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Urgen familiares al gobierno estatal a crear la comisión sobre los desaparecidos en Chilapa

La organización civil Siempre Vivos urgió al gobierno del estado la creación y el inicio de operaciones de la comisión especial para investigar los casos de sus familiares desaparecidos en Chilapa.
Informó que, a ocho meses de que se organizaron no tienen información de 57 casos registrados entre 2014 y 2015.
Asimismo, integrantes de la organización exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, implementar un operativo de búsqueda en esta región similar al de Tierra Caliente para localizar a los vecinos de Arcelia y Ajuchitlán secuestrados y levantados la semana pasada.
Ayer, el grupo de familiares que desde mayo de 2015 inició la búsqueda de sus parientes y el registro de otros casos, informó que tras una evaluación, siguen como iniciaron, en la incertidumbre, sin que las autoridades ministeriales del estado y la federación les hayan informado algún avance en las investigaciones.
La organización tiene documentados los casos de 57 vecinos  de la cabecera municipal de Chilapa desaparecidos des

de abril de 2014; el último es del 25 de noviembre de 2015.
Sus registros con denuncia ministerial indican que 16 casos ocurrieron del 9 al 14 de mayo, cuando unos 300 habitantes, comisarios y civiles armados de localidades del sur del municipio tomaron el control de las calles de Chilapa en busca de líderes de la delincuencia. De estos, 14 fueron denunciados ante el Ministerio Público federal.
Los integrantes de Siempre Vivos demandaron al gobernador Héctor Astudillo un operativo como el que implementaron en La Tierra Caliente con 500 policías, ahora para dar con sus familiares en Chilapa.
Recordaron que hicieron esa petición desde mayo al entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez y al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Asimismo, dijeron desconocer cuál es el avance de la creación de la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa que anunciaron el mandatario estatal, Héctor Astudillo, y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez. Mientras no se instale, indicaron, no hay certeza de que estén investigando.

“Seguimos exigiendo, como desde el primer momento, la búsqueda y localización de los desaparecidos y que empiece a operar la comisión especial”, insistieron. Dijeron que tampoco tienen fecha para reunirse con el fiscal estatal.
Al término de una evaluación de resultados a ocho meses de búsqueda, los familiares concluyeron que están igual que como iniciaron, con nada.
“No hay información ni buena ni mala, no hemos sabido nada por parte de las autoridades. Los 57 casos están en ceros”, lamentaron.
A ocho meses, agregaron, no hay ni un solo familiar localizado, ni siquiera alguno de los vehículos en los que viajaban al momento de ser llevados por la fuerza.
En cuanto a la atención a las familias de las víctimas, informaron que han recibido 30 becas alimentarias de 2 mil pesos mensuales de los gobiernos municipal y estatal.
Además, dijeron, de la ayuda alimentaria

para otras familias, de mil a mil 500 pesos, de la Secretaria de Gobernación; mientras que representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según familiares de las víctimas, tienen más de un mes que no se han presentado y no han aportado los gastos de transporte.
La organización Siempre Vivos ya sufrió el asesinato de uno de sus activistas. Apenas el 22 de diciembre, Bernardo Carreto González, padre de tres hijos desaparecidos y hermano del ex director de la Policía de Chilapa, fue asesinado cuando regresaba a su comunidad, Ahuihuiyuco.

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.

El gobierno no investiga y sólo envía a Chilapa policías, dicen familiares de desaparecidos

 

A casi siete meses de la desaparición de vecinos de Chilapa tras la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal entre el 9 y el 14 de mayo pasados, los familiares de los desaparecidos reprocharon que el gobierno envíe policías a Chilapa, pero no investiga.
Como cada miércoles, familiares de 55 desaparecidos de Chilapa, se reunieron en el centro de la ciudad, y en esta ocasión reprocharon que, a pesar de que a la ciudad llegan policías federales, estatales y militares, estos “no investigan” el paradero de sus familiares.
Desde que comenzaron a exigir la presentación de sus desaparecidos, los familiares se han encontrado con funcionarios federales como el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; y con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Éber Omar Betanzos.
Los tres se comprometieron a coadyuvar en la localización de los desaparecidos, sin embargo, los familiares siguen sin saber el paradero de sus parientes.
El 9 de mayo, civiles armados irrumpieron en la cabecera municipal; entonces dijeron que venían en busca de líderes criminales; permanecieron en la ciudad hasta el 14 de mayo, cuando acordaron su salida con el Ejército.
Entonces, vecinos de Chilapa reportaron la desaparición de 30 familiares durante ese lapso, aunque sólo han denunciado 16 casos.
Después se fueron sumando más casos de desaparecidos de antes de esa fecha y posteriores a ese tiempo.
Los familiares vinculan con un grupo delictivo a los civiles armados, ahora constituidos como Policía Comunitaria por la Paz y Justicia AC, pero en una reunión que tuvieron con el alcalde Jesús Parra García en el auditorio municipal, aseguraron que sí retuvieron a los pobladores pero los entregaron a la Gendarmería.

La idiosincrasia de la gente de Carrizalillo causó la retención de los agentes, dice el comisionado de la PF

 

El comisionado nacional de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, confirmó la retención de policías federales por pobladores de Carrizalillo, dijo que eran cinco y aseguró que fueron retenidos por la “idiosincrasia” de la gente del lugar, mientras que el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que sólo conocía que pobladores habían retenido a un policía federal.
El recién ratificado secretario de Seguridad Pública, el general Pedro Almazán Cervantes dijo que no tenía información, “no es nada, es una cuestión de los pobladores”.
El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, mencionó que había un número “indeterminado” de retenidos, “al principio 10, después seis policías federales”.
Las declaraciones las dieron luego que habitantes de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, mantenían a cinco policías federales retenidos y a un presunto halcón, señalados de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes iban a detener al presidente del Comisariado Ejidal, Ricardo López García. A las 4 de la tarde los agentes retenidos eran ocho, pero al cierre de edición eran cinco, y no se informó el destino de los otros tres.
En declaraciones a reporteros después de asistir a la instalación de la Unidad Antisecuestros y Extorsión, Galindo Ceballos dijo que los policías federales hacían una investigación en ese poblado.
Indicó que a petición de los pobladores de Carrizalillo intervinieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Codehum, que buscan ser prudentes y no romper el diálogo con los pobladores.
Galindo Ceballos dijo que la información que tenían ayer a las 8:35 de la noche es que los cinco policías retenidos estaban bien y que no habían sido golpeados.
Se le preguntó cuántos son los policías retenidos y respondió que eran cinco, se le dijo que la información que se conocía es que eran ocho pero insistió en que eran cinco.
Agregó que para liberar a los policías federales “no hay ninguna negociación” con lo pobladores de Carrizalillo, sino que es un diálogo mediante el cual van a “explicar” que la Policía Federal hacía una investigación, a pesar de que los vecinos reconocieron a un presunto vigilante de la delincuencia como quien guiaba a los agentes por la zona.
“Se está dando la explicación a los pobladores, conocemos la idiosincrasia de la zona, estamos respetando su forma de expresarse y de manifestarse y en nosotros caber la prudencia para no generar un conflicto mayor”, dijo.
De la posibilidad de que los policías federales fueran liberados en el transcurso de la noche de ayer dijo que estaban en eso y reiteró la intermediación de la CNDH, la Marina y del Ejército.
Se le preguntó que si para la liberación de los policías federales la dependencia se desistiría de las órdenes de aprehensión que presuntamente iba a ejecutar a ese poblado, y respondió que “al momento no hay ninguna detención, no hay nada de que desistirse”.
“Hay una investigación en la zona, entendemos cómo funciona la comunidad, la comunidad reaccionó a la presencia de la policía, nosotros somos prudentes y no generamos ningún tipo de conflicto y estamos sosteniendo un diálogo hasta ahorita”, insistió.

“No tengo más información”, dice el gobernador

En declaraciones a su llegada a las 6:30 de la tarde al hotel Emporio donde se presentó la Unidad Antisecuestros y Extorsión, el gobernador Héctor Astudillo dijo que conocía que pobladores habían retenido a un policía federal, “hasta ahí estoy no tengo mas información”.
Se le dijo que eran ocho los policías federales retenidos por los vecinos de Carrizalillo y se le preguntó si su gobierno había pedido la intervención de fuerzas federales para liberarlos, y respondió que no, también se le preguntó si su gobierno estaba de mediador para liberar a los retenidos pero insistió en que “no tengo mayor información más que tenían a un policía federal, es la información que yo tengo, no tengo más”.
En breves declaraciones a su llegada a la actividad, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Éric Castro Ibarra dijo que esperaría a que la Policía Federal diera la información de lo que ocurría en Carrizalillo, porque estaban trabajando en el Operativo Tierra Caliente.
“Tengo conocimiento que están dialogando con la comunidad”, expresó. Tampoco quiso precisar el número de policías federales que participan en el nuevo operativo de seguridad en el estado.
A las 5:30 de la tarde el ratificado secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes en breves declaraciones dijo que no tenía conocimiento de los hechos, “no es nada, es una cuestión de los pobladores, pero no hay ninguna información adicional”.
Se insistió, pero reiteró “no tengo información… la tiene la Policía Federal”.
Del refuerzo de la seguridad y la presencia de militares y policías federales en Acapulco indicó que no podía dar información porque era una estrategia y sostuvo que hay, “lo suficiente para mantener la seguridad”.
También llegó el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete, quien dijo que entre las 3 y las 4 de la tarde le informaron que pobladores de Carrizalillo retuvieron a policías federales.
Precisó que fueron los pobladores quienes pidieron la intervención de la Codehum, para “negociar”.
En respuesta la dependencia envió a un visitador y tres trabajadores de asesoría, e informó que dos integrantes de la CNDH también acudieron a la comunidad.
El ombudsman dijo que había un número “indeterminado” de retenidos, “al principio 10, después seis policías federales”.
Dijo que antes de que su personal acudiera a la comunidad, pidieron información de lo que ocurría, porque el organismo no puede actuar de oficio, sino hasta que una de las partes solicite su presencia.