Tres escuelas en Tlaltempanapa, Zitlala, llevan seis semanas cerradas por la inseguridad

Autoridades educativas confirmaron que las dos escuelas primarias y la telesecundaria de Tlaltempanapa, en el municipio de Zitlala, cumplieron seis semanas cerradas por la inseguridad.
El Ayuntamiento de Zitlala, autoridades educativas, comunitarias y padres de familia acordaron que este lunes reiniciarían clases las tres escuelas, que cerraron por los hechos de violencia en la comunidad y sus alrededores, y ante la falta de garantías de seguridad.
Para la reapertura, acudirían a Tlaltempanapa, comunidad ubicada a 15 minutos de su cabecera municipal, el delegado de Servicios Educativos de la Montaña baja, Félix de Jesús Jiménez, los supervisores de las zonas escolares 4 y 58, y el supervisor de preescolar bilingüe para acompañar a los maestros a sus escuelas.
Los maestros y las autoridades serían escoltados por las fuerzas policiacas, pero el reinicio de clases se aplazó de manera indefinida, luego de que el Ayuntamiento valoró la falta de seguridad.
Autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) confirmaron que el Ayuntamiento de Zitlala, encabezado por el priista Roberto Zapoteco Castro, les informó que no había condiciones de seguridad para la reapertura de las tres instituciones educativas.
Autoridades de la SEG dijeron que el argumento fue que el pasado viernes hubo una trifulca en Zitlala, entre vecinos de Tlaltempanapa y soldados del Ejército, cuando estos últimos desarmaron al grupo de autodefensa.
El pasado viernes, un grupo de 100 beneficiarios acudieron a Zitlala para recibir televisiones digitales del gobierno federal ante el apagón analógico, los vecinos fueron resguardados por unos 30 pobladores armados.
La comunidad de Tlaltempanapa tiene aproximadamente mil 500 habitantes; las escuelas que no tienen clases son la Primaria Bilingüe Ignacio Allende y Benito Juárez, y la Telesecundaria José Vasconcelos, que son atendidas por unos 20 trabajadores, entre personal docente, administrativo y de apoyo. Las tres escuelas tienen una matrícula de 391 alumnos.
Asimismo, el servicio de transporte público se encuentra suspendido desde septiembre por la inseguridad. Y el centro de salud está abandonado desde hace un año, según información del Ayuntamiento.

Tres muertos y un herido en tres accidentes de carretera en La Unión y Zihuatanejo

Tres hombres murieron y uno resultó herido en dos accidentes automovilísticos en el municipio de La Unión y de Zihuatanejo.
El sábado a las 8 de la noche, un hombre perdió la vida al chocar su camioneta contra un tráiler, fue identificado como Ramón Covarrubias de 65 años, vecino de la comunidad de El Naranjito, municipio de La Unión.
Según fuentes policiacas el accidente ocurrió en la carretera nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en el tramo El Naranjito-Petacalco, se informó que una camioneta “modelo atrasado” chocó contra un tráiler blanco Prostar con número 80, propiedad de la empresa Operadora Ciruelos.
La fuente añadió que pocos minutos después en la misma carretera federal, pero en el tramo Zorcúa-Petacalco, municipio de La Unión, un joven de aproximadamente 20 años que manejaba una motocicleta falleció después de que fue atropellado por un taxi Chevrolet Atos con el número económico 10, colectivo de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Por otra parte, en el municipio de Zihuatanejo, la madrugada de este domingo, un hombre falleció y otro resultó herido de gravedad, después de chocar el coche en el que viajaban contra un muro de contención, en el tramo carretero de Ixtapa-Zihuatanejo.
Fuentes policiacas informaron que este hecho ocurrió después de las 2 de la mañana, en el bulevar de Ixtapa, en el punto conocido como Puente de la Herradura.
El coche en el que viajaban es un Honda Accord verde, con placas de circulación HCK8292 de Guerrero, donde viajaban Mario Duarte Romero de 34 años, quien resultó con heridas graves en distintas partes del cuerpo, mientras que Carlos Ponce Carbajal de 37 años, originario de Acapulco, falleció; ambos con domicilio en Zihuatanejo.

Hallan el cuerpo de un hombre en la cisterna de un edificio abandonado en Zihuatanejo

Este domingo en Zihuatanejo fue hallado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en el interior de una cisterna de un edificio abandonado.
Los vecinos de la calle Ignacio Manuel Altamirano, en el centro de la ciudad, reportaron el hecho a la Policía Municipal, y dijeron que percibían el olor en el interior del edificio abandonado, que está a un costado de la biblioteca municipal.
Los policías municipales acudieron al edificio y encontraron en el interior de una cisterna a un hombre desnudo y en avanzado estado de descomposición, y dieron aviso a la agencia del Ministerio Público del fuero común y socorristas de Protección Civil y Bomberos, que sacaron el cadáver de la cisterna.

 

Exige un ministerial a la Fiscalía que pague sus gastos médicos

El agente ministerial Agustín Moreno Tapia exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que pague sus gastos médicos, luego de que sufrió un accidente junto a otros tres policías, en agosto cuando fueron perseguidos y levantados por hombres armados en Leonardo Bravo (Chichihualco).
En conferencia de prensa, se quejó porque fue exhibido en fotografías en el portal de internet y en Facebook de la FGE internado en el Hospital del Sur, “que según estaba recibiendo apoyo de la Fiscalía, lo cual no es cierto”. Señaló que ha gastado 150 mil pesos en atención y medicamentos, y la aseguradora Qualitas lo ha apoyado con 80 mil pesos, pero la Fiscalía no ha atendido sus peticiones.

El policía de la UPOEG ejecutado en Chichihualco asesinó a Nelva Sánchez: FUSDEG

 

El policía ciudadano de la UPOEG, Heriberto Maldonado Ramírez, quien fue asesinado por civiles armados en una emboscada en El Naranjo, en la sierra de Chichihualco, fue señalado como presunto responsable del asesinato de la coordinadora de seguridad del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Nelva Edilia Sánchez López en julio de este año, en la comunidad El Cortés, municipio de San Marcos.
Según fuentes del FUSDEG, Maldonado Ramírez, alias El Eriko, era originario de la comunidad de Mohoneras, y también es acusado de degollar a dos policías comunitarios del FUSDEG.
“Luego de que el 31 de marzo del 2015, un grupo de policías de la UPOEG, encabezado por Marco Antonio Salgado Pineda, alias Karioca, emboscaron a tres grupos de comunitarios en el entronque a San Juan del Reparo, se llevaron como rehenes a 22 del FUSDEG, degollaron a dos de ellos y hubo varios muertos y heridos”, indicaron.
La fuente dijo también que la madrugada del 15 de julio, en un filtro de revisión en el Parque Industrial Guerrero, un comando armado de 40 hombres intentó asesinar a los comunitarios del FUSDEG, “venía al mando Ángel Isidor Luna, y en el lugar murió un policía ciudadano de la UPOEG de Buenavista y otro quedó herido”.
Después del atentado, los comunitarios del FUSDEG sufrieron un ataque a una de sus patrullas cuando hacían un recorrido en la Autopista del Sol, en la comunidad del Ocotito, pero no hubo muertos ni heridos.
“Los atentados se han reportado a la Fiscalía General del Estado (FGE) pero a la fecha no han intervenido, y este grupo criminal sigue operando en la sierra de Guerrero, cobijados por Bruno Plácido Valerio y en franca alianza con el grupo criminal Cártel del Sur”, declararon miembros del FUSDEG.
Hace ocho días, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron en la comunidad de El Naranjo, en la sierra de Leonardo Bravo, contra aproximadamente 500 criminales que portaban vestimenta tipo militar y fusiles Barret, AK-47, AR-15 y lanzagranadas.
Después del enfrentamiento, soldados del Ejército desarmaron a los policías ciudadanos y detuvieron a 60 de ellos, mientras que otros 15 supuestamente estaban desaparecidos, uno de ellos era Heriberto Maldonado Ramírez, quien fue encontrado sin vida; otro más permanece desaparecido.

Cuelgan una narcomanta en Chilpancingo donde acusan a miembros de la UPOEG de nexos con el crimen organizado

 

La mañana de ayer fue encontrada una narcomanta en el puente peatonal de la colonia Obrera de Chilpancingo, donde piden al gobernador, Héctor Astudillo Flores que se investigue a los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, Ernesto Gallardo Grande y Marco Antonio Salgado porque colaboran con los líderes de un grupo de la delincuencia organizada Isaac Navarrete Celis y Zenen Nava.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 6:30 de la mañana de este miércoles recibieron una llamada anónima que avisó que había una manta en un puente peatonal del bulevar Vicente Guerrero, la cual fue retirada después de una hora por agentes de la Policía Estatal.
En la manta blanca con letras negras y rojas se leía: “Llamado de Auxilio. Señor gobernador Héctor Astudillo Flores, le pedimos que Bruno Placido, Gallardo y Marco Antonio Salgado sean sometidos a una investigación ya que están colaborando con el jefe de plaza Isacc Navarrete Celis y Zenen Nava”.
El mensaje continúa: “Quiénes le pagaron 3 millones de pesos al líder de la policía comunitaria (UPOEG) para que prestara 300 de sus hombres, quiénes nos tienen amenazados con matar a nuestros hijos y sacarnos de nuestros pueblos si no los apoyamos en sus protestas contra el gobierno”. “Somos personas humildes, bajo las órdenes de unos delincuentes armados, policías comunitarios que sólo se resguardan bajo el estampado de una playera y un uniforme de militar que usan para meterse a los pueblos a matar personas que no los quieren apoyar. Atte: Filo de Caballos”, concluye el mensaje.
En la sierra de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, ha habido enfrentamientos entre policías ciudadanos de la UPOEG y hombres armados.
El 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la UPOEG. En ese enfrentamiento murieron tres civiles armados, presuntos sicarios de un grupo que controla esa región de la sierra, y cuyos cuerpos quedaron a un lado de una lujosa camioneta BMW.
Ese mismo día por la noche, hombres armados atacaron a balazos la sala de urgencias del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo; según fuentes policiacas iban a rematar a tres policías ciudadanos de la UPOEG que resultaron heridos en Polixtepec.
En otros hechos, hace ocho días policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron en la comunidad de El Naranjo, en la sierra de Leonardo Bravo, a aproximadamente 500 criminales que portaban vestimenta tipo militar, fusiles Barret, AK-47, AR-15 y lanzagranadas.
Después del  enfrentamiento, intervinieron soldados del Ejército, quienes desarmaron a los policías ciudadanos y detuvieron a unos 60, mientras que otros 15 se reportaban desaparecidos.
Por la noche de ese día, los militares traían hacia Chilpancingo a los 60 policías ciudadanos detenidos, pero unos 800 habitantes de varios pueblos de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo que integran la Unión de Comisarios de la Sierra de Guerrero, les impidieron el paso en Carrizal de Bravo, para exigir que los liberaran.
Este lunes, unas 800 personas, entre hombres, mujeres y niños de los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri y San Miguel Totolapan llegaron  en caravana a Chilpancingo en más de 50 camionetas, carros compactos y Combi del servicio público para pedir que se investigue a dos miembros del Ejército mexicano, el coronel Arroyo y el teniente Zamora, a quienes responsabilizan del desarme de los policías ciudadanos el 12 de noviembre en El Naranjo, y de entregar a 15 de ellos al crimen organizado.

Acuden enviados de la Segob a Chilapa a recabar más datos de los desaparecidos; no hay resultados, señalan familiares

 

Como cada miércoles familiares de los desaparecidos de Chilapa se reunieron, y personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) acudió a la ciudad sólo a recabar más datos de los desaparecidos; sin embargo, los familiares siguen sin conocer el paradero de sus parientes.
Han transcurrido poco más de seis meses, desde que ingresaron civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, tras las acciones que dejaron 16 desaparecidos en ese lapso y familiares de los desaparecidos han hecho denuncias ante autoridades federales y estatales.
Este miércoles, funcionarios de la Segob acudieron a la cabecera municipal para recabar información y continuar con la investigación de 24 desaparecidos de los que está a cargo esta dependencia.
Sin embargo, los familiares señalaron que están como al principio, “sin nada” que les indique el paradero de sus parientes, si viven o no.
Por otra parte, el vocero de los familiares, José Díaz Navarro, informó que después de que denunciaron la negativa que presentó la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), ante la solicitud que le hicieron para acudir a la ciudad a informarles sobre las investigaciones de 14 desaparecidos, del 9 al 14 de mayo, nuevamente esta dependencia está solicitando la presencia de los familiares en la Ciudad de México.
El vocero dijo que se niegan a acudir, pese a que el personal de la SEIDO les está ofreciendo pagar sus viáticos, pero los familiares acordaron no acudir por la ola de violencia en el municipio, y por su seguridad prefieren que el personal de la dependencia acuda a Chilapa.
El grupo de familiares tiene una lista de 55 desaparecidos con relatorías de cada uno, de los cuales sólo 38 casos se han denunciado en el Ministerio Público (MP) federal.
De estos 14 desaparecieron en mayo, 24 antes y después de este mes, y 17 casos no han presentado la denuncia en el Ministerio Público federal.
Díaz Navarro dijo que también están solicitando que nuevamente acuda a Chilapa el grupo interdisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que agrupa personal de Genética, Criminalística, Derechos Humanos y el Ministerio Público federal, para que familiares de los desaparecidos que no han interpuesto la denuncia, puedan hacerlo.
Acudió a Chilapa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para brindar atención psicológica y apoyan a los familiares con 160 pesos para pagar el transporte público de sus comunidades, y 100 pesos a familiares que viven en la cabecera municipal.
Acudieron también funcionarios del DIF estatal y repartieron una “pequeña despensa”, y les aseguraron a los familiares que el próximo miércoles estará con ellos la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo.

“Creo que no hacen caso porque ellos no sienten”, reprocha la mamá de un chofer de colectivo desaparecido en Chilapa

Las vidas de Benita Morales y su nuera Isabel Morelos cambiaron el 18 de marzo, cuando desapareció Bertín Lucas de 29 años de edad, sustento de sus familias.
Benita tiene 53 años; después de la desaparición de su hijo quedó desempleada; su nuera, Isabel de 29 años regresó a su lugar de origen en Atlixtac para trabajar y mantener a sus dos hijos, de 10 y 3 años.
Bertín Lucas es originario de Ajacayán Oriente, municipio de Chilapa, su madre contó que llevaba tres meses trabajando en una camioneta del servicio colectivo de la ruta Chilapa-Ajacayán cuando desapareció.
Antes, Bertín era campesino. En noviembre de 2014 aprendió a manejar y acordó con su mamá que trabajaría su camioneta, a ella le entregaba la cuenta y con lo que le quedaba mantenía a su familia.
En diciembre, Bertín empezó a trabajar como chofer. Isabel recordó que le gustaba pasar tiempo con sus hijos y ayudarlos a hacer la tarea. Su madre y su esposa lo consideran una persona “sencilla y tranquila”.
El 17 de marzo, Isabel y sus hijos se fueron a Atlixtac; Bertín se quedó a arreglar la camioneta y acordaron reencontrarse allá, recordó Isabel.
El 18 de marzo, como las 2 de la tarde, Bertín se encontró con su hermano en la base de camionetas, platicaron y le comentó que la camioneta seguía fallando.
El 19 de marzo Benita, su madre, llegó a la casa de su hija en Chilapa y preguntó por Bertín, ella dijo que la última vez que lo vio fue un día antes, durmió ahí y salió a trabajar, pero no regresó.
Benita creyó que su hijo se había ido a Atlixtac a ver a su familia, llamó por teléfono, pero no lo encontró.
Un conocido le dijo a Benita que acordó verse con Bertín un día antes, en el crucero conocido como Los Ajos, rumbo a Atzacoaloya, a las 4 de la tarde, pero Bertín no llegó; le marcó a su celular y no contestó.
Benita se preocupó y empezó a buscarlo, fue a tres talleres mecánicos preguntando por su hijo, en uno le dijeron que ahí había estado un día antes, como 3:30 de la tarde, que la camioneta quedó lista y se la llevó.
El 20 de marzo acudieron al Ministerio Público del fuero común a interponer la denuncia.
También recurrieron a gendarmes que entonces se encontraban en la ciudad, les dijeron que investigarían, pero no fue así. Después, cuando regresaron a preguntar les dijeron que aún no pasaban el reporte a México, a sus superiores, para empezar la investigación.
Acudieron al Hospital General de Chilapa, y dos veces al Servicio Médico Forense, pero no encontraron a u familiar.
Cuando pobladores de su comunidad se enteraron de la desaparición de Bertín, se unieron para buscarlo, “lo apreciaban”, explicó su madre, pues “les ayudaba a hacer solicitudes que necesitaban y era amable con la gente”.
Los vecinos quisieron buscarlo, pero no supieron cómo; hicieron una colecta y llevaron dinero a su familia, sabían que él era el sustento tanto de su madre como de su esposa Isabel y sus dos hijos.
También vecinos de la comunidad de Apozonalco cooperaron, reunieron 600 pesos y se los llevaron a la familia.
A finales de mayo pasado, Benita e Isabel se enteraron de que familiares de desaparecidos se organizaban en la cabecera municipal para exigir la presentación de sus parientes, y que se encontraban con el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR) que incluye peritos en criminalística, genética y derechos humanos, y con el Ministerio Público federal. Acudieron a interponer su denuncia y les tomaran muestras de ADN.
Han pasado nueve meses de la desaparición de Bertín, “y hasta ahorita no hay nada. Venimos aquí y nomás nunca hay nada de investigación, de información, que nosotros sintamos que están investigando, que ya saben dónde están nuestros familiares”, reprochó Benita.
“Para qué tenemos autoridades, para qué dicen que tenemos quien nos defienda; vemos que esas autoridades ya no defienden, a ellos no les importa si a alguien lo van a estar matando enfrente de uno, creo que no hacen caso porque ellos no sienten; a lo mejor, como ellos nunca han perdido familiares, sus papás, sus hijos…”.
Benita no trabaja y su nuera tuvo que irse a Atlixtac a vender comida en el mercado, pero cada semana, ambas acuden a la cabecera municipal de Chilapa para ver si ya tienen alguna información de su familiar o si les requieren algún trámite, ambas esperan a que las autoridades “hagan su trabajo” y pronto tengan de regreso a Bertín.

Paran labores trabajadores de la Capach porque no les habían pagado; les depositan la primera quincena de noviembre

 

Trabajadores de base de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) suspendieron labores y protestaron afuera de sus oficinas, porque el Ayuntamiento que preside el priista Marco Antonio Leyva Mena no les ha pagado la primera quincena de noviembre.
A las 8 de la mañana, unos 100 trabajadores de base suspendieron labores y protestaron afuera de la Capach para exigir a las autoridades el pago a 196 empleados.
En el lugar se consultó al secretario general de la sección 32 de la Capach, Germán Antaño Moreno, quien dijo que hasta el 18 de noviembre no les habían pagado la nómina.
Dijo que la transferencia del dinero del Ayuntamiento a la Capach no se realizó y no les han pagado, por tal motivo acordaron con la base trabajadora protestar si no les depositaban.
A las 10 de la mañana algunos trabajadores informaron que el dinero ya estaba disponible, sin embargo, no reanudaron labores hasta que a todos les depositaran.
Antaño Moreno dijo que el problema del pago siempre lo han tenido, porque el organismo tiene que generar dinero para pagarle a los trabajadores, “hasta que hay recaudación nos pagan las quincenas, los trabajadores de base no tenemos un subsidio, una partida presupuestal, si el usuario no paga nosotros sufrimos el pago de la nómina”, dijo.
Agregó que le han pedido al alcalde que haga un rescate financiero del organismo, porque la Capach no puede solventar sus propios gastos.

Suspenden nuevamente un careo de Gonzalo Molina; no acudió su abogado, según el juzgado

 

El Juzgado Cuarto de lo Penal pospuso el careo y la diligencia de interrogatorio para diciembre del caso del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien se encuentra recluido en el penal de Chilpancingo.
Fuentes del Juzgado informaron “que al no acudir el abogado de Molina González, se pospuso el careo y la diligencia de interrogatorio para el 14 de diciembre”.
El careo estaba programado para las 10 de la mañana de ayer.
El 23 de septiembre, también se frustró el careo de Gonzalo Molina González en el Juzgado Segundo de lo Penal de Chilpancingo.
Además, el 9 de ese mismo mes se suspendió el careo debido a que no se presentaron seis de los citados que presuntamente acusan a Molina González de secuestro.
Antes, el 1 de septiembre, se suspendió otro careo porque sólo se presentaron cuatro de los 20 citados.
Y el 27 de agosto se suspendió por primera vez el careo, esa vez a petición del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, que denunció que no le entregaron el expediente a tiempo para enterarse del delito del que se le acusa y de quiénes son sus acusadores. En esa ocasión sólo acudió uno de los citados que presuntamente acusan de secuestro al promotor de la CRAC.

La delincuencia impide que se instalen en la sierra torres de emergencias, dice un especialista

 

El contralor del Centro de Instrumentaciones del Registro Sísmico en la Ciudad de México, Oscar Huerta Martínez consideró “tierra de narcos” la zona serrana del estado, porque el crimen organizado impide que coloquen torres de transmisión de emergencias.
Consultado por reporteros al finalizar la ponencia Avances del Sistema de Alertamiento Sísmico en México, impartido en la Universidad Hipócrates, en Acapulco, el especialista comentó que hombres armados pararon sus camionetas para impedirles la entrada, y que inclusiso les impidieron tomar fotografías.
Ejemplificó que en la sierra de Petatlán hubo un robo de equipo dentro de una torre de transmisión de emergencias, y dijo que se interpuso una demanda, pero no precisó la fecha.
Por otro lado, Huerta Martínez alertó que hay una brecha en el tramo Acapulco-Zihuatanejo, donde se concentra energía en las placas tectónicas porque no ha concluido el ciclo sísmico.
Estimó que en un “tiempo cercano” puede ocurrir un sismo de gran magnitud, mayor que el que ocurrió en 1985 en la Ciudad de México, “lo mejor de la hoya de vapor, cuando va explotar, es que vaya soltando de alguna manera pequeños volúmenes de energía”.
Comentó que el estado y Acapulco tienen las herramientas para alertar sobre este tipo de fenómenos, sin embargo, dijo que hace falta que las autoridades le den mayor difusión, “creo que el estado tiene los elementos para hacerlo, Guerrero cuenta con torres de transmisión de emergencias y solamente se está transmitiendo la alerta sísmica”.
Señaló que esas torres también pueden emitir señales de prevención de tsunamis, lluvias y mar de fondo, “no hay radios suficientes, para que funcionen correctamente las antenas tendríamos que tener un radio en cada vivienda, ¿qué hay que hacer?, que la autoridad haga un convenio, no solamente entregar televisores para el apagón analógico”.
Indicó que en Guerrero hay un registro de mil sismos cada año, “nosotros no evitamos que colapsen las casas, nosotros evitamos que estén habitadas mientras se desarrolla el fenómeno”.
Mencionó que al igual que en Colima, Jalisco y Oaxaca, en Guerrero hay un mayor peligro de sismos con una magnitud frecuente de 7 grados, “si ocurriera   un sismo de nueve grados no lo platicaríamos”, aseguró.
Señaló que la previsión para cualquier tipo de fenómeno natural no solamente lo tiene que hacer Guerrero si no todo el país, “es un tema muy serio, la preparación, al parecer al gobierno le gusta reparar las consecuencias y no prevenir los desastres”.
También dijo que las autoridades ya tienen la información de los alertamientos, es decir hay las herramientas para dar un informe a tiempo de cualquier fenómeno y canalizarlo a Protección Civil.