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Destituyen ejidatarios de Xaltianguis al presidente del comisariado por demandar al Ayuntamiento

Ejidatarios de Xaltianguis quitaron a su presidente del comisariado ejidal Santiago Mendoza Organista, por exigir, ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, que el municipio pague los terrenos donde se ubican la clínica quirúrgica, el centro de salud y el DIF, que fueron donados por la asamblea.
También lo acusaron de gestionar proyectos que nunca entregó a los ejidatarios.
Los pobladores se manifestaron ayer afuera de la comisaría ejidal con pancartas, para exigir la renuncia del comisariado, y quemaron un muñeco que representaba a Santiago Mendoza.
Los ejidatarios pidieron al ahora ex comisario que convoque a una asamblea extraordinaria, después de enterarse de que su representante ejidal puso una demanda en el TUA contra el Ayuntamiento, en la que incluso pide el desalojo de las instalaciones construidas en los terrenos que reclamó que se paguen al ejido.
En la asamblea, los ejidatarios exigieron a Santiago Mendoza que renunciara porque además de la demanda que, reprocharon, ellos no avalaron, también también vendió un terreno que era de una organización de mujeres campesinas.
Otros ejidatarios denunciaron que el ex comisariado gestionó programas y recibió hasta 2 millones de pesos que no entregó, porque ellos no tenían información de dicho trámite.
El ejidatario Armando Astudillo Vega le recordó que el acuerdo de asamblea era convocar al director de la clínica quirúrgica para que les explicara la falta de medicamentos y la mala atención médica que reciben, no que se demandaría para exigir el pago del terreno donde está la unidad médica, mismo que fue donado por los ejidatarios.
“No convienes a los intereses de los ejidatarios y menos de los de Xaltianguis”, señaló.
El ejidatario Je?us Rodríguez Bello reprochó al comisario que haya “actuado a las espaldas” de ellos, por lo que le pidió que “dignamente” renunciara por escrito y se emitiera una convocatoria para nuevas elecciones.
La propuesta causó diferencias entre los asistentes a la reunión, y el ex comisariado Mendoza Organista les dijo que se tenía que hacer de acuerdo con la ley.
Astudillo Vega explicó que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Agraria, el 25 por ciento del total del padrón de ejidatarios pueden exigir el cambio de comisariado, y se debe de convocar a asamblea en un término de cinco días.
Los ejidatarios y los pobladores exigieron que se hiciera en ese momento la asamblea, incluso el malestar de algunos llevó a proponer que la policía ciudadana se llevara al ex comisariado en lo que pasaban los cinco días para que entregara el cargo según la ley.
Se consideró una asamblea si se encontraba la mayoría de los ejidatarios del padrón, pero antes de empezar a pasar lista el secretario del comité de la comisaría, Alberto Castillo Castillo, renunció a su puesto. “Renuncio porque me siento limpio, yo fui comisario municipal y nadie me pisa la cola porque soy una persona recta”, dijo, y empezó el pase de lista para la asamblea.
Al contar la asistencia había 115 ejidatarios y eso provocó otra discusión porque el ex comisario dijo que se requería de 182 asistentes para que hubiera quórum legal, mientras otro de los ejidatarios sostenía que eran 105 los que se necesitaban porque en la última asamblea votaron 205, debido a que el resto tiene los derechos suspendidos, por lo que no tienen ni voz ni votos en las reuniones.
En medio de la discusión por si era legal o no la asamblea, Santiago Mendoza renunció al cargo de presidente de la Comisaría Ejidal de Xaltianguis, “yo no me aferro, yo renuncio”, e inmediatamente se le preguntó qué se tenía que hacer para que entregara el sello oficial.
Unos 15 minutos después se había formado una comisión para la entrega recepción, que eran los integrantes del consejo de vigilancia. Después de media hora, salieron de la oficina en la que se encerraron en privado para elaborar el documento de la renuncia del comisario.
Cuando salió la comisión informó que estaría a cargo de la comisaría ejidal el comisariado suplente Ramón Arriola Salto, en lo que se convoca a una nueva asamblea para elegir a otro comité.
Afuera de la comisaría, esperando el resultado de la asamblea, estaban unos 200 pobladores de Xaltianguis, que no son ejidatarios, con pancartas en las que exigían la renuncia del comisariado y un muñeco que simulaba ser Santiago Mendoza. Allí optaron por quemar el muñeco, que eran dos cubetas cubiertas con un pantalón, playera, con zapatos y un sombrero.

 

Prevé el ayuntamiento de Chilpancingo ingresos por 696 millones 482 mil pesos en el 2017

 

El gobierno municipal de Chilpancingo, que preside el priista Marco Antonio Leyva Mena, presentó al Congreso local un proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 de 696 millones 482 mil 609 pesos.
Este monto representa un incremento del 11.08 por ciento, 69 millones 451 mil 517 pesos, en comparación con la recaudación que se calculó para 2016, de 627 millones 31 mil 91 pesos.
A pesar de que el abastecimiento de agua en la capital sigue siendo uno de los principales problemas de la capital, la propuesta de Ley de Ingresos plantea un incremento en el servicio del 3 por ciento.
En declaraciones por teléfono, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH), Nabor Ojeda de la Peña Otero, advirtió que se viene un año complicado para la paramunicipal, pues explicó que además de que el incremento en el servicio es mínimo, los pagos que hace esa institución a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) van en aumento.
Aunado a ello dijo que sólo el 45 por ciento de los usuarios están al corriente en sus pagos, lo que impide mejorar la situación financiera de la CAPACH.
Según la propuesta de Ley de Ingresos, de la que El Sur tiene una copia, del monto total que se pretende recaudar en la capital el próximo año, el 88.79 por ciento corresponde a participaciones y aportaciones federales, que representa 618 millones 459 mil 729.07 pesos.
Se calcula que los ingresos propios del municipio serán por un monto de 78 millones 22 mil 880.08 pesos, de los que 53 millones 195 mil 900 corresponden a recaudación por impuestos, 18 millones 795 mil 476 a derechos, un millón 652 mil 457 por productos de tipo corriente, y 4 millones 379 mil por aprovechamientos de tipo corriente.
Del monto de recaudación que se calculó para 2017, 602 mil 30 pesos corresponden a las ganancias que dejarían al gobierno municipal los parquímetros.
El gobierno de Chilpancingo calcula percibir 224 millones 378 mil 543.20 pesos de participaciones federales, 306 millones 257 mil 152.27 de aportaciones estatales y 87 millones 824 mil 33.60 de convenios.
En cuanto al servicio de abastecimiento de agua potable para los capitalinos, el incremento es de apenas el 3 por ciento. En el actual ejercicio fiscal, el monto mínimo para el uso doméstico (de 0 a 10 metros cúbicos de agua) es de 41.31 pesos, mientras que para el 2017 la propuesta es que se incremente a 50.
Para el uso comercial, en este año el cobro mínimo es de 204.61 pesos, mientras que para 2017 es de 210; respecto al servicio público, la tarifa mínima es actualmente de 236.20 pesos, y el proyecto plantea 243.
La venta de agua en pipa también tiene un incremento en las unidades de 3 mil 500 litros. En este año la tarifa es de 369.51 pesos pero para 2017 la propuesta es de 384.29 pesos.
Consultado ayer el director de la CAPACH, Nabor Ojeda de la Peña explicó que el incremento general en los servicios de agua es de apenas el 3 por ciento porque así lo estableció la Secretaría de Hacienda.
Comentó que ese incremento es mínimo y no representa una gran ayuda para la paramunicipal, ya que los pagos por el consumo de energía eléctrica van en aumento, por lo que el techo presupuestal de la Comisión se ve rebasada.
Aunado a ello, recordó que sólo el 45 por ciento de los usuarios están al corriente con sus pagos, por lo que se emprenderán acciones para invitar a la población a regularizarse a fin de incrementar los ingresos por el servicio de abastecimiento de agua.
Comentó que la meta será lograr que al menos el 65 por ciento de los usuarios paguen en tiempo y forma el servicio, y dijo que si bien esto no resolvería del todo los problemas financieros de la Comisión, “sí nos dejaría tablas” con los gastos de operaciones.
En la exposición de motivos de la propuesta de Ley de Ingresos que presentó el gobierno de Chilpancingo al Congreso local, se lee que la escasez de agua “cada vez es más frecuente”.
La situación “impone necesariamente buscar solucionar a través de mecanismos de planificación que permitan incrementar la producción de agua. Mediante la utilización de nuevas tecnologías y potenciar la eficiencia en el empleo del agua, fomentando la educación en el buen uso del agua como recurso vital y escaso e inculcando la cultura de cuidado de este liquido en su preservación, reutilización y pago de los servicios públicos”, señala el documento.
En la iniciativa, los montos por sanciones impuestas por la dirección de Tránsito derivado de infracciones a automovilistas y motociclistas, así como los impuestos de vendedores ambulantes, no sufrieron ningún incremento.
Para el pago del predial, el planteamiento es que las contribuciones no serán menores de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que actualmente es de 73.04 pesos.
Si bien en algunos impuestos y servicios el costo se mantiene, y en otros el incremento fue también de apenas el 3 por ciento, hay conceptos que se agregaron y que en la Ley de Ingresos 2016 no existen.
Un ejemplo está en el apartado de Licencias para construcción de edificios o casa habitación, en donde se agregó la figura de casa habitación de interés social plurifamiliar horizontal o vertical.
Además, en lo que respecta a ingresos por la ocupación o el aprovechamiento de la vía pública, las empresas que instalen casetas o estructuras de todo tipo para la prestación del servicio de telefonía, venta de bebidas refrescantes, galletas o frituras, por cada una la cuota anual será de 2 mil 744.80 pesos.
En 2016 el cobro es de 344.44 pesos y sólo contemplaba la instalación de casetas telefónicas.
En la iniciativa de Ley de Ingresos, el gobierno municipal argumenta que “múltiples empresas de telefonía han establecido su servicio en la vía publica en forma también indiscriminada, lucrando con los bienes patrimoniales del Ayuntamiento sin repercutir en mejoras para los habitantes de la ciudad”.
Explicó que esas estructuras entorpecen el tránsito de los transeúntes en las aceras y sitios públicos “sin tener autorización alguna de por medio, haciendo caso omiso de las disposiciones municipales”.

 

 

En 2017 se valorará de nuevo contratar una empresa que cobre el predial: Catastro

 

El director de Catastro municipal, Alfonso Calderón Velázquez, rectificó y adelantó que el próximo año se valorará la contratación de una empresa para el cobro del impuesto predial a contribuyentes morosos.
El 10 de octubre, Calderón presentó a regidores de la Comisión de Hacienda la propuesta de contratar a una empresa que cobre el impuesto predial a los contribuyentes morosos.
Explicó a reporteros que la contratación no tendría ningún costo para el municipio, pues la empresa cobraría el 12 por ciento de lo que logre recuperar de cartera vencida, decisión a la que se opusieron los regidores.
Sería la segunda empresa que contrate el gobierno municipal para el cobro, la primera fue Gabinete de Cobranza Especializada, que recibía entre el 4 y 5 por ciento de la cobranza y que, de acuerdo con regidores, tiene una demanda contra el Ayuntamiento.
E 18 de octubre, Calderón Velázquez informó que no se contrataría a nadie, y aseguró que no hay demanda contra el Ayuntamiento de parte de Gabinete de Cobranza Especializada.
En declaraciones y a pregunta expresa sobre cómo trabajará la Dirección de Fiscalización para recuperar los pagos de los contribuyentes morosos, Calderón Velázquez dijo ayer que esa área determinará si necesita más personal para trabajar.
–La empresa que se iba a contratar ¿está descartada?– se le preguntó.
–Es una opción que está pendiente, vamos a ver si ya queda descartada o se aprueba en su momento.
–Había dicho usted que no se contrataría–, se le recordó.
–Ya no sigue sobre la mesa pero si es necesario después retomaremos el tema, yo creo que será el próximo año.
Sobre la petición hecha en el Cabildo para que los administradores de los fraccionamientos residenciales permitan a los trabajadores de Catastro revisar los predios y construcciones, Calderón Velázquez informó que todos los empleados van con oficio de comisión y evitar que se les impida el paso.
El martes de la semana pasada, durante la sesión de Cabildo se informó que administradores de fraccionamientos exclusivos como Las Brisas, que tienen casas cotizadas en dólares, no permiten el paso a los trabajadores de Catastro para revisar si las condiciones de las propiedades coinciden con el registro que catastral mediante el cual se cobra el impuesto predial.
“Como son fraccionamientos privados tienen sus reglas para el acceso, en esos casos nosotros hacemos oficio de comisión exclusivamente para ir a esas áreas, todo inspector, todo valuador lleva su oficio de comisión y con ese entra”, dijo Calderón Velázquez.
Agregó que sí han tenido problemas de acceso, pero con los oficios se ha resuelto el trámite.
Indicó que Catastro a notificado a 3 mil 800 propietarios que tenían registradas propiedades como predios baldíos pero ya están construidos, y de esos el 20 por ciento, unos 760, ya están en proceso de regularización.
Dijo que son unos 20 mil contribuyentes que pagan el impuesto predial como terreno baldío pero en realidad ya tienen construcciones. El padrón total de contribuyentes del municipio es de 253 mil.

 

 

Concluir obras pendientes, exigen vecinos de 13 colonias a la Seduop

 

 

Unos 40 vecinos de 13 colonias de la zona suburbana, entre ellas Sector 6, Revolución, Genaro Vázquez y Plan de Ayutla, encabezados por el coordinador de la asociación Guerrero en Lucha, Genaro Vázquez Flores, se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para pedir la pavimentación de calles y que se concluyan obras pendientes.
Los vecinos llegaron a las 11 de la mañana al viejo Palacio Municipal y fueron atendidos por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ignacio Villalba Bravo, quien dijo que no es la primera organización que hace ese tipo de reclamos, pero “tenemos problemas con los gestores sociales” que por ser de un partido u otro no permiten que se haga la obra.
Vázquez Flores indicó que como gestor social solicitó al gobierno municipal la pavimentación de 76 calles, pero el gobierno les respondió que las modificaciones del Ramo 33 era para drenajes, que no habría pavimentaciones ni techados en escuelas, pero “estamos viendo que los regidores y síndicos publican en Facebook sus obras y a nosotros nos dicen que no se puede”.
Denunció que en la secretaría “está dando prioridad a sus amigos, a los empresarios de construcción y son amigos del secretario, son a quienes le dan prioridad para la obra, es el caso de unas calles que no tan solo nos han mentido que las pavimentan y lo hacen mal, o que no las terminan, las empresas se retiran y las dejan a medias, en algunos casos la guarnición se rompió”.
En la reunión se expuso el caso de la calle Caudillo del Sur y Parotas, en la colonia Plan de Ayutla, que hace dos meses se empezó a pavimentar y quedó una parte inconclusa, e incluso dijeron que se colocó la placa de que la obra ya fue terminada y no es así.
Villalba Bravo aseguró que revisará el caso y de aquellas obras que reportaron que ya tienen daños para que las empresas encargadas las reparen, pues dijo que los principales inspectores de las obras deben ser los ciudadanos beneficiados.
Informó que no es la primera organización que hace reclamos, pero que son pocos recursos, e incluso adelantó que para el 2017 “habrá menos obras” pero las que se harán serán “tramos grandes” para cerrar circuitos.
Indicó que ha tenido problemas con los gestores de diferentes partidos porque “no dejan que se haga la obra” por ello pidió a los vecinos otra reunión para dar seguimiento a su demanda.

 

 

Se saturarán las vialidades si entra el sistema de transporte SUBT, dice Movilidad

 

El coordinador de Movilidad y Transporte, Eutimio Rodríguez Maganda, informó que si entra en función el nuevo sistema de transporte SUBT, similar a Uber de la Ciudad de México, se van a saturar las vialidades por el incremento del parque vehicular.
En declaraciones por teléfono, Rodríguez Maganda indicó que ese nuevo sistema antes debe ser avalado por Transporte, y a partir de eso comienza el trabajo de la dependencia que él encabeza.
Mencionó que ya tiene conocimiento del nuevo transporte mediante anuncios espectaculares en los camiones urbanos, incluso ya visitó la página de la empresa SUBT.
Precisó que el servicio lo concesiona la Dirección de Transporte, “nosotros no tenemos voz ni voto en ese tema”.
Aunque, dijo que si Transporte regula y autoriza el nuevo transporte, que funcionaría mediante un teléfono inteligente, la dependencia que él encabeza se encargaría de la operación de tránsito de la ciudad.
Rodríguez Maganda añadió que si inicia funciones la empresa SUBT tendría que regirse por el reglamento de Tránsito “como todo transporte público, donde hay derechos y obligaciones”. Aunque reconoció que la ciudad se saturaría de automóviles.
El viernes pasado, el delegado de Transporte de la zona urbana, Juan Barrios Hernández, informó que no hay acercamiento de la empresa privada SUBT, similar a la Uber de la Ciudad de México, que busca participar en el servicio de transporte público.
Un día antes, el coordinador de la organización Un Nuevo Horizonte para Guerrero, Rogelio Hernández Cruz, acusó que la empresa SUBT pretende ofrecer el servicio del transporte público, similar al Uber, pero advirtió que los choferes de su organización quemarían los automóviles de esa empresa privada si eso sucede.

 

 

El préstamo ayudará a “oxigenar” las finanzas afectadas por la deuda heredada, dice Evodio


El alcalde Evodio Velázquez Aguirre dijo que el préstamo de 158 millones de pesos autorizado por Cabildo ayudará a “oxigenar las finanzas” del Ayunramiento, de modo que éste no se paralice y deje de funcionar debido al “peso de la deuda que le han dejado administraciones pasadas”.
Asimismo, insistió en que con el mismo se pagarían deudas al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y cuotas al Infonavit y que también se dirigirían recursos para obras que están en proceso.
En declaraciones, después de visitar la etapa 11 de la unidad habitacional El Coloso, el alcalde subrayó que “por eso nos vimos en la necesidad de tomar esta línea de crédito”.
Dijo que el préstamo servirá “para oxigenar las finanzas” del municipio y que se ocupará para “satisfacer necesidades que en este momento pueden afectar a ciertos sectores de la población”.
Al preguntarle cuánto del dinero conseguido por el préstamo se destinará a pagos del ISSSPEG y del Infonavit el alcalde dijo: “No tengo todavía el dato”.
Agregó que el Ayuntamiento tiene una “deuda inmediata” de 380 millones de pesos y el préstamo, de 158 millones de pesos, permitirá “fluir” a la administración.
Al preguntarle si el dinero del préstamo se ocupará para financiar su primer informe de labores, el alcalde dijo que ese gasto ya está programado y subrayó: “158 millones para financiar un informe, por favor, claro que no”.
“El dinero se va a invertir para hacer el trabajo que necesita el pueblo de Acapulco, para hacer funcionable un gobierno que debe funcionar con todo y el peso de la deuda que le han dejado administraciones pasadas”, agregó.
Velázquez Aguirre confió en que el préstamo se podrá pagar antes de un año e insistió en que será responsable con el manejo de las finanzas del municipio y no contratará deudas por 10 o 15 años.
Del porque se manejó en sigilo la intención de contratar deuda, el alcalde negó que lo haya hecho en secreto, dijo que quienes lo ven desde esa perspectiva lo que buscan es “politizar” el tema.
“Hubo muchas cosas que se hicieron anteriormente, que al final de cuentas tienen a Acapulco como lo tienen, endeudado con muchísimos millones de pesos y no voy a echar culpas a nadie, lo que voy a decir es que estoy haciendo financieramente lo que hacen todos los gobiernos, estoy oxigenando las finanzas y no estoy endeudando al gobierno mas allá de mi administración”.
Agregó que espera pagar el préstamo de 158 millones antes de un año y adelantó que en caso de que el Ayuntamiento necesite más dinero volverá a contratar deuda.

La Nao

Velázquez Aguirre dijo que en la décima edición del festival La Nao el país invitado será China y será “muy buena”, que ya están en mesas de trabajo para definir las actividades del festival.
“Cumplimos diez años, entonces debe ser algo muy bueno para Acapulco, traemos varias cosas importantes, que tienen que ver con el talento acapulqueño para mostrarlo al mundo entero”, dijo.
Agregó que así como el gobierno municipal promueve el deporte con atletas acapulqueños, también lo hará con los artistas del municipio.
En su discurso ante los vecinos de El Coloso, Evodio Velázquez dijo que la décima edición de La Nao será “un gran festival” y que estaría “cerca” de los ciudadanos de manera gratuita.
En su discurso el alcalde informó que el ayuntamiento patrocina al boxeador Marcos Villasana, porque busca con ello promover al municipio mediante la presentación del boxeador, indicó que el sábado acudió a ver la pelea en la que el acapulqueño le ganó al filipino Rosekie Cristobal.
Del final de la temporada vacacional de verano, el alcalde dijo que fue “buena”, tanto para los hoteleros como para la oferta extrahotelera.
Adelantó que habrá operaciones de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de Transito, por el regreso a clases que será hoy.

Piden en Tlapa la renuncia del secretario del ayuntamiento por conflicto de intereses

Los regidores por el PRI, Román Reyes Rojas, y por el PRD, Leonardo Manzano Vega, pidieron el cese  inmediato del secretario general del ayuntamiento, Julio César Naranjo Jiménez, por considerarlo juez y parte en los laudos  laborales que enfrenta el municipio, pues es el abogado “de unos laudos que esta administración quiere pagar por compromisos políticos en contra de la ciudadanía”, dijeron.

Los regidores citaron a una conferencia de prensa la tarde de ayer para criticar al alcalde priista Jesús Noé Abundiz García, de quien dijeron que no atiende a la población y ni siquiera despacha en el Ayuntamiento.
Dijeron que harán la solicitud formal de la salida de Naranjo Jiménez porque atenta contra los recursos del municipio que las administraciones perredista, priista y petista no quisieron entregar a 79 trabajadores que demandaron por despido injustificado.
“Hay un conflicto de intereses, él debe defender los bienes del ayuntamiento, pero suponemos que por el porcentaje que le toca ahora quieren pagar o ya hay un acuerdo y eso afecta al municipio por más de 40 millones”, cuestionaron.
Comentaron que la disminución de su salario de 120 a 60 mil pesos afectará a la ciudadanía que acude a pedirles apoyo cuando el edil no atiende las peticiones, “ese dinero era salario, viáticos, gastos para actividades, si apoyábamos a 50 ahora serán 25 personas”.
Indicaron que en la sesión de Cabildo del 26 de julio, donde se discutió la disminución del sueldo, el edil les dijo que no era por la presión social de ciudadanos, sino por las deudas y laudos laborales, pero se negó  a mostrarles documentos, “por eso pedimos a la ciudadanía que esté pendiente sobre ese recurso”.
Se quejaron de que la administración de Abundiz García, quien asumió el cargo al morir de un infarto el presidente electo Javier Morales Prieto,  “está  mal, llegó sin compromiso con el pueblo, no atiende a la ciudadanía, no hay obras ni servicios básicos”.
Se les pregunto si consideraban pedir la renuncia del edil y respondieron que si no trabaja será la ciudadanía quien lo haga, “la gente dice que la viuda y directora del DIF, Rosalinda Mata, sería mejor gobernante porque ella acompañó a su esposo, tal vez debería dársele esa oportunidad”.
Agregaron que ellos y los regidores Luis Enrique Solano del PRI y Mayra Curiel del PRD, están en desacuerdo con lo que sucede en el Cabildo, donde no los toman en cuenta para las decisiones ni les entregan documentos e información que se somete a votación, “nos ganan porque suman mayoría con los dos regidores del PT, una de Movimiento Ciudadano, uno del Gallito, una del PRI y la síndica”.
Señalaron que sólo piden transparencia en  la administración y las finanzas, pero de eso nada les quieren dar, que han solicitado por escrito la nómina del ayuntamiento,  el presupuesto de egresos e ingresos de los rubros estatales y federales de los ramos 23, 27, 28 y 33; los conceptos de deuda para analizarlos y dar propuestas, que les aclaren las obras a ejecutarse del Ramo 33 porque ellos no las aprobaron  y desconocen dónde y por cuánto se harán y las actas de Cabildo, “no hemos tenido respuesta”.
Dijeron que al entrar en funciones el alcalde y sus asesores  modificaron las obras del ejercicio fiscal de 2015.
Los regidores concluyeron que hay muchas anomalías y llamaron a los ciudadanos a estar al pendiente.

Avanzar en certificar a los policías, urge Álvarez Heredia al ayuntamiento de Acapulco

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, urgió al ayuntamiento de Acapulco a “avanzar en la certificación de sus policías, que no haya pretextos, ni dejarlo para después”.
Sobre los ataques a sitios de taxis y la advertencia de los transportistas de que se armarían para defenderse de la delincuencia organizada, Álvarez Heredia señaló que el Grupo de Coordinación Guerrero “está en contra de hacerse justicia por su propia mano, pero acepta la preocupación”.
El martes, el presidente de la Coordinadora Estatal de Transportistas de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, dijo que a los taxistas ya no les va a quedar de otra que armarse para defenderse de la delincuencia organizada, pues ya se cansaron de ser nada más estadísticas de las autoridades.
En conferencia de prensa en la Fiscalía Regional de Acapulco, para dar a conocer los avances en la investigación del homicidios de un niño de seis años ocurrido el lunes en Ciudad Renacimiento, el vice fiscal de Investigación de la Fiscalía del Estado, José Antonio Bonilla Uribe, señaló que “las pruebas en su momento se presentaran ante el juez competente, por testimoniales existe el porqué, lo que no existe es con qué y quién”.
Asimismo, Bonilla Uribe indicó que las policías municipales se deben encargar de la prevención, y de la investigación las autoridades como la Fiscalía, y para delitos del fuero federal, como delincuencia organizada, la encargada es la PGR, el Ejército, la Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), “ellos investigan no sólo a esta policía (de Acapulco), sino a policías municipales, estatales, ministeriales, y en materia federal, muchas veces no las comparten”.
Sobre lo dicho por Eutimio Rodríguez, coordinador de Movilidad y Transporte de Acapulco, que en lo que compete al municipio no tenían antecedentes de nexos de policías viales con el crimen, Bonilla Uribe reiteró que “las policías pueden o no pueden tener investigaciones de sus propios elementos porque no es su función de investigar”.
Por su parte, el vocero Roberto Álvarez Heredia urgió al ayuntamiento y aclaró que “su tarea que tienen que hacer es avanzar en la certificación de sus policías, preventivos y viales, avanzar, que no haya pretextos para este tema. Ni dejarlo para después, hay que hacerlo inmediatamente”.

Los sitios atacados

Sobre los ataques a sitios de taxis, que han ocurrido en el Centro, La Cima y Loma Bonita, y de que los transportistas se armarían para defenderse de la delincuencia organizada, Álvarez Heredia señaló que el Grupo de Coordinación Guerrero “está en contra de hacerse justicia por su propia mano, pero acepta la preocupación”.
“La decisión que tienen algunas organizaciones de transportistas de protegerse, lo vamos a llevar al seno del grupo de coordinación para que sea un tema y tomar cartas en el asunto”, dijo el vocero.
El vice fiscal señaló que armarse “es un delito de competencia federal”, y sobre el ataque al sitio de taxis del Trópico, informó que se inició una carpeta de investigación.
Dijo que “aquellos elementos que se encuentren, que sean de materia federal serán puestos a disposición, y la Fiscalía investigará los hechos”.

Lo que adeuda a ediles de Chilpancingo es el dinero de gestoría, responde el ayuntamiento

El ayuntamiento de Chilpancingo informó que al síndico y los regidores del PRD no se les adeuda el pago de su sueldo, sino el dinero con el que hacen gestión, el cual no se les ha entregado porque no hay dinero en el gobierno municipal.
El Ayuntamiento de Chilpancingo retuvo el sueldo del síndico, el priista, Miguel Ángel Hernández Gómez, el regidor priísta Jaime González González, los regidores perredistas Cynthia Corona García, Nancy Soraya Cruz y Omar Chavarría Obeso, del Partido Humanista, Patricia Reyes Mejía por oponerse a la lotificación de áreas verdes que pretende vender el gobierno informaron, por separado, el mismo síndico y el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Demetrio Saldívar.
En un comunicado ayer el gobierno municipal precisa que “ha cubierto en tiempo y forma el pago de los salarios a todos los integrantes del cabildo”.
Agrega que “el área de Tesorería del ayuntamiento capitalino cuenta con los comprobantes bancarios correspondientes al pago de la quincena de síndicos y regidores. Cabe mencionar que únicamente está pendiente el pago referente a gestión, el cual se ha retrasado debido a la falta de recursos, situación que ya se está atendiendo en el área de Finanzas del ayuntamiento”.
El comunicado niega que el retraso en la entrega del dinero para gestoría sea una instrucción del alcalde Marco Antonio Leyva Mena, “es absolutamente falso que por no aprobar alguna propuesta en sesión de cabildo referente al cambio de uso de suelo, existan represalias contra algún síndico o regidor, puesto que en ningún momento el tema referido ha sido puesto a votación”.
Indicó que la discusión sobre el cambio de uso a las áreas verdes “será en próximas sesiones de cabildo, cuando se someta al análisis y posible aprobación el asunto relacionado al cambio de uso de suelo de un área que le pertenece al municipio”.
El documento informa que la administración municipal ha recuperado 120 áreas verdes en 51 colonias de la capital, las cuales durante muchos años habían sido ocupadas para fines distintos de los que fueron inicialmente diseñadas, esto con el propósito de que dichas áreas se puedan regularizar.
El ayuntamiento de Chilpancingo también llamó a los miembros del cabildo “a dirimir las diferencias por la vía del diálogo y el acuerdo, en un marco de legalidad y gobernabilidad. Haciendo un atento llamado a los integrantes del cabildo plural a privilegiar el bien común de la sociedad y no el interés personal y/o de partidos políticos”.

Critica el Ayuntamiento que la Fiscalía no haya actuado antes del asesinato de policías

El secretario general del Ayuntamiento de Acapulco, Daniel Meza Loeza, declaró que le llama la atención que la Fiscalía General del Estado (FGE) señale que existen evidencias de la participación de los tres policías viales asesinados con grupos de delincuencia, y “no se haya hecho nada con antelación”.
Lo anterior, en respuesta a lo dicho por el fiscal Xavier Olea Peláez, quien en conferencia de prensa en la capital del estado declaró que los agentes asesinados, Víctor José Herrera Enriques, Nery Hernández Reséndiz y Julio Eduardo García Nava, realizaban actividades de “halconeo” para grupos del crimen organizado, que su muerte está relacionada con el reacomodo de los grupos delincuenciales que operan en el municipio.
En tanto, el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre, en declaraciones después que terminó la sesión de Cabildo, respecto al tema dijo: “No tengo interés en entrar en confrontación con el fiscal, pero sí aclarar puntualmente lo que este gobierno está haciendo y, sobre todo, determinación al respecto en materia de seguridad pública”.
Abundó que el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Max Sedano Romano, darían un posicionamiento respecto del comunicado que leyó el fiscal Olea Peláez, donde hacía el señalamiento de que los tres policías viales asesinados trabajaban para grupos de la delincuencia organizada.
“No voy a entrar en provocación alguna, que quede bien claro”, reiteró el alcalde Velázquez Aguirre e insistió en que “si hubiese algún tema de esa naturaleza no entraré en confrontación, ni tampoco en confusión de ninguna manera”.
Velázquez Aguirre adelantó que este jueves habrá una reunión de seguridad en la Novena Región Militar, con el Grupo de Coordinación Guerrero, “y vamos a tomar determinaciones y el gobierno municipal, en voz del presidente, llevará la voz de redoblar esfuerzos y fortalecer estrategias más vigorosas y sobre todo coordinadas”.
Después, en la sala de Cabildo, salió Meza Loeza, sin el secretario de Seguridad Pública ya que justificó que atendía temas de su área, y leyó el posicionamiento del municipio y dijo: “Llama la atención que después de los homicidios referidos, se señale la existencia de evidencias de la participación de los elementos asesinados con grupos delictivos, y no se haya hecho nada con antelación por parte de la dependencia de esta situación”.
“Con esto queremos decir que no basta con hacer un señalamiento una vez que sucede el caso, sino que si se tiene conocimiento de un hecho delictivo, se tiene que actuar en consecuencia y actuar en el momento, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en materia de prevención, pero no es la tarea de investigación, sin embargo, que esto se pudiera dar con antelación para tomar las medidas pertinentes”.
Meza Loeza reiteró que el gobierno municipal ha dicho que si existen “responsabilidades por la comisión de una conducta delictiva de cualquier integrante o funcionario de la presente administración, se aplique todo el peso de la ley, tal y cual lo ha venido reiterando el presidente municipal”.
El funcionario municipal dijo que “la primera autoridad del municipio en su momento declaró, con toda responsabilidad y con pleno conocimiento de las atribuciones de cada instancia, que la encargada de señalar las causas y culpables de los crímenes cometidos, es como lo ratifica el propio fiscal, la dependencia que él mismo encabeza”.
Meza Loeza reconoce que al gobierno municipal le corresponden las tareas de prevención en materia de seguridad pública, “acción que en ningún momento hemos evadido, sino por el contrario, trabajamos desde el combate del origen social de la conducta delictiva hasta la coordinación con los otros niveles de gobierno, en la estrategia de combate al crimen planteado en el Grupo de Coordinación Guerrero”.
En ese “espíritu” de colaboración, que hay entre cada instancia de seguridad, aseguró que no sólo prosigue el proceso de evaluación y certificación de cada policía, sino también “hemos señalado y lo reiteramos que ante la existencia de responsabilidades por la comisión de una conducta delictiva de cualquier integrante o funcionario de la presente administración, se aplique todo el peso de la ley, tal y cual lo ha venido reiterando el presidente municipal”.
Meza Loeza precisó que después del ataque de dos policías viales, ocurrido el pasado viernes en avenida Constituyentes, los policías se “están agrupando, están trabajando los viales de manera conjunta con la policía urbana, elementos que están certificados, que están armados porque deben defenderse ante esta situación, detalles que no puedo comentar por la propia seguridad de ese dispositivo, pero es lo que se está haciendo”.