En la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los representantes de partidos condenaron el asesinato del dirigente del PVEM en Copala, Jesús Gon-zález Ríos, y los consejeros pugnaron por condiciones para un proceso electoral con tranquilidad.
El representante del PVEM en el Consejo General, Juan Manuel Maciel Moyorido, condenó la privación de la libertad de González Ríos, conocido como Chucho Ríos, el miércoles, y el hallazgo de su cuerpo este jueves.
Exigió a las autoridades estatales que no haya impunidad, y al IEPC que tome las medidas necesarias para que los aspirantes en general, y los actores políticos, tengan seguridad, porque a dos meses del arranque formal del proceso electoral hay temor de que amenazas coarten el derecho legítimo de participar, “si eso le sucede a personas destacadas, la democracia se irá acabando”.
La presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, aclaró que el organismo sólo está facultado para ser enlace en la solicitud de medidas de protección a candidatos registrados, a petición de parte.
Se sumaron a las condolencias y la demanda de justicia por la paz en las elecciones, los representantes del PRD, Mariano Hansel Patricio; del PRI, Manuel Saavedra Chávez; Esther Araceli Gómez Ramírez, de Morena; Isaías Rojas Ramírez, del PT y Lorenzo González, del PAN.
La presidenta compartió que las autoridades resuelvan este cas que ocurre “a unas semanas de inicio del proceso electoral, entonces estaremos pendiente. Mi más sentido pésame, licenciado, por este fallecimiento de Jesús González Ríos”.
La consejera Vicenta Molina Revuelta compartió las condolencias y “por velar que en el estado y en todo el país contemos con la paz y la tranquilidad que todas la ciudadanas y ciudadanos necesitamos”.
La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, expresó preocupación por las condiciones que se estarán generando para el inicio del proceso electoral.
Señaló que en otros hubo situaciones de violencia hacia quienes participaban e hizo votos porque las instituciones “tengamos la responsabilidad de generar las condiciones para que el proceso electoral se lleve a cabalidad y con la certeza de que se respetará la integridad de las personas que participan en política”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes hizo votos “para que pronto regrese la paz, y se puedan desarrollar el proceso electoral en las mejores condiciones y garantías de seguridad a la ciudadanía”.
Consultada por separado, Ma-tildes Gama recordó que en cada proceso electoral se forma un grupo con instituciones de seguridad pública, las fuerzas armadas y la Fiscalía, donde invitan a los órganos electorales para que informen sus necesidades de seguridad pública.
La Fiscalía General del Estado informó que inició la carpeta de investigación por el homicidio del dirigente pevemista Jesús Gonzále Ríos, aunque situó en un lugar diferente el hallazgo del cuerpo: en la comunidad de Santa Clara, Cuautepec.
La FGR informó que inició una carpeta investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de “Jesús N”, por los hechos ocurridos en el lugar conocido como Las Marías, en un punto cercano a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de Santa Clara, municipio de Cuautepec.
Aunque de acuerdo con los familiares, el cuerpo del líder del PVEM fue hallado en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, municipio de Florencio Villarreal.
La FGE informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo actos de investigación.
“En ese sentido se logró la plena identificación del cuerpo con base en los protocolos correspondientes”, informó la dependencia.
Indicó que el 28 de junio recibió la denuncia por el delito de privación de la libertad personal, “por lo que se procedió a brindar atención directa y asesoría a los familiares de la víctima.
Hallan muerto al dirigente del PVEM en Copala un día después de ser secuestrado
Encuentran a Jesús González Ríos en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, en Florencio Villarreal. Había grabado un video donde denunciaba amenazas de muerte, a través de un grupo armado, de la alcaldesa Guadalupe García Villalva, y la responsabilizaba de lo que le pasara
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Jesús González Ríos en una marcha del PVEM en Copala, Fue candidato a alcalde en las elecciones de 2021 Foto: Tomada de Facebook
El coordinador municipal del PVEM en Copala, Jesús González Ríos, quien estaba desaparecido desde las 11 de la mañana del miércoles, fue hallado muerto la mañana de ayer en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, en el municipio vecino de Florencio Villarreal.
El hallazgo fue confirmado por fuentes de la la Fiscalía General del Estado (FGE), y por familiares cercanos del político costachiquense.
“Cualquier situación que suceda mala, que algo le hagan a mi familia, a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos y a mi persona, será total y absoluta responsabilidad de la presidenta municipa (la perredista) Guadalupe García Villalva, dado que ella me mandó amenazar a través de un grupo armado, en donde me dicen que tengo que quitarme del camino, que ya no participe”, había advertido González Ríos en un mensaje videograbado.
Después de que se confirmó el hallazgo de su cuerpo, familiares y amigos levantaron el bloqueo que mantenían desde las 12 del día de miércoles en la entrada de la ciudad en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
Familiares informaron que a las 8 de la mañana recibieron la noticia de que su cuerpo fue hallado en medio de un ramal cerca de la carretera en una brecha que comunica con la Laguna de Chautengo.
El cadáver fue encontrado desollado del rostro y cabeza, con un short negro y playera azul y blanca, en medio de un camellón.
González Ríos fue privado de su libertad por hombres armados en la esquina de la calle Miguel Alemán y Leona Vicario, de la colonia La Loma, en la cabecera.
Desde entonces no supieron nada de él hasta la mañana de ayer, y su esposa acudió a realizar el reconocimiento del cadáver.
Después de la identificación del cuerpo por sus familiares, y la confirmación por parte del fiscal regional de la Región Costa Chica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jiménez Romero, los familiares retiraron el bloqueo “para guardar el duelo”.
Pero uno de ellos advirtió que después del sepelio realizarán las acciones “que sean necesarias” para exigir a las autoridades la investigación, el esclarecimiento del caso y castigo a los culpables.
González Ríos fue candidato a la alcaldía por el PVEM en las elecciones del 2021, pero perdió ante la actual alcaldesa Guadalupe García Villalva, del PRD, y se promovía nuevamente como aspirante del mismo partido.
La noche del miércoles circuló un video en las redes sociales en el que denunció que desde el 1 de mayo había sido amenazado de muerte por la presidenta municipal García Villalva, a través de un grupo armado, como consecuencia de su activismo político.
El video tiene una duración de 2 minutos con 50 segundos: “Muy buenas tardes amigas y amigos, a través de este video quiero comentarles algo muy delicado y grave a la vez de lo que me está pasando en estos últimos días”, dijo el político copalteco.
Agrega: “Para ser exactos, desde el día 1 de mayo, ya hace más de un mes y medio, a través de un grupo armado, la presidenta municipal de Copala, la química Guadalupe García Villalva, me manda amenazar, diciéndome a través de estas personas que yo tengo que quitarme de la política, que ya no participe, que me tengo que quitar del camino para que deje libre y puedan ganar cualquiera de sus candidatos que ella anda postulando”.
González Ríos, expone: “Les soy sincero, tengo mucho miedo, mucho temor, porque a partir del 1 de mayo se ha tornado un ambiente complicado para mí y para mi familia, estoy muy preocupado de que algo les pueda pasar a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos, sobre todo a mí, a mi persona, porque obviamente estamos en el proyecto político con miras al 2024 y la alcaldesa municipal de Copala me manda amenazar a través de un grupo armado”.
Y entonces plantea: “La verdad yo quiero externar que cualquier situación que suceda mala, que algo le hagan a mi familia, a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos y a mi persona, será total y absoluta responsabilidad de la presidenta municipal Guadalupe García Villalva, dado que ella me mandó amenazar a través de un grupo armado, en donde mi dicen que tengo que quitarme del camino, que ya no participe”.
El aspirante a la alcaldía, concluye: “Por tal motivo quiero dejar este video, y si es necesario utilizarlo, la verdad tengo mucho miedo de seguir haciendo actividades, si se dan cuenta ya no subo nada a las redes sociales, debido a esas amenazas que me hicieron, estamos y no nada más yo estoy vulnerable, mi familia, somos nosotros gente pacífica de bien”.
Durante el bloqueo del miércoles, la madre del dirigente, Valentina Ríos, informó a los medios que a raíz de esa amenaza “como le dijeron que se hiciera a un lado mi hijo ya no iba a participar, él habló conmigo y me dijo que se iba a hacer un lado”.
Condenas de Carabias y Velasco
Mediante un comunicado de prensa, el dirigente del PVEM en el estado, Alejandro Carabias Icaza, condenó el crimen del González Ríos, y exigió a las autoridades estatales y federales que se investigue a fondo ese caso” para que no quede impune como muchos otros.
Asimismo, exigió garantías para todos quienes realizan actividades políticas.
El ex gobernador de Chiapas y uno de los seis aspirantes de la candidatura presidencial de Morena, Manuel Velasco Coello condenó el asesinato y exigió castigo para los responsables.
“Condenamos enérgicamente el crimen perpetrado en contra de nuestro compañero Jesús Gon-zález Ríos, líder del PVEM en Copala, Guerrero. Exigimos a las autoridades castigo a los responsables para que su muerte no quede impune. Nuestro pésame y solidaridad con sus seres queridos”, escribió en Twitter antes de mediodía.
Se deslinda del asesinato la alcaldesa de Copala y se pone a disposición de la FGE
En conferencia que difunde por Faceboook, la perredista Guadalupe García Villalva, dice que condena y repudia los hechos y que es “la primera interesada” en que se investiguen
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Copala, la perredista Guadalupe García Villalva, se deslindó ayer de la privación de la libertad y el asesinato del coordinador municipal del PVEM, Jesús González Ríos y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para coadyuvar en las investigaciones.
En conferencia de prensa que se difundió por Facebook, la alcaldesa “condenó” y “repudió” los hechos y pidió la colaboración de las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones y se llegue al esclarecimiento de la privación de la libertad y el homicidio del dirigente del PVEM.
“Guadalupe García Villalva es la primera interesada en que se realicen las investigaciones y va a coadyuvar en lo que realicen y decidan las dependencias. En Copala podemos tener diferentes formas de pensar, diferentes ideologías religiosas y militar en diferentes partidos políticos pero nunca hemos sido enemigos”, dijo.
La alcaldesa rechazó las acusaciones en su contra, y dijo: “a estas personas que se han empeñado en seguir difamando a mi persona los invito para que presenten las pruebas ante las instancias correspondientes”, en referencia a quienes la han responsabilizado del homicidio en las redes sociales, derivado del video que dejó el ahora occiso en el que la acusa de haberlo mandado a amenazar de muerte a través de un grupo armado.
La alcaldesa envió sus condolencias a los familiares de la víctima y les dijo que el Ayuntamiento está dispuesto a coadyuvar para que se realicen las investigaciones necesarias.
“Yo, Guadalupe García Villalva, estoy abierta a cualquier investigación. Soy una madre de familia y con estas cosas que han pasado en México, en Guerrero y en la Costa Chica, también somos vulnerables y tememos por nuestra vida”.
Pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayuden para concretar la paz en Costa Chica.
Expresó que va a seguir trabajando en su oficina del Palacio Municipal hasta el último día de su gobierno, “porque el que nada debe nada teme y vamos a seguir luchando para que juntas y juntos evitemos que pasen estas tragedias tan lamentables”.
Dijo que la violencia no está solamente en Copala, sino en toda la región, en el estado y en el país y pidió a sus paisanos a organizarse para ayudar a la gobernadora y al presidente de la Republica para que ya no sigan pasando estas “terribles tragedias”.
“Desde el día de hoy me pongo a la disposición de las autoridades para que juntos hagamos una investigación y que se castiguen a todos los responsables”, ofreció.
Respecto al video que circuló en las redes sociales, en el que el dirigente del PVEM denuncia que lo mandó a amenazar a través de un grupo armado y la responsabilizo de cualquier cosa que le llegara pasar a él o a su familia, respondió que desconoce “los motivos que hayan orillado al ingeniero a publicar esos videos, pero están las instancias correspondientes para que investiguen que hay de fondo, que hay atrás de eso y yo estoy aquí para coadyuvar como gobierno y como ciudadana”.
El director de Seguridad Pública, Martín Aparicio Mora, habló de la coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en la búsqueda de Jesús González Ríos, sin resultados hasta ayer en la mañana que se dieron los hechos “tristes y lamentables”.
También se dijo en la mayor disposición para apoyar en la investigación.
Un reportero le preguntó a la alcaldesa si está dispuesta a pedir licencia mientras se hacen las investigaciones y respondió: “lo que me indiquen la ley y las instancias, yo estoy dispuesta”. Y reiteró: “yo soy la más interesada de que esto se aclare porque el que nada debe nada teme” y dijo que confía en la justicia y en las leyes.
Informó que también está desaparecido desde hace 15 días el policía municipal, Mario Alberto Medina Parra, de quien hasta ayer no se sabía nada de su paradero.
“Es un elemento de los mejores, muy calmado, humilde, imagínense cómo me siento yo que me levanten a un policía, pónganse de este lado, estamos muy consternados de todo lo que está pasando, pero todo se lo pongo en manos de las autoridades”.
Informó que lo siguen buscando pero que no han encontrado indicios de su paradero pero tienen fe en que lo encontrarán.
El director de la Policía Municipal Aparicio Mora informó que ese caso ya está en manos de la FGE y son ellos los que están investigando el caso, “ya nosotros hemos hecho lo que nos corresponde coordinados con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno”.
Inicia la FGE investigación por el asesinato de Jesús González
Redacción
La Fiscalía General del Estado informó que inició la carpeta de investigación por el homicidio del dirigente pevemista Jesús Gonzále Ríos, aunque situó en un lugar diferente el hallazgo del cuerpo: en la comunidad de Santa Clara, Cuautepec.
La FGR informó que inició una carpeta investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de “Jesús N”, por los hechos ocurridos en el lugar conocido como Las Marías, en un punto cercano a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de Santa Clara, municipio de Cuautepec.
Aunque de acuerdo con los familiares, el cuerpo del líder del PVEM fue hallado en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, municipio de Florencio Villarreal.
La FGE informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo actos de investigación.
“En ese sentido se logró la plena identificación del cuerpo con base en los protocolos correspondientes”, informó la dependencia.
Indicó que el 28 de junio recibió la denuncia por el delito de privación de la libertad personal, “por lo que se procedió a brindar atención directa y asesoría a los familiares de la víctima.
Piden en el IEPC garantías para candidatos tras el asesinato del pevemista de Copala
Tras la condena de los partidos al hecho, la presidenta Fabiola Matildes responde que al organismo sólo le corresponde ser enlace en las solicitudes
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los representantes de partidos condenaron el asesinato del dirigente del PVEM en Copala, Jesús Gon-zález Ríos, y los consejeros pugnaron por condiciones para un proceso electoral con tranquilidad.
El representante del PVEM en el Consejo General, Juan Manuel Maciel Moyorido, condenó la privación de la libertad de González Ríos, conocido como Chucho Ríos, el miércoles, y el hallazgo de su cuerpo este jueves.
Exigió a las autoridades estatales que no haya impunidad, y al IEPC que tome las medidas necesarias para que los aspirantes en general, y los actores políticos, tengan seguridad, porque a dos meses del arranque formal del proceso electoral hay temor de que amenazas coarten el derecho legítimo de participar, “si eso le sucede a personas destacadas, la democracia se irá acabando”.
La presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, aclaró que el organismo sólo está facultado para ser enlace en la solicitud de medidas de protección a candidatos registrados, a petición de parte.
Se sumaron a las condolencias y la demanda de justicia por la paz en las elecciones, los representantes del PRD, Mariano Hansel Patricio; del PRI, Manuel Saavedra Chávez; Esther Araceli Gómez Ramírez, de Morena; Isaías Rojas Ramírez, del PT y Lorenzo González, del PAN.
La presidenta compartió que las autoridades resuelvan este cas que ocurre “a unas semanas de inicio del proceso electoral, entonces estaremos pendiente. Mi más sentido pésame, licenciado, por este fallecimiento de Jesús González Ríos”.
La consejera Vicenta Molina Revuelta compartió las condolencias y “por velar que en el estado y en todo el país contemos con la paz y la tranquilidad que todas la ciudadanas y ciudadanos necesitamos”.
La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, expresó preocupación por las condiciones que se estarán generando para el inicio del proceso electoral.
Señaló que en otros hubo situaciones de violencia hacia quienes participaban e hizo votos porque las instituciones “tengamos la responsabilidad de generar las condiciones para que el proceso electoral se lleve a cabalidad y con la certeza de que se respetará la integridad de las personas que participan en política”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes hizo votos “para que pronto regrese la paz, y se puedan desarrollar el proceso electoral en las mejores condiciones y garantías de seguridad a la ciudadanía”.
Consultada por separado, Ma-tildes Gama recordó que en cada proceso electoral se forma un grupo con instituciones de seguridad pública, las fuerzas armadas y la Fiscalía, donde invitan a los órganos electorales para que informen sus necesidades de seguridad pública.
Los dirigentes estatales del PRI y del PRD, Alejandro Bravo Abarca y Alberto Catalán Bastida, demandaron acciones que garanticen la seguridad y libre tránsito a ediles y diputados locales de las regiones Tierra Caliente y Norte; sin embargo, ninguno pudo dar detalles cómo están el presidente y el síndico de Iguala David Gama Pérez y Oscar Díaz Bello, sus correligionarios, después de las amenazas en contra.
Los dirigentes fueron consultados después del asesinato de un funcionario municipal de Taxco, y de la amenaza en Facebook que aparentemente administran miembros del grupo criminal La Familia michoacana o Familia Guerrerense, contra el alcalde David Gama Pérez, del PRI y el síndico Oscar Díaz Bello, del PRD, a quienes emplazan a dejar la ciudad.
Alejandro Bravo informó que el alcalde Gama Pérez seguirá en el municipio, aunque no sabe si ya tiene seguridad especial, porque de ese tema en específico no ha hablado con él.
El dirigente priista dijo que como partido han fijado posturas de manera inmediata cuando se cometen agresiones y en este caso de las amenazas contra los ediles “lo que demandamos es una coordinación entre las diferentes autoridades para que puedan garantizar la seguridad, no solo del alcalde”.
Reiteró que falta seguridad en todo el estado: “es urgente una atinada coordinación y programas de los expertos, de los que saben en materia de seguridad, para entregar buenos resultados”, dijo Bravo.
El dirigente priista aseguró también que sí han realizado “los planteamientos ante las instancias, nos hemos posicionado con mucha claridad, no los hemos dejado de hacer, hemos demandado seguridad”, y afirmó que no han dejado pasar estas agresiones y amenazas.
Sobre la amenaza al síndico de su partido Oscar Díaz Bello, se consultó en el TEE al dirigente perredista Alberto Catalán, quien señaló que este caso se suma al de las dos diputadas de las regiones Tierra Caliente y Norte, Elzy Camacho Pineda y Susana Paola Juárez.
Reiteró que en temas de seguridad “poco podemos intervenir” porque está fuera de sus facultades, “además, no ha sido la intención del gobierno del estado ni siquiera participarnos de esta situación. El tema de seguridad únicamente lo administran ellos y a conveniencia de ellos”.
Catalán Bastida dijo que estas amenazas contra representantes populares como alcaldes y diputados “no importa del partido que sea, amenazados por un grupo delincuencial, habla de la vulnerabilidad que puede tener cualquier ciudadano… es muy lamentable que no haya una estrategia de seguridad que esté dando resultados y vemos cómo esta situación ha vulnerado y generado esta situación tan complicada, incluso de garantizar la vida de los presidentes municipales”.
Comentó que no pudo comunicarse con Oscar Díaz, a quien le mandó un mensaje “para ponernos a la orden, pero no he tenido ninguna contestación”, y dijo que buscará la manera de platicar con él porque es “una figura del partido, y además amigo y cercano a nuestro grupo político”, en referencia a Izquierda Progresista Guerrerense (IPG).
Consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe realizar una investigación “y pueda determinar unas acciones”.
En el caso de las diputadas que no asisten a las sesiones del Congreso local a pesar de que se les ha ofrecido seguridad en el trayecto, dijo que “es la vida de ellas la que está en riesgo y alguien que está amenazado lo que menos quiere es exponerse”.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo que corresponde al Legislativo tomar las determinaciones que consideren sobre la ausencia de tres diputados a las sesiones presenciales del Congreso.
Reynoso Núñez fue consultado al final de la ceremonia por el Día de la Marina en la 12 Zona Naval, sobre la ausencia de tres diputados que denunciaron amenazas por grupos delictivos y quienes han asumido la modalidad virtual para acreditar su asistencia a las sesiones del Congreso pero no participan. En respuesta el secretario general dijo es el Congreso el que debe fijar la postura al respecto.
A fines de abril, los alcaldes y los diputados locales de las regiones Tierra Caliente y Zona Norte denunciaron amenazas de parte del grupo delictivo denominado Los Tlacos, y el riesgo de trasladarse por carretera a la capital, dado que ese grupo domina el paso en la zona Norte.
Llegaron a acuerdos con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero desde hace un mes, los diputados locales, las perredistas Elzy Camacho Pineda del distrito 17 con cabecera en Coyuca de Catalán, Susana Paola Juárez Gómez del distrito 20 con cabecera en Teloloapan y el priista Adolfo Torales Catalán del distrito 18 con cabecera en Pungarabato, participan de manera virtual a las sesiones del Congreso local.
A pregunta sobre si la ausencia fisica significa que sigue la protesta contra el gobierno, Reynoso Núñez respondió: “significa que el Congreso tendrá que tomar las determinaciones que correspondan, no es un asunto del estado, nosotros ya hemos hecho lo que nos corresponde hacer, nosotros ya hemos ofrecido las medidas de seguridad necesarias para que lo hagan (asistir personalmente), ya si no vienen, no está en nuestras manos”.
El secretario sostuvo que desde finales de abril, cuando autoridades del estado se reunieron con los alcaldes y diputados, se les ofrecieron medidas de seguridad y el acompañamiento en el camino, “sin embargo no hemos recibido ninguna solicitud de parte de ellos para que se les pueda dar acompañamiento”.
“Respetamos su decisión de no asistir de manera personal al Congreso pero no es un tema que tenga que ver con el estado”.
Detalló que el ofrecimiento del gobierno del estado a los diputados fue: “nosotros lo que ofrecimos fue hacer el acompañamiento desde su municipio donde radican habitualmente a la ciudad de Chilpancingo y poderlos acompañar en la vuelta si es que ellos consideraban que al pasar por algunas ciudades pudieran tener o correr algún riesgo, sin embargo no hemos recibido ninguna petición para que se haga este acompañamiento”.
Agregó que en las carreteras hay presencia de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional, del Ejército, con lo que garantizan el tránsito seguro, pero a los diputados se les ofreció “un acompañamiento extra”, y no lo han solicitado.
De las amenazas del grupo delictivo denominado Los Tlacos hacia las autoridades de la Tierra Caliente y la Zona Norte, el secretario general dijo que eso “ya fue superado. Creo que nosotros ya hemos sido suficientemente… lo hemos explicado con la suficiencia necesaria en cuanto a lo que está sucediendo en esta región, habría que ver que otros factores son los que estan impidiendo que los diputados vengan a la capital”.
Caso Abarca, decisión del poder Judicial
De la absolución al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, el secretario general dijo que el ex alcalde no quedará en libertad y es atribución de los jueces determinar la culpa o no de los acusados.
“Creemos que los jueces hacen sus actuaciones conforme a lo que tienen en los expedientes, en el caso del señor Abarca el tiene otros procesos mas ahí los cuales tiene que enfrentar y bueno, esperemos que en todos haya justicia, nosotros no podemos decir si es inocente o si es culpable, eso lo tiene que determinar la autoridad jurisdiccional”.
De las posibles protestas de normalistas ante el fallo del Tribunal Colegiado de Apelación del 19 circuito con sede en Tamaulipas, dijo que el gobierno del estado ofrece las condiciones para que se manifiesten en los antimonumentos pero en paz. “Tienen derecho a manifestarse pero también la ciudadanía tiene derecho a vivir en paz”.
Retraso en las participaciones
Del retraso en la entrega dinero público al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para el financiamiento de los partidos, el secretario general dijo que se debió a un aplazamiento del gobierno federal en la entrega de las participaciones federales, pero ayer y hoy ya se hicieron depósitos al Instituto.
“Tuvimos un problema durante tres meses que tuvimos saldos en contra por parte de la Federación en las participaciones federales, a eso se debieron los atrasos, ya se están regularizando las entregas al IEPC, ayer (miércoles) se hizo un depósito del recurso ordinario hoy (jueves) se va a hacer otro y vamos a ir normalizándonos poco a poco”.
En la sesión del IEPC de este miércoles los representantes de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Morena se quejaron porque desde hace tres meses no reciben dinero y demandaron al gobierno del estado que entregue al Instituto el presupuesto que le fue etiquetado.
Nuevo hospital
El secretario general acusó a la Comisión Intersindical, de asociaciones y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social y de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de tener intereses políticos por sus protestas ante el retraso de la obra. “Es un tema que se ha politizado, ahí hay gente tratando de generar polémica y hacer política con un tema que fue decisión del presidente de la República de hacer el hospital de tercer nivel”.
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se comprometió a construir un hospital de tercer nivel en Acapulco, el presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos ya está autorizado solo falta el predio, el cual debe ser entregado por el estado pero este se mantiene en secreto luego de que sus anteriores propuestas han fracasado.
Ayer, Reynoso Núñez sostuvo que ya está definido el predio donde se construirá el nuevo hospital pero que la información sobre su ubicación lo harán las autoridades del ISSSTE.
Señaló que los inconformes quieren que el hospital se contruya en un predio que tiene condiciones complejas.
Reconoció que al gobierno del estado le ha dado trabajo encontrar un terreno para la construcción del nuevo hospital, pero el gobierno federal ya tiene una propuesta de un predio que ea de su propiedad para evitar señalamientos de corrupción o sobrecostos.
“No es que la gobernadora no quiera, no es que nosotros estemos poniendo trabas en el tema, está muy avanzado y yo espero que en próximos dias lo dará a conocer el ISSSTE pero ya está. Es un tema que está resuelto, no debe prestarse a grilla, a politiquería. Lo están tratando de tergiversar, quiénes están tratando de llevar el tema por otro lado”.
Abundó que se ha buscado que terreno donde se edificará el nuevo hospital cumpla con ciertos estándares porque será de un solo nivel y buscan que no corra riesgo de inundación.
El diputado local del distrito 18, Adolfo Torales Catalán (PRI), votando desde su casa en Arcelia durante su participación virtual en una sesión del Congreso Foto: Israel Flores
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
A más de un mes que se conociera que un grupo criminal amenazó de muerte a alcaldes y diputados de las regiones Tierra Caliente y Norte, y que desde entonces no acuden a las sesiones del Congreso local, este martes las perredistas Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Juárez Gómez y el priista Adolfo Torales Catalán participaron en la plenaria de manera virtual, sin que ninguno realizara alguna participación.
El 27 de abril se publicó en El Sur que el grupo de alcaldes y diputados locales informaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la amenaza de muerte, y le pidieron acciones concretas.
En particular, advirtieron del riesto que corrían en sus traslados a la capital, en cumplimiento de sus labores o trámites.
Aunque no se específicó a qué grupo criminal se referían, se conoció que eran Los Tlacos, que tienen control de los tramos carreteros de Iguala a Chilpancingo.
Después se realizaron reuniones de las que no se conocieron los detalles. Sin embargo, los tres diputados no han acudido a las sesiones del Legislativo.
Ayer se colocó en el centro del salón de plenos, frente a la tribuna, una pantalla en la que se observó la participación remota de las perredistas y el priista, quienes por un mes dejaron sus actividades en el Poder Legislativo.
Por amenazas, diputado
calentano participa
El diputado local Adolfo Torales Catalán, del PRI, informó que participó en la sesión virtual de la Comisión de Biblioteca e Informática, “en mi carácter de presidente del mismo, en donde se puso a consideración de los diputados que lo integran el Informe Anual de Actividades, que fue aprobado por unanimidad para el conocimiento del pleno”.
El diputado local del distrito 18, de militancia priísta, se ha mantenido activo en Tierra Caliente realizando reuniones con diferentes ayuntamientos y sectores, en donde además ha entregado obras de invitaciones, apoyo a las escuelas, y realizó giras por varios municipios, donde llevo regalos para las fiestas del Día de las madres y motocicletas para rifar por el Día del Maestro.
Sin embargo, acerca de su actividad legislativa, no se había conocido de alguna participación en el Congreso debido a que se mantiene en la postura de no asistir a Chilpancingo.
Minuto de silencio por hermado del diputado Astudillo
Al inicio de la primera de dos sesiones, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio en memoria de Héctor Javier Astudillo Calvo, quien fuera hermano del diputado Ricardo Astudillo Calvo e hijo del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores.
En la sesión el pleno aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que envió el Senado, con la que se establece como requisito la edad mínima de 18 años para poder ser candidatos a diputaciones y de 25 años para ser secretaria o secretario de estado.
A propuesta del morenista Marco Tulio Sánchez Alarcón, el pleno aprobó un exhorto a las Secretarías de Salud y de la Mujer para que “tomen acciones inmediatas encaminadas al cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente”.
En tribuna, el morenista dijo que según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos adolescentes, y que en el 2020 más de 3 mil casos de menores de 19 años embarazadas en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa, Zihuatanejo e Iguala.
Y llamó a las Secretarías de Educación, de Salud y de la Mujer a cumplir con los lineamientos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, a través de campañas de educación sexual difundidas a través de redes sociales, la radio y la televisión.
Este martes se realizaron dos sesiones, ya que la Junta de Coordinación Política decidió que mañana jueves no habría.
Actos de corrupción con
programa de caminos artesanales
Al final de la segunda sesión, en tribuna el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto intervino en relación a “Los caminos artesanales de la Montaña”. Ahí denunció acciones irregulares y presuntos actos graves de corrupción en Tlacoapa, donde hay indicios de que se está alterando el número de trabajadores contratados para la ejecución de los caminos.
En ese sentido explicó que los recursos de este programa del gobierno federal son ejercidos directamente por los presidentes municipales, quienes establecen los lineamientos y operación de las obras, y que las mismas se realizan con mano de obra local, lo cual ayuda a generar fuentes de empleo en las comunidades beneficiadas, pero en casos como el de Tlacoapa se presumen malos manejos del presupuesto público.
El morenista llamó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso, a que realicen una investigación en este municipio en relación con dicho programa federal, para en su caso sancionar las faltas.
La sesión
En estas se presentadon diversas iniciativas, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. La diputada petista Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicional disposiciones de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero, para quedar como Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Guerrero.
De Morena, la diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para garantizar el principio de paridad de género en la elección de comisarios, suplentes y vocales, así como en la integración del Consejo Consultivo de Comisarios Municipales.
Tulio Sánchez propuso también una reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer la creación de la Presea “Faustina Benítez”, para “reconocer a mujeres guerrerenses que hayan destacado por su labor social en esta entidad”, la cual sería entregada por el Congreso del Estado en Coyuca de Benítez, en el marco de la conmemoración del natalicio de la guerrerense, el 15 de febrero.
El Pleno aprobó también un acuerdo parlamentario suscrito por la Junta de Coordinación Política para realizar el Parlamento Estudiantil número 15 de Los adolescentes y la cultura de la legalidad, el próximo 9 de junio.
Mientras que la perredista Yanelly Hernández Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para modificar la denominación de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por Comisión de la Familia, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Con información de Israel Flores/ Ciudad Altamirano).
El delegado de los programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, afirmó que se trató de un rumor el que estudiantes de Taxco beneficiarios de la beca federal Benito Juárez fueron citados por el crimen organizado en Tetipac para cobrarles cuota, sino que están citados en el banco del Bienestar de ese municipio para recibir su tarjeta; sin embargo, reconoció que hay temor en los jóvenes de acudir hasta ese lugar, y buscan una sede alterna.
También precisó que el lunes de cien alumnos citados sólo acudieron 60, y ayer se trasladó otro pequeño grupo, y aseguró que hasta el corte de ayer no tuvieron ningún reporte de que existiera una situación anormal con los becarios.
Consultado vía telefónica, acerca de que estudiantes de nivel medio superior de Taxco, beneficiarios de la beca Benito Juárez, alertaron en redes sociales que presuntos miembros del crimen organizado los están presionando para que se reúnan con ellos en Tetipac, con una posible intención de cobrarles una cuota, Hernández Díaz reconoció que existe ese rumor, pero que tras revisar la situación con quienes operan el programa federal no existe tal situación.
Argumentó que lo que ha fundado ese rumor y es que efectivamente se está citando a beneficiarios para que a Tetipac a recibir su tarjeta, “la confusión seguramente viene porque en efecto hay beneficiarios del municipio de Taxco que se les está citando en Tetipac, en la sede del banco del Bienestar”.
Expuso que ya hay beneficiarios que acudieron al banco a recibir su tarjeta en Tetipac el lunes y ayer, pero reconoció que una parte importante no han acudido porque señalan que tienen temor de acudir a este municipio a recoger su tarjeta.
Dijo que ayer se consultó a varios beneficiarios para saber si alguien ha recibido alguna llamada con otro tipo de intenciones, pero les “han dicho que no hay tal, pero que sí tienen temor de ir”.
Comentó que está buscando gestionar con el área correspondiente de becas una sede alterna “para inhibir la inasistencia por temor, y garantizar que todos los beneficiarios van a recibir su tarjeta”.
Precisó que en todas las sucursales del banco del Bienestar ya desde el 1 de abril están a cargo de su seguridad la dependencia, Protección Federal, que es una instancia del gobierno federal encargada de brindar seguridad, y además hay recorridos de las distintas corporaciones de seguridad a la sucursal.
Pidió informar que no hay tal situación de presión del crimen organizado a los becarios, pero que sí cierto temor de algunos beneficiarios de acudir a Tetipac, y el temor también es derivado de las distancias.
Llamó a los jóvenes a estar atentos al llamado para cuando tengan definida la sede alterna, pues desde el programa becas Benito Juárez se les informará lugar y hora donde podrán recoger su tarjeta.
Iván Hernández contó que 60 beneficiarios acudieron el lunes a recoger su tarjeta a Tetipac, que ayer acudió otro, pero aún estaban haciendo el corte y no tenía la cifra exacta.
De la desaparición de Servidor de la nación, Miguel Huerta Torres, que ocurrió el 28 de febrero, comentó que el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que está atendiendo el asunto, “nosotros lo que hemos hecho a partir de la participación en la Mesa de Seguridad Estatal así como la Mesa Regional para la construcción de la paz es reiterar la necesidad de continuar con la búsqueda de nuestro compañero”.
Se le preguntó si no pedirá a la federación que refuerce la seguridad tras varias desapariciones en Taxco, y luego de que los obispos, José de Jesús González, y el emérito, Salvador Rangel Mendoza, declararon haber intervenido y pactado con los grupos del crimen para que transcurriera tranquila las actividades de Semana Santa.
Respondió que es algo que se atiende que desde las instancias de seguridad, y no es una tarea que esté en sus manos, pero que da constancia de que se está atendiendo la inseguridad en la región, “me parece un buen mensaje que en esta temporada vacacional haya sido la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) junto con las distintas corporaciones de seguridad, quienes hayan acudido al municipio de Taxco a arrancar este operativo vacacional”.
El padre Jesús Mendoza Zaragoza en entrevista en la iglesia San Isidro Labrador del poblado de La Sabana en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Daniel Velázquez
El párroco Jesús Mendoza Zaragoza opinó que la difusión de un mapa sobre la presencia de grupos delictivos en la entidad es el reconocimiento de cómo se han repartido el territorio. En contraste la estrategia de seguridad de las autoridades ha sido insuficiente pues se necesita vigilancia de calidad, pero también acciones que mejoren el tejido social, el cultural y el desarrollo económico.
En entrevista en la parroquia de San Isidro Labrador de La Sabana, Mendoza Zaragoza consideró que el tener un mapa que identifique en qué regiones del estado operan los grupos de violencia es “un avance”.
El lunes 3 de abril se publicó en El Sur un mapa en el que se identifican 16 grupos delictivos que operan en Guerrero. Uno de los grupos dominantes es La Familia Michoacana, con presencia en Tierra Caliente, zona Norte y Costa Grande; Los Tlacos en la región Centro, zona Norte y la Montaña,y Los Ardillos que operan en la región Centro, Montaña y Costa Chica. En Acapulco, sólo se mencionan a los grupos Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Rusos.
El padre Jesús Mendoza reflexionó que los grupos delictivos operan donde pueden obtener dinero y los ciudadanos que están en la indefensión sólo tienen la opción de someterse para preservar su integridad a costa de afectar su salud mental con el miedo y la frustración. “Si no hay una estrategia que vincule a la sociedad con los gobiernos vamos a seguir estacionados” en el problema de la violencia.
Señaló que hay una descomposición en la entidad debido a que hay desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y de las autoridades hacia los ciudadanos y eso provoca que el problema de la violencia y la inseguridad esté estacionado y a las autoridades “les parece aceptable cuando sigue desarrollándose”.
–¿Qué opina de este mapa que habla de 16 grupos delictivos en la entidad?
–Yo creo que al menos el gobierno del estado reconoce la existencia de una serie de grupos que se han repartido el estado y que en ocasiones son generadores de diferentes tipos de violencia, y al menos que hayan reconocido eso es un avance y el hecho de que también reconozcan que implícitamente hay territorios, aunque no lo hacen explícitamente, territorios que están bajo su control. Zona Norte, La Sierra, son los ms castigados, también Tierra Caliente pues tienen control territorial.
–¿Qué significa que haya 16 grupos delictivos en Guerrero?
–Creo que esto es resultado de la política gubernamental desarrollada ante el narcotráfico y ante las drogas. Yo creo que por ahí viene esa dinámica. Los Estados Unidos han desarrollado el prohibicionismo, de alguna manera ha llevado que grandes cárteles tengan mucho poder y que el gobierno mexicano con esa misma política prohibicionista la haya emprendido con la guerra con los cárteles. Como resultado de esa guerra se ha desarrollado toda una fragmentación de los mismos al grado de que todos estos grupos son herencia de algunos grupos que en el pasado, Cartel de Sinaloa, Cartel de Beltrán Leyva, tuvieron el control del terreno, pero ahora ya se fragmentaron y ahora es más complicado porque cada grupo tiene ya su propia estructura, sus propias dinámicas y sus propias rutas. Este es el resultado de todas esas dinámicas que se han llevado hace mas de 20 años.
–¿Este reconocimiento que hace el gobierno de estos grupos, cómo lo debemos entender?
–Es bastante complicado y complejo en el sentido de que hay espacios donde el Estado no actúa. No está presente y hay espacios donde hay serias sospechas de que autoridades del estado están involucradas en algunas regiones.
Puso como ejemplo lo ocurrido en El Parotal, en la sierra de Petatlán que llevaban a elementos de La Familia Michoacana disfrazados de policías. “Eso hace pensar a la población de que el gobierno no es confiable, por eso la población busca salidas a esta situación de capos y contrarios. Los grupos que se arman en la sierra o los grupos desplazados que llegaron a Tecpan, entonces cada quien va a resolver su situación por sí mismo. Hay una seria desconfianza. Los ciudadanos no confían en el Estado y las autoridades no confían en la población, por eso no permite que la población intervenga mas allá de una denuncia.
Las autoridades desconfían entre sí
–¿Cómo entender la existencia de 16 grupos delictivos en la entidad, no los combaten, permiten que se expandan?
–Tengo entendido que los equipos de inteligencia que tiene el Ejército y quizá también la Guardia Nacional son suficientes como para reconocer la presencia de estos grupos, para detectarlos, para definir sus movimientos, sus dinámicas. Ahora, no sé qué tanto estas fuerzas armadas compartan la información con los gobiernos estatales y estos a su vez compartan la información con los gobiernos municipales y en particular entre policías. Creo que en el ámbito político no hay una suficiente confianza entre ellos para que haya una verdadera coordinación. Dicen que hay Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz pero yo no creo que no tengan entre ellos la suficiente confianza para manejar la información. De tal forma que en cada municipio las policías actúan de acuerdo a instrucciones de los presidentes municipales, que son de distinto carácter, y entiendo que en los municipios hay autoridades digamos sometidas, que no tienen margen porque la delincuencia tiene más poder en cuanto a las armas, y también hay municipios en que al parecer las autoridades han sido puestas de acuerdo con los grupos delincuenciales. Hay una relación muy diferenciada, municipio por municipio y región por región y eso hay que tomarlo en cuenta en las distintas formas como se dan están relaciones entre los policías, Ejército y los distintos grupos de población.
–Esta desconfianza que hay entre autoridades y ciudadanos, habla de una descomposición…
–Desde luego hay una descomposición política y a esa le juntamos la descomposición social que tenemos, porque en la misma sociedad hay segmentos que viven de la economía del narcotráfico o de la delincuencia organizada o que viven sometidos y que asumen ese sometimiento. Por ejemplo, cuando los delincuentes llevan a los comerciantes o a los transportistas a hacer manifestaciones públicas, están sometidos y de alguna manera reciben un beneficio, el beneficio de la protección. En ese sentido yo veo que hay una descomposición política y social y de la descomposición política no se habla. Tienen sus mesas de coordinación pero es evidente que no hay confianza entre las distintas autoridades y se ha visto en algunas ocasiones en las que la federación actúa en algún estado y ni siquiera avisa.
La descomposición social es tremenda
–¿Qué hacer con la descomposición que hay?
–En el ámbito político es muy complicado. Yo no podría decir gran cosa de lo que sucede allá y lo que tendrían que hacer porque corresponde a una estrategia que ya se ha definido y no la van a querer cambiar. En el ámbito social es posible hacer caminos, es decir que todos los sectores que de alguna forma se sientan afectados, llegue al momento en que confluyan en una plataforma social para dar pasos. La descomposición social es tremenda porque en el mismo corazón de la sociedad hay una participación de la delincuencia, la delincuencia se genera en la vida de la misma sociedad y de la mano de autoridades. Toda esa parte tenemos que reconocerla. En los sicarios hay un drama económico y para que esto se resuelva tiene que intervenir el Estado, pero la iniciativa depende de los ciudadanos. En el Estado se ve que están empantanados, ni para adelante ni para atrás, como si se hubieran estacionado en una situación de violencia y ya les parece aceptable cuando sigue desarrollándose. La sociedad se siente abandonada, en la indefensión y cada quien resuelve sus broncas, un taxista, un comerciante la resuelve a su modo.
Un grupo delictivo busca donde hay dinero, donde puede sacar dinero y en ese sentido ensayan digamos mil formas de… donde no hay dinero no llegan entonces si ven una mina de dinero en la producción del campo o en la cuestión forestal o en el comercio o en el transporte o en las ferias de los pueblos y ahí están entonces le quitan a la autoridad competente la responsabilidad y la asumen ellos. Y en muchos casos a las autoridades municipales no les queda de otra, tienen que someterse.
–Los grupos delictivos disputan territorios no solo por la venta de droga, ahora es explotación de recursos naturales, cobro de cuotas, extorsiones y los ciudadanos siguen con ellos. ¿Por qué?
–Porque no les queda de otra. Hay gente que dice, ‘yo no estoy de acuerdo con esto pero está es la opción que tengo para sobrevivir’. Es la situación de indefensión, si tu sabes que nadie te va a proteger, que nadie te va defender, bueno, doblas las manos.
–¿Esto de qué manera repercute en los ciudadanos?
–La salud mental de los ciudadanos va en declive. El miedo, la frustración, todas estas situaciones empeoran la situación de la gente. Después de la pandemia que nos dejó con muchas arañas en la cabeza, toda la situación de la delincuencia sigue permeando el miedo, el miedo está, nomás que a veces lo arrinconamos, pero el miedo ahí está. Luego otro impacto que no es menor, la fragilidad del tejido social. Cada quien busca solucionar las cosas y crece la desconfianza en los vecinos, crece el número de víctimas y el crecimiento de formas de victimizar. El hecho de que haya control de ciertos territorios y ciertas cosas, por ejemplo que en un territorio esté controlado el cobro de piso, que el comercio esté cooptado, que el transporte esté sometido. Esto llega hasta el hecho de que la vida democrática va en declive, las poblaciones pequeñas que tienen ciertas características democráticas hasta ahí se van abajo, porque el que decide es arriba, y esto lo vamos a ver ahora que vengan las campañas electorales, habrá candidatos puestos por ellos (los grupos delictivos).
Las autoridades deben confiar en la gente
–¿Hay trabajo del gobierno en reconstruir el tejido social?
–Creo que la autoridad tiene que confiar en la gente, porque no confía en la gente por eso la abandona y por eso suceden tantas situaciones de conflicto que no se resuelven. Esta situación del tejido social nos toca básicamente a la sociedad, nos toca a nosotros que podamos desarrollar procesos en colonias, en zonas de la ciudad porque no lo vamos a esperar de quienes no confían en nosotros.
–¿Como podemos identificar esta desconfianza de las autoridades en los ciudadanos?
–A nivel federal, a nivel estatal en las mesas de Coordinación de Construcción de la Paz no hay ciudadanos: hay militares, hay Guardia Nacional, hay policías, hay autoridades, pero no hay gente que represente a la sociedad. ¿Entonces quién es el que lleva la estrategia? Ellos. Los ciudadanos no importan. El ciudadano lo único que tiene que hacer es denunciar pero no denuncia porque sale mal parado, no hay confianza. Para mí esa parte de la estrategia es la que hace que las cosas no funcionen y que estemos estacionados en una situación de violencia que pareciera aceptable.
–En Acapulco hay mucha vigilancia, está la presencia constante de militares, marinos pero siguen ocurriendo asesinatos, no inhiben a los delincuentes.
–Creo que es una estrategia insuficiente. Sí necesitamos vigilancia, vigilancia de calidad, pero esta no es suficiente. Creo que debe haber estrategias de carácter social, cultural, económico. En el asunto económico que bajen las condiciones que dan pie a la inseguridad, que las familias tengan lo que necesitan para comer al menos. El asunto de la redistribución de la riqueza. En lo cultural, el individualismo que tenemos que permea en toda la vida de la sociedad no nos permite eso. El hecho de que cada quien quiera resolver lo suyo nada más. Si en una de estas colonias hay un desaparecido, se resigna y se repliega, nadie le ayuda, se siente señalado, acusado, una victimización tremenda, él tiene que resolver su asunto y lo resuelve recluyéndose en su casa y todos los lazos comunitarios se rompen. Estas historias dan una radiografía de lo que está sucediendo en las familias, en las colonias.
–¿Y en lo social qué se puede hacer para mejorar la estrategia de seguridad?
–Hubo intentos en años pasados en la reconstrucción del tejido social en algunos perímetros de la Zapata, Renacimiento, Jardín, Progreso pero… sé que se gastó mucho dinero pero quedó en nada. Cada gobierno va a lo suyo. Mira solamente hasta tres años y no le interesa lo que suceda después de tres años. Entonces eso no funciona, cuando es la sociedad la que tiene la posibilidad de darle seguimiento, pero si no hay ese vínculo entre sociedad y gobierno todo queda en tiradero de dinero, tiradero de recursos.
De los programas sociales, dijo que están ayudando a contener la pobreza pero no sirven para un proyecto de reactivación económica: “no se han desarrollado respuestas para que la gente se desarrolle a sí misma en el plano económico. Lo que hace el gobierno es dar dinero, eso no resuelve, contiene los niveles de pobreza y resuelve algunas necesidades de subsistencia pero no es igual a desarrollar una economía de la gente”.
Del problema de la violencia en las playas de Acapulco, el párroco deseo que esas ejecuciones no provoquen un problema como el que sucedió en 2011 en el municipio que la Costera estaba vacía y fue cuando inició la operación Guerrero Seguro que no ha terminado.
Este jueves se cumplieron seis años del asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto
un periodista conocido en Tierra Caliente por su cobertura en nota roja y que antes de ser ejecutado había difundido el levantamiento armado de ciudadanos de San Miguel Totolapan en contra del grupo de Los Tequileros.
El 2 de marzo de 2017 luego de que en la tarde anunció en un video que revelaría los nexos de la policía de Guerrero con el grupo de Los Tequileros, y señalaba al entonces gobernador Héctor Astudillo de apoyarlos, por la tarde, aproximadamente a las 6:30, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en un autolavado de esta ciudad esperando que le entregaron su camioneta que se encontraba en servicio.
Desde esa fecha el gobierno federal inició las investigaciones del homicidio a través de la fiscalía especializada para delitos contra periodistas.
Después se iniciaron una serie de indagatorias, y la fiscalía puso énfasis en encontrar los teléfonos de Cecilio Pineda.
De este caso no se emitió algún resultado en la indagatoria.
Sin embargo, el año pasado volvió a resurgir el nombre de Cecilio Pineda en una lista de periodistas del país que se encontraban bajo espionaje por parte del gobierno federal a través de sus teléfonos y con la aplicación Pegasus.
La aplicación Pegasus es un programa israelí que fue vendido a diversos países y que es utilizada solamente por los gobiernos.
El año pasado también la agencia internacional Frontline de origen europeo comenzó con reporteros de Francia, España y del Reino Unido, una serie de investigaciones acerca del uso de la aplicación Pegasus en contra de periodistas.
En esa lista de investigación apareció el nombre de Cecilio Pineda y de acuerdo con el reportaje que se transmitió a través de la BBC en Londres, existe la hipótesis de qué pudieron haber utilizado la aplicación Pegasus para ubicar a Pineda antes de asesinarlo.
La hipótesis es de algún nexo del gobierno al contar con este programa de espionaje al teléfono del periodista.
El delegado de los programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, aseguró que los programas sociales han ayudado a disminuir la deserción escolar en educación media superior, “que es un rango de edad donde es muy proclive el joven” de participar en actividades delictivas.
El delegado respondió lo anterior a pregunta de si la estrategia de atacar las raíces de los problemas con los programas sociales fracasó, luego de que los grupos delictivos siguen funcionando con jóvenes en todas las regiones.
Asimismo, sostuvo que muchos de los programas sociales no tienen un efecto inmediato sino que como el programa Sembrando Vida se reflejará los efectos positivos en cinco años, aunque los 36 mil beneficiarios ya no ven como prioridad para sobrevivir la siembra de enervantes.
También afirmó que ante la petición de los pobladores de El Durazno, Coyuca de Catalán, les acercarán el pago de los programas a su localidad, pues ya no bajan a su cabecera municipal tras la masacre del 10 de diciembre donde fueron asesinados siete hombres.
Avanzan universidades Benito Juárez
Ayer se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo una capacitación a presidentes municipales de las regiones de Tierra Caliente, Norte y Centro acerca del manejo del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
Antes, a Iván Hernández se le preguntó acerca de las universidades para el Bienestar Benito Juárez García, de las que precisó que la más consolidada es la de Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
Dijo que la única escuela donde hubo un retraso en la construcción de sus instalaciones fue la sede de Tixtla, pero destacó que este año arrancaron actividades seis nuevas sedes, que se agregan a las ocho que ya existían.
“En Guerrero está avanzando muy bien, creo que como en todo proceso inédito, hay una curva de aprendizaje, me parece que esa curva ya se superó”, dijo.
Mencionó que de las primeras ocho universidades la mitad ya tiene instalaciones propias, tres tienen un proceso mixto con instalaciones prestadas, y solo Tixtla está en proceso de construcción de su edificio.
Detalló que el 2 de enero iniciaron actividades en Atlixtac con 117 jóvenes, en Huitzuco 263, en Quechultenango 279, Taxco 600, Tecpan 224 y Teloloapan con 139.
Hernández Díaz afirmó que este año buscarán concluir las instalaciones de las 14 sedes porque tienen el objetivo formativo a largo plazo y también de resolver las carencias que hay en el sistema de salud, “casi todas están dedicadas a medicina integral y salud comunitaria o enfermería y obstetricia”.
Expuso que las primeras generaciones deberán cumplir con su servicio social, residencia o prácticas profesionales, es decir, que uno o dos años después de que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador concluirán.
Violencia no afecta entrega de programas
Al delegado se le preguntó qué tan difícil ha sido entregar los programas sociales en las zonas de alta violencia. Respondió que nunca han tenido impedimentos en la Sierra o Tierra Caliente, y que los programas sociales se han mantenido durante la pandemia de Covid.
“No nos hemos visto en la necesidad de suspender por razones de violencia, por el contrario, siempre buscamos la manera de que los programas lleguen, en algunos casos, cuando la propia localidad nos hace algún planteamiento de acercar los recursos lo hacemos”.
Aseguró que entregarán a los pobladores de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, en su localidad el pago de los programas sociales, porque no pueden bajar hacia la cabecera, tras el asesinato de siete habitantes el 10 de diciembre pasado.
“Lejos de retirarnos, es acercarnos lo más posible para que los programas sociales lleguen a las personas porque muchas veces se trata de conflictos entre grupos y no tendrían por qué afectar a los campesinos o a la gente que se dedica a trabajar”, argumentó.
Se le preguntó si la estrategia de atacar la raíz de los problemas con los programas sociales fracasó, luego de que los grupos delictivos siguen funcionando con jóvenes. Respondió que se ha avanzado, al disminuir la deserción escolar, “sobre todo en educación media superior que es un rango de edad donde es muy proclive el joven de participar en actividades antisociales”.
Sostuvo que muchos de los programas sociales no tienen un efecto inmediato y Sembrando Vida hasta dentro de cinco años se reflejarán los efectos positivos.
Dijo que los 36 mil beneficiarios de Sembrando Vida han cambiado su que aspiración, antes “era que podrían salir adelante si les iba bien con la siembra de enervantes, hoy te puedo decir que la aspiración de muchos campesinos es que su siembra que tienen en su parcela pueda brindarles una estabilidad, un patrimonio, piensan en cosechar lo que en estos años están trabajando”.
Durante la capacitación, a las que sólo asistió el alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román –los demás enviaron a los directores de obra–, Iván Hernández afirmó que Guerrero ha registrado la mayor incidencia de fraudes a los gobiernos municipales, a quienes se les acercan presuntos técnicos o consultores que prometen obtener más recursos del FAIS. (Redacción / Chilpancingo).
