A 11 días de la desaparición de una familia, la pareja y dos de sus hijos, de la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado resultados de la búsqueda.
Por el contrario, a raíz de la presentación de niños armados que se incorporaron a la Policía Comunitaria debido a ese acontecimiento, la dependencia suspendió la comunicación con las autoridades del pueblo y estas, incluso, desconocen si continúan las investigaciones para dar con su paradero.
Anoche circuló la versión entre vecinos de la localidad que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda estará hoy en Ayahual-tempa con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso y otros funcionarios.
El integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua y comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), Antonino Toribio Gaspar declaró ayer por teléfono, que, mientras tanto, sigue la amenaza de las autoridades estatales de criminalizar las acciones de la Policía Comunitaria de ese lugar, en vez de investigar y perseguir a quienes privaron de su libertad a sus vecinos.
El 19 de enero fueron privados de su libertad Cecilia Gaspar Hernández de 50 años, su esposo José Teodoro Domingo Ortiz de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio de 30 y 22 años en el punto conocido como Zacatepec, municipio de Chilapa.
Derivado de esos hechos, el 24 de enero la CRAC-PF y el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua armaron y presentaron a 15 niños y cinco niñas que se incorporaron a la Policía Comunitaria para el resguardo del pueblo y sus familias, en tanto los adultos participan en las búsquedas de la familia que fue privada de su libertad.
El 25 y 26 de enero el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso y el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros anunciaron que el gobierno estatal presentará demandas por el delito de “abuso de infantes”, en contra de quienes armaron y presentaron a los niños.
En declaraciones por teléfono ayer, Toribio Gaspar denunció que por lo pronto, en represalia la FGE suspendió la comunicación con las autoridades del pueblo y que debido a ello desconocen si continúan las investigaciones para localizar a los desaparecidos, o se suspendieron.
Informó que los funcionarios de la FGE sólo se comunican con los familiares de los desaparecidos, pero que éstos les han informado que no les han dado a conocer avances de las investigaciones para encontrarlos.
En cambio, informó que siguen las advertencias del secretario Marcial Reynoso y del director Rodríguez Cisneros, de que se van a presentar las denuncias correspondientes en contra de quienes armaron y presentaron a los niños.
La CRAC-PF incorporó a la autodefensa y presentó en la cancha de la comunidad del municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) a los menores que tienen entre 12 y 17 años, ante el asedio del crimen organizado y en defensa del territorio, luego de que suman 17 vecinos asesinados y siete desaparecidos, entre ellos cuatro integrantes de una familia de la que no se sabe desde el 19 de enero. Al esposo, la esposa y dos de sus hijos los tiene un grupo criminal en Tlanicuilulco, informa un familiar y pide la intervención del presidente López Obrador y de la gobernadora Evelyn Salgado para hallarlos con vida Foto: Lenin Ocampo Torres
Arman en Ayahualtempa a 15 niños y cinco niñas como parte de la CRAC-PF en defensa del territorio
Incorporan a los menores que tienen entre 12 y 17 años a la autodefensa ante el asedio del crimen organizado, y luego de que el 19 de enero fueron privados de su libertad integrantes de una familia, afirma la organización. El consejero Margarito Silva informa que a partir del 2018 han contabilizado 17 vecinos asesinados y siete desaparecidos por grupos criminales
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa, Hueycantenango
Autoridades comunitarias y pobladores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), presentaron este miércoles a 15 niños y cinco niñas y adolescentes que formarán parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para la defensa de su territorio y sus familias.
Los niños y adolescentes fueron incorporados a la autodefensa luego de que el 19 de enero fueron privados de su libertad integrantes de una familia, la pareja y dos de sus hijos, quienes hasta ayer seguían desaparecidos.
En una asamblea realizada en la cancha techada de la Comisaría municipal, los representantes de la CRAC-PF y del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua tomaron la protesta a los menores, cuyas edades son de entre los 12 y 17 años.
-“¿Están dispuestos a defender los derechos de su pueblo?”, -preguntó uno de los coordinadores de la CRAC-PAF.
-¡Sí!, respondieron al unísono los 20 niños y adolescentes.
Los menores fueron formados a lo largo de la cancha techada, algunos empuñaban otates en lugar de armas de fuego, pero la mayoría sostenían rifles calibres .22, escopetas calibre 20, 16 y 410.
El consejero Margarito Silva Hernández, informó que llevan varios días capacitándose en el manejo de las armas para la defensa de su territorio y sus familias, ante el asedio del crimen organizado.
Aclaró que los mayores se incorporarían a partir de ayer a las jornadas de búsqueda de los integrantes de la familia desaparecida, y los de menor edad se quedarán para resguardar al pueblo y no dejarlo indefenso ante la violencia del crimen organizado, que resurgió con la desaparición de los integrantes de la familia Teodoro Gaspar la semana pasada.
Silva Hernández informó que a partir del 2018 han contabilizado 17 vecinos asesinados y siete desaparecidos por el crimen organizado. Reconoció que durante el 2022 y 2023 disminuyeron las agresiones pero que este año resurgieron con la privación de la libertad de Cecilia Gaspar Hernández, su esposo José Teodoro Domingo, y sus hijos Roberto y Gaudencio Teodoro Gaspar, quienes fueron privados de su libertad el 19 de enero pasado en el punto conocido como Zacatepec, municipio de Chilapa.
Uno de los coordinadores de la CRAC-PF, denunció que el operativo que busca a la familia desaparecida, integrada por militares y agentes de la Policía del Estado y Ministerial recorre el territorio comunitario y en el sitio de donde se los llevaron, pero no va a donde les han indicado que podrían tenerlos.
Argumentó que ante la falta de resultados acordaron en asamblea el domingo pasado reforzar su Policía Comunitaria con la participación de los niños y adolescentes, para no desproteger al pueblo.
En esta comunidad, una de las más grandes del municipio de José Joaquín de Herrera, después de su cabecera municipal, Hueycantenango, se ha venido incorporando a niños y adolescentes a su autodefensa desde el 2019, ese año incorporó a 19 y en el 2021 a 35, informó el consejero Luis Morales.
Ayer se informó que aunque no se incorporaron a los operativos sí forman parte de la reserva que se queda en el pueblo ante alguna emergencia, “aunque la mayoría ya cumplió la mayoría de edad y se incorporó formalmente a nuestra policía”, dijo.
Los niños y adolescentes que se incorporaron ayer, realizaron una demostración y maniobras del manejo de su armamento frente a las autoridades comunitarias del pueblo, ante unos 500 pobladores, en su mayoría mujeres, y en presencia de reporteros que acudieron a su presentación. Los de menor edad blandieron hábilmente, en vez de armas de fuego, otates recién cortados.
La demostración apenas duró unos 10 minutos, enseguida, en fila, rifles y otates en ristre regresaron a la Comisaría municipal de donde habían salido para presentarse ante la asamblea.
“No nos dejan otra opción… los tres órdenes de Gobierno nos han abandonado”
Luis Morales Rojas argumentó que esto (la participación de los niños en la Policía Comunitaria) no es lo que quieren las autoridades ni los padres de los menores, “pero no nos dejan otra opción, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno nos han abandonado, nos han dejado solos ante el crimen organizado”.
Aunque en las diversas intervenciones no mencionaron el nombre del grupo delictivo que los asedia, los pueblos vecinos fuera del territorio comunitario están bajo control de Los Ardillos.
Morales Rojas pidió a las autoridades que hagan su trabajo, que les garanticen seguridad y que intensifiquen la búsqueda de los cuatro ciudadanos que están desaparecidos.
“Ya basta de tanta violencia. Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le advertimos que los niños siguen en pie para apoyar y resguardar el territorio comunitario”, dijo.
Expresó que es urgente que las autoridades atiendan su llamado, “hoy la población está aquí para exigir a nuestras autoridades de los tres niveles de Gobierno que ya no sigan ocurriendo estas desapariciones y esperamos que el Gobierno haga su trabajo y los rescate con vida”.
Clamó: “Entre los desaparecidos está una madre de familia, una señora de 52 años, y es un dolor muy grande que no sepamos de ella, por eso están aquí las señoras manifestándose, para que se rescate de manos de la delincuencia organizada, y si lo decimos así es porque tenemos el conocimiento de quién es el que nos está agrediendo en nuestros alrededores”.
El representante comunitario dijo que “en el pueblo de Ayahualtempa no vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a permanecer de pie manifestando todo lo que sea necesario, apoyándonos y coordinándonos autoridades y población”.
Dijo que la violencia es una preocupación de todos, “porque un día, que ni Dios lo quiera, otros más van a ser privados de su libertad o asesinados, y todos valemos lo mismo, hombre y mujeres”.
Otro consejero mandó un mensaje a los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno. Les dijo que es muy triste lo que les está pasando en este pueblo, “y queremos justicia, que nos den el apoyo, que no nos dejen y que nos echen la mano, que nos defiendan, hoy queremos de su apoyo y su ayuda”.
Uno de los vecinos, a nombre de los pobladores, reprochó a las autoridades que sus vecinos llevan seis días desaparecidos “y el Gobierno no nos ha dado ninguna respuesta, y por esa razón estamos aquí, no estamos porque queremos, ni porque es nuestro gusto presentar a nuestros niños como policías, sino para que también el Gobierno vea que nos interesa encontrar a nuestros ciudadanos perdidos y que queremos justicia”.
También hizo un llamado a los grupos criminales, “que ya no nos perjudiquen, entre nosotros nos conocemos y sabemos que no andamos en malos pasos, cada quien anda en sus labores, en sus siembras, o en el campo cuidando nuestros animalitos, no andamos haciendo cosas indebidas”.
Insistió en que está seguro que nadie de los vecinos de aquí ha hecho mal a nadie, “no sé por qué ese grupo nos odia, todas las personas que entran a nuestro pueblo así salen, ninguna persona queda detenida y ahorita solamente estamos peleando por nuestros ciudadanos”.
Se amplió la búsqueda de la familia desaparecida, dice el Gobierno del estado
Por su parte, el Gobierno del estado informó en un boletín de prensa que como parte de los operativos encabezados por la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, se ampliaron ayer las acciones de campo para localizar a las cuatro personas “que cuentan con reporte de desaparición en el municipio de José Joaquín de Herrera”.
Agregó que en el tercer día de búsqueda “las acciones implementadas por elementos de la Policía Ministerial Investigadora en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, se extendieron a la localidad de Zacatepec en la región Centro de la entidad”.
Se informó que se realizan recorridos a pie y a bordo de vehículos oficiales desde la mañana del domingo.
Reiteró que el martes personal de la dependencia atendió a habitantes de la localidad de Ayahualtempa, de donde son originarias las personas desaparecidas, “con quienes se llevó a cabo una mesa de diálogo en donde se les informaron los avances de las indagatorias”.
La FGE puso a disposición el número de atención 7474919443 “para que en caso de tener información que ayude a dar con el paradero de las personas, pueda aportarla a esta dependencia”.
Las autoridades comunitarias informaron en la asamblea de ayer que en la reunión que tuvieron con las autoridades el martes, no les dieron ningún avance de las investigaciones y que los familiares de las víctimas y los pobladores les pidieron que no los busquen en el territorio comunitario, porque ahí ya los buscaron ellos, sino que vayan al territorio que controla el grupo delictivo que se los llevó.
Una niña observa las butacas que el gobierno estatal mandó a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, para los alumnos de la telesecundaria que el miércoles marcharon y tomaron clases sentados en piedras y apoyados en cajas de madera y a la intemperie Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
Funcionarios del gobierno estatal fueron este viernes a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), y llevaron mobiliario escolar, material de oficina y equipo de cómputo para la telesecundaria Independencia de México.
Los funcionarios fueron encabezados por el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y se comprometieron a iniciar la construcción de esa escuela en abril próximo.
Acompañaron al director de Gobernación el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y también asistió el síndico procurador de José Joaquín de Herrera, Salvador Flores Castillo.
La visita de los funcionarios del gobierno estatal se dio dos días después de que alumnos de la telesecundaria Independencia de México marcharon acompañados de sus padres y maestros; mientras las autoridades comunitarias denunciaron que los gobiernos federal y estatal incumplieron con la construcción del plantel.
El miércoles, los maestros y padres de familia mostraron como reciben sus clases los niños, sentados en piedras y algunos sólo apoyados en cajas de madera, bajo la sombra de encinos, porque los gobiernos estatal y federal no han construido la escuela, como se comprometieron el año pasado, para evitar que los niños salgan a las poblaciones vecinas a estudiar ante el riesgo de la violencia.
Entrevistado después de una reunión con las autoridades comunitarias del pueblo en la cancha, el director de Gobernación, Rodríguez Cisneros, informó que entregaron 50 butacas, dos pintarrones, dos mesas y sillas para maestros, cuatro computadoras y dos impresoras.
El funcionario aclaró: “Esta entrega no obedece a la manifestación que (los pobladores) hicieron, ya lo habíamos acordado el lunes con el comisario municipal y con los líderes del movimiento comunitario, de que hoy estaríamos materializando el acuerdo que hicimos con ellos el año pasado”, aseguró.
Pero reconoció que los apoyos forman parte de la atención que tiene el gobierno estatal, “por lo que ustedes saben. Es una comunidad que se ha visto muy golpeada por la inseguridad y, en algún momento, en un acto de desesperación, tuvieron que recurrir a armar a los niños”.
El funcionario agregó que esta situación “no es correcta, porque nuestras niñas y niños deben estar en la escuela. Lo más preciado que tiene el ser humano es la niñez”.
Por ello, anunció que en este año el gobierno estatal va a construir dos aulas, un espacio para actividades cívicas y un módulo sanitario “para que la escuela sea una realidad y los niños y niñas ya no tengan que trasladarse a otra localidad a recibir su educación y, en todo caso, la reciban aquí, seguros”.
Rodríguez Cisneros informó que en cuanto a los otros compromisos que firmaron con los representantes de la población, y que no ha sido posible cumplir, como la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar, es porque tiene que ver con el gobierno federal.
Además, explicó que la normatividad no permite que se construya un banco en Ayahualtempa, pero informó que hay pláticas con el delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, para instalar un cajero en este pueblo.
Con respecto a la violencia, que de acuerdo con los representantes comunitarios se ha contenido en los últimos meses, no se han investigado los asesinatos y desapariciones ocurridas en años anteriores, el funcionario estatal aseguró que ha habido reuniones para atender el problema.
“Lo que tiene que ver con este tipo de indagatorias son situaciones complejas, porque además de cuidar el debido proceso, tienen complejidad por la región; sin embargo, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se están haciendo las acciones necesarias. Cada vez que las familias lo requieren y nos dan un indicio donde presumen que pudiera estar una persona desaparecida, la Comisión de Búsqueda en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal y la misma Fiscalía, acuden y se realizan las acciones, a veces hemos tenido resultados positivos”, aseguró.
Por su parte, el integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, organismo al que pertenece la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la policía comunitaria que opera en este pueblo, informó al término de la reunión que los funcionarios se comprometieron a que el 30 de abril comenzaría la construcción de dos aulas, un baño y una explanada.
Dijo que también a finales de este mes van a regresar funcionarios de la Secretaría de Salud, para la rehabilitación del centro de salud y atender las necesidades del mismo.
Con respecto a la construcción de la sucursal del banco, dijo que los funcionarios argumentaron que ya se construye en la cabecera municipal y que en Ayahualtempa solamente van a instalar un cajero automático.
Respecto a la pavimentación de 500 metros de la calle principal, por parte del gobierno estatal, los funcionarios les dijeron que el 21 de marzo iniciarán con la primera etapa.
Agregó que también los funcionarios se comprometieron a iniciar este año la construcción de un puente, que comunique a Ayahualtempa con la comunidad Amatitlán.
El representante comunitario admitió que no quedan satisfechos, “porque hay muchas más necesidades” y dijo que tienen un concentrado de peticiones desde 2019, cuando estaba el ahora ex gobernador Héctor Astudillo Flores, “quien no nos solucionó nada”.
El personal docente de la telesecundaria Independencia de México, de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), desmintió al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, respecto a que esa escuela carece de clave.
El personal de la institución mostró este viernes documentos que comprueban que desde el 23 de agosto del año pasado, le asignaron la clave 12DTV0581X, bajo la coordinación de la zona escolar 2023.
Las maestras declararon que “o está mal informado o mintió de mala fe el secretario”.
El secretario Rodríguez Saldaña informó el jueves a El Sur que la telesecundaria Independencia de México de Ayahualtempa no cuenta con clave y que por eso no se construye su edifico, como lo está pidiendo el personal docente, alumnos y padres de familia, pero que aun así le mandarían mobiliario este viernes.
La declaración del funcionario se originó debido a que el miércoles, los 60 niños, sus maestros y padres de familia marcharon para exigir la construcción de su plantel y mostraron como reciben sus clases: a la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos.
Este viernes, el personal docente mostró una tarjeta informativa que envió el jefe del Departamento de Telesecundarias, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alexis Ocampo Cervantes, al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, con fecha del 23 de agosto de 2022, en la que le notifica la autorización de ese “nuevo centro de trabajo” y le da a conocer la clave, “a petición de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores, de José Joaquín de Herrera”.
El documento dice: “Le informó que de acuerdo con la reunión del 15 de junio del 2020, con el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, se autorizó el centro de trabajo, asignándole la clave 12DTV0581X bajo la coordinación de la zona escolar 2023”.
Detalla el funcionario de la SEG que para el funcionamiento de esa telesecundaria, se ofrecieron dos espacios de docentes para iniciar el servicio educativo, y que fueron seleccionadas por personal en servicio las profesoras Yareli Coctecón Ángel y Marylú Basilio Ramírez, “quienes están en espera de que se emitan sus documentos de cambios de adscripción, por parte de la Dirección General de Administración de Personal”.
Se explica en el documento que una vez que llegan las profesoras al centro de trabajo de nueva creación, “el supervisor escolar deberá primeramente determinar, asignarle la encomienda a una de ellas, como responsable de la escuela, para que realice el siguiente trámite (notificación de movimiento al catálogo, gestión del nombre y clave)”.
En otro documento, denominado Cédula de Identificación del Centro de Trabajo, de la SEG, con fecha del 15 de noviembre de 2022, se precisa que la clave del centro de trabajo es 12DTV0581X y que el nombre es Independencia de México.
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, justificó que la secundaria de la comunidad nahua Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), no cuenta con clave, por eso no se les construye su plantel, pero que ya se la va a otorgar y recibirán apoyo.
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en Ayahualtempa, toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Por lo anterior, el secretario de Educación informó que es una escuela que no tenía clave, “al no estar registrada oficialmente ante la SEG no se podía generar ninguna inversión” por parte del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).
Dijo que a la secundaria ya se le otorgará la clave, por ello se le dará la atención. Indicó que este viernes, autoridades del gobierno estatal acudirán a la localidad para llevarles a los alumnos butacas y pizarrones.
El funcionario estatal destacó: “Ya le di instrucciones al IGIFE para que se atienda ese asunto y que apoyarán la demanda de los estudiantes, que es la infraestructura. Una vez que ya tienen la clave forman parte de la SEG”.
–¿Por qué no se les otorgaba la clave?
–Tiene que ver con la matrícula y que tengan un lugar dónde recibir las clases, tienen que cumplir varios requisitos.
Argumentó que la Subsecretaría de Planeación Educativa, que encabeza Benjamín Adame Pereyra, “ya les va a entregar la clave”.
–¿Cuántos alumnos debe de tener una escuela para adquirir una clave?–se le cuestionó.
–Para que una secundaria tenga clave deberá de tener 80 estudiantes y en Ayahualtempa acuden 59.
A pregunta sobre si es necesario que los alumnos tengan que protestar para que sean escuchados, respondió que las autoridades estatales los han atendido, por parte de la Secretaría de Gobierno.
Alumnos de la secundaria Independencia de México, de la comunidad de Ayahualtempa, toman clases a la intemperie y se sientan en piedras para recibir sus lecciones. Los niños no pueden salir de su comunidad debido a la violencia que desde hace años se vive en la región,y los padres optaron por abrir una escuela y pedir al gobierno estatal la reconstrucción de tres aulas para su funcionamiento, pero no se ha cumplido este compromiso Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niñas y niños indígenas de Ayahualtempa, comunidad nahua del municipio José Joaquín de Herrera acuden a estudiar en un terreno baldío a la entrada del pueblo, porque los gobiernos federal y estatal no han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo. Ayer, alumnas y alumnos marcharon en su comunidad, con sus maestros y sus padres y otros niños de primaria, para exigir la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico Foto: Lenin Ocampo Torres
Incumplen los gobiernos estatal y federal con la obra de una secundaria en Ayahualtempa
Niños indígenas de la comunidad nahua, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases en un terreno baldío a la salida del pueblo, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.
Dos jornaleros indígenas de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango), que la noche del miércoles denunciaron que venían privados de su libertad por civiles armados dentro del autobús en el que salieron de Baja California, fueron detenidos porque, según las autoridades, venían drogados y armados.
El comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y miembro del Consejo de Gobierno Nahua de ese pueblo, Antonino Toribio Gaspar, informó que sus paisanos fueron liberados por el Ministerio Público de Huitzuco la media noche del viernes, pero a las 6 de la tarde del sábado fueron detenidos ahora por la Casa de Justicia de la CRAC-PF de Ayahualtempa para su investigación y aclarar su situación.
La noche del miércoles Toribio Gaspar mandó un mensaje de voz a las autoridades del gobierno del estado para denunciar que, de acuerdo con sus dos paisanos, venían privados de su libertad por civiles armados que abordaron el autobús al pasar por la central de Sinaloa y que su intención era llevárselos hasta Acapulco junto con el resto de los pasajeros.
Por la denuncia de Toribio Gaspar, el autobús número 700 de la línea Élite fue interceptado por policías ministeriales y estatales en la caseta de Paso Morelos, pero al realizar la revisión encontraron que los indígenas de Ayahualtempa Noé Bolaños Gatica y Misael Bolaños Velázquez que habían hecho la denuncia venían en estado inconveniente, y según dijeron las autoridades a Antonino Toribio, al menos uno de ellos venía armado.
Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Huitzuco la noche del miércoles y fueron liberados la media noche del viernes, pero al llegar a su pueblo fueron detenidos nuevamente a las 6 de la tarde del sábado, ahora por la Policía Comunitaria de la CRAC-PF.
El integrante de la CRAC y miembro del Consejo de Gobierno Nahua informó ayer por teléfono que serán investigados y que si resultan responsables de algún delito serán castigados conforme a los usos y costumbres del pueblo.
Informó que sólo están esperando el expediente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“La CRAC-PF ya está investigando, porque se supone que ellos eran los agredidos y ahora resulta que, según el gobierno, ellos son los agresores”, agregó que lo que buscan es aclarar bien cómo ocurrieron los hechos.
Informó que, mientras tanto, los dos indígenas estarán detenidos hasta que se lleve a cabo una investigación, “y vamos a pedir una explicación, si los detuvieron fue por algún delito y no puede ser que los hayan soltado así como así”.
Declaró que la versión que le dieron del gobierno es que “venían drogados y armados, entonces nosotros vamos a ver la manera de solucionar esto, si son culpables de algún delito se tienen que juzgar conforme a nuestros usos y costumbres”, advirtió el dirigente indígena.
Añadió que las autoridades estatales les informaron que no eran los agredidos, sino que ellos fueron los agresores “y que les encontraron armas y drogas”.
Toribio Gaspar, informó que uno de los dos indígenas ya llevaba dos años trabajando en Baja California, el otro, estuvo un tiempo y luego se vino a Ayahualtempa unos meses con su familia y esta vez regresaba por segunda vez. Dijo que los dos indígenas son tío y sobrino y que en el pueblo no tienen antecedentes si consumen drogas, “pero la CRAC-PF está haciendo sus investigaciones y si resultan ser culpables, pues tienen que juzgarse”, advirtió.
Pobladores de Ayahualtempa marchan en la calle principal del poblado donde exigieron a los tres niveles de gobierno seguridad Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa/Hueycantenango
Más de 500 indígenas nahuas de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango), la mayoría niños y mujeres, marcharon ayer hacia la entrada de la cabecera municipal donde exigieron la salida de la Policía Municipal del territorio comunitario.
En la marcha, participaron policías comunitarios armados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), cuyos representantes acusaron a la Policía Municipal de trabajar para el grupo delictivo de Los Ardillos y los responsabilizaron del asesinato de siete indígenas y la desaparición de tres más en los últimos dos años.
El miércoles la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Ayahualtempa en un comunicado anunció que expulsaría a la Policía Municipal de su territorio y que ocuparía los módulos que instaló para “halconear” al servicio del grupo delictivo que ha venido atacando al pueblo.
Ayer, en el tradicional Día de los Reyes Magos, cuando se acostumbra obsequiar juguetes a los niños, unos 100 de ellos de esta localidad celebraron la fecha participando en la marcha en la que exigieron “justicia” para los asesinados y desaparecidos de su comunidad.
Los marchistas adultos gritaron insistentemente durante el recorrido vivas a “los niños huérfanos y a las mujeres viudas de México”.
En la protesta participaron, además, pobladores de Amatitlán, El Caracol y colonia Los Pinos, que son anexos del núcleo agrario de Ayahualtempa.
La demanda principal fue el retiro de la Policía Municipal del Crucero de Tlachimaltepec, ubicado cerca de la entrada a Ayahualtempa; del Módulo Municipal que está en la entrada a Hueycantenango y del punto conocido como Tres Postes Negros, que está a la salida norte de la cabecera municipal.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, demandaron a los tres órdenes de gobierno que se retire a la Policía Municipal de esos tres puntos y se instalen militares o agentes de la Guardia Nacional (GN) para que se encarguen de la seguridad.
Denunciaron que en esos sitios se instalan los elementos de la Policía Municipal, quienes en vez de brindar seguridad, sirven de halcones al grupo delictivo de Los Ardillos y vigilan los movimientos de los pobladores de Ayahualtempa y de sus tres anexos.
Silva Hernández dijo que en esos sitios, los policías municipales instalan filtros y ubican a los miembros de la CRAC-PF de Ayahualtempa cuando entran a la cabecera municipal donde son levantados o asesinados por el grupo delictivo, o incluso, por elementos de la misma Policía Municipal.
De acuerdo con los registros de la CRAC-PF y del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, integrado por las autoridades agrarias, comisarios municipales y por los coordinadores de la CRAC-PF, de junio del 2019 al 11 de diciembre del 2021 fueron asesinados siete indígenas y tres más fueron levantados y aún se encuentran desaparecidos.
El recuento indica que el 2 de junio de 2019 fue asesinado en Hueycantenango a las 5 de la tarde el comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Eugenio Máximo Hilario, por un grupo armado integrado por policías municipales y civiles del grupo delictivo Los Ardillos.
El 8 de julio del 2019 a las 10 de la noche, fueron levantados en el Crucero del Jaguey, Marcelino Pedro Rojas Reyes y David Domingo Alonso, quienes fueron encontrados muertos en la comunidad de Chautla, municipio de Chilapa, el 11 de julio a las 11 de la mañana.
El 7 de septiembre del 2019 a las 12 del día, fue levantado en Hueycantenango, el ex policía comunitario Leocadio Bolaños Hernández por el grupo delictivo Los Ardillos y fue encontrado muerto al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito a las 5 de la tarde.
El 18 de octubre del 2019 fue levantado a las 9 de la mañana Fidel Bolaños Rojas, cerca del río La Hamaca, entre las comunidades de Acojtapachtlán y El Epazote. El indígena aún está desaparecido.
Al día siguiente, a las 9 y media de la mañana, también fue levantado el hijo de Fidel, Félix Isidro Bolaños Hernández, en Colotlipa, municipio de Quechultenango, e, igualmente, sigue sin aparecer.
El 1 de noviembre del 2019, a las 5 de la tarde, fue asesinado Samuel Rojas Dorantes, a 200 metros del punto conocido como Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango.
El 18 de noviembre del 2019, a las 9 y media de la mañana, fue asesinado Isaac Martínez Rosendo, en la colonia Piedra Colorada de la cabecera municipal.
El 15 de agosto del 2020, fue asesinado Rutilio Bolaños Gatica en el punto conocido como Camojtepec.
El 11 de diciembre pasado, fue levantado en Hueycantenango el policía comunitario José Juan Reyes Román, quien no ha sido localizado.
Al grito de: “justicia, justicia, justicia…” los marchistas, entre los que caminaron los familiares de las víctimas, llegaron al medio día al módulo de la Policía Municipal que se encuentra en la entrada de la cabecera municipal.
Sin embargo, ayer ya no había policías municipales, en su lugar había elementos de la Policía Estatal en dos patrullas, quienes permanecieron impávidos ante la exigencia de los más de 500 indígenas que caminaron casi 2 kilómetros por la carretera desde Ayahualtempa hasta ese lugar.
Entrevistado ahí, el coordinador Margarito Silva Hernández, declaró que son ya dos años que los pobladores de Ayahualtempa y sus tres anexos están “acorralados” por el grupo delictivo, porque no pueden entrar a la cabecera municipal sin el riesgo de que sean asesinados o levantados por el grupo delictivo o directamente por los policías municipales.
Agregó que tampoco pueden viajar hacia Chilapa porque miembros del mismo grupo delictivo se encuentran en el Crucero del Jaguey, donde también han sido levantados algunos de los indígenas del núcleo agrario.
Informó que hasta diciembre sólo las mujeres o los niños iban sigilosa y rápidamente a comprar los productos básicos a la cabecera municipal o a Chilapa, pero que a partir de esta semana aumentó el riesgo y ya ni ellas o sus hijos quieren salir de Ayahualtempa.
Explicó que eso los movió a hacer visible el problema y advirtieron a los tres órdenes de gobierno que este 6 de enero, aprovechando la celebración del Día de Los Reyes Magos, marcharían armados y presentarían a 70 niños y adolescentes que ya fueron capacitados en el uso de las armas para encargarse de la vigilancia de sus pueblos.
Explicó que 35 de los menores son los que ya fueron presentados el 10 de abril del 2020.
Informó que ante la advertencia, funcionarios del gobierno (no precisó quienes), les llamaron el miércoles y les pidieron que suspendieran la actividad porque los gobiernos federal y estatal ya estaban atendiendo su solicitud y que, de hecho, ya se habían retirado los policías municipales del módulo municipal, en la entrada de Hueycantenango, y se habían hecho cargo de la seguridad policías estatales.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, informaron que acordaron en asamblea dar un plazo de ocho días a las autoridades para que atiendan su petición, de lo contrario se harán cargo de la seguridad en esos módulos los propios policías comunitarios, incluidos los niños y adolescentes que han sido capacitados y responsabilizaron de las consecuencias a los gobiernos federal y estatal.
Morales Rojas reprochó que han enviado muchos oficios a los gobiernos federal y estatal para que se repliegue a los policías municipales del Crucero de Tlachimaltepec, del Módulo Municipal y de Tres Postes Negros y se instalen en su lugar efectivos del Ejército o de la Guardia Nacional pero que ni si quiera han dado respuesta a los documentos.
Dijo que tampoco se han investigado los asesinatos y las desapariciones de los indígenas, a pesar de que hay testigos y señalamientos directos de que, en algunos casos, ha participado la misma Policía Municipal.
Las autoridades de la CRAC-PC denunciaron que la presidenta municipal, Orquídea Hernández Mendoza, del PRI, y el síndico Salvador Flores Castillo son cómplices de la Policía Municipal porque han presentado denuncias directas en contra de algunos elementos y, sin embargo, los mantienen en sus puestos.
Dijo que a raíz de la más reciente desaparición de José Juan Reyes Román, el 11 de diciembre pasado, los niños de secundaria y los adolescentes de preparatoria y del Colegio de Bachilleres que estudian en la cabecera municipal se niegan a ir a sus clases.
Las autoridades agrarias y municipales de Ayahualtempa y sus anexos, aprovecharon la movilización para exigir, también, la construcción de una escuela de nivel medio y un centro de salud en Ayahualtempa, así como becas para sus hijos y la apertura de brechas sacacosechas.
En el trayecto de Chilapa a Ayahualtempa, cuando menos ayer, no se observó la vigilancia militar o de la Guardia Nacional y sólo en el Crucero de Tula, donde se han dado algunos enfrentamientos entre miembros del grupo delictivo y policías comunitarios de la CRAC-PF, se observó a unos cinco elementos de la segunda corporación en un módulo de vigilancia.
En cambio, de regreso, el grupo de reporteros que fue a cubrir la movilización indígena, fue escoltado por tres patrullas de la Policía Estatal desde este Crucero de Tula hasta Chilapa.
Uno de los elementos de la Policía Estatal argumentó que el resguardo fue a petición de los dirigentes de la CRAC-PF.
Más de 500 manifestantes de Ayahualtempa y sus anexos, municipio José Joaquín de Herrera, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) marcharon a la cabecera municipal, Hueycantenango, para exigir la salida de la Policía Municipal de tres módulos de vigilancia porque consideran que trabaja con el grupo Los Ardillos y denunciaron siete asesinatos y tres desapariciones de campesinos de este pueblo, el más reciente el 11 de diciembre. Piden que efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional se encarguen de la seguridad, y dan ocho días de plazo para tener una respuesta, o la Policía Comunitaria asumirá esa función, incluyendo a niños armados, que en una asamblea manifestaron a mano alzada su interés por incorporarse a esa tarea Foto: Lenin Ocampo Torres
Marchan indígenas de Ayahualtempa; exigen la salida de la Policía Municipal y piden a la GN y Ejército
Pobladores de Ayahualtempa marchan en la calle principal del poblado donde exigieron a los tres niveles de gobierno seguridad Foto: Lenin Ocampo Torres
Acusan a los uniformados de Hueycantenango que se encuentran en tres sitios dentro del territorio de la CRAC-PF de servir de halcones al grupo Los Ardillos al que culpan de siete asesinatos y tres desapariciones, la más reciente el 11 de diciembre. La asamblea acordó emplazar al gobierno a dar respuesta en ocho días, o se harán cargo de la seguridad policías comunitarios incluso niños que han sido capacitados. Ayer, para desactivar la participación de menores armados en la manifestación, en el módulo en la entrada a la cabecera los municipales fueron sustituidos por estatales
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa/Hueycantenango
Más de 500 indígenas nahuas de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango), la mayoría niños y mujeres, marcharon ayer hacia la entrada de la cabecera municipal donde exigieron la salida de la Policía Municipal del territorio comunitario.
En la marcha, participaron policías comunitarios armados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), cuyos representantes acusaron a la Policía Municipal de trabajar para el grupo delictivo de Los Ardillos y los responsabilizaron del asesinato de siete indígenas y la desaparición de tres más en los últimos dos años.
El miércoles la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Ayahualtempa en un comunicado anunció que expulsaría a la Policía Municipal de su territorio y que ocuparía los módulos que instaló para “halconear” al servicio del grupo delictivo que ha venido atacando al pueblo.
Ayer, en el tradicional Día de los Reyes Magos, cuando se acostumbra obsequiar juguetes a los niños, unos 100 de ellos de esta localidad celebraron la fecha participando en la marcha en la que exigieron “justicia” para los asesinados y desaparecidos de su comunidad.
Los marchistas adultos gritaron insistentemente durante el recorrido vivas a “los niños huérfanos y a las mujeres viudas de México”.
En la protesta participaron, además, pobladores de Amatitlán, El Caracol y colonia Los Pinos, que son anexos del núcleo agrario de Ayahualtempa.
La demanda principal fue el retiro de la Policía Municipal del Crucero de Tlachimaltepec, ubicado cerca de la entrada a Ayahualtempa; del Módulo Municipal que está en la entrada a Hueycantenango y del punto conocido como Tres Postes Negros, que está a la salida norte de la cabecera municipal.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, demandaron a los tres órdenes de gobierno que se retire a la Policía Municipal de esos tres puntos y se instalen militares o agentes de la Guardia Nacional (GN) para que se encarguen de la seguridad.
Denunciaron que en esos sitios se instalan los elementos de la Policía Municipal, quienes en vez de brindar seguridad, sirven de halcones al grupo delictivo de Los Ardillos y vigilan los movimientos de los pobladores de Ayahualtempa y de sus tres anexos.
Silva Hernández dijo que en esos sitios, los policías municipales instalan filtros y ubican a los miembros de la CRAC-PF de Ayahualtempa cuando entran a la cabecera municipal donde son levantados o asesinados por el grupo delictivo, o incluso, por elementos de la misma Policía Municipal.
De acuerdo con los registros de la CRAC-PF y del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, integrado por las autoridades agrarias, comisarios municipales y por los coordinadores de la CRAC-PF, de junio del 2019 al 11 de diciembre del 2021 fueron asesinados siete indígenas y tres más fueron levantados y aún se encuentran desaparecidos.
El recuento indica que el 2 de junio de 2019 fue asesinado en Hueycantenango a las 5 de la tarde el comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Eugenio Máximo Hilario, por un grupo armado integrado por policías municipales y civiles del grupo delictivo Los Ardillos.
El 8 de julio del 2019 a las 10 de la noche, fueron levantados en el Crucero del Jaguey, Marcelino Pedro Rojas Reyes y David Domingo Alonso, quienes fueron encontrados muertos en la comunidad de Chautla, municipio de Chilapa, el 11 de julio a las 11 de la mañana.
El 7 de septiembre del 2019 a las 12 del día, fue levantado en Hueycantenango, el ex policía comunitario Leocadio Bolaños Hernández por el grupo delictivo Los Ardillos y fue encontrado muerto al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito a las 5 de la tarde.
El 18 de octubre del 2019 fue levantado a las 9 de la mañana Fidel Bolaños Rojas, cerca del río La Hamaca, entre las comunidades de Acojtapachtlán y El Epazote. El indígena aún está desaparecido.
Al día siguiente, a las 9 y media de la mañana, también fue levantado el hijo de Fidel, Félix Isidro Bolaños Hernández, en Colotlipa, municipio de Quechultenango, e, igualmente, sigue sin aparecer.
El 1 de noviembre del 2019, a las 5 de la tarde, fue asesinado Samuel Rojas Dorantes, a 200 metros del punto conocido como Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango.
El 18 de noviembre del 2019, a las 9 y media de la mañana, fue asesinado Isaac Martínez Rosendo, en la colonia Piedra Colorada de la cabecera municipal.
El 15 de agosto del 2020, fue asesinado Rutilio Bolaños Gatica en el punto conocido como Camojtepec.
El 11 de diciembre pasado, fue levantado en Hueycantenango el policía comunitario José Juan Reyes Román, quien no ha sido localizado.
Al grito de: “justicia, justicia, justicia…” los marchistas, entre los que caminaron los familiares de las víctimas, llegaron al medio día al módulo de la Policía Municipal que se encuentra en la entrada de la cabecera municipal.
Sin embargo, ayer ya no había policías municipales, en su lugar había elementos de la Policía Estatal en dos patrullas, quienes permanecieron impávidos ante la exigencia de los más de 500 indígenas que caminaron casi 2 kilómetros por la carretera desde Ayahualtempa hasta ese lugar.
Entrevistado ahí, el coordinador Margarito Silva Hernández, declaró que son ya dos años que los pobladores de Ayahualtempa y sus tres anexos están “acorralados” por el grupo delictivo, porque no pueden entrar a la cabecera municipal sin el riesgo de que sean asesinados o levantados por el grupo delictivo o directamente por los policías municipales.
Agregó que tampoco pueden viajar hacia Chilapa porque miembros del mismo grupo delictivo se encuentran en el Crucero del Jaguey, donde también han sido levantados algunos de los indígenas del núcleo agrario.
Informó que hasta diciembre sólo las mujeres o los niños iban sigilosa y rápidamente a comprar los productos básicos a la cabecera municipal o a Chilapa, pero que a partir de esta semana aumentó el riesgo y ya ni ellas o sus hijos quieren salir de Ayahualtempa.
Explicó que eso los movió a hacer visible el problema y advirtieron a los tres órdenes de gobierno que este 6 de enero, aprovechando la celebración del Día de Los Reyes Magos, marcharían armados y presentarían a 70 niños y adolescentes que ya fueron capacitados en el uso de las armas para encargarse de la vigilancia de sus pueblos.
Explicó que 35 de los menores son los que ya fueron presentados el 10 de abril del 2020.
Informó que ante la advertencia, funcionarios del gobierno (no precisó quienes), les llamaron el miércoles y les pidieron que suspendieran la actividad porque los gobiernos federal y estatal ya estaban atendiendo su solicitud y que, de hecho, ya se habían retirado los policías municipales del módulo municipal, en la entrada de Hueycantenango, y se habían hecho cargo de la seguridad policías estatales.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, informaron que acordaron en asamblea dar un plazo de ocho días a las autoridades para que atiendan su petición, de lo contrario se harán cargo de la seguridad en esos módulos los propios policías comunitarios, incluidos los niños y adolescentes que han sido capacitados y responsabilizaron de las consecuencias a los gobiernos federal y estatal.
Morales Rojas reprochó que han enviado muchos oficios a los gobiernos federal y estatal para que se repliegue a los policías municipales del Crucero de Tlachimaltepec, del Módulo Municipal y de Tres Postes Negros y se instalen en su lugar efectivos del Ejército o de la Guardia Nacional pero que ni si quiera han dado respuesta a los documentos.
Dijo que tampoco se han investigado los asesinatos y las desapariciones de los indígenas, a pesar de que hay testigos y señalamientos directos de que, en algunos casos, ha participado la misma Policía Municipal.
Las autoridades de la CRAC-PC denunciaron que la presidenta municipal, Orquídea Hernández Mendoza, del PRI, y el síndico Salvador Flores Castillo son cómplices de la Policía Municipal porque han presentado denuncias directas en contra de algunos elementos y, sin embargo, los mantienen en sus puestos.
Dijo que a raíz de la más reciente desaparición de José Juan Reyes Román, el 11 de diciembre pasado, los niños de secundaria y los adolescentes de preparatoria y del Colegio de Bachilleres que estudian en la cabecera municipal se niegan a ir a sus clases.
Las autoridades agrarias y municipales de Ayahualtempa y sus anexos, aprovecharon la movilización para exigir, también, la construcción de una escuela de nivel medio y un centro de salud en Ayahualtempa, así como becas para sus hijos y la apertura de brechas sacacosechas.
En el trayecto de Chilapa a Ayahualtempa, cuando menos ayer, no se observó la vigilancia militar o de la Guardia Nacional y sólo en el Crucero de Tula, donde se han dado algunos enfrentamientos entre miembros del grupo delictivo y policías comunitarios de la CRAC-PF, se observó a unos cinco elementos de la segunda corporación en un módulo de vigilancia.
En cambio, de regreso, el grupo de reporteros que fue a cubrir la movilización indígena, fue escoltado por tres patrullas de la Policía Estatal desde este Crucero de Tula hasta Chilapa.
Uno de los elementos de la Policía Estatal argumentó que el resguardo fue a petición de los dirigentes de la CRAC-PF.
José Juan fue a Hueycantenango a comprar un pollo y policías lo desaparecieron en el camino
El caso del joven de 24 años, ocurrido el 11 de diciembre, es el más reciente de los 10 de Ayahualtempa. El 2 de junio de 2019 fue asesinado por municipales el promotor de la Policía Comunitaria Eugenio Máximo Hilario frente a su esposa. Los crímenes no se han investigado
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa, Hueycantenango
El promotor de la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Eugenio Máximo Hilario, cayó abatido a tiros frente a su esposa Antonia. Eran las 5 de la tarde del 2 de junio de 2019 y ese día habían ido a Hueycantenango a comprar gasolina para su motosierra, pero la mujer ya no regresó con su esposo con vida.
La indígena nahua, quien durante la marcha de ayer portó una pancarta con la petición: “Ayahualtempa; exigimos justicia a los 3 niveles de gobierno”, contó que vio que los agresores de su esposo fueron policías municipales uniformados pero que a pesar de que presentó la denuncia, a dos años y medio, el asesinato sigue en la impunidad.
Por su parte, Alejandro Reyes Mendoza, padre de José Juan Reyes Román, de 24 años, declaró que su hijo salió el mediodía del 11 de diciembre pasado a Hueycantenango a comprar un pollo rostizado para que comieran en familia.
Sin embargo, Alejandro, ya no regresó. Hombres armados interceptaron en una camioneta la moto en que se desplazaba y se lo llevaron, y a casi un mes sigue desaparecido.
Los casos de Eugenio y José Juan, sintetizan la violencia que viven desde hace más de dos años los indígenas nahuas del núcleo agrario de Ayahualtempa y sus anexos: Amatitlán, El Caracol y colonia Los Pinos.
Aquí, del 2 de junio del 2019, cuando mataron a Eugenio, al 11 de diciembre pasado, cuando levantaron a José Juan, han sido asesinados siete indígenas y tres están desaparecidos y ninguno de los casos ha sido investigado, esclarecido ni los responsables castigados.
Alejandro reprochó que la justicia en Guerrero se aplica “nomás para los políticos o para el que tiene dinero, pero no para el pobre y menos para los indígenas”.
Antonia, la esposa de Eugenio, declaró que la tarde del 2 de junio del 2019 ambos fueron a Hueycantenango a comprar gasolina para la motosierra con la que el ahora finado iría a cortar leña, “pero resulta que ya no regresó; me lo asesinaron”.
Contó que ese día estaba con él en la camioneta cuando hombres armados, algunos de ellos vestidos de policías municipales, lo acribillaron. Después le querían quitar la camioneta “pero yo me dije: si me matan, que me maten, pero la camioneta no la voy a entregar, y no les di las llaves porque quería un recuerdo de mi esposo”, dijo.
Antes, según la mujer, les había suplicado a los pistoleros que dejaran a su esposo, que no lo mataran y que conoció que algunos eran policías de los que, a veces, se ponen en el módulo de la entrada de Hueycantenango, “pero no me hicieron caso, me lo mataron y ahora quiero que me haga justicia el gobierno”.
Informó que Eugenio fue el fundador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Ayahualtempa y que supo que después, quienes lo mataron, dijeron: “ya matamos al delantero de los comunitarios, a los demás nomás los vamos a barrer”.
Denunció que la presidenta municipal, Orquídea Hernández, protege a los que mataron a su marido porque el que manejaba la camioneta en la que iban está trabajando en el Ayuntamiento; “la presidenta sabe y todavía ahí lo tiene”.
Antonia dijo que con la muerte de su esposo quedaron en la orfandad cuatro de sus hijos, aunque dos de ellos, los mayores, ya se “juntaron” con sus parejas y ahora solamente tiene bajo su cuidado dos; uno de 8 y otro de 13 años.
Reprochó que después del asesinato de su esposo, el gobierno (no precisó si el estatal o federal) le prometió construirle una casa y le ofreció una tarjeta a través de la cual le depositarían “un dinerito” mensual, a manera de pensión.
Para construirle la casa le pidieron que limpiara y arreglara el terreno, pero al final no se la construyeron y la tarjeta se la entregaron sin fondos; “todavía la tengo, pero no tiene dinero”, lamentó.
Por su parte, Alejandro, el papá de José Juan Reyes Román, explicó que éste salió de Ayahualtempa el 11 de diciembre rumbo a Hueycantenango; “lo mandamos a traer un pollo a la una de la tarde y a la una y media perdimos contacto con él, le estuvimos marcando a su celular y ya no contestó”, narró.
Enseguida, la madre de José Juan fue a buscarlo a Hueycantenango; “anduvo preguntando desesperada y me llamó como a las 5”, contó Alejandro, quien agregó que su mujer le informó que le dijeron que fueron policías municipales los que se lo llevaron.
Agregó que le dijeron: “No se preocupe señora, su hijo está en la comandancia encerrado”, pero que lo fue a buscar y no estaba.
Las personas que le dieron informes le detallaron que los policías se lo llevaron en una camioneta blanca de modelo reciente y que la seguía de cerca una motocicleta, “pero hasta la vez no sabemos más, la presidenta no ha hecho caso y del gobierno estatal vinieron nomas dos veces a buscarlo, pero ya no han venido ahorita”.
Exigió: “Yo le pido a los tres niveles de gobierno que nos ayuden a buscarlo”, y, reprochó: “¿por qué a un pobre no le hacen caso y cuando se pierde un político o un empresario todos se le apilan?. Eso es lo que no nos gusta, no está bien, porque yo creo que pobres y ricos valemos igual, así que queremos que nos ayuden a buscar a nuestros desaparecidos”.
Explicó que el día que desapareció su hijo manejaba una motocicleta y que ni siquiera la moto han encontrado.
