El alcalde suplente de la capital, Jesús Tejeda Vargas, informó que tres policías municipales presentaron su renuncia porque pretende trabajar en otro estado, pero no se las aceptaron porque siguen las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de siete jóvenes.
Consultado al concluir la ceremonia del 101 aniversario de la Constitución Política, la cual se realizó en la plazuela Pezuapa, el alcalde suplente también dio a conocer que las agentes de Tránsito y Vialidad no están certificados.
Indicó que tres policías municipales han solicitado renunciar, con el argumento de que se iban a trabajar a otra parte del estado, pero no se aceptó la petición, hasta que la FGE termine de hacer las investigaciones por la desaparición de siete personas, de las cuales dos fueron halladas asesinadas.
Por otra parte, Jesús Tejeda dijo que lo que se pretende es evaluar a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, porque de los 35 en activo ninguno está certificado.
Manifestó que cuando llegó a la administración, los policías de Tránsito no estaban certificados y que por los hechos que pasaron, con la desaparición de las siete personas, se deberán de sanear todas las áreas de Seguridad Pública.
En cuanto a los hechos de violencia que han ocurrido en la capital, manifestó que Chilpancingo tiene problemas de inseguridad como los demás municipios, que también suceden en otros estados, lo que calificó como “un tema desafortunado”.
Aseguró que las policías estatal y federal están trabajando, “pero son hechos que se dan en la capital y que pueden ser por el crimen organizado, no sé. La violencia no es privativa de Chilpancingo, es un problema nacional, pues donde quiera la hay”.
Además, informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo que regresar 10 millones de pesos que estaban destinados para Chilpancingo, porque el Ayuntamiento no tuvo la capacidad económica para hacer la aportación, es decir que era una aportación bipartita para la construcción y remodelación de siete parques.
“Por la situaciones económicas que tiene el Ayuntamiento de Chilpancingo, no nos fue posible hacer la aportación de 10 millones y medio de pesos, que tenía de fecha límite diciembre del año pasado”, destacó.
Dijo que hay probabilidades de que la Sedatu regrese el dinero para el equipamiento de la capital y reactivar el programa.
En cuanto a la legalización de la droga, expresó que es algo que se debe pensar muy bien, pero que todo lo que se haga para tener perfecta armonía será “bienvenido”.
Informó que aún no ha conseguido el dinero para pagar los 10 millones de pesos que debe la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que el sistema de agua de Mochitlán y las oficinas centrales no tienen energía eléctrica.
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Convocan padres y normalistas a que participe la UAG en las protestas por los tres años de Iguala
En la tercera jornada de protesta por el estudiante detenido organizada por el Colectivo Revueltas, padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa y dirigentes de la escuela normal convocaron a estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) a participar en las acciones de protesta por los tres años de los ataques y desaparición forzada de sus compañeros el 26 de septiembre.
El día del Estudiante Detenido-Desaparecido coincide con la semana internacional de la Desaparición Forzada y se conmemora cada año, por el grupo jóvenes, desde la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, de manera independiente a Rectoría y a la dirección escolar, en la Unidad Académica de Filosofía y Letras, siempre con el acompañamiento de los padres y representantes estudiantiles de la normal rural.
El representante de los padres, Melitón Ortega, habló de la lucha de la presentación de los normalistas y de las irregularidades en el proceso, cometidas por autoridades para criminalizar a los jóvenes desaparecidos, a fin de deslindar la responsabilidad a los agentes de la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno involucrados.
Denunció que la entonces Procuraduría del estado dijo que 17 jóvenes estaban enterrados en fosas, un duro golpe para los padres, y fue descartado con el análisis de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense, “ahí comenzaron las inconsistencias, comenzaron a mentir y la campaña de descalificaciones” contra los estudiantes.
Añadió que cuando la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación, los padres recibían mucha información en la escuela del posible paradero de los estudiantes y pidieron que la Policía Federal fuera con ellos buscar a los estudiantes en casas abandonadas, barrancas, cerros y colonias. Ahí, “mandaban por delante a los papás, para que ellos (los padres) les dijeran a los policías por dónde ir, ¡fue pura simulación!”, recriminó.
Destacó que la intervención del mecanismo internacional de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permitió descartar la tesis oficial del basurero de Cocula, que daba por muertos y quemados hasta las cenizas a los 43. Lamentó que el gobierno insista en mantener esa versión en la investigación, para proteger a los perpetradores y a quienes elaboran “la falsedad de la verdad histórica”.
Un dirigente estudiantil denunció que las agresiones a la normal de Ayotzinapa reflejan el odio contra una institución que abre las puertas a los jóvenes más pobres, cuyas opciones son el narcotráfico, las corporaciones policiacas o la normal rural. Por esta misma razón, los estudiantes hacen una defensa entrañable de la escuela, al grado que los cuerpos policiacos acosan cada acción de los normalistas, mientras en el estado están ocurriendo tantos asesinatos en las regiones.
Convocó a los universitarios, estudiantes y académicos, a acudir a las acciones que preparan a tres años de los hechos de Iguala.
En la jornada participaron académicos y reporteros. Hoy se espera al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos, entre otros invitados.