El reportero de Teloloapan, Raúl Castañeda denunció ante la agencia del Ministerio Público amenazas y lesiones que sufrieron él, su esposa y su hija cerca de la medianoche del sábado, tras la quema de libros de la escuela normal pública Vicente Guerrero de esa cabecera municipal.
Tras la denuncia le dieron medidas de seguridad de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos Contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Vía telefónica el también director y editor del diario local Libertad de Expresión, narró que cerca de la medianoche del sábado tras asistir con su familia a la quema de libros de la normal pública donde daba cobertura a la actividad, los tres fueron agredidos físicamente por un grupo de jóvenes, hombres y mujeres que se encontraban alcoholizados.
Los jóvenes golpearon a su esposa y después causaron daños a su vehículo que estaba estacionado afuera de la escuela, y que según un peritaje de agentes del Ministerio Público los daños ascienden a más de 21 mil pesos.
Ayer el comunicador miembro de la organización Reporteros sin Fronteras y corresponsal de una agencia de noticias en el estado, dio a conocer que presentó la denuncia por lesiones, daños y amenazas ante la agencia del Ministerio Público en contra de ocho jóvenes que los agredieron, y a quienes identifica como vecinos de Teloloapan, uno de nombre Alexis Javier y una mujer, Brenda, así como otros seis que no ha identificado.
Vía telefónica dio a conocer que se activaron protocolos de seguridad para él y su familia. (Alejandro Guerrero / Iguala).

El cuerpo de un hombre de 78 años fue localizado sin vida la tarde de ayer a la orilla del canal de riego de la colonia Valle del Sol al sur de Iguala, según las primeras versiones el anciano murió ahogado tras caer al agua.
Según información de fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado, minutos después de las 10 de la mañana un vecino reportó al 911 el hallazgo del cuerpo de un anciano entre las calles García de la Cadena y Morelos a una cuadra del periférico sur.
Se dio a conocer que llegaron paramédicos. El hombre fue identificado por un familiar como Crecencio Antúnez. Las primeras versiones indican que el hombre murió por ahogamiento tras haber caído por accidente al canal de riego.
Después de las diligencias el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad. (Alejandro Guerrero/Iguala).

Los pescadores de Petacalco del municipio de La Unión tomaron nuevamente la caseta Feliciano de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas. Vía telefónica el dirigente de los pescadores, Gilberto Barrera Reyes reveló que saben que hay una denuncia contra de ellos por la toma de la caseta pero “que no se les ocurra detenernos porque se les va a venir abajo su proyecto de Zona Económica Especial, aquí todos estamos emparentados, ejidatarios, pescadores, obreros… no pueden meternos a la cárcel porque desde el primer día hemos pedido el diálogo y el gobierno no nos ha regresado a ver”.
Hoy los manifestantes anunciaron que van a continuar con la protesta que han hecho diariamente y demandaron que de una vez el gobierno sea claro y les diga si los van a ayudar o no para que la empresa Flensa les pague porque una pipa derramó combustible en su zona de pesca.
Desde el viernes 30 de junio y a excepción del sábado 1 de julio, los pescadores encabezados por Barrera Reyes han tomado diariamente por 10 horas la caseta de cobro como una forma de presión para que el subsecretario de Gobernación federal, René Juárez Cisneros y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, les atiendan. Juárez Cisneros se reunió con ellos en marzo pasado y les prometió una reunión para el 28 de mayo, fecha que tuvo que ser cambiada por las elecciones del 4 de junio pasado y desde entonces no han vuelto a ser atendidos.
Gilberto Barrera insistió en el llamado “a las autoridades, le estamos solicitando que si no les interesa el movimiento de nosotros que nos digan también para ver si vamos a cerrar en su totalidad la autopista porque la mera realidad yo estoy esperando que nos llamen para entablar un diálogo”.
“Si piensan que nos van a atemorizar metiéndonos órdenes de aprehensión, adelante, nosotros somos la carne y ellos son el cuchillo y no le tememos a nada porque si de todos modos a nosotros nos echan presos se va a agravar el movimiento, se va a venir abajo todo su proyecto de la Zona Económica Especial”, declaró.
Reprochó que el subdelegado de Pesca en Guerrero, Jaime Luis Colón García, “nos aventó un chingadazo, dice que estamos reportando igual la captura que desde hace tres años, es cierto y en la reunión que tuvimos (con René Juárez) en la Ciudad de México le dijimos el por qué, porque la Sagarpa le quita el permiso a la gente cuando reporta menos producción, se lo dijimos y que no esté con chingaderas el viejo cabrón ese porque se va a topar con nosotros en la próxima reunión que tengamos, porque vamos a tener reunión y nos vamos a jalar las plumas”.
“Nosotros tenemos que hacer valer el resultado del estudio de impacto ambiental que nos pagó el gobernador y que dice que sí hay contaminación y sí hay afectación a nuestra zona de pesca”.
Los pescadores se retiraron poco después de las 6 de la tarde.

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de José Azueta Guerrero (SUTAJAG), Claudia Mancilla Robles denunció en conferencia de prensa que el gobierno municipal que encabeza el alcalde perredista, Gustavo García Bello, no ha cumplido con el contrato colectivo de trabajo que indica entregarle uniformes a los sindicalizados, incremento salarial y seguridad social, por lo que desde la semana pasada el Ayuntamiento fue emplazado a huelga prevista para el 14 de agosto próximo.
Ayer Mancilla Robles informó que la actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, Celene Vicencio Ozuna notificó al gobierno municipal del emplazamiento a huelga.
Indicó que en lo que va de la actual administración el director municipal de Recursos Humanos, Marcos Girón Robles ha despedido a 15 trabajadores sindicalizados a quienes les ha dicho de manera directa que el motivo de su despido es porque pertenecen al sindicato.
Añadió que desde marzo de este año Girón Robles dio la indicación de que a los poco más de 200 trabajadores sindicalizados dejen de descontarles su cuota sindical, “simplemente porque este señor dice que él no reconoce al sindicato”.
“En lo que va de la administración mis compañeros no han recibido uniformes nuevos, desde mayo del año pasado el gobierno municipal dejó de pagar las cuotas al IMSS, lo que fue una conquista laboral que conseguimos durante la administración pasada, no se les ha dado el aumento salarial retroactivo, sólo se le autorizó a un grupo afín al alcalde y al director de Recursos Humanos que pretenden formar otra organización sindical al interior del Ayuntamiento”.
Mancilla dijo que tuvieron que emplazar a huelga “porque nos hemos cansado de buscar el diálogo con el presidente municipal quien siempre se ha mostrado respetuoso de los trabajadores sindicalizados y ha mostrado disposición para escucharnos, lamentablemente tiene colaboradores que no coinciden con su manera de pensar ni mucho menos con su manera de gobernar porque el alcalde ha dado instrucciones precisas para que se atiendan y resuelvan las demandas del sindicato pero lamentablemente sus subordinados creen que mandan más que el propio Ejecutivo municipal”, acotó.

Los ejidatarios del núcleo agrario Zihuatanejo acordaron en asamblea extraordinaria iniciar un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 51, en contra de autoridades federales y estatales para solicitar la anulación del convenio de extinción del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), firmado en 1985, en el cual los ejidos Zihuatanejo, Agua de Correa y El Rincón fueron expulsados de su comité técnico.
La solicitud de anulación es porque los ejidatarios consideran que se trató de un convenio ilegal y falso.
El presidente del comisariado ejidal, Jorge Luis Reyes López informó que ante la lentitud con la que avanza el juicio que desde hace 17 años tienen en contra del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), para que les pague la indemnización que les corresponde por la expropiación de 480 hectáreas de tierra en lo que actualmente es la zona hotelera, comercial y residencial de Ixtapa, los ejidatarios acordaron acudir ante el TUA para pedir la anulación de un convenio de extinción firmado en 1985.
Reyes López explicó que en 1973 cuando el gobierno federal expropió las tierras de los tres ejidos mencionados tanto en el puerto de Zihuatanejo como en Ixtapa para detonarlas con vocación turística, se creó el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, cuyo consejo técnico estaba integrado no sólo por secretarías del gobierno federal y estatal, sino que formaban parte de él esos núcleos agrarios representados ante el consejo por los presidentes de los respectivos comisariados ejidales, quienes tenían voz y voto en las decisiones que se tomaban al interior del consejo respecto a la comercialización de sus tierras expropiadas.
Agregó que en un afán ventajoso de sacar a los ejidos del comité en enero de 1985, el entonces director del Fibazi, Manuel Barros Noc creó una comisión para crear un convenio de extinción del fideicomiso para sacar del consejo técnico a los tres representantes del ejido y sólo el gobierno tomara las decisiones comerciales sobre las tierras expropiadas.
“Entonces crearon una comisión en cada ejido e hicieron un convenio completamente amañado en el que se aseguraba que a los ejidatarios les quedaba saldada la indemnización de sus tierras expropiadas, y que recibían el pago correspondiente al 20 por ciento de las utilidades netas producto de las tierras comercializadas pero en Zihuatanejo. Es ese convenio del que ahora el Fonatur pretende colgarse argumentando que ya se nos pagó la indemnización, lo que los abogados de ese organismo no han notado es que no se mencionan absolutamente para nada las 480 hectáreas que nos robaron en Ixtapa”.
Reyes López dijo que este domingo en asamblea extraordinaria los ejidatarios aprobaron que sus abogados inicien un nuevo juicio para conseguir la nulidad de ese convenio, “porque además en aquél entonces, solamente el presidente de la República podía autorizar la extinción del Fibazi, y para aceptar la disolución el documento debía de llevar la firma de los presidentes de los comisariados ejidales que son los representantes de la asamblea, y no una comisión como se llevó a cabo de manera amañada, dolosa, ilegal y falsa”.
El presidente del comisariado ejidal recordó que desde marzo de este año cada sábado, en la zona comercial y hotelera de Ixtapa llevan a cabo manifestaciones y reparto de información sobre el robo del que han sido víctimas del Fonatur, organismo federal que durante los últimos 17 años ha utilizado cualquier argucia legal para no reconocer que les deben la indemnización a los ejidatarios de Zihuatanejo, por lo que además en la asamblea del domingo los comuneros acordaron intensificar estas acciones con una marcha a la que están convocando a otros sectores sociales para exhibir al Fonatur.
Jorge Luis Reyes aseveró que seguirán las manifestaciones a menos que el Fonatur les entregue los dos lotes tipo en Ixtapa completamente legalizados y urbanizados que desde hace 44 años debieron entregarles como parte de la indemnización, así como el 20 por ciento de las utilidades netas producto de la comercialización de sus tierras.
Dijo que ya viene la temporada vacacional, época que aprovecharán para intensificar su movimiento en la zona hotelera y comercial, “los turistas tienen que saber que están paseando en tierras robadas a campesinos”.