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Ejecutan a una activista política en su casa en Ometepec; es la segunda asesinada en el año

Una reconocida activista política, Evelia, fue asesinada de seis balazos en su casa en el barrio de La Mira en Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero.
Fuentes de seguridad informaron que se encontraba sentada en una silla en su casa ubicada en la calle Ángel Aguirre cuando dos hombres llegaron alrededor de las 8:40 de la noche y la asesinaron a balazos.
Sus familiares la trasladaron al hospital privado La Amistad, pero falleció debido a los impactos de bala que recibió en diversas partes del cuerpo.
Este asesinato es el segundo contra una mujer que ocurre en el municipio de Ometepec, que desde junio de 2017 tiene un decreto de Alerta de Género. El 13 de enero una mujer de 80 años fue ejecutada en su casa en esa ciudad.

Viven terror ante disparos en el centro

La tarde de este lunes se vivieron momentos de pánico y terror entre comerciantes y vecinos del centro de Ometepec, luego de que hombres hicieron múltiples disparos en la avenida Cuauhtémoc esquina con calle Allende, en pleno centro de la ciudad, donde el gobierno municipal instaló cámaras de video vigilancia.
El hecho fue reportado a las 5:30 de la tarde. Según testigos hombres que iban en un automóvil sacaron sus armas y dispararon. En la calle Allende cerca de las instalaciones de Teléfonos de México fueron localizados varios casquillos percutidos.

 

Feministas se dicen hartas de tanta violencia ante el caso de la defensora Yndira Sandoval

Integrantes de las organizaciones Fundación Bloque de Mujeres al Poder y Hombres y Mujeres Avanzando Juntos demandaron justicia para la defensora de derechos de las mujeres, Yndira Sandoval Sánchez, quien denunció abuso sexual de policías municipales de Tlapa.
El pasado 16 de septiembre Yndira Sandoval acudió a Tlapa a impartir una conferencia sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, fue detenida por policías municipales y en barandillas una mujer policía la agredió sexualmente, según denunció.
En una conferencia de prensa en un restaurante Vips de Acapulco, las activistas Silvia Galeana Valente y María de Jesús Martínez Hernández llamaron a sancionar a todas las instancias responsables de la agresión, “por acción u omisión” pues señalaron que la agente que cometió la agresión sexual “es el último eslabón de la cadena”.
Martínez Hernández enfatizó que Tlapa es uno de los ocho municipios donde el gobierno del estado declaró la alerta de género el 21 de junio, pero la realidad “es que la base que debería estar preparada para esta alerta de género está en la completa oscuridad, y no tienen ni idea de lo que estaban haciendo en ese momento. Se trató de una mujer y debió haber sido respetada en sus derechos como cualquier otra mujer”.
Galeana Valente demandó que se informe cual es el trabajo que ha hecho el municipio de Tlapa sobre las recomendaciones emitidas por la alerta de género para erradicar las conductas que violentan a las mujeres.
“Estamos hartas de tanta violencia, estamos hartas de vivir en un estado fallido donde las instituciones y el gobierno muestran total desinterés por garantizar eso que manda la Constitución, una vida libre de violencia hacia las mujeres”, demandó.
Las activistas señalaron una falta cometida por la Fiscalía General del Estado (FGE) al informar del caso de la víctima, y publicar el número de averiguación previa que se sigue en el caso porque eso la deja en condición vulnerable, y puede ser objeto de intimidaciones o agresiones.
Galeana Valente opinó que lo sucedido a la activista a favor de los derechos de las mujeres muestra que las mujeres en Tlapa no tiene acceso a la justicia, y no son vistas como sujetos de derecho.
Abundó que al ser la víctima una defensora de derechos humanos “debe recibir protección inmediata para que se le garantice la vida, el acceso a la justicia, la libertad, la dignidad y todos los derechos humanos que las mujeres debemos de tener”.
Llamaron al gobierno del estado a que no se escatime en recursos para aplicar los protocolos y políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia, y que la Fiscalía de Atención a Víctimas de Violencia de Género esté disponible las 24 horas.

Declara Héctor Astudillo la alerta de género en ocho municipios; no espera el dictamen de Segob

El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que el gobierno del estado determinó declarar la alerta de género en ocho municipios, independientemente del dictamen que esperan que emita la Secretaría de Gobernación sobre el tema.
Este miércoles, en un acto realizado en el vestíbulo del edificio Centro del Palacio de Gobierno, Astudillo Flores informó que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las siete regiones del estado; y desde diciembre de 2010, a partir de la tipificación del delito de feminicidio, se han registrado 142 casos de este tipo en Guerrero.
Por ello se determinó declarar la alerta de género para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
En declaraciones a los reporteros, sostuvo que se realizó en los últimos días un análisis en torno a la declaratoria, debido al clima de inseguridad que se vive en todo el país, por lo que se debían de fortalecer las medidas para ayudar a prevenir la violencia de género.
“Bueno, lo que he hecho es aceptar como gobernador algo que está sucediendo en el país y que no es propio de Guerrero, y que es necesario fortalecer una serie de medidas para atender este tema”, agregó.
–¿Por qué hasta ahora y no antes, cuando se estaba solicitando?
–Bueno, lo importante es que lo estamos haciendo.
El gobernador señaló que ante este panorama, su gobierno considera importante “fortalecer las acciones que se han venido implementado para detener y eliminar los tipos de violencia”.
“Independiente del proceso federal, que en su momento concluirá la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de cuyos resultados seremos respetuosos”, agregó.
En su discurso, argumentó que los feminicidios se han convertido en un problema de “carácter nacional”, por lo que la declaratoria de alerta se ha decretado en siete estados, mientras que en otros 24 está en proceso de dictaminación.
El gobierno del estado puntualiza siete aspectos a atender, la principal se enfoca en fortalecer la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios.
Después se atenderá la consolidación del funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado, así como asegurar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos, que permita el registro de la incidencia de la violencia contra las mujeres, con el propósito de generar estadísticas, a fin de realizar acciones efectivas de prevención y erradicación.
También se incluye el establecer acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, además de reasignar recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de violencia de género y feminicida.
Por último, se aborda la implementación de medidas para dar cumplimiento a la reparación del daño a las víctimas y consolidar los instrumentos que hagan efectivo el cumplimiento de las leyes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres.
En su discurso, Astudillo narró que desde principios de su administración había señalado su interés y voluntad política para atender las demandas presentadas por diversas organizaciones, a fin de atender los problemas de violencia de género y feminicida que prevalece.
Sostuvo que por eso se inició un proceso incluyente para “escuchar al movimiento amplio de mujeres que estaban solicitando la declaración de alerta de violencia de género”.
“La posición enfática del gobernador fue impulsar acciones integrales para atender estos reclamos, con sensibilidad y respeto de los procedimientos” de ley, agregó.
Recordó que el 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres AC presentó al Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), en calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una solicitud de declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres.
Dijo que para el 28 de junio del mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud y la remitió a la Secretaría Ejecutiva, desde donde informaron al gobierno estatal sobre la solicitud.
Para el 12 de septiembre, el gobierno del estado recibió el informe, que contenía 10 conclusiones y 52 indicadores que debieron cumplirse en seis meses, por lo que entregaron en la prorroga autorizada hasta el 14 de marzo de 2017.
Astudillo dijo que al emitir esta Alerta de Violencia de Género, el gobierno reconoce el ineludible deber de establecer medidas emergentes para detener la violencia de género y la violencia feminicida.
Solicitó al Poder Legislativo avanzar en la armonización de las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres, así como pidió al Poder Judicial que garantice el acceso a la justicia y la sanción efectiva a quienes cometan agravios en contra de las mujeres.
Pidió que en la procuración de justicia se garantice la atención “sensible” a las mujeres víctimas de la violencia y la aplicación de protocolos de actuación en la investigación de los delitos que dañan a las mujeres guerrerenses.
También hizo un llamado a los ayuntamientos a cumplir con sus deberes legales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Al anuncio asistieron el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame; la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García; el de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el p residente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno; y la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, la perredista Yuridia Melchor Sánchez.

Se reconoce el feminicidio como un problema grave, celebran activistas

 

Con sorpresa y sospecha feministas que promueven la aplicación de la Alerta de Género en Guerrero, conocieron en redes sociales “la auto declaración” del gobernador Héctor Astudillo Flores un día antes de que las activistas denunciaran el incumplimiento del gobierno del estado y los ayuntamientos, de varias recomendaciones del Grupo de Trabajo creado para atender la solicitud ante la violencia feminicida en ocho municipios del estado.
Sin embargo destacaron que a casi un año de que presentaron la solicitud en la Secretaría de Gobernación (Segob) mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Conavim), el estado reconoce el feminicidio como un problema grave.
La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres, Marina Reyna Aguilar informó que el martes a las 11:30 de la noche recibió la invitación a la actividad de ayer del gobernador, y no asistió por cuestiones de agenda.
Pero conoció con sorpresa la declaración del gobierno estatal, al margen del proceso en la Segob.
Reveló que las organizaciones de la Alianza programaron una conferencia de prensa para este jueves, un día antes de que se cumpla un año del trámite en la Segob, porque descubrieron que el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones del Grupo de Trabajo creado para atender la solicitud de alerta de género.
Denunció que los ayuntamientos tampoco atendieron algunas de las recomendaciones, y consideraron necesario denunciar el incumplimiento.
Opinó que este anuncio implica voluntad política para atender el problema, “si existe voluntad debe haber justicia para las mujeres y el trabajo debe comenzar ahora”.
Del Grupo Plural, Viridiana Gutiérrez consideró sospechoso el anuncio, dado que apenas la semana pasada la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O declaró que había más muertes violentas de hombres “y nadie dice nada”, cuando se le preguntó de los feminicidios.
No obstante, Viridiana Gutiérrez celebró que el gobernador acepte que el problema es grave y que se tiene que hacer algo, aunque el procedimiento es incorrecto ante el proceso que sigue abierto en la Segob.
Además opinó que el plan del gobernador sólo contiene acciones ordinarias que debe aplicar cualquier gobierno estatal.
Insistió en que ante la violencia feminicida se deben de desarrollar acciones emergentes, como cuando se activa el plan DN-III del Ejército para contingencias naturales.
La feminista María Luisa Garfias Marín advirtió que la declaratoria “a todas luces tiene fines políticos” frente a las elecciones locales y federales de 2018, y para invisibilizar a la Alianza Feminista.
En consulta telefónica explicó que Astudillo aceptó públicamente que la “autodeclaración” es resultado del análisis del Grupo de Trabajo que se creó a propósito de la solicitud de Alerta de Género, pero no mencionó que fue presentada por la Alianza Feminista.
El anuncio ocurre dos días antes de que se cumpla un año de que el colectivo llevó la petición formal a la Conavim, ahora “él se adelanta porque sabe que viene la declaratoria, y retoma prioritariamente acciones en los ocho municipios señalados en la solicitud”, que son Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa, Ayutla, Coyuca de Catalán y Ometepec.
Opinó que el gobernador pretende golpear a las promoventes de la alerta, sin embargo, “políticamente el golpe lo recibió su gobierno porque reconoce los feminicidios después de haberlos negado”.
También consideró que está maquillando las cifras ante la opinión pública, porque la Alianza documentó mil 500 mujeres asesinadas de 2005 a 2016 en su diagnóstico, y el estado habla de 142 feminicidios del 2010 al 2016.
Aseguró que el gobierno incumplió las 10 recomendaciones que planteó el Grupo de Trabajo para emprender acciones positivas en favor de las mujeres en un plazo de seis meses, que concluyó a mediados de marzo.
A partir del análisis del informe del gobierno sobre el cumplimiento de las recomendaciones, la Cona-vim iba a evaluar la pertinencia de la alerta en Guerrero.

Exige Tlachinollan la declaración de la alerta de género para Guerrero ante los feminicidios

 

En el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió a las autoridades municipales, estatales y federales la declaración inmediata de la alerta de género, ante el incremento de feminicidios en el estado, y que se atiendan las recomendaciones internacionales para erradicar la violencia de género.
Mediante un comunicado, Tlachinollan pide respeto a los derechos de las mujeres, un alto a la violencia institucionalizada, y el cese de la criminalización en casos de legítima defensa ante una situación de violencia, que las autoridades gubernamentales no han atendido.
Explica que Guerrero es una de las entidades más afectadas por la violencia de género, pero que ha sido minimizada por las autoridades; recalca que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la ONU-Mujeres, el estado se ha mantenido en los primeros lugares en el índice de feminicidios durante los tres últimos años.
Detalla que por eso organizaciones de mujeres, desde el año pasado han solicitado a las autoridades la declaratoria de alerta de género en el estado, pero que han evadido el planteamiento y optan por acciones que no combaten el problema desde el fondo.
Las mujeres siguen padeciendo discriminación y criminalización del sistema de justicia que atiende a víctimas de violencia, abunda.
En el documento, remarca que el estado es un referente nacional de la violencia institucional castrense ante los casos emblemáticos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, que generaron dos sentencias contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), resoluciones paradigmáticas y obligatorias que todas las autoridades tienen que atender y a las que deben dar cumplimiento.
Sin embargo, a siete años de la emisión de las dos sentencias, en Guerrero los jueces y juezas carecen de sensibilidad para tratar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres y desconocen el manejo de los estándares más altos a nivel internacional, para brindar protección a los derechos de las mujeres, además de denigrar y revictimizar a las mujeres indígenas que se atreven a denunciar a sus agresores y, lo que es peor, se ponen de su lado.
Mencionan los casos de Juana Ramírez Marcos y Elvia Méndez Castillo, dos mujeres indígenas nahuas, víctimas de violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual por parte de sus  parejas, que enfrentan procesos legales por actos de legítima defensa, como responsables de lesiones agravadas que provocaron a sus parejas.
La jueza segunda de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Morelos las condenó a más de un año de prisión y a la reparación del daño en diciembre de 2016.
Juana y Elvia han vivido en carne propia el estigma de “mujeres violentas”, como las calificó la misma jueza, por haberse defendido de sus agresores.
Estos casos demuestran cómo varios jueces y juezas siguen resolviendo de manera rudimentaria y sin perspectiva de género casos de violencia contra las mujeres, sin aplicar los protocolos para la adecuada atención de la violencia de género.
Lamenta que, aunque en Tlapa, en 2015 se haya inaugurado la primera Ciudad Mujer en el país con el objetivo de brindar una atención integral, rápida y eficiente a las mujeres de la Montaña, respetando sus derechos humanos y su cultura, esta instancia desconoce la situación de Juana y Elvia, y de la violencia.
Repudia que en víspera del Día Internacional de la Mujer, la Montaña se enluta nuevamente con el asesinato de Isabel Roque Cortés, madre de familia de 35 años de la comunidad me’phaa de La Taberna, anexo de Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, quien fue asesinada por su pareja Juminiano Galindo el 7 de marzo.

 

Bloquean vecinos de la sierra de Atoyac tres horas la carretera; piden un puente y la salida del Ejército

Habitantes y comisarios del brazo serrano de Pie de la Cuesta en el municipio de Atoyac bloquearon por más de tres horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir se les cumpla con la construcción de un puente y se retire el Ejército de esa zona.
Los manifestantes de las comunidades de La Cebada, Plan del Carrizo, Santo Domingo, Pie de la Cuesta y Las Fundiciones cerraron la vía federal de manera intermitente a la altura del entronque de la Y Griega y luego como a las 11 de la mañana cerraron el paso de manera total.
Solo se permitió el paso a ambulancias que trasladaban enfermos a la ciudad de Atoyac y Acapulco.
Cerca de 80 comisarios y campesinos exigieron la construcción de un puente en la localidad de Plan de El Carrizo después fue arrasado por la tormenta Manuel en 2013.
El vocero de los comisarios, Ignacio Ciprés Caballero dijo que el alcalde de Atoyac, Dámaso Pérez Organes, se había comprometido en campaña a que se iba construir un nuevo puente en esa zona.
A casi dos años de gobierno municipal, señaló que sólo quedó en promesas “por eso bloqueamos a ver si nos hacen caso, desde el 2013 estamos afectados, hemos sacado varios carros entre toda la gente porque se los lleva el río, por eso estamos aquí”.
Adelantó que no descartan hacer movilizaciones más radicales en caso de no ser atendidos.
Reiteró que el alcalde Dámaso Pérez se comprometió con los vecinos de la zona que no sólo iba a hacer un puente sino dos “pero con que nos haga el principal está bien”.
Los manifestantes dieron a conocer que en época de lluvias unos 3 mil habitantes de seis comunidades se quedan incomunicados.
Informaron que los pueblos más afectados son los de la parte alta de Santo Domingo, Pie de la Cuesta y Las Fundiciones, que quedan sin comunicación con la cabecera municipal.
Abundaron que el río de ese tramo es muy caudaloso en lluvias y ha arrastrado varias camionetas incluso murió un menor ahogado.
Además solicitaron que el Ejército regrese a los cuarteles ya que los militares abusan y tratan mal a los habitantes en los retenes de revisión que instalan.
Los pobladores acusaron que la revisión aparte de ser física también es en los celulares así como en sus productos que transportan como son despensa, “y es molesto además de que nos quita mucho tiempo, que regresen a sus cuarteles” pidieron.
A la hora del bloqueo fue retirado el retén de militares sobre el bulevar Atoyac-Y Griega, en la colonia Nuevo Horizonte.
Aproximadamente a la 1 de la tarde llegó el secretario de Gobierno municipal, Abel Gómez Ozuna, para dialogar con los manifestantes.
Después los manifestantes liberaron la vía y se trasladaron a la Ciudad de los Servicios (sede del Ayuntamiento) para firmar una minuta de acuerdos y programar una audiencia con el alcalde para que sean atendidos.

Critican grupos feministas a la Fiscalía por evadir decretar la alerta de género

 

Integrantes de organizaciones feministas reprocharon que la Fiscalía evada la emisión de la Alerta de género bajo el argumento de que las mujeres asesinadas tuvieron vínculos con el crimen organizado.
En conferencia de prensa para anunciar la Primera Reunión Preparatoria Rumbo al Encuentro Nacional Feminista que se realizará en el Centro Internacional Acapulco (CIA), este sábado, la presidenta de la organización Mujeres y Hombres Avanzando Juntos, María de Jesús Martínez Hernández, denunció que el 5 por ciento de las prerrogativas de los partidos políticos no son aplicadas para la capacitación de sus miembros sobre la perspectiva de género.
Criticó también que el gobierno del estado “gaste los recursos convocando a conciertos y diciendo que así es como se empodera a las mujeres. El gobierno del estado invita a Margarita la Diosa de la Cumbia a un concierto y el testimonio de su vida no empodera a las mujeres”.
Respecto a las declaraciones del fiscal Javier Olea, quien dice que las mujeres asesinadas están involucradas en actividades del crimen organizado, la activista señaló que no hay una investigación real de la Fiscalía.
“No investigan bajo qué circunstancias están (las mujeres en esas actividades), porque muchas veces ellas son amenazadas para permanecer allí, son raptadas, secuestradas y las fuerzan a trabajar. Hombres y mujeres pienso yo, no están trabajando en eso por gusto”, dijo Martínez Hernández.
Señaló que cuando las organizaciones feministas buscan dar seguimiento a los casos, se encuentran con expedientes en los cuales, los nombres de las víctimas parecen como “reservado”.
“El procurador dice que las mujeres están dentro del crimen organizado, las llevan sus propias parejas y terminan siendo ultimadas con sus parejas sentimentales, pero no investigan, no hay carpetas abiertas. Solamente tenemos cifras y al parecer no le importan a nadie, las mujeres son números que allí se quedan, y a las investigaciones aparecen como nombre reservado cuando nosotros hacemos una investigación como organización”, señaló.
Dijo que la atención a la línea telefónica de atención a emergencias 911, carece de atención a víctimas de violencia de género.
“Son militares los que están atendiendo el 911 y a las mujeres no les garantiza nada, están apareciendo mujeres muertas a golpes, y otras que son parte de la organización a quienes hemos tenido que acompañar al Ministerio Público porque el 911 no llegó”, denunció.
Durante la conferencia señaló que la resistencia detiene la generación de políticas públicas para mujeres: “¿se niegan a trabajar para las mujeres?, ¿se niegan a reconocer los derechos de las mujeres? Tenemos dos casos tratados como feminicidio, y hasta noviembre del año pasado teníamos 77 feminicidios”, expresó.
La organización que preside atiende diez casos de mujeres violadas.
En la conferencia también estuvieron la integrante de la organización Renovación con Valores, Anabel Martínez Miranda, y la activista Alma Rosa Salgado, quien también forma parte de la organización Mujeres y Hombres Avanzando Juntos.
El objetivo de la reunión, que se llevará a cabo este sábado, es con miras a integrar una agenda nacional que aborde temas sobre la discriminación, el aborto y el gasolinazo principalmente, mismo que se discutirá en Encuentro Nacional que se realizará en Puebla en septiembre, a la que acudirán 130 activistas de Guerrero.

Fueron asesinadas 199 mujeres en Guerrero desde enero de este año; 96 son en Acapulco

Desde enero de 2016, 199 mujeres han sido asesinadas en distintos hechos de violencia en el estado, es decir, un promedio mensual de 16.58 víctimas, indica un recuento de la información publicada en El Sur.
En Acapulco fueron asesinadas 96, el mayor número en comparación con otras regiones, le siguen en mayor número de mujeres asesinadas Chilpancingo con 17, Iguala con 14 y Zihuatanejo con siete; Coyuca de Benítez, Chilapa, San Luis Acatlán, con cuatro casos en cada municipio; Huitzuco, Ayutla, Cocula, Atoyac, Tlapa, Tecpan y Eduardo Neri (Zumpango), con tres muertes en cada caso.
Continúan Copalillo, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Tixtla, Igualapa, Quechultenango, Pilcaya, Buenavista de Cuellar y Ajuchitlán del Progreso, con dos; y Arcelia, Tlapehuala, Taxco, Marquelia, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Copanatoyac, Leonardo Bravo, Florencio Villareal (Cruz Grande), Ometepec, Azoyú, Apaxtla de Castrejón, La Unión y Zirándaro, con uno en cada demarcación.
El año pasado, al menos 162 mujeres fueron asesinadas en Guerrero, por lo que feministas y organizaciones de mujeres han demandado al gobierno del estado la declaratoria de alerta de género, pero el gobernador, Héctor Astudillo Flores se ha negado, argumentando que deben analizarse todos los casos y que no hay elementos para que en la entidad se emita tal declaratoria.

Amas de casa, comerciantes, estudiantes, empleadas y policías, entre las víctimas de la violencia

Las edades de las víctimas van de los 14 a los 88 años, y entre ellas hubo amas de casa, estudiantes, empleadas y funcionarias de gobierno, trabajadoras de la iniciativa privada, una policía municipal, mujeres que se dedicaban a la preparación y venta de alimentos, comerciantes, una guardia de seguridad, empresarias, una maestra de primaria, trabajadoras de centros de diversión, una coordinadora de taxis, una trabajadora doméstica, una estilista, y una checadora de autobuses del servicio público de transporte.

Los crímenes a lo largo del año

El 24 de enero de 2016, los cuerpos de dos mujeres fueron encontrados en una fosa clandestina en la carretera de Amojileca y Xocomanatlán, del municipio de Chilpancingo. Seis días después, dos mujeres y un hombre fueron ejecutados a balazos en la colonia 24 de Febrero, en Iguala, hecho en el que otro joven fue herido.
El siete de febrero, en el municipio de La Unión, en la carretera que conduce a la salida de la cabecera municipal hacia Coahuayutla, una mujer identificada como Adalberta Ocampo Rivera de unos 35 años, fue asesinada de nueve balazos.
El 22 de ese mes, en el paraje conocido como La Barranca del Salitre, en la comunidad de Nuevo Balsas, Cocula, se encontró el cuerpo lapidado de una mujer que había desaparecido días antes.
El 25 de febrero, una estudiante de 22 años de la Unidad Académica Preparatoria número 26 de Chilapa, fue encontrada desmembrada, degollada y semienterrada en un predio en el fraccionamiento Los Reyes, en la periferia de la cabecera municipal.
La noche de ese día, una pareja fue ejecutada a balazos por dos hombres armados, afuera de su casa en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa.
El 2 de marzo, hubo cinco asesinatos, entre ellos dos de mujeres, en Acapulco. El día 22, una mujer fue asesinada a machetazos en la colonia Emiliano Zapata, y el 12 de abril fue encontrado el cuerpo de una mujer desmembrada dentro de bolsas negras en la colonia Progreso, también del puerto de Acapulco.
El 28 de marzo en Tlapa, Arturo o Aurelio Castañón Ramírez de 38 años asesinó de cuatro disparos a su pareja, Cinthia Guadalupe Quiroz de 25 años, originaria de la comunidad de Plan de Guadalupe, Atlamajalcingo del Monte, donde se desempeñaba como policía municipal. El feminicida se suicidó.
En la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, la noche 8 de abril, hombres armados se metieron a una casa del barrio San Martín, donde asesinaron a una mujer de 30 años y su hijo de 10, a balazos en la cabeza.
El 13 de abril, el cuerpo de Yessica Salgado Ramos fue encontrado en una calle de terracería de la colonia Villas del Sol, en la periferia de Chilpancingo, con un balazo en la cabeza, apuñalada, semidesnuda y con huellas de tortura. Según reportes policiacos, días antes, hombres armados sacaron a la mujer de su casa en El Ocotito.
En otro caso similar, el 1 de mayo, la oficial de la Policía Municipal de Tecpan, María Antonio Romero de 20 años fue asesinada a balazos por su pareja, adentro de una casa en ese municipio. De acuerdo con el reporte oficial se trató de un femenicidio; el asesino es un policía federal del sector Caminos activo.
El 22 de mayo, un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y presuntos delincuentes dejó una policía estatal y un civil muertos, así como tres heridos en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa.
El 26 de mayo, una mujer fue hallada muerta a pedradas en la colonia El Cayaco, en la zona conurbada de Acapulco. La víctima estaba en la zanja de una terracería. Los peritos informaron que la mujer, de unos 30 años, murió a consecuencia de golpes propinados con bloques de concreto y troncos de madera.
El 30 de mayo, la restaurantera y también vendedora de bienes raíces, María de Lourdes Maldonado de la Cruz fue ejecutada en la calle Gonzalo N. Ramírez, de la colonia Tribuna Nacional, en Chilpancingo, a unos 100 metros de la casa del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El 7 de junio, los cuerpos de dos hombres y una mujer fueron encontrados en fosas clandestinas en la colonia Nueva Orleans, de Chilapa.
El 28 de junio, fue asesinada a balazos una mujer en Acapulco. Unos días antes, el 24 de junio, en distintos hechos, cuatro hombres y dos mujeres fueron ejecutados en la cabecera municipal de Iguala y en la comunidad de Zacacoyuca en ese municipio. Cinco de las seis víctimas fueron halladas con el tiro de gracia y los ojos vendados, además de que dejaron junto a los cuerpos una narcomanta.
El 14 de julio, una joven de unos 20 años fue asesinada a balazos, su cuerpo fue hallado en el nuevo libramiento a Tixtla.
El 19 de agosto, dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en Tierras Prietas, a unos 500 metros del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo.
Seis días después, el 25 de agosto fueron asesinadas una mujer y una niña, junto con un hombre, durante el asalto a una tienda de la colonia 21 de Marzo, de Chilpancingo.
El 25 de septiembre, fueron ejecutados a balazos una estudiante de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación, un estudiante de la Preparatoria 33 de la UAG, una niña de dos años y un hombre, durante el asalto a una tienda de abarrotes en la colonia CNOP, en Chilpancingo.
El 4 de octubre, un hombre encapuchado ejecutó a una mujer afuera de su casa en la colonia Guadalupe, en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar.
El 6 de octubre, ocurrieron tres asesinatos a balazos en distintos hechos de violencia en Acapulco, entre ellos el de una vendedora de jugos en el fraccionamiento Costa Azul. El día 12 de ese mes, el cuerpo de la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, quien estaba desaparecida desde el 22 de septiembre, fue hallado en un barranco de la playa La Majahua, en Zihuatanejo.
El 17 de octubre, tres cuerpos, el de una mujer y los de dos hombres, fueron exhumados de una fosa clandestina en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid, en la parte alta de Las Cruces, en Acapulco.
El 3 de noviembre, una mujer fue ejecutada frente a sus hijos en su casa en la comunidad de Arroyo del Zapote, municipio de Ayutla.
Seis días después, la dueña de una cocina económica en Tecpan fue asesinada a balazos en la periferia de la cabecera municipal.
En Acapulco, el 19 y 20 de noviembre hubo 10 asesinatos, entre ellos los de una adolescente y de una mujer adulta.
El líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecieron el 24 de noviembre cuando se trasladaban a Chilpancingo, a una reunión en Palacio de Gobierno. El domingo 4 de diciembre, fueron encontrados sus cadáveres, envueltos con zarapes y lonas, cerca de Las Antenas, en Zumpango, a más de hora y media de camino de la carretera federal Chilpancingo-Iguala.
El cuerpo de una joven estilista de 20 años, que desapareció en octubre en Chilapa, se encontró entre los 32 cadáveres hallados en las 20 fosas clandestinas en el cerro Tenanchitla, en Zitlala, el 5 de diciembre.

En este año 20 mujeres indígenas me’phaa han sido asesinadas en Ayutla y Acatepec, denuncia la OPIM

 

En medio de una violencia que ha dejado 20 asesinatos de mujeres me’phaa en lo que va del año, solamente en los municipios de Ayutla y Acatepec, y la negativa del gobierno estatal a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena en Ayutla, se celebra este 25 de noviembre el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
La presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel se quejó de que los gobiernos estatal y federal no tienen voluntad para revertir el ambiente de violencia que se acentúa en contra de las mujeres.
Informó que en lo que va del año, 20 mujeres me’phaa han sido asesinadas en diferentes sitios del estado.
Detalló que los casos emblemáticos son dos mujeres de La Ciénega, municipio de Ayutla, quienes fueron asesinadas en Acapulco donde trabajaban para ayudar al sustento de sus familias; en Tres Cruces asesinaron a tres; otra fue asesinada en Tlapa, y dos más en Barranca de Guadalupe.
“Con todo esto, no nos pueden decir que no hay violencia contra las mujeres, y todavía el gobierno estatal se niega a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, en donde debieran ser atendidas las mujeres víctimas de violencia y sus familiares”, dijo.
La presidenta de la OPIM denunció que el gobierno estatal se ha negado a declarar la alerta de género, aun cuando siguen matando a las mujeres.
La dirigente indígena lamentó que los gobiernos federal y estatal todavía no hayan inaugurado el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, que se construyó como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Coidh) por el caso de la violación de la indígena Inés Fernández Ortega.
Dijo que el gobierno estatal ha argumentado que no se ponen de acuerdo en quién va a administrar el Centro.
Aclaró que, cuando menos la OPIM no quiere adueñarse de la institución, sino que pide que las mujeres que pertenecen a esta agrupación formen parte, porque es lo que dice la sentencia de la Coidh.
Sin embargo, explicó que las autoridades estatales se están aprovechando de las diferencias para no abrir las instalaciones de ese centro con lo que se está retrasando la atención a las mujeres indígenas e incumpliendo el resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana.
Eugenio Manuel demandó que ya basta de que el gobierno argumente que alguien quiere adueñarse del Centro, “en la sentencia se define cómo debe trabajar. Establece que se tiene que hacer un fideicomiso para que pueda funcionar ese centro”, explicó.
Añadió que en la misma resolución menciona que, en ese Centro tienen que participar todas las mujeres indígenas, “y si Inés Fernández Ortega quiere participar, así dice la sentencia, pero nadie ha dicho que alguien es el dueño, ni Tlachinollan, ni Inés son los dueños, ese es un organismo colectivo”.
Insistió que en el caso de la OPIM, simplemente pide su inclusión, y que ya se abra para que las mujeres indígenas reciben el apoyo a través de ese Centro.

Es oportuno emeitir la alerta de género ante la violencia contra mujeres, dice el arzobispo

El arzobispo de la diócesis de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, dijo que será oportuno emitir la alerta de género para generar respuesta ante los hechos que resultan amenazantes para las mujeres.
En comunicado, Garfias Merlos explicó que las alertas son llamadas de atención para la prevención, la atención y responsabilidad de las autoridades y de la sociedad civil, ante una emergencia o una realidad amenazante y peligrosa.
Abundó que las alertas se han convertido en un tema controvertido, por las diferentes concepciones e interpretaciones que se les ha dado, cuando se han declarado en Guerrero, o cuando otros países las declaran, advirtiendo que hay riesgo o definitivamente es peligroso venir a México o a Guerrero.
Desde el 14 de este mes y hasta este domingo, seis mujeres fueron asesinadas, entre ellas una decapitada en distintas colonias de Acapulco.
El martes, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregará a la Alianza Feminista y al gobierno del estado el informe, las conclusiones y las recomendaciones del grupo de trabajo, que se integró para determinar el grado de violencia feminicida que existe en Guerrero, producto de una solicitud para que se declare la alerta por violencia de género en ocho municipios de la entidad.
Por otro lado, el arzobispo dijo que la alerta de viaje emitida por el gobierno de Canadá, representa un daño a la imagen de los destinos de Guerrero, pues la percepción que se tiene en muchas ocasiones está más allá de lo que en realidad pasa.
Añadió que la alerta habrá que entenderla como derivada de la percepción que se tiene en ese país, sobre la situación de violencia que se vive en Guerrero y particularmente en Acapulco.
Explicó que esta alerta de viaje, en la que el gobierno de Canadá pide a sus compatriotas no visitar o tener cuidado al acudir a alguno de los centros turísticos de la entidad, puede tener una connotación de prevención y de atención esmerada a la situación que vivimos. Antes también se había dado la misma alerta con las autoridades de Estados Unidos y de España.
Recalcó que es importante que todos comprendamos lo que significan las alertas y las comprendamos en su justo término, que ayuden a prevenir y a organizar para atender las emergencias y las situaciones críticas que nos exige la realidad.
Llamó la colaboración de todos, a las autoridades para implementar estrategias específicas de tipo preventivo y reactivo, a la sociedad civil para que colabore estrechamente con los diversos órdenes de gobierno.
Añadió también a los prestadores de servicios turísticos y la atención brindada a los visitantes, a los medios de comunicación para hacer una labor informativa responsable y sin tendencias; así también, desde las diversas instituciones es necesaria la propuesta, para generar alternativas que permitan promover una sociedad en paz.
El lunes, el gobierno canadiense sugirió a sus ciudadanos no viajar a Acapulco y advirtió en su más reciente actualización, que debido a los “altos niveles de actividad delictiva, así como manifestaciones, protestas y bloqueos en el país”, evitar los “viajes no esenciales”.
En otro tema, el arzobispo pidió a los maestros, en alusión a los miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), “pedimos a todos los involucrados que el regreso a clases se realice en paz, con gran participación y entusiasmo, pensando que cualquier planteamiento debe tener en el centro el futuro de los estudiantes y el mejoramiento de la educación de los jóvenes para lograr una mejor sociedad”.
“No es válido que se afecten los intereses de terceros. Los niños y jóvenes de éste y todos los estados, tienen derecho a recibir educación, una educación de calidad y que esté a la altura de las necesidades de los tiempos actuales”, puntualizó.
Afirmó que la educación es el camino correcto para combatir diversos problemas, pues a través de ella, los estudiantes tienen la oportunidad de aspirar a mejores condiciones de vida, a una mejor preparación y a una mayor competitividad.
Exhortó a los maestros, directivos, padres de familia y alumnos, a que estén conscientes de lo importante que es dar continuidad a los procesos educativos. “Recientemente en nuestro estado, hemos tenido diversas manifestaciones en contra de la reforma educativa”.
Informó que el próximo mes iniciarán los talleres de las Escuelas de Perdón y Reconciliación (Es.Pe.Re), que se trata de espacios comunitarios, en donde los participantes tienen la oportunidad de transformar de manera constructiva sus rencores, sus odios, sus deseos de venganza y reconvertirlos para bien.
Explicó que estos talleres forman parte del esfuerzo que la Arquidiócesis realiza para contribuir en la construcción de la paz, la necesidad de buscar un cambio y promover, por medio de una metodología específica, el apoyo a las víctimas de violencia y a victimarios para que reconstruyan su proyecto de vida.