El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia técnica en el caso de la desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa, “será de seis meses y puede extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, dice el acuerdo firmado por el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los beneficiarios de medidas cautelares brindadas por el organismo internacional a víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Por lo tanto la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no habrá otra prórroga para los expertos es una posición política y unilateral que vulnera la responsabilidad que México aceptó ante organismos internacionales, denunció el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica concedió que el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) puede decir que ya no quieren la asistencia técnica del GIEI, pero no puede tomar esa decisión sin un análisis, diálogo y consenso entre las partes que firmaron el acuerdo.
El martes el secretario de Gobernación declaró en radio Fórmula que el periodo del GIEI concluye su mandato el 30 de abril y que no habrá prórroga. Hoy se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue los resultados del cuarto peritaje de fuego que realizó en el basurero de Cocula, con el cual va a concluir en definitiva la tesis oficial sobre el destino de los desaparecidos.
Dicha versión, descartada por científicos de la UNAM, el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense en estudios independientes, pero sostenida por la PGR, dice que todos los estudiantes fueron cremados en un basurero a cielo abierto y sus cenizas lanzadas a un río.
Medidas cautelares por los heridos y los 43
Rosales Sierra estimó que a Osorio Chong le faltó un análisis del Acuerdo de Asistencia Técnica desde la perspectiva de Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de los 43 Estudiantes de la Normal Rural, antes de fijar una posición pública.
El acuerdo depende de las medidas cautelares MC 409/2014 que emitió la CIDH en favor de los 43 alumnos desparecidos y los heridos de los ataques de policías a estudiantes y civiles en Iguala, que México está obligado a cumplir porque firmó la Convención Americana de Derechos Humanos.
Precisó que en este procedimiento México no está siendo prejuzgado de alguna responsabilidad en los hechos de Iguala, pero el organismo consideró que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que está en riesgo la vida de 43 estudiantes. Por lo tanto el Estado debe tomar medidas para salvaguardar esas vidas.
A partir de las medidas cautelares, México debe informar qué hizo para dar con los desaparecidos, la investigación para esclarecer los hechos y a dar asistencia médica y sicológica a los afectados.
En este marco las víctimas solicitaron asistencia técnica internacional y un requisito es que el gobierno mexicano hiciera la solicitud a la CIDH.
Después de las pláticas el 12 de noviembre de 2014 se estableció la creación del GIEI, sus objetivos y su primer periodo de mandato, que se prorrogó seis meses el 19 de octubre de 2015.
En estricto, consideró que debe haber una valoración técnica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, y revisión del acuerdo entre las partes, antes de fijar una posición.
Sin embargo indicó que la declaración no es casual, se da en un contexto de descalificación de agresión a los cinco integrantes del GIEI, y una serie de obstáculos para que desarrollen su labor.
Con anticipación los padres y abogados han considerado que la intención de las autoridades es delegar su responsabilidad de investigar y esclarecer en hechos en los expertos independientes, y acusarlos de la falta de resultados.
Osorio prometió la permanencia del GIEI, que ahora rechaza: padres
El señor Mario González, papá del normalista desparecido Mario César González Hernández, recordó que en la última reunión que sostuvieron el año pasado en Acapulco con el secretario de Gobernación, éste les prometió que el GIEI permanecería hasta esclarecer los hechos.
“Ayer (martes) lo supimos, en realidad ellos dicen sus cosas pero que recuerde lo que prometió en Acapulco, que no veía ningún problema si se acababa el tiempo de los expertos, (dijo) que daba la vida por saber la verdad, que la permanencia del Grupo se podía extender el tiempo necesario y no había necesidad de que él lo consultara con el presidente, porque era el segundo y tenía autoridad”, relató.
Insistió en que la verdad se va a saber cuando permitan que declaren los militares y los policías federales implicados en los hechos, bajo la supervisión de los expertos, “sabemos quién participó y a quiénes están protegiendo, pero la verdad de lo que aconteció todavía no la sabemos, mientras no declaren los tipos que tienen los videos”, dijo en relación a los soldados que observaron y documentaron algunos ataques.
Consideró que tal vez el gobierno quiere utilizar el último peritaje del basurero para encubrir a las corporaciones policiacas y militares, pero advirtió que los padres no se van a dejar engañar.
