Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Ante la “crisis humanitaria” por las cifras de desapariciones que aumentan “cada día, cada hora y cada minuto”, siete colectivos de víctimas de Guerrero exigieron la aprobación “urgente” de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
En un boletín de prensa denunciaron que el Estado ha violentado “grotesca y dolosamente” los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares.
Los responsables del comunicado son los colectivos de familiares de víctimas que marcharon y bloquearon la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo para pedir al Congreso local la aprobación de esa iniciativa de ley.
Después de la protesta se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió con los representantes de los colectivos darle seguimiento de manera conjunta a la iniciativa, pero ha incumplido con las reuniones agendadas, según denunciaron.
Derivado de ello, en su boletín de prensa exigieron ayer a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso local “que inmediatamente aprueben la Ley en Materia se Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Los colectivos son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos;
Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo;
Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.
Falta una estrategia para detener desapariciones
Reprochan: “La falta de estrategias de seguridad para detener la desaparición de personas y la falta de atención a las llamadas victimas indirectas; esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, madres y padres, han provocado que la crisis humanitaria se profundice y se amplié, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal terminarán incrementando esa deuda con el pueblo de México y de Guerrero en particular”.
Refieren que mucho se ha insistido en que la desaparición forzada y por particulares en México, ha sido una práctica recurrente en Guerrero sin que hasta la fecha las víctimas directas e indirectas hayan podido acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
“El estado ha violentado grotesca y dolosamente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares, ha violentado los derechos de los hijos de los desaparecidos, en muchos de ellos al negárseles el derecho a recibir la pensión de sus seres queridos, ha revictimizado y minimizado el dolor de las familias; las familias caminan gritando para ser escuchadas, pero el Estado sigue siendo omiso y sordo”.
Insistieron que, lo prioritario, es la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, “ya basta de hablar de agendas económicas, es necesario hablar de derechos humanos que cubran y protejan a las familias de los desaparecidos hasta encontrar a quienes les fueron quitados por la falta de capacidad del estado de velar por la seguridad de Guerrero”.
Los colectivos se quejan que cada día se incrementan las familias que caen en esta crisis humanitaria, “sin que se pueda saber con certeza las cifras oficiales de las víctimas por años, sexenios o décadas; las cifras están muy manoseadas y existe un subregistro tal que no es posible dar cifras reales, y esa es precisamente una de las intenciones con la ley pendiente en el Congreso del estado”.
Se tiene miedo a denunciar
Consideran que actualmente puede haber un número que oscila entre los cuatro y seis mil desaparecidos desde 1964, “cifras maquilladas y manipuladas cuando bien sabemos que desde hace aproximadamente diez años atrás, en todas las regiones de Guerrero el hablar de gente que desaparecen es de todos los días, pero tienen miedo a denunciar, la gente tiene miedo a hablar, mientras las cifras aumentan cada día, cada hora, cada minuto”.
Frente a las cifras de desaparecidos, los colectivos piden que el Estado “tiene que dejar de simular que la desaparición es tema prioritario en su agenda”.
Los colectivos explican que la ley que piden se apruebe permitirá un marco jurídico que garantice la coordinación de todos los organismos de búsqueda y la localización de sus familiares desaparecidos, mejorando e implementando los mecanismos necesarios.
Asimismo, garantiza un presupuesto suficiente y la reparación del daño a todas las familias a las que les han entregado los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos después de haberlos identificado.
También, contiene la implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de estos hechos, así como la elaboración de políticas públicas para evitar que hombres y mujeres de todas las edades se vean compelidos a incorporarse a los grupos delincuenciales, “brindando oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo y/o comunitario, reconstruyendo el tejido social y, por consiguiente, en un futuro podamos ver la baja en niveles de violencia”.
