Sin personal ni formación operan las instituciones de justicia, dice Tlachinollan del caso de Yndira


La agresión sexual que denunció la activista Yndira Sandoval Sánchez por una mujer policía de Tlapa, “mostró la precariedad con que trabajan las instituciones que imparten justicia, falta personal y no tienen una formación con perspectiva de género y de derechos humanos”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Neil Arias mencionó que la organización intervino para que Sandoval Sánchez pusiera su denuncia formal cuando sufrió la agresión, ya que los hechos fueron el fin de semana y falta personal en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, pues sólo está la titular Osbelia Blanco Martínez, quien ese día estaba en una diligencia en Atlamajalcingo del Monte, y es la responsable de atender los 19 municipios de La Montaña.
Barrera Hernández dijo que eso mostraba la precariedad con que se trabaja en la región, porque faltan peritos, médicos legistas e infraestructura, no hay perspectiva de género y se revictimiza a las mujeres.
Comentó que los policías trabajan de forma opaca, no se sabe cuántos están acreditados, con qué controles internos se manejan, no hay registros ni control de detenidos, o si aplican protocolos en una detención que garantice el debido proceso, “es una improvisación total”.
Dijo que eso lleva a que haya actuaciones desproporcionadas en el uso de la fuerza, no distinguen entre un delito y falta administrativa, para ellos todo es detención y eso lleva al abuso de poder de todo el aparato local y estatal.
Mencionó que se han documentado casos en que hay deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, donde se revictimiza a las mujeres que denuncian a sus parejas por violencia y son criminalizadas.
Arias Vitinio dijo que hay dificultades estructurales para acceder a la justicia y en el caso de Yndira, quien conoce sus derechos y es defensora, se tardaron dos días en atenderla, recurrió a medidas cautelares ante el hostigamiento y fue custodiada a la ciudad de Puebla por policías estatales.
Agregó que con el nuevo sistema de justicia se pretende que sea eficaz, expedita y gratuita, pero no ocurre así.
Dijo que el delito en contra de Yndira es muy grave y si se contará con personal adecuado y capacitado se debió vincular a proceso porque acudió al Ministerio Público a denunciar la violación y podía pasar como flagrancia, pero como hay impunidad no se integró la carpeta.
Lamentó que ahora se pretendan desvirtuar los hechos y la quieren hacer pasar por una alcohólica mediante la publicación de videos.
Mencionó los casos de Valentina e Inés, violadas por militares, que derivó en la implementación de protocolos para atender a las víctimas y pidió que se apeguen a esos estándares.

Las acusaciones son falsas, responde la policía

En su perfil de Facebook la policía municipal Claudia Juárez Gómez posteó que en un programa de radio Yndira Sandoval, “me acusó de manera falsa e injusta de haberla violado, esta acusación tan grave es una total mentira”.
“Lo único que hice fue protegerla pues se encontraba en total estado de ebriedad, se había quitado su ropa interior, se negaba a pagar un servicio en una clínica y alteraba el orden público, alegando que es muy importante y muy influyente”, afirma.
Dice que tiene tres hijas, dos de seis años y una de cuatro, que es incapaz de hacer lo que se le acusa y que está dispuesta a encarar la verdad “y a la señorita”.
Remarca que ella no es importante ni preparada, pero “no soy una violadora”, y pide a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que también la defienda a ella.

El caso está en manos de las autoridades competentes, expone el alcalde

El presidente municipal priista, Jesús Noé Abundiz García manifestó que desde el momento en que se enteraron del hecho y fueron notificados por la Codehum y la Fiscalía, han brindado la información que les han solicitado, y de igual forma atenderán a la notificación que llegó hace unos días de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Manifestó que esperan agilidad en las investigaciones para que se determinen los culpables y las sanciones, en caso de que haya responsabilidad de los policías.
Manifestó que no podía dar más información porque el caso está en las instancias judiciales.

Difunden videos de la activista en redes sociales

Este lunes después del mediodía empezaron se difundieron dos videos de Sandoval Sánchez, al parecer grabados por policías, en uno se observa  alcoholizada y le dicen que se suba a la patrulla, ella dice que no es delito tomar, y se identifica como activista de derechos humanos.
En el otro está en la Dirección de Seguridad Pública y los policías le piden que firme y entregue sus pertenencias, ella dice que no firma hasta que le digan para qué, pero entrega pulseras y dice que le incomoda a los policías que una ciudadana sepa sus derechos.

Marcharán para exigir justicia

La vocera de la activista, Rosalinda Pimentel informó que el próximo miércoles marcharán por Yndira en un amplio respaldo nacional e internacional para exigir justicia en Guerrero y Tlapa.
Dijo que ya tienen cinco estados confirmados en los que marcharán y otros aún están por definir las acciones, pero se manifestarán y en breve darán más información sobre el caso.

Yndira no ha hecho un señalamiento a pesar de que se le ha citado, dice el vocero del gobierno

El gobierno del estado mediante el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que se investiga el caso de violación de la activista y defensora de derechos humanos, Yndira Sandoval Sánchez, y que necesita ampliar su declaración ministerial.
En un boletín de prensa Álvarez Heredia informó que únicamente falta la ampliación de la declaración ministerial de la activista para determinar “lo que legalmente corresponda”.
Insiste en que la activista no ha hecho ningún señalamiento en contra de persona alguna, “a pesar de que se le ha citado en diversas ocasiones”.
Dijo que se le ha citado tanto por oficio como vía telefónica y que ante la falta de señalamiento “resulta imposible” que se ejerza acción penal en contra de quien resulte responsable.
En la mañana el gobernador Héctor Astudillo Flores en su cuenta de Twitter informó que solicitó al Fiscalía General del Estado una investigación seria, profunda y objetiva en el caso.
En el boletín se señala que Yndira Sandoval presentó denuncia ante la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales, con sede en Tlapa, en la que señala los hechos cometidos en su contra.
“El 23 de septiembre pasado la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ofreció a Yndira apoyo y respaldo, por lo que derivado de esta gestión, actualmente se encuentra incorporada al Mecanismo Nacional con medidas de protección para salvaguardar su integridad física”, se detalla en el documento.
Agrega que el 25 de septiembre el gobierno del estado fue el vínculo para que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas le proporcionara acompañamiento y atención integral, y solicitó que la Fiscalía le brinde atención diligente e inmediata para que los hechos sean esclarecidos.
Dice que desde el momento en el que se tuvo conocimiento de los hechos, el día 23 de septiembre del año en curso la Secretaría General de Gobierno estableció contacto para brindar atención puntual al tema.
“El día 1 de octubre del mismo año, a solicitud de Yndira Sandoval Sánchez, la Unidad para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinó el acompañamiento y resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para el traslado de su pareja, Amaury Navarrete Cruz, de la región de La Montaña de Guerrero a los límites del estado de Puebla, donde fue recibido por personal de seguridad enviado por el Mecanismo Nacional”, informa.
“El gobierno del estado expresa su compromiso en la protección de los derechos humanos de las mujeres, y repudia todo acto que atente contra los mismos. Se seguirá, como se hizo desde el primer momento, dando puntual atención y seguimiento a la actuación de las instancias competentes”, finaliza la misiva.

Repudian ONG violencia de género contra Yndira Sandoval; exigen reparación del daño

Organizaciones de la sociedad civil repudiaron la violencia por cuestiones de género que sufrió la defensora de los derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, luego de que reveló la detención arbitraria, violación y tortura que sufrió por autoridades de Tlapa de Comonfort el 16 de septiembre.
Mediante un comunicado firmado por Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos pidieron la reparación del daño y el castigo inmediato a los funcionarios responsables por comisión u omisión, tras señalar que las muestras de violencia y acoso a Sandoval Sánchez no paran.
De acuerdo con la activista cuyo testimonio confió al periódico La Jornada, los hechos ocurrieron luego de que participó en una conferencia sobre violencia contra las mujeres en la Universidad Autónoma de Guerrero, en septiembre.
A su salida y tras acudir a la clínica San Antonio para pedir asistencia médica por una herida en un seno, policías municipales de Tlapa de Comonfort la detuvieron, la subieron violentamente a un vehículo de la dependencia y la trasladaron a la cárcel municipal, donde la oficial Claudia Juárez Gómez la manoseó y violó.
Por estos hechos el 17 de septiembre Yndira presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Región Montaña -carpeta número 12080470200090170917- y otra más el 13 de octubre ante la Procuraduría General de la República (PGR), la número FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/0000634/2017.
De acuerdo con las organizaciones la violencia contra Yndira no ha cesado, incluso ya padeció el registro de su casa y su automóvil en la Ciudad de México.

No será fácil tener el dinero para aplicar la alerta de género, advierte Florencio Salazar

Las alertas por violencia feminicida que declararon el gobernador Héctor Astudillo Flores y la Secretaría de Gobernación (Segob), tendrán que complementarse, dijo ayer el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame en la sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, que se llevó a cabo ayer sin la presencia de reporteros en Casa Guerrero.
En la grabación de su intervención a la que tuvo acceso El Sur, el funcionario ratificó la posición de no recibir la alerta de Segob hasta que se hayan corregido tres errores de escritura, pero ya reconoce que será una “tarea colosal” a la que “no es fácil darle soporte presupuestal” ante la severa crisis de las finanzas del gobierno.
La feminista y ex secretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra informó después que el gobierno del estado ya trabaja las tres líneas que planteó la Segob mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el dictamen de la Alerta por Violencia Feminicida en ocho municipios del estado.
Indicó que en una presentación que se mostró en la sesión como parte del programa de trabajo del gobierno del estado se habló de la seguridad, la prevención, la justicia y la reparación del daño como ejes centrales.
Dijo que allí propuso que se incorpore a las comisiones de seguimiento del Sistema estatal las organizaciones que impulsaron la solicitud de Alerta ante el gobierno federal.
Las comisiones creadas desde que se instaló el sistema son alerta de género, órdenes de protección, atención a las mujeres víctimas de violencia, prevención, radicación, de enlace y promoción de la participación ciudadana, de reformas legislativas y de seguimiento y atención a feminicidios.
Florencio Salazar dijo que el gobierno de Héctor Astudillo está obligado a jerarquizar programas porque abordar los problemas en su conjunto “nos pueda paralizar por la escasez de los recursos”.
Agregó que nadie ignora la “severa crisis” en las finanzas públicas luego de que se supo que el gobierno federeal ha recortado en el primer semestre del año 830 millones de pesos, “sumado a recortes que iniciaron prácticamente con el año, más el enorme déficit recibido por la administración anterior por 32 mil millones de pesos”.
Aclaró que la escasez de recursos no lo exenta de sus deberes y propuso a funcionarios de Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, del Ejecutivo y de los ayuntamientos que se informen de las posibilidades de cada uno para avanzar y dar resultados.
Insistió en que no pueden comprometer todos los recursos para atender las diferentes propuestas y las acciones que se han planteado en la alerta, “esto no sería posible, y sería además irresponsable”, subrayó.
A algunas organizaciones de mujeres integradas al sistema pidió que no vean al gobierno como adversario, sino que trabajen coordinadamente y se orienten por los mismos objetivos, porque las autoridades las necesitan y “ustedes sin el gobierno van a hacer muy poco”.
A la sesión llegaron sólo representantes de los titulares de diversas dependencias, de acuerdo con el ingreso controlado (con lista en mano) que se observó en la puerta 2 de la residencia oficial.

Sólo acudieron dos alcaldes de los ocho que incluye la Alerta

A la sesión sólo acudieron los alcaldes de Ometepec y Tlapa, dos de los ocho en los que se declaró la alerta, pero los ocho municipios (Acapulco, Chilpancingo, Zihua-tanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla) se integraron al Sistema Estatal.
Salazar Adame propuso reuniones de trabajo en los ochos municipios este mes, “para redoblar los compromisos en cada orden de gobierno”.
Adelantó que ya solicitó a la Secretaría de Finanzas una reasignación para atender “al menos las cuestiones más urgentes de la alerta este año, y en 2018 puedan tener una partida especial para atender el programa”.
Pidió a la diputada del PRD, Yuridia Melchor Ocampo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, “que nos ayude a disponer, sino todos los recursos deseables, de una partida que nos permita avanzar”.
A las comisiones que confirman el sistema estatal les dijo que sesionen con regularidad, que visiten las casas de atención a las mujeres y que informen cómo están operando.
Estimó que en ocasiones solventar necesidades básicas o administrativas son suficientes para que las instituciones funcionen, y se pueden atender a la brevedad.
En el último punto del orden del día se abordó el tema de la alerta de la Segob, y Salazar Adame ratificó su posición en el sentido de que es necesaria una comunicación debidamente soportada de la Conavim para atender la declaratoria.
En las grabaciones también se supo de intervenciones de una funcionaria del Poder Judicial que destacó los avances en capacitación, aún sin concluir, y quejas ante la falta de atención apropiada en las agencias de Ministerio Público, donde las víctimas deben comprar hojas de papel bond para levantar una denuncia.
Entre las participaciones, Gómez Saavedra pidió una respuesta para la Conavim. Luego en declaraciones a este diario confirmó que para evitar confusión en Guerrero se deben de integrar las acciones de las dos declaraciones de alerta, pues el gobernador planteó ocho temas de trabajo y la Conavim más de 20.

Piden que se resuelva el conflicto en Ciudad de las Mujeres

En la sesión la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar urgió a las autoridades a resolver el conflicto laboral del Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa, sin despidos ni reducción de salarios.
En un escrito entregado a Salazar Adame, Reyna explicó que el Centro fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto para dar atención integral a mujeres víctimas de violencia, como un modelo de atención interinstitucional y en respuesta a recomendaciones de organismos internaciones para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres.
Indicó que en la sesión leyó el documento en el que pide que se solucione el conflicto de un proyecto que debe garantizar el derecho de acceso a la justicia de más de mil 500 mujeres indígenas de La Montaña, que son atendidas mensualmente en este centro.

Muchas mujeres que denuncian violencia otorgan el perdón: MP

La agente determinadora del Ministerio Público para atención de Delitos Sexuales en Acapulco, Alicia Díaz González, informó que el año pasado inició 419 averiguaciones previas por violencia intrafamiliar y 142 por violaciones.

En lo que va de 2004, indicó que se han iniciado 70 averiguaciones previas por violencia intrafamiliar y 26 por violaciones.

De las 419 por violencia intrafamiliar explicó que 130 se consignaron a un juez, de éstas en 89 no se ejerció acción penal porque las agraviadas otorgaron el perdón a sus atacantes.

Acerca de las 142 denuncias por violaciones, expuso que 112 se encuentran en trámite y las otras se remitieron por incompetencia a otras agencias del Ministerio Público o en su caso, otorgaron el perdón.

La servidora pública lamentó que en muchos casos las denunciantes se retractan o dejan de ir para continuar con la integración de las denuncias.

Llamó a que las víctimas de maltrato o violación acudan plenamente convencidas y no a unas horas de que ella proceda legalmente otorguen el perdón a los presuntos culpables. (Jorge Nava)