Se aplicará la ley al grupo que rompió el pacto en Petatlán, acuerdan UPOEG y funcionarios

 

Policías de la UPOEG de Petatlán esperan en la plaza frente al Palacio Municipal el resultado de la reunión que sus representantes tuvieron con funcionarios del gobierno del estado .Foto: Brenda Escobar

Este lunes, funcionarios del gobierno del estado y representantes de la Policía Ciudadana Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Petatlán y de la comunidad San Jeronimito y de la parte poniente de la sierra de este municipio, acordaron que se aplicará la ley en contra de quienes rompieron el pacto de no agresión acordado el 14 de diciembre, así como crear comisiones para atender la falta de maestros, doctores, medicamentos, proyectos productivos y rehabilitación de caminos en las comunidades.
El subsecretario estatal de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado del Moral; el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Rafael Beltrán Novarola y el presidente municipal perredista, Esteban Cárdenas Santana, de nueva cuenta encabezaron la reunión que inicialmente estaba programada para el 8 de enero.
Acudieron más de 30 comisarios municipales y comisariados ejidales del municipio de Petatlán, así como representantes de la UPOEG y de la comunidad San Jeronimito.
Se esperaba que en esta reunión estuvieran presentes los titulares de Salud, Educación, Alimentación, Ganadería y Desarrollo Rural, y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado, pero mandaron representantes que atendieron las peticiones y solicitudes de los campesinos en mesas de trabajo que se distribuyeron en la sala de Cabildo y la sala de regidores del Palacio Municipal.
Estuvo presente también el fiscal regional de la Fiscalía General del Estado, Omar Sandoval León, para recibir denuncias de ciudadanos de la sierra que han sido víctimas de algún delito derivado del clima de inseguridad que se vive en esa zona.
Luego de casi tres horas de reunión, el comisariado ejidal de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, Ignacio Chávez Arreola, informó que esta fue la tercera reunión con las autoridades del gobierno del estado y que habrá comisiones de salud, educación, desarrollo rural e infraestructura, “para atender caso por caso en la cuestión educativa; en cuestión de caminos se llegaron a acuerdos importantes”.
“En cuestión de salud se va a atender las zonas correspondientes al municipio de Petatlán porque estuvo su coordinador, lo que nos faltó fueron los coordinadores de la Tierra Caliente para que atendieran las necesidades de la parte más alta de la sierra como es San Antonio de las Tejas, El Durazno, Río Frío y El Carrizal, que corresponden a la Tierra Caliente”.
A pregunta expresa, dijo que “hay que hacer una mención honorífica a la Secretaría estatal de Seguridad Pública que está haciendo un trabajo excelente, que está aplicando lo que realmente se le llama ley y creo que si esto continúa así, Guerrero tiene que ser el primer lugar de la seguridad nacional que tanto anhelaba Andrés Manuel López Obrador”.
De la inasistencia de los titulares de las dependencias gubernamentales, Chávez Arreola dijo que “ellos tienen la obligación de poner a trabajar a sus representantes y el acuerdo que se tomó es que va a haber una comisión especial, caso por caso”.
Sobre el pacto de no agresión, el presidente del comisariado ejidal comentó que trataron el asunto en la reunión, “por eso lo mencioné desde un principio, estamos siguiendo la minuta y en la minuta anterior se dijo que “mano dura” con el que rompiera el pacto, si era nuestra gente iba a ser contra nosotros y entonces, nosotros mantuvimos siempre la paz y anhelamos la paz, nosotros no somos de guerra, ellos rompieron el pacto de no agresión, entonces, el peso del Estado debe de ser contra ellos, contra toda la persona que atente contra la soberanía, contra el desarrollo y haga daño social contra ellos va el peso de la ley”.
El 7 de enero, la UPOEG denunció que fueron ejecutados dos jóvenes en las comunidades Guamilón y El Limón, culpó al grupo criminal imperante, y declaró roto el acuerdo de no agresión firmado en diciembre.

“Se está atendiendo la parte social”, dice el subsecretario

Abordado por los reporteros al término de la reunión, el subsecretario estatal de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado del Moral, precisó que el encuentro de este lunes “fue una reunión de seguimiento, nos habíamos comprometido a que íbamos a traer a diversas dependencias del gobierno del estado y a la Fiscalía General para dar seguimiento a algunos compromisos que adquirimos en la reunión pasada y dar una atención integral al asunto en cuanto a seguridad pública que se está cumpliendo muy bien, se están teniendo buenos resultados, ha habido aseguramiento de armamento, de droga, de personas dedicadas a las actividades ilícitas y el trato que se está dando es un trato integral, estamos atendiendo la parte social”.
Informó que en la reunión estuvieron representantes de “la Secretaría de Educación Guerrero, de Salud, Sagadegro, CICAEG, obviamente la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno y vino la Fiscalía General del estado para poder llevarnos las demandas de todos; tendremos otra reunión, de toda la demanda que se recepcionó se va a analizar y el 30 de enero próximo vamos a estar por acá nuevamente a la misma hora”.
A pregunta, el funcionario estatal aseguró que la reunión fue “muy productiva y satisfactoria, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores está muy pendiente de las circunstancias que estuvieron dándose aquí en la costa y está muy pendiente del seguimiento, por eso hemos estado viniendo muy seguido aquí a la costa”.
Sobre el tema de seguridad, Maldonado del Moral reiteró que se les dio a conocer el trabajo que la dependencia correspondiente está haciendo para restablecer la paz en la sierra del municipio, “se les dio a conocer y están muy conscientes, están contentos y están animados, ellos mismos nos dicen que ya en Petatlán se respira un aire diferente”.
Mientras se llevaba a cabo esta reunión, en la plaza frente al Ayuntamiento, se reunieron los integrantes de la UPOEG, quienes esperaron el resultado de la misma y al término, la mayoría de ellos con su rifle colgado a la espalda, escucharon atentos la información que les dio el comisariado ejidal de El Durazno, Ignacio Chávez Arreola, quien les dijo que cuando trataron el tema de salud, “casi todos coincidimos en que está abandonada toda la parte alta de la sierra de Petatlán, de Tecpan de Galeana y de Coyuca de Catalán”.
Dijo que la comisión que se formó, recorrerá “lugar por lugar para que vean las condiciones precarias de la sierra (…) expusieron casi todos que en donde por desgracia hay una clínica, un médico va y da consulta cinco días y se regresa 25, que solamente atienden cuando hay (el pago del programa asistencial) Prospera” y que al representante de la CICAEG, le informaron “que los caminos requieren de brigadas o módulos de maquinaria para revestimiento como el caso de Corrales, El Porvenir, Río Frío, La Morena y muchos lugares más y se tiene que formar también la comisión”.
Comentó que para el 30 de enero, tendrán otra reunión de evaluación principalmente ver los avances en el tema de la seguridad, “nosotros somos gente de paz, gente de trabajo y por eso confiamos; en la minuta anterior decía que quien la regara, quien rompiera el pacto de civilidad o tregua, el peso de la ley, por lo tanto, nosotros no fuimos (quienes rompieron el pacto de no agresión), imagínense lo contrario para aquellos”.

 

Atacan con rifles de asalto un puesto de control de la nueva policía de la UPOEG en Petatlán

 

Policías de la UPOEG fueron atacados la madrugada de este miércoles por hombres armados; no se reportaron muertos ni heridos. En la gráfica, la vivienda en la que mantenían el puesto de control que fue baleado, en la colonia El Olivo, cerca de la Dirección Municipal de Seguridad Pública . Foto: Brenda Escobar

La madrugada de este miércoles hombres armados con uniformes y cascos militares atacaron con fusiles AR-15 y AK-47 un puesto de control de los policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que el lunes de esta semana tomaron la Dirección de Seguridad Pública de Petatlán y desarmaron a 46 policías preventivos municipales.
Este jueves la autodefensa platicará con el presidente municipal perredista, Esteban Cárdenas Santana, “y a lo mejor, todavía no lo decidimos, le vamos a entregar las instalaciones de Seguridad Pública para que los policías municipales regresen a sus funciones, nada más nos pondremos de acuerdo en cambiar los mandos medios y estamos pidiendo ya al Ejército, a la Marina o a la Policía del Estado que si nos pueden mandar mandos de parte de ellos, no nos interesa a nosotros ser policías ciudadanos, lo que nos interesa es la paz, pero ya no hallamos qué más hacer, por eso hemos hecho lo que hemos hecho”.
Según el vocero de la Policía Ciudadana de la Costa Grande y la Sierra adherida a la UPOEG, Víctor Espino Cortés, el ataque ocurrió a las 4:30 de la madrugada, en la calle principal de la colonia El Olivo, a unos 200 metros de la Dirección de Seguridad Pública.
En el lugar quedaron al menos 36 casquillos percutidos para fusiles de asalto AR-15 y AK-47, y de acuerdo a Espino Cortés no hubo heridos ni muertos, solamente la vivienda en obra negra en la que se encontraban sus compañeros que repelieron el ataque quedó con balazos.
Dijo que luego del ataque dieron aviso al Ministerio Público del fuero común pero les dijeron que no era su competencia ir a hacer la diligencia, “que le tocaba al Ministerio Público federal”, y agregó que horas más tarde se acercaron militares del 75 Batallón de Infantería con sede en Petatlán sólo para tomar nota.
De esta agresión el vocero manifestó que ya habían informado con anterioridad a las corporaciones policiacas estatales y federales que estaban siendo amenazados por el grupo de la delincuencia organizada que impera en esa zona, sin embargo se dolió que desde la tarde del martes los militares del 75 Batallón quitaron los retenes que tenían cerca de ellos, lo que los hizo sentir en estado de indefensión.
Agregó que luego de lo ocurrido, determinaron que no tendrán retenes en ese tramo de la carretera, “ya lo decidimos, que eso no funciona, vigilaremos y a lo mejor si vemos un carro muy sospechoso no lo vamos a dejar pasar, lo vamos a detener, pero esperamos la compresión de la población, que no queremos afectar, queremos que nos apoyen, queremos vivir en paz, es lo que queremos realmente”.
Ante la pregunta Espino Cortés no descartó que en cualquier momento se dé otra agresión similar, “porque sabemos que están muy molestos por haber tomado Seguridad Pública, que era desde aquí donde se les informaba de todo, las amenazas nos siguen llegando y por eso pedimos que si el gobierno no quiere que nosotros nos defendamos entonces que ya hagan algo y que detengan al líder de ese grupo para que haya paz en la sierra de Petatlán”.
También se dolió de que “por una parte el gobernador Héctor Astudillo declara en los medios de comunicación que hay diálogo con nosotros, que están dialogando con nosotros y por otra parte nos cancelan la reunión que hoy (ayer) miércoles íbamos a tener con el subsecretario estatal de Gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, quien se comprometió a que nos regresarían las armas que le quitaron a nuestros compañeros en El Camalotito, cuando se enfrentaron a un grupo criminal.
“También quedó de que iba a estar en Santa Rosa un módulo del Registro Civil para que se atendieran a todas las personas que por una u otra razón se quedaron sin sus documentos importantes como el acta de nacimiento o de matrimonio, pero tampoco llegó nadie”.
Indicó que las declaraciones del gobernador “es su forma de defenderse, de hacerse a un lado, pero deberíamos seguir con las negociaciones, sus funcionarios deberían siquiera contestarnos el teléfono, decirnos por qué se cancela la mesa de diálogo o qué vamos a seguir haciendo, ya lo hemos dicho muchas veces, no somos enemigos del gobierno ni del gobernador, nosotros estamos en la mayor disposición de seguir en las pláticas, hemos tenido acuerdos que no se han hecho, principalmente que nos regresen las armas”.
“El trato que hicimos para levantar el paro del domingo 9 fue que nos iban a regresar las armas (que decomisó el Ejército el domingo tras el enfrentamiento) y no nos han dado solución, nuestros compañeros nos están hablando que en cualquier rato pueden ser masacrados, porque ya que no tienen el respaldo del gobierno, siquiera que les regresen sus armas”.
El vocero aseguró que lo que menos quieren es perjudicar a terceros volviendo a bloquear la carretera nacional, por lo que van a seguir esperando, “vamos a apelar a la conciencia del gobernador, creo que le hemos demostrado que lo que menos nos interesa es afectar a otras personas, lo que pasa es que ya no hayamos qué hacer y el hecho está en que la delincuencia organizada está a lo que está y por eso se hace lo que se hace, y la prueba está en el ataque de esta madrugada a nuestros compañeros, por eso le pedimos que nos devuelvan nuestras armas, esa gente trae armas más potentes ¿y cómo quiere el señor gobernador que el pueblo se defienda?”.
“A lo mejor legalmente tiene la razón en el sentido de que nosotros como policías ciudadanos comunitarios no podemos hacernos cargo de la seguridad pública del municipio de Petatlán, pero por otro lado no tenemos alternativa, no tenemos otra forma, ¿cómo pues le hacemos?, él tiene mucho tiempo ya con el problema de inseguridad aquí y no lo ha resuelto, el pueblo se cansa oiga, también estamos cansados de estar aquí desvelándonos noche con noche, nuestros ranchos, nuestras familias están solas”.
Pidió al gobernador “que se venga con nosotros para que sienta lo que sentimos nosotros, no queremos imponer la ley ni nada de eso, pero no hayamos resultados, ya no hayamos qué hacer, o que se comprometa a agarrar al cabecilla de ese grupo y nosotros nos retiramos, así de fácil está, que tome las riendas, pero que lo haga verdaderamente y nosotros nos retiramos, mientras no lo hagan desgraciadamente nosotros tenemos que defendernos”.
A pregunta expresa Espino Cortés aseveró que no se pueden retirar de la Dirección de Seguridad Pública hasta que los gobiernos federal, estatal y municipal garanticen que los policías que integrarán esta corporación “sean honestos, estén aptos para portar armas y tengan aprobados sus exámenes de control y confianza para que la ciudadanía sepamos que estamos ante policías que le van a servir al pueblo y no a la delincuencia orgnizada, si nosotros nos salimos sin que se haya establecido así va a haber matazón de gente aquí en la cabecera”.
“Lo único que hemos pedido y seguimos pidiendo es que el gobierno enfrente a este grupo de la delincuencia organizada que ha hecho tantos males allá arriba en la sierra, les hemos dicho que estamos en la mejor disposición de cooperar con ellos para enseñarles brechas y caminos por donde andan para que los localicen y los detengan o que de lo contrario, entonces que nos dejen defendernos. El gobernador habla de nuestras armas, sólo podemos decir que dependiendo de la gravedad de la enfermedad así debe de ser el remedio, no podemos enfrentar a estos hombres delincuenciales con las armas que nos permite la Constitución, si así lo hiciéramos el gobierno será responsable de las bajas que podamos tener”.
“Le seguimos diciendo al gobernador que no somos sus enemigos, que somos gente de pueblo, de rancho, tenemos familias por las que tenemos que luchar, lo llamamos a que busquemos la mejor solución y estamos en ese camino, lo que queremos es paz, lo que al final de cuentas perseguimos es paz, que nos garantice en nuestras comunidades que va a haber paz, si hoy no vino Martín Maldonado sus motivos habrá de tener, todos somos humanos  y a veces no nos alcanzamos, pero que venga, que nos atiendan aunque sea los teléfonos, que nos atiendan”.
La presencia de los miembros de la UPOEG en la cabecera municipal de Petatlán no ha impedido que continúen de manera cotidiana las actividades de la población, a excepción de la escuela primaria Club de Leones que está cerca de donde en la madrugada de este miércoles ocurrió el enfrentamiento y suspendió clases.

 

Clama ayuda al gobernador la Policía Ciudadana de la Costa Grande, “no somos sus enemigos”, dice

 

Una manta colocada por los integrantes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande, en la entrada a Santa Rosa, municipio de Tecpan .Foto: Brenda Escobar

Uno de los dirigentes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande y Sierra de Guerrero adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, (UPOEG), Víctor Espino Cortés respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que bien sabe cómo está la situación en la zona y quién asesinó en una emboscada a los seis policías estatales en Las Mesillas.
A nombre de la Policía Ciudadana que públicamente se dio a conocer el lunes de esta semana contra un grupo de la delincuencia organizada que impera en esa zona, informó que la nueva corporación está conformada por vecinos de 36 de 52 comunidades del municipio de Petatlán y por los ejidos El Durazno y San Antonio de las Tejas, del municipio de Coyuca de Catalán, de la región Tierra Caliente.
Víctor Espino aseguró que, “ha sido precisamente para que el gobernador voltee sus ojos a la sierra de Petatlán y Tierra Caliente, no somos sus enemigos ni buscamos confrontarnos con el gobierno, lo que queremos es que ya haya paz en toda esta zona”.
“Por eso es la creación de nosotros, por no tener un choque con el gobierno, porque no encontramos ya alternativas, no hay, no hay quién nos defienda, no pueden aquí abajo oiga, los delincuentes viven al pie del cuartel (de militares ubicado en la cabecera municipal de Petatlán) y no estoy diciendo que sea corrupto el gobierno, no, lo que pasa es que no tiene la capacidad”, consideró.
Aseveró que “ha sido rebasado el gobernador, él sabe, él es gobierno, él sabe qué es lo que pasa. En mi caso creo que sí sabe quién soy, que me investigue realmente quién soy yo, he sido comisario municipal ya dos veces, comisariado ejidal una vez, presidente de una cadena productiva forestal que ya tiene mucho tiempo, he sido promotor educativo, doy cursos de educación inicial, o sea, si la gente nos pone al frente es por algo, porque no nos gustan las injusticias”.
“Ya nos tocó oiga, ni modo, alguien tiene que hacerlo y queremos decirle al gobernador que no estamos en contra de él, en cuanto él nos garantice la seguridad de ir a nuestros ranchos, de poder trabajar para nuestras familias, en ese momento nosotros nos hacemos a un lado, no vamos a ser policías comunitarios todo el tiempo, no nos interesa. A mí me interesa mi familia y mi ranchito, mis aguacates, soy aguacatero y se lo puedo comprobar al gobernador cuando guste, lo llevo y le hago la mejor salsa de aguacate de aquí de la región”.
Agregó que “ya que el gobierno no nos ayuda con nada que de perdida no deje defender ya que no puede defendernos, no le estamos pidiendo más, tenemos que defender lo poquito que nos queda, lo que hemos logrado nosotros, estamos abandonados completamente en todas las cuestiones”.
Dijo que coincide con el gobernador en el sentido de que defienden intereses muy locales, “pues porque de cierta forma cada uno de los que formamos la Policía Ciudadana Comunitaria tiene sus propios problemas, yo tengo el mío personal, si le pregunta a aquél señor él tiene el de él, cada quien tiene sus problemas, claro que al final de cuenta sí son personales pero nos estamos uniendo para defendernos porque vemos que nos está afectando, nos agarran a balazos y al ratito le toca a otro y siguen con el otro”.
“Hay dos tipos de gente, la gente de trabajo que tiene familia, que tiene sus bienes, lo poquito o mucho, y la gente que no tiene nada, que no le gusta trabajar, ese es el verdadero problema, nosotros nos dedicamos a trabajar, dormimos cansados, a gusto, no tenemos tiempo de andar pensando en otras cosas y la gente mañosa pues esa anda viendo qué anda haciendo uno, porque a eso se dedican, porque también comen, desgraciadamente tienen boquita y tienen que comer, tienen familia también y desgraciadamente nosotros somos los afectados, los que nos duele son los niños y las mujeres”.
“Tampoco estamos creando la Policía Ciudadana para ir a hacer matazones, no, sólo queremos que el gobierno voltee los ojos, de una u otra forma esto ha servido pa’ que el gobierno arriende a ver, que haya una comunicación, que nos conozcan, que sepan que aquí estamos, que hay familias completas de la sierra desplazadas, que tenemos nuestras tierras que nos han costado años de trabajo y están abandonadas, las casas nos las quitaron, nos tumbaros las tejas, las láminas”.
“Invitamos al gobernador a hacer un recorrido por la sierra, pa’ que nos conozca porque realmente no sabe quiénes somos, y no es nuestro enemigo, no vamos en contra del Ejército ni de la Marina, lo único es que ya no pueden, esa es la verdad, los tienen bien cuidados. Lo que pedimos es que el gobernador nos regrese la paz a nuestros pueblos para poder regresar a nuestras vidas, es lo único que estamos pidiendo”, insistió.

Vecinos agraviados acuden a denunciar

Este miércoles mientras los policías ciudadanos permanecían apostados en la entrada principal de la comunidad Santa Rosa de Lima, por el otro lado frente a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, militares, marinos y policías federales de Caminos vigilaban sin obstruir la circulación vehicular.
Según los civiles armados, los agentes federales acudieron en apoyo a los dos módulos móviles, uno integrado por el Ministerio Público del fuero común y del fuero federal, y otro por funcionarios de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, que acudieron a Santa Rosa para integrar las denuncias de las personas que han sido agraviadas por la delincuencia organizada.
Además para hacer el trámite de recuperación de documentos agrarios como lo acordaron el martes, cuando se reunieron con autoridades estatales y federales.
Ambos módulos se ubicaron en la escuela primaria de la comunidad a donde fueron llegando vecinos de distintas comunidades de la sierra de Petatlán, que desde agosto de este año han sufrido asesinatos de sus familiares y robo de ganado, de sus viviendas y de sus tierras por hombres armados.
La constante común este martes de quienes se acercaron a denunciar fueron las lágrimas, “por tantos abusos que hemos vivido”, mientras esperaban sentados que les tocara su turno.

Testimonios de ejecuciones

Los policías ciudadanos llegaron acompañando a cuatro familiares de la comunidad La Botella, Petatlán, “se salieron caminando muy en la madrugada a escondidas de aquellos (los delincuentes), nosotros los fuimos a encontrar en una camioneta para que vinieran a poner su demanda”.
Según el testimonio la semana pasada los delincuentes “les cayeron a su casa, se sacaron al jefe de la familia, lo maniataron, lo sacaron al patio y delante de estas personas que están aquí lo mataron a balazos frente a ellos, todo para que se salgan y dejen sus tierras”.
Mientras un policía ciudadano platicaba el hecho los agraviados se mantenían con la cabeza agachada, llorando en silencio.
Casi detrás de ellos llegó un matrimonio de edad avanzada, ella llevaba en sus manos un folder, él cargaba un pequeño retrato de su único hijo, “esa gente se los mató, lo destazaron y lo fueron a tirar ahí por El Tuzal, era una persona que no andaba en nada malo y lo mataron”, contó otro, mientras ambos señores se enjugaban las lágrimas.
“Han hecho mucho daño, han agraviado a muchas familias, eso es lo que queremos que vea el gobierno, que sepa que en las comunidades La Botella, El Parazal, Roblar, Cuajinicuilar, La Calera, El Infiernillo y una parte de El Zapotillal ya están abandonadas, la gente se salió por miedo a que los maten, se han salido sólo con lo que tienen puesto porque aunque duele dejar las casas, las tierras, el poco o mucho patrimonio que uno ha trabajado, es más importante conservar la vida”, platicó otro civil armado.
Agregó que los habitantes de las localidades de Petatlán que desde octubre no tienen posibilidades de conseguir alimentos, medicinas, educación y transporte son Barranca del Bálsamo, La Florida, Zapotillos, Carrecilleras, La Morena, El Camalote, Camalotito, Humedades, Rancho Nuevo, Puerto de la Trampa, El Nogal, entre otras, “nosotros sabemos que esa gente tiene amenazado al administrador del almacén de Diconsa, que está en la comunidad San Jeronimito, por eso no sube ningún camión de Diconsa a surtir a las comunidades, nos están matando de hambre”.
Pidió que la Policía Estatal escolte a los camiones de Diconsa, “para que puedan surtir las tiendas Conasupo de esos pueblos, se trata de un asunto de humanidad, no tenemos doctores ni medicinas, los centros de salud están cerrados desde que empezó toda esta inseguridad, algunos maestros que estaban acá abajo y ya no subieron y hay maestros que estaban allá arriba y no se han podido bajar, pero no hay clases en las escuelas, no hay transporte, a las camionetas de pasajeros ya no las dejaron subir, no todas las familias tienen modo de tener una camioneta o una cuatrimoto, entonces no hay manera de que se bajen, además de que todos los caminos están en malas condiciones, algunos intransitables”.

Entran a Tlapa policías de la UPOEG y de la CRAC de los Pueblos Fundadores ante la violencia

 

Policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios de la fracción de la CRAC?de los Pueblos Fundadores llegaron ayer a Tlapa y dijeron que se harán cargo de la seguridad .Foto: Carmen González Benicio

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) de Chilapa y José Joaquín de Herrera, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entraron a Tlapa para hacerse cargo de la seguridad ante la ola de secuestros, extorsiones, desapariciones, violaciones, amenazas y asesinatos ocurridos en los últimos meses.
El caso que más llamó la atención fue la desaparición del alcalde electo del municipio de Cochoapa el Grande, el na’ savi Daniel Esteban González de quien no se sabe nada desde el 2 de septiembre, cuando salió de una reunión de un restaurante de la comunidad de Atlamajac.
Aunque antes de esa denuncia desaparecieron el 22 de agosto tres mujeres, madre, hija y nieta vecinas de Atlamajac del municipio de Tlapa, y una mujer que tras ser privada de su libertad fue encontrada muerta y semienterrada cerca del basurero municipal.
Hay otros ciudadanos que se buscan desde las redes sociales como el titular de la agencia del Ministerio Público en Justicia para Adolescentes de Tlapa, Rosendo Acevedo García, levantado el 6 de septiembre cuando hombres armados lo bajaron del taxi ruta Chilapa-Tlapa, en Atlixtac, o el abogado Álvaro Rendón Ávila y los homicidios continuos en la ciudad y región en los últimos dos meses.
El comandante regional de Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Costa Chica, Esteban Ramos Gallardo dijo que venían a apoyar a la CRAC-PC-PF, promovida por Cirino Plácido Valerio, hermano del fundador de la UPOEG Bruno Plácido Valerio.
Dijo que no estaban en contra del gobierno y que acudieron ante la invitación de familiares de las personas secuestradas y buscarían establecer un cuartel, si la población está de acuerdo, pero es necesario que se acerquen y apoyen “si la gente no respalda no podemos quedarnos”.
Los policías comunitarios dijeron que era una operación conjunta entre la CRAC de los Pueblos Fundadores Montaña Baja y la UPOEG, y que lo hicieron para atender las solicitudes de ciudadanos y autoridades “para frenar el infierno en que la delincuencia ha convertido la histórica ciudad”.
En un documento dicen que conocen casos de personas amenazadas por la delincuencia y que ya no hay paz ni se cree en la justicia por los pobladores de Tlapa, ya sean campesinos, maestros, estudiantes, transportistas o empresarios, “nadie está seguro y las autoridades no han logrado brindar seguridad ni justicia”.
Convocaron a los ciudadanos a organizarse y activar asambleas comunitarias, de barrio y una regional para ponerle un alto definitivo a la delincuencia y la inseguridad.

Intervienen “para detener el horror que vive la población”

Los policías comunitarios pidieron a los gobiernos municipal, estatal y federal que respeten la organización de los pueblos, que está apegada a los artículos 2, 9, y 13 de la Constitución Mexicana, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que apegados a sus usos y costumbres acordaron en asambleas intervenir, “por principios humanitarios en la ciudad de Tlapa para detener el horror que vive la población por la delincuencia tolerada en el municipio”.
Agregan que la CRAC-PC-PF es un sistema comunitario creado hace más de 20 años, y la UPOEG hace cinco que opera porque ningún gobierno los atiende, no se frenaba a la delincuencia y ningún juzgado hizo justicia, y por eso tomaron el arma más poderosa: la organización contra la delincuencia.
Ramos Gallardo mencionó que son como 4 mil 800 integrantes, pero es mucho gasto y por eso sólo llegó un grupo.
Comentó que llegaron ante la petición de familiares de un secuestrado que pidió apoyo de la Costa, “la verdad una se cansa de que te estén secuestrando, extorsionando y esa persona es de la Costa y fue a pedir ayuda, porque el gobierno, los antisecuestros quieren trabajar a su modo, y nosotros trabajamos con la ciudadanía que sabe quiénes son los delincuentes”.
“No venimos a hacer menos a nadie, ni a las policías ni al gobierno, nos fueron a pedir el apoyo porque uno de los secuestrados es de la Costa, es para un bien común en contra de la delincuencia, no estamos en contra de ningún gobierno, hemos trabajado con antisecuestros y hemos agarrado a secuestradores”, remarcó.
Agregó que tenían acciones para la noche con los más de 200 policías comunitarios que llegaron, y que si se ameritaban más los llamarían.
Vía telefónica un integrante de la CRAC-PC de la comunidad de Tototepec de este municipio informó que tienen operaciones en conjunto con las policías comunitarias de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Huamuxtitlán, Olinalá y Ahuacuotzingo para buscar al presidente electo Daniel Esteban y a otras personas reportadas desaparecidas.
Dijo que la CRAC-PC de Tototepec está encargada de vigilar la zona de la carretera Tlapa-Marquelia a la Barranca Honda, donde hace más de un año encontraron cuerpos y osamentas.

 

Avala Bruno Plácido la iniciativa sobre la amapola; advierte que no resolverá la violencia

El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio avaló la iniciativa de los diputados locales para la legalización de la amapola, aunque dijo que no resolverá el problema de la violencia.
En un audio proporcionado tras una ponencia en la Barra de Abogados de Acapulco, Plócido Valerio expone que van a esperar a los nuevos diputados electos para modificar y revisar la Ley 701 de derechos y cultura indígena.
Explicó que la aprobación de la iniciativa en el Congreso del Estado para la legalización de la amapola con uso medicinal, será “un pequeño aporte para pacificar el estado, pero no resolverá todo el clima de violencia”.
Aseveró que la delincuencia organizada tiene distintas vertientes como el secuestro, extorsión, lavado de dinero, entre otros, por lo que la legalización de un solo enervante no contribuirá mucho.
“Es un aporte mínimo al cambio que se está buscando, yo creo que es válida la legalización, pero no significa que ya con un palomazo se vaya a resolver la violencia”, recalcó.
Agregó que con la legalización también deben ser previstos mayores apoyos al campo, con la finalidad de que los productores logren dar un valor agregado a su producto y mejore la economía local, sin que tengan que recurrir a intermediarios que aminoran las ganancias para el sector.
Sugirió a los senadores atender la legalización y que la aprueben, y que en caso de concretarse pueda tener una reglamentación que tome en cuenta la drogadicción como un tema de salud pública.
Por otro lado, dijo que el Estado no ha sido capaz de resolver algunos delitos en el nuevo sistema penal acusatorio.
El viernes, la Comisión Permanente del Congreso del Estado citó de manera urgente a los 46 diputados locales para aprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los tres poderes del estado, así como el nombramiento del fiscal anticorrupción, además de presentar y votar seis iniciativas de ley en un tercer periodo de sesiones extraordinario que se agotó este viernes.
También aprobó la iniciativa de ley sobre la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales, que el Congreso de Guerrero enviará al Senado para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva.

 

Se reúne el fiscal con Bruno Plácido por unos detenidos de la UPOEG, informa

El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio se reunió en privado con el fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila para hablar de los integrantes de esa organización que fueron detenidos la semana pasada.
Este viernes al mediodía en las oficinas de la Fiscalía en la sala de reuniones sostuvieron un encuentro privado el fiscal y el dirigente de la autodefensa, acompañado por el abogado Manuel Vázquez Quintero.
Al salir del encuentro que duró poco más de una hora, Plácido Valerio explicó que el encuentro se celebró para aclarar la detención de hace dos semanas de integrantes de su organización.
Informó, pero sin querer precisar cuántos, que la semana pasada fueron detenidos integrantes de su organización en Ometepec y Marquelia, por lo que acudía ante la fiscalía para aclarar los hechos ocurridos.
Afirmó que el encuentro fue cordial con el fiscal, a quien se le plantearon los hechos en los que estaban involucrados los policías ciudadanos, de quienes dijo que estaban cumpliendo con su labor.
Sin querer entrar en detalles y evadiendo algunas preguntas insistió que el único propósito del encuentro era avanzar sólo en ese tema, para buscar la liberación de sus compañeros. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Firman la alcaldesa de Ayutla y la UPOEG un Pacto de Civilidad para la elección del domingo

El Pacto de Civilidad para la Elección en Ayutla, por usos y costumbres indígenas, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores, se firmó tras dos horas de señalamientos entre la alcaldesa del PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, y el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
Este martes, en la sala de reuniones Vicente Guerrero de la Secretaría Particular del Gobernador, ubicada en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, sostuvieron un encuentro la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Rosa María Nava Acuña y el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta.
En la reunión, la alcaldesa Aldaco Quintana solicitó de manera formal al gobernador su apoyo para que la asamblea en la que se elegirá a las nuevas autoridades munbicipales con base en la ley 701 fuera en Acapulco para brindar la seguridad necesaria, ya que aseguraba que no había condiciones en el municipio.
El problema central de la discusión era la participación de la policía de la UPOEG, a la que acusó de que amenaza a los representantes con reeducación o multas económicas si no se presentaban a la asamblea del próximo domingo 15 de julio.
Después de la primera hora y media de señalamientos, el gobernador Astudillo Flores tomó el micrófono para recordarles a los presentes que si se va a una elección no les conviene generar un conflicto, porque si hay violencia un tribunal echa abajo el proceso.
“Nadie en su sano juicio quiere ir el domingo a generar una gran confrontación y que todo se eche a perder, yo creo que no lo quieren ni ustedes ni lo quiere nadie del gobierno estatal o federal, sería una auténtica locura”, agregó.
Advirtió que a quien promoviera algún problema se le aplicaría la ley por las instituciones correspondientes.
“Me parece muy importante lo que aquí se ha dicho, yo creo que la policía comunitaria no debe de participar porque en el momento que participe entonces empiezan los problemas, yo creo que la que debe de participar es la policía del estado”, enfatizó.
Puntualizó que el gobierno está en la mejor disposición de brindar la seguridad para este proceso que se avecina, pero pidió a los presentes su respaldo para que se realice una asamblea tranquila.
Les recordó que durante el proceso del pasado primero de julio se logró celebrar una jornada electoral pacifica en al que a pesar de que se aseguraba que no podrían desarrollarse por problemas de seguridad, se logró sin incidentes violentos.
En un momento del encuentro, el gobernador de plano preguntó a las dos partes en conflicto si se firmaría o no el Pacto de Civilidad, lo que se hizo después de dos horas y un receso de 15 minutos.
Al encuentro se incorporó el secretario de seguridad, Pedro Almazán Cervantes, después de un receso, quien quedó como encargado de la seguridad durante este proceso de elección de nuevas autoridades.
En su intervención, el presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, quien también firmó como testigo, reconoció la disposición del gobernador para que se pueda llevar a cabo esta elección en tranquilidad.
Durante la reunión, se supo que la dinámica con los reporteros era que no entrarían a cubrir todo el encuentro, pero debido a una descoordinación permanecieran durante todo el acto en el que Astudillo Flores mostró su malestar por lo que se estaba suscitando.

Parte de la confrontación

Aldaco Quintana pidió al gobernador y al secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame que explicaran el propósito de la reunión ya que les recordó que hace un mes, en Casa Guerrero se había firmado un pacto de civilidad, el que aseguró nunca se respetó.
“En esta mesa se dicen algunas cosas, pero en el municipio se hacen otras y respetuosamente les quiero decir que estoy preocupada por el municipio, ya que las personalidades que están presentes aquí (Bruno Placido Valerio) se ha dedicado a hablar mal de la administración”, enfatizó.
Señaló que la UPOEG se ha dedicado en cada comunidad a la que no pueden entrar como gobierno, por la policía ciudadana armada que opera en ellas, a hablar mal sobre la su gobierno.
Insistió que dicha organización amenaza a la población del municipio, por lo que está actuando de manera violenta sin cumplir los acuerdos ya firmados hace un mes, además de recurrir a las asambleas en las asegura que no existe mayoría.
“Yo no sé que exista atrás de todo esto, lo que si les digo es que mi vida corre peligro, la de mi familia y muchos de mis amigos corre peligro por que son amenazados”, enfatizó.
Comentó que para su parecer la reunión de este martes no tenía sentido, pero a pesar de esto firmó el Pacto de Civilidad, que fue reescrito para incluir otras demandas de seguridad.
Por su parte el líder de la UPOEG, Bruno Placido Valerio advirtió que si no había acuerdo en como se realizaba las elecciones a través de usos y costumbre, se podrían reorganizar las comunidades indígenas interesas para convertirse en “su propio gobierno”.
“Es importante construir la pluralidad del municipio, y que se firme un Pacto de Civilidad, se habla tanto de la policía ciudadana, pero nosotros hemos acordado no participar porque no puede ser un evento policiaco”, agregó.
El dirigente de la policía de la UPOEG, dijo que se comprometerían a replegarse durante este proceso de elección de autoridades, que se planea para el 15 de julio en la Unidad Deportiva de Ayutla.
“Aquí hay conflicto porque se ha tirado mucho dinero, el dinero con la población, cada uno siembra lo que cosecha (lo dijo al revés ), no sé por que dicen que nosotros no permitimos que voten como hoy (fue), en Tecoanapa y otros municipios en Copala”, agregó.
Aprovechó para informar que gracias a la policía de la UPOEG se lograron evitar confrontaciones y delitos electorales en los municipios de la Costa Chica donde operan, en donde aseguran que hubo mucha compra de votos.
“El esposo de la presidenta trae guardia, ¿a qué le tiene miedo? Trae escolta y nadie lo ha parado. Entonces no hablemos de cosas de que ‘nos están persiguiendo’ cuando tenemos impunidad. Aquí de lo que se habla es de un método de gobierno a través de una asamblea”, enfatizó.

 

Fila de personas captadas ayer en la casa del candidato del PRI-PVEM en Ometepec, Efrén Adame Montalbán, donde presuntamente recibían dinero a cambio de su voto. Ayer también policías comunitarios de Mixtecapa detuvieron al presidente del PRI en San Luis Acatlán y a dos personas más con dinero y armas Foto: Jacob Morales

Presunta compra de votos en la casa del candidato del PRI a alcalde de Ometepec

Jacob Morales Antonio

Ometepec

Decenas de hombres y mujeres hicieron largas filas durante este sábado para entrar a la casa del candidato de la colación Transformando Guerrero (PRI-PVEM) a alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalbán.
Antes de las 9 de la mañana, los hombres y mujeres comenzaron a pasar en grupos. Según los encargados del resguardo de la casa, ubicada en la calle Mariano Abasolo, atrás del Zócalo, los hombres y mujeres que pasaban sólo querían saludar personalmente al candidato, esposo de la también candidata a la alcaldía de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez, que pretende reelegirse por la misma coalición.
Dos personas que salieron del lugar sin dar su nombre, sólo moviendo la cabeza de arriba abajo confirmaron que, a cambio de la copia de la credencial de elector, les pagarían para votar por Adame Montalbán, la mitad les fue entregada ayer y el resto se los darán hoy, después de votar, pero no quisieron revelar la cantidad.
Entre quienes llegaron había personas con capacidades diferentes y adultos mayores con bastón.
Alrededor de las 11:30 de la mañana, tres patrullas de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) pasaron por el lugar de largo, pese a que otro grupo mantiene un reten en la carretera Ometepec-Xochistlahuaca en la comunidad de Zacoalpan.
A las 4 de la tarde, durante otro recorrido se observó que continuaban las largas filas en la casa del candidato. Ayer mismo se observó también a militares patrullar las principales calles de Ometepec, y un intenso recorrido de la policía municipal, pero no se observó que tomaran datos de lo que sucedía en la casa del candidato.
Una mujer y dos hombres se acercaron a este reportero para pedirle que borrara las fotografías tomadas, y que no publicara nada que afectara al candidato; al negarse, de forma intimidatoria le exigieron que se retirara.

Detienen comunitarios a líder del PRI en San Luis Acatlán y a dos más con dinero y armas

Redacción

La Policía Comunitaria en Mixtecapa detuvo a tres personas, entre ellas, al presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI en San Luis Acatlán, Marcos Pano Vargas con armas y dinero en efectivo.
De acuerdo con información proporcionada por el comandante regional –que pidió omitir su nombre– informó que la detención de las tres personas se dio alrededor de las 2 de la tarde en la carretera San Luis Acatlán-Tlapa, quienes llevan 15 mil pesos en efectivo y dos armas, una calibre 45 y otra calibre 22.
Los detenidos se transportaban en una camioneta RAM roja doble cabina y en una Nissan. En un boletín de prensa se informó que los detenidos son el líder del PRI en San Luis Acatlán a quien acusan de “andar comprando votos a favor de Agustín Ricardo Morales”, candidato a alcalde de ese municipio.
También fueron detenidos “sus operadores políticos, Alfredo López Sánchez y Manuel Justo Morales, este último entenado de Alfredo López Sánchez, ambos vecinos de la Colonia Ejido en la cabecera municipal de San Luis Acatlán”.
Según el boletín, dichas personas anduvieron desde temprano comprando votos en esa comunidad indígena. El comandante adelantó que hoy harán operaciones para que la gente salga a votar libremente y sin que anden comprando el voto y engañando el pueblo.
Que van a controlar todo para que no haya problemas en las casillas en esa zona de la Costa Chica.

 

Presunta compra de votos en la casa del candidato del PRI a alcalde de Ometepec

Decenas de hombres y mujeres hicieron largas filas durante este sábado para entrar a la casa del candidato de la colación Transformando Guerrero (PRI-PVEM) a alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalbán.
Antes de las 9 de la mañana, los hombres y mujeres comenzaron a pasar en grupos. Según los encargados del resguardo de la casa, ubicada en la calle Mariano Abasolo, atrás del Zócalo, los hombres y mujeres que pasaban sólo querían saludar personalmente al candidato, esposo de la también candidata a la alcaldía de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez, que pretende reelegirse por la misma coalición.
Dos personas que salieron del lugar sin dar su nombre, sólo moviendo la cabeza de arriba abajo confirmaron que, a cambio de la copia de la credencial de elector, les pagarían para votar por Adame Montalbán, la mitad les fue entregada ayer y el resto se los darán hoy, después de votar, pero no quisieron revelar la cantidad.
Entre quienes llegaron había personas con capacidades diferentes y adultos mayores con bastón.
Alrededor de las 11:30 de la mañana, tres patrullas de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) pasaron por el lugar de largo, pese a que otro grupo mantiene un reten en la carretera Ometepec-Xochistlahuaca en la comunidad de Zacoalpan.
A las 4 de la tarde, durante otro recorrido se observó que continuaban las largas filas en la casa del candidato. Ayer mismo se observó también a militares patrullar las principales calles de Ometepec, y un intenso recorrido de la policía municipal, pero no se observó que tomaran datos de lo que sucedía en la casa del candidato.
Una mujer y dos hombres se acercaron a este reportero para pedirle que borrara las fotografías tomadas, y que no publicara nada que afectara al candidato; al negarse, de forma intimidatoria le exigieron que se retirara.

 

Impiden al IEPC llegar a la asamblea en La Villa, Ayutla; rechazan a un representante del PRI

Habitantes de Ayutla de los Libres bloquearon ayer las entradas a la cabecera municipal para impedir que miembros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) llegaran a la colonia La Villa, donde sería la asamblea para escoger al representante en la asamblea general por usos y costumbres para conformar el nuevo gobierno municipal.
A las 2 de la tarde, más de 100 inconformes bloquearon la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande en los dos accesos a la cabecera municipal.
Los inconformes se quejaron porque en la colonia están proponiendo al ex alcalde priista y esposo de la actual alcaldesa, Hortensia Aldaco Quintana, Severo Castro Godínez como el representante a la asamblea general del próximo 15 de julio.
Consultada por teléfono, la consejera presidenta de la comisión de sistemas normativos propios y por usos y costumbres, Cinthya Citlali Díaz indicó que no pudieron llegar a la colonia ante la protesta de los habitantes y con el personal que la acompañaba se retiraron del lugar.
La consejera dijo que el IEPC no reconocerá a nadie que no haya sido electo en una asamblea, mientras no haya representantes del instituto presentes, o que será el Tribunal Electoral del Estado el que tendrá la última decisión.
De las 140 colonias y comunidades de Ayutla donde tendrían que escoger a un representante y un suplente a la asamblea general del 15 de julio, sólo faltan la colonia La Villa y Piedra de Zopilote, y tienen hasta este 15 de junio para hacerlo.
El conflicto entre simpatizantes de los partidos políticos y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ha provocado la cancelación de las asambleas en al menos cuatro ocasiones. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).