Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) se quejaron porque el director del organismo, Hugo Lozano Hernández, compró un camión vactor usado que costo varios millones de pesos y no se utiliza.
Aunque no precisaron la fecha en que se compró, dijeron que luego no tienen material para atender las fugas, pero se percataron de que llegó un camión vactor a la paramunicipal, del cual saben que lo compraron que costó varios millones de pesos.
Dijeron que en la avenida Costera en la semana hicieron limpieza de las alcantarillas de forma manual con malacates y varillas, para que estuvieran las alcantarillas limpias y que no hubiera escurrimiento de agua residual en la zona turística.
Comentaron que el camión vactor estaba estacionado por la colonia Palma Sola, y que lo han visto en la calle, pero no lo han utilizado.
También denunciaron que el director ha estado utilizando a trabajadores del organismo para atender asuntos personales de rehabilitación en su vivienda.
Uno de los trabajadores que pidió no publicar su nombre dijo que apenas destituyeron al subdirector de agua, el arquitecto Agustín Abarca, aunque no precisó cuál fue la razón del despido ni tampoco a quien se puso en su lugar. (Aurora Harrison).
Una mujer fue asesinada a balazos a unos 100 metros de una escuela primaria en la colonia Niños Héroes, en la parte alta de la ciudad, contigua a la colonia Benito Juárez. La semana pasada otra mujer fue asesinada y su agresor está detenido.
Alrededor de las 10 de la mañana el hecho violento en la Niños Héroes fue reportado al 911, y al lugar llegó una ambulancia con paramédicos de la Central de Urgencias Médicas de Acapulco para atender a la mujer, pero al llegar ya no contaba con signos vitales.
El cadáver que quedó en medio de la calle Narvarte, fue cubierto con una sábana blanca y luego otra de color morado, mientras los policías municipales y agentes de la Guardia Nacional colocaron las cintas de acordonamiento.
En el lugar quedaron unas sandalias que llevaba la mujer y unas gafas de sol. Al lugar llegaron familiares de la víctima, quienes esperaron a que empleados del Servicio Médico Forense levantaran el cadáver y lo trasladaran a sus instalaciones.
A unos 100 metros del lugar está la Escuela Primaria Niños Héroes, donde el hecho pasó casi desapercibido, debido a que los muros de dos metros y el portón gris no permitían siquiera ver hacia la calle. Algunas mujeres fueron por sus hijos.
Por otro lado, la semana pasada, una mujer fue asesinada con un machete por su vecino en el poblado de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco.
Ayer la Fiscalía General del Estado informó que el agresor fue vinculado a proceso y como medida cuatelar quedó en prisión preventiva.
De acuerdo con la información recabada, la mujer fue asesinada con un machete adentro de una capilla en el poblado mencionado.
El agresor es vecino de la comunidad mencionada, y agredió con su machete a la catequista de unos 70 años.
El agresor fue detenido por la Policía Ministerial adentro de la capilla, y el cadáver de la adulta mayor fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
La audiencia inicial se llevó a cabo el domingo pasado y un juez de Control vinculó a proceso al agresor de nombre Fernando.
Como medida cuatelar, el juez de Control le dictó prisión preventiva, por lo que se encuentra recluido en el penal de Las Cruces.
En un boletín de prensa, la Fiscalía General del Estado informó que se detuvo a Fernando por el delito de homicidio y logró que un juez lo vinculara a proceso.
Añadió que la agresión fue el jueves pasado en el poblado de Cacahuatepec, donde la víctima perdió la vida por lesiones provocadas por un machete.
Indicó que el domingo pasado se hizo la audiencia inicial de Control de Detención, donde el Ministerio Público aportó los datos y pruebas contenidos en la carpeta de investigación.
Subrayó que el juez analizó los datos presentados y declaró el auto de vinculación a proceso, imponiendo al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que fue trasladado al penal Las Cruces, para dar seguimiento a las investigaciones complementarias.
Dio a conocer que el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante la sentencia emitida por la autoridad judicial.
Cuatro hombres asesinados a balazos, entre ellos el empresario Joaquín Alonso Piedra, además de dos heridos, fueron los diferentes hechos de violencia el sábado y domingo en Acapulco.
Ayer en la noche, hombres armados atacaron a balazos a Joaquín Alonso Piedra y a su esposa, en el fraccionamiento Joyas de Brisamar, ubicado abajo de la Novena Región Militar.
La agresión fue reportada a las 9:23 de la noche en la calle Vista de Mar, cerca de la agencia Chevrolet, indica el expediente ministerial.
El reporte policiaco establece que hombres armados atacaron a balazos a Joaquín Alonso Piedra, alias El Abulón o El Señor del Torno, cuando llegaba a su casa.
Paramédicos atendieron a Joaquín y a su esposa y después los trasladaron al hospital privado Magallanes.
Minutos después, Joaquín Alonso Piedra murió en la sala de urgencias por las heridas de bala y su esposa sigue grave de salud.
El Abulón fue suegro de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda. El hijo de El Abulo?n, Joaqui?n Alonso Bustamante y Evelyn fueron pareja y procrearon un hijo.
El Abulo?n fue detenido en julio del 2016 en Acapulco acusado de ser operador del cártel de los Beltra?n Leyva, que controlaba Acapulco y varias zonas de Guerrero en la primera dácada del milenio.
De acuerdo con las autoridades, Alonso Piedra era el contacto entre los Beltrán Leyva, el mundo empresarial y la clase política de Acapulco donde el pasado 22 de diciembre fue asesinado a balazos el dos veces candidato a alcalde del PRI, Ricardo Taja, en una pozolería del bulevar de Las Naciones.
Por otra parte, el sábado, tres hombres fueron asesinados a balazos en el centro de la ciudad. El hecho fue reportado después de las 10 de la noche del sábado entre las calle Parián y Velázquez de León, según el informe ministerial.
El reporte policiaco indica que hombres armados interceptaron a sus víctimas, y sin mediar palabras les dispararon a quemarropa.
Los cadáveres quedaron en la banqueta y en la calle. El triple crimen generó un fuerte despliegue de elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno.
Una de las víctimas vestía una bermuda camuflageada y una playera gris y era de complexión robusta.
El otro quedó cerca de una maceta, vestía un pantalón de mezclilla azul, una playera blanca y una gorra azul, traía una bolsa tipo cangurera.
La otra víctima vestía pantalón camuflajeado, una playera negra y unos tenis blancos, de complexión delgada y de unos 25 a 30 años.
Después de las diligencias, los cadáveres en calidad de desconocidos fueron trasladados al Semefo.
La mañana del sábado, el chofer de un taxi colectivo fue herido a balazos en el fraccionamiento Hornos y la Guardia Nacional detuvo a los dos agresores.
El ataque fue reportado a las 8:30 de la mañana en la calle Andrés de Urdaneta esquina con Diego Hurtado de Mendoza, en la terminal de camiones Hospital-Vacacional, informaron policías municipales.
Testigos dijeron a la policía que los dos hombres armados atacaron a balazos al taxista cuando estaba estacionado.
Al tratar de huir los agresores, se toparon con los agentes de la Guardia Nacional, que hacían recorridos de seguridad.
Los dos detenidos fueron sometidos por los guardias nacionales, y se les aseguró una pistola corta, con la cual habrían herido al chofer.
Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja atendieron al taxista herido y después fue trasladado a un hospital cercano.
En un comunicado la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones por arma de fuego y extorsión en agravio de un conductor del transporte público.
Detalló que las primeras investigaciones establecen que la víctima fue agredida mientras circulaba sobre la calle Andrés de Urdaneta, en el centro de la ciudad.
Familiares, vecinos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales exigieron este lunes al gobierno federal la libertad inmediata del profesor y dirigente social, Evodio Pérez Malpica, detenido el pasado 20 de febrero por participar en protestas para denunciar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y fue trasladado a un penal de máxima seguridad de Durango.
En una conferencia de prensa, que se transmitió vía Facebook a la 1 de la tarde de este lunes, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, condenó la detención del profesor jubilado.
“Lamentamos que el gobierno manipule la ley para castigar a un luchador social, profesor jubilado, que su único delito fue dar clases a los indígenas de la Montaña y organizar a la sociedad para lograr beneficios sociales”, dijo el activista, quien recriminó que se criminalice la protesta social.
La hija del detenido, Leida Pérez, exigió a las autoridades competentes y al presidente Andrés Manuel López obrador que se libere de forma inmediata a su padre.
Dijo que Evodio Pérez siempre ha apoyado al ahora presidente, desde que inició sus campañas políticas, “es un hombre que cuando le piden un hombro o la mano, se las da sin condiciones. Pido que mi papá sea liberado lo más pronto posible”, exigió.
En la conferencia de prensa estuvieron también vecinos de la colonia Loma Bella, donde tiene su domicilio el detenido, así como representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) a la que pertenece el detenido y dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM) al que también pertenece y estudiantes de la normal de la Montaña.
En la conferencia de prensa se anunciaron acciones políticas y legales para lograr su libertad.
Barrera Hernández recordó que en 2014, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que respaldó a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, tomó el Palacio Municipal de Tlapa y acordó impedir que se realizaran eventos públicos.
Sin embargo, el entonces alcalde Victoriano Wences Real organizó un encuentro de premiación de periodistas en un centro social y el MPG acordó ir a ese lugar, para emplazar a la autoridad a que suspendiera el evento.
El caso es que la visita de los integrantes del movimiento terminó en una gresca y algunos periodistas interpusieron denuncias, por el delito de secuestro, y una de ellas originó la detención del maestro jubilado Evodio Pérez.
“Estamos hablando de que, a casi 10 años de esa denuncia, el compañero Evodio Pérez Malpica fue detenido acusado por esa acción del MPG”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que el activista fue trasladado a un penal de máxima seguridad de Durango.
Leida Pérez, su hija, rechazó que su padre sea un secuestrador, “estamos orgullosos de él, no bajamos la cara cuando nos dicen que es secuestrador. Le vamos a echar ganas, vamos a defender a mi papá”.
Contó que el 20 de febrero, a las 2 de la tarde, estaba en su casa cuando le llamó su padre y le avisó que había sido detenido por policías ministeriales y que se lo llevaban a Puebla. “Me acusan de secuestro”, le dijo y colgó.
Explicó que después supo que los agentes que se lo llevaron, le gritaron por su nombre al llegar a su casa e iban vestidos con chalecos del partido Morena, “porque sabían que sólo de esa manera lo podían agarrar. Él es de ese partido y fue la forma en que lo engañaron”.
Contó que su padre, cuando oyó que le hablaron por su nombre, salió y platicó con ellos, que le aplicaron algo como una encuesta, le pidieron sus datos y cuando estuvieron seguros que era él lo detuvieron y se lo llevaron.
Agregó que ella y su hermano salieron de inmediato rumbo al penal del Altiplano, Estado de México, porque pensaron que para allá se lo llevaban, pero cuando aún no llegaban, le llamó y le avisó que se lo llevaban a Durango, “ya no me busquen, déjenme”, le dijo y colgó. Sin embargo, dijo que al día siguiente ella fue a buscarlo hasta allá, en donde, dos días después pudo platicar con él.
“Pido y exijo a las autoridades competentes y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su libertad inmediata”.
Reprochó que su padre siempre ha sido seguidor de López Obrador, “lo ha apoyado en los eventos que se hacen en Tlapa. En cuanto él puede apoyar, siempre ha sido un hombre que cuando le piden un hombro o la mano se las da”.
“Pido que mi papá sea liberado lo más pronto posible. En la casa lo esperamos, en su casa, sus nietos lo quieren como papá, en la casa es todo para nosotros, No vamos a permitir que siga la injusticia contra los luchadores sociales. Ya mataron Antonio Vivar, a Arnulfo Cerón y ahora detienen a mi padre”, denunció.
Honorio Morales Bonilla, de la delegación D-4-16 de los jubilados y pensionados de la CETEG, también exigió su libertad inmediata y cuestionó que por qué a un luchador social como él “se le reprime, se le tortura, se le desaparece y se le secuestra. Mientras que ex funcionarios acusados de corrupción y de fraudes de tantos millones, gozan de privilegios y se les dicta prisión domiciliaria”, declaró en referencia al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
El dirigente magisterial llamó a organizaciones sociales, indígenas, estudiantes, obreros y campesinos, a hacer una frente y a una sola voz, “para parar esta ola de represión en contra de los luchadores sociales”, así como para exigir la libertad inmediata e incondicional de Evodio Pérez.
Anunció que las organizaciones sociales y el magisterio se van a movilizar, además de las acciones legales que se realicen para exigir su libertad.
Uno de los dirigentes del FPM, Juan Sánchez Gaspar, declaró que Pérez Malpica es una persona de bien, “el compañero ha luchado desde años atrás, como docente, como delegado y como miembro activo de nuestra organización”.
“Como organizaciones sociales, reprobamos la represión de los gobiernos estatal y federal a todas aquellas personas que exigen sus derechos”.
Explicó que las acciones de 2014 fueron movimientos colectivos, que se realizaban de acuerdo con las bases del MPG y era una decisión de las bases, no de una sola persona o dirigente.
Blanca Rosa García Cruz, vecina de la colonia Loma Bella en Tlapa, donde tiene su casa el dirigente detenido, explicó que el maestro Pérez Malpica es un hombre muy respetado en esa colonia, “los vecinos lo siguen y lo respetan. Ha ayudado con las gestiones a muchas familias, instituciones y escuelas, sin recibir nada a cambio”.
Agregó: “Pedimos al presidente López Obrador que lo libere, no se merece estar ahí, en la cárcel, es una persona buena”.
Abel Barrera Hernández condenó su detención y lamentó que el gobierno “manipule la ley”, para castigar a un luchador social y profesor jubilado, “que su único delito fue dar clases a los indígenas de la Montaña y organizar a la gente, para lograr beneficios sociales para esta región”.
“No se puede continuar violando el derecho a la libertad de asociación, de reunión, de manifestarse para exigí sus derechos”.
Dijo que el profesor enfrenta un castigo desproporcionado por su activismo social. Es un maestro comprometido con la lucha social, “y su detención contradice a este gobierno, que dice no perseguir a los luchadores sociales”.
También exigió la libertad inmediata e incondicional del maestro Evodio Pérez, “demandamos que cese la persecución contra los luchadores sociales y que no se ensañen contra alguien que ha luchado por la educación de la Montaña. Exigimos el cese de la criminalización de la protesta social”, dijo.
Orificios en las paredes de la Preparatoria Abierta extensión Cacahuatepec, luego de que un hombre armado ingresó al plantel disparando Foto: El Sur
Karina Contreras
Un hombre armado irrumpió en las instalaciones de la Preparatoria Popular Claudio Castillo Peña, extensión Cacahuatepec, lo que causó pánico entre los estudiantes, aunque no se reportaron heridos.
La directora del plantel, Julia Suárez Martínez, informó que uno de los maestros le envió un mensaje de Whatsapp para decirle que alrededor de las 11:40 un hombre ingresó disparando el arma de fuego, sin que hasta el momento se sepa de algún herido, pero sí varios alumnos con crisis nerviosa, por lo que tuvieron que enviarlos a sus casas.
En declaraciones telefónicas, la directora dijo que detuvieron a la persona que disparó, pero ya habían pasadas tres horas la policía no había acudió al lugar. “Profa Julia, acabamos de ser víctimas de un atentado en la escuela. Entró un hombre armado y realizó disparos en la cancha. Acabamos de retirar a los muchachos, obviamente todos con crisis nerviosa, pero parece ser que todos están bien. Ahorita los vamos a juntar, ya la mayoría se retiró”, se escucha la voz llorosa de la maestra que informó a la directora sobre la situación que se dio en el interior del plantel cuando se estaba en clases.
Suárez Martínez informó que ella se encontraba en Chilpancingo entregado documentación que le pidieron las autoridades educativas de los directores de las preparatorias populares, cuando le avisaron de la situación y dijo que lo que sabía es que tenían detenida a la persona, pero que la policía no acudía a la escuela para llevárselo.
Informó que la escuela, ubicada en Cacahuatepec, perteneciente a los Bienes Comunales en la zona rural de Acapulco, tiene 125 alumnos y fueron retirados. La directora dijo que piden seguridad porque hay temor entre los maestros ante la situación que se dio en el interior del plantel y donde afortunadamente no hubo heridos entre los maestros y alumnos.
La directora envió fotos donde se observan los orificios que quedaron de las balas en las paredes y puertas de las aulas, así como los casquillos percutidos en el suelo.
La comisaria municipal de El Durazno, en Coyuca de Catalán, Azucena Rosas García, dio a conocer que han retomado los trámites ante las autoridades correspondientes para fundar un nuevo municipio integrado por comunidades de ese municipio, así como de Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán.
En agosto del 2022, habitantes de 113 comunidades de los cuatro municipios mencionados, se reunieron en El Durazno con representantes del Congreso local, con quienes acordaron iniciar las gestiones correspondientes para conseguir la fundación de un nuevo municipio que tendría su cabecera en El Durazno.
Los representantes del Congreso les dieron a conocer la serie de requisitos que tenían que cumplir para poder fundar el nuevo municipio, entre éstos, presentar a los respectivos ayuntamientos una carta firmada por todos los habitantes mayores de edad, en la que manifiestan su interés de dejar de pertenecer a dicho municipio.
También llevar a cabo un censo detallado de toda la población que vive en las 113 comunidades, la medición de la superficie que tendrá el nuevo municipio, entre otros requerimientos.
Ayer miércoles, vía telefónica, la comisaria municipal de El Durazno informó que acudió el martes de esta semana a la capital del estado para buscar asesoría de cómo retomar este trámite, el cual quedó en pausa debido a los hechos violentos que ocurrieron el 10 de diciembre de 2022 en esa localidad, cuando fueron asesinados siete campesinos, entre ellos, un menor de edad.
Dijo que los habitantes tienen interés en continuar con el plan de conformar este nuevo municipio y por ese motivo acudió a la capital para hablar con la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la secretaría de Gobierno, Anacleta López Vega, “nos dijo que juntemos requisitos y sigamos todos los lineamientos que se deben de seguir y que sí, se hace, así que ahorita vamos a estar trabajando a marchar forzadas para lograrlo”.
“Solamente es juntar todo lo que se necesita para seguir con el trámite de fundar el nuevo municipio, porque ya teníamos un avance, pero después se vino lo que pasó en El Durazno y ya todo quedó así, a lo que se dio seguimiento a que teníamos que “divorciarnos” de nuestro municipio, eso se alcanzó a hacer pero no se alcanzó a hacer en todos los ejidos que pertenecen a los otros municipios. Entonces es lo que nos hace falta todavía, irles a pedir ‘el divorcio’ a Ajuchitlán, Tecpan y a Petatlán, porque en Coyuca de Catalán se hizo el proceso”.
Una mujer fue agredida y lesionada por su pareja con un machete, la noche de este lunes en la colonia PPG, en Iguala, por lo que el hombre fue detenido por efectivos de la Policía Estatal.
La agresión, ocurrida cerca de las 9 de la noche del lunes, fue reportada por vecinos al número de emergencias 911, alertando sobre que un hombre había herido con arma punzocortante a una mujer, en la calle Tulipanes de este asentamiento popular, ubicado en la parte noroeste de la cabecera municipal.
La víctima, una mujer de unos 30 años, con heridas en los brazos provocadas con un machete, fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital, mientras que su pareja y presunto agresor, fue detenido por efectivos de la Policía Estatal, para ser puesto a disposición de Ministerio Público, informaron fuentes policiacas.
En el lugar, familiares del agresor se pusieron violentos con los reporteros que llegaron a cubrir el hecho, solicitando que no grabaran e intentando quitar o tapar los teléfonos con los que realizaban transmisiones en vivo. La agresión contra reporteros ocurrió frente a los efectivos de la Policía Estatal, que no intervinieron para salvaguardar a la prensa. (Alejandro Guerrero / Iguala).
El 19 de febrero de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en el Infocap en Chilpancingo, donde entregaron patrullas y presentaron a las Fuerzas Estatales Foto: Lenin Ocampo Torres
Agencia Reforma / Redacción
Ciudad de México / Chilpancingo
El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.
Detienen a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad de Aguirre, implicado en el caso de los 43
Según informes, el ex funcionario fue arrestado el viernes en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada. Está acusado de omisión en la desaparición de los normalistas, porque supo que los estaban atacando en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y no hizo algo para protegerlos
El 19 de febrero de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en el Infocap en Chilpancingo, donde entregaron patrullas y presentaron a las Fuerzas Estatales Foto: Lenin Ocampo Torres
Agencia Reforma / Redacción
Ciudad de México / Chilpancingo
El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.
Capturan en la sierra de Chichihualco al
líder de Los Rojos El Carrete y a su operador
Imagen de Santiago Mazari, El Carrete, anoche, tras su detención en la sierra de Chichihualco, difundida por la SSPC
La detención fue resultado de una operación conjunta de la Policía Federal y el Ejército, subraya la Secretaría de Seguridad federal. Se le acusa de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro. En la acción “a favor de la tranquilidad y paz social en Guerrero” participó la policía estatal, destacó el gobernador anoche mismo. Se sabe de un muerto sin confirmar ni identificar, dijo Astudillo en la mañana en aparente alusión a El Teniente, otro líder criminal
Zacarías Cervantes y Anarsis Pacheco Pólito
Chilpancingo
El líder de la agrupación de la delincuencia organizada Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, El Carrete, fue detenido la tarde de ayer en un operativo conjunto de la División de Inteligencia de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la sierra de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal.
El gobernador Héctor Astudillo Flores expresó anoche mismo su reconocimiento en un mensaje de twitter a las instituciones de seguridad federal, pero destacó que la detención se logró “en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero” y subrayó que la acción es “a favor de la tranquilidad y paz social en Guerrero”.
El líder de Los Rojos, organización delictiva que opera en Morelos y Guerrero según reportes de las instituciones de seguridad, fue detenido la tarde de ayer en la sierra del municipio de Leonardo Bravo, escenario de enfrentamientos desde el domingo pasado.
También en su cuenta de twitter el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, hizo un reconocimiento al “trabajo coordinado” de la Policía Federal y la Sedena y calificó la detención como “un certero y duro golpe contra la delincuencia organizada que tanto ha dañado a nuestra sociedad”.
En un mensaje de twitter difundido a las 8:22 de la noche, la Secretaría de Seguridad federal informó que la detención de “uno de los principales generadores de violencia” en Guerrero fue resultado de una acción conjunta de policías federales y soldados de la Sedena, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro.
En imágenes difundidas por la misma dependencia federal, tomadas anoche, aparece El Carrete flanqueado por dos policías federales, en un lugar no identificado, en apariencia sin heridas y no se informa a dónde fue trasladado.
La SSPC informó que junto a Santiago Mazari fue detenido otro hombre identificado como Marco “N”, del que se presume, dice el breve comunicado, “podría ser su principal operador”. En noticieros de televisión éste fue identificado como Marco Gerardo Paz Hernández, La Kika.
Por la tarde el vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), había informado que después de los enfrentamientos que tuvieron a partir del domingo en los poblados de Corral de Piedra y Polixtepec, “el líder criminal” El Carrete, huyó herido y “disminuido”, pero que la Policía Comunitaria suspendió su persecución ante la presencia de soldados del Ejército y de la Guardia Nacional que se comprometieron a continuar su búsqueda para detenerlo.
Ayer la sierra ya estaba en paz, dijo el gobernador por la mañana
Por la mañana, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que la sierra de Guerrero está en “paz”, y lo que hubo en días pasados fue un choque entre dos grupos que dejó un muerto que no se ha podido identificar.
“Las informaciones que ustedes tienen son informaciones que nosotros tenemos, no puedo confirmar nombres derivado de que yo mismo debo ser prudente y cuidadoso, pero por supuesto la información que tenemos del choque, hay una muerte, una fotografía, en este momento todavía no se puede tener la certeza de las identidades”, afirmó el gobernador.
Este jueves El Sur informó que hay versiones que aseguran que en los enfrentamientos cayó abatido el líder criminal Juan Castillo Gómez, El Teniente, y que resultó herido Santiago Mazari Hernández, El Carrete.
El gobernador asistió ayer a las 10 de la mañana al festejo del Día del Comerciante que se organizó en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, en donde entregó un camión recolector de basura y prometió apoyar un proyecto que propongan para el próximo año.
Tras advertir que sólo respondería tres preguntas, el gobernador dijo a reporteros que en la sierra de Chichihualco no hubo una agresión en contra de “ciudadanos comunes”, sino que se trató de un choque entre grupos, pero “hoy” jueves está en paz.
El lunes vecinos de Corral de Piedra, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), confirmaron mediante videos y audios que desde la tarde del domingo se enfrentaban a balazos dos grupos de civiles armados que se disputan el control del territorio.
Astudillo Flores dijo que tenía el reporte de que desde ayer todo está en “normalidad”, y que un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública hizo sobrevuelos en las comunidades afectadas y policías del estado desplegaron un operativo con el apoyo del Ejército que llegó por el lado de Atoyac y de Filo de Caballos.
Además insistió que no hay bajas por parte de “ciudadanos comunes”, pero hasta el momento hay presencia también de la Guardia Nacional y Ejército.
“Hay informaciones que orientan que parte de este conflicto se da por personas que no precisamente están en Guerrero así es como yo les podría decir, subrayar que en este momento está todo controlado”, comentó en alusión a la presencia de El Carrete en la zona y unas ocho horas antes de que el gobierno federal informara de la detención de éste.
En la entrevista colectiva se le preguntó quién es la “gente ajena” al estado, a la misma que se refirió la Secretaría de Seguridad Pública estatal en un comunicado, pero se negó a contestar y pidió cambiar de tema.
También se le preguntó sobre el video en el que pobladores que se dijeron víctimas de los enfrentamientos de los dos grupos enviado a El Sur la noche del martes exigieron seguridad de los gobiernos federal y estatal.
En las imágenes se ve a decenas de personas reunidas en una cancha techada en donde hay mayoritariamente niños y mujeres.
“Fue parte de por qué se acudió, afortunadamente se pudo acudir y en este momento hay una importante presencia de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, las cosas están en este momento en paz en la sierra y espero que así sea”, agregó.
La violencia comenzó el martes y no hubo daños, dijo Portillo Menchaca
Cuatro horas después de las declaraciones del gobernador, el secretario de Seguridad Pública en Guerrero, David Portillo Menchaca, ofreció una conferencia de prensa en su oficina de Palacio de Gobierno en compañía del fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, sobre la situación en la sierra de Chichihualco.
A pregunta expresa, Portillo reconoció que las autoridades tenían conocimiento de que murió “una persona”, pero que ninguna instancia oficial lo había confirmado.
En la confereancia dada luego de las 2 de la tarde, el secretario dio lectura rápida a un comunicado y dijo que “a partir del martes” se registraron hechos de violencia en la sierra de Guerrero, por lo que se inició un operativo con la Sedena y la Guardia Nacional en las comunidades de Corral de Piedra, Villa Xóchitl y Tecomazúchil donde “se está garantizando la paz y la seguridad”.
Y mencionó que desde el miércoles, a las 11 de la mañana, no se han escuchado detonaciones, ni agresiones entre los civiles armados que se enfrentaban y tampoco hay daños a casas habitación “ni personas privadas de la vida o lesionados por arma de fuego”.
Subrayó que “el gobierno del estado ha garantizado la circulación de todas las poblaciones, los caminos se encuentran libres, la Comisión Federal de Electricidad se encuentra laborando para establecer el servicio en la comunidad de Corral De Piedra. Y en este momento nos encontramos muy atentos a toda la situación que se vive en la parte alta en la Sierra del estado”.
Se le insistió sobre el número de muertos, y respondió:
–Lo acabo de mencionar tenemos cero víctimas.
–Pero el gobernador dijo que hubo un muerto.
–Nada más voy a contestar esta pregunta y me tengo que retirar. Lo que tenemos conocimiento es que hay una persona que murió. Hay algunas fotografías que han circulado en redes, pero no lo tenemos confirmado oficialmente. No ha habido una instancia o ninguna autoridad que pueda confirmar el hecho.
–¿No se sabe quién es?
–No.
Nueve detenidos en operaciones en Chilpancingo
Portillo Menchaca informó que el lunes en dos dispositivos en Chilpancingo fueron detenidos nueve hombres con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, probable droga y dos vehículos, cuatro de ellos señalados como probables responsables del asesinato de un checador de Combi.
Sin embargo no habló del cateo a una lavandería del centro de la capital donde policías detuvieron al menos a tres hombres y les aseguraron maletines y mochilas que presuntamente tenían armas, operación que generó miedo y zozobra de los comerciantes que cerraron sus negocios.
