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Denuncian fraude a compradores de terrenos del fraccionamiento Amelitos en Chilpancingo

Unos 300 vecinos de Chilpancingo y de diferentes partes del estado informaron que fueron defraudados al adquirir un lote en el fraccionamiento Amelitos, ubicado al poniente de la ciudad, pues el abogado que estaba llevando el trámite de legalidad de los asentamientos, a quien le entregaron de 5 a 40 mil pesos, no lo volvieron a ver, luego tuvieron un segundo abogado a quien también entregaron dinero y tampoco volvieron a saber de él, además de que nunca se les entregó el terreno que les correspondía.
Dijeron que les extraña, porque en 2010, cuando les fueron ofertados los lotes fue en presencia del alcalde de esa administración y ahora gobernador, Héctor Astudillo Flores, el obispo Alejo Zavala, y el entonces presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Juan Alarcón Hernández.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa (SNRP), los vecinos Margarita Trujillo, Rosa Elia Cruz, Alberto Muñiz, Justina Martínez expusieron su situación.
Francisco Javier Ramírez Sánchez dijo que estaba una representación de más de 300 defraudados, pues según el abogado, Ángel Palma, iba a fundar una colonia y entonces les vendió terrenos.
Al principio les vendieron terrenos de 5 mil pesos, 15 mil, 20 mil, 25 mil, 35 mil y 40 mil pesos, con una mensualidad de mil pesos y una anualidad de 6 mil pesos, según el costo del terreno.
Expuso que confiaron en él porque en los primeros momentos tenía invitados reconocidos en las reuniones para ofertar los lotes, entre ellos a Astudillo Flores y el ombudsman, y el obispo Alejo Zavala.
Además les ofertaban en las reuniones programas, venta de tinacos y bombas, y de pronto no volvieron a saber del abogado en 2014.
“Como afectados quedamos volando, no sabemos ni qué hacer, dónde acudir, hay personas que con mucho esfuerzo fuimos pagando los terrenos y ahora resulta que ya no tenemos nada, que el señor desapareció”, lamentó.
Agregó que la mayoría pagó los terrenos al contado, y además les pidieron 5 mil pesos para maquinaria para abrir calles, pues les presentó planos.
Ramírez Sánchez lamentó que consiguieron otro abogado, Omar Ignacio Mondragón Valadez, que les pidió dinero y tampoco volvieron a saber de él.
Señaló que están tratando de juntar a todos los defraudados, pues no sólo son de la capital, algunos son de Quechultenango, Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Ciudad de México, pues apenas se han reunido 80.
Abundó que van a hacer contacto con la dueña para saber en qué términos quedó con el licenciado para saber qué denunciar.
Indicó que fueron a la Codehum a pedir ayuda, pero les dijeron que cuando asisten a una actividad van como invitados, y que así se deslindaron del problema, y que aun les falta ir al Ayuntamiento.
Hicieron un llamado al gobernador a atender su problema, porque además conoce al abogado que primero los defraudó. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Detienen policías federales y estatales a 15 presuntos extorsionadores en un hotel en Ciudad Altamirano

Israel Flores

Ciudad Altamirano

La Policía Federal división Gendarmería y la Policía Estatal, detuvieron a 15 presuntos extorsionadores en el hotel New York, de Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, que prometieron premios, vía telefónica, para obtener datos de tarjetas bancarias.
Alrededor de las 10 de la mañana los cuerpos policiacos llegaron al hotel para detener a 10 hombres y cinco mujeres, que estaban por irse de la región; luego de ser detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.
Oficialmente, el grupo sólo ha sido acusado por una mujer que reportó que le llamaron por teléfono y le pidieron que acudiera al hotel para darle sus premios “por el buen manejo de sus tarjetas bancarias”, donde le pidieron datos de su tarjeta de débito; la mañana de este jueves se dio cuenta de que le habían retirado 6 mil pesos.
Se informó también que a una de las mujeres, entre sus pertenencias le hallaron hierba verde parecida a la mariguana, aunque su caso podría acreditarse como consumo, si cuenta con la prescripción médica.
El grupo, proveniente del estado de Morelos y de la Ciudad de México, arribó a Ciudad Altamirano este miércoles. Desde ahí llamaron a teléfonos celulares para anunciar que, “por el buen manejo de sus tarjetas de crédito y débito, se ganaron un premio, que consiste en unos lentes de realidad virtual, unas bocinas con conexión inalámbrica, y un bono para hospedaje en un hotel de cuatro o cinco estrellas, totalmente gratis y si ningún compromiso”.
Al momento del registro pedían la credencial de elector y “la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito”, que son los dos candados para usar una tarjeta en compras en línea.
Si alguien se negaba a dar la información de la tarjeta de crédito o débito, le entregaban una hoja tipo volante con la leyenda, “bono de 300 pesos”. Luego le impedían pasar a la sala, e intentaban hacerlo que se fuera de inmediato, diciéndole que era todo.
Quienes ingresaron al salón contaron que les ofrecieron paquetes de viajes, pero que les pedían la tarjeta de crédito o debido y su fecha de vencimiento.
La empresa no tiene nombre y en internet no existe, sólo indicaban que eran un contac center.
Después de ser detenidos, y hasta la noche de este jueves, sólo hubo una denunciante, que indicó que a su tarjeta le quitaron dinero vía electrónica, después del encuentro con el grupo en el hotel.
Se espera que en las siguientes horas se determine la situación legal de los detenidos.

 

Falsifican su firma para despedirlo y cobrar sus cheques, señala un ex trabajador de la UAG

 

El ex trabajador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) René Fuentes Reyna denunció que con la falsificación de su firma, e incluso de su huella, fue despedido de la institución en donde prestó sus servicios como intendente en las unidades académicas de Derecho y de Filosofía y Letras.
En conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este martes, en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el ex trabajador denunció, asimismo que con la falsificación de su firma alguien de la institución universitaria ha cobrado más de 600 mil pesos en tres cheques de sus salarios y supuesta liquidación, que no ha recibido.
Aseguró que el dinero ha sido cobrado desde 2013, cuando con una firma falsa la administración universitaria, supuestamente, lo dio de baja de la nómina y lo liquidó por un “retiro voluntario” que él nunca solicitó, aseguró.
Fuentes Reyna informó que, debido al despido irregular, presentó una demanda laboral ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que atiende los problemas laborales de los universitarios, pero que se ha detectado graves irregularidades en el expediente y que las autoridades de la representación laboral “no están actuando conforme a derecho”, para favorecer a la UAG.
Aseguró que desde que supuestamente renunció como trabajador de la Universidad acudió con el entonces director de la Unidad Académica de Derecho, Roberto Rodríguez Saldaña, quien le prometió apoyarlo para que se regularizara su situación, sin embargo denunció que en realidad nunca lo ayudó y que le suspendieron sus pagos.
Dijo que después se enteró de que, desde 2013 se siguieron cobrando salarios a su nombre por cantidades de 5 mil 858 y 6 mil 63 pesos quincenales. Asimismo denunció que, por concepto de liquidación se expidieron tres cheques por 200 mil pesos que él no recibió.
Informó que ha solicitado información a la institución bancaria que los expidió, pero que tampoco le ha querido proporcionar información.
Denunció que todo el proceso ha sido irregular, puesto que desde que fue separado como trabajador, las autoridades universitarias elaboraron un documento con el que comprueban su renuncia a su empleo, pero aseguró que él ni firmó ni colocó su huella, como lo pretenden hacer valer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
El ex trabajador también lamentó que las autoridades laborales de la Junta de Conciliación y Arbitraje se presten para que representantes de la UAG incurran en irregularidades en su contra.

 

Inicia el congreso general del STAUAG entre reclamos por los asesinatos de universitarios

Entre protestas inició el 40 congreso general ordinario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), ahí hubo reclamos por el asesinato de los universitarios, estudiantes y maestros, y demandaron al comité central una postura sobre los hechos y exigir justicia.
El congreso inició este lunes y continuará hoy en el centro de convenciones Copacabana, donde tomará protesta Ofelio Martínez Llanes como nuevo dirigente del sindicato, en un segundo periodo consecutivo.
Los manifestantes llevaban lonas con sus demandas, como fue la Frente por el Rescate de la Dignidad e Independencia  Sindical del STAUAG, en la cual manifestaban un rechazo total a la “imposición del comité central”, no al fraude electoral y exigen la proporcionalidad en el comité. También no al pago del ISR a prestaciones, así como la no aplicación de la reforma laboral a la UAG.
Otra de las mantas era de maestros de la facultad de Enfermería 1, donde exigen no mas violaciones al contrato colectivo de trabajo y el reclamo para basificar a 9 trabajadores interinos con mayor antigüedad, pues se dieron bases a trabajadores con tres o menos años de antigüedad, con lo que se “pisa el derecho de los primeros”. Los maestros, ante los delegados presentaron un documento de impugnación por la violación a los derechos de los trabajadores.
La todavía secretaria general del STAUAG, Elsa Patricia Chavelas Reyes, en su mensaje dio la bienvenida a los delegados sindicales al congreso y pidió trabajar en armonía “lo más tranquilos posible, porque es un acto que podemos llevar a buen fin”. Dijo que muchos de los sindicalizados fueron beneficiados con préstamos del ISSSTE, los cuales fueron gestionados por el comité.
Hoy continúa el congreso con el informe de la Comisión de Finanzas, el informe de la Comisión Electoral, la calificación del proceso, la designación de las comisiones mixtas paritarias así como las comisiones autónomas y, por la tarde, será la toma del nuevo comité central, que por cuatro años encabezará Ofelio Martínez Llanes.

Pagó el martes las aportaciones e intereses de la Caja de Ahorros, informa el STTAISUAG

La comisión de la Caja de Ahorro del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) entregó los cheques de pago de ahorros más intereses de préstamos generados de diciembre de 2016 a noviembre de 2017.
El martes pasado, los trabajadores administrativos acudieron a las oficinas del Comité Ejecutivo Central (CEC), ubicadas en la avenida Alemán, en la capital, donde recibieron de los actuales responsables de la Caja de Ahorro, la presidenta, Martha Guadalupe García Bautista; el tesorero, Filiberto Jaime Gómez Estrada, y el contador, Ruffo Ortiz Valle, el pago de sus ahorros más los intereses generados por préstamos de diciembre de 2016 a noviembre de 2017.
A las 9 de la mañana, la oficina de la Caja de Ahorro se abrió y los responsables entregaron a los trabajadores sus cheques; también esclarecieron dudas y se prestaron para facilitar el proceso a los universitarios, debido a que integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) también ahorran en ese órgano.
Consultada al respecto, la secretaria general del STTAISUAG, Brenda Alicia Alcaraz González informó que este año no hubo ningún problema con el pago de la Caja de Ahorro, y que debido a las reformas en los reglamentos del sindicato, los actuales responsables han rendido los informes trimestrales correspondientes al CEC, contrario a Guadalupe Gutiérrez Campos, Erik Manrique Catalán y Felipe Alonso Alonso, ex presidente, tesorero y contador.
De los ex responsables, que fueron expulsados del STTAISUAG, despedidos de la Universidad y actualmente enfrentan un juicio penal y uno civil por el fraude millonario de 2016, Alcaraz González contó que “echamos a andar el reglamento (reformado) con ellos, entonces la información que nos daban en las reuniones de CEC era muy general, llevaban tres años trabajando como comisión autónoma y el último año les tocó el nuevo reglamento entonces, los vicios ya los traían”.
Sobre las declaraciones del rector Javier Saldaña Almazán, quien amagó con solicitar la anulación de la Caja de Ahorro si continúan los malos manejos que dan una mala imagen a la universidad, Alcaraz González dijo que esa comisión beneficia a los trabajadores, específicamente por la facilidad de préstamos.
Aunque “la confianza” de los trabajadores se deposita en los tres responsables de la comisión, consideró que si se revisaran nuevamente los reglamentos y se modificaran “poniendo más candados” para evitar que los recursos se desvíen, “podemos mejorar”.
El fraude de 2016, aún sin resolverse totalmente

La Caja de Ahorro se creó a la par del STTAISUAG en 1969, a raíz de una iniciativa del primer CEC que representó los intereses de los trabajadores administrativos ante la Rectoría, con base en sus necesidades y hechos circunstanciales que les supusieran un gasto mayor al de su salario.
En 1969 no había medios que ofrecieran facilidades para obtener préstamos, como actualmente hacen los bancos y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por ello se creó la Comisión de Caja de Ahorro del STTAISUAG administrada por un presidente y un tesorero; años después, con las reformas a los reglamentos, se acordó que se añadiera un contador.
Los responsables de la Caja de Ahorro cambian junto con el CEC, su periodo administrativo es de cuatro años, aunque los recursos se manejan en periodos anuales por ejercicio fiscal; por ejemplo, lo ahorrado de la primer quincena de diciembre de 2016 a la última quincena de noviembre de 2017, es el pago correspondiente a 2017, que recibieron los universitarios el martes.
Los recursos de la caja provienen de los ahorros de los universitarios, con estos se otorgan préstamos a los trabajadores, cuyo único límite es su salario. Pueden solicitar cualquier monto, siempre y cuando puedan cubrir la deuda en un determinado lapso con los descuentos quincenales correspondientes; según los reglamentos vigentes, se cobra un 2 por ciento de intereses, que se reparten entre los ahorradores.
De acuerdo con su Contrato Colectivo, los trabajadores administrativos deben ahorrar un mínimo de 50 pesos quincenales, mientras que los académicos que solicitaron su ingreso en los primeros años aportaban cantidades de hasta 2 mil pesos quincenales, por ello obtenían más dinero al final del año, y finalmente se limitó su ahorro a 300 pesos máximo.
Los responsables de la Caja de Ahorro también eligen la institución bancaria que manejará los recursos, aunque muchos años la cuenta se mantuvo en Bancomer, este año y los próximos tres, será en Santander; al concluir su administración, Martha Guadalupe García Bautista, Filiberto Jaime Gómez Estrada y Ruffo Ortiz Valle, deberán cancelar la cuenta para que los nuevos responsables abran una propia.
La caja actuaba de manera autónoma hasta que en diciembre de 2015 se reformaron los reglamentos del STTAISUAG, con ellos pasó a ser profesionalizada, es decir, que los responsables deben rendir un informe trimestral al CEC en el que se detalle el número de ahorradores, los montos de préstamos solicitados en el año, los recursos totales y los intereses.
Los reglamentos entraron en vigor en enero de 2016, cuando ocurrió el fraude de Guadalupe Gutiérrez Campos, Erik Manrique Catalán y Felipe Alonso Alonso, quienes manejaron la Caja de Ahorro de 2013 a 2016, sin que el CEC advirtiera el desfalco que, según la auditoría de diciembre del año pasado, fue de 6 millones 785 mil 947 pesos y afectó a 640 ahorradores, según Alcaraz González.
A pesar de que los ex responsables estaban obligados a rendir un informe trimestral, ocultaban datos al CEC, lo que se reportó a la Comisión de Vigilancia, y en diciembre del año pasado trascendió el fraude que llevó a 120 universitarios a dejar la caja.
De acuerdo con Alcaraz González, el STTAISUAG pagó a 310 defraudados sus ahorros de 2016 sin incluir los intereses, con las cuotas sindicales y otros préstamos que obtuvo con la Administración Central, sin embargo, 330 todavía esperan su pago.
También informó que en la auditoría que se aplicó a la Caja de Ahorro se reveló que los universitarios deben 3 millones 25 mil pesos, ya que solicitaron préstamos, pero no se les aplicaron los descuentos, lo que tampoco aclararon ante la comisión.
El 27 de septiembre el CEC solicitó a los deudores que aclararan si pagaron o no sus préstamos y “algunos” admitieron su falta, por lo que espera que con estos recursos se finiquite la deuda a los defraudados.

Demanda ante la Fiscalía un defraudado por la caja de ahorro del STTAISUAG

El trabajador de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en Iguala, Pedro Salazar Trinidad, interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la Comisión Profesionalizada de Caja de Ahorro, la caja de ahorro, Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), la institución y “quien resulte responsable”, por el fraude de 2016.
Salazar Trinidad, quien encabezó las protestas en Rectoría para exigir el pago de la caja de ahorro 2016, acudió a la FGE acompañado de universitarios y sus representantes legales, para presentar la denuncia, en la que no señala directamente a ningún funcionario o trabajador de la UAG como responsables del desfalco, pero sí a la institución y al STTAISUAG, sindicato que administra los ahorros.
La denuncia relata que de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, a Salazar Trinidad se le hicieron descuentos quincenales que corresponden al ahorro que invirtió en la caja. El 7 de diciembre del año pasado recibió el cheque número 13279, de la cuenta 192191563 de Bancomer, para cobrar la cantidad de 28 mil pesos; sin embargo, no lo pudo cobrar “por falta de fondos” y se le informó que la cuenta bancaria había sido bloqueada.
Luego de un año sin recibir los recursos Salazar Trinidad decidió interponer la denuncia en la FGE, la cual estará abierta hasta hoy en caso de que algún otro universitario se sume. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Regresaron a laborar los responsables del fraude en la caja de ahorro, denuncian trabajadores

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) denunciaron que los ex responsables de la caja de ahorro, Felipe Alonso Alonso y Eric Manrique Catalán, se presentaron en sus centros de trabajo de manera normal a 11 meses del millonario fraude.
Alonso Alonso y Manrique Catalán fueron el tesorero y el contador de la caja de ahorro de 2012 a 2016. Ambos fueron expulsados del STTAISUAG junto con el presidente Guadalupe Gutiérrez Campos, en diciembre del año pasado, luego de que se diera a conocer el fraude. Además, el Comité Ejecutivo inició un proceso jurídico en su contra sin avances a la fecha.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) el trabajador y defraudado, Pedro Salazar Trinidad, y los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Guadalupe Hernández de la Cruz, Román Ibarra Flores y Silvia Alemán Mundo, se pronunciaron en contra del fraude y llamaron a la unidad de los dos sindicatos universitarios.
Salazar Trinidad dijo que el 15 de noviembre pasado Alonso Alonso se presentó en la escuela de Enfermería de Taxco, su centro de adscripción, a laborar de manera normal; mientras que Manrique Catalán hizo lo mismo en la Preparatoria 12 de Tierra Colorada. En los dos casos, los trabajadores les impidieron la entrada a las instalaciones y se quejaron de que regresaron “como si nada hubiera pasado”.
Señaló que el fraude a la caja de ahorro asciende a 10 millones de pesos, pero el caso no se esclareció, los ex responsables no han informado qué pasó con los recursos de los universitarios y sólo se pagó lo correspondiente “a unos cuantos” afectados.
Aseguró que el hecho de que los ex responsables se hayan presentado en su centro de trabajo de manera regular es una prueba de que no se actuó en su contra y de la “complicidad” del Comité Ejecutivo del STTAISUAG, incluso del propio rector Javier Saldaña Almazán, quien debió rescindirles el contrato de manera inmediata.
Alemán Mundo se solidarizó con los defraudados, llamó a los integrantes del STAUAG a unirse a este acto. Expresó que lo que pasó “no tiene nombre” y reprochó que la UAG participe en congresos en materia de transparencia, cuando no se ha resuelto el pago de la caja de ahorro, pues “es cínico”.
Llaman opositores a la abstención del voto en el STAUAG

Por otra parte, Hernández de la Cruz e Ibarra Flores, quienes también se solidarizaron con los defraudados, llamaron a los académicos a abstenerse de votar por la planilla Unidad Sindical, que encabeza el candidato a secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, ya que sus integrantes no han luchado para defender sus derechos laborales.
Hernández de la Cruz puntualizó que en la administración pasada Martínez Llanes permitió la contratación de personal de manera unilateral, dejando de lado a los sindicalistas con derecho a ampliar su jornada laboral, como lo indica el contrato colectivo de trabajo.
Ibarra Flores aseguró que los integrantes de la planilla Unidad Sindical fueron propuestos por el Grupo Universidad por Guerrero, organización que dirige Saldaña Almazán, por lo que no es congruente que haya representantes del STAUAG que respondan “al patrón”.
Los académicos pidieron a los universitarios que el próximo 6 de diciembre, fecha de las votaciones, acudan a las urnas y voten por la abstención, para evitar que se repitan las injusticias y la corrupción en el STAUAG.

Cargan a vecinos de Xochistlahuaca en recibos de Telmex un seguro que no pidieron, denuncian

Al menos 10 vecinos de la cabecera municipal de Xochistlahuaca denunciaron que, sin su consentimiento la empresa Telmex les cobra en sus facturas mensuales un seguro denominado Vidatel de Seguros Inbursa, empresas del magnate Carlos Slim.
Bartolomé López Guzmán denunció que desde febrero de este año en los recibos de Telmex, aparecen dos conceptos por un costo total de 73 pesos; Patrimonial Inbursa, de 50 pesos, y Salud Interactiva, de 23 pesos, que él no autorizó.
En declaraciones por teléfono a nombre de 10 familias afectadas el quejoso indicó que en una llamada a la empresa de seguros para cancelar el servicio y la devolución de los pagos hechos, le indicaron que había una grabación, en posesión de Seguros Inbursa, que demostraba que él aceptó el servicio, y que no le podían devolver su dinero.
Mostró el contrato que Seguros Inbursa le envió junto con su recibo telefónico, donde el único dato correcto es el nombre del titular del contrato del servicio telefónico.
En una llamada al número 01800 4624636 de Seguros Inbursa, una operadora indicó que el seguro cubre gastos médicos por 20 mil pesos y que este sería reembolsado solicitándolo en las dos oficinas de la aseguradora, en Acapulco e Iguala.
López Guzmán denunció que Telmex e Inbursa Seguros podrían estar defraudando, no sólo a las familias de habla ñomndaa de Xochistlahuaca, sino a otras comunidades indígenas del país, donde por desconocimiento, los clientes pagan los seguros, aunque no los puede usar porque no hay hospitales privados cercanos.
En Xochistlahuaca sólo hay un centro de salud básico en la cabecera municipal, mientras que en Ometepec, la ciudad más cercana, hay un hospital regional que depende de la Secretaría de Salud del estado, y los hospitales privados más cercanos están a cuatro horas o cinco de recorrido por carretera, en Acapulco.
Según la póliza que mostró el quejoso, el seguro cubre muerte accidental, repatriación, apendicetomías y otras cirugías, traslados en ambulancias, asistencia de emergencia en el hogar y asistencia nutricional.

Protestan en Rectoría trabajadores de la UAG defraudados por la caja de ahorro de STTAISUAG

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) se manifestaron en las oficinas del rector Javier Saldaña Almazán, en la Rectoría, para exigir el pago de la caja de ahorro 2016, que se le adeuda a unos 500 universitarios en el estado.
La caja de ahorro la administra el STTAISUAG, en ella, los universitarios también integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), ahorran de manera quincenal un mínimo de 50 pesos durante el año y en diciembre este ahorro se les entrega junto con los intereses que se generan, a partir de préstamos a los empleados.
En diciembre de 2016 se informó de un fraude de más de 6 millones de pesos, que permitieron los encargados de la caja, Eric Manrique Catalán, Felipe Alonso Alonso y Guadalupe García Campos, que fueron destituidos de su cargo y expulsados del STTAISUAG. Actualmente enfrentan un proceso jurídico por el desfalco.
El 9 de noviembre, integrantes del STTAISUAG opositores a la secretaria general, Brenda Alicia Alcaraz González, se manifestaron en la Rectoría y exigieron el pago a Saldaña, ese día se acordó una mesa de trabajo con el rector, para discutir la manera en que la Administración Central pudiera garantizar los recursos a los defraudados.
A la reunión se citó a las 10 de la mañana de este martes en la Rectoría, pero Saldaña Almazán no llegó al lugar, por lo que los defraudados se manifestaron colocando una lona en la que se leyó: “Sin vergüenzas, ¡regresen nuestro dinero!”. Mediante un equipo de sonido, los inconformes reclamaron la entrega de los recursos, pues se tratan de sus ahorros de un año.
Al respecto, el maestro Pedro Salazar Trinidad dijo que la Administración Central debe involucrarse en el caso del fraude, pues afecta a los trabajadores; además de que los inconformes solicitaron documentos para comprobar los ingresos de la caja de ahorro, pero éstos les fueron negados.
Una comisión, que representó a 55 trabajadores de distintas escuelas de la Universidad, fue atendida por el secretario general, José Alfredo Romero Olea; el asesor jurídico, Pablo Valdez Guerrero, y el coordinador de asesores, Fernando Jiménez Medina, quienes acordaron vigilar el proceso de pago del adeudo, las demandas en contra de los responsables y apoyar en la gestión de recursos para que se entreguen a la brevedad posible.
Además, recibieron una lista con los nombres de los defraudados que se han manifestado para exigir el pago, éstos serán considerados como un caso prioritario de pago, debido a sus circunstancias particulares, como enfermedades, decesos de familiares y otras.
Los manifestantes se retiraron y esperarán un lapso, aún no definido, de tiempo por un avance en los acuerdos de la reunión, en caso de que nuevamente se incumplan los acuerdos, volverán a protestar en la capital.

Protestan vecinos de Cruz Grande en la Cdmx para exigir al Fonhapo que construya 50 casas

Pobladores del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la Costa Chica, protestaron en las instalaciones del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para exigir la construcción de 50 casas del programa Vivienda Digna que debieron entregarles en la administración pasada, pero que fueron vendidas por el ex alcalde, Ociel Hugar García Trujillo, que actualmente es diputado perredista.
La dirigente de los inconformes, Silvia Gallardo Gatica acusó que desde 2015 piden a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que devuelva el dinero para la construcción de casas de más de 300 beneficiarios, pero nadie les ha hecho caso, y advirtió que seguirán en la ciudad hasta que tenga respuesta.
Silvia Gallardo recordó que desde inicios de agosto interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el diputado local, Ociel Hugar García Trujillo, a quien culpan de un presunto fraude y usurpación de funciones, cuando fue presidente municipal. La dirigente aseguró que el diputado vendió las 50 casas y que aún hay beneficiarios que están a la espera de una vivienda.
Dijo que son 50 vecinos que durante su administración, 2012-2015, fueron beneficiados del programa Vivienda Digna del Fonhapo, un programa de aplicación tripartita, en el que la federación aporta la mayor parte del dinero. Estas casas nunca, según denunció, se entregaron a los solicitantes.
“Seis meses y no nos han podido liberar la vivienda, no nos dan nada, por eso estamos aquí. En Guerrero no nos hacen caso, porque José Manuel Armenta Tello (el delgado de Sedatu) tiene tomada la delegación. El apoyo debió salir en enero, desde hace tres años se firmaron minutas y no hay resultados”, lamentó.
Una comisión de inconformes llegó a la dependencia, donde la atendieron secretarios particulares de funcionarios, pero no les dijeron nada en concreto.
Silvia Gallardo Gatica explicó que este programa social es de vivienda rural, “estamos tristes; el gobernador Héctor Astudillo, sólo va y se toma las fotos en las zonas más inundadas, es todo lo que sabe hacer, salir en la televisión en este año, el peor de todos los años; en el 2015 estuvo feo pero ahorita estuvo peor”.
Lamentó que el diputado, de quien dice tener pruebas de que vendió las casas, que correspondían a vecinos de escasos recursos, a otros de su partido, el PRD, siga en la impunidad.
La dirigente comentó que los quejosos viajaron a la Ciudad de México con sus propios recursos porque pusieron dinero para sus casas, aunque una mínima parte.