Dejan una cabeza en el estacionamiento de la Comercial Mexicana de la Zapata

 

Un vendedor de jugos y tortas fue decapitado y mutilado y sus restos fueron dejados en diferentes colonias.
Y en otro hecho un hombre fue lapidado en la colonia Alborada.
El sábado, un hombre fue ejecutado a balazos por la noche en el puente de La Sabana.
Ayer a las 7 de la mañana, la cabeza de un hombre fue encontrada en la entrada del estacionamiento que comparten el restaurante KFC y la tienda Comercial Mexicana de la colonia Emiliano Zapata, frente al bulevar Vicente Guerrero.
La cabeza fue hallada por los agentes en la banqueta, a un costado de dos cabinas telefónicas y cerca de la entrada al establecimiento, y allí también había un pedazo de cartón con un narcomensaje cuyo contenido no se dio a conocer debido a que fue retirado por la policía.
Mientras se llevaban a cabo las diligencias por parte del agente del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía, después de una hora se reportó a las autoridades que en la parte alta de la unidad habitacional Casas Palenque se encontraba el cuerpo de un hombre sin cabeza y mutilado de las manos.
Los policías se trasladaron a la calle Río Usumacinta, de dicha unidad habitacional, y encontraron el cuerpo tirado a un costado de la vía de terracería.
La víctima vestía una bermuda de mezclilla azul, con una playera del mismo color y zapatos negros, además un mandil naranja.
Los restos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde después de las 2 de la tarde presuntamente familiares reclamaron el cuerpo y su cabeza ante el Ministerio Público.
Se informó que la víctima fue identificada como Raymundo Ibarra Espinoza, de 46 años, quien vendía jugos y tortas en un local ubicado en el retorno de la colonia Vacacional.

Un lapidado

Otro hombre fue hallado muerto a pedradas cerca de la empresa Pepsi ubicada en la colonia Alborada, rumbo a Llano Largo.
A las 11 de la mañana se reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo, cerca de un predio que es utilizado como cancha de futbol y de las obras del Marcotúnel.
La víctima, de unos 35 años, vestía una playera amarilla con un pantalón y zapatos negro, y quedó entre hierba seca.
La zona fue resguardada por policías federales y soldados.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Un ejecutado el sábado en la Alborada

Un hombre fue ejecutado el sábado por la noche en la colonia Alborada y tirado en el puente de La Sabana.
Según el reporte policiaco, el cuerpo fue hallado en la calle Las Plazuelas, y estaba cubierto del rostro con una franela roja y con las manos atadas hacia atrás.
El homicidio ocurrió a las 10 de la noche y la zona fue resguardada por policías federales y del estado.
La víctima vestía una playera de tirantes a rayas azules con una bermuda de camuflaje militar.
En lo que va del año en Acapulco suman ya 363 víctimas de hechos violentos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.

Identificados

Fueron identificados el taxista asesinado el jueves en la colonia Brasilia, cerca de la construcción del nuevo libramiento de Acapulco (hacia Coyuca de Benítez), y el chofer de camión urbano ejecutado el sábado en la colonia Ampliación San Isidro.
En un primer hecho, el taxista se llamó Carlos Maldonado Núñez, de 66 años, quien vivía en la colonia Emiliano Zapata.
Y en el otro caso, la víctima era Fausto Gallardo Galeana, de 38 años, quien fue asesinado el sábado en la colonia Ampliación San Isidro, colindante con Tierra y Libertad.

Por el cierre de negocios tras la balacera bajó la recaudación en la CAPAMA: Chona

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Javier Chona Gutiérrez, informó que bajó la recaudación más de 4 millones de pesos mensuales debido a los hechos de inseguridad, en referencia a la balacera ocurrida el pasado 24 de abril en la Costera.
Consultado al acompañar al alcalde Evodio Velázquez a la campaña de reforestación Suma por Acapulco, Chona Gutiérrez señaló que tras la balacera entre policías federales y delincuentes en la vía turística muchos negocios cerraron “y dejaron de pagar el servicio”, lo que afectó los ingresos de la paramunicipal.
Indicó que además la CAPAMA debe unos 80 millones de pesos de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que el retraso en el pago de la quincena a los trabajadores de lista de raya fue porque se cubrió la mensualidad del servicio para evitar el corte de la energía eléctrica.
“Espero que la recaudación siga, la recaudación bajó por los hechos lamentables en el puerto y eso se ha traducido en ese tipo de comentarios que no quisiéramos que pasen, nosotros dependemos del pago oportuno de los ciudadanos. La recaudación bajó entre 4 y 7 millones mensuales”, señaló.
Sostuvo que el bajo ingreso del organismo ocasiona que no se alcance a cubrir el pago total de la nómina.
El funcionario explicó que “estábamos recaudando entre 40 y 47 millones, se nos cae la recaudación, los pagos puntuales a la CFE, los trabajadores y la CFE no ayuda”.
Dijo que al mes el organismo paga por el servicio de luz 11.5 millones de pesos y ya debe poco menos de “80 millones de pesos, no dejamos ni dejaremos de pagar porque las reglas son más estrictas, dejamos de pagar y al segundo o tercer día nos mandan a cortar la luz”.
Explicó que los 80 millones de pesos que la paramunicipal debe a la CFE se estima que se liquiden en septiembre u octubre de 2018, “y debido a esa cuestión el pago a los trabajadores se retrasa, porque se prioriza que no se corte la energía eléctrica”.
“Cuando se junta el pago a la CFE y la nómina, para no dejar la ciudad descobijada lo que se hace es finiquitar a la primera y conforme vamos recaudando se cubre la nómina. Efectivamente con los trabajadores de lista de raya nos hemos desfasados dos o tres días, pero el compromiso está y tenemos que solventarlo”.
Chona Gutiérrez aceptó que un 10 o 15 por ciento de la población acapulqueña no cuenta con infraestructura y no tiene el servicio de agua, lo anterior luego que el director de CAPASEG, Arturo Palma, informó que 170 mil personas no tienen agua potable.
Detalló que las zonas donde no hay agua eran asentamientos irregulares y que ahora están en proceso de regularización, pero “es parte de los temas de inversión con el gobierno estatal y federal para ampliar la cobertura”.

Favoreció el gobierno municipal a simpatizantes del PRD con obras, denuncia comisario

 

El presidente del Consejo Consultivo de Comisarios Municipales, Sebastián Gijón Vázquez, criticó que el gobierno municipal favoreció a los comisarios simpatizantes del PRD con las obras prioritarias, al igual que la administración pasada que ayudó a los seguidores del Movimiento Ciudadano.
Consultado por teléfono, el comisario advirtió que las autoridades de los pueblos quieren “guerra” por la falta de respuesta del Ayuntamiento.
Adelantó que los comisarios municipales formarán una asociación para hacer un frente contra el gobierno municipal, y que no abandone a la zona rural.
Añadió que hay una asociación de comisarios en la llamada Ruta del Sol, pero que la idea es unificar a todo el municipio “para defender a nuestras comunidades y el gobierno municipal también otorgue obras a los pueblos y no solo a la Costera”.
Gijón Vázquez reclamó que el gobierno municipal le entregó una copia de la reunión del Coplademun del lunes pasado, pero “quieren que los comisarios firmemos unas cosas que no nos parecen”.
Ejemplificó que las comunidades que encabezan simpatizantes del PRD tienen un presupuesto de 3 millones de pesos en obra prioritaria, y los otros pueblos de menos cantidad, incluso dijo que hay otras que no tienen autorizada obra.
Precisó que el gobierno municipal redujo un 35 por ciento y solamente hay autorizadas 45 obras prioritarias y no un 20 por ciento en el concepto de obras.
Recalcó que la administración pasada favoreció a los comisarios simpatizantes de Movimiento Ciudadano, “ahorita creo que llevan la misma línea”.
Gijón Vázquez mencionó que la mayoría de los comisarios solicitó la construcción de caminos y rehabilitación de centros de salud, “no hay infraestructura, por eso la gente se nos muere”.
Dijo que hoy el gobierno municipal no tiene respuesta después de la reunión del lunes pasado, “la otra ocasión nos informaron que ya se había aprobado el presupuesto de 2016, pero que no habían considerado la mayoría de las obras prioritarias”.

No han llegado los recursos para luminarias en la calzada Pie de la Cuesta: Alumbrado Público

El director de Alumbrado Público, Román Salazar Hernández, respondió que no han llegado los recursos para reparar las luminarias en la calzada Pie la Cuesta.
Explicó vía telefónica que para la zona poniente hay un proyecto “magno” de iluminación, aunque en la ampliación a cuatro carriles del tramo Mozimba a Pie de la Cuesta, que llevó a cabo el gobierno federal, no estuvo considerado el alumbrado público.
Recalcó que aún no tiene el presupuesto, “todo es un proceso, ahí viene por medio de Planeación y yo creo que mi presupuesto estará en dos semanas”.
Justificó que la autorización del Cabildo para la dependencia que él encabeza fue una etapa, y la segunda es que llegue el dinero a las “arcas” municipales, “uno como dependencia no lo puede aplicar”.
Salazar Hernández informó que la rehabilitación en la calzada Pie de la Cuesta está considerada en el presupuesto de este año, “vamos a alumbrar esa parte de allá”.
Añadió que él cotizó las luminarias desde el tramo que comprende el motel La Luna hasta la colonia Jardín Azteca; “tenemos una rehabilitación en la carretera pero no hay iluminación, es una entrada de la Costa Grande y por eso la vamos alumbrar”.
El viernes, vecinos de la zona poniente pidieron al alcalde Evodio Velázquez que se reparen las luminarias en la ampliación de la calzada Pie de la Cuesta, tras aprobarse el presupuesto de Egresos de 2016.
La única área operativa del Ayuntamiento que tuvo un incremento en su presupuesto después de la revisión de los regidores fue la Dirección de Alumbrado Público. De 17 millones 638 mil 662 pesos previstos originalmente, subió a 46 millones 138 mil 662 pesos, es decir un incremento de 28 millones 500 mil pesos.
Salazar Hernández dijo que se analizará la obra de alumbrado público para el Acabús, pero “si es para beneficio se tendrá que aceptar sin ningún problema”.
En otro tema, Salazar Hernández anunció que tras la autorización del presupuesto de Egresos de este año, el objetivo principal será uniformar las luminarias con luz blanca y retirar la luz amarilla (de vapor de sodio) para seguridad y confianza de los habitantes.
Sostuvo que la dependencia atiende a diario de seis a ocho solicitudes, que equivalen hasta 60 lámparas dependiendo la colonia.

Entregan brigadistas trípticos a usuarios y en colonias sobre el nuevo transporte

El encargado de difundir en qué consiste el nuevo servicio del transporte Acabús, Gerardo Alberto Ventura Meléndez, informó que el sábado empezó una campaña de información sobre el nuevo transporte por medio de “brigadistas” que entregan trípticos a los usuarios.
En declaraciones por teléfono, Ventura Meléndez explicó que 60 personas ayudarán en la campaña de información, que durará tres meses, antes, durante y después de que inicie funciones el Acabús.
Añadió que los “brigadistas” estarán a partir de hoy en las avenidas Cuauhtémoc, Costera y en el bulevar Vicente Guerrero, por donde pasarán los camiones articulados, convencionales y tipo padrón.
Abundó que los brigadistas repartirán tres tipos de trípticos: el primero para informar a los usuarios del transporte cómo se usarán las tarjetas y cuáles son las rutas, la transferencia de un camión a otro y el derecho de su pago.
El segundo tríptico está dirigido a los automovilistas para darles a conocer las recomendaciones viales y que no haya invasión de los carriles del Acabús, y al mismo tiempo evitar accidentes e infracciones.
El tercer tríptico es para las colonias y dar a conocer a los vecinos los beneficios del nuevo transporte, como mejorar el medio ambiente, cuidar la economía y mejorar la imagen urbana.
Ventura Meléndez dijo que por la tarjeta del Acabús se pagarán 10 pesos y ya el usuario decidirá el monto que cargará, e informó que solamente se podrán adquirir dentro de las estaciones.
Adelantó que la empresa Acabús ya busca convenios en otros puntos de venta como tiendas de autoservicio, pero que no está confirmado.
Informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores tiene la intención de regalar las primeras tarjetas del Acabús, pero no precisó cuántas.

Aplican policías 40 infracciones a choferes en la Operación Rehilete para evitar tránsito lento

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública aplicaron 40 infracciones durante la operación Rehilete, con el objetivo de reducir el congestionamiento vial en zonas conflictivas de la ciudad.
Según datos proporcionados por Seguridad Pública, la acción se llevó a cabo el sábado para evitar que vehículos del transporte público y privado se estacionen en doble y hasta triple fila en las calles.
Los policías viales aplicaron la “operación Rehilete en conjunto con las policías Urbana y Turística para reforzar las acciones en materia de prevención en diferentes horarios y lugares.
Se aplicaron 40 infracciones y tres vehículos fueron trasladados al corralón por falta de documentos, asimismo se dio continuidad al programa “Pasajero Seguro”, en el que se revisan vehículos particulares así como del transporte público para evitar que los pasajeros porten algún tipo de arma o drogas.
En la más reciente acción, realizada de manera simultánea en Caleta y las avenidas Ejido y Constituyentes, se aplicaron 44 infracciones, entre ellas a conductors de seis motos y de un vehículo particular, los que fueron trasladados al corralón.
Asimismo se detuvo a cinco personas por ingerir bebidas embriagantes a bordo de vehículos y por ir como chalanes.

Condiciona el comisariado de Bienes Comunales un programa para el campo, denuncian

Comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec denunciaron que el presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Juan Flores Palma, condiciona el programa Proagro a los campesinos e incluso con engaños recaba firmas de las comunidades que lo desconocen para presentarlas en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), donde está impugnado.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, indicó que un militar participó en la agresión que sufrieron siete integrantes de la organización en la feria del poblado Rancho Las Marías, el 1 de mayo.
Ayer a la asamblea en la comunidad de La Concepción asistieron unos 40 comuneros, quienes denunciaron el actuar del Flores Palma y acordaron que una comisión irá el miércoles a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Acapulco, y que si no encuentran respuesta denunciarán al presidente del comisariado ante la Policía Comunitaria para que sea reeducado.
Los asistentes señalaron que Flores Palma ha incluido en la lista de beneficiados del Proagro a priistas que no son campesinos ni se dedican al campo, y que ha sacado a los verdaderos campesinos sólo porque no lo reconocen o porque son miembros del Cecop.
Comentaron que bajo engaños hizo firmar a los comisarios municipales, como el caso del de El Rincón, donde hubo una reunión para juntar firmas para el programa Proagro, y que el documento servirá para que Flores Palma lo presente ante el TUA y acreditar que sí es apoyado por la población, por los dos procesos de impugnación que enfrenta.
Los comuneros llamaron a las autoridades del estado y de la Sagarpa a intervenir porque los programas sociales son para todos, sin distingo, o de lo contrario procederán como lo establecen las normas comunitarias, porque, señalaron, Flores Palma ha cometido los delitos de usurpación de funciones, engaño y abuso de confianza.
En su intervención, Suástegui Muñoz informó que los agredidos en la feria de la comunidad Rancho Las Marías, el 1 de mayo, cuando dos jóvenes atacaron a balazos y con armas blancas a integrantes del Cecop, acordaron no tomar represalias y los responsables pagarán los gastos médicos de los lesionados.
El vocero denunció que un militar en activo, al que llaman El Güero, participó en la agresión y traía un arma calibre .9 milímetros.
Asimismo reclamó la acción del Estado “porque no es la primera ocasión en que somos agredidos por los militares”.
Indicó que se dará parte a los mandos militares para que el elemento sea juzgado y castigado.
Suástegui Muñoz afirmó que la Policía Comunitaria mantiene su propia investigación y que no revelaría más para no entorpecer el trabajo.
Informó que cuatro comunidades de los Bienes Comunales han dado su anuencia para que opere la Policía Comunitarias, luego de que el pasado 20 de abril los integrantes de la CRAC, de San Luis Acatlán, pospusieron la conformación del Comité de Enlace porque los integrantes de los Bienes Comunales no habían renovado las actas de asambleas que son de hace dos años.
Suástegui Muñoz invitó a los comuneros a asistir el 26 de mayo a la audiencia en el TUA, donde se presentó una inconformidad por los predios que el empresario Humberto Marín adquirió en los Bienes Comunales sin ser comunero o avecindado.
Señaló que uno de los terrenos se ubica en Las Parotas, donde el empresario tenía su gravillera. Se indicó que ninguna de las gravilleras en los Bienes Comunales funciona actualmente.

A pesar del Mar de Fondo el Ayuntamiento no los contrata, se quejan salvavidas

Salvavidas voluntarios de la playa de Pie de la Cuesta señalaron que en siete días han rescatado a tres turistas del Estado de México que han estado a punto de ahogarse a causa del Mar de Fondo.
Expusieron que por el fenómeno del Mar de Fondo ni el gobierno del estado ni el municipal han contratado sus servicios, por lo que son 12 los salvavidas que están de forma voluntaria en la franja de arena.
El representante de los salvavidas, Jorge Luis Alvarado, dijo que sólo en vacaciones son contratados a cinco de ellos por parte del municipio.
Ayer en las playas de Pie de la Cuesta se alcanzaba por momentos un oleaje de hasta dos metros, pero el mar no llegaba a la zona de palapas. Se observó poco turismo en la zona de restaurantes y en camastros.
Los turistas que permanecían expectantes ante el oleaje eran avisados por los meseros y dueños de los negocios del alto oleaje y les recomendaban no meterse al mar.
Ya en la playa, los salvavidas voluntarios pasaban de mesa en mesa informando que estaban en toda la playa y que no recibían salario. Solicitaban cooperación voluntaria como retribución.
Tres de los 12 salvavidas se metieron al mar e hicieron malabares en el oleaje. “A nosotros nos tienen olvidados, a los voluntarios que no engañen las autoridades, que nos den salario”, demandó Jorge Luis Alvarado.
Dijo que sólo en temporada de vacaciones y fines de semana largo los contratan pero que hay ocasiones, como la actual que hay Mar de Fondo, en los que se requieren salvavidas pues hay más riesgo de ahogados, pero no son tomados en cuenta.
Indicó que en siete días han rescatado a tres turistas del Estado de México.
Para sufragar sus gastos, los salvavidas piden cooperación; “cuando vienen turistas les pedimos ayuda, una cooperación, nosotros hacemos espectáculos entre las olas del mar, como es el número cuatro, el salto de la muerte. Nosotros llevamos el pan de cada día a nuestra casa, ganamos del turismo”.
Dijo que Protección Civil municipal es la dependencia que los contrata pero sólo en vacaciones, sin embargo de los 12 sólo ocupan a cinco. Los otros siete se van a trabajar a otras playas.

Se necesita de todos para liberar a los presos políticos, llama Nestora a organizaciones reunidas en Olinalá

En el tercer Encuentro nacional de familiares, amigos y organizaciones sociales por la libertad de los presos políticos, se denunciaron desapariciones, asesinatos y encarcelamientos políticos a quienes denuncian y exigen justicia ante los atropellos del Estado, y se exigió la libertad de los presos políticos en el país.
La líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado García dio la bienvenida a los asistentes en un enlace telefónico.
Dijo que desde Estados Unidos se mantiene la coordinación de acciones para seguir luchando por la libertad de los presos, y que se necesita la fuerza de todos para exigir la libertad de los presos, que el gobierno de México acepte las recomendaciones de la ONU, que ya no siga criminalizando y respete el derecho a la lucha, “tenemos que hacerles entender que nosotros sólo queremos paz y luchamos por el bien común”, pidió.
La integrante del Comité Nacional por la Libertad de los Presos y Presas Políticas del país, Yolanda Barranco dijo que el encuentro se da ante el aumento en México de la criminalización de la protesta social, la violación a los derechos humanos, y los montajes policiales y detenciones arbitrarias, que son una constante contra los luchadores sociales.
Yolanda Barranco aseguró que en el país sí hay presos políticos, y por eso organizaciones como la ONU se han manifestado contra las detenciones arbitrarias y las violaciones del debido proceso de los activistas, como en el caso de su esposo Damián Gallardo.
Entre las actividades en Olinalá, las organizaciones de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Guerrero coincidieron en caminar unidos ante las desapariciones forzadas, detenciones y asesinatos del Estado, que cuenta con las corporaciones policiacas y de justicia del país para inculparlos.
Llamaron a romper el cerco informativo de las grandes empresas de medios como Televisa y TV Azteca, y llevar la información a los vecinos, a las comunidades donde no llega, para que se enteren de que hay gente que está presa por defenderse.
En la mesa Defensa del territorio: las policías comunitarias y la justicia comunitaria como forma de defender el territorio, contaron las experiencias de las policías comunitarias de Olinalá, Huamuxtitlán, Metlatónoc, y las autodefensas de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De Olinalá, el orador fue Giovani Torres Salgado, quien narró que se levantaron ante los secuestros y la nula intervención de la Policía municipal para frenar los delitos; dijo que cuando se incorporaron a la CRAC- PC molestaron a los grupos caciquiles, como el del presidente en turno, Eusebio Rodríguez González, y el síndico municipal, lo que llevó a la detención de Nestora Salgado.
De Huamuxtilán habló el policía Emiliano Cruz, de Tlalqueltzala, quien contó que surgieron porque una banda de delincuentes les robaba y acuchillaban a los vecinos, respaldada por el síndico procurador de Huamuxtitlán; aclaró que no son guerrilleros, que buscan justicia, vivir tranquilos y en paz, y criticó que los comunitarios permanezcan presos mientras a los delincuentes que detienen salgan libres en tres días.
El policía José Vázquez Espinoza confirmó que son campesinos y que se levantaron tras 17 secuestros en la cabecera municipal.
Por su parte, el policía Pablo Gonzaga Campos, de la comunidad de Tehuaxtitlán, contó que su padre fue secuestrado por las autoridades municipales cuando exigió sus derechos, “perdimos el miedo y nos dimos cuenta que hay jóvenes que se metían con la delincuencia”, dijo.
El comisario de la comunidad na savi de Vicente Guerrero, municipio de Metlatónoc, Amador Mendoza informó que tiene un mes de estar en la CRAC-PC de Huamuxtitlán ante los atropellos de los policías ministeriales que detienen a la gente por llevar leña o cualquier cosa, quitándoles dinero o encarcelándolos.
En la actividad participó la esposa de Gonzalo Molina, Ausencia Norato Vázquez, quien contó que la comunitaria empezó en Acatempa ante las extorsiones a los ladrilleros de la zona y los asesinatos; dijo que su esposo empezó a difundir el proyecto y ahora está preso por nueve delitos que no cometió.
Beatriz Gálvez Macario, mamá de Samuel Ramírez, de Zitlaltepec, contó que su esposo fundó la policía comunitaria porque ya no podían salir sin ser asaltados, secuestrados o, en casos de mujeres, violadas en las brechas de los pueblos, y que desde ahí los comunitarios son un estorbo para las corporaciones policiales, que no acuden a estas regiones cuando se les necesita o sólo lo hacen para extorsionar.
Consideró que el síndico de Cochoapa el Grande les tendió una trampa a los comunitarios que fueron a detener a una persona que disparo, por lo que repelieron la agresión y ahí iba su hijo con una carabina 30-30, “por esa arma está en la cárcel, es delito injusto, ya se presentaron las pruebas”.
De las autodefensas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Evangelina Contreras dijo que la gente que enfrenta a la delincuencia está presa o desparecida por defenderse, y que el gobierno los culpa de portación de armas cuando tenían permiso del mismo gobierno.
Coincidieron en que se tienen que crear un comité jurídico para la libertad de los presos, más allá de pedir su libertad, acreditar su inocencia, demostrar que el Estado comete actos ilegales para encarcelarlos, que viola derechos humanos o el debido proceso, y que esto se evitará con la movilización y lucha social.
Entre las organizaciones participantes acudieron el Congreso Social Nacional, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre de Puebla, la CCRI-Austria, el Bloque Revolucionario Estudiantil de Puebla, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Consejo Democrático Magisterial, Los Gastos Pendejos, Comité de Presos de la Ciudad de México, Frente Popular Francisco Villa, el Comité de Apoyo a la Revolución Peruana, el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), la Coordinadora General de Comerciantes, Partido Obrero Socialista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte de Tehuantepec (Ucizoni), Coordinadora Nacional de Movimientos Populares Línea de Masas AC, Movimiento Agrario indígena Zapatista (MAIZ), y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y la sección 22 del magisterio de Oaxaca, participaron con enlaces telefónicos, los invitó a seguir organizándose contra las injusticias.

Acuerda la sección 14 del SUSPEG unirse al paro contra la reforma educativa de la CNTE

El secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio informó que en una reunión los maestros estatales acordaron unirse al paro indefinido nacional que convoca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para el 15 de mayo, como parte de las acciones de rechazo a la reforma educativa.
El dirigente informó que otro de los acuerdos en la asamblea general extraordinaria, que fue el viernes en la escuela Club de Leones, es que el 1 de mayo, Día del Trabajo, marcharán en Acapulco, saliendo en el Asta Bandera a las 10 de la mañana.
Moreno Benicio informó que los maestros estatales están de acuerdo con una evaluación formativa y de diagnóstico, pero la que marca la reforma educativa no lo es.
Señaló que los docentes estatales manifestaron su desacuerdo con el despido de maestros que anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guerrero, porque eso conlleva a que se pierda la plaza base, y por eso acordaron unirse al paro indefinido a nivel nacional, desde el 15 de mayo; dijo que el 13 de mayo se van a reunir para informar a las autoridades la decisión.
Moreno Benicio informó que entre los muchos problemas que enfrentan sus agremiados, está la quiebra del Instituto de Seguridad Social de los Servicios Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), que ha afectado a los jubilados y pensionados.
Añadió que las autoridades han incumplido la ley, pues desde 2011 se autorizó un aumento del 5 por ciento al bono de la permanencia, pero no se ha aplicado, los maestros exigen a la autoridad que se cumpla y les han dado de plazo hasta el 20 de mayo, cuando tomarán acciones en todo el estado, pues son a más de 200 maestros a los que les debe, incluyendo a los que ya se jubilaron y quieren que se les vaya abonando a través del ISSSPEG.
Otro problemas que se ha resuelto es el de infraestructura para las escuelas, donde hay muchas deficiencias; asimismo, sobre la inseguridad indicó que algunas escuelas están siendo vigiladas, las de la zona urbana por el Ejército y la Marina, mientras en la zona rural son policías comunitarios.