En silla de ruedas madre de desaparecido pide que se lo entreguen “como esté”

La señora Cristina García, integrante del colectivo Los Otros Desparecidos de Iguala en la marcha para demandar a los diputados la aprobación de la ley en materia de desaparición de personas Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sobre una silla de ruedas, y medio cubriéndose con una sombrilla de los rayos del sol del mediodía, Cristina García, de 68 años de edad marchó ayer entre los cientos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Originaria de Iguala, busca a su hijo Leonardo Adán García, quien desapareció el 13 de febrero del 2014.
Como ella decenas de personas de avanzada edad, algunas apoyadas en bastones, participaron en la manifestación para exigir a las autoridades la búsqueda de sus hijos y al Congreso local la aprobación de la Ley de Desaparición de Personas del Estado De Guerrero
Cristina, lo hizo auxiliada por un familiar para el desplazamiento de su silla. Así recorrió, igual que todos los marchistas, casi una hora del edificio del SNTE, frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, donde bloquearon los dos carriles de la Autopista del Sol, ante la insensibilidad de los diputados que no querían recibirlos.
Entrevistada en el transcurso de la marcha dijo que a su hijo Leonardo “me lo secuestraron en la frontera, en Tamaulipas”.
Explicó que iba a visitar a unos familiares a Estados Unidos y que cuando hablaba con ella por teléfono desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, de pronto, dejó de escucharlo, supone que en ese momento, justo cuando hablaba con él, lo agarraron y se lo llevaron.
“Nomas dejó de hablar, y hasta la fecha no tenemos ningún mensaje, ningún dato de él, no lo hemos vuelto a ver ni a saber nada de él”, lamentó.
Informó que presentó la denuncia y que las autoridades de Guerrero le dicen que están investigando, “pero yo quiero saber si está con vida, o como esté lo quiero encontrar. Le pido a las autoridades que me ayuden a encontrarlo como esté; vivo o muerto, pero yo quisiera que estuviera vivo”, clamó en tanto se abría paso en medio de la multitud postrada en su silla de ruedas, víctima de una discapacidad física.
Unos 10 metros atrás, apoyándose en un bastón, caminaba Indalecio Mata, de 67 años de edad, quien busca a su hija Yolanda Mata Mendoza, ella desapareció en el 2013, en Atlixtac, municipio de Cocula.
Falseando por una deformidad en los pies, consecuencia de su edad, Indalecio contó que es de Ixcateopan de Cuauhtémoc, pero su hija se casó en Atlixtac y un día de ese año, (no recuerda con exactitud el día ni el mes), le llamaron por teléfono para decirle que a su hija se la habían llevado unos hombres armados y que fuera por su nieto.
Tendría (su hija) entonces como 33 años. Dijo que sabe que los hombres armados que se la llevaron iban por el marido de Yolanda, pero que éste se escondió y se la llevaron a ella.
Contó que desde que desapareció no ha dejado de buscarla y 10 años después pide a las autoridades que cuando menos le den información si ella vive o ya no, “para saber si quiera”, expresó.
Pero declaró que no sabe si en verdad investigan para dar con su paradero; “puse mi denuncia pero hasta la vez no me han resuelto nada, si quiera que me digan: tu hija ya no vive, yo les digo (a las autoridades) que si llegan a encontrar sus restos que me los entreguen y ya me quedo tranquilo, qué más puedo hacer, pero no me dicen nada”.
Como casi todos los marchistas, Indalecio caminaba mostrando un gallardete con la fotografía descolorida de su hija Yolanda, quien en plena juventud expresa una sonrisa: “es ella”, dice Indalecio sin detener su marcha en medio de los cientos de familiares que como él buscan, aun varios años después, a sus desaparecidos.
María Cristina Siempre Santiago, también de 67 años, es otra madre en busca de su hijo, durante la marcha caminó mostrando una servilleta bordada por ella misma con el nombre de él y la fecha que desapareció: “Roberto Hernández Siempre, desaparecido el día 23 de mayo del 2007”, se lee en la inscripción y en la parte inferior de la servilleta pegó la fotografía de Roberto con gorra y camisola de policía.
María Cristina vino de Acapulco y contó que Roberto desapareció en la colonia 20 de noviembre de esa ciudad cuando salió de su trabajo, donde se desempeñaba como comandante de la Policía municipal.
“Saliendo de trabajar le avisó a su compañera que ya había salido y que iba a su casa con otro compañero. Estaban en la parada (del servicio de transporte) de la colonia 20 de noviembre y de ahí desapareció”.
A 16 años de la ausencia de su hijo, cree que todavía lo va a encontrar, “eso espero, por eso le pido a las autoridades que me apoyen, pero de hecho, desde que desapareció nunca me dieron el apoyo, no vi nada de seguimiento”, reprochó.
Hablando trabajosamente por la agitación que le provocaba la caminata, denunció que desde cuando levantó el acta, “yo sola lo he buscado” y recordó que, entonces, estaba como presidente municipal Félix Salgado Macedonio, a quien fue a buscar y le pidió ayuda pero se negó.

 

Emiten alertas por un hombre desaparecido en Tetipac en febrero y otro en Iguala en 2018

 

Redacción

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó mediante un boletín la desaparición de Francisco Gabriel Hernández Menes, de 35 años, ocurrida en el municipio de Tetipac el 13 de febrero, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) difundió el reporte de José Guadalupe Garcés Vargas, de 32 años, quien fue visto por última vez en Iguala el 30 de julio de 2018.
De acuerdo con la alerta ¿Has visto a…?, que publicó la Fiscalía en su página oficial de Facebook fue este lunes que los familiares de Francisco Gabriel presentaron la denuncia por su desaparición ante el ministerio público.
Indicó la dependencia que Francisco Gabriel mide 1.60 metros de estatura, es de tez clara, cabello corto, negro y lacio; y como señas particulares tiene una cicatriz de quemadura en la pantorrilla derecha y otra cicatriz en la parte posterior de la cabeza.
En un caso distinto, este martes la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió el boletín de búsqueda de José Guadalupe Garcés Vargas, de 32 años, ocurrida en Iguala el 30 de julio de 2018.
Sin más detalles de este hecho, la Comisión informó que José Guadalupe mide 1.70 metros de estatura, es moreno claro, de complexión regular, de cabello negro corte tipo “militar”, y como seña particular en el brazo izquierdo tiene tatuadas sus iniciales JGGV.

 

Un informe sobre los incendios en el mercado, pide alcaldesa de Chilpancingo

Luis Blancas

Chilpancingo

La presidente municipal Norma Otilia Hernández Martínez hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que informe sobre los avances de las investigaciones de los incendios de los 12 locales del mercado central Baltazar R Leyva Mancilla y la marisquería El Marino, que ocurrieron hace ocho días.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Municipal, señaló que la semana pasada solicitó a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que informe, a través de comunicados, sobre los avances de estos hechos y de otros delitos, para que la población esté informada, “yo me sumo al clamor de la ciudadanía, de que no hay avances. Si hay avances, saquen un boletín para hacer lo propio”.
“Hacemos un llamado a la Fiscalía, para que nos informe de los avances de las investigaciones para que agarre a los responsables, para que no haya una desconfianza en la población”, declaró.
Hernández Martínez indicó que la Fiscalía es la encargada de realizar las investigaciones de cualquier delito del fuero común y federal, para dar con los responsables, pero deben informar para coadyuvar. Agregó que cada instancia tiene su propia competencia, porque el municipio no puede investigar, pero sí puede realizar acciones para la prevención del delito.
Reconoció que hay un desorden en el mercado central, lo cual la delincuencia aprovecha para realizar hechos ilícitos, y dijo que anteriormente el centro de abasto tenía 2 mil comerciantes y ahora cuenta con 5 mil, lo que genera una sobrepoblación, “por lo que vamos a atender este desorden en el mercado y regularizar a los comerciantes”.
La alcaldesa pidió a todos los sectores sociales, como el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, que mediante la fe hagan lo propio para reconstruir el tejido social y se atienda la inseguridad.
Dijo que el problema de la violencia ha existido en años y administraciones anteriores en los municipio, estado y país, sin atender las causas que lo genera, que también ha fluido esta situación con la desunión de las familias y la migración, los hijos que crecen sin padres; sin embargo, están luchando y atacando las causas como la pobreza, marginación y la reactivación económica, para reconstruir el tejido social.
Indicó que es necesario que haya una corresponsabilidad con las familias, para que den atención adecuada de sus hijos, que hagan lo propio para mejorar cada día la sociedad, con el apoyo de los gobiernos y sectores sociales, para atender la situación de la violencia.
“Hago un llamado a los sectores sociales, también se lo hago al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, que hagamos cada quien lo que nos toca, él desde la fe para reconstruir el tejido social, las organizaciones hagan lo propio, que no politicen el asunto de la violencia, no nada más den sus opiniones, sino que se pongan a chamberar”, expresó.
En la celebración del miércoles de ceniza en la capital, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, llamó a los feligreses y a la sociedad en general a empezar a cambiar “por uno mismo”, y no permitir la violencia, porque “estamos secuestrados y esclavizados colectivamente” por el crimen organizado.
Por su parte, el enlace para los trabajos de protección civil y obras de mitigación de la falla geológica norponiente, Gustavo Vela Guevara, informó que hay cuatro propuestas de terreno para reubicar la primaria Rafael Ramírez, de las cuales una cuenta con los requerimientos.
Dijo que la revisión de los cuatro terrenos son la unidad deportiva de la colonia Industrial, el almacén del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), La Bloquera y la bodega de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), que son adecuados para la reubicación de la escuela, pero tres de ellos se encuentran cerca de gasolineras, venta de gas LP y el helipuerto, por lo cual no son aptos.
Agregó que el predio de la colonia Industrial está retirado de las causantes de riesgo, por lo cual consideran apto para la reubicación de la primaria, pero continuarán con los procesos para elegir el lugar.
En su participación, el coordinador de Protección Civil municipal, Sergio del Moral Benítez, informó que en lo que va del año se han registrado 18 incendios forestales en Chilpancingo, situación que adelantó la temporada de quemas, que regularmente inicia a principios de marzo.
Del Moral Benítez señaló que han acudido a las localidades y colonias Llanos de Tepoxtepec, La Cienega, Cerro Machohua, Zoyatepec, Tlahuizapa, Acahuizotla, Jardines de Zinnia, Ocotito y Coacoyulillo, lugares considerados focos rojos, para realizar medidas preventivas y evitar que estas zonas ocurran incendios.
Pidió a la población que los apoye, al no realizar quemas de pastizales, y si lo hacen, se acerquen con las autoridades municipales para asesorarse.

 

Protestan familiares de desaparecidos en la FGE; exigen su presentación con vida

A un año de la desaparición del joven Jesús Antonio Moyao Guerrero en el municipio de Chilapa, familiares e integrantes del colectivo Lupita Rodríguez junto a estudiantes de Ayotzinapa protestan afuera de la Fiscalía General del Estado en Chilpancingo, para exigir su presentación con vida Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez, protestaron ayer afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la presentación con vida de sus familiares desaparecidos, la creación de un centro de identificación humana, y a los diputados del Congreso local pidieron la aprobación de la iniciativa de Ley de Desapareción de Personas del Estado de Guerrero.
En su protesta, denunciaron la impunidad con que actúan los perpetradores de las desapariciones, así como la negligencia e inacción de la FGE en todos los casos.
La protesta fue convocada por María Engracia Guerrero López, madre del joven de 30 años de edad, Jesús Antonio Moyao Guerrero, quien este 23 de febrero cumplió un año de desaparecido en Chilapa, sin que la Fiscalía tenga resultados del caso, a pesar del compromiso personal de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, reprochó la madre de la víctima en el mitin.
En la protesta, que duró más de una hora en la entrada principal de la Fiscalía, participó una comisión de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, hermano de Josué Molina, desaparecido el 4 de junio del 2014 declaró al término de la protesta que en todos los casos de desaparecidos que hay en Guerrero se repite el mismo patrón de actuación de la Fiscalía: impunidad y negligencia en las investigaciones.
“Aquí en la fiscalía lo único que se ha hecho es escribir la información que mi familia y yo les hemos proporcionado, realmente la búsqueda ha sido de parte de nosotros y de los compañeros del Colectivo y no de la Fiscalía”, declaró a los reportaros durante la protesta María Engracia, la madre de Jesús Antonio, quien ayer cumplió un año desaparecido.
Cuando despareció el joven tenía 29 años, y se lo llevaron hombres armados del punto conocido como La Curva de Flor Morada aproximadamente a las 4:40 de la tarde del 23 de febrero del 2022, ese día trabajaba como chofer del servicio de transporte público de la ruta del centro de Chilapa a la colonia San Juan, contó María Engracia.
Dijo que presentó la denuncia el 24 de febrero ante la FGE y que desde ese mismo día solicitó una búsqueda inmediata, pero la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acudió ocho días después, ya cuando la urvan número 14 de esa ruta que trabajaba Jesús Antonio estaba nuevamente en circulación, sin que le hayan realizado peritaje alguno, dijo María Engracia.
“Permitieron que siguiera trabajando de forma normal, a pesar de que yo considero que se cometió un delito dentro de esa urvan al sustraer a mi hijo de ahí, pues de ahí bajaron a mi hijo y se lo llevaron”.
Dijo que todavía el dueño de la urvan acusó a su hijo del robo de las monedas que ese día había trabajado, además lo acusó del robo del estéreo del carro, “cuando a mi hijo se lo llevaron por la fuerza de la unidad”.
Denunció que el año pasado se reunió con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y que asumió el compromiso personal de que el caso se investigaría hasta encontrarlo, “pero fueron simples palabras porque todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy es porque nosotros (los familiares) hemos presionado”.
Reprochó que en la Fiscalía simplemente los han recibido y atendido, “pero en la carpeta de investigación no hay nada, sigue exactamente igual desde que desapareció”.
Informó que el último acuerdo con la fiscal fue en el mes de diciembre “pero hasta el día de hoy, 23 de febrero, nadie se ha comunicado conmigo y todavía no tenemos absolutamente nada y hoy exijo la aparición de mi hijo con vida y que ellos (la Fiscalía) hagan su trabajo como debe de ser”.
La madre del desaparecido exigió que se hagan las búsquedas en los alrededores de Chilapa.
Después y durante el mitin denunció que a un año de la desaparición de su hijo no hay ningún indicio de su paradero a pesar de que desde el primer momento los familiares aportaron todos los elementos que les solicitaron en la Fiscalía.
Agregó que la dependencia “casi quiere que le digamos: vengan en esta casa, en este lugar está mi hijo, porque si no les damos la ubicación exacta no quieren ir a buscar”.
Por el contrario, denunció que ha recibido amenazas en su contra y de su familia y que policías han ido a su centro de trabajo a preguntar por ella “para intimidarme y desista de la investigación”.
Denunció que ha sido objeto de amenazas directas y presentado las denuncias y la información está integrada en la carpeta de investigación pero reprochó que de ello tampoco hay avances para investigar quiénes están detrás de esas amenazas, “lo único que se limitan a decir las autoridades es que probablemente son extorsionadores, pero sin investigar, y sólo suponen”.
María Engracia responsabilizó al gobierno del estado y a la Fiscalía de la integridad física de ella o de su familia.
Durante la protesta, otras familias exhibieron las fichas de otros desaparecidos; algunos de ellos son Diego Steven Castro Miranda de 21 años de edad, desaparecido el 17 de agosto del 2022; Alberto Fonseca Leyva, desaparecido el 19 de mayo del 2019 en Chilpancingo.
Asimismo, Juan Álvarez Gil, desaparecido el 5 de julio del 2013; Román Gallardo García, desaparecido el 1 de enero del 2010, y Mario Sandoval García, desaparecido el 5 de mayo del 2020.
Beatriz Adriana Rivera, esposa del agente de la Policía Judicial (hoy Policía Investigadora Ministerial) Juan Álvarez Gil, quien fue desaparecido en julio del 2013 pidió a la sociedad no ser insensibles ante el grave problema de los desaparecidos en Guerrero, “porque toda la sociedad está propensa a que nos desaparezcan, nos violenten y nos asesinen”.
También exigió a la Fiscalía que atienda a las víctimas, “que demuestre interés en buscar a nuestros familiares”.
El representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina, declaró al final de la protesta que lo común en todos los casos es el problema de la impunidad con la que se manejan las autoridades y los perpetradores; “hoy pueden desaparecer a cualquiera y la probabilidad de que los responsables sean castigados son nulas”, reprochó.
Informó que tienen datos de que desde 1974 solamente han sido judicializados 34 casos de desaparecidos, “por eso decimos que realmente el gran problema es la impunidad”.
Exigió que quienes sean designados en los puestos en los que se atienden a los familiares de las víctimas realmente tengan la empatía, “que se designen de manera responsable y correcta a quienes van a estar en estos puestos y que no sean por cuota política, o sólo porque apoyaron en la campaña, o son compañeros de partidos o por otras situaciones”.

 

No comparte la Fiscalía sus investigaciones tras los incendios del lunes, dice Norma Otilia

Luis Blancas

Chilpancingo

La presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que le informe los avances de las investigaciones de los incendios ocurridos la madruganda del lunes en la marisquería El Marino y en 12 locales del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla para coadyuvar en el caso.
En declaraciones al concluir la inauguración de una tienda Coppel en el centro de la capital, Hernández Martínez dijo que tras los siniestros la Fiscalía inició las investigaciones pero no ha compartido la información de los avances y comentó que su gobierno está haciendo lo propio para prevenir el delito como seguridad y la reactivación económica.
Hernández Martínez señaló que se reunió con los damnificados del mercado y de la marisquería con quienes acordó que los apoyará económicamente, “vamos a estirar el recurso económico para atenderlos”.
Indicó que los hechos de violencia en la ciudad tiene competencias de los tres órdenes de gobierno, que en su caso atiende el problema con la reactivación económica que es parte de la prevención del delito, “muchas familias buscan empleo y se generó empleos con la inauguración de la tienda Coppel”.
“El gobierno del estado y la Fiscalía tiene las áreas de seguridad que permiten realizar las investigaciones, ojalá pudiera darnos una información la Fiscalía para saber los procesos de investigación, que de ahí se pueden construir mucha cosas y cuadyuvar”, declaró.
Comentó que tras los hechos violentos en la capital continúan los operativos de seguridad permanentes, en los mercados, bares y habrá de regulación de venta de cerveza y pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reforzar la seguridad en la capital.
La madrugada del lunes presuntos delincuentes incendiaron el restaurante y marisquería El Marino en la capital en donde murieron calcinados el velador y su hijo, y 12 locales fueron quemados en el mercado central.
Por otro lado, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez informó que la inauguración de la tienda Coppel generó 500 empleos directos y tuvo una inversión de 70 millones de pesos.

 

Construirán un cuartel militar y comandancia de la Policía Ministerial en El Durazno, informan

Representantes de la Fiscalía General del Estado, la comisaria municipal y el comisariado ejidal de El Durazno, Azucena Rosas García e Ignacio Chávez Arreola, con el delegado de Gobierno de la zona Sur en la Costa Grande, Juan Méndez Nogueda y el productor de aguacates, Víctor Espino Cortés, en el terreno donde se construirá un cuartel militar y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial Foto: El Sur

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El presidente del Comité de Caminos de Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, informó que el gobierno federal y estatal construirán un cuartel militar e instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la comunidad El Durazno, Coyuca de Catalán, además de que ya están las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en Las Mesas, municipio de Petatlán y en el crucero de San Antonio, Coyuca de Catalán, para recuperar la paz en los pueblos del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno.
En este corredor que inicia en Santa Rosa de Lima y termina en este último lugar, desde diciembre han vivido hechos violentos cuya autoría le atribuyen a La Familia Michoacana.
A finales de enero de este año, tres civiles, presuntos integrantes de dicho grupo delictivo y dos policías estatales, uno de ellos, el entonces recién nombrado director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, capitán de la Marina, Jaime Téllez Ruiz, fueron asesinados por pobladores en El Parotal, municipio de Petatlán, lo que desató enfrentamientos en Coyuquilla Norte, La Calera de Santa Lucía y El Manguito, en Petatlán, así como en Santa Rosa, Tecpan de Galeana.
En Las Mesas, Petatlán, un adulto mayor fue asesinado la madrugada del pasado 11 de febrero en un ataque a balazos; el enfrentamiento más reciente entre pobladores de ese corredor y el grupo criminal ocurrió el sábado 18 en las inmediaciones de La Sierrita y Los Bayados, que provocó el desplazamiento masivo de familias de éste último poblado y de La Trinidad, ambas localidades pertenecientes al municipio de Ajuchitlán.
Ante el clima de violencia e inseguridad en esa zona, comisarios se reunieron el pasado 8 de febrero con el director estatal de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros a quien expusieron que desde diciembre no han podido cosechar maíz, comercializar la leche, los maestros no han regresado a dar clases y tampoco tienen médico ni medicinas. Ahí, el funcionario anunció que el gobierno del estado llevaría a cabo una serie de acciones.
Ayer martes, vía telefónica, don Víctor Espino Cortés, dijo que dichas acciones ya empezaron a verse desde el lunes de esta semana, cuando junto con el delegado de Gobierno en Costa Grande, Juan Méndez Nogueda llegaron hasta El Durazno, en Coyuca de Catalán, donde ya se llevan a cabo los trabajos de nivelación de terrenos para construir ahí un cuartel militar y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de la FGE para garantizar la seguridad de los pobladores, luego de los hechos ocurridos ahí el 10 de diciembre pasado, “yo digo que sí hay cosas buenas, hay que decir lo bueno y lo malo y hay que reconocerles”.
Indicó que en El Durazno serán dos instalaciones, “una para la Secretaría de la Defensa Nacional y la otra para la Fiscalía General del Estado, también el lunes pasamos ahí por el crucero de San Antonio y en Las Mesas ya están ahí la base de los militares, ya hay presencia”.
Dijo que el gobierno del estado envío mil 100 despensas “chingonas” para las familias de las comunidades de ese corredor como son Las Mesas, Las Mesas del Parotal, El Porvenir, San Antonio, La Sierrita, Las Juntitas, El Durazno y Santa Rosa, las cuales se entregaron entre el lunes y este martes, “la verdad es que la situación ya se estaba poniendo difícil porque la gente no ha podido salir a trabajar a sus parcelas, a sus ranchos, está muy complicado todavía, todavía está la inseguridad de esa gente”.
Indicó que también llegaron maestros de la primaria y de la telesecundaria a El Durazno, además de un doctor “que ya ha estado dando consultas a la gente”.
“Vinieron también los Servidores de la Nación y estuvieron pagando el Programa Producción para el Bienestar, les estuvieron repartiendo cheques, lo que antes era el Procampo. Y los militares, además de andar dando seguridad, están cortándole el cabello gratis a la gente, están haciendo labor social”, detalló.
Comentó que luego de El Durazno, este mismo martes, varios de los servidores públicos que acudieron junto con Méndez Nogueda se trasladarían a Tecpan de Galeana donde se reunirían con las familias desplazadas de Los Bayados y La Trinididad, “según ya iba el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez a platicar con ellos y de ahí, el plan es platicar y luego darse la vuelta otra vez para acá a las comunidades el jueves o el viernes”.
“También vinieron representantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y por ahí les hablaron, creo que les van a depositar un dinero a las familias de las víctimas, a las familias que perdieron a algún familiar, ya estuvieron entregando sus datos”, dijo.
El conocido productor de aguacate, originario de San Antonio de las Tejas municipio de Coyuca de Catalán consideró que con estas acciones, “por fin se cortó una flor de la gobernadora, hay que reconocerlo públicamente que sí tiene interés, se está viendo, la gente está sintiendo que sí viene en serio la cosa y esperemos que esto ayude mucho a la reactivación de la parte alta de la Sierra, igual a la parte media y la parte baja, ya ve que el problema de la inseguridad está en todos lados”.
“Nos dijeron que van a reforzar todas las bases de Santa Rosa, Las Mesas, el crucero de San Antonio y El Durazno y ahorita se van a ir a ver a los de Los Bayados y La Trinidad allá en Tecpan y a lo mejor con esa base del crucero tenemos para que regrese la paz, porque por ahí entraron para ir a correr a los habitantes de Los Bayados y La Trinidad”, contó.
Al plantearle que aunque el gobierno ponga Bases de Operaciones Mixtas, les entreguen despensas, maestros, médicos y medicinas a las comunidades, no sirve de mucho si el grupo delincuencial que tiene atemorizada y amenazada a toda esa región sigue actuando de manera impune, Espino Cortés asintió, “sí, sí, ellos siguen cerca queriendo entrar, le tientan por todos lados a ver por dónde está más suave”.
“Pero como que vemos que cada vez se les está complicando más (al grupo delincuencial), porque una, el gobierno está de una u otra forma dando más atención, hay un interés real a lo que vemos que sí los van a de perdida a atrancar por un momento, y creemos que van a empezar a corretearlos también”, aseguró.
Continuó, “y la otra ventaja más grande es que los pueblos se siguen sumando y entre más pueblos se unan, menos entran, ya se sabe que el pueblo unido jamás será vencido y esa es una de las ventajas más grandes que le vemos”.
“Agradecemos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hay que reconocerle también cuando sí hay la atención y la intención de que cambie realmente la Sierra, esa octava región que ha estado abandonada tantísimos años y ya la reconocieron, que le están dando la atención y pareciera que sí estamos caminando como estado; empezamos como medio lentito, pero es poco a poco y no es fácil pues”, señaló.
Pidió que la gobernadora, “nos visite, que visite a la Sierra, es lo único que le falta, que suba, que nos conozca, que suba, que vea lo que estamos haciendo, quiénes somos, a qué nos dedicamos, que no por lo que le cuenten, que venga ella a ver, que la invitamos oiga a acá a las comunidades, arriba, no nada más a El Durazno, a San Antonio, a La Trinidad, a que dé sus recorridos, que se haga su tiempecito para que vea ella misma que somos gente de trabajo, que nada es lo que se dice de nosotros”.
“¡Y los caminos, oiga!, otra vez volvemos a caer a lo mismo, que la gobernadora le diga a los de la CICAEG que por favor, los caminos, urgen los caminos para la seguridad misma, para subir los médicos, para que suban los maestros, los caminos es la puerta a la Sierra, es el número uno después de la seguridad, con buenos caminos se trasladan mejor las patrullas a dar seguridad a otros ranchos donde están más abandonados, pero si esa gente (delincuentes) entra y los caminos malísimos, pues cómo llega el gobierno, aunque sean lugares cerca pero con los caminos malos, no llegan a tiempo, que le ponga mucho interés a los caminos”, acotó.

 

Restablece sólo una empresa venta de gas en Zihuatanejo pero cancela servicio a domicilio

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Empresarios de Zihuatanejo informaron que este martes sólo una de las tres empresas distribuidoras de gas LP reanudó su venta, pero se suspendió el servicio de las camionetas que lo vendían en las colonias de la ciudad, luego de que los dueños recibieron llamadas de extorsión o cobro de cuota; insistieron que hay incertidumbre por el abasto del producto sobre todo para los hoteles, restaurantes y negocios comerciales como tortillerías que se verían afectados.
Además, el director de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó a El Sur que ya recibieron el reporte de las denuncias por la suspensión de la venta de gas LP y aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional retomarían operaciones para generar condiciones de estabilidad y que los empresarios tengan “certeza y tranquilidad”.
Como lo informó El Sur en su edición de este martes, desde el sábado 4 de febrero las tres principales distribuidoras de gas LP en Zihuatanejo suspendieron su venta por temor debido a que los dueños comenzaron a recibir llamadas telefónicas de presuntos integrantes del crimen organizado en las que les pedían un cobro de cuota o extorsión.
Ayer, consultado al respecto al final del homenaje a la bandera en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, en Chilpancingo, Rodríguez Cisneros, dijo que ya tenían un reporte de la situación en Zihuatanejo.
En breve declaraciones, Rodríguez Cisneros afirmó que agentes de la SSP en coordinación con los de la Sedena y la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) retomaron operaciones en Zihuatanejo, con el objetivo de “generar condiciones de estabilidad”.
Sostuvo que la Policía del Estado ha tenido “proximidad social importante y muy buena” en Zihuatanejo, y que la Secretaría General de Gobierno daría seguimiento de las denuncias de empresarios para “generar condiciones de estabilidad social, y que las y los ciudadanos y los empresarios tengan certeza y tranquilidad”.
Sin embargo, ayer contactados vía telefónica empresarios de Zihuatanejo, que por seguridad pidieron no dar a conocer sus nombres, indicaron que de las tres empresas que suspendieron la venta sólo Gas Express Nieto reactivó su servicio, pero Gas Mundial y Global Gas siguieron sin vender al público.
Agregaron que entre el sector empresarial comenzó la preocupación por el abastecimiento de gas LP, pues también se suspendió el servicio de camionetas que lo vendían a domicilio, y en hoteles, restaurantes y hogares comenzó la incertidumbre porque es necesario para las actividades y servicios, lo que afectaría a otros sectores como el de la masa y la tortilla.
Los empresarios indicaron que además, las denuncias públicas a El Sur generó temor entre otros empresarios, y ya muy pocos se atreven a hablar de lo ocurrido por temor a represalias del crimen organizado.
Para el sector turístico, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo, es el segundo más importante de Guerrero, sólo detrás de Acapulco, según cifras de la Secretaría de Turismo del estado; este el pasado fin de semana largo (del 4 al 6 de febrero) registró una afluencia de 18 mil 269 visitantes que dejaron una derrama económica de 123 millones de pesos.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, en esta región del estado han disputado el control los grupos delictivos Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana y Cártel Sangre Nueva, que entre otras cosas pelean precisamente el cobro de cuota o las extorsiones, además de que buscan asentarse por su zona geográfica, al ser un puerto y tener conectividad con la Tierra Caliente, la Sierra y el estado de Michoacán.
Zihuatanejo es gobernado por alcalde priista, Jorge Sánchez Allec, quien cumple su segundo periodo en el gobierno municipal, aunque la responsabilidad de la seguridad la retomó el gobierno federal desde el 2 de septiembre de 2022, por diversos hechos de violencia en la ciudad y dejó a la Secretaría de Marina encargada de dirigir los recorridos de prevención junto a policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional.

 

Retrasa la FGE una diligencia sobre un desaparecido en la Cdmx, denuncian

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Familiares de Felipe de Jesús Barrios Maldonado, no localizado desde el 12 de diciembre de 2022, denunciaron que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) los tiene dando vueltas en trámites, retrasando una diligencia importante en la Ciudad de México.
Afuera de la sede del poder Ejecutivo, su papá Miguel Ángel Barrios Bautista indicó que cada día que pasa la vida de su hijo está en riesgo, y ayer lo volvieron a llamar de la Fiscalía para ir a hacer una declaración, después de que el viernes pasado un funcionario de nombre Raybel le dijo a su hija que irían personalmente a la Ciudad de México a buscar al desaparecido.
Explicó que hace unas tres semanas la Fiscalía obtuvo tres geo localizaciones en la capital del país a través de los registros de celular, a unos 250 metros alrededor de antenas de telefonía.
Su hija mediante una videollamada denunció que “ya estamos a 9 de enero, y nada más nos dan vueltas y vueltas. El viernes de la semana pasada me dijeron que iban a ir personalmente a buscar a mi hermano a la Ciudad de México y después le dicen a mi papá que no. Nos están dando largas y largas, excusas”.
Llamaron a la gobernadora Evelyn Salgado a que los auxilie en este momento de angustia de no saber nada de su ser querido, a tres días de que se cumpla un mes sin conocer su paradero.
La joven explicó que su papá fue operado del rostro por cáncer en la piel y no ha podido guardar reposo, “por estar ahí día a día, porque no le pueden resolver nada. Que Dios toque su corazón para que agilicen los trámites”, rogó.
El señor Barrios Baustista aclaró que no se va a cansar de buscar a su hijo, pero no se vale que los hagan dar tantas vueltas. Ahora les dijeron que deben esperar una orden de un juez federal para poder ir a la Ciudad de México, “porque son cosas privadas que debo ir a declarar”.
Aclaró que la Fiscalía emitió una ficha de localización, también revisó cámaras de seguridad con lo que se establece que el joven de 28 años salió por su propio pie de la casa de su tío, y es el último sitio donde se le ubicó.
“Hace un mes que no lo vemos. Había tenido contacto con nosotros todo el tiempo, es muy abierto, activo en redes sociales, no se ha conectado a su facebook desde el 12 de diciembre”, indicó su hermana.
También dijo que su hermano es cuidador de su abuelita, quien aún no sabe que su nieto está desaparecido.

 

Las desapariciones siguen como en 2011 y no hay confianza en la FGE, coinciden colectivos de Iguala

El 10 de agosto activistas del colectivo Madres Igualtecas con lonas con las fotografías de sus hijos e hijas desaparecidas, protestaron afuera de la huerta de mangos de la colonia Paraje Suriano al sur de Iguala, donde la FGE localizó fosas clandestinas con víctimas inhumadas Foto: El Sur / Archivo

Alejandro Guerrero

Iguala

Para los colectivos de familiares de víctimas de desaparición Los Otros Desaparecidos de Iguala y Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos, este fenómeno no ha bajado y por el contrario sigue en aumento, similar al problema que se vivía entre 2011 y 2012, cuando las familias no denunciaban por miedo y amenazas, además de que prevalece la desconfianza en la Fiscalía General del Estado (FGE) por actos de omisión, corrupción y presuntos nexos con los criminales.
En este 2022 El Sur recopiló 69 casos de desapariciones con denuncias presentadas ante un Ministerio Público, los cuales se cometieron en 11 de los municipios de la zona Norte, principalmente en Iguala, donde ocurrieron 26 casos, el 37.7 por ciento, seguido de Taxco con 12, Teloloapan con 8, Huitzuco con 7 y Apaxtla con 4.
De esas víctimas 23 fueron localizadas con vida y seis halladas asesinadas, entre ellas el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Taxco, Adrián Pérez Gómez, un policía de este municipio y otro de Pilcaya que fue hallado en Iguala.
De acuerdo con boletines de búsqueda de personas desaparecidas que fueron difundidos durante el año por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda relacionados con casos que fueron denunciados oficialmente, en Iguala durante 2022 fueron reportadas 26 desapariciones, 11 casos menos que en 2021 en el que fueron denunciados 37 casos, un 29.7 por ciento menos.
De esos casos, 13 de las víctimas fueron reportadas localizadas con vida y tres muertas, entre ellas el policía municipal de Pilcaya, Víctor Manuel Ávila Victoria de 48 años, desaparecido con tres de sus compañeros el 29 de abril pero el hecho se dio a conocer por las autoridades hasta el 2 de mayo, y al día siguiente fue hallado asesinado el agente en la cajuela de un automóvil en Iguala, mientras que sus tres compañeros fueron rescatados con vida el 26 de mayo.
De las desapariciones denunciadas en Iguala, 12 de las víctimas fueron mujeres de las que se reportó el hallazgo de ocho. Entre las desaparecidas había seis menores de edad por las que se activó el Protocolo Violeta para su búsqueda, y cinco fueron reportadas localizadas.

En Taxco 12 denuncias, ocho en Teloloapan, siete en Huitzuco, dos en Tepecoacuilco, Cocula, Buenavista de Cuéllar y Cuetzala

Mientras que de Taxco se conoció de 12 denuncias por desaparición, tres de ellas mujeres que fueron localizadas. Asimismo el 30 de septiembre estuvo desaparecido por cerca de 30 horas el reportero Jorge Luis Chew, quien fue localizado golpeado, y de otras víctimas de desaparición estuvieron el director de Recursos Humanos, Adrián Pérez y el Policía Municipal Israel Calvo de 48 años, ambos hallados asesinados a balazos y torturados.
En Teloloapan hubo ocho casos reportados de desaparición, entre ellos el de la joven de nacionalidad estadounidense Jennifer Villanueva, de 23 años, ocurrida el 8 de octubre y de la que fue señalado un miembro de la Policía Comunitaria Tecampanera, pero la joven no ha sido localizada.
En tanto que en Huitzuco hubo siete denuncias de desaparición, de las que dos de las víctimas fueron halladas con vida; en Apaxtla hubo cuatro denuncias de hombres desaparecidos y dos fueron localizados, y en Atenango del Río hubo reporte de tres casos, dos fueron hallados con vida y uno asesinado.
En los municipios de Tepecoacuilco, Cocula, Buenavista de Cuéllar y Cuetzala fueron reportados dos casos de desapariciones en cada uno, y en el último municipio una de las víctimas fue hallado abandonado herido a balazos en Iguala, en la carretera a Teloloapan, mientras que el otro, Javier Ochoa Mendoza, vigilante del almacén de Segalmex no ha sido localizado desde el 20 de abril. En Copalillo hubo un solo caso de una joven que fue localizada.

Las desapariciones se han incrementado, advierte Adriana Bahena

De acuerdo con la directora del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, el problema de las desapariciones en Guerrero y en particular en Iguala y municipios colindantes no ha disminuido sino al contrario, se ha incrementado y existe una situación similar a la que había entre 2011 y 2012 cuando repuntó este problema y dos años antes de la desaparición masiva del caso Ayotzinapa.
“Las desapariciones no han bajado y por el contrario cada día se han incrementado, son más visibles y más notorias las desapariciones de personas. Yo no creo que estén bajando, yo creo que las desapariciones siguen estando como en aquellos años de 2011 y 2012 cuando todo sucedía pero nadie veía y nadie hablaba por miedo, pero ahora es más notorio porque las familias se acercan a las asociaciones”, dijo en declaraciones por teléfono.
Indicó que sólo en el último mes recibieron a 10 familias con desapariciones de entre 15 y 30 días, mientras que durante el año estuvieron recibiendo cada mes de seis a 12 casos, y otros que ocurrieron entre dos y cinco años atrás pero que las familias no presentaron denuncias, “no hubo un solo mes en que no recibiéramos a una sola familia, no todas se quedan en la asociación porque tienen miedo”.
La activista que busca desde mayo de 2011 a su esposo Saulo Rodríguez Cruz, desaparecido en Iguala, reconoció que sigue habiendo desconfianza de las familias en las autoridades, muchos no denuncian y se quedan callados por miedo porque fueron amenazados por los delincuentes y tienen que salir huyendo por el temor que regresen por otro miembro de la familia.
Denunció que la Fiscalía del estado, institución para la que su esposo era asesor externo, “no hace nada para buscar a las personas desaparecidas”.

Recibieron 80 casos de desaparición y la mayoría no denunció por desconfianza y miedo: Madres Igualtecas

Por su parte, la presidenta del colectivo de Madres Igualtecas, Sandra Luz Román Jaimes, madre de la joven desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Ivette Melissa Flores Román, caso por el que el 26 de noviembre pasado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió por primera vez una sentencia en contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de una mujer, informó que este colectivo recibió 80 casos de desaparición en este año, y la mayoría de las sus familias no presentaron denuncias ante la FGE por desconfianza y por miedo.
“Las mismas autoridades se venden, sigue habiendo corrupción y las familias de las víctimas no denuncian por miedo y porque han recibido amenazas de los delincuentes”, dijo en declaraciones hechas por teléfono la activista.
Denunció que las familias se siguen topando con la burocracia en el Ministerio Público y la Fiscalía del estado, principalmente en Iguala y su sede regional.
“Ponen la denuncia pero es mentira que los buscan, no buscan a nadie, pura simulación, van y se toman la foto, sólo hacen como que trabajan, y cuando lo hacen es porque las familias hacen protestas, bloquean carreteras y hacen presión, tenemos que ir a pelear para que hagan su trabajo y a veces terminamos haciendo la chamba de ellos, lo que nos ha dejado muchos problemas de amenazas por apoyar y exigir”, expuso.
Asimismo consideró que la Alerta Violeta, “es pura farsa porque no es cierto, aquí sigue prevaleciendo la delincuencia organizada, siguen estando coludidas las autoridades y siguen tapando todo. Hay muchas adolescentes desaparecidas que sus familias no denuncian porque están amenazadas”, advirtió.
Denunció que al comisionado de Búsqueda estatal, Arturo Solís Felipe y al fiscal regional de la FGE les envió reportes de nuevos casos de desaparición que las familias les denunciaron, pero no han hecho nada, “y ahorita como son vacaciones los desaparecidos que se esperen”.

 

Bloquean la glorieta de La Diana por la joven desaparecida; exigen avances en su búsqueda

Familiares y amigos de la joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UAG, Lesli Berenice Palacios Pérez bloquean la avenida Costera en la glorieta de La Diana Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Familiares, amigos y compañeros de Lesli Berenice Palacios Pérez, la alumna desaparecida de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), realizaron un bloqueo en La Diana e hicieron una marcha a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se agilice su búsqueda, porque llevan seis días sin saber de su paradero.
Alrededor de 100 manifestantes iniciaron su jornada de movilización en la glorieta de La Diana a las 8 de la mañana, donde primero dieron declaraciones a los medios de comunicación, para denunciar la incapacidad de la FGE, que dirige Sandra Luz Valdominos Salmerón, en la investigación de la desaparición de Palacios Pérez. Exigieron la intervención de la gobernadora, porque en el Ministerio Público nada más les dijeron que esperen y que tengan fe en que regresará.
Minutos antes de las 9 de la mañana, inició el bloqueo total a la avenida Costera, donde desplegaron grandes mantas con la foto de Lesli Berenice, para pedir a la ciudadanía su ayuda para localizarla.
La movilización generó molestia en algunos automovilistas, mientras otros optaban por buscar vías alternas. Otros se tuvieron que bajar del transporte público. El flujo fue cortado frente al hotel María Eugenia, hasta pasado el mercado de artesanías, para pasar caminando el bloqueo.
En declaraciones, Amayrani Palacios Pérez, hermana de Lesli, pidió agilidad en las investigaciones porque ya han pasado muchos días sin saber de ella. Indicó que el último contacto que se tuvo fue el jueves a las 11 de la mañana, cuando se despidió de su mamá y salió de su domicilio en la calle Almendros, en la unidad habitacional El Coloso, para dirigirse a una cita de trabajo, pero que no saben dónde era.
La joven desaparecida tiene 20 años, estudia el segundo año de derecho y tiene un hijo de tres años.
Informó que el viernes 9 de diciembre se hizo la denuncia en el Ministerio Público, donde les dijeron que iban a resolver, pero todavía no hay nada, “nosotros esperamos algo de respuesta, pero todavía no sabemos nada de mi hermana Lesli”, pese a que hicieron todos los requerimientos para su búsqueda.
Señaló que además han acudido a los hospitales, a los penales y “lugares donde se puede encontrar fallecida (Semefo) y no hay nada”.
Con lágrimas, Amayrani Palacios dijo que la familia y ella se encuentran desesperadas, que es su hermana pequeña y sólo quieren que vuelva, porque tiene un bebé de tres años, “tiene que volver, es una buena chica, con buenas calificaciones. Es entregada a su hijo, le dedica tiempo y yo sólo quiero que vuelva porque la extrañamos demasiado. Todos estamos preocupados por ti, sólo queremos que vuelva. No estamos completos sin ella”.
Dijo que necesitan una respuesta pronto, por parte de las autoridades de la FGE, y que hagan su trabajo, que a muchos no les parece que bloqueen, que se manifiesten, pero “les aseguro que si no lo hacemos, quién nos escucha. No estaríamos aquí si la seguridad de Acapulco fuera otra, eso es evidente. Nosotros no queremos molestar, pero ya van para ocho días que no sabemos nada de mi hermana ¿qué se supone que tenemos que hacer, quedarnos sentados esperando de brazos cruzados?”.
Indicó que ellos, como familia, fueron a la escuela y nadie la vio llegar, que cuando preguntó por la calle donde vive, le dijeron que sí la vieron pasar, pero nadie recuerda exactamente cómo iba vestida, pero de ahí en adelante, nadie sabe nada y es toda la información.
Los manifestantes portaban una gran manta que decía: “Exigimos a la Fiscalía del Estado la aparición con vida de Lesli Berencie Palacios Pérez”. Gritaron consignas como: “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “mujer escucha, esta es tu lucha”, “porque viva se la llevaron, viva la queremos”, “el gobierno decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería” y “Lesli escucha, tu familia está en la lucha”.
Los manifestantes portaban cartulinas donde se leía: “Viva se la llevaron, viva la queremos”, “tu familia y la FDA te estamos esperando”, “no estamos completas, nos faltas tú”, “exigimos a las autoridades competentes búsqueda y aparición de Leslie Berenice Palacios”, “Fiscalía del estado, no seas incompetente exigimos la busqueda inmeadta de Lesli Berenice”, “gobernadora, cada día somos más. No sé da cuenta” y “señora fiscal, si no puede garantizar seguridad a las mujeres, renuncie”.
Luego del bloqueo de dos horas a la avenida Costera, los manifestantes tomaron el carril con sentido al centro, para iniciar una marcha rumbo a la FGE, para exigir saber sobre las investigaciones. Durante el trayecto hicieron una parada en las escalinatas del Ayuntamiento, donde bloquearon por media hora y exigieron a la alcadesa Abelina López que dé seguridad en el puerto.
Los manifestantes siguieron rumbo a la Fiscalía. En el acceso de entrada de los carros de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, se pusieron seis policías con equipo antimotines, pero los manifestantes siguieron su camino.
Al llegar al lugar, se pidió formar una comisión de seis personas para entrar y hablar con los funcionarios, la cual fue integrada por la familia y amigos de Lesli Berenice. La reunión tardó alrededor de 40 minutos, donde se acordó que este mismo miércoles se haría una búsqueda con perros entrenados en el área de El Coloso, junto con familiares.
De acuerdo con la información obtenida, hubo reclamos de los familiares porque no se ha activado la Alerta Amber, a pesar de que ya han pasado más de seis días de la desaparición de la universitaria.
La maestra Georgina Carreón Gómez, quien formó parte de la comisión que ingresó, dijo que hay irregularidades y cero avances en la investigación, pues no se ha emitido la Alerta Amber y tampoco se ha investigado a la ex pareja de la joven, no han revisado los celulares y no es que se le eche la culpa, pero eso se hace en las investigaciones.
Otro comentó que la carpeta de investigación es un “cagadero” y los funcionarios de la Fiscalía nada más se pasan el expediente, pero nadie dio una respuesta concreta de los avances que se tienen desde que se interpuso la denuncia.
Los manifestantes abandonaron las oficinas casi a la 1 de la tarde, pero con la advertencia de que si no ven resultados en las próximas horas, regresarán a las calles para exigir con más fuerza la presentación con vida de la joven de 20 años.