El Congreso aprobó el martes un exhorto al fiscal general del estado Javier Olea Peláez para que dé seguimiento a la investigación y “debido esclarecimiento” de los homicidios del alcalde de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, y de uno de los precandidatos del PRD a la alcaldía Zihuatanejo, Marino Catalán Ocampo, porque afirmaron que se trata de asesinatos cometidos por intereses de políticos vinculados con la delincuencia organizada.
Los diputados de MC y PRD aprovecharon ese punto para arremeter contra el fiscal y reiterar la protección política a los grupos criminales que operan en el estado.
El exhorto fue propuesto por la diputada Eloísa Hernández Valle, quien calificó el problema de inseguridad en el estado como “abrumadoramente grave”.
Llamó a que el Pacto por la Seguridad para Guerrero sea contundente y no quede en reuniones de gabinete.
María del Carmen Cabrera dijo que “estamos ante una agresión que tiene implicaciones políticas, que pretenden generar un clima de intimidación a favor de intereses obscuros que escapan a las consecuencias de la delincuencia común”.
Pidió que los espacios públicos sean ganados en las urnas, “pero que no sean las balas asesinas quienes estrujen la vida de un hombre honrado como Arturo Gómez”; aprovechó para responsabilizar al fiscal Javier Olea por “ineficiente, inepto que no hace nada por procurar justicia a miles de ciudadanos”.
También en el mismo punto, el diputado de MC, Silvano Blanco Deaquino, recordó que advirtió que el problema de la inseguridad se complicaría si no se atendía de fondo el problema de la violencia.
“El peso que tiene la delincuencia organizada en Guerrero ahí está, incide en poner presidentes municipales, financiar campañas a gobernadores, y actualmente hasta financiar campañas a la presidencia de la República”, dijo el diputado en tribuna.
La consecuencia de esos vínculos, dijo, es que las autoridades no actúan, “son espacios de poder que se les permite a la delincuencia organizada, se utilizan también por gente que hace vida política”.
Los asesinatos de políticos en el estado, en referencia a los aspirantes a cargos de elección popular, “tienen que ver con la intención de quitarse del camino a un posible contrincante político para la elección de 2018”.
El diputado de MC informó en tribuna que Arturo Gómez planeaba reelegirse “y estaba construyendo alianzas, en su momento –porque con un servidor platicó del tema– yo le hice referencia a que era muy riesgoso, porque en lo personal yo sabía que en la zona, al compañero, los grupos de poder le habían dicho que no impulsara la reelección en el municipio”.
Afirmó que en el PRI ni en el PRD hay alguien que pudiera ganarle a Arturo Gómez, “y lo más sencillo fue hacer acuerdos con gente que sin ningún miramiento sabe que mata y que no se investiga”.
Entonces arremetió contra el fiscal Javier Olea Peláez, “lo sabemos con mucha precisión, el fiscal actual no vino precisamente a tratar de abonar a que disminuyera la delincuencia en el estado de Guerreo, vino como una cuota de poder, y a fortalecer a estos grupos delincuenciales en el estado”, dijo Silvano Blanco.
Por eso consideró que el gobernador también tiene responsabilidad por la inseguridad, por “los vacíos de poder” con los que se le permite a grupos criminales que atenten contra actores políticos, “es algo que no se había dado de forma tan recurrente como se está dando en este gobierno”.
A pesar de que el diputado de MC en ocasiones anteriores ha sugerido vínculos entre políticos, gobernantes y la delincuencia organizada, en tribuna fue claro en el tema.
“Reitero con mucha precisión, todos estos grupos delincuenciales, tienen un padrino político que los cobija y que les permite estar haciendo este tipo de actividades en el estado de Guerreo”, y continúo: “Si se está pensando en ganar en 2018 con ayuda de la delincuencia organizada, están en un error. Que no haya ningún asesinato más de ningún compañero dedicado a la actividad política simple y sencillamente porque se le quiera quitar de encina en este proceso”.
También el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano planteó exhortar al fiscal para que inmediatamente realice las investigaciones y aprehenda a los responsables intelectuales y materiales de los homicidios en Chilpancingo de los jóvenes Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera.
En la sesión, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, condenó el homicidio de Marco Catalán y de Jorge Arturo Vázquez “desaparecidos y asesinados en Chilpancingo a manos, presuntamente, de policías municipales de la capital”.
Exigió a la fiscalía que se avoque a la localización con vida de los jóvenes Efraín Andoney Patrón Ramos, Abel Aguilar García, Jacobo Pérez López y Cristhian Isidro Ávila Martínez, a pesar de que reiteró en varios momentos de su participación, que se presume que en las desapariciones también participaron personal de la FGE.
“Después de los hechos de Iguala en 2104, luego de que quedó acreditada la participación de las policías municipales de Iguala y de Cocula, hoy volvemos a vivir la intervención de estas corporaciones, es de algún modo una repetición”; por otro lado, el Fiscal dice que hay un detenido de la policía municipal, “pedimos que no pase lo mismo que con la investigación de Demetrio Saldívar (Gómez, ex secretario general del PRD en Guerrero) que de un detenido no pasa”, dijo en tribuna.
De los hechos de violencia suscitados en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde murieron once personas, el diputado dijo que es una llamada de atención que el Congreso estatal debe atender y reiteró el llamado a la Comisión de Estudios Constitucionales, a dictaminar las iniciativas de ley que buscan regular a las policías comunitarias.
“La reflexión tiene que ver con que no podemos ver como algo normal el asesinato de once personas y que, hace algunos meses, se asesinó de igual forma a una familia”, e insistió en que la zona es un coctel muy explosivo “en los bienes comunales, que tiene que ver históricamente con el tema de la presa, pero ahora es la gravilla que ha polarizado a la comunidad y los diferentes grupos que ahí operan”.
En ese tema también intervino la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, quien dijo que hechos como el ocurrido en la comunidad La Concepción “revelan procedimientos cuyo objetivo no sólo era la detención del líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui; de su hermano Vicente y de más de 30 personas, sino de asestarle un golpe al Sistema Comunitario de Seguridad que representa la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) y de paso continuar el propósito de La Parota, que el régimen quiere imponer”.
Llamó a que se esclarezcan los homicidios “presuntamente perpetrados por elementos de la policía estatal a los comunitarios en La Concepción, ocurridos durante el supuesto enfrentamiento y la detención de los líderes e integrantes del Cecop”.
Dijo que todo lo ocurrido tiene que ver con las omisiones legislativas para armonizar la Ley 701 con el texto actual de la Constitución de Guerrero, “esas son las órdenes del gobernador y por eso este Congreso es cómplice de estas complacencias e irresponsabilidades”.
Continuó: “Los actos de La Concepción son sintomáticos y la prueba más fehaciente es la agresión al fotorreportero Bernardino Hernández, de la revista Proceso, a quién despojaron de las memorias de sus instrumentos de trabajo. Proceder oficial realizado para evitar que se conozca la verdad de lo ocurrido”.
Porque consideró que las evidencias obtenidas por Bernardino Hernández demostrarían lo que la CRAC y Tlachinollan reclaman, “que los policías comunitarios fueron ejecutados de forma extrajudicial, que estaban desarmados y boca abajo”.
Respaldó “la valiente intervención del periodista Zacarías Cervantes el día de hoy frente a Palacio de Gobierno, en la que con certeza señala que este es el gobierno que más reprime a periodistas y exigimos que regresen el material robado al fotógrafo de Proceso”.
“Repudiamos también que los periodistas sean impedidos para realizar su trabajo, se les agreda y amenace, se les arrebaten sus instrumentos de trabajo y se les ponga en riesgo por cumplir con una labor de informar a la sociedad, con objetividad, de lo que ocurre en actos que involucran a servidores públicos”.
Exigió la libertad inmediata de todos los comunitarios detenidos en La Concepción y castigo a quienes resulten responsables de los asesinatos, tortura y abusos policiacos cometidos en esa comunidad.

Fiscales especiales

Sobre la propuesta enviada al Congreso local del fiscal especializado en Delitos Electorales y la fiscal especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, el diputado Ricardo Mejía expuso que deben ser personas aptas, que cumplan con todos los requisitos de su función y sea garantizada la procuración de justicia.
Las propuestas del fiscal del estado Javier Olea Peláez, para ocupar las fiscalías especializadas en Delitos Electorales y en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas son Antonio Sebastián Ortuño y María Guadalupe Rendón Ramírez, pero en tribuna Mejía Berdeja afirmó que ninguno de ellos genera confianza.

Otros temas

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano planteó exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo y Tlapa, para que en el marco de la alerta de violencia de género contra las mujeres, destinen recursos presupuestales para prevenir y erradicarla, que estén orientados a reforzar patrullajes preventivos, instalación y mejoramiento de alumbrado público, mecanismos de vigilancia y seguridad pública e instalación de cámaras de video.
La fracción de MC solicitó a la Mesa Directiva realizar excitativas a las Comisiones de Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Estudios Constitucionales y Jurídicos, Justicia, Salud y Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para que presenten los dictámenes de las iniciativas que les turnaron.
En una segunda y tercera sesión, se aprobaron los dictámenes donde se llama a Jesús Gómez Pérez para que asuma el cargo y funciones de presidente municipal de Petatlán, y las licencias por tiempo indefinido a Alfreda Gasparillo Pineda y Mauricio González Razo, al cargo de síndica y regidor de los ayuntamientos de Quechultenango e Iguala, respectivamente.
Fueron llamados para que asistan a la sesión de mañana, para que tomen protesta en el pleno del Congreso local.

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El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE) ordenó al Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN que sus sesiones deben de ser en su domicilio oficial en Chilpancingo.
La resolución fue por la sesión fallida en la dirigencia municipal del PAN el pasado domingo 31 de diciembre en Acapulco, y evidenciaron que la sesión del pasado domingo 7 de enero en la capital (que se realizó en un salón de un hotel) aún no es notificada al órgano jurisdiccional.
Ordenó al Comité Directivo Estatal del PAN, “a sesionar en su domicilio legal y tomar las providencias necesarias conforme a su normatividad interna para dar cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia de 29 de diciembre de 2017, que invalidó la instalación del Consejo Estatal del PAN en Guerrero, celebrada el 12 de febrero de 2017”.
Ayer a las 12 del día sesionó el pleno del TEE, para cuatro temas, entre ellos la continuidad del Juicio Electoral Ciudadano interpuesto por panistas que impugnaron la instalación del Consejo Estatal del pasado 12 de febrero.
La resolución fue una orden del TEE al PAN para que las sesiones que realice la dirigencia sean en su domicilio oficial en Chilpancingo, ubicada en el andador Emiliano Zapata en el centro de la ciudad.
Pero esta resolución se da a partir de la notificación del PAN al TEE, de que no fue posible sesionar el pasado 31 de diciembre para emitir la convocatoria correspondiente a la instalación del Consejo Estatal.
Por lo que se evidenció que la dirigencia del PAN en Guerrero no ha notificado al TEE de la instalación del Consejo Estatal que realizaron el domingo en un hotel al norte de la ciudad.
En la sesión del domingo, se nombró a los integrantes de la Comisión Permanente, quienes determinarán sobre las candidaturas de este partido en el proceso electoral local. También las comisiones de Orden, Anticorrupción y Doctrina; la de Vigilancia; la de Asuntos Indígena. Y la Permanente, ésta última encargada de definir las candidaturas del partido para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos.
Pero como el TEE aún no le han informado que ya se celebró la instalación del Consejo Estatal, ese organismo jurisdiccional no podría hacer un pronunciamiento respecto a si tienen o no validez los acuerdos aprobados el domingo pasado.

Avalan aplicación para candidaturas independientes

En otro tema, el TEE avaló la Aplicación Móvil para recabar apoyos ciudadanos para los candidatos independientes.
El Juicio Electoral Ciudadano, fue promovido por Juventino Rodríguez Martínez, quien impugnó la convocatoria dirigida a la ciudadanía para postularse como candidatos independientes para el proceso electoral de Ayuntamientos y diputados Locales 2018, emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC).
Juventino Rodríguez alegó que la Aplicación Móvil para la obtención del apoyo ciudadano, es arbitraria y violenta la Ley Electoral, “vulnerando consigo su derecho a ser votado por imponerse restricciones que van más allá de las establecidas en el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Sin embargo el pleno del TEE declaró infundados los agravios y confirmó las disposiciones de la convocatoria, al establecer que el actuar del IEPC fue apegada a derecho en razón de que se ajustó a las directrices que el Instituto Nacional Electoral (INE) “ha trazado al favorecer la utilización de tecnologías que optimicen y hagan eficiente la recolección de las cedulas de respaldo ciudadanos, haciendo de esta forma innecesaria la presentación física de los documentos recabados por el aspirante a Candidato Independiente”.
Además, sostuvo que el IEPC tiene atribuciones suficientes para regular lo relativo a las herramientas tecnológicas que permitan hacer más accesible el cumplimiento de los requisitos, por parte de la ciudadanía que aspire a obtener una candidatura independiente.
El TEE también resolvió un incidente de inejecución de sentencia, en el que ordenó nuevamente al Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, a realizar el pago de las diversas prestaciones que le fueron retenidas a Hermenegildo Vázquez Sierra “y otros”, cuando se desempeñaban como regidores durante el periodo 2012-2015.
También aprobó por unanimidad de votos, cuatro acuerdos plenarios de diversos Juicios Electorales Ciudadanos en uno se ordena nuevamente al Ayuntamiento de Olinalá y al IEPC para que en forma coordinada se emita la convocatoria y se lleve a cabo el proceso de elección del comisario de la comunidad de Zontecomatlán, “observando en todo momento lo que les fue mandatado en la sentencia de 27 de octubre de 2017”.
El pleno del tribunal determinó que el recurso de apelación acumulado, promovido por Jorge Martínez Carbajal en contra de la etapa de valoración y designación de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital 01 y 15 del IEPC, “no corresponde a la vía procedente por lo que se ordenó su reencauzamiento a Juicio Electoral Ciudadano”.

Ante el Cabildo de Chilpancingo, en una sesión extraordinaria privada, la contralora interna municipal, Maribel Adame Uribe, rindió un informe detallado del proceso de Entrega Recepción intermedio 2015-2017 y 2015-2018.
En una sesión de Cabildo que se realizó en el Palacio Municipal de Chilpancingo que presidió el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas, la contralora interna rindió un informe detallado del proceso de Entrega-Recepción que concluyó con la firma de un acta circunstanciada, porque el equipo de transición del alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, no se presentó a la firma del acta final correspondiente.
Se informó que por ello el seguimiento quedará a cargo de los órganos de fiscalización del gobierno del estado para los fines legales que correspondan.
El presidente municipal de Chilpancingo con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, no comprobó 61 millones 478 mil pesos del ejercicio fiscal 2016, de acuerdo con el auditor superior del estado Alfonso Damián Peralta.
El martes a las 6 de la tarde se citó al acto oficial de la Entrega-Recepción en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, a casi tres meses de que Leyva Mena dejara el cargo y un día después de que anunciara su intención de regresar. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

El presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), del Congreso local, Samuel Reséndiz Peñaloza, informó que a finales de enero, el órgano fiscalizador entregará el pliego resolutivo de la auditoría a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
El lunes pasado venció el plazo para que la paramunicipal entregara la documentación para solventar las observaciones que le realizó la entonces AGE, a pesar de que no hay un plazo establecido en la ley para que la ahora ASE concluya la auditoría con la entrega del pliego de observaciones final, hay un mandato de “darle prioridad”.
En septiembre pasado el Congreso local mandató al órgano fiscalizador a que auditara a la CAPAMA durante el actual gobierno municipal, incluidos los recursos ejercidos en 2017.
Tras la entrega de la documentación para solventar las observaciones que la auditoría realizó dentro del plazo que concluyó el lunes pasado, se espera que el pliego de resolutivos final se entregue a más tardar a finales de enero.
Después de que la ASE entregue el resolutivo final, empezará el proceso de resarcición, de las observaciones que no fueron solventadas, “se tendrá que regresar el dinero que no se haya podido comprobar”, explicó Reséndiz Peñaloza.
Y en caso de que existan casos de recursos que no se comprueben y eso enmarque en algún delito penal, “como lo que está sucediendo en Chilpancingo”, entonces se le dará aviso a la Fiscalía General del Estado para que se inicie un proceso judicial en contra de quien resulte responsable.
De la solicitud que la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chilpancingo (Coparmex), entregó al Congreso para que realicen una auditoría especial e inmediata al gobierno municipal de Chilpancingo, en el periodo de Marco Antonio Leyva Mena, dijo que “a la brevedad” van a reunirse los cinco integrantes de la comisión para tratar el tema.
Recordó que con la entrega de la cuenta pública de los entes fiscalizables que se debe realizar a más tardar el 28 de febrero, se inicia el proceso de fiscalización, pero en caso de Chilpancingo, por la situación de inestabilidad y señalamientos contra el gobierno de Leyva Mena, dijo que “sí se tiene que pedir una auditoría inmediata para acelerar este proceso del ejercicio fiscal, si no nos tendríamos que esperar todo el año para conocer los resultados”.

Colectivos de familiares de desaparecidos y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), manifestaron que el viernes se cumplen los 30 días hábiles después de que el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, propuso a María Guadalupe Rendón Ramírez como fiscal especializada en Materia Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado no ha tomado una decisión al respecto.
En un comunicado el Centro Morelos y el Colectivo de Familias de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Familias de desaparecidos de Chilapa, de Iguala y Acapulco mostraron su preocupación, pues el martes los diputados locales tuvieron su primera sesión y no incluyeron el tema en el orden del día.
Los familiares rechazan la propuesta del fiscal y demandan que se abra una convocatoria para que sean tomadas en cuenta sus propuestas y las necesidades que tienen, para que se designe a un titular que garantice los derechos de las víctimas.
Las familias insisten en que Rendón Ramírez, actual titular de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas no Localizadas, no ha implementado estrategias de búsqueda y localización de los desaparecidos.
“El día de ayer los diputados realizaron la primer sesión del año y no incluyeron el tema de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si en 30 días hábiles no se da el visto bueno o se rechaza la propuesta automáticamente se da por aprobada la propuesta enviada por el Fiscal… para poner al frente a María Guadalupe Rendón Ramírez”, detallan.
Informan que el plazo vence el viernes, que este jueves sesionarán nuevamente los diputados locales y que existe el fundado temor de que se avale la propuesta del fiscal, pues ningún miembro de la Junta de Coordinación Política ha dado respuesta, ni de manera pública ni particular, a las familias.
El Centro Morelos y los colectivos insisten en que les preocupa esta situación, porque las familias han recurrido a todas las instancias del estado y en ninguna han tenido respuestas, al contrario, han sido revictimizados y estigmatizados.
Agregan que se ven obligados a investigar, dando todos los elementos e información a las autoridades, y es lo único que aparece en las averiguaciones previas o carpetas de investigación.
Llaman nuevamente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a todos los diputados a que se sensibilicen, y que consideren las peticiones que hacen las familias que viven el martirio de tener a un familiar desaparecido.

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ón de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), agremiados a la sección 32 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), suspendieron labores dos horas en sus oficinas centrales para exigir certeza laboral.
Además, trabajadores de la Dirección de Imagen Urbana marcharon del parque Margarita Maza de Juárez al Palacio municipal para exigir que no regrese el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, y pedir que continúe en el cargo su suplente, Jesús Tejeda Vargas.
En la Capach, los inconformes aseguraron que lo único que piden es que se solucione el conflicto porque les deben retroactivos, despensas y uniformes.
De las 8 a las 10 de la mañana, unos 40 sindicalizados suspendieron labores y colocaron lonas en la entrada de las oficinas centrales, porque con los cambios que constantemente se hacen en el Ayuntamiento no les solucionan su pliego petitorio, se quejaron.
Dijeron que no están a favor ni en contra del alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, ni del alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas.
Sin embargo, en las lonas se leía que, “El comité ejecutivo de la sección XXXII de la Capach, en apego al marco jurídico reconoce al lic. Jesús Tejeda Vargas como presidente constitucional de Chilpancingo”, y “¿Marco Leyva por qué no regresaste el 15 de diciembre a pagar el aguinaldo a los trabajadores?”.
En el lugar, se consultó al secretario de Trabajos y Conflictos del sindicato, Fortín Aguilar Nava, quien informó que los trabajadores se manifestaron de manera pacífica, “no en contra ni a favor de algún presidente, nos manifestamos en contra de los cambios”.
Dijo que a los trabajadores “les pegan” los cambios, porque les dicen que están en revisión de cuentas y no atienden sus demandas, “si hay un interino, se debe de seguir los pasos legales”, exigió.
Aseguró que los trabajadores quieren certeza laboral, porque se está en constante cambio de funcionarios, “tenemos pendientes muchas prestaciones rezagadas”.
Por otro lado, unos 50 trabajadores de la Dirección de Imagen Urbana marcharon del parque Margarita Maza de Juárez al Palacio municipal para exigir que no regrese el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, y que continúe en el cargo el presidente municipal suplente, Jesús Tejeda Vargas.
A las 10 de la mañana, los manifestantes marcharon por las principales avenidas y protestaron unos 10 minutos en el Palacio municipal, de donde partieron en caravana hacia el Congreso local a entregar un documento para rechazar formalmente el regreso de Leyva Mena.
Afirmaron que en el periodo del alcalde con licencia no tenían buen salario y había exceso de trabajo y malos tratos, mientras que Tejeda Vargas les aumentó el salario.
El encargado de la Dirección de Imagen Urbana, Carlos Ramírez González manifestó que los trabajadores exigen que no regrese Marco Antonio Leyva Mena, porque desde el inicio de la administración prometió ayudarlos pero no lo hizo.
Indicó que a los trabajadores les pagaban 600 pesos semanales, pero a su llegada, Jesús Tejeda les aumentó 100 pesos, “a qué va a venir Marco Leyva si no cumple, sólo viene de chismoso y es un inepto, porque no puede con el paquete”.
Carlos Ramírez expresó que la administración está a punto de concluir, y presunto que si no puedo con el asunto de la recolección y saneamiento de la basura a qué viene.
Destacó que Leyva Mena se quedó con el dinero para el pago del ISSSPEG, y por eso los jubilados y pensionados no han recibido sus pago.
Reiteró que, “no queremos que regrese marco Leyva porque a lo que viene es a poner desorden… Jesús Tejeda es accesible y se pone a trabajar con la base trabajadora, todo está funcionado bien”.
El encargado aseguró que, “gente de Leyva Mena tiró el sistema para que la gente no haga sus pagos, por lo que tememos que esta quincena nuestros salarios se atrasen”.
Al llegar a la puerta de entrada al Congreso local, Carlos Ramírez leyó el documento, “por medio del presente y de la manera más atenta hacemos de sus conocimiento que rechazamos el regreso a la presidencia municipal a Marco Antonio Leyva Mena por incumplimiento acordado al inicio de su administración con la base trabajadora, la cual era el ajuste del salario”.

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