Asesinan a un integrante de Antorcha Campesina al norte de Chilpancingo

10:29.   El integrante de la organización Antorcha Campesina, Florian Reyes Rafaela, fue asesinado a balazos y su cuerpo fue encontrado en una calle de terracería que se dirige a la presa Cerrito Rico, cerca del fraccionamiento SUSPEG y la colonia 4 de Marzo, al norte de la capital.

Según testigos, Reyes Rafaela fue levantado la noche del miércoles por hombres armados en la colonia Nueva Revolución.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a las 7:30 de la mañana se recibió una llamada anónima para denunciar que había un cuerpo en la orilla del camino de terracería. La víctima tenía la cabeza cubierta con su playera, las manos atadas hacia atrás, vestía un pantalón café y zapatos negros.

Siguen instalando parquímetros en la capital, señalan colonos y comerciantes y piden diálogo

Colonos y comerciantes que están en contra de los parquímetros denunciaron que las autoridades han permitido que se sigan instalando más aparatos en la capital, sin que el alcalde Marco Antonio Leyva Mena ni el Cabildo se reúnan con ellos para dialogar sobre la imposición del proyecto.
En el ultimo año de la administración del alcalde priista, Mario Moreno Arcos y el Cabildo aprobaron el proyecto de los parquímetros, pese al descontento de colonos y comerciantes, y en mayo la instalación continuó.
Las avenidas donde están los parquímetros son, Ignacio Ramírez, Juan N. Álvarez, Benito Juárez, Vicente Guerrero y Ruffo Figueroa, y las calles Abasolo, Manuel Altamirano, Ruiz de Alarcón, Valerio Trujano, Teófilo Olea, Miguel Alemán y María Morelos.
En varias ocasiones los colonos han colocado lonas para manifestar su oposición al proyecto, donde se leía: “No a la instalación de los parquímetros”, y “Queremos mejores servicios públicos, no parquímetros”; han bloqueado calles y avenidas para mostrar su inconformidad.
La semana pasada el encargado de Tránsito municipal, Inocente Mojica Peña informó que en la capital se instalaron y están en funcionamiento mil 360 parquímetros.
El vecino Víctor Valle dijo que “estamos en contra del proyecto de los parquímetros, no es posible que la administración esté más preocupado por quedar bien con la empresa que con la ciudadanía”.
Pidió al alcalde priista y al Cabildo que dialoguen con los inconformes, pero que ayuden a los vecinos y no lo hagan por su conveniencia ni por quedar bien con la empresa española EYSA, que es la encargada de los parquímetros.
El vecino dijo que las autoridades deberán convocar a los inconformes para que acudan, y “las cosas no las hagan en lo obscurito como Mario Moreno”.

Presentan los policías estatales paristas 32 quejas ante la Codehum contra Almazán Cervantes

Luego de cumplir más de tres meses en plantón en el Palacio de Gobierno, los policías estatales que fueron dados de baja en julio, presentaron 32 quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en contra del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier, Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder y despido injustificado.
El 20 de julio 32 policías iniciaron un paro laboral en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4), y desde el 22 de ese mes instalaron un campamento afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 4 mil pesos autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad, homologación de salarios, equipo y uniformes.
Asimismo, de acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 4 de agosto, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos informó que los 32 policías paristas fueron cesados.
Los policías estatales mantienen su plantón en la entrada del Palacio de
Gobierno, donde colocaron una lona negra para cubrirse del sol y la lluvia.
Un de los policías, quien se reservó su nombre, dijo que desde que inició la movilización para exigir su reinstalación han presentado 32 quejas ante la Coddehum en contra del general Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder, despido injustificado y pago de salarios.
Dijo que en los más de tres meses de lucha no han tenido apoyo de la comisión ni del gobierno estatal para buscar la manera de reinstalarlos.
Agregó que también presentaron demandas laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que a la fecha no han tenido resolución para su problema laboral.
Señaló que al concluir su mandato Rogelio Ortega Martínez, “dejó en claro su postura, que no podía reinstalarnos porque no podía hacerlo”.
Dijo que han solicitado por medio de documentos una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para saber su situación laboral, “estamos en espera de que nos dé respuesta para atender nuestras peticiones”.
Señaló que gente cercana a Almazán Cervantes, “nos comentaron que él nos va reventar bien o mal, porque no quiere que estemos ahí en el plantón, el argumento es que ya le tocamos su orgullo”.
Los agentes estatales pidieron al gobernador Héctor Astudillo que intervenga en su situación laboral para que sean reinstalados en la corporación porque tienen más de tres meses sin empleo y sin recibir un salario.

Organiza Gonzalo Molina taller de pintura en prisión en la capital; pide respeto a la Ley 701


El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González gestionó, organizó y clausuró un taller de 30 horas de pintura para internos de la cárcel de Chilpancingo, en donde está recluido.
En la conclusión llamó al presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, a hacer una recomendación a las autoridades y en particular al Poder Judicial, para que respeten la Ley 701 que reconoce a la CRAC como institución de los pueblos originarios.
En el área que con un grupo de reos acondicionó como escuelita, denunció que las autoridades judiciales violentan la ley al mantener a representantes de los pueblos en prisión. Insistió en que las autoridades están violando “no sólo mis derechos, también los de mi familia y de los pueblos y comunidades indígenas que representan”.
En la actividad, Navarrete Magdaleno ofreció preparar un pronunciamiento que tenga efectos de una recomendación a funcionarios de primer nivel. No obstante confió en que no sea necesario y pronto haya una sentencia, porque magistrados del poder Judicial reconocieron que el caso no había tenido la celeridad de las últimas fechas.
Incluso, mencionó el cambio de la jueza de Tlapa, luego de que lo solicitaron sus familiares porque cometió irregularidades en el proceso.
De la petición que le hicieron de que ayudara para que su familia recupere una camioneta que le quitaron durante su detención hace dos años, sus familiares denunciaron que la esposa del ex gobernador Rogelio Ortega prometió a la esposa de Molina recuperar el vehículo del corralón o darle uno nuevo.
En apoyo a sus familiares, la Codehum llevó la petición por escrito a la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda, pero les dijeron que no trabajaba en el DIF municipal, que fueran al Centro Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), donde tampoco les recibieron el escrito, ni en la Promotora Turística en Acapulco.
En cuanto al taller que concluyeron seis detenidos, entre ellos el joven policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez, Molina confió en que les permita ser personas más sensibles y solidarias. Anunció que está en proceso de autorización un mural dentro de la prisión.
El alumno Felipe García agradeció la donación de los materiales para pintar y que los ayudarán a que “los años en la sombra no los pasemos de noche”.
En representación de la institución, personal de custodia del penal clausuró la actividad.

Se entregará en tres meses la perrera de la capital, pactan el nuevo director y la encargada

Luego de que el martes y miércoles hubo jaloneos para la toma de posesión en el Centro Canino y Felino de Chilpancingo, el nuevo director Israel Ramírez Molina y la encargada Alejandra Ortiz Ochoa pactaron que dentro de tres meses se entregará la perrera municipal.
Por separado, en conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en la capital, integrantes de la Red de Protectores de Animales del Estado de Guerrero exigieron al alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena que retome el control de la perrera municipal, que desde la administración pasada se convirtió por deseo de su directora Ortiz Ochoa en un albergue canino y dejó de cumplir con sus obligaciones básicas, que son el control de perros y gatos callejeros.
Por la mañana, los nuevos encargados del centro canino acudieron a las instalaciones y, de acuerdo con Ortiz Ochoa, rompieron los candados para intentar meterse, lo que ocasionó que nuevamente hubiera algunos jaloneos y discusiones.
Ramírez Molina dijo que necesitan tomar posesión del inmueble para hacer campañas de esterilización de perros y gatos. Además, anunció que los perros que se encuentran en el centro canino y “tengan alguna enfermedad tendrán que ser sacrificados con una sobredosis de anestesia”.
Por su aparte, Alejandra Ortiz y su hija pidieron a las autoridades que les permitan sacar a los 187 perros que tienen en el centro y les den tiempo de buscar un terreno para instalarlos, “queremos que nos den tres meses para sacar a todos, y ya ustedes se quedan con sus oficinas”, dijeron.
En el lugar se firmó una minuta de acuerdos para que el 1 de enero la encargada del centro canino entregue las instalaciones.
Por separado, en el SNRP integrantes de la Red de Protectores de Animales del Estado de Guerrero dijeron que la razón de la sobrepoblación callejera de perros y gatos es la falta de campañas gratuitas de esterilización, y que la señora Alejandra Ortiz dejó de hacerlas por su desconocimiento del tema, además de sorprender a vecinos de buena fe que creían en su trabajo, algunos fueron a apoyar, pero al percatarse de la verdad no regresaron.
Una integrante de la red, Araceli Peralta, pidió a Leyva Mena que se designara en el centro canino a un veterinario, “que sea solidario con la causa animalista y que tenga como objetivo transformar esa perrera en una clínica de bienestar animal”.
Dijo que es inconcebible que Ortiz Ochoa se niegue, contradiciendo su postura como supuesta protectora y aferrándose a un cargo de confianza por el que le han pagado, aunque siempre lo ha negado para solicitar recursos a los vecinos.
Araceli Peralta dijo que los problemas de los perros y gatos son muchos, porque los perros que son atropellados se descomponen en las calles, como ocurrió con uno frente al Tecnológico, y los que fueron envenenados en las colonias Colibrí y Atlitenco de Altamira, casos en los que la encargada no intervino porque se asume sólo como protectora y no como autoridad.
La integrante de la red dijo que Ortiz Ochoa argumentó que el alcalde ordenó el sacrificio de los perros que ahí viven, lo que es falso, y la red jamás lo permitiría; esa campaña difamatoria la inició desde que supo que no sería ratificada y en su lugar se nombraría a veterinarios comprometidos con la causa animalista.
Las integrantes de la red exigieron que se concrete el cambio de autoridad y se inicien las campañas de esterilización en colonias y comunidades, y que se promocione la adopción de mascotas.

Hallan policías comunitarios del FUSDEG los restos de una mujer en Petaquillas, Chilpancingo

Policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) hallaron los restos de, aparentemente, una mujer en las inmediaciones del cerro Tonala, cerca de la barranca Los Pericos, al poniente de la comunidad de Petaquillas municipio de Chilpancingo.
Consultado por teléfono, el coordinador del FUSDEG en Chilpancingo, Salvador Alanís Trujillo dijo que la tarde del lunes recibieron la llamada de un campesino para denunciar que había encontrado restos humanos cerca de la barranca Los Pericos, ubicada a una hora y media de Petaquillas.
La Policía Comunitaria halló restos humanos en la barranca en una operación de búsqueda.
Alanís Trujillo dijo que los restos humanos eran probablemente de una mujer, porque portaba blusa azul y pantalón de mezclilla.
Agregó que a la 1:30 de la tarde de ayer, policías comunitarios, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) se dirigieron a la barranca Los Pericos, a una hora y media de la comunidad de Petaquillas.
Después de las 8 de la noche, los policías comunitarios, trabajadores de la Fiscalía y Semefo llegaron a la Comisaría de Petaquillas con los restos humanos.
Los restos de la mujer fueron trasladados al Semefo de esta ciudad, para practicarle los estudios de ADN y ser identificada.

La libertad de Nestora Salgado y la presentación de los 43 normalistas, demanda el MPG al gobernador Astudillo

El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se pronunció en contra de la represión hacia el pueblo, de la reforma educativa, la criminalización de la lucha social y exigió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como el esclarecimiento real y científico de los ataques en Iguala.
En conferencia de prensa en el Zócalo, los integrantes de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) disidente, Antonia Morales Vélez y Walter Emmanuel Añorve Rodríguez, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) Alfredo Ramírez García, el representante del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) Sergio Carbajal y otros integrantes del MPG, presentaron las demandas que le entregarán al gobernador Héctor Astudillo Flores.
Antonia Morales informó que ayer estaba programada una mesa de trabajo con el gabinete a las 11 de la mañana, sin embargo, algunos representantes del MPG no podían estar a esa hora y se acordó reprogramar el encuentro.
Alfredo Ramírez leyó el manifiesto del MPG en el que resaltó que la organización condena el hostigamiento, cárcel, golpes, desaparición forzada y muerte que sufre el pueblo, “en este rubro exigimos alto a la represión hacia la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y la presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas”.
Demandó el esclarecimiento real y científico de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala durante los cuales fueron asesinadas seis personas, entre ellas tres estudiantes de Ayotzinapa, así como la reparación del daño a las víctimas, “no aceptamos las torpezas y mentiras con las que se han conducido la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, son una burla para el pueblo”.
Exigió la liberación de los presos políticos como la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, y el alto a la criminalización y judicialización de la protesta social.
El MPG rechazó la reforma educativa y la restricción de la matrícula escolar en las normales públicas del estado, ya que el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez y el ex secretario de Educación Salvador Martínez della Rocca, aceptaron reducir el promedio mínimo de ingreso de 8 a 6, pero la federación no reconoce el acuerdo y unos 200 estudiantes quedarían fuera de las instituciones.
Al respecto, el MPG demandó que los acuerdos que se firmen con los funcionarios sean institucionales y se respeten y exigió respeto a la Ley 701 que garantiza la libre determinación de los pueblos originarios de organizarse y le da legalidad a los grupos de autodefensa.

En las secretarías de gobierno clave está el enemigo del pueblo, señalan

Se le preguntó a los representantes su postura ante la designación de priistas y zeferinistas como parte del gabinete, como lo son el secretario de Administración y Finanzas, Héctor Apreza Patrón y el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero. Walter Añorve dijo que las figuras dentro de las secretarías clave para el gobierno “es normal y lógico que vamos a encontrar al enemigo del pueblo, el Estado está operando a partir de quiénes le dan mejores resultados”.
“Toda la estructura que tiene el gobierno es priista y tratará de continuar con las imposiciones, pero también nosotros como MPG estamos organizados, no podemos esperar otra cosa de quienes dan la cara real de lo que las demás administraciones han sido, a pesar de que el PRD gobernó era el PRI quien estaba al frente del estado”, agregó.
En cuanto a si el regreso del PRI al gobierno del estado dificultará la liberación de Nestora Salgado, Antonia Morales dijo que la administración de Astudillo Flores “no es más que un refrito de los gobiernos anteriores, exigimos la liberación de la compañera Nestora Salgado, si su caso se conflictúa más, se demostraría que el gobierno cambió de coraza”.
Por otra parte informó que este viernes Gonzalo Molina cumple dos años en prisión, por lo que el MPG llevará a cabo una marcha ese día que partirá desde el plantón Popular Magisterial de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, para exigir su libertad y la de todos los presos políticos.

Exigen vecinos de la colonia Cooperativa en la capital que se retire una antena de telefonía celular

Vecinos de la colonia Cooperativa, de Chilpancingo, exigieron al gobierno estatal y federal retirar una antena de telefonía celular que afecta la salud de los vecinos.
En conferencia de prensa el presidente de la colonia, Rubén Covarrubias García dijo que hace tres años se instaló una antena en la colonia, que ha provocado que algunos vecinos se enfermen de leucemia y cáncer.
Dijo que una antena de telefonía celular debe ser instalada a 150 metros de un asentamiento humano, para evitar que la radiación afecte la salud.
Covarrubias García dijo “hemos recibido reportes de vecinos enfermos de cáncer y su enfermedad ha avanzado, a las mujeres les causa cáncer de mama y a los hombres cáncer en la piel, y padecen dolor de oído, cabeza, estrés y ronchas”.
Dijo que está interviniendo la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para que el Ayuntamiento de Chilpancingo y el gobierno estatal retiren la antena de telefonía celular.

Intentan desalojar el centro canino de la capital porque iba a tomar posesión el nuevo director

 

Los trabajadores de Gobernación municipal, por indicaciones del alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, intentaron desalojar a 187 perros que se encuentran refugiados en el Centro de Control Canino y Felino de Chilpancingo, porque iba a tomar posesión el nuevo director del centro.
A las 12 del día llegaron a la perrera municipal en la colonia Amate el director de Gobernación municipal, José Luis Sagahon Figueroa y 12 trabajadores de la dependencia, con empujones intentaron quitar de la entrada a la encargada, Alejandra Ortiz Ochoa y a su hija para tomar el control del centro canino, pero no lo lograron.
La encargada del centro canino, Alejandra Ortiz Ochoa dijo que tres trabajadores portaban pistolas y las usarían para matar a los 187 caninos, “porque nos dijeron que iban a entregar el Centro de Control Canino y Felino de Chilpancingo al nuevo director, limpio, sin animales”.
Dijo que hace más de tres años Mario Moreno Arcos la nombró como directora del centro, y el alcalde se comprometió a darle 18 mil pesos mensuales, para que el centro canino diera servicio.
Dijo que le pidió al alcalde el apoyo en especie para comprar alimento, pagar un veterinario, acondicionar la perrera y remodelar el centro para mejorar el servicio, pero no recibió ningún recurso económico por parte de Moreno Arcos .
“Llegó un encargado de Gobernación municipal, nos pidió que abriéramos las puertas de la perrera para que se fueran los caninos, por instrucciones y órdenes del alcalde Leyva Mena, porque darán posesión al nuevo director, sacar a los perros, pero nosotros nos opusimos”.
Agregó que ante el nulo apoyo del Ayuntamiento de Chilpancingo, con su dinero y apoyo de la sociedad civil compran alimento, medicamentos, colocaron rejas metálicas, pagan el salario a los trabajadores y contratan veterinarios para atender a los perros.
Ortiz Ochoa pidió a los trabajadores de Gobernación municipal que le reembolsen el dinero que invirtió durante tres años, y que le condicionen un lugar para reinstalar a 187 perros.
Agregó que hace un mes se reunió con el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, para hablar del centro canino, “pero respondió que a él le valía, que le daba igual, no le interesaba y que no le importa que nosotras hagamos algo con la perrera municipal”.
Después de la 1 de la tarde, el director de Gobernación municipal y sus trabajadores se retiraron porque iban a reunirse con el alcalde Leyva Mena para atender este problema.
Responsabilizó al alcalde priista de cualquier daño o afectación en las instalaciones del centro canino y en contra de su integridad física y de su familia.

Ofrendan organizaciones a los desaparecidos, activistas y luchadores en el Zócalo de la capital

 

La alternativa a la inseguridad agravada en los periodos de transición de los gobiernos, es la organización de la sociedad para obligar al Estado a cumplir con sus funciones señaló el director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, en el altar de Día de Muertos para recordar a los desaparecidos, activistas y luchadores sociales, la mayoría de ellos asesinados, que instalaron organizaciones en el Zócalo de esta ciudad.
Denunció que los secuestros difundidos en los últimos días no representan ni el 10 por ciento en la capital, pues por medio del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero reciben información de otros casos.
Reconoció que estos datos no se pueden confirmar pero personas liberadas sin la intervención de las autoridades, dijeron que “hay muchos más en las casas de seguridad”, donde estuvieron retenidos.
También hay casos de secuestrados que fueron asesinados y no se denunciaron por temor, y de los rescatados recientemente, fueron encontrados en Morelos, dijo.
Javier Monroy expuso que el Tadeco ha denunciado hace mucho tiempo que en Guerrero existe una crisis humanitaria, pero en estos momentos la crisis mayor es de seguridad, “porque se incrementa y las autoridades no dan pie con bola”.
Resultado del monitoreo que hacen, señaló que la violencia se incrementa en los cambios de gobierno, como sucedió en la transición de René Juárez y Zeferino Torreblanca, y cuando éste último entregó a Ángel Aguirre Rivero.
Ocurre de nuevo con Héctor Astudillo Flores, “entendemos que no es gratis, porque hay un reacomodo de las empresas del narco a partir de compromisos que hacen con candidatos. Este reacomodo lleva a ajustes de cuentas y confrontaciones muy fuertes, donde lamentablemente cae mucha gente que no está vinculada”.
Señaló que hace 15 y 20 años sólo se hablaba de dos o tres cárteles, ahora en cada región hay muchos.
Añadió que no se puede aceptar que se enfrente el problema con más policías y militares, como propuso el nuevo gobernador, porque el problema está en la relación del crimen con el gobierno, “el narcotráfico sostiene la riqueza del país, y (las autoridades) no van a enfrentarlos porque se ponen la soga al cuello”.
Dijo que la presencia de policías y militares sólo pretende la contención social, porque en cualquier momento la población puede reaccionar y va a responder ante las injusticias y la impunidad. Pero opinó que sería un error de los ciudadanos hacer la tarea del Estado, si se arman para enfrentar a la delincuencia.
Aclaró que a quien le corresponde buscar en las fosas a los muertos y detener a los delincuentes es al Estado.
Agregó que la Policía Comunitaria es la solución en algunos lugares, pero un proyecto con principios no con intereses de grupo.
Reconoció también que son tiempos difíciles para las organizaciones, “cada uno piensa en si mismo”, y se estigmatiza a quien lucha por los presos, los asesinados y los desaparecidos.
Llamó a la población a organizarse y adoptar a un secuestrado, desaparecido o asesinado para reclamarlos, porque las autoridades tienen doble moral “dicen que casi no duermen por esta situación, pero todos los recursos y personas con las que cuenta el Estado se destinan a otra cosa, menos a proteger a la ciudadanía”.
Ayer hubo actividades culturales en el altar que colocaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Nahuales de Ixtlitezcatl, el Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, el Frente Democrático Unitario en Lucha y el Tadeco.
La ofrenda se colocó frente a la catedral, donde pusieron fotografías de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa asesinados en 2011, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, luchadores sociales asesinados en 2013 como Rocío Mesino, también la foto de Isidro Ortiz Bernal, Chilo, y el universitario Renato Ravelo Lecuona. d