se decía qué organización era, sólo se decía que era el Ejército del Pueblo o Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PdlP), sólo se sabía que te integrabas a lo clandestino, y sobre todo el movimiento armado se derivó de la guerra sucia que se vivió desde 1960 en adelante.
En ese momento el método de reclutamiento era lento, el convencer a las personas de que se unieran al movimiento tardaba seis meses o un año.
En ese tiempo se formaron células profesionales, y a inicio de los noventa ese proceso de cientos de personas pasó a miles que en los pueblos se incorporaron al movimiento armado.
Se transitó de una práctica política donde el secretismo de la compartimentación y la capactiación de cuadros militares y políticos tardaba meses, a una reflexión de que ya no eran posibles las mismas formas de trabajo, las prácticas y el contacto con los pueblos, y cambia la visión de la organización, entonces de Guerra Popular Prolongada se transita a otra estrategia política que es la “Construcción del Poder Popular”.
La Guerra Popular Prolongada plantea la utilización de las zonas rurales como bases de apoyo revolucionarias, un trabajo arduo entre los campesinos y la guerra de guerrillas.
Es decir que antes toda la preparación era para construir comandos, pelotones, cuadros de dirección políticos y militares, quienes iban a dirigir la guerra en un futuro hipotético, y se plantea que “desde el ahora” en ese momento, se deben cambiar las condiciones de vida sin la necesidad de aprovechar una coyuntura política o electoral que cree un descontento, el cual aprovechara el movimiento, y se plantea construir Órganos de Poder Popular.
En un primer momento las policías comunitarias nacen para eso, como un instrumento para servir al pueblo, pero fuera de la legalidad vigente, porque la legalidad qué es lo que hace, impone sus leyes a los pueblos para vender al mercado su cultura, sus tierras, y los somete.
La Construcción de Poder Popular quiere decir que se disputa el poder en cada territorio y que se puede construir desde abajo, con la gente que sufre en ese momento la represión y que no está contenta con el sistema de partidos.
Y en Ayutla se constituyeron Comités del Poder Popular, con los que se buscaba despertar que la misma población se convierta en rectora de su destino, fuera de los partidos políticos y los gobiernos, y fuera de figuras legales como comisarios y comisariados.
–¿Costó trabajo la organización?
–No fue fácil la organización por el hecho de que los pobladores se asumieran con el poder de su propio destino, porque le tenían miedo a los militares, y se les enseñó esa fortaleza que simplemente no sabían que tenían. En Ayutla unas 40 comunidades participaban, todas eran indígenas.
Se buscaba el desarrollo de los pueblos, en cuanto a salud, educación, las condiciones en ese entonces eran de pobreza, todos estaban igual. Con la masacre de El Charco, el Estado frenó el avance de la organización de los pueblos, porque temía que el pueblo se diera cuenta del poder que tiene.
–¿Qué es entonces la masacre de El Charco?
–El Charco era una reunión, de esos Órganos del Poder Popular, ahí estaban reunidos la Dirección Colectiva de esos 40 pueblos que participaban, acompañados de una columna que para ese entonces ya era ERPI, fundado en mayo de 1998, de una escición del EPR a nivel nacional.
–¿Cómo afectó al movimiento armado y la organización popular esta emboscada de El Charco?
–El Estado golpeó esta Dirección Colectiva, y afectó porque fueron perseguidos y sufrieron represión muchos compañeros, hubo muchos asesinados, dirigentes de organizaciones sociales perseguidos otros fueron comprados; incluso se aumentó el presupuesto de los ayuntamientos donde se llevó un proceso de contrainsurgencia.
El poder político siempre intentó romper la organización de los pueblos mediante grupos paramilitares como los Cantú, el Estado siempre ha comprado a la gente, le ha dado juego a los partidos políticos, y como Aguas Blancas, aún no ha habido justicia para los asesinados de El Charco, porque la intención (del Ejército) era exterminar a los compañeros en ese momento.
–¿Cómo entender entonces la organización de los pueblos y su unión al movimiento armado revolucionario, por qué lo hacían?
–Después del fraude de 1988, hay una emergencia electoral y renació en los pueblos la idea de que sí era posible cambiar el gobierno, luego surge el PRD, pero hubo sectores que no se sintieron representados en el PRD, y finalmente no satisface lo que la gente quería y ante esa situación de esas masas movilizadas, ocurre un hecho que es la toma de los ayuntamientos en 1991, porque en ese momento se piensa en algo más radical y no esperar hasta que se gane todo por la vía de los partidos y se asume como representantes populares, preocupados por el desarrollo de sus pueblos en un contexto de crisis y pobreza.
Por un lado tienes a la masa descontenta con el Estado, y por otro, los pueblos se organizan no nada más para andar armados y cambiar las cosas, primero se arman para no ser asesinados, para defender su vida, sus recursos naturales, sus territorios.
Porque Carlos Salinas convierte en mercancía la educación, el agua, se descuidan las normales y las escuelas públicas y hay un boom de universidades privadas en todo el país, hay una explotación masiva de los recursos naturales.
–Pero finalmente con El Charco se desorganiza a la población de Ayutla, ¿cómo entender que años después aún queda la concientización política en la búsqueda de un gobierno desde los pueblos?
–En 2012 hay un resurgimiento de los pueblos para constituirse con su policía comunitaria, tras El Charco y los engaños de los partidos políticos, los asesinatos por la violencia del crimen organizado, vuelven a organizarse esta vez usando figuras como los comisarios y comisariados, bajo la figura de las asambleas comunitarias.
En seis meses de asambleas, ya sin la presencia de la guerrilla en este movimiento, luego de que grupos paramilitares asesinaban a gente que no eran integrantes del movimiento armado, pero que lo hacían para mantener a la gente aterrorizada y ante el avance del crimen organizado, el cobro de cuotas, la gente se ve obligada a participar.
El Estado se entera de la organización de la policía comunitaria en Ayutla, y teme que sea un movimiento armado como años atrás y crea a la UPOEG, porque desde el Estado capacitó a líderes, y se les da poder, el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, el Congreso federal y estatal, el Senado y el Ejército colaboraron, porque cuál era el objetivo de la UPOEG, implantarlo en la zona de la Montaña, construir un ente diferente a la CRAC, aunque actualmente la CRAC es controlada por el gobierno del estado y los ayuntamientos a través de los recursos que periodicamente le otorgan, aún así se mantiene ese miedo a la guerrilla.
Con Peña Nieto llega el comandante (Oscar) Naranjo (como asesor) con amplia experiencia contrainsurgente en Colombia, donde bajo su mando se dieron casos de falsos positivos, como se les llama allá, que son asesinatos de presuntos guerrilleros, cuando en realidad eran simples civiles levantados por las fuerzas de seguridad. Además, él es el autor intelectual de la formación de las autodefensas en Guerrero y Michoacán como una táctica contrainsurgente, entre ellas, la UPOEG.
La UPOEG nace para que el Estado tenga un grupo afín en esa zona de las mineras, porque lo que le interesa es la explotación de los recursos naturales, las minas de Zitlaltepec, y Ayutla y San Luis (Acatlán) es parte del todo.
Entonces la UPOEG es un ente paramilitar no sólo con dirección y entrenamiento militar, entre ellos uno que ya fue asesinado, Ernesto Gallardo Grande.
Días antes de que se concrete la organización de la CRAC, la UPOEG controla parte de esos 40 pueblos que ya estaban, el gobierno dividió y mediatiza nuevamente un proceso social y para bloquear según a la guerrilla. El gobierno vio que nació una CRAC diferente a la que había en San Luis, que no sólo detiene al que roba, al que le pega a su mujer, sino que nace para liberarse del amasiato entre criminales y el poder político.
Además la CRAC de Ayutla cobija las revueltas populares en Huamuxtitlán, Olinalá, Tlatlauqui-tepec, parte de Tecoanapa y Tixtla, es una CRAC incluyente, sin color de piel, partidos o religión.
Las detenciones en 2013 (de líderes de la CRAC, entre ellos Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos, así como la toma de la Casa de Justicia de El Paraíso por el Ejército y la liberación de detenidos constituye un nuevo golpe contra los pueblos de Ayutla, del gobierno a la guerrilla, cuando no estábamos en ese proceso, y más bien es una respuesta del poder político a los pueblos organizados, con la visión de quien no piensa igual o al que no se somete al poder es un enemigo. Incluso la desaparición de Vicente Suástegui (el 5 de agosto de 2021 en Acapulco) es una muestra de que el gobierno ve a los luchadores sociales como enemigos, aún en este gobierno.
–La gestión fue principalmente de la UPOEG, para el primer gobierno comunitario por usos y costumbres, y tras el primer trienio, hoy Ayutla está en conflictos ¿a qué se debe?
–El Estado pone en una encrucijada a esa misma gente para que se desanime de su propio proceso, intentan joder su confianza, la UPOEG siempre ha controlado las drogas, quitó un cártel para poner otro, y no ha servido para emancipar al pueblo, y como su nacimiento es paramilitar siempre servirá al Estado.
La misma creación del nuevo municipio tiene la intención de que los pueblos se peleen por los recursos y se entretengan en peleas intestinas. Crear más municipios no significa que haya más recursos, ni significa que haya un mejoramiento de los pueblos.
Es un espejismo, al mismo tiempo el reconocimiento de un gobierno por usos y costumbres sin cambiar nada de fondo representa un engaño para los pueblos, y así no llegarán a un nivel de desarrollo los pueblos indígenas, si sólo se trata de darles juego político para desgastarlos, dividirlos, comprar a algunos con el objetivo de seguirlos manteniendo en la pobreza.
–¿Cuál es la opinión del ERPI del gobierno de Evelyn Salgado, sus políticas?
–Evelyn es más de lo mismo, es la continuidad de los gobiernos de Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre, Héctor Astudillo, no hay ningún cambio.
–¿Y de Andrés Manuel López Obrador, cómo se vislumbra su periodo?
–Es un gobierno que engaña pretendiendo ser de una falsa izquierda, cuando lo que está sentando son las bases para una etapa más agresiva del neoliberalismo, porque AMLO sí pudo profundizar la militarización en todos los sentidos, municipal, estatal y nacional, más con la creación de la Guardia Nacional, se ha militarizado la vida pública del país, bajo el pretexto de la narcoviolencia, pero no se ha controlado, se le da vía libre al crimen organizado y finalmente no se ha desmentelado el narco-gobierno.
–¿Sigue vivo el movimiento armado revolucionario en Guerrero y el país?
–Existe pero en diferentes vertientes, no sólo en una forma de lucha.
–¿La vía armada se justifica?, hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas en Guerrero, pero destacó que ahora ya no se justifica la vía armada para buscar un cambio político.
–Es el pensamiento de la clase dominante que le niega a los pueblos el derecho a sublevarse, a querer cambiar sus condiciones de vida, y negarles incluso desde antes de darse, que tengan razón si algún día se rebelan.
Él sabe que las condiciones de los pueblos no van a cambiar, más con el periodo neoliberal que sigue como política de Estado.
Retienen policías de la UPOEG media hora a dos patrullas de la Marina en Marquelia
Policías de la UPOEG con palos agredieron a agentes de las policías Municipal y Turística que acompañaron al alcalde de Marquelia, Lincer Casiano Foto: El Sur
En un retén de la organización, efectivos federales reprendieron a un joven que tenía puesto un pantalón, botas e insignias de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Las dos unidades de la Marina fueron encapsuladas en la carretera y ponchadas las llantas de los vehículos para paralizarlos en ese sitio. El alcalde Lincer Casiano Clemente (PRD) intervino para que fueran liberadas
Jacob Morales Antonio
Policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) retuvieron durante media hora a dos patrullas de la Marina en el bulevar que atraviesa la cabecera municipal de Marquelia, y luego de la intervención del alcalde los liberaron.
Los hechos comenzaron alrededor de las 4 de la tarde, luego de que los marinos en un puesto de control que tienen los civiles armados en la carretera, reprendieron e intentaron quitar un pantalón y botas, así como insignias de las fuerzas armadas a un joven de la organización, según indicaron los propios policías de la UPOEG a reporteros locales que transmitieron los hechos en vivo por redes sociales.
Al oponerse el grupo de policías de la UPOEG, las dos patrullas de marinos continuaron su camino hacia Acapulco, pero los civiles armados les dieron alcance y con cuatro camionetas que usan los encapsularon en la lateral de la vía, y bajaron de sus vehículos armados con sus escopetas. A los dos vehículos de las patrullas de la Marina los policías de la UPOEG les sacaron el aire a las llantas.
Mientras los integrantes de la UPOEG realizaban llamadas y pedían el auxilio de más compañeros de los municipios cercanos, los marinos se mantuvieron en su patrullas y no bajaron de las unidades, en las transmisiones tampoco se observó que fueran hostiles o que incluso apuntaran sus armas.
Al lugar llegó el alcalde de Marquelia, perredista Lincer Casiano Clemente, acompañado de elementos de la Policía Municipal y Turística, que fueron agredidos con palos y manotazos por jóvenes policías de la UPOEG que estaban en el lugar. El propio alcalde tuvo que ponerse en medio y alejar a los jóvenes que agredían a los municipales, después éstos se mantuvieron a lo lejos.
El alcalde llegó caminando hasta un costado de una de las camionetas de la Marina. En un primer momento uno de los comandantes de la UPOEG expresó su molestia ante lo que consideró como un intento de hostigamiento por parte de las fuerzas armadas.
Luego el alcalde se dirigió a hablar con el mando que venía al frente de las dos patrullas, quien le explicó que sí le llamaron la atención al joven, que no puede portar un pantalón, ni las botas y menos las insignias de la Marina porque son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y negó que trataran de quitárselo a la fuerza como lo aseguró uno de los comandantes de la UPOEG.
Luego uno de los mandos bajó de la camioneta, se acercó el comandante de la UPOEG, y éste, frente al alcalde reclamó que las dos patrullas ya le habían cerrado el paso e incluso habían cortado cartucho. “Tampoco vamos a permitir que nos vengan a hostigar cada vez que vengan al municipio”.
El alcalde tuvo que explicar al comandante de la UPOEG que él solicitó la presencia de la Marina debido a la feria del municipio, y que era la segunda vez que los marinos estaban realizando el recorrido.
Otro miembro de la UPOEG dijo al mando de la Marina que mejor acudiera a las tiendas donde se venden ese tipo de ropa y no actuara contra ellos. Respondiendo el mando que eso no les corresponde.
El comandante de la UPOEG a cargo expresó al mando de la Marina: “la verdad pensábamos manearlo, y ponerte en el puente carnal, pero por el presidente municipal, que es nuestro amigo, y nuestro mando aquí, vamos a dejar esto aquí”.
Después los policías de la UPOEG se retiraron, al igual que el alcalde. Minutos después llegaron policías ministeriales, y del Estado. Los marinos pidieron auxilio para que las llantas que les fueron ponchadas fueran reparadas y poder seguir su camino.
En breves declaraciones por teléfono el alcalde indicó que estaba hablando con los mandos militares para poder entablar una coordinación y que no se repita el hecho, “y no vaya a pasar a mayores”, debido a que los policías de la UPOEG no están capacitados y se les puede ir algún tiro de sus armas.
El Código Penal Federal, Título Decimotercero en su fracción VII – Usurpación de Funciones Públicas o de Profesión y Uso Indebido de Condecoraciones, Uniformes, Grados Jerárquicos, Divisas, Insignias y Siglas, señala que, se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien; -apartado IV.- Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial.
Afecta violencia en Edomex a Tierra Caliente; bloquearon la carretera de Toluca a Altamirano
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Durante varias horas se mantuvo bloqueada la carretera 134 que viene desde Toluca hasta Ciudad Altamirano y varios camiones y autobuses quedaron varados debido a los hechos de violencia que azotaron la Tierra Caliente del Estado de México durante la tarde y noche de este martes cuando hombres armados atacaron el edificio de la Fiscalía del Estado de México en Sultepec.
Versiones oficiales confirman que un grupo de aproximadamente 120 hombres armados atacaron instalaciones de la Fiscalía en Sultepec, Estado de México este martes aproximadamente a las 5 de la tarde. La localidad de Sultepec se ubica en una carretera que va desde Tejupilco hacia Ixtapan de la Sal a una hora de distancia entre las dos poblaciones.
Sin embargo una vez que se reportó el enfrentamiento con policías ministeriales, a quienes les quitaron un detenido, los armados comenzaron a bloquear todas las carreteras cercanas incluyendo la carretera federal 134 muy cerca de Tejupilco.
El paso hacia la Tierra Caliente quedó bloqueada tanto en la carretera federal como en la carretera estatal que va hacia Arcelia en donde colocaron autos quemados.
Esto provocó que varias personas que estaban trasladándose hacia esta región quedaron varadas en la carretera.
Tejupilco se ubica a dos horas de ciudad Altamirano. Pero varios comerciantes de Guerrero tienen negocios en esa localidad del Estado de México quienes estuvieron reportando la intensa actividad de civiles armados.
Aproximadamente a tres horas de distancia de Altamirano en Temascaltepec se reportó la emboscada a una patrulla de la Policía Estatal con saldo de un muerto.
Durante este miércoles se informó que la zona se encontraba abierta y tranquila y que además el Ejército se mantenía con intensos recorridos sobre el tramo federal.
Ante el temor de los hechos en Tejupilco anunciaron la suspensión del festejo del Día del Niño que estaba programada para este martes por la tarde; también suspendieron clases en todas las escuelas.
Los autobuses habían suspendido actividad durante la noche del martes pero este miércoles se informó que se reactivaba el servicio.
Ejecutan a balazos a joven en la Primero de Mayo; suman 153 muertos en el año
Detienen en Santa Cruz a menor de edad con droga y un arma
Redacción
Un joven fue asesinado a balazos en la colonia Primero de Mayo, ubicada subiendo por La Cima.
El crimen fue reportado a las 5:30 de la tarde en la avenida Del Chorrito, informaron policías ministeriales.
Mediante una llamada de emergencia, agentes fueron alertados de detonaciones de arma de fuego.
Policías encontraron a un joven asesinado a balazos en la avenida Del Chorrito.
La versión policiaca indica que hombres armados bajaron de un automóvil a su víctima y le dispararon.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron varios casquillos percutidos de una pistola calibre .9 milímetros.
Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
Con este caso suman 153 muertos en lo que va del año y dos en el mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.
Por otro lado, un menor de edad fue detenido por posesión de droga y arma, en la colonia Santa Cruz.
En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública explica que la detención es parte de los recorridos de prevención del delito, que hacen de manera conjunta, la Policía Urbana del municipio y la Secretaría de Marina.
Indica que los agentes recorrieron la calle Circunvalación, cuando le marcaron el alto a un motociclista que al pararse guardó un arma de fuego y huyó, los policías iniciaron la persecución y le dieron alcance en el callejón Moctezuma.
Añade que los agentes hicieron la inspección al menor de edad y localizaron el arma con cargador abastecido adentro de su mochila y junto a ella bolsitas con mariguana.
Soldados del Ejércto, entre ellos un boina verde, que fungen como guaruras de la fiscal Sandra Luz Valdovinos,quienes intimidaron, e incluso el que porta el arma M4 con lanzagranadas empujó al fotoreportero José Luis de la Cruz, por tomar esta y otras imágenes Foto: José Luis de la Cruz
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Petatlán y productor de aguacate, Víctor Espino Cortés, dio a conocer que desde la semana pasada hay un acuerdo de paz entre los habitantes de esa región y el grupo delincuencial que impera en esa zona, el cual fue pactado “desde arriba, lo malo fue que no estuvo presente nadie del gobierno del estado y ni tampoco medios de comunicación para que se diera a conocer”.
Ayer martes, vía telefónica, Espino Cortés informó de dicho acuerdo de paz, luego que desde hace poco más de seis años en la zona serrana del municipio de Petatlán y la que colinda con el municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, se vivía un clima de violencia e inseguridad que provocó el desplazamiento forzado de cientos de familias que fueron obligadas a dejar sus propiedades para proteger sus vidas.
En diciembre del 2018, habitantes de la zona oriente de la sierra de Petatlán, así como de los ejidos San Antonio de las Texas y El Durazno, en la sierra de Coyuca de Catalán, se organizaron para conformar la UPOEG en Petatlán, para hacer frente a las agresiones del grupo de la delincuencia organizada que impera en toda esa región y que a decir de los agraviados, había venido cometiendo asesinatos, secuestros, extorsión y abigeato, entre otros ilícitos, los cuales en su momento denunciaron ante las autoridades con señalamientos directos, pero hasta la fecha no hay ninguna persona detenida.
En noviembre del año pasado, el entonces secretario general de Gobierno y actual senador de la República, Saúl López Sollano, visitó a los habitantes de la sierra oriental de Petatlán en la comunidad El Porvenir para conocer su situación e iniciar el trabajo de pacificación y un día antes de reunirse con ellos, estuvo en la sierra poniente del mismo municipio, “platicando con aquellos”, según trascendió extraoficialmente en esa ocasión.
López Sollano es conocido en esta región porque en julio de 2013, cuando se desempeñaba como coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, participó en las negociaciones entre un grupo de autodefensas que en ese entonces colocaron un retén en Rancho Alegre del Llano, en Tecpan y los habitantes de los pueblos de la zona poniente de ese municipio que se inconformaron contra ese grupo con un bloqueo de 38 horas a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo desde Los Laureles hasta Santa Rosa de Lima y Coyuquilla Norte.
Días antes de que López Sollano dejara el cargo en el gobierno estatal para suplir en el senado a Félix Salgado Macedonio, Víctor Espino declaró sobre la preocupación de los habitantes de esa región, en el sentido de que al dejar el puesto, ningún funcionario del gobierno del estado le daría seguimiento a la pacificación en esa zona.
Sin embargo, ayer martes, Espino Cortés, dio a conocer que ya hay un acuerdo de no agresión, pero que los habitantes de la sierra oriente de Petatlán no fueron tomados en cuenta, sino que lo supieron “porque luego todo se sabe, que arreglaron según los jefes desde arriba”.
“Pero está bien mientras sea paz, pero por otro lado, no hay nada que sustente eso, no hay un documento, no se le avisó a los medios, no se tomó en cuenta al gobierno, cuando realmente nosotros con el gobierno anduvimos en chinga ahí, haciendo reuniones y de alguna u otra forma buscándole solución a las cosas, a nosotros nos hicieron a un lado y platicaron los jefes”.
Dijo, “pero quedan los acuerdos muy oscuros, entonces, lo bueno hubiera sido que se hubiera hecho como el acuerdo que se hizo con San Luis, en julio del 2013, que se hizo un documento, que los medios estuvieron presentes y los medios le dieron difusión a la gente y entonces la gente sabe, se entera y así, el que la riegue pues sabe que hay consecuencias, porque se sabe y cuando no se sabe ni qué, pues nomás no pasa nada, nomás sigue la guerra, no se sabe quién incumple ni nada, queda muy suelto”.
A pregunta, Espino Cortés sostuvo que “aquí todo se sabe y aunque a uno no lo llamen ni nada, uno como quiera se entera de todo lo que está pasando, y ahorita de una u otra forma creo que apadrinaron de más arriba, pero el detalle es que son mañosos unos y otros, los padrinos pues y mi punto de vista es que hubiera sido que se tomara en cuenta al gobierno, porque de alguna u otra forma don Saúl vino, anduvo haciendo reuniones con la gente, de una u otra forma anduvo buscándole, fue a verlos a allá, a Petatlán y ahí anduvo”.
“Mi punto de vista es que se hubiera llamado al gobierno, a los medios de comunicación, no para presumir, sino para que se entere la gente, es que lo que es derecho no tiene chuecura y es lo único, pero de lo demás, pues sí, hay un acuerdo de un respeto y ya, cada quien puede regresar a sus lugares de origen y si no se sienten con mucha confianza pueden vender lo que dejaron en cada lado, recoger sus casas, venderlas, ponerles precio”.
Agregó que otro de los acuerdos fue que “si alguien hace un mal, que mate a alguien o hace un mal, el mismo pueblo tiene la obligación de agarrarlo y correrlo o dependiendo de los acuerdos que haya en cada pueblo”.
Sostuvo que con estos acuerdos, incluso los habitantes de la comunidad serrana La Finca de Gildardo, quienes fueron atacados a balazos por civiles armados el 31 de octubre del año pasado y les dieron cinco días de plazo para que abandonaran la localidad, pueden regresar si ellos lo decidieran, “esa gente y la de Zihuaquio y todo, era la misma línea, con eso ya se arregla todo, hasta allá, hasta Tierra Caliente”.
Comentó que “la ventaja es que todo el mundo ya está contento porque de alguna u otra forma ya hay ese acuerdo y yo digo que sí ayudaron mucho las reuniones que hizo don Saúl, eso vino a facilitar todas las cosas y estuvieron apretando desde arriba sabrá Dios con quién y se dieron las cosas y está bien, por nuestra parte estamos contentos porque ahora sí vamos a poder trabajar y sacar adelante a la sierra”.
“Queremos darle las gracias a la gobernadora Evelyn Salgado, porque después de varios años en guerra, ahorita la gente ya va a poder regresar a trabajar y es ahora que necesitamos el apoyo, principalmente con los caminos que están acabados y ya con este acuerdo de paz, ya pueden enviar doctores y medicinas para los centros de salud y también maestros para las escuelas, necesitamos también que acá haya mejor comunicación con el internet porque es muy necesario para nuestros niños y jóvenes”, dijo.
A Obtilia la desaparecieron cuando huía de Ayutla ante amenazas de muerte, denuncia la OPIM
El secretario de esa organización y esposo de la presidenta señala a la delincuencia organizada y a la UPOEG que quieren controlar las obras públicas del municipio, y la dirigente indígena como parte del Concejo Municipal Comunitario comenzó a revisar los expedientes. Últimamente se le retiraron las medidas de protección policiaca decretadas por la Coidh, denuncia. El sábado sufrió un primer intento de levantón, pero lo evadió su compañero Hilario Cornelio Castro, que la acompañaba y desapareció con ella el martes
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, confirmó la desaparición de su esposa, la presidenta de esa organización, Obtilia Eugenio Manuel. Declaró que la mañana del martes, ella venía huyendo de Ayutla rumbo a Chilpancingo porque las amenazas de muerte arreciaron en su contra desde el sábado.
Mientras tanto, otro miembro de la organización, aseguró que desde el sábado ya había sufrido un intento de levantón en Ayutla pero que evadió a sus agresores porque Hilario Cornelio Castro, quien últimamente la acompañaba para protegerla les hizo frente y lograron escaparse.
Cuauhtémoc Ramírez informó que la activista era acompañada la mañana del martes por Cornelio Castro, también integrante de la OPIM y perdió contacto con ellos en el trayecto de la carretera Tierra Colorada-Ocotito.
Denunció que Obtilia ya no contaba con las medidas cautelares porque tenía desconfianza a los elementos de seguridad debido a omisiones y fallas que habían encontrado. También denunció omisión y negligencia de las autoridades estatales a quienes recurrieron desde que Obtilia comenzó a recibir amenazas de muerte en noviembre pasado pero nunca les hicieron caso.
El dirigente de la OPIM declaró que las amenazas venían de la delincuencia organizada y de gente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) porque querían controlar las obras del municipio de Ayutla, pues Obtilia forma parte de la comisión de obras del Cencejo Municipal Comunitario de ese municipio.
Entrevistado vía telefónica, Cuauhtémoc Ramírez, exigió la presentación con vida de su esposa, de quien dijo que había recibido amenazas de muerte desde el sábado, el domingo y el lunes.
“Le estuvieron marcando a su teléfono y le mandaron mensajes, diciéndole que la iban a matar porque no sabía en qué se había metido”.
Explicó que el móvil de las amenazas son las obras del Ayuntamiento porque Obtilia es la encargada de las obras como parte del Concejo Municipal Comunitario, “revisaron los expedientes y de ahí empezaron las amenazas. Son gente del narco la que está metida en las obras, y gente de la UPOEG”, denunció.
Cuauhtémoc Ramírez denunció que frente a estas amenazas y el riesgo en que se encontraba Obtilia fallaron las medidas cautelares “la Policía estatal no hizo bien su trabajo, porque desde noviembre pasado recibió amenazas estando la policía ahí y no hizo nada”.
Recordó que entonces presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, “y tampoco hicieron nada”. Dijo que después presentaron un escrito a quien era el encargado de Seguridad Pública estatal “para pedirle que nos reuniéramosos y revisáramos todas las medidas y no hicieron nada”.
El dirigente de la OPIM se quejó de que a pesar de que las medidas cautelares eran de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la respuesta de los gobiernos estatal y federal siempre fue omisa y tardía.
Explicó que por eso la mañana del martes cuando huía de Ayutla rumbo a Chilpancingo, ya no traía resguardo policiaco por la desconfianza que ya había hacia la Policía estatal que a pesar de las amenazas ya no le brindaba protección.
“Ya no confiábamos en ellos desde lo que pasó en noviembre, y porque la misma gente de la UPOEG estaba presionando; decía que por qué cargaba policías, que de qué privilegios goza, que el que nada debe nada teme, pura mierda de esa estaban tirando”.
Informó que el lunes ya se venía a Chilpancingo porque las amenazas empezaron el sábado.
“De Ayutla se venía a Chilpancingo porque ya estaban fuertes las amenazas. Después, en Chilpancingo íbamos a decidir qué hacer”, contó.
Otro integrante de la misma organización informó que el sábado hubo un primer intento de levantar a la activista frente a la tienda de autoservicio Aurrerá de Ayutla, pero que esa vez Hilario Cornelio Castro, quien últimamente siempre la acompañaba para protegerla, armado les hizo frente y los agresores huyeron.
Desde ese día, la activista comenzó a sentirse insegura en esa cabecera municipal pero no podía salir por el riesgo, hasta que la mañana del martes decidió abandonar esa cabecera municipal y trasladarse a Chilpancingo, pero en el trayecto desapareció.
El último contacto que tuvieron sus familiares con Obtilia e Hilario fue a las 7 con 20 minutos de la mañana del martes. A esa hora, Obtilia se comunicó vía telefónica desde Tierra Colorada con Cuauhtémoc Ramírez quien se encontraba en Chilpancingo.
Los familiares y miembros de esta organización creen que Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio pudieron haber sido privados de su libertad en el trayecto de Tierra Colorada a El Ocotito, debido a que habían convenido que cuando pasara Ocotito se volvería a comunicar otra vez y ya no lo hizo.
Por la tarde de ayer, Cuauhtémoc Ramírez, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia por la desaparición forzada de Obtilia e Hilario.
Obtilia Eugenio Manuel es fundadora de la OPIM junto con su esposo Cuauhtémoc Ramírez, y es también integrante de la Comisión de Justicia del Consejo Municipal de Ayutla, el órgano de gobierno municipal que por primera vez fue electo por usos y costumbres de los pueblos indígenas en ese municipio.
Obtilia y su organización acompañó en su lucha a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas sexualmente por soldados del Ejército en 2002 y derivado de ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria al Estado mexicano.
La activista contaba desde el 2009 con medidas cautelares que dictó la Coidh al gobierno mexicano por las amenazas que había venido sufriendo por su defensa a favor de las agresiones que han sufrido indígenas de esa zona.
Por tierra y aire y mostrando sus fotos casa por casa buscan policías del estado a Obtilia e Hilario
Rechaza el gobierno responsabilidad en la desaparición de los dirigentes
Anarsis Pacheco Pólito
Un policía estatal muestra la fotografía a un transeúnte. La imagen fue difundida por el gobierno estatal, que afirma que esa actividad comenzó en el área en que desaparecieron los dirigentes de la OPIM, entre Ayutla El Ocotito, y en la noche dijo que se extendió a todas las regiones del estado – Foto: El Sur
Chilpancingo
El gobierno del estado en un comunicado se deslindó de responsabilidad en la desaparición de los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel y su compañero Hilario Cornelio Castro, justificando que durante el año pasado le entregaron el premio al mérito Civil Indígena Cuauhtémoc.
“El gobierno del estado rechaza cualquier vinculación como responsable de estos lamentables hechos, por el contrario el 27 de octubre del 2018 en el acto conmemorativo del Aniversario del Estado de Guerrero, reconoció la trayectoria de Obtilia Eugenio Manuel como Defensora de Derechos Humanos”, se lee en el documento.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia se encargó de difundir el comunicado que redactó la Secretaría General de Gobierno, en el que se asegura que desde el martes se activaron los protocolos de búsqueda y localización por cielo y tierra, en el área entre El Ocotito y Tierra Colorada, de donde salieron las últimas comunicaciones de ellos el martes.
A pesar de que se dio a conocer que este martes a las 7:40 de la mañana habían desaparecido los líderes de la OPIM, en el comunicado no se especifica la hora en la que se iniciaron estos protocolos, pero si se acompaña de una serie de imágenes en las que se muestra a policías repartiendo volantes con la fotografía de Obtilia Eugenio.
Se explica que trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno se trasladaron “vía área” hacia el último punto donde se tuvo señal en uno de los teléfonos celulares que portaba una de las víctimas y en ese lugar desplegaron las “fuerzas policiales” de manera terrestre.
De manera paralela se informó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz sobre la situación que se atravesaba.
En el comunicado se da a conocer que el gobernador Héctor Astudillo Flores recibió en audiencia al esposo de la defensora de los derechos humanos, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez a quien le hizo “saber” su interés por la pronta localización de Obtilia Eugenio.
El comunicado termina reiterando que el gobierno del estado tiene el compromiso de proteger y salvaguardar los derechos humanos, así como de hacer uso de todos los medios y herramientas legales y oportunidades encaminadas a la pronta localización de la defensora de derechos humanos.
Por la mañana en Casa Guerrero, el Fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos intentó evitar declarar sobre el tema, pero ante la insistencia informó que se montó un operativo de búsqueda desde Ayutla hasta el Ocotito y que ninguno de los familiares de la defensora había presentado denuncia.
La vocería difundió imágenes en las que aparecen policías del estado entregando volantes con la imagen de Obtilia e Hilari.
Esta actividad iniciada por el gobierno de Héctor Astudillo Flores se parece a la que montó el gobernador Ángel Aguirre Rivero el 2 de octubre 2014 , donde movilizó a mil 650 burócratas a la ciudades de Iguala y Taxco para que casa por casa preguntaran por los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos tras el ataque de policías y sicarios, días después el gobernador perredista se separó del cargo.
Búsqueda en todas las regiones
En la noche, en un comunicado el gobierno informó que el operativo de búsqueda se extendió a todas las regiones del estado de Guerrero.
“La búsqueda y localización de la señora Obtilia Eugenio Manuel y del señor Hilario Cornelio Castro abarca todas carreteras del estado, en la Autopista del Sol (Acapulco-Cuernavaca) en recorridos por tierra y así como brechas de terracería y zonas conurbadas de los municipios en todas las regiones de Guerrero
Dice que en los reconocimientos se pegan volantes en lugares públicos, con la fotografía de Obtilia Eugenio Manuel, a fin de dar con su paradero.
Exigen la ONU-DH y ONG al gobierno federal y estatal la búsqueda y presentación de Obtilia
Recuerdan la labor de la dirigente de la OPIM en la defensa de las mujeres violadas por militares, de los indígenas sometidos a esterilización forzada y de otras víctimas en Ayutla. Piden también castigo a los autores materiales e intelectuales
El 7 de junio de 2012 en El Charco, Ayutla de los Libres, el obispo de Saltillo Rau?l Vera saluda a Obtilia Eugenio en la ceremonia por 14 años de la masacre de 11 indígenas de esa región -Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes/ Lourdes Chávez/Alejandro Guerrero y Francisco Magaña
Chilpancingo/Iguala/Atoyac
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), decenas de organizaciones sociales y no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos del país, así como la senadora Nestora Salgado García, condenaron la desaparición de la dirigente indígena de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel, y exigieron a los gobiernos federal y estatal su búsqueda inmediata y presentación con vida.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno de Guerrero y a la Fiscalía General del Estado, a efecto de realizar las acciones conducentes para la búsqueda y localización de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM).
La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades del estado de Guerrero para reforzar las labores de búsqueda y esclarecer el paradero de las personas defensoras indígenas de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, desaparecidas el día 12 de febrero en Guerrero.
“Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro son integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM). La organización ha desarrollado una importante labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Guerrero, particularmente en casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas me’phaa, como la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998 o el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres me’phaa víctimas de tortura sexual cometida en su contra por miembros del Ejército mexicano en 2002, que cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)”, dice la ONU-DH.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, resaltó que “la OPIM es un referente histórico en la defensa de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Han acompañado casos de transcendencia no sólo nacional sino regional, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Debido a ello, a lo largo de su trayectoria han sido víctimas de varios ataques”, dijo en su comunicado el organismo internacional.
Concluye: “La ONU-DH se une a los llamados de los familiares y colegas de Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro en relación con la urgencia de la búsqueda y el esclarecimiento del paradero de las personas defensoras”.
En tanto, la CNDH solicitó al gobierno que se realicen las gestiones necesarias para la búsqueda y localización de Obtilia Eugenio Manuel y su compañero activista Hilario Cornelio Castro y se efectúe la investigación ministerial de su desaparición tomando en cuenta su labor de activismo e informando en todo momento a sus familiares de los avances y resultados obtenidos.
También se solicitó salvaguardar la seguridad e integridad personal de los demás integrantes de la OPIM, así como de las familias de la señora Eugenio Manuel y de su compañero Hilario Cornelio Castro, “brindándoles la contención emocional que corresponda”.
En el comunicado se informa que el presidente de la CNDH y el gobernador Héctor Astudillo sostuvieron una conversación vía telefónica en la que el ombudsman le solicitó su intervención para la localización de los dos defensores desparecidos.
A su vez, la senadora por Morena, Nestora Salgado García, denunció que desde 2002, la dirigente de la OPIM, e integrante del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel, ha recibido amenazas de muerte, por las que tenía medidas cautelares de protección, que no evitaron su desaparición.
En un comunicado, la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y ex presa política se sumó a la exigencia de organizaciones y organismos civiles de derechos por la presentación con vida de la defensora, privada de su libertad junto con el también activista de derechos humanos, Hilario Cornelio Castro.
Añadió que la desaparición de los activistas, ocurre en el contexto de violencia generalizada en el estado, que incluye agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas en Guerrero y el país.
Salgado García urgió a que el gobierno del estado agilice la búsqueda de la defensora y su compañero, y se garantice su integridad física y sicológica.
También la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió al gobierno de Guerrero la inmediata presentación con vida de Obtilia Eugenio.
“Repudiamos el hecho y responsabilizamos al gobierno de Héctor Astudillo Flores de cualquier daño a la integridad física y sicológica de nuestra compañera, quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamiento y amenazas de muerte”, dice el escrito.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red integrada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la república, así como por familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, reprobó “de manera enérgica”, la desaparición de la defensora Obtilia Eugenio Manuel.
Recordó que junto con el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero, Obtilia Eugenio Manuel respaldó en 2016, la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Guerrero, la cual fue declarada en junio de 2017 a ocho municipios entre ellos, Ayutla, municipio de donde la defensora es originaria.
“Este hecho lamentable evidencia la violencia feminicida que viven las mujeres y defensoras en el estado de Guerrero, pues cabe recordar que desde el 7 de diciembre de 2011, Eva Alarcón y Marcial Bautista, coordinadora y presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán se encuentran desaparecidos, sin que haya avances significativos para conocer su paradero”, dice el pronunciamiento.
Ante ello, el Observatorio exigió al gobierno estatal y al Gobierno Federal, que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas realicen todas las acciones necesarias para encontrar con vida a la defensora y Hilario Cornelio Castro.
También demanda que se inicien las investigaciones necesarias para identificar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición de los defensores comunitarios y que se implementen de manera inmediata y efectiva las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de Guerrero.
Por su parte, le la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que encabeza el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, exigió a los gobiernos estatal y federal que tomen las medidas necesarias para la aparición con vida de la defensora y su acompañante Hilario Cornelio Castro.
También demandó a las autoridades competentes una efectiva investigación que conduzca a la aparición con vida de la defensora y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
Otro organismo que condenó la desaparición de la activista, fue el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “nos sumamos a la exigencia de las organizaciones civiles y sociales para que las autoridades del Estado realicen los trabajos de búsqueda de manera inmediata, oportuna, transparente y con base a información útil y científica para lograr su presentación con vida”, pide el organismo guerrerense en su escrito.
Recuerda que Obtilia Eugenio Manuel, originaria de Barranca Guadalupe, municipio de Ayutla, desde muy joven denunció los atropellos cometidos por el Ejército en la región de Ayutla, “y acompañó a Valentina Rosendo e Inés Fernández en su exigencia de justicia ante la tortura sexual perpetrada por elementos del ejército en el 2002”.
“Debido al riesgo que enfrentaba la defensora Obtilia, optó por mantener una seguridad discreta, depositando su confianza en personas de la comunidad. En el día de su desaparición, iba acompañada por el señor Hilario Cornelio Castro, de quien también se desconoce su paradero”, refiere Tlachinollan.
Tlachinollan exige a los gobiernos federal y estatal que se realicen las acciones de búsqueda efectiva e inmediata, desplazando las fuerzas de seguridad del Estado, para su localización y presentación con vida de la defensora Obtilia Eugenio Manuel y el señor Hilario Cornelio Castro.
Asimismo, que se dé cumplimiento cabal a las medidas provisionales otorgadas por la Coidh desde el 2009, y que se garantice una investigación exhaustiva que dé con el paradero de los responsables de su desaparición y cese la violencia contra las defensoras y defensores comunitarios de Guerrero.
También el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ordene un operativo de alto nivel para encontrar con vida a nuestra compañera. “Consideramos que en el país de la Cuarta Transformación este tipo de hechos no deben ocurrir”, condena la agrupación en su escrito.
De manera conjunta también se manifestaron el Molppeg, la CRAC-PC de Cacahuatepec, Tecoanapa, Huamuxtitlán-Olinalá y Dos Ríos; el Cecop, Frente Popular de la Montaña, OPIG, Colectivo El Grito, CETEG Región Montaña, Colectivo Zapata Vive, Sobrevivientes del caso Iguala y Familiares de presos políticos, Centro de Formación Política Juan R. Escudero, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad,
YoSoy132 Nueva York, Colectivo Ayotzinapa NY, Iniciativa Tlappan y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
“Hoy más que nunca exigimos al gobierno estatal que cese el ataque contra nuestras compañeras y compañeros, que respete la autonomía de los pueblos indígenas, que deje de instruir a algunos dirigentes de organizaciones sociales para que persigan a defensoras y defensores del medio ambiente, de los pueblos originarios y de los derechos humanos en general”, demandaron estas agrupaciones.
También demandaron la intervención del gobierno federal para que exhorte al gobierno del estado a que presente con vida a Obtilia Eugenio Manuel.
Por separado, la activista Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda del asesinado dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, se sumó a la exigencia al gobernador
Héctor Astudillo Flores para que se garantice la seguridad y la presentación con vida de los activistas Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro.
También la dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa en la región de la Costa Grande, Clemencia Guevara Tejedor exigió a las autoridades federales y estatales la presentación con vida de la activista indígena.
Participará en la búsqueda de Obtilia e Hilario, anuncia el FUSDEG de Tierra Colorada
El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que opera en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) informó que su Policía Comunitaria, se sumó a la búsqueda de la defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida con su compañero Hilario Cornelio Castro la mañana del martes.
En un boletín de prensa el órgano de seguridad comunitaria indicó que la desaparición de los activistas de la Organización del Pueblo Indígenas Me’ phaa (OPIM) fueron “en circunstancias aún no aclaradas”, se deslindó de los hechos ocurridos cerca de su territorio de influencia y externó una “enérgica” protesta.
En el escrito breve emitido anoche la dirigencia del Frente condenó la desaparición de la activista, quien además es una autoridad del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres que gobierna el primer municipio en Guerrero que formalmente se rige por usos y costumbres.
Se deslinda de la desaparición y anuncia su disposición para colaborar la localización de los dos.
De la búsqueda dijo que los policías comunitarios pondrán todo su empeño para encontrar a Obtilia Eugenio y a Hilario Cornelio, a quienes familiares y el gobierno estatal ubican por última vez en el tramo Tierra Colorada-El Ocotito.
El organismo de seguridad se unió a la búsqueda del gobierno del estado, que de manera oficial estuvo informando el vocero Roberto Álvarez Heredia en redes sociales.
El FUSDEG precisa que a los promotores del desarrollo comunitario les preocupa la desaparición de la defensora y el dirigente de la OPIM, “y merece nuestra más enérgica protesta”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Hace la Codehum un “llamado enérgico” a las autoridades para hallar a los 2 líderes
Redacción
Chilpancingo
La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) lanzó un “llamado enérgico” a las autoridades para que de manera inmediata sea localizada la defensora indígena Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
En un comunicado el presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno solicitó que se lleven a cabo las investigaciones necesarias que conduzcan a una efectiva localización con vida de Obtilia y de su acompañante Hilario Cornelio Castro, quienes desaparecieron este martes en la carretera federal de Tierra Colorada a El Ocotito, rumbo a Chilpancingo.
Además informó que se abrió el expediente VG/1/009/2019-III por la desaparición de ambas personas, se emitieron medidas cautelares dirigidas a la Fiscalía Especializada para Desaparición de Personas, entre otras autoridades, solicitando la implementación de acciones oportunas que coadyuven en la localización de ambos activistas.
Agrega que los visitadores generales, Policarpo Gatica Ramírez y Román Jaimez Contreras y más personal de la Codehum participan en las acciones de búsqueda.
La comisión estatal dice que dará puntual seguimiento al caso, brindando el acompañamiento necesario “desde el ámbito de nuestra competencia hasta esclarecer lo sucedido”.
Además lamenta lo acontecido a la defensora, quien actualmente forma parte del Concejo Municipal de Ayutla y quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamientos y amenazas en su contra.
Presenta el Concejo de Ayutla una denuncia en la FGE por la desaparición de Obtilia Eugenio
Ayer en la noche el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres presentó una denuncia penal por la desaparición de la integrante del órgano de gobierno, la defensora de derechos humanos indígena Obtilia Eugenio Manuel, ante la Fiscalía General del Estado.
Una fuente cercana del gobierno indicó que a las 12 de la noche estaban concluyendo el trámite en las oficinas de la FGE en Chilpancingo, mediante la sindicatura de Seguridad Pública, aunque el caso ya fue denunciado por sus familiares ante la Fiscalía General de la República. (Redacción).
Pide diputada del PRD a gobiernos federal y estatal la búsqueda de Obtilia Eugenio
Recuerda Perla Edith Martínez que la activista indígena había recibido amenazas de muerte desde noviembre. Impide Morena en el Congreso exhorto directo a AMLO para atender el caso de las estancias infantiles
Rosalba Ramírez
Chilpancingo
La diputada local del PRD, Perla Edith Martínez Ríos, exigió a los gobiernos federal y estatal establecer los mecanismos necesarios para dar con el paradero de la activista indígena Obtilia Eugenio Manuel, miembro del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres y de la Organización de los Pueblos Indígenas Me Phaa (OPIM).
Después de su intervención por el día de la Mujer Mexicana, la diputada recordó en tribuna que la activista indígena está desaparecida desde la mañana del martes y que se perdió comunicación con ella en el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito.
“Esta activista había recibido amenazas de muerte desde el pasado mes de noviembre”, informó.
La noche del martes el padre Alejandro Solalinde denunció la desaparición de la activista y su acompañante la mañana de ese día.
La protesta
Durante la sesión del Congreso se aprobó por unanimidad el exhorto de la diputada priista Aracely Alvarado González al gobierno federal para que clarifique el diagnóstico del Programa Nacional de Estancias Infantiles, “y si del análisis realizado resultan irregularidades, que se aplique todo el rigor de la ley a los responsables”.
El exhorto original era al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se modificó a a propuesta de la diputada de Morena Nilsan Hilario Mendoza para que se hiciera directamente a la titular de la Secretaría de Bienestar, “manteniendo y fortaleciendo la operatividad del programa para cumplir con la función.
Cuando llegó el turno de que el exhorto se leyera en el pleno, las responsables de estancias infantiles que hasta el año pasado eran subsidiadas por el gobierno federal irrumpieron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del estado para exigir que el programa continúe.
Las responsables de las estancias infantiles fueron dirigidas hasta afuera de la sala José Francisco Ruiz Massieu (donde sesiona la comisión permanente) por la diputada panista Guadalupe González Suástegui.
Cuando las manifestantes cruzaron el cerco de seguridad, lo hicieron poniendo por delante a una de las responsables que está embarazada, de esa manera pretendían que los guardias no las detuvieran. Sin embargo, no las dejaron ingresar.
La diputada panista después tuvo que salir para pedirles a las manifestantes que no entraran protestando a la sala porque impedirían que se leyeran las propuestas de exhorto y se podría suspender la sesión.
Finalmente al pleno entraron siete responsables de estancias, que reviraban lo que los diputados de Morena mencionaban de la corrupción en la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el programa de estancias.
En la discusión, Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, les dijo que esperaran a que se publicaran las reglas de operación a finales de febrero, porque podrían darse cambios y sugirió que los diputados que ahora apoyan a las responsables de las estancias lo hacen de forma hipócrita.
Por su parte Araceli Alvarado criticó que en otras entidades los delegados federales están coadyuvando en el problema e interviniendo para que el apoyo no sea retirado, pero en Guerrero Pablo Amílcar Sandoval no está interesado en el tema.
El perredista Bernardo Ortega Jiménez dijo que las protestas son culpa del gobierno federal que ha dado “bandazos un día dice una cosa y después otra. El dijo que iban a desaparecer de manera gradual”.
Ortega Jiménez afirmó que no subía a tribuna de forma hipócrita, si no que él conoce y le ha dado seguimiento a las estancias y afirmó que “nos engañaron”, en referencia al gobierno federal. Finalmente pidió “no descalificar mejor fortalecerlas”.
Mientras que el priista Cervando Ayala Rodríguez pidió “no satanizar los programas que se crearon con mucha nobleza. No podemos estar generando encono ni ofendernos ante reclamos justos”.
La panista presentó una propuesta de exhorto de urgente y obvia resolución a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para que realicen las acciones necesarias para dotar de mayor suficiencia presupuestaria en el Presupuesto Modificado para el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras durante el ejercicio fiscal 2019 y evitar su desaparición, que fue aprobado.
El ex presidente del comisariado ejidal de Nueva Cuadrilla, municipio de Coahuayutla, Marcos Sánchez Orozco exigió la intervención del gobierno federal para que combata al grupo de la delincuencia organizada que desde la semana pasada se presenta como Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Dijo que el vocero de la policía de la UPOEG, Eleazar Mercado Rodríguez, El Chay, es cabecilla de una banda criminal y “ha robado vacas, ha asesinado y secuestrado gente, ha saqueado casas, quitado parcelas, potreros y negocios y no hay gobierno que le ponga el alto y que lo meta a la cárcel”.
Ayer domingo vía telefónica Sánchez Orozco, informó que él mismo fue víctima del grupo criminal Los Cuernudos, y que tuvo que salir de Nueva Cuadrilla con su familia, “nada más con lo que teníamos puesto, porque El Chay me robó 25 vacas, me quitó dos estanques en los que criaba tilapias, me quitó mi camioneta, se robó un equipo para vulcanizadora completo y destruyó mis dos casas, de todo eso puse una denuncia y es la fecha en que ni siquiera ha salido la orden de aprehensión”.
Sánchez Orozco aseguró que además de su caso, “ha habido muchos, muchos habitantes de la sierra de Coahuayutla han sido afectados por esta gente que ahora se dicen policías ciudadanos, ¿de dónde van a ser eso si a lo que se dedican es a dañar a la población?, hay un caso de otro vecino de Coahuayutla que esta gente le quitó 50 vacas y fue a la agencia del Ministerio Público del fuero común en La Unión, ahí el titular le cobró 100 mil pesos para ir a recuperarlas, eso fue hace dos años, por supuesto que el gobierno del estado y el fiscal deben de saber quién estuvo como titular en ese tiempo y se chingó ese dinero”.
Marcos Sánchez sostuvo que el gobernador Héctor Astudillo Flores “no ignora ni desconoce para nada de todo lo que pasa en el municipio de Coahuayutla, yo personalmente le hice entrega de un oficio fechado el 8 de octubre de 2016 en donde le conté todo lo que a mí me afectaron y todo lo que ese grupo de Los Cuernudos ha hecho a la gente de la sierra”.
“Lo más impotente y triste de todo esto es ver que al gobierno le vale madre lo que le pase a la gente de Coahuayutla, por supuesto que tuve respuesta a mi escrito, pero ¿sabe qué me contestaron?, me respondieron hasta tres meses después, el 17 de enero del 2017, de la Unidad de Asesores Políticas y Alertamiento, en el oficio SSP/UAPA/0048/2017 en el que me dijeron que por instrucciones del entonces secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y en atención al oficio que hacía tres meses que le mandé al gobernador, mi petición fue turnada a la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial para su atención correspondiente y lo firmó un licenciado de nombre Jesús Castro Rodríguez, no sé si sea hombre o mujer, pero el papel decía encargada de despacho y que era licenciada”.
El campesino, quien actualmente dijo que se encuentra fuera del estado porque teme por su seguridad, expuso, “ante lo que veo que sigue pasando en mi comunidad y en mi municipio, quiero decirle desde mi exilio al gobernador del estado y al propio gobierno del estado que si ellos no pueden con esa bola de delincuentes, la gente que ya estamos afuera y la que todavía queda en el municipio nos estamos organizando y habrá muertes a lo cabrón, y que desde ahorita los estamos haciendo responsables, porque llevamos años soportando los abusos, los delitos que esa gente malhechora comete en contra de la gente de bien, de la gente que trabaja día a día para salir adelante. Hacemos responsable al gobierno de la sangre que en cualquier momento va a correr en Coahuayutla y quien conoce la historia reciente sabe que somos aguantadores, pero cuando ya nos cansan sí le entramos con todo, aunque tengamos que pagar con la vida”.
“Es que no puede ser posible que esta gente está subiendo a las comunidades y se saca a huevo a todos los hombres, sean adolescentes, muchachos o viejitos, ahí los traen a huevo y los hacen ponerse una playera que según de la Policía Ciudadana para que anden con ellos en la bola, los traen amenazados que si no se unen con ellos les van a quemar las casas y los van a matar a ellos junto con sus familias, ¿cómo es posible que en vez de que sean detenidos esos Cuernudos ahí anda el gobierno detrás de ellos?”.
Comentó que la información con la que cuenta es que “esta gente tiene filtros por donde sea, tienen en La Junta de los Ríos, en Colmeneros, en El Reparo y San Cristóbal, estuvieron en La Laguna, pero según que ahí fue el comandante regional de la Policía del Estado, Pedro Castro y que les dijo que ahí no los quería ver, que se quitaran, esos filtros son para no dejar bajar a la gente de Coahuayutla. Los que todavía quedan en la cabecera municipal y en las comunidades y los que estamos fuera del municipio nos estamos organizando, pero esta gente ya los amenazó, que quien se atreva a salir los van a matar en el camino y que no les importa si van niños y mujeres, que van a matar parejo, por eso tienen los filtros”.
“Por eso le estamos advirtiendo al gobierno federal y al gobierno del estado que si en esta misma semana no se ven los resultados para detener a esos delincuentes, que nos dejen a la gente hacerle frente, que no les extrañe que nos vamos a armar también nosotros y en el entendido de dos cosas: que el gobierno del estado sabe desde el 2016 de todas las fechorías que Los Cuernudos han hecho en Coahuayutla, por lo que no tienen ninguna justificación para decir que no sabían, y dos, que seguramente para recuperar la paz va a haber muertos, va a correr sangre y eso lo llevarán las autoridades en su conciencia por lo que les reste de vida, porque su obligación es darle seguridad a la población y han sido omisos desde hace años y nosotros ya nos cansamos”.
Vecinos de Coahuayutla se manifestaron ayer contra la Policía Ciudadana de la UPOEG . Foto: El Sur
Los alcaldes de Coahuayutla y La Unión, Rafael Martínez Ramírez y Crescencio Reyes Torres pidieron la intervención de los gobiernos estatal y federal para atender la presencia de policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) en sus municipios.
En el caso de Coahuayutla Martínez Ramírez dijo que los policías ciudadanos que el martes de esta semana se presentaron en la comunidad Colmeneros, “se trata del grupo de la delincuencia organizada que se llaman Los Cuernudos, y no es posible que el gobierno no haga nada al respecto.
Consultado vía telefónica el morenista Rafael Martínez expuso, “yo en lo personal identifico a Eleazar Mercado Rodríguez (el vocero de la UPOEG en Coahuayutla) alias El Chay, como integrante y líder de una fracción de la parte de la delincuencia organizada del grupo denominado Los Cuernudos”.
“No es policía ciudadana ni es policía, ¿qué es lo que están haciendo ellos?, ahí mencionan ellos que la intención era tomar el control de la seguridad en el municipio toda vez que ha habido familias que se habían desplazado y eso, les faltó decir ahí que quienes los han desplazado y los han robado y han secuestrado han sido ellos, si la gente se ha ido ha sido por causa de ellos porque ellos son integrantes del grupo de Los Cuernudos, aquí todo el mundo lo sabe, aquí no hay una persona que no sepa que esta persona es uno de los líderes de este grupo”.
Aseveró que “el meollo aquí de ellos de querer formar la comunitaria es debido a que ellos tenían 13 años ya extorsionando a los presidentes municipales que han estado aquí en Coahuayutla, yo no soy parte de eso y yo no voy a ceder ningún tipo de negociación con la delincuencia organizada, toda vez que yo no me debo a ellos, yo me debo a la sociedad y yo estoy para servir a la sociedad y aquí nadie está por encima del pueblo”.
“Que intervenga el gobierno, ellos dicen que quieren coordinarse con las autoridades pero que no quieren que suba la Policía Estatal ni su grupo Jaguar, ¿por qué no quieren que suban?, ahorita que ellos están aquí en el municipio los policías estatales no ha sucedido nada, pero en cuanto se salen ellos se quitan las playeras de la comunitaria y se cuelgan sus percheras de sicarios y se suben como delincuencia organizada”.
Martínez sostuvo que los policías ciudadanos, “se están escudando con una playera de una organización que probablemente sí tenga la intención de apoyar, que es la que encabeza Bruno Plácido, la UPOEG, por lo que en lo personal invito a Bruno Plácido a que haga una pronunciación si realmente está apoyando él a ese grupo armado porque nosotros vamos a exhibir a esta persona que es el vocero de este movimiento, que es un delincuente, que es una persona que se dedica al robo, a la extorsión, ha sido violador, ha hecho y deshecho”.
Indicó que ha intentado presentar denuncia penal contra Eleazar Mercado pero ninguno de los afectados se anima a señalarlo directamente por miedo a que los maten, “tengo entendido que sí hubo unas demandas pero alguien del mismo gobierno metió las manos por él para retirar esas denuncias y él pudiera ser candidato a presidente municipal en la pasada elección, pero tenía una demanda por robo y homicidio y aquí todo el mundo lo sabe”.
Manifestó que el ex presidente municipal perredista, Gilberto Dorantes Basurto, “asistió directamente con las autoridades y hay un acta donde lo señaló de que él (Eleazar Mercado) encabezó el movimiento para saquearle sus viviendas en la cabecera municipal de donde se llevaron enseres domésticos, vehículos, camionetas y el gobierno no hace nada, al contrario, ahorita lo respaldaron para entrar a la cabecera municipal”.
Dijo que “como Ayuntamiento yo no los voy a ayudar jamás porque no estoy para ayudar a ellos sino a la gente, mi tarea es servir al pueblo, no a cabrones delincuentes vividores, este es el enésimo llamado al gobierno federal y al estatal que intervengan, ya mandé un informe al gobernador de esta pseudo policía comunitaria, que aquí todo mundo sabemos que son un grupo de delincuentes disfrazados de policías poniéndose con una playera y necesitamos saber si Bruno Plácido es ungidor de delincuentes o cómo, porque en lo personal sí nos gustaría que nos lo dijera Bruno”.
“Una vez más le hago un llamado al gobierno federal y al estatal que no dejen que Coahuayutla se vuelva un baño de sangre, porque la gente ya no va a permitir los abusos de estas personas, porque la mayoría de las personas que el martes traía Eleazar eran gente amenazada que sacaron de sus comunidades para que los acompañaran, la mayoría de las personas que iban ahí son campesinos, gente de bien que fueron amenazados con que si no los acompañaban que agarraran sus cositas y se salieran del municipio, pero sus cositas se refieren a que nada más la ropa que traigan puesto porque al momento que ellos se salen todos sus bienes se quedan a beneficio de ese grupo armado denominado Los Cuernudos encabezados por Flavio Delgado Cruz y Eleazar Mercado”.
La Unión está en paz:?alcalde
De la presentación de la Policía Ciudadana de la UPOEG el lunes en Petacalco, municipio de La Unión, el presidente municipal perredista Crescencio Reyes Torres manifestó vía telefónica, “yo creo que hay inseguridad como en todo el país, el municipio de La Unión no se escapa a eso, en cuanto al surgimiento de los policías comunitarios lo único que puedo decirle es que se manifestaron en paz, sin problemas con nuestra policía, pero aquí no hemos vivido hechos violentos ya de varios meses atrás, creo que todos saben que ha estado el municipio más o menos tranquilo”.
“Ojalá que este surgimiento no vaya a ocasionar un problema en ese sentido con algún grupo delictivo pero hasta ahorita todo se manifiesta tranquilo, están los retenes en Zacatula, en el área de El Naranjito-Zacatula y en Petacalco de manera pacífica, tranquilos, sin ocasionar ningún problema”.
Consideró “que sería muy bueno que el gobierno del estado y el federal dieran una atención aunque esté tranquilo, aunque no se manifieste ahorita ninguna situación de violencia, pero siempre es bueno estar en coordinación, estar platicando para tener conocimiento del origen del problema, sí considero que el gobierno del estado y el gobierno federal debieran tender mesas de diálogo para saber de qué estamos hablando, porque nomás es un surgimiento y desconocemos con precisión qué está sucediendo”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
Tambos y bidones con gasolina decomisada continúan en la plaza central de El Ocotito, municipio de Chilpancingo; el comisario y el comandante de la UPOEG esperan que las autoridades federales los recojan, como acordó la asamblea del pueblo .Foto: Lenin Ocampo Torres
A tres días de que policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con el robo de gasolina en el Valle del Ocotito, a quienes les aseguraron más de 14 mil litros, vehículos, así como una pistola y un fusil AR-15, la Procuraduría General de la República (PGR) se niega a recibir a los detenidos y lo decomisado, denunciaron ayer el comisario del Ocotito, Victoriano Pólito Sandoval y el comandante de la Policía Ciudadana, José Deivid Barrientos.
El comisario municipal responsabilizó a las autoridades federales si llegara a ocurrir una tragedia, toda vez que los más de 7 mil litros de gasolina que se encuentran en la explanada de la comisaría, (otros 7 mil están depositados en una bodega en Buena Vista de la Salud), representan una “bomba de tiempo” pues allí mismo se encuentra el mercado, el sitio de taxis y locales comerciantes en los alrededores.
Mientras tanto, el comandante de la Policía Ciudadana de la UPOEG, declaró que la corporación federal no ha dado seguimiento a las investigaciones para detectar los vínculos de la red de huachicoleros en el Valle del Ocotito porque se trata de una responsabilidad que corresponde a la PGR, y denunció que la dependencia no ha querido recibirles ni a los detenidos ni al producto decomisado.
Informó que solamente funcionarios del gobierno estatal habían acudido para hacerse cargo de la situación, pero que no se los entregaron porque en la asamblea del domingo el pueblo determinó entregarlos a la PGR.
La madrugada del domingo en un recorrido de rutina, policías ciudadanos de la UPOEG sorprendieron cuando una pipa con gasolina era “ordeñada” en el acotamiento de la Autopista del Sol, frente al parque industrial del Ocotito, y fueron detenidos quien encabezaba el ilícito, Norberto González Valente, su chofer y dos encargados de la seguridad del parque industrial a quienes se les acusa de cederle el paso a Norberto para que tuviera acceso a la autopista y cometer el robo.
Ayer los cuatro detenidos permanecían en una celda de la comisaría municipal, mientras que afuera, en la explanada, se encontraban los vehículos y los galones llenos del combustible.
El comandante de la Policía Ciudadana Deivid Barrientos, declaró que hasta ayer no habían comprobado si hay vínculos entre Norberto González Valente, a quien ubican como el responsable intelectual del robo, con la empresa Silimpia, encarada de la seguridad del parque industrial, pues dijo que es posible que los guardias solamente permitían el paso de Norberto por alguna “compensación económica” o por amenazas.
Según vecinos, Norberto, quien encabezaba la red del robo del combustible, era policía ciudadano pero fue expulsado de la organización, sin embargo, aun después de su expulsión seguía pasando por el parque industrial para accesar a la autopista, con el uniforme de la Policía Ciudadana y armado.
El comandante de la Policía Ciudadana aclaró, sin embargo, que no se ha corroborado si la red para el robo del combustible está vinculada a funcionarios que administran el parque, con funcionarios estatales o personalidades de la clase política, pues dijo que la investigación le corresponde a la PGR.
Explicó que sí han corroborado que de los cuatro detenidos, “el principal responsable” es Norberto González Valente. Los otros tres detenidos son su chofer, y dos trabajadores del área de seguridad del parque. Al momento de su detención, Norberto portaba una pistola y un rifle AR-15.
El comisario, Victorino Pólito Sandoval, demandó a la PGR que se haga cargo de la situación.
Dijo que ya notificaron al gobierno federal porque es el responsable para que la PGR vaya a atender el problema, pero se quejó de que no hizo caso.
“Nosotros solamente intervenimos por el ilícito que se estaba cometiendo en nuestro pueblo pero no tenemos ningún problema con nadie, con ninguna organización, simplemente hemos pedido el respeto a nuestro pueblo, pero no nos metemos con otros pueblos, los respetamos, estamos en sintonía con los demás comisarios para apoyarnos en estos casos”, dijo en referencia a que el acusado como el responsable del robo es de la comunidad de Buen Vista.
El comisario municipal hizo un llamado al gobierno federal, “porque esto es una bomba de tiempo es un peligro el que estamos viviendo. Lo hacemos responsable de lo que llegara suceder”, declaró a un costado de los galones llenos de gasolina.
Informó que si la situación sigue así van a convocar otra vez al pueblo y que será éste el que decidirá qué va a hacer, “nosotros no tenemos la facultad, y será el pueblo el que decida en un plazo no lejano porque es un riesgo el que tenemos, aquí está el mercado, el sitio de taxis, tiendas y esto es un peligro para nosotros”, insistió.
A su vez, el comandante José Deivid Barrientos declaró que no han seguido investigando a fondo, porque eso le compete al gobierno federal, “nosotros queremos poner a los detenidos s disipación, a la brevedad posible, de la PGR”.
Denunció que han recibido amenazas e intimidación por parte de algunas personas, que han tratado de intervenir para que no los pongan a disposición de la PGR, “piden que los procesemos nosotros, porque si no podría haber problemas mayores”.
Agregó que no saben de dónde vienen esas amenazas “pero al buen entendedor pocas palabras”.
Pero añadió que para tomar una decisión van a realizar otra asamblea del pueblo para tomar una decisión “porque como Policía Comunitaria dependemos del pueblo”.
De los cuatro detenidos informó que uno de ellos el responsable principal del robo, Norberto González Valente, y que saben que él trabaja por su cuenta, los otros tres detenidos son su chofer y dos empleados de seguridad del parque, “quienes inocentemente permitieron el acceso, pero queremos que su testimonio nos ayude a resolver esta situación y definir si tuvieron responsabilidad”.
El comandante informó que Norberto utilizaba las instalaciones del parque industrial sólo como paso para tener acceso a la Autopista del Sol en donde en el acotamiento y frente a esas instalaciones cometía el hurto de la gasolina.
Pero aseguró que no han establecido un vínculo directo con funcionarios del parque o funcionarios del gobierno estatal y que a los guardias se les detuvo solamente por permitir el acceso en una hora inadecuada por acción u omisión a Norberto para que cometiera el ilícito.
Informó que se habían realizado reuniones con el personal de seguridad del parque a fin de que para beneficio del pueblo tendría que haber una coordinación entre ellos y la Policía Ciudadana y no permitieran la entrada al parque de personas ajenas y se cometieran estas “fechorías”.
