Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Este 2022 Evelyn Salgado Pineda cumplió su primer año completo como la primera mujer gobernadora en la historia de Guerrero y enfrentó diversos hechos de violencia en varias zonas del estado, destacó la región de Tierra Caliente con la expulsión de militares en tres municipios, la exhibición de integrantes armados del Cártel Jalisco Nueva Generación en una fiesta patronal en Zirándaro y dos masacres, la primera de 22 personas en San Miguel Totolapan, en la que fue asesinado el alcalde, Conrado Mendoza Almeda, y la segunda de siete hombres en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán.
En la zona Norte desaparecieron cuatro policías municipales de Pilcaya, hubo bloqueos carreteros en Teloloapan debido a una disputa entre la Policía Comunitaria Tecampanera y el grupo de la delincuencia organizada Los Tlacos también llamado Cártel de la Sierra.
Este año resurgió públicamente la violencia en la región de Tierra Caliente de donde presume que es originaria la familia de la gobernadora.
El 28 de julio, cerca de 200 transportistas tomaron la carretera federal de Ciudad Altamirano a Iguala en tres zonas diferentes ante el reporte de una operación militar, que supuestamente era para detener a los jefes del grupo delictivo La Familia Michoacana, Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, aunque las autoridades estatales sólo confirmaron el operativo pero no el objetivo, porque argumentaron que fue organizado por el gobierno federal.
Otro caso similar sucedió el 10 de septiembre, cuando 30 soldados intentaron establecer una base permanente en las instalaciones de la planta de agua potable de Arcelia, pero fueron expulsados por unos 200 transportistas porque señalaron que sus operaciones y cateos eran ilegales.
Dos días después, 60 transportistas del municipio de Tlapehuala bloquearon los accesos al pueblo de San Juan Mina para exigir la salida del Ejército, que pretendía establecer una base en el centro de salud.
En esos días se dio a conocer en videos en redes sociales que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con equipo táctico desfilaron en una cabalgata en las fiestas patronales de San Nicolás Tolentino, municipio de Zirándaro.
Las investigaciones no trascendieron, incluso el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez aseguró ante la prensa que la alcaldesa morenista, Tania Pacheco Duarte le explicó en una reunión privada en la capital, que los hombres fuertemente armados se presentaron en una cabalgata organizada por los pobladores y que ella no estaba en el lugar cuando se exhibieron en las calles de Zirándaro.
No obstante la violencia llegó a un clímax el 5 de octubre, cuando ocurrió una masacre en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan que dejó oficialmente 22 muertos, entre ellos al alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, y a su padre el expresidente por dos periodos, Juan Mendoza Acosta.
La gobernadora Evelyn Salgado lamentó el crimen y sostuvo que no habría impunidad ante “la artera agresión”.
Sin embargo, mediante un video en Facebook supuestamente uno de los líderes de la Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, aseveró que él había sido el objetivo del atentado y que se salvó porque fue atacado cuando estaba por entrar a la reunión con el alcalde, sus funcionarios y asesores, además responsabilizó de las muertes a integrantes del grupo delictivo Los Tequileros.
Un día después de la masacre, Salgado Pineda informó que se reforzaría la seguridad en San Miguel Totolapan y toda la región de la Tierra Caliente, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), y dos días después, el 8 de octubre la gobernadora visitó el municipio para reunirse con funcionarios y familiares de las víctimas.
Ese día la gobernadora declaró que se establecería en San Miguel Totolapan una agencia del Ministerio Público y que 200 efectivos de diferentes corporaciones se mantendrían en el municipio para darle estabilidad.
A pesar de que desde el 18 de octubre comenzó a funcionar el nuevo Ministerio Público auxiliar en San Miguel Totolapan, que según las autoridades estaría dedicado principalmente a la investigación y esclarecimiento de la masacre, casi concluye el año y el gobierno del estado ni la FGE han dado una versión oficial del motivo de la masacre, ni se ha informado con certeza si ya hay detenidos por los crímenes.
Lo que sí circuló en redes sociales fueron más videos en los que supuestos integrantes de los grupos delictivos se responsabilizan de la masacre, en unos sostuvieron que los responsables son los líderes de la Familia Michoacana, El Pez y su hermano El Fresa, y en respuesta este grupo delictivo señala al ex diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco como el responsable de los homicidios, y lo señalan como lider de Los Tequileros.
Desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), Ricardo Mejía Berdeja informó que la masacre de San Miguel Totolapan se pudo evitar, pero argumentó que la jueza de control, Isis Peralta Salvador retrasó dos días unas órdenes de cateo a cinco ranchos presuntamente de La Familia Michoacana.
En tanto, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso ha declarado que la población y las autoridades municipales no ayudan a dar condiciones de seguridad, al rechazar que el Ejército se instale en los municipios.
Sin embargo, la masacre de San Miguel Totolapan generó otros hechos de violencia. La mañana del 7 de diciembre 80 hombres armados irrumpieron en la cárcel de Coyuca de Catalán y sacaron al preso identificado como Samuel, a quien apodaban El Vago, quien cuatro días después fue hallado asesinado a balazos en el crucero de Poliutla, municipio de Tlapehuala, con una cartulina en la que lo acusaron de ser integrante de Los Tequileros.
No obstante, el 10 de diciembre resaltó nuevamente a nivel nacional la Tierra Caliente, porque en la comunidad El Durazno, ubicada en parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, siete pobladores fueron asesinados, entre ellos un menor de 15 años, por presuntos integrantes de La Familia Michoacana.
Las autoridades arribaron al lugar 24 horas después de los hechos y a pesar de que un grupo de militares se quedó al resguardo de los habitantes, éstos comenzaron a salir desplazados hacia comunidades de Tecpan, por temor a volver a ser atacados.
Por esta segunda masacre tampoco hay detenidos y el secretario Marcial Reynoso filtró a la prensa que los indicios de las investigaciones de la FGE señalan que la masacre en El Durazno se trató de un enfrentamiento, porque se hallaron casquillos percutidos en las casas, que indican que algunos vecinos repelieron la agresión.
En la zona Norte
También este 2022 en la zona Norte, que colinda con la Tierra Caliente, se registraron hechos de violencia entre los que destacaron la desaparición de cuatro policías municipales de Pilcaya el 29 de abril, cuando salieron de Iguala y se dirigían hacia su centro de trabajo.
A pesar de que el gobierno del estado desplegó una operación de búsqueda en coordinación con el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y FGE, el 3 de mayo fue hallado asesinado a balazos y con signos de tortura uno de los cuatro policías en la cajuela de un automóvil en la carretera federal México-Acapulco, a 100 metros de la comunidad El Naranjo, municipio de Iguala.
El 26 de mayo el aún vicefiscal de investigación de la FGE, Ramón Celaya Gamboa informó que en la localidad de Taxco El Viejo, municipio de Taxco, fueron rescatados los tres policías municipales que estaban desaparecidos, quienes estaban amarrados, vendados de los ojos y golpeados, aunque no se detalló el lugar exacto ni fue detenido ningún responsable, tampoco se dijo qué grupo delictivo los tenía retenidos.
Otro hecho que resaltó fueron los bloqueos a carreteras organizados por la Policía Comunitaria Tecampanera, el 8 de noviembre con el apoyo de transportistas cerraron el paso vehicular en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en Teloloapan, para exigir la presencia del Ejército y Policía Estatal, porque integrantes de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo arribaron al municipio vecino de Apaxtla de Castrejón, quienes argumentaron que fue la población la que les pidió combatir al crimen organizado, cansados de los cobros de cuotas y extorsiones.
El bloqueo fue una reacción luego de que el 6 de noviembre hombres armados a quienes la Tecampanera señala son del grupo delictivo de Los Tlacos incursionó en los municipios de Cuetzala del Progreso y Apaxtla de Castrejón, tomó varias comunidades y desplazó a decenas de familias.
Según los integrantes de la Tecampanera, el conflicto es por el control de la venta de drogas, así como de la minera de Teloloapan, Capela, que pertenece al grupo Industrias Peñoles.
El gobierno del estado reforzó la seguridad con agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, sin embargo los bloqueos continuaron hasta mediados de diciembre por la Tecampanera, organización que dijo suspendió sus manifestaciones por la visita de miles de turistas y habitantes en las vacaciones decembrinas, lo que afectaría económicamente a la región de Tierra Caliente y zona Norte, pero el conflicto sigue latente.
