Un profesor que trabajaba en la comunidad de San Rafael, municipio de San Miguel Totolapan, perdió la vida este jueves luego de que estuvo varios días secuestrado y fue liberado con severos golpes, lo que complicó su estado de salud y le provocó la muerte.
Se trata del maestro Bladimir Pérez de 40 años, vecino de Riva Palacio Michoacán, una población pegada a Ciudad Altamirano. El profesor viajaba en ocasiones a la comunidad y allá se quedaba por la distancia.
Sin embargo, en la semana fue interceptado por personas armadas que lo mantuvieron secuestrado, al parecer desde el lunes, y se informó que los familiares pagaron para que lo liberaran.
Fue liberado pero debido a los golpes que recibió lo ingresaron de inmediato a una clínica de Michoacán, pero su estado de salud era grave, por lo que este jueves falleció.
Fue velado en la tenencia de Riva Palacio, a donde acudieron maestros de toda la región, sobre todo del Movimiento Magisterial Calentano con sede en Arcelia, con quienes se identificaba en la lucha contra la reforma educativa.
Era un maestro apreciado porque había decidido acudir a una de las comunidades donde pocos profesores querían dar clases por la violencia.
San Rafael es una comunidad en la parte de la sierra de San Miguel Totolapan, a una hora y media de la cabecera municipal, es una zona de concentración educativa para la parte de la sierra, pues cuenta con una secundaria, y varios jóvenes de otras comunidades llegan ahí a estudiar.
De octubre a la fecha, se han reportado cinco secuestros.
En otros hechos, una mujer resultó lesionada cuando intentaba cruzar la carretera federal a Huetamo, frente a la secundaria de la tenencia de Riva Palacio Michoacán, este jueves por la mañana.
Arleth Pineda de 27 años viajaba en una motocicleta cuando un vehículo la arrolló, por lo que tuvo que ser trasladada a una clínica.
Los hechos ocurrieron este jueves cerca de las 10 de la mañana, sobre la carretera federal a Huetamo.
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Muere una bebé por negligencia en el hospital general de Chilpancingo, denuncian sus familiares
Un derechohabiente del sistema de salud del estado denunció que una integrante de su familia perdió a su bebé por negligencia médica en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, quien llegó de parto el martes a las 12 de la noche, pero fue atendida hasta el miércoles a las 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde le notificaron que la bebé había muerto.
El quejoso, Tomás Alonso Castañón denunció que en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, ubicado en la salida norte de la capital, en Tierras Prietas, una integrante de su familia comenzó el martes a las 12 de la noche con labor de parto, pero era de alto riesgo, por lo que la llevaron a urgencias, “no se le atendió debidamente a pesar de que se le indicó a los médicos que su parto era de alto riesgo”, explicó.
Dijo que su familiar fue atendida hasta el miércoles a las 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde les notificaron que su bebé había muerto.
El padre de la bebé, quien se reservó su identidad, fue entrevistado en el panteón nuevo en Chilpancingo, donde acudió para sepultar a su hija, donde informó que el martes, “mi esposa entró al hospital en el área de urgencias porque tenía mucho sangrado, pese a eso la doctora no procedió a hacerle una cesárea inmediata; el embarazo, desde un inicio era de alto riesgo porque tenía la placenta previa y poco a poco se fue recuperando, al final del embarazo presentaba una placenta del grado 3, por lo que no podía tener un parto natural”, indicó el padre.
Recriminó que la ginecóloga a cargo, de quien desconoce su nombre, le dijo que debería de dilatar para que naciera la bebé, pero en las condiciones en que se encontraba su mujer no podía tener un parto natural, “era necesaria una cesárea; la ginecóloga hizo caso omiso de todo lo que se le había dicho, se comportó de mala manera; las consecuencias se las pasó a (trabajadores del) otro turno, quienes estabilizaron a mi esposa porque le quería dar una parálisis facial y no le podían hacer la cesárea; pero agradezco al turno de la mañana, que sacó a la bebé, aunque no se pudo salvar”.
El diagnóstico de la muerte fue que, debido a que su mujer tenía las plaquetas bajas afectó a la bebé.
El padre de la menor manifestó que no procederá legalmente porque la familia no quiso realizarle la autopsia a la bebé, por lo que no tienen con que respaldar sus dichos si se levanta una demanda.
Pidió que si en el hospital sólo hay un ginecólogo, incorporen a más para que den un buen servicio y no se repitan este tipo de casos, “si la ginecóloga no sabe, pues entonces que la cambien”, concluyó el padre.
Torturan y ejecutan a tres jóvenes en diferentes hechos en Iguala; van 21 asesinatos en 50 días
En hechos diferentes, en 10 horas, los cuerpos de tres jóvenes fueron hallados ejecutados con el tiro de gracia, con huellas de tortura y las manos atadas, en caminos de terracería al norte de la ciudad de Iguala.
A las 8 de la noche de este miércoles también murió en el hospital general Jorge Soberón Acevedo el joven Armando Velázquez Candia, de 22 años, quien había resultado herido de un disparo en el estómago durante un ataque la tarde del 26 de octubre en la colonia Heberto Castillo, cuando estaba acompañado de una joven de 15 años, quien también salió herida de un disparo en el brazo izquierdo.
Velázquez Candia era hijo de una integrante del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos, que se formó tras los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, y que participa en él porque otro de sus hijos está desaparecido.
Con estos hechos, la escalada de la violencia en la ciudad ha dejado 21 ejecutados en 50 días, desde el 16 de septiembre, y nueve personas que han resultado heridas de bala en los diferentes ataques, según los registros de El Sur.
Dos ejecutados con el tiro de gracia
Cerca de las 11:00 de la noche de este miércoles fue reportado al número de emergencia 066 el hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes, cerca de la colonia María de los Ángeles (antes Las Praderas), a unos 500 metros de la carretera Iguala-Taxco.
Junto a un camino de terracería fueron hallados los cuerpos de los jóvenes, ambos estaban boca abajo, con las manos atadas a la espalda con cinta blanca, tenían huellas de haber sido torturados y el tiro de gracia en la cabeza.
Uno de los jóvenes fue identificado como Javier Francisco Bahena Morales, de 21 años, vecino de la colonia Juan Álvarez, según una credencial de elector que le fue hallada en la bolsa de su pantalón
El otro, de unos 18 o 20 años, vestía playera rosa, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos; era de tez morena, complexión delgada y 1.60 metros de estatura aproximadamente.
Agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía del estado llevaron a cabo las diligencias, y junto a los cuerpos hallaron tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.
Otro ejecutado con huellas de tortura
10 horas después, a las 9:00 de la mañana de ayer, fue reportado por pobladores el hallazgo de un hombre ejecutado en una barranca, junto al camino de terracería de la colonia 15 de Septiembre, a menos de 200 metros de la carretera Iguala-Taxco, en una brecha paralela a la entrada de la colonia María de los Ángeles.
A la orilla de la barranca fue hallado el cuerpo de un joven de unos 22 años, el cual estaba boca arriba, con las manos atadas hacia el frente con una cuerda amarilla, tenía huellas de haber sido torturado y tres disparos, uno en la pierna izquierda, otro en el brazo izquierdo y el tiro de gracia.
Vestía bermudas cuadriculadas blanco con rosa, una camiseta blanca con negro y estaba descalzo.
Efectivos de las fuerzas federales y estatales aseguraron y acordonaron la zona.
Peritos y agentes del Ministerio Público llevaron a cabo las diligencias, y junto al cuerpo hallaron un cartucho útil y otro percutido calibre 9 milímetros.
El cuerpo sin identificar, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.
Dicen familiares de 14 desaparecidos de Chilapa que los convocó la SEIDO para darles informes
Una comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa fue llamada este viernes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que les informaron que esa dependencia federal está a cargo de las investigaciones de 14 desaparecidos en mayo.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro expuso que fueron llamados a la SEIDO en la Ciudad de México este viernes, porque les proporcionarían información sobre sus desaparecidos.
El 23 de octubre, una comisión de familiares de desaparecidos acudió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.
Ahí se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos, Heber Omar Betanzos, y les informaron que ellos investigan 24 desaparecidos anteriores al 9 de mayo d 2015, cuando civiles armados incursionaron en la cabecera municipal.
En la Segob, les dijeron que las investigaciones sobre 14 desapariciones perpetradas durante la irrupción de los civiles armados, que se quedaron en Chilapa hasta el 14 de mayo, estaba en manos de la SEIDO, porque hay indicios de que estuvo involucrado el crimen organizado.
Para viajar a la Ciudad de México, los familiares de desaparecidos en Chilapa cubren sus propios gastos, pese a que la mayoría son de escasos recursos, y varios desaparecidos eran el sustento de sus hogares.
A tres días de cumplirse seis meses de que familiares comenzaron a exigir la aparición con vida de varios vecinos de Chilapa, las víctimas desconocen el paradero de sus parientes, y pese a que las familias se han reunido con autoridades federales, no les han dado información.
La lista de desaparecidos que los familiares tiene asciende a 55 personas, de las que tienen un registro con relatoría de hechos; de las 55 víctima, 38 cuentan con una denuncia ante el Ministerio Público (MP) federal.
Sin embargo, los familiares aseguran que la lista de desaparecidos es de unas cien personas, pero que algunas no quieren denunciar, por temor a sufrir represalias, o por desconfianza de que las autoridades no investiguen.
Se retira de Iguala el 11 agrupamiento de la Gendarmería 15 días después de que llegó
Efectivos del 11 agrupamiento de la Policía Federal, división de Gendarmería, abandonaron la ciudad de Iguala a tan sólo 15 días después de su llegada, y en su lugar quedaron al mando de la seguridad efectivos de la división de Fuerzas Federales, que se coordinan con militares y policías estatales.
Entre el martes y el miércoles, efectivos de la Gendarmería del 11 agrupamiento que apenas habían llegado de Acapulco el 21 de octubre, iniciaron a retirarse.
Sobre esta decisión sólo se supo que la salida de la Gendarmería obedece a “indicaciones superiores”.
Los agentes de la Gendarmería Nacional llegaron a Iguala el 21 de octubre de 2014, luego de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de ese mismo año, y a partir de ese momento asumieron la seguridad del municipio, con los agrupamientos noveno, séptimo y décimo primero que se estuvieron rotando.
A un año de la llegada de la Gendarmería a Iguala, según los registros de El Sur, 110 personas han sido ejecutadas en diferentes hechos.
Ayer, en los terrenos de la feria, junto al Periférico Norte, donde fue instalada la base de la Gendarmería, aún se observaron algunos de sus remolques y sólo tres patrullas.
El pasado martes, en estas páginas se informó de la llegada de tres autobuses con unos 100 agentes de la Policía Federal, que habían llegado a hospedarse a un hotel de la avenida Bandera Nacional.
Ayer ya se observaron diferentes grupos de la Policía Federal, división de Fuerzas Federales patrullando la ciudad y se les ha visto coordinados con policías estatales y efectivos del Ejército.
No ha bajado la inseguridad en la capital en comparación con el año pasado: Coparmex
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Nava Romero dijo que la inseguridad en la capital no ha bajado en comparación con el año pasado.
Minutos antes de que iniciara el acto protocolario de la firma de convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Nava Romero se negó a dar cifras del número de extorsiones y secuestros registrados en la capital.
“No hemos querido dar números, pero no han bajado a comparación del año pasado”, dijo.
Reconoció que en la región Centro la inseguridad sigue estando crítica, recordó que el año pasado la época más difícil fue durante los últimos meses, sobre todo en delitos comunes.
Dijo que bajaron los niveles de secuestro, pero repuntó el robo de vehículos, asalto a mano armada, robos a accesorias, talleres y oficinas, “al haber más presencia de la Policía Federal, la gente no comete delitos del orden federal como extorsiones y secuestros, ya más al delito común”, agregó.
En relación con la nueva estrategia de seguridad para Guerrero, coordinada por el general Alejandro Saavedra, dijo que le darán el beneficio de la duda, pero ahora que está el militar al frente de la seguridad, “nos da mucho gusto”.
Insistió que la designación del militar significa para los empresarios “sectores organizados”, que tendrán a quien acudir cuando enfrenten un problema de seguridad.
“No sabíamos a quien preguntar, quien estaba al frente, hoy el general está muy al pendiente de las denuncias”, dijo.
Agregó que las denuncias habían disminuido por la poca confianza en las autoridades, pero con la designación del general Alejandro Saavedra como encargado del programa de seguridad, aseguró que se renueva la comunicación con las autoridades.
Dijo que ahora que la coordinación de seguridad se pueda consolidar por medio del general, quien tendrá a su mando a policías municipales, estatales y federales.
A pregunta expresa sobre cuál será la diferencia de esta nueva operación de seguridad con respecto a las anteriores que ha anunciado la federación, el empresario dijo que a su parecer el militar designado a demostrado tener la capacidad de mando para brindar resultados.
Comentó que deberán darle tiempo para que actúe, sin esperar resultados de manera inmediata, pero no descarta la posibilidad de que los resultados sean positivos.
Este jueves, los integrantes de Coparmex firmaron un convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar la marca de productos y empresas del estado.
En la firma se explicó la importancia de proteger las empresas, y se darán las facilidades necesarias para que los empresarios guerrerenses puedan hacer el trámite con el IMPI.
En la firma de convenio estuvo el director del IMPI, Miguel Ángel Morgain González, el delegado federal de la Secretaría de Economía en Guerrero, Álvaro Burgos Barrera y la diputada priista, María Luisa Vargas Mejía.
Reinstala la COSTEG un filtro de revisión contra piratas cerca del mercado central de Chilpancingo
Transportistas de la Confederación de Organizaciones y Sitios de Transportistas del Estado de Guerrero (COSTEG) que dirigía el encargado de despacho de Tránsito municipal, Inocente Mojica Peña, reinstalaron su filtro de revisión cerca del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, para detener Urvan y taxis que consideran piratas, frente al retén que tienen los integrantes del Consejo Regional de Transporte Público.
Este jueves por la mañana, los transportistas que dicen estar legalmente constituidos, quienes instalaron un retén el 19 de julio, cuando era dirigente Mojica Peña, reinstalaron su filtro para identificar a taxis y Urvan piratas y evitar que ofrezcan sus servicios.
El 7 de octubre cuando asumió Inocente Mojica como encargado de despacho de Tránsito municipal, el filtro de los transportistas de la COSTEG se retiró.
El 8 de octubre integrantes de 14 organizaciones de transportistas aglutinados en el Consejo Regional de Transporte Público instalaron un nuevo filtro de revisión cerca del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, en el punto conocido como Las Parotas, para identificar y sacar de circulación a Urvan y taxis que señalan como piratas.
Este jueves se observó que integrantes de la COSTEG instalaron unos 8 toldos en el mismo punto donde están los integrantes del Consejo Regional, quienes supuestamente colocaron el filtro para sacar a todas las Urvan piratas, principalmente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG).
En el lugar no se observó a trabajadores de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del estado, que encabeza Miguel Ángel Piña Garibay.
El 21 de julio integrantes de la COSTEG atacaron con palos, varillas, tubos y machetes, a choferes de la CETIG que se encontraban en el plantón del Zócalo de esta ciudad, hirieron a nueve personas, incendiaron seis vehículos y vandalizaron otros 39. Pese a ese incidente, las autoridades de Transporte estatal no han hecho nada para regular los filtros que mantienen las organizaciones de transportistas.
En los retenes de ambas organizaciones no se ha detenido a ninguna Urvan o taxi pirata.
Uno de los transportistas de la COSTEG, Jeremías Garibay Armenta manifestó que están en los filtros para que las Urvan que fueron retiradas no vuelvan a circular.
Los integrantes del Consejo Regional de Transporte Público no quisieron dar información, porque argumentaron que su dirigente Servando de Jesús Salgado no se encontraba.
Solicitan líderes transportistas que intervenga el Congreso local para que no se den más concesiones
Líderes transportistas de las regiones de Acapulco, Centro, Costa Chica y Norte solicitaron al Congreso local que intervenga para que la dirección de Transportes del gobierno del estado ya no libere más concesiones, porque hay saturación en las calles, de lo contrario advirtieron que impedirán que las unidades irregulares trabajen.
Dijeron que sí existe una necesidad real de ampliar el transporte público en los municipios, se haga un estudio que lo confirme, para que las concesiones ya no se entreguen sólo por compadrazgo o negocio, violentando la antigüedad de los “verdaderos transportistas”.
Este jueves al mediodía, líderes de unas 45 organizaciones de transportistas de las regiones de Acapulco, Centro, Costa Chica y Norte se reunieron en el Congreso local con el presidente de la comisión de Transporte, el priista Antelmo Alvarado García y la diputada del PVEM, Rossana Agraz Ulloa, en la sala José Francisco Ruiz Massieu.
En el encuentro, el presidente de los concesionarios en Chilpancingo, Roberto Pacheco Hernández dijo que en la última administración fueron liberadas más de 200 concesiones en la capital, pese a que no se necesita más transporte público.
Dijo que esas concesiones se entregaron a pesar de que no se realizó un estudio previo, ocasionando la saturación de taxis y Combis en la ciudad, además dijo que los beneficiados son personas que tienen poco tiempo en ese sector.
Llamó a los diputados a que ayuden a los transportistas para que el gobernador, Héctor Astudillo Flores los reciba y le planteen sus demandas, la principal es que la dirección de Transportes ya no libere más concesiones en municipios donde no se necesitan.
“Nosotros no estamos en contra de las concesiones, pero sí de las saturaciones innecesarias, nosotros estamos en la postura de que antes hay que hacer un estudio, un estudio que lo hagan expertos y que refleje las verdaderas necesidades de los ciudadanos”.
Por su parte, el presidente del Transporte Urbano en Taxco, Jorge Zagal Carbajal dijo que en 2009 el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó un estudio de factibilidad para determinar si eran necesarios más vehículos, en ese entonces se aplicó la Ley de Transporte, que benefició a transportistas de mayor antigüedad.
El presidente de la Unión de Permisionarios de Taxco, Alfredo Ocampo Arteaga dijo que hay 40 taxis colectivos parados por el problema de la saturación.
Comentó que la misma situación se vive en Iguala, “allá ya no saben qué hacer con tanto taxi, ya no es rentable, el problema es que todos los días hay más taxis, y los afectados directamente son los de más antigüedad que han vivido siempre del servicio”.
En el caso del municipio de Cruz Grande, Pablo García Maganda integrante de la Organización Transportista Zona Delta dijo que el ex director de Transporte, Juan Larequi Radilla liberó hace tres meses 37 nuevas concesiones, pese a que en el municipio ya circulaban 32 taxis.
Dijo que cuando la organización reclamó al ex funcionario sobre esta situación, él se justificó diciendo que le presentaron los papeles y los firmó sin darse cuenta de qué se trataba.
Andrés Ojeda Caballero transportista de la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla, acusó al presidente del Comisariado Ejidal de haber recibido dos concesiones de manera irregular, situación que ha provocado enfrentamientos a golpes entre quienes respaldan esa acción y quienes se oponen.
Los líderes de las diferentes organizaciones coincidieron en que si el gobierno estatal continúa el reparto irregular de concesiones impedirán que las unidades beneficiadas trabajen y las retendrán de ser necesario.
Luego de escuchar cada una de las intervenciones, la diputada Rossana Agraz reconoció que existe una saturación del transporte público, por lo que consideró prudente realizar modificaciones a la ley en la materia para regular esta situación.
En tanto, Antelmo Alvarado dijo que le darán seguimiento a los planteamientos expuestos en la reunión y garantizó que el Congreso local, por medio de la comisión que preside, vigilará a la dirección de Transportes.
También los llamó a que antes de cualquier acción, agoten el diálogo. Luego de un intercambio de números telefónicos y fotografías el encuentro concluyó.
Sacan de su casa y asesinan a balazos a un líder de colonos de Antorcha Campesina en Chilpancingo
El integrante de la organización Antorcha Campesina y líder de la colonia Nueva Revolución, Florián Reyes Rafaela, fue asesinado a balazos y su cuerpo fue encontrado en una calle de terracería, rumbo a la presa Cerrito Rico cerca del fraccionamiento SUSPEG y la colonia 4 de Marzo, al norte de Chilpancingo.
Integrantes de Antorcha Campesina condenaron el asesinato de Reyes Rafaela y exigieron al gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) dar con los responsables de la muerte del líder de la colonia Nueva Revolución, y agregaron que el móvil fue por un problema de regularización de los terrenos donde se encuentra ese asentamiento.
Según testigos, Reyes Rafaela fue sacado de su domicilio en la colonia Nueva Revolución la noche del miércoles por ocho jóvenes a bordo de dos autos Tsuru.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a las 7:30 de la mañana recibieron una llamada anónima que avisó que en una calle de terracería que se dirige a la presa Cerrito Rico había una persona tendida boca abajo.
El cuerpo que estaba en la orilla de la calle, tenía las manos atadas hacia atrás con cinta industrial y vestía una playera blanca que cubría su cabeza, un pantalón café y zapatos negros.
De acuerdo con información de los peritos de la FGE, la víctima tenía impactos de bala en la cabeza y huellas de tortura.
Al lado del cuerpo había tres casquillos percutidos calibre 38 súper.
Al lugar acudieron policías municipales, estatales y ministeriales quienes resguardaron la zona y peritos de la FGE llevaron a cabo las diligencias.
El cuerpo fue traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
Exigen Justicia
En conferencia de prensa en un restaurante de la capital, el dirigente estatal de la organización, José Juan Bautista Hernández, dijo que el asesinato de su compañero es por la lucha de la regularización de la colonia.
Recordó que hace nueve años, las 100 familias compraron el terreno a los dueños Guadalupe Nieto Álvarez y su esposo Alejandrino Ortega Bautista, pero a través de irregularidades el apoderado legal Ismael Chavelas Ramos, quien se ostenta como dueño, ha amenazado y hostigado a los vecinos.
“La evidencia clara por el asesinato de nuestro compañero es por la regularización del predio y las amenazas que Chavelas Ramos realiza contra los integrantes de su organización”, declaró.
Bautista dijo que habían pedido la intervención del gobierno estatal y municipal para atender el problema y evitar que ocurriera un incidente como este pero no hicieron caso, “asesinaron a nuestro compañero y exigimos justicia”.
Pidió una audiencia con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para que atienda la regularización de la colonia Nueva Revolución y esclarecer el asesinato del líder e integrante de su organización Reyes Rafaela. A la conferencia de prensa asistieron los integrantes de la organización, Rosalío Paz Cortez y Macario Moreno de la Cruz.
Marchan organizaciones en Coyuca de Benítez para exigir la aprobación de un regidor ciudadano
Integrantes de la Unión de Pueblos y del Consejo Ciudadano para la Reactivación de la Costa Grande, Acapulco y Atoyac marcharon por las principales calles de Coyuca de Benítez para exigir la aprobación de un regidor ciudadano que los represente en el Cabildo.
Unos 250 inconformes que partieron de la zona del hospital comunitario de Coyuca de Benítez gritaron consignas y portaron banderines blancos con leyendas como: “transparencia ya”, “participación ciudadana”.
El asesor de esa organización, Carlos García Jiménez pidió que se reconozca a un regidor ciudadano que esté en todas las sesiones de Cabildo en Coyuca de Benítez para que sea la voz de los ciudadanos organizados porque, aseguró, “los ediles actuales no representan a los ciudadanos”.
“Queremos que se reconozca en Cabildo esta voz ciudadana sin sueldo, salario, viáticos, sino sólo que esté presente en la sesión”, exigió García Jiménez.
Luego de la marcha, los participantes se constituyeron como la primera Asamblea Ciudadana para nombrar al regidor ciudadano y a su suplente, quien será propuesto para participar en el Cabildo.
Comentó que la falta de transparencia en la aplicación de los recursos del ramo 33 para obra pública, el presunto mal manejo de estos recursos, y las obras en las que sólo se paga la mitad y quedan inconclusas o son de mala calidad, motivaron la organización de los vecinos.
“La tercera propuesta es que se instale en Coyuca (de Benítez) el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, instancia que, de acuerdo a la Ley del Municipio Libre, se encarga de programar la aplicación de los recursos en el Ayuntamiento, no sólo los municipales, sino todos los que llegan de otros órganos gubernamentales”, dijo el activista durante la marcha que concluyó afuera del Palacio Municipal.
“Queremos que el Coplademun (Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal) realmente funcione y se instale con la representación de los comisarios municipales, de los representantes de las organizaciones civiles, de los comités de obras de las comunidades y el Cabildo en pleno, los 10 representantes en pleno sean los que planeen las obras del municipio”, exigió.
Los manifestantes pidieron que el Cabildo se abra a la ciudadanía y de acuerdo a la ley, sesione cada dos meses con información pública y dé acceso a todos quienes la soliciten.
Carlos García informó que en el contingente participaron representantes de 40 comunidades, así como representantes de comunidades de Acapulco y Atoyac, quienes acudieron en apoyo para impulsar las propuestas en esos tres municipios, una vez que se consolide la de Coyuca de Benítez.
Explicó que la figura del regidor ciudadano surgió después de las asambleas comunitarias, a través de comités comunitarios.
“Aspiramos este año a nombrar 50 comunidades de las 120 comunidades que están reconocidas”, comentó.
Puntualizó que cada municipio y sus asambleas establecerán las mecánicas que utilizarán para entregar nombramientos que les representen en comunidades y organizaciones. No obstante, añadió que los pueblos adoptarán los mecanismos que mejor se adecúen a sus necesidades y demandas.
La iniciativa nació ante la corrupción y discrecionalidad con que se aplicaron los recursos del ramo 33, reflejados en desperfectos en las obras inauguradas por los gobiernos pasados, así como los favores que mantienen algunos políticos en empresas afines a los partidos de los cuales forman parte.
“Hay canchas de basquetbol que están inconclusas, pero generalmente hay también pavimentaciones de calles que se entregaron sin que sean funcionales, además de las clínicas de salud, que sólo están los edificios pero que no hay médicos, enfermeras ni medicamentos en las comunidades”, concluyó.