Piden 60 años de cárcel para militar acusado de tortura sexual a Inés en última audiencia del caso

Inés Fernández, al salir de los juzgados federales en Acapulco, en dónde posteriormente ofreció una Conferencia de prensa Foto: Carlos Carbajal

Este lunes se llevó a cabo, en el juzgado segundo de distrito, la última audiencia del juicio por abuso sexual contra la mujer indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega, cometido por efectivos del Ejército y sólo se espera sentencia del juez federal.
En conferencia de prensa, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, dijo que de los 11 soldados agresores de Inés, sólo se encuentra en la cárcel Hugo Humberto García de León.
Explicó que este lunes fue una audiencia final o “de vista”, y se presentaron los escritos y acusación de ambas partes, mientras que la fiscal general presentó sus conclusiones.
Añadió que solamente se espera la sentencia del juez federal y que sea en el término establecido, que son 15 días, “le pedimos al juez una penalidad alta por los delitos cometidos”, que asciende a 60 años.
“Nosotros confiamos en el juez federal, doña Inés siempre confía en la justicia, esperemos una sentencia con perspectiva de género y que se valoren los datos y pruebas”, acotó.
Indicó que el acusado se declaró una vez más inocente y que “Inés es una persona indígena, que no habla castellano y que está mintiendo”.
Aseguró que el militar acusado no presentó ninguna prueba de “descargo” a su favor y las pruebas que se presentaron de Inés son contundentes.
Señaló que al militar se le acusa por los delitos de tortura sexual, robo, allanamiento de morada y abuso de autoridad.
Fernández Ortega pidió que ésta “sea la última vez que venga a una audiencia, porque en varias ocasiones he estado asistiendo a una audiencia”.
Expresó que cada vez que lo ve “siente coraje y que lo único que pido es que finalmente sea condenado”.
“Cada vez que se vuelve a mencionar, me da coraje y lo único que pido es justicia”, concluyó. (Argenis Salmerón).

 

BREVES

Asegura la FGE dos ranchos en el operativo que busca a homicidas del fiscal regional

Como parte de las actividades del operativo especial que autoridades desplegaron para buscar a los homicidas del fiscal regional, Víctor Manuel Salas Cuadras, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó ayer decomisaron dos ranchos en Coyuca de Catalán en donde encontraron uniformes tipo policíaco, chalecos, fornituras, droga y vehículos .
Indicó la dependencia en un comunicado de prensa que uno de los ranchos asegurados se ubica en la parte alta de la sierra, pero no precisar el lugar, y el otro está en el poblado de Pungarabatito que se localiza a 20 minutos de la cabecera municipal.
En el boletín la Fiscalía señaló que mediante labores de inteligencia se logró ubicar un predio en la parte alta del municipio de Coyuca de Catalán donde se encontró en su interior equipo táctico diverso, cartuchos y narcóticos, además de diversos indicios relacionados con hechos constituidos de delito.
Agregó que en el poblado de Pungarabatito se logró ubicar y asegurar un rancho donde se localizó equipo táctico, dos vehículos y armas.
La Fiscalía mencionó que en el operativo participan el Ejército, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de la Guardia Nacional.
Destacó la Fiscalía que mantiene los recorridos como parte del combate a la delincuencia en la región de Tierra caliente. (Israel Flores / Ciudad Altamirano)

Vinculan a proceso a los seis hombres detenidos por la Marina con 297 kilos de cocaína

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo vinculación a proceso en contra de seis hombres, dos mexicanos, dos ecuatorianos, un venezolano y un guatemalteco, por transportar mil 297.85 kilogramos de cocaína, con la agravante de pandilla.
En un boletín de prensa de la FGR, se recordó que efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México detuvieron a Bayron Amílcar y Alexis, de origen mexicano; Marcos y Freddy, ecuatorianos; Bayron Alexander, guatemalteco y Abelardo, de origen venezolano, a 173 millas náuticas al suroeste de Acapulco, cuando viajaban a bordo de una embarcación menor, sin bandera y que no contaba con equipos de navegación.
Señaló que adentro de la embarcación encontraron 30 bidones de hidrocarburo con 50 litros cada uno y 29 bultos que contenían mil 297.85 kilogramos de cocaína.
Indicó que los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), en Acapulco, el cual aportó los argumentos suficientes.
Por último, el documento dio a conocer que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, impuso la vinculación a proceso, prisión preventiva en la cárcel de Las Cruces y tres meses de plazo para la investigación complementaria. (Redacción).

Emiten una ficha de localización para dos hermanos desaparecidos en Iguala

Los hermanos Ana Cristina y José Enrique Álvarez Velázquez, de 24 y 27 años de edad, desaparecieron en el municipio de Iguala desde el 28 de agosto.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió una ficha con fotografía de localización de Ana Cristina, la cual menciona que es de nacionalidad mexicana, generó femenino, tez morena clara, complexión no especificada, cabello negro, lacio y largo; ojos pequeños, café oscuros y mide un metro 50 centímetros.
En las señas particulares, indican que en el oído derecho tiene un lunar en forma de verruga, al igual que en su pierna izquierda.
Mientras que para José Enrique refiere que es de tez morena, ojos pequeños, café oscuros, cabello negro, corto lacio y mide un metro 72 centímetros.
En señas particulares, tiene un lunar en forma de verruga ubicado a la mitad de su espalda.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas informa que ambos hermanos fueron vistos por última vez en el municipio de Iguala, el 28 de agosto, y la denuncia fue presentada el 18 de septiembre del año en curso.
Cualquier información que lleve a la localización de Ana Cristina y José Enrique podrá darse a los siguientes números: 7471398846, 7471160103 y 7471256873. (Redacción / Iguala).

 

Se mantiene la vigilancia militar y policiaca en Tierra Caliente; no se reportan detenidos

Soldados del Ejército resguardan a elementos que reparan una camioneta que es parte del convoy en los reco-rridos que se hacen a vuelta de rueda por la cabecera municipal Coyuca de Catalán Foto: Israel Flores

Israel Flores

Tierra Caliente

La vigilancia que se mantiene en la región Tierra Caliente, desde el pasado lunes, como parte del incremento de efectivos del Ejército, Guardia Nacional y policías ministeriales se realiza principalmente en las comunidades, con filtros de revisión constantes, pero sin que aún se conozca de detenidos.
El plan de prevención comienza sus recorridos muy de mañana. La mayoría de los cuerpos policiacos y del Ejército se encuentran distribuidos, cubriendo los nueve municipios de la región.
Es la primera vez que se despliega una vigilancia preventiva de esta magnitud en Tierra Caliente, pues por lo general, la presencia policíaca se incrementa sólo en uno o dos municipios.
En el año 2016, un programa de seguridad con cerca de 500 elementos llegó a Ciudad Altamirano, tras el anuncio de amenazas al presidente Ambrocio Soto Duarte, quien fue asesinado seis meses después, cuando disminuyó la presencia policiaca.
Mientras que en 2022 fueron hasta 300 efectivos, en San Miguel Totolapan, tras el asesinato del presidente municipal y de su equipo. Del mismo modo, la presencia fue disminuyendo hasta quedar solamente un grupo.
De forma que esta es la primera vez en que se observa la presencia de elementos de seguridad cubriendo la mayor parte de Tierra Caliente.
También se mantienen los recorridos por parte de un grupo especial, conformado por militares, guardias nacionales y policías ministeriales, que encabeza la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón. El grupo comenzó recorriendo y peinando toda la cabecera municipal de Coyuca de Catalán.
Además de las patrullas en color blanco, sin logotipos, que utiliza la policía ministerial y en las que viaja también la fiscal, van camionetas con logotipos de Redpack, sin que se conozca el motivo por el cual está integrada al recorrido. Este mismo grupo cuenta con patrullas de la Guardia Nacional y del Ejército.
Sin embargo, hasta el momento, no hay reportes de personas detenidas o aseguramientos.
Los recorridos son constantes del Ejército y de la Guardia Nacional. Los grupos parten de las instalaciones del 34 batallón hacia las comunidades.
Los diferentes grupos, por las mañanas paran en algunas tiendas, a comer, y saturan las áreas de comida, también las farmacias, que reportan un incremento de ventas. También las tiendas de abarrotes y de comida rápida.
Por otro lado, la temperatura se ha mantenido sobre los 36 grados centígrados, en Ciudad Altamirano, que pese a no ser la temperatura más alta del año, va acompañada con una humedad por encima del 60 por ciento, provocando un calor sofocante en las tardes.
Esta condición climática ha provocado problemas con algunas patrullas, que se han quedado paradas en el camino y han requerido apoyo mecánico. Se ha observado a algunas patrullas del Ejército siendo remolcadas hasta las instalaciones militares, pues los recorridos se realizan a vuelta de rueda y los vehículos se calientan.
Las que también muestran saturación de clientes son las sucursales del Banco del Bienestar, pues los militares pasan a sacar dinero los mismos días en que también los adultos mayores cobran.
Alrededor de la vigilaqncia se han corrido falsos rumores de bloqueos del transporte público. Por ejemplo, se había informado de bloqueos en el municipio de Ajuchitlán, los cuales fueron desmentidos por los mismos transportistas, en los puentes tampoco hubo ningún bloqueo del lado de Tlapehuala ni de Coyuca de Catalán, así como la carretera a Iguala estuvo completamente abierta.

 

Ejecutan a dos jóvenes en una calle de Zihuatanejo y a otro en su moto

En Zihuatanejo tres hombres fueron asesinados con pocas horas de diferencia en dos hechos distintos.
Fuentes policiacas informaron que la noche del sábado, en la entrada a la colonia Los Amuzgos, en esa ciudad, un joven fue asesinado a balazos.
Según un reporte el crimen ocurrió cerca de una taquería, la víctima quedó recostada boca abajo a un lado de su motocicleta.
Pocas horas después, a la una de la madrugada del domingo, las corporaciones policiacas recibieron el reporte de que en la colonia Nuevo Amanecer dos personas estaban muertas.
De acuerdo con la fuente, los cuerpos de dos individuos jóvenes, se encontraban tirados en la parte alta de la mencionada colonia, tenían las manos atadas hacia la espalda y con impactos de bala visibles en diversas partes del cuerpo.
Hasta la mañana de ayer domingo, una fuente indicó que los tres hombres se encontraban en las instalaciones de la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense en espera de que sean reconocidos.

Aseguran armas y desmantelan dos campamentos de un grupo criminal en Chichihualco

Agentes de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y militares aseguraron cargadores y cartuchos, y desmantelaron dos campamentos, el municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
En un comunicado se indicó que las autoridades patrullaban la localidad de Chichihualco, donde realizaron el aseguramiento de 35 cartuchos, 2 cargadores para fusil AK-47, una cartuchera verde, 4 radios portátiles de comunicación y 2 cargadores para radios portátiles.
También lograron desmantelar dos campamentos, presuntamente utilizado por un grupo delictivo.
“Siguiendo los protocolos establecidos, todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes”, se leía en el comunicado.
La Policía Estatal informó que mantiene sus acciones coordinadas con el Ejército y la Guardia Nacional en esta localidad de la región Centro del estado, siguiendo la estrategia de seguridad determinada en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con el fin de vigilar y brindar atención a la población. (Redacción / Chilpancingo).

Llegan a Toro Muerto 50 desplazados más de Linda Vista; se va el Ejército de la zona

Ayer en la mañana se retiró el último grupo del Ejército que quedaba en la zona de ataques de La Familia Michoacana en la sierra de San Miguel Totolapan, y llegaron a refugiarse a Toro Muerto 50 desplazados más, con los que en esa comunidad suman 130.
Vía WhatsApp los desplazados informaron que se están saliendo de Linda Vista las mujeres y niños que quedaban, están sin comida y sin condiciones para alojarlos.
Consideraron que dejar la zona sin presencia militar, es señal de que el Ejército y el gobierno del estado están coludidos con los criminales, “y las muertes que vengan serán responsabilidad de la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda)”.
Creen que el Ejército más que apoyar a los vecinos de la zona “parece que vinieron a reconocer terreno para pasar información a los sicarios”.
Desesperados y clamando ayuda pidieron que acudan organizaciones de derechos humanos y periodistas ante el abandono del gobierno. Enviaron 44 fotos vía WhatsApp de los refugiados que iban llegando a las 9 de la noche, de mujeres, niños y adultos mayores.
Informaron que llegaron cinco camionetas cargadas de gente que se salió con lo mínimo de sus comunidades, “la verdad es que estamos bien jodidos, no nos alcanza ni para darles un café”.
Los ataques a balazos del grupo criminal empezaron el jueves de la semana pasada, el 31 de agosto, pero dos semanas antes las comunidades de Linda Vista y Plan Verde fueron atacadas con explosivos mediante drones.
La violencia dejó vacíos los pueblos de Las Máquinas, Petlacala y Plan Verde. Apenas ayer el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso dijo que en la zona había presencia de policías del estado y del Ejército.
En un recorrido de reporteros el domingo pasado hasta Linda Vista, los vecinos denunciaron los ataques y se corroboró que mujeres, adultos mayores y niños vivían en el curato de la iglesia, y serían quienes ayer huyeron hacia Toro Muerto. (Ro-sendo Betancourt Radilla / Chil-pancingo)

 

Las familias desplazadas no dejarán de recibir el pago de Bienestar, dice Iván

El delegado de los programas sociales del gobierno federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, saluda a adultos mayores que asistieron a la sucursal del Banco del Bienestar ubicado en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en Chilpancingo, para recibir su pensión Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las familias desplazadas por la violencia en la sierra de Guerrero no se ven afectadas ni dejarán de recibir los recursos de los programas del Bienestar, aseguró el delegado federal, Iván Hernández Díaz.
El funcionario federal explicó que hay un seguimiento de ellos y reciben los beneficios en los lugares donde se refugian.
Hernández Díaz, informó también que la dependencia no tiene un registro de cuántas son las familias que han dejado sus comunidades, sobre todo en la sierra de la entidad por la situación de la violencia.
El funcionario fue consultado al respecto cuando supervisaba la sucursal del Banco del Bienestar en Chilpancingo.
Declaró que antes de la bancarización de los programas sociales se entregaban los apoyos en efectivo con el resguardo del Ejército y la Guardia Nacional.
Explicó que había ocasiones que subían a la sierra y permanecían dos o tres días recorriendo varias localidades para resolver el asunto de los pagos.
Señaló que ahora con la bancarización que ya ha alcanzado el 100 por ciento es una estrategia favorable que se está implementando “porque efectivamente hay migración en el interior del estado y al interior del país, pero ahora esta migración no va a afectar a los beneficiarios de los programas sociales”, aseguró.
Indicó que afortunadamente con la bancarización ahora pueden cobrar en cualquier estado del país y disponer de los recursos de sus programas.
Sin embargo, declaró que la dependencia no lleva un registro de las familias que salen de sus comunidades desplazadas por la violencia, “nosotros solamente acudimos y hacemos entrega de los apoyos o de las tarjetas y sobre la situación de esta naturaleza no es un tema del que nosotros consultemos a los beneficiarios”, informó.
Explicó que en la operación de los programas no se han presentado inconveniencias en el caso de las familias desplazadas, “como para que tengamos que estar haciendo registros de personas, hay un proceso ordinario y no estamos elaborando nada específicamente para este tema”, reconoció.
Añadió que, por ejemplo, el proceso del cambio de domicilio de los beneficiarios, es ordinario que se aplica en todo el país y que ocurre en zonas urbanas, donde es más frecuente que las personas se muden.
“Así como acuden con el INE, así acuden con nosotros a realizar su proceso de cambio de domicilio, y seguramente en medio de todos estos casos están los de los desplazados por la violencia, pero nosotros nunca les preguntamos cuál es la causa del cambio de domicilio, atendemos las solicitudes porque es un proceso normal, pero no hacemos una clasificación de las causas”, explicó.
Hernández Díaz reconoció que hay momentos en algunas regiones donde por situaciones de la violencia han tenido que posponer algunas actividades del programa, pero que son “situaciones temporales”.
El funcionario federal declaró que la dependencia no tiene ningún programa especial para el caso de los desplazados por la violencia en el estado.

 

Lleva el gobierno estatal medicinas y despensas a Toro Muerto; se instala el Ejército en Linda Vista

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Siete días después de que vecinos de Linda Vista, en la sierra de San Miguel Totolapan, fueron atacados por sicarios del grupo criminal La Familia Michoacana, el gobierno del estado les llevó cobertores, medicamentos y despensas a Toro Muerto, y un grupo del Ejército se instaló permanentemente en Linda Vista.
Al menos dos comunidades se quedaron sin habitantes, ahora son “pueblos fantasma”: Petlacala y Plan Verde, porque la gente salió huyendo de la violencia, según informaron vecinos de la zona.
El delegado del gobierno del estado para la Sierra, Saúl López Sollano, encabezó la caravana que llevó la “ayuda humanitaria”.
Comisarios que asistieron al lugar informaron que la principal demanda para el Ejército, que resguardó la entrega de víveres, y para López Sollano, es la presencia de militares y guardias nacionales en las comunidades Plan Verde y Linda Vista, para que puedan regresar los cientos de desplazados.
En cuanto al número de refugiados en la zona, se informó que sólo en Rancho Alegre y Puerto de Chichalaco, comunidades entre Linda Vista que fue atacada, y Toro Muerto, a donde llegaron los primeros desplazados, se contaron 30 familias, alrededor de 100 personas; además de las que están en Toro Muerto, que llegaron a 80, principalmente mujeres y niños.
Sin embargo, no hay manera de calcular cuánta gente ha abandonado la región, pero el desplazamiento forzado interno ha sido constante desde el jueves, confiaron las fuentes.
Se informó que este miércoles, con López Sollano llegó personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para documentar la situación.
Acudieron además aautoridades y vecinos de las comunidades Rancho Alegre, Los Parejos, El Salto, La Galera, Cruz de Ocote, El Duraznito, Puerto de Chichalaco, Plan Verde, Agua Escondida, La Mina, Puerto Alegre, Las Conchitas y Linda Vista.
Entre todos se repartieron mil despensas, 12 paquetes de medicamentos, mil colchonetas y mil cobertores.
En fotografías difundidas, se observa a decenas de pobladores en la cancha de Toro Muerto descargando los víveres que llegaron en un camión torton y una camioneta.
En el lugar se colocó una lona, en la que se lee: “Maestra Evelyn Salgado Pineda. Entrega de apoyos emergentes a comunidades de la Sierra”.

Serán permanentes las fuerzas de seguridad en la Sierra

En un boletín difundido anoche, el gobierno del estado dice que “en un esfuerzo permanente para atender las necesidades de los guerrerenses, la Secretaría General de Gobierno realizó la entrega de apoyo humanitario emergente a habitantes de las localidades del municipio de San Miguel Totolapan, en Estación Toro Muerto”.
“A través de una brigada encabezada por el director general de Derechos Humanos, Miguel Flores Morales, y el delegado estatal de la región Sierra, Saúl López Sollano, se entregaron mil paquetes de suministros alimentarios, 12 paquetes integrales de medicamentos, así como mil cobertores y mil colchonetas, beneficiando a más de 300 familias a comisarios Linda Vista, Petlacala, Agua Escondida, El Chachalaco, Plan Verde, Cruz de Ocote, Puerto Alegre, El Salto, Rancho Alegre, Conchitas, y El Duraznito, comunidades perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan”.
“Durante su intervención, Flores Morales dio a conocer que el gobierno del estado no es indiferente ante las dificultades de la población y destacó que existe la presencia permanente de las autoridades y fuerzas de seguridad en todas las regiones del estado, especialmente en la Sierra de Guerrero, con el objetivo de continuar fortaleciendo la construcción de la paz en la entidad”.
“Esta caravana de apoyo emergente tiene como objetivo proporcionar atención prioritaria, garantizando la integridad y cubriendo las necesidades básicas de la población, mientras se trabaja en una estrategia integral para asegurar un retorno seguro a sus hogares”, declaró López Sollano, según la misiva.
“El comisariado y pobladores, reconocieron la respuesta oportuna y la efectiva intervención del gobierno estatal y manifestaron el deseo de la comunidad de colaborar estrechamente con el Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública, a fin de generar condiciones que fortalezcan la seguridad de las comunidades”.

Peor que la tortura, es sufrir por la justicia que no llega, dice víctima de la guerra sucia de El Quemado

Evaristo Castan?o?n Flores muestra la foto de sus an?os en la ca?rcel cuando construi?a barcos de madera para sobrevivir Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

A 51 años de su detención, tortura y desaparición transitoria que vivió durante la guerra sucia, Evaristo Castañón Flores, de El Quemado, consideró que el sufrimiento por la justicia que aún no llega es tres veces peor a estos crímenes cometidos por el Ejército.
El sobreviviente de la contrainsurgencia, de 84 años de edad, relató a El Sur cuando se lo llevaron de su comunidad en Atoyac hacia Acapulco, los maltratos, los muertos que vio y los cadáveres no fueron entregados, y sobre todo las consecuencias que aún padece de los más de cuatro años en cárcel.
Un documento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que puede ser consultado en la página Archivos de la Represión de Artículo 19 (organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información), indica que alrededor de la una de la tarde del 23 de agosto de 1972 un convoy militar del 48 Batallón de Infantería fue emboscado por la guerrilla de Lucio Cabañas en Arroyo Obscuro, en la brecha entre Atoyac y la comunidad de El Paraíso. El 25 de junio del mismo año el Partido de los Pobres realizó su primera emboscada contra el Ejército mexicano.
Murieron 18 militares y otros 17 fueron trasladados heridos al Hospital Regional Militar de Chilpancingo. La reacción del Ejército fue inmediata, el documento apunta que ese mismo 23 de agosto “se inició la persecución de la gavilla que comanda Lucio Cabañas Barrientos” y grupos de militares fueron distribuidos a distintos poblados, fueron 35 a El Quemado.
El informe del día siguiente contextualiza que en ese mismo año ya había ocurrido el secuestro del director de la Prepa 2 de la UAG, Jaime Farill Novelo, y la fuga de Carmelo Cortés Castro y Carlos Ceballos Loya de la cárcel de Chilpancingo el 20 de agosto. Aunque no se menciona, el 2 de febrero murió Genaro Vázquez.
“Con motivo del ataque”, indica un documento del 7 de septiembre, fueron detenidos más de 20 hombres, entre ellos Evaristo Castañón Flores, quien precisó 51 años después que su captura fue el 5 de septiembre. Él tenía 34 años y trabajaba en la construcción de las calles de la colonia La Laja, pero regresó a su comunidad porque no consiguió quién le trabajara su parcela.
Ese día le dijo a su esposa, “voy a ver el frijol si ya está maduro para arrancarlo, no me pongas taco porque si no está maduro luego me voy a regresar”. Finalmente volvió a su casa a las 4 de la tarde y dos soldados ya lo esperaban para llevarlo a la cancha deportiva de la comunidad.
Una fila de hombres ya estaba formada cuando llegó y después de algunas preguntas lo vendaron. “¿Por qué el Ejército hizo eso en El Quemado, por qué agarró a toda la gente?”, se sigue cuestionando quien fuera comisario del pueblo un año antes de su detención e indicó que sólo 14 de 100 jefes de familia no fueron capturados.
Los bajaron en helicóptero a Atoyac sin decirles el motivo y luego los llevaron en camión a Acapulco “como animales”, amarrados de pies y manos a una banca. Fueron trasladados a la cárcel municipal, donde ahora es la Dirección de Salud municipal en la colonia Hogar Moderno, y los recibió el comandante de la Policía Judicial de Guerrero (hoy Policía Investigadora Ministerial), Wilfrido Castro Contreras, uno de los tantos perpetradores de la guerra sucia.
El informe del 9 de septiembre indica que a las 12:30 de la noche y “a petición” del comandante de la 27 Zona Militar, Joaquín Solano Chagoya, 10 presos de El Quemado fueron trasladados de la prisión de Acapulco al cuartel militar, lo que hoy son algunas oficinas del Ayuntamiento de Acapulco, atrás del Fuerte de San Diego.
“Ahí nos torturaron pues, ahí nos tuvieron como una semana y media torturando, sin comer ni beber agua”, contó Evaristo Castañón, quien señaló que también sufrieron tortura psicológica y les preguntaban por las armas utilizadas en la emboscada.
Otro documento de la DFS muestra la lista “Flit”, que Artículo 19 explica que es “un eufemismo para identificar a las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente”, entre ellos están José Veda Ríos Ocampo e Ignacio Sánchez Gutiérrez.
Evaristo Castañón contó que en la cárcel a “don Veda nos lo llevaron donde estaba nosotros, que supuestamente le dolían las rodillas y Wilfrido Castro dijo que comprara una inyección”, y luego supieron que murió, pero su cuerpo no fue entregado a sus familiares y es considerado un desaparecido.
“A Ignacio también lo llevaron en el comedor, de regreso de la tortura, estaba con los ojos cerrados”, expuso Evaristo Castañón y agregó que Sánchez Gutiérrez les pidió avisarle a su esposa que se sentía mal y comprara medicina, “pero al ratito ya estaba muerto, le quebraron las costillas a patadas, casi lo llevaban ahí agonizando”. Su cuerpo tampoco fue entregado.
La DFS anota en un informe “rumores” dentro del grupo de los detenidos de guerrilleros, entre ellos, Francisco Fierro Loza y Octaviano Santiago Dionisio, futuro dirigente del PRD, de que Lucio Cabañas va a secuestrar “a un alto funcionario” para liberarlos y también pedir dinero.
Evaristo Castañón recordó que estos presos “nos recibieron, nos llevaron a su celda para que nos bañáramos y nos dieron ropa seca, gracias a Dios que esa gente estaba ahí”. También estaba encarcelado Nicomedes Fuentes, que 40 años después sería uno de los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero que investigó precisamente la guerra sucia.
Un expediente de Evaristo Castañón precisa que el 12 de septiembre fue consignado al Juzgado de Distrito de Acapulco con el estatus de “confeso” por los delitos de robo, daño en propiedad ajena, asociación delictuosa, homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad.
“A mí me hicieron firmar, me sacaron y me dijeron, nada más vas a firmar este papel y ya te vas, allá afuera está tu esposa con tus hijos”, contó Evaristo Castañón, quien al igual de otros 23 hombres de El Quemado recibió una sentencia de 30 años. Aún viven 10 de los sentenciados.
La DFS reconoce el 18 de septiembre que es un problema “la situación de las familias de los consignados, ya que algunos poblados de la Sierra quedan sin los Jefes de éstas”.
Evaristo Castañón ya tenía cuatro de los 6 hijos que procreó en su vida, “uno como preso no nada más sufría el estar encerrado, sino el estar pensando el sufrimiento que estaba pasando su familia que estaba a medio comer nada más”.
Su esposa Pabla Martínez iba a visitarlo a la cárcel, “gracias a ella no sentí tan pesada la cárcel porque cada mes venía a verme, cómo le hacía, quién sabe, el pasaje costaba 7 pesos de Atoyac a Acapulco,” recordó y mostró la foto de su finada pareja en su celular. Otro retrato impreso muestra a Evaristo Castañón con uno de los barcos de madera que aprendió a hacer en la cárcel para sobrevivir y darle 200 pesos al mes a su familia.
Los 24 sentenciados salieron de la cárcel en diferentes días de noviembre de 1976, cuando el gobernador Rubén Figueroa Figueroa les dio 100 pesos a cada uno para regresar a su casa y con la advertencia de no hacer escándalo porque si no, contó Evaristo Castañón, “ya no los voy a traer a la cárcel, miren, con ellos los voy a mandar a fusilar”, en referencia a los soldados que les apuntaban.
Sin embargo, como lo anota la DFS, su salida formal de prisión fue hasta 1978, cuando les dieron la amnistía y fueron llevados en camiones de El Quemado a Chilpancingo. Evaristo Castañón no acudió porque estaba chaponando un terreno en otra parte y no lo encontraron.
“Ese sufrimiento que pasamos más de cuatro años en la cárcel ahora lo hemos vivido más, el doble o el triple estando libres porque estamos esperando la justicia y no llega”, dijo Evaristo Castañón y mencionó que una de las consecuencias es que no le pudo dar estudios completos a todos sus hijos.
Vendió parte de su parcela para superar un problema en la columna y en la circulación de la sangre. Vive desde el 2010 en una colonia periférica de Acapulco con su hija Rocío, maestra de una escuela privada, pero que “su quincenita se le hace nada, siempre estamos escasos de alimento, cuando yo recibo mi pensión (de adulto mayor) le digo, ora, súrtete”.
Dijo que “la injusticia para nosotros pesa todavía y cuando ganamos la presidencia de la República, porque nosotros votamos a Morena, las víctimas de la guerra sucia de El Quemado nos alegramos porque pensamos que (el presidente de la República, Andrés Manuel) López Obrador nos iba a hacer justicia, pero no pensamos que iba a ser tan lento”.
Aseguró que el mandatario federal está limpiando al país de la corrupción y enumeró los programas de Bienestar que escucha en la conferencia matutina, “todo eso qué bien, pero México tiene sed de justicia, la justicia está retrasada y no porque no pueda, no hay voluntad de la cabeza, yo digo”.
Expuso que una parte de las víctimas de El Quemado ya recibió una compensación económica en 2021 y a otros no, como él, además les dieron menos dinero a los que estuvieron sentenciados 30 años.
Dijo que vive en paz y perdonó a sus torturadores porque se unió a una iglesia cristiana. Sin embargo, mantiene su demanda de justicia, “pero en verdad no es justicia porque un daño que te causa un gobierno o una persona, es un daño físico y moral. No sanas porque te den un dinerito, es un daño que te hicieron. Te están dando una ayuda porque te violaron los derechos humanos”.

 

Reprochan ONG que se procese en libertad al general implicado en el caso Ayotzinapa

Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Organizaciones que acompañan a las familias de los normalistas de Ayotzinapa, reprocharon que se permitiera al general Rafael Hernández Nieto, implicado en el caso, enfrentar su proceso en libertad, por considerar que se da un tratamiento preferencial y un sesgo a favor del Ejército.
La juez federal Raquel Ivette Duarte concedió a Hernández, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, el beneficio de llevar en libertad su proceso por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria. No es la primera vez que este general recibe un tratamiento preferencial. La determinación adoptada por la juez segundo de distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las fuerzas armadas en el presente”, señalaron en un posicionamiento las organizaciones Centro Prodh, Serapaz, Fundar y Tlachinollan.
Al hacer un recuento de los beneficios otorgados al general, recordaron que en agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió, lo que sostuvieron se logró de forma ilegal.
“Luego de casi un año de denunciar esa grave irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el general el 6 de julio de 2023, después, se le dictó auto de formal prisión.
“Además, de forma extremadamente inusual, la Guardia Nacional determinó, en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga, celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”, advirtieron.
Las organizaciones acompañantes subrayaron que el Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería cuando ocurrieron los hechos, fue expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas.
“Con menciones que muestran que tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada. Específicamente, en los mensajes se dice que ‘voy a ir a telo a traer cosas y ver al coronel Nieto para que esté bien todo’. Además de la mención directa por apellido, en esos mensajes existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 batallones de Infantería, mientras (Hernández) Nieto era la cabeza de este último”, añadieron.
Informaron que debido a la distancia, los padres de los normalistas apenas están conociendo la determinación y en su momento fijarán su postura.
“No obstante, es necesario señalar, desde ahora, que esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos, que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”, indicaron.

 

Con federales y estatales que llegaron para buscarla, sale de Tierra Caliente la MP liberada

Israel Flores

Ciudad Altamirano

La titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaquelín González Salgado, que fue levantada el lunes en su oficina por 20 hombres armados y liberada cerca de la medianoche de este martes, salió de la Tierra Caliente la mañana de este miércoles con el operativo que también regresó a Chilpancingo.
Aproximadamente a las 10 de la mañana, salieron de la Tierra Caliente los elementos de la Policía Ministerial del Ejército y la Guardia Nacional que vinieron de manera especial a buscar a la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán.
Se confirmó que en ese convoy de 10 patrullas, también salió la licenciada Jacqueline González Salgado luego de ser liberada cerca de la medianoche de este martes y quien decidió retirarse de la región.
Al mismo tiempo se informó que luego de los hechos violentos, la titular del Ministerio Público será cambiada sin que se conozca por el momento la decisión de la Fiscalía, por lo tanto por el momento la agencia de Coyuca de Catalán no tendrá titular.
La licenciada Jacqueline González fue levantada al mediodía de este lunes. La Fiscalía informó que un grupo de 20 hombres armados fueron los responsables de llevarse a la abogada desde sus oficinas para lo cual entraron al edificio y desarmaron a los policías ministeriales.
El edificio regional de la Fiscalía en Coyuca de Catalán es un complejo que cuenta con oficinas amplias. Ahí es la sede de cinco Ministerios Públicos auxiliares, en el segundo piso cuenta con el área forense con espacio para laboratorio y psicólogos. También cuenta con oficinas para el fiscal regional y el área de expedición de cartas de antecedentes no penales. Existe otro espacio amplio con oficinas y salas diversas para atender casos de violencia intrafamiliar.
Otro edificio tiene camas y separos para los agentes ministeriales además de una sala forense. Cuenta con un amplio estacionamiento y en el patio de atrás se construyó una sala especial para juicios orales debido a que el Poder Judicial no contaba con un terreno para realizar sus actividades desde el 2015 cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia.
A este edificio entraron los 20 hombres armados.
Desde la noche del lunes llegaron los efectivos estatales y federales para el operativo especial de búsqueda, que recorrió zonas urbanas, se instalaron filtros de revisión en carretera y se anunció la llegada de más efectivos para este miércoles.
Cerca de la media noche se confirmó que la abogada fue liberada y llegó caminando sola. Incluso algunos elementos de la Policía Ministerial seguían en operativo en el momento en el que ya estaba la abogada en las instalaciones del Ministerio Público.
Durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles se colocó una patrulla del Ejército y los elementos del operativo especial en las instalaciones resguardando el edificio. Pero por la mañana se confirmó que salieron de la región y que se llevaron a la titular del Ministerio Público.
Según el reporte se encontraba sana y salva y no presentaba huellas de violencia física, sin embargo también fue atendida por el área psicológica debido al temor y la presión emocional.

La búsqueda comanzó en Coyuca de Catalán y se extendió a seis municipios de la Tierra Caliente, informa la fiscal

La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, emitió anoche un videomensaje en el que dijo que tras la privación de la libertad de la agente del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaquelín González Salgado, se movilizaron fuerzas estatales y federales, y que por eso se logró que sus captores la liberaran.
Dijo que “de manera inmediata se inició con los trabajos de gabinete y búsqueda en campo de manera ininterrumpida, primero en el municipio de Coyuca de Catalán y se emitió la ficha de búsqueda del protocolo Alba”.
Agregó que las acciones de búsqueda se ampliaron a Ajuchitlán del Progreso, Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala, Cutzamala de Pinzón y Zirándaro de la región Tierra Caliente, encabezados por la Fiscalía Especializada y Búsqueda de Personas desaparecidas, con soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado y su helicóptero, y se abrió una carpeta de investigación
Agradeció “a todas las instituciones de seguridad federales y estatales, a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación por su destacada e invaluable participación”.
Además agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por el apoyo de la aeronave. “Estas acciones fueron determinantes para que los captores de nuestra compañera la liberaran sana y salva”.
La fiscal termina su mensaje: “Esta Fiscalía a mi cargo, refrenda su compromiso con nuestra compañera para que el hecho del cual fue víctima no quede impune”.

Por las lluvias militares y policías no prestan auxilio en la sierra de Tierra Caliente

Los caminos de la sierra están bloqueados por el crecimiento de arroyos; estas vías por lo general se utilizan para subir a diferentes comunidades de la parte alta, pero las corporaciones desde las cabeceras municipales no pueden transitarlas para atender los reportes de hechos violentos por lo que la responsabilidad queda en manos de diversas bases que se encuentran en aquella zona.
Existe en Coyuca de Catalán la base regional de la Policía del Estado, la de la Policía Invgestigadora Ministerial (PIM) y en Altamirano la base de la Guardia Nacional y del Ejército las cuales cubren los nueve municipios de la Tierra caliente.
Sin embargo, con la llegada de la temporada de lluvias ya no pueden subir a la parte de la sierra debido a que hay varios tramos de camino que realmente son parte del cauce de algún arroyo y que actualmente ya no se pueden utilizar.
En el último mes hubo reportes de hechos violentos en la sierra de San Miguel Totolapan, y en un caso más reciente en la Coyuca de catalán en donde se solicitó la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional.
En su lugar, la Secretaría de Seguridad Pública ha reportado que cuenta con una base en el municipio de San Miguel Totolapan, y en Coyuca de Catalán en los que también está el Ejército quienes tienen la responsabilidad de atender estos reportes o en su defecto hay algunos caminos por donde pueden acceder pero desde lado de la costa.
Esto impide que suban corporaciones policiacas desde la parte baja incluso de los elementos de la policía municipal.
Para esas temporadas las comunidades se preparan debido a que año con año quedan incomunicadas con la parte baja por el bloqueo de caminos y en algunos casos incluso por derrumbes que dejan en mal estado las brechas. (Israel Flores / Ciudad Altamirano)