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Preocupa a vecinos de El Mirador en la capital el regreso de una lideresa de invasores de sus casas

Vecinos del fraccionamiento El Mirador denunciaron que la lideresa de los “invasores” de sus casas, Cándida Vázquez Niño regresó al predio para reunirse con habitantes de la manzana 4-B, pese a que el domingo fue aprehendida y trasladada a la Procuraduría General de la República (PGR).
Los vecinos manifestaron su preocupación, ya que Vázquez Niño fue una de las principales precursoras de la ocupación irregular de casas en el predio, además de que amenazó y hostigó a los beneficiarios cuando pretendían ocupar sus viviendas.
Consultada vía telefónica, una de las vecinas beneficiarias, Karen Hernández Pérez relató que el jueves a las 5:30 de la tarde, Vázquez Niño acudió al fraccionamiento para reunirse con al menos 15 personas, “algunos quienes la apoyaron en todo momento” , sin conocer la razón específica del encuentro.
Expresó que la reunión preocupó a los colonos, ya que durante el desalojo, Cándida Vázquez los agredió física y verbalmente, lo que quedó documentado en videos grabados en celulares.
Durante una visita al fraccionamiento, el mediodía de ayer, al menos tres vecinas de la manzana 5-A, que prefirieron omitir sus nombres, reconocieron la preocupación, ya que podrían suscitarse nuevos problemas con las familias irregulares que anteriormente habitaban las viviendas.
Subrayaron que este hecho se agrava aún más porque el fraccionamiento sigue sin energía eléctrica ni vigilancia, ya que hay únicamente tres policías estatales en una patrulla para más de 300 familias que habitan el predio.
Indicaron que para alejar a desconocidos durante las noches encienden algunas fogatas, y analizan colocar una valla en el acceso de la manzana 5-A que proteja a los vecinos recientemente reubicados.
Una vecina que dijo llamarse Carmen, detalló que observó cuando Cándida Vázquez llegó al fraccionamiento para reunirse con habitantes, “regulares e irregulares que siguen habitando las casas”.
Detalló que junto a una vecina pasaron cerca del lugar donde se reunía Cándida con los colonos, “y en ese momento ella (Cándida Vázquez) se empezó a reír de nosotras, diciendo que las autoridades le hacían los mandados (…) nosotros nos retiramos al ver que era ella, para evitar que nos fuera a dar un golpe o algo parecido”, indicó.
Sostuvo que algunos vecinos de las manzanas 3-A y 5-A se reunieron para discutir el asunto, “muchos expusieron que pudiera tener influencias (para que la dejaran salir), otros más comentaron que incluso salió bajo fianza junto con su esposo (Carlos Mercado) tras el pago de 350 mil pesos. Lo cierto es que a todos nos inquieta el hecho de que haya regresado al fraccionamiento, como si nada hubiera pasado”, dijo.

Hay poca vigilancia en el predio El Mirador de Chilpancingo tras el desalojo de los invasores, se quejan damnificados

 

Luego del desalojo implementado por el gobierno estatal en el predio para damnificados El Mirador para sacar a las familias que de manera irregular viven en las casas, se comprobó que cuenta con poca vigilancia en su interior, ya que únicamente ocho policías estatales en dos patrullas fueron observados durante el recorrido.
A las 4 de la tarde, en una visita al fraccionamiento ubicado junto a la Autopista del Sol, se observó que una caseta de vigilancia construida con madera en el acceso al predio, y en la manzana 1A se encuentra estacionada una patrulla estatal con cuatro policías a bordo.
En una de las orillas del terreno, aledaño a la Manzana 1A, se constató que otra caseta fue improvisada para albergar a los policías, donde había otra patrulla con dos policías y tres motocicletas de la Policía Estatal estacionadas.
No obstante, tras adentrarse entre las manzanas en las que se hallan las 598 casas del predio, se comprobó que solamente dos policías a píe vigilaban las zonas donde fueron reubicadas la mayoría de las familias damnificadas.
Durante el recorrido, 10 vecinos de las colonias El Amate y Renacimiento, quienes fueron reubicados en la manzana 4-A el domingo tras el desalojo de al menos 30 familias que de manera irregular habitaban el terreno, manifestaron su alegría y agradecimiento a las autoridades por su intervención.
Dijeron que la mayoría de las casas que recibieron presentaron imperfectos debido a que forzaron chapas y candados, y dañaron puertas y ventanas.
Una vecina contó que recibió su casa con el drenaje colapsado, y permanece a la espera de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) acuda a reparar el daño
Los vecinos remarcaron que el único servicio básico con el que cuentan las viviendas es el drenaje, mientras que de la luz y el suministro de agua potable, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, se comprometió a entregarlos en el transcurso de este mes.
Consultada, la vecina Angélica García Miranda consideró que las principales urgencias de los habitantes recién reubicados en El Mirador son la instalación de la energía eléctrica y la escasa vigilancia que quedó en el predio, luego del desalojo de invasores coordinado por el gobierno estatal el domingo.
En cuanto a las declaraciones hechas por Armenta Tello, quien manifestó que el fraccionamiento permanecería resguardado por la Policía Estatal para vigilar las viviendas que aún no han sido entregadas y evitar una nueva invasión o represalias en contra de los beneficiados, la señora Angélica García contó que luego de la inspección de las brigadas de Sedatu para actualizar el padrón de viviendas regulares e irregulares, la mayoría de policías federales y estatales se retiraron.
“Todavía ayer (lunes), durante la inspección que hizo la Sedatu notamos la presencia de los policías, sin embargo, luego de terminar sus trabajos se retiraron casi todos, sólo unos cuantos permanecen en la entrada; parece que los policías cuidaron solamente a los brigadistas y no a nosotros, como beneficiarios del predio”, lamentó.
Subrayó que la vigilancia fue acordada en las mesas de diálogo con funcionarios gubernamentales y el delegado Armenta Tello, “aquí la mayoría somos mujeres, niños y adultos mayores; necesitamos que cumplan lo señalado en materia de seguridad, con más policías que nos vigilen, ellos tienen los elementos y ya comprobamos que pueden hacerlo”, indicó.

Hay empleados de gobierno entre los invasores de El Mirador, denuncian damnificados

Damnificados de la colonia El Amate, expusieron que detrás de las familias que habitan de manera irregular 130 viviendas del fraccionamiento El Mirador, puede estar el Ayuntamiento capitalino junto con dependencias estatales, pues han comprobado la presencia de trabajadores municipales y estatales de Salud y Educación que viven en el predio.
La mañana de este viernes, en la casa de la señora Sabina Ramos Cicilio, reconstruida con madera y láminas usadas de asbesto luego de las contingencias por Ingrid y Manuel en 2013, el comité vecinal de damnificados de El Amate reiteró que han acudido ante todas las instancias gubernamentales para solicitar el desalojo de las personas que invadieron el terreno donde reubicarían su domicilio, en El Mirador, pero nadie ha atendido sus peticiones.
Abundaron que ni la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ni el gobierno estatal o la Procuraduría General de la República (PGR) han puesto un verdadero interés para revertir el conflicto de las viviendas, y detallaron que el jueves, cuando fueron al fraccionamiento, fueron amenazados nuevamente con machetes y palos por un grupo de personas, quienes les negaron el acceso.
Debido al retraso del desalojo, la representante del comité, Karen Hernández Pérez indicó que existen sospechas de que los habitantes irregulares del terreno están siendo protegidos, pues ahí habitan abogados, trabajadores del Ayuntamiento, de la Jurisdicción Sanitaria y docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Comentó que los “invasores” les aseguraron que no se saldrán de las viviendas porque cuentan con el respaldo de las autoridades, “nos dicen que son la ley y que cuentan con el respaldo de funcionarios municipales y estatales, y que tienen acuerdos con la diputada Beatriz Vélez y el alcalde Leyva Mena; se muestran seguros y nosotros no vemos que las autoridades procedan en beneficio de los damnificados”, denunció.
Asimismo, Hernández Pérez exige al alcalde, Marco Antonio Levya Mena y al gobernador, Héctor Astudillo Flores una revisión para identificar si hay trabajadores que pudieran estar involucrados en la invasión, pues consideran una injusticia que los verdaderos afectados por los meteoros de 2013 no puedan habitar las viviendas.
Karen Hernández subrayó que cuentan con todas las evidencias que comprueban que son los dueños legítimos de los hogares, y que actuarán de manera legal hasta las últimas consecuencias para lograr habitar las casas que les pertenecen.
Posteriormente, una menor de 10 años acompañada de su madre, de nombre Angélica García Miranda, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla con la vivienda que le prometió desde hace tres años, “que no esté ubicada en zona de alto riesgo como en la que actualmente vivimos y que nos evite la preocupación que diariamente vivimos”, comentó la pequeña.
Explicó que en la visita del presidente a las instalaciones del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), donde estaban refugiados, solicitó la construcción de un nuevo hogar en una zona segura, y que Peña Nieto se comprometió a construirla.
Sin embargo, Angélica Miranda, madre de la niña, indicó que hasta la fecha el presidente no ha cumplido con la promesa, “incluso Peña Nieto bromeo con mi hija diciéndole que era su novia, ese día se mostró accesible con nosotros, pero hasta el momento no hemos visto resultados”, explicó.
Por su parte, mediante un boletín oficial, el gobierno del estado informó que el director general del Registro Público de la Propiedad, Lenin Carbajal Cabrera, y el director general del Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo, Rodolfo Ruiz Cabrera, acordaron coordinar acciones para el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en diversas colonias de la capital del estado.
En el documento se informa que en una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de la capital, Lenin Carbajal informó que en coordinación con la Sedatu federal, se dará atención y seguimiento a la regularización de los predios donde fueron reubicadas las familias damnificadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.
El documento explica que que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) atenderá 598 trámites de la colonia El Mirador y 67 de la comunidad de Petaquillas.
Según el documento, por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, se dará puntual seguimiento a este proceso para garantizar a los beneficiados la certeza jurídica de sus propiedades.

Solicitan damnificados a la Sedatu seguridad en El Mirador, Chilpancingo; 130 casas siguen invadidas

Unos 50 vecinos de El Mirador, miembros de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), acudieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para reunirse con el delegado José Manuel Armenta Tello y solicitar garantías de seguridad en sus hogares, ya que al menos 130 viviendas están “invadidas” por desconocidos.
Los vecinos acudieron a las 11 de la mañana a las oficinas de la Sedatu para reunirse con el delegado Armenta Tello y el encargado de la Dirección Jurídica de la dependencia, Moisés Ávila Roman, donde hablaron de la seguridad en las viviendas del predio ubicado a un costado de la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo.
Consultado al término de la reunión, que duró 30 minutos, el dirigente de la Cocoarha, Gumaro Guerrero Gómez, dijo que las familias vivieron “días de incertidumbre” por el temor a ser desalojados por las familias que habitan de manera irregular en el terreno.
Precisó que el delegado Armenta Tello les indicó que las familias beneficiadas que firmaron su comodato o préstamo de uso, y que recibieron llaves de la dependencia federal, no tienen porqué temer un desalojo.
Indicó que la invasión de sus hogares les preocupaba, y temían ser desalojados y despojados de sus viviendas por todos los rumores de los últimos días.
Dijo que también hablaron sobre la firma del comodato firmado el 23 de diciembre, con vigencia de dos meses, “aunque el delegado (Armenta Tello) nos indicó que entregaremos un paquete de datos para que el comodato sea rectificado, y legalmente sigamos siendo legítimos posesionarios”.
Remarcó que en los próximos días harán un nuevo pliego petitorio todos los habitantes de El Mirador, que será entregado al Ayuntamiento capitalino y a la Sedatu, para pedir servicios de electricidad y agua potable, además de una cancha de futbol, un centro de salud, vigilancia y escuelas.
Por su parte, José Manuel Armenta Tello remarcó que la semana pasada se reunió con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien solicitó al delegado presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra las familias irregulares que actualmente habitan el predio, quienes tenían antecedentes previos por destrozos a las viviendas y de comercializarlas de forma ilícita.
Insistió en que estas familias no cuentan con un reconocimiento legal de la Sedatu y del municipio, “es gente que, de manera arbitraria se ha instalado en las viviendas rompiendo vidrios y abriendo chapas de manera ilegal”, expuso.
Dijo que ha solicitado al gobierno estatal y municipal reestablecer el derecho igualitario, y es necesaria una intervención para que las viviendas sean desocupadas y entregadas a los verdaderos beneficiados.
Remarcó que la denuncia fue entregada en la PGR el 8 de febrero y ratificada el 11 del mismo mes, y que esperan que el gobierno los apoye, ya que es indispensable que acuda fuerza pública a desalojarlos.
Armenta Tello expuso que el suministro de electricidad para el fraccionamiento fue un compromiso del Ayuntamiento y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes planean la construcción de un nuevo circuito eléctrico que abastezca las 598 viviendas del predio; mientras que en 10 días regresará la constructora a terminar los trabajos inconclusos.

Toman la Sedatu en Chilpancingo 50 reubicados en El Mirador; sus casas están “invadidas”, denuncian

 

Al mediodía de ayer, unos 50 damnificados de la tormenta Manuel en Chilpancingo tomaron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir al delegado José Manuel Armenta Tello esclarecer la causa por la que las 130 viviendas que les fueron asignadas en el fraccionamiento El Mirador se encuentran “invadidas”.
Durante la protesta en las oficinas generales de la Sedatu, los afectados reprocharon que la dependencia pretenda enfrentar a las familias que ya habitan las casas, armadas con palos y machetes.
Reclamaron la falta de capacidad del organismo para defender el patrimonio de los damnificados que siguen viviendo con familiares, en albergues o en casas improvisadas en las zonas de riesgo de donde fueron evacuados tras la tormenta Manuel en 2013.
Alrededor de las 5 de la tarde del lunes, una comisión de Sedatu acudió a entregar 130 viviendas en la 4 y 5 manzana del fraccionamiento ubicado a un costado de la Autopista del Sol, a las familias que continúan habitando las colonias marginadas de la periferia capitalina.
Al acudir a ocupar sus viviendas, encontraron que unas 130 familias se posesionaron de las viviendas, lo que ocasionó alegatos; las familias “invasoras” estaban armadas con palos y machetes, por lo que se retiraron para evitar una confrontación física.
En ese momento, el grupo “invasor” destacó a grandes rasgos que habitan desde hace un mes las viviendas, y contaban con un folio expedido por la Sedatu.
Por tal motivo, el martes los vecinos afectados protestaron en las oficinas de la dependencia federal para exigir a las autoridades esclarecer los hechos, luego de recordar que las familias llevan más de dos años a la espera de una casa sin que formalmente hayan sido entregadas.
En la protesta, los vecinos reprocharon a la subdelegada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez Sales, y a otra comisión de la dependencia, la negligencia de los trabajos para la entrega de viviendas, y aseguraron ser ellos los damnificados y no el grupo de familias que ya las habitan.
“Fuimos sacados con machete y palos del fraccionamiento, porque ya estaban habitadas las casas, mientras que ustedes no entregaron la documentación de la vivienda para reclamarles el porqué están ahí en nuestra propiedad”, declararon.
Una mujer agregó que, acudieron por la mañana a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia por despojo domiciliario, ya que contaban con un documento de asignación que les otorgó la Sedatu, pero encontraron que el documento no constaba de ningún sustento legal, ya que los terrenos son todavía propiedad de la Sedatu; “exigimos que sean ustedes que procedan a la denuncia”, reclamaron.
Los afectados reprocharon a la dependencia que enfrente a las familias que habitan los hogares resguardados con la portación de palos y machetes, tras no realizar un procedimiento de carácter judicial.
Consultada durante la protesta, una de las afectadas, que se reservó su nombre, dijo que desde hace dos semanas damnificados invadieron las casas del fraccionamiento, que según la Sedatu les vendió.
Acusó a una de las integrantes del grupo, Cándida Vázquez Niño, a la “que la respalda una enfermera, Estela, que se siente poderosa porque la apoya la diputada federal Beatriz Vélez Núñez, por posesionarse de las viviendas que pertenecen a los damnificados”.
Recordó que, hace dos años la Sedatu les entregó un folio y un censo donde indicaba que ya contaban con su vivienda, “fuimos a que nos entregaran las casas, pero otras personas nos agredieron y nos amenazaron de muerte, porque les íbamos a quitar las viviendas”.
Comentó que desconocen a las personas que ocupan las casas y que hay complicidad entre Cándida Vázquez Niño y la Sedatu en la entrega irregular de las viviendas.
“A las casas les faltan el servicio de agua, drenaje y luz eléctrica, por eso queremos que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello atienda nuestras demandas”, indicó.
Por su parte, Armenta Tello dijo que ya se presentó una denuncia ante las autoridades contra quien resulte responsable de la “invasión” de las 130 casas, ya que muchos de los “invasores” no son beneficiarios.
Comentó que en el censo no tienen información de quiénes habitan las casas en el fraccionamiento El Mirador, “son 130 casas invadidas, los que viven ahí no están registrados en el censo y no sabemos si son damnificados, pero se procederá de manera legal”.
Informó que la dependencia ha entregado 370 casas de las 598 que incluye el proyecto del fraccionamiento el Mirador, y en el estado se tiene un faltante de 2 mil casas para reubicar a todos los damnificados de la tormenta Manuel.
Armenta Tello reconoció que en el fraccionamiento hay problemas con la instalación de energía eléctrica y el servicio de agua.
Luego de una hora, se firmó una minuta de acuerdo que incluyó una reunión el próximo viernes en la Sedatu, donde abordarán el problema de las irregularidades que prevalecen en El Mirador.

Denuncian vecinos reubicados en El Mirador, en la capital, que sus casas no tienen servicios

 

Damnificados de la tormenta tropical Manuel que fueron reubicados en el terreno El Mirador, de Chilpancingo, informaron que las 104 nuevas viviendas que otorgó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no cuentan con servicios básicos cómo agua potable, electricidad y drenaje.
Asimismo, informaron que los accesorios de las mayoría de los nuevos hogares fueron “saqueados”.
Durante una visita al predio ubicado a un costado de la Autopista del Sol, rumbo a Acapulco, los vecinos denunciaron que la Sedatu les entregó las casas sin los servicios de luz eléctrica, drenaje y de agua potable.
Indicaron que esta situación sí fue notificada en un principio por la Sedatu, y que los servicios serían instalados de manera paulatina para no aplazar el tiempo de su reubicación en el fraccionamiento.
Una vecina, Pilar Morán Benítez aclaró que la Sedatu les notificó que únicamente a los líderes de los comités vecinales, “ese es el problema, que unos cuantos decidieron por todos”, explicó.
Dijo que tienen dificultades para sus actividades cotidianas ante la falta de servicios, “es sumamente complicado vivir en estas condiciones; estamos agradecidos, sí, pero hace falta que integren los servicios a nuestros hogares”.
Asimismo, indicó que la mayoría de las nuevas viviendas no cuenta con los accesorios que fueron instalados durante su construcción tras el “saqueo” de delincuentes, “se llevaron regaderas, tazas de baño, focos y cables de la luz, entre otras cosas”, explicó.
Subrayó que el sitio donde fueron reubicados carece de vigilancia, lo que facilita a los delincuentes cometer delitos en esa zona.
Anunció que este domingo, los vecinos sostendrán una reunión a las 4 de la tarde para definir su situación de El Mirador.
Cabe destacar que en un recorrido en el fraccionamiento, se observaron las múltiples obras inconclusas a causa de la negligencia de las autoridades federales en los trabajos.
Estas deficiencias incluyen, principalmente, la falta de pavimentación en los principales accesos al fraccionamiento, los cuales son de terracería, y concluir las viviendas destinadas en un principio para más de 5 mil personas.
Asimismo, en un sector habitado por al menos 40 familias, se nota que al menos 10 casas tienen humedecimiento, cuarteaduras y filtraciones de humedad.
Por otra parte, vecinos del fraccionamiento indicaron que los fines de semana sólo una Urvan del transporte público capitalino hace el recorrido de la ruta El Mirador-Chilpancingo, lo que provoca que los vecinos tengan que esperar hasta 40 minutos para transportarse.

Intenta Capufe cerrar un acceso a la colonia de damnificados El Mirador en Chilpancingo; vecinos se lo impiden

Damnificados de la colonia El Mirador de Chilpancingo denunciaron que Caminos y Puentes Federales (Capufe) pretende cerrar el acceso que tienen por la Autopista del Sol, porque supuestamente son órdenes del gobierno federal, sin embargo, aseguraron que no permitirán que cierren la vía hasta que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) construya el puente que se comprometió a hacer.
En El Mirador se consultó al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, quien informó que desde las 9 de la mañana llegaron trabajadores de Capufe a cerrar el acceso, pero los habitantes lo impidieron.
Comentó que si cierran romperían el acuerdo que tienen con la Secretaría de Gobernación, porque es una entrada para el transporte que usan los damnificados por la tormenta Manuel.
Mencionó que el otro acceso que está por la colonia La Cinca está en malas condiciones, y cuando es temporada de lluvia se complica el paso. Por ello se acordó con uno de los encargados de Capufe, Evodio Rendón Arias, cerrar sólo una parte.
Los trabajadores aseguraron que traían una orden de cerrar, sin embargo no presentaron ningún documento, lo que causó que se originara una discusión entre los habitantes.
Posteriormente Nicolás Chávez habló por teléfono con el delegado de Gobernación, Erick Castro Ibarra, con funcionarios del Ayuntamiento capitalino y con el gobierno del estado, para que se solucionara el problema.
Los damnificados amenazaron con bloquear la autopista si los trabajadores cerraban el paso.
“Lo que nos dijeron los trabajadores es que fueron a cerrar por orden de la Sedatu, porque les dijeron que ya terminaron la construcción de las casas, cosa que es mentira”, indicó Nicolás Chávez.
Además el dirigente de la APPG comentó que hay unas 500 casas que aún no se han entregado, por tal motivo no van a permitir que cierren el acceso.
Recordó que según la Sedatu el lugar contará con un puente que dará vialidad al otro lado de la autopista, y si la dependencia no cumple no permitirán que se cierre.
Los damnificados denunciaron que los trabajadores de Capufe los trataron de manera prepotente, les gritaron, les tomaron fotografías y los amenazaron con encarcelarlos 12 años si no les permitían trabajar.
Además los habitantes pidieron a la Sedatu que no cierre el acceso hasta que construya un puente vial, porque la mayoría de las personas que habitan en El Mirador son personas de la tercera edad y frecuentemente requieren de una ambulancia, y la única vialidad que se encuentra en buen estado es la Autopista del Sol, “el gobierno nos vino a refundir por acá, entonces será quien nos solucione el problema”, recriminó Miriam Alarcón, una de las damnificadas.

Armenta, nuevo delegado de Sedatu; se detuvo la entrega de viviendas por extorsiones, admite

Ayer tomó protesta como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el renejuarista José Manuel Armenta Tello, quien sustituye a Alfredo Fernández Peri.
En el acto, en el que la Sedatu estuvo representada por Ramón Sosamontes, el nuevo delegado anunció que no se frenarán los proyectos de construcción de viviendas para los afectados por fenómenos naturales.
Armenta Tello reconoció que en la Tierra Caliente y en la Costa Grande las extorsiones a empresas constructoras detuvieron la entrega de unidades habitacionales, y afirmó que el trabajador de la Sedatu que desapareció en Ajuchitlán se encuentra en su casa desde el jueves pasado.
El cambio se llevó a cabo en las oficinas del Infonavit, en la avenida Costera, donde Armenta Tello puntualizó que cuenta con el respaldo de Rosario Robles y recalcó que la funcionaria ex perredista “ha recorrido (la región) en innumerables ocasiones, ya contadas más de 30”.
Por su parte, el representante de la Sedatu, Ramón Sosamontes expresó que también se tienen que atender problemas territoriales que colman al estado y le pidió resolverlos “con justicia”. Dijo que Armenta Tello llega con un mandato “nada sencillo, la parte urbana tiene que ver mucho para el desarrollo de las ciudades que tenemos en Guerrero, el crecimiento de Chilpancingo tiene que planificarse, con autocrítica, y no puede seguir igual que Acapulco”.
Al finalizar el acto protocolario, el ex secretario privado del ex gobernador René Juárez, consultado por los reporteros destacó que hará un inventario de los problemas existentes, porque ya se tiene un diagnóstico “trabajado previamente con el delegado (Saliente)”, se dará atención inmediata a todos los procesos y, aseguró, no se interrumpirán los proyectos.
En su diagnóstico, dijo que “rezagos con la inseguridad, el haber proporcionado predios a tiempo, el esperar dictámenes por parte del gobierno del estado de factibilidad de construir en ellos, hay pendientes con las manifestaciones de impacto ambiental”.
Sobre las entregas retrasadas de casas para damnificados de la tormenta Manuel, expuso que ayer inició pláticas con la Cámara de la Industria de la Construcción para conocer la postura de los empresarios; justificó en parte los retrasos, “yo he hablado que se han empalmado fenómenos, primero fue Manuel e Ingrid y después los sismos de semana santa, después fue Trudy, y la gente lo que pide es ser atendida”.
Precisó que de Manuel e Ingrid, el gobierno federal absorbió los gastos para la reconstrucción, “el estado no hizo aportación para que se hiciera la reconstrucción. Cosa distinta a lo que pasó a los fenómenos de los sismos y el de Trudy donde esperamos todavía una aportación del gobierno del estado”.
De las casas que todavía no se han entregado, insistió en que están en revisión y que se han entregado fianzas “por vicios ocultos”.
Armenta Tello aceptó que la inseguridad fue un factor para que se detuviera la construcción de las casas en zonas como Tierra Caliente, “en algunos casos sí, tenemos casos puntuales en Tierra Caliente, se supo de algunas situaciones en la Costa Grande, pero definitivamente tenemos oferta de instituciones dedicadas a la justicia y seguridad”. A la pregunta sobre intentos de extorsión a empresas constructoras, respondió que no se ha cuantificado el número de empresas afectadas, aunque reconoció que fue en Tierra Caliente y Costa Grande.
Resaltó que la relación con el gobierno estatal de Héctor Astudillo es “espléndida y articulada”.
Sobre la fecha de entrega de la unidad habitacional de El Mirador, en Chilpancingo, expuso que todavía no hay un día programado y se otorgarán, “cuando haya condiciones para que sean ocupadas”; precisó que no sólo es cuestión de finalizar la construcción de viviendas, sino de garantizar los servicios públicos.
Otro de los factores para la entrega de casas es un dictamen, ya sea del Cenapred o de Protección Civil, y también están a la “espera (de que) en cualquier momento” lo tengan.
Al preguntarle porqué no se hizo el dictamen previo a la cimentación de las casas, dijo que “es algo que se debió haber hecho, es algo que no te puedo garantizar o decir con seguridad, pero se debió haber hecho la factibilidad del uso del predio, y más para garantizar su uso habitacional”.
Dijo que en caso de que no se pueda seguir construyendo en ese predio, “si no son seguras, nosotros no vamos a permitir que sean habitadas, pero eso es un extremo al que no podamos llegar”.
De Azinyaualco, donde se detuvo la construcción de las 93 casas, y de San Vicente, ambas localidades de la Sierra de Chilpancingo en las que hubo damnificados por la tormenta Manuel que llevan dos años esperando a que les entreguen sus casas, Armenta Tello manifestó que todas las reubicaciones están bajo el proceso de evaluación, porque se están revisando los padrones y los predios donde se cimentan las casas, y precisó que esos predios tienen que reunir ciertas características para ser habitables.
De la comunidad de San Vicente, apuntó que tampoco están los censos de los afectados y se buscan alternativas para solucionar la necesidad de vivienda, “ya estaba dotado, pero no estaba dentro del esquema de construcción de la Secretaría, ya se están desarrollando aulas por parte del Inifed”.
Enfatizó que hasta el momento no se ha cancelado ningún proyecto.
Se le preguntó si tenía conocimiento de la investigación sobre los responsables de otorgar permisos de construcción en humedales de la zona Diamante de Acapulco que se inundaron, José Armenta Tello dijo desconocer el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, “Son investigaciones que no lleva la delegación, es un asunto de lo que yo no tengo en mi recepción, pero habré de informarme”.

Piden vecinos de Alta La Laja que los incluyan en el proyecto El Mirador Protestan afuera de la CAPAMA

Karina Contreras Habitantes de la colonia Alta La Laja piden ser incluidos en el proyecto El Mirador, durante una protesta que llevaron a cabo afuera de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), pues manifestaron que ellos también necesitan el agua. Unas 30 personas con pancartas encabezadas por la líder priísta y presidenta del Comité Ciudadano el Agua es Vida, Fabiola Díaz Hernández, llegaron alrededor de las 12 del día a CAPAMA para pedir atención a las colonias del anfiteatro de Acapulco, y que el alcalde Alberto López Rosas deje atrás el protagonismo dando banderazos a proyectos y que no concrete nada.

Díaz Hernández dijo que en esas colonias por el agua las personas se han llegado a golpear, pues cuando llega en pipas tienen que aprovechar hasta la más mínima gota. Por lo que insistió en que el presidente municipal se deje de protagonismos en los medios, pues su campaña ya pasó y tiene que atender las necesidades de Acapulco; agregó que es hora de que deje de gastar los recursos en su candidato Armando Chavarría

Precisó que el agua la necesitan 21 colonias no 20, por lo que exigió que Alta La Laja también sea incluida en el proyecto El Mirador.

CAPAMA: se construirán cinco tanques de distribución de agua en El Mirador

Pone en marcha el alcalde el proyecto de 70 millones

 Magdalena Cisneros Con la presencia de más de 200 personas y gran parte de los integrantes del Cabildo, el alcalde Alberto López Rosas puso en marcha los trabajos de la primera etapa del proyecto El Mirador, que tendrá un costo total de 70 millones de pesos y abastecerá de agua potable a más de 36 mil habitantes de 20 colonias del anfiteatro.

Ayer, en la parte alta de la colonia Francisco Villa –conocido como el gran Cañón–, López Rosas llegó acompañado de su esposa, María Eugenia Díaz de López, para inaugurar los trabajos de la obra que “viene a garantizar la salud de los niños, quienes son las víctimas más próximas de los problemas gastrointestinales, por ello aunque no podamos cumplir al cien por ciento nuestros compromisos, es prioritario estar abatiendo el problema del agua, si es posible ir paulatinamente mejorando las condiciones de vida”.

En su explicación técnica, el director de CAPAMA, Jesús Flores Guevara, explicó que se construirán cinco tanques de distribución de agua, cuatro estaciones de rebombeo, 35 mil metros lineales de líneas de conducción y red de distribución de agua con diámetro de 2 a10 pulgadas, lo que contribuirá a “aprovechar lo que ya se tiene” y aminorar el rezago que hay en el puerto.

Las colonias que serán beneficiadas en esta primera etapa son la 6 de Enero, Periodistas, Alta Mira, Burócratas, Solidaridad, 20 de Noviembre, Buena Vista parte alta y parte baja.

Después del corte de listón inaugural, los vecinos se acercaron al alcalde para hacer diversas peticiones, entre ellas el arreglo de una cancha de futbol.

En su intervención, López Rosas expresó su satisfacción por el proyecto para empezar a cubrir “una deuda, que quizás no alcancemos a saldar por la capacidad financiera” que tiene el gobierno, pero destacó que el dinero que ingresa se invierte en obra pública en el municipio.

Agradeció a los integrantes del Cabildo su apoyo el proyecto “más que social, un proyecto humano, porque somos un gobierno con rostro humano que gobernamos a seres humanos, que tienen mucha demandas y confianza”.

Además, mencionó que se está trabajando en otro sistema para introducir agua en las colonias Jardín, y también en las plantas tratadoras de agua residuales de Miramar y la Mira. “Estamos empezando a tratar agua que anteriormente no se había tratado que llegaba cruda al mar y que empezará a tratarse, y a comercializar esa agua, como se hace en algunos hoteles de la ciudad, para darles un uso y se utilice para fines de regadío”, dijo.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Fernando Aragón Gómez, mencionó que por “una estrategia financiera” se consiguió tener una calificación crediticia de dos empresas de la más alta calidad para el Ayuntamiento y lograr una línea de crédito. Los recursos vendrán de la línea de crédito de 86 millones de pesos otorgada por Banobras, y donde los integrantes de Cabildo, en su sesión del 25 de febrero, aprobaron la inversión de 70 millones de pesos en dos etapas.

Una de las vecinas, María Nieves Carrasco, agradeció a López Rosas la obra “que otros gobiernos jamás pusieron atención” como la introducción de agua potable y la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales para “solventar un gran problema” de contaminación en la bahía.

Calificó a López Rosas como “amigo de todas las colonias marginadas” porque, aseguró, está trabajando y se observa el “cambio”.

En el lugar, unas ocho personas sostenían unas pancartas solicitando a las autoridades que “no se dejen sobornar” y que no permitan el cierre de la calle Hermosillo, junto a la secundaria Técnica 1.

En el acto estuvieron la diputada local Adela Román, el director general de la tienda Carrefour, Frederick Gauthier, el presidente de Canirac, Santos Godoy, la presidenta de Aheta, Mary Bertha Medina y la presidenta de los Comerciantes de la Costera, Laura Caballero, así como la mayoría de los integrantes de Cabildo vestidos con una playera azul marino y una gorra con la leyenda del proyecto El Mirador.