La gobernadora Evelyn Salgado Pineda condenó el asesinato del secretario de Seguridad, Alfredo Alonso López, el director de la Policía Municipal de Coyuca de Benítez, Honorio Salinas Garay, junto a 11 policías, ocurrido el lunes, y urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a hacer investigación exhaustiva para que no haya impunidad en el caso.
Con un mensaje de redes sociales, la mandataria puntualizó que desde el primer momento que se supo del crimen, instruyó al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, a acudir personalmente al sitio y coadyuvar con las investigación para esclarecer los hechos.
Señaló que la información que se tiene es que los elementos municipales fueron emboscados junto con dos mandos de seguridad de ese municipio. En este sentido ha mantenido comunicación con el alcalde de Coyuca de Benítez, Osiel Pacheco y con el gabinete de seguridad federal para solicitar todo el apoyo posible para mantener las garantías de seguridad en este municipio.
Subrayó que, además del trabajo permanente que se realiza con todas las instituciones que conforman la Mesa de coordinación, este martes por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya hay un despliegue de al menos 300 elementos de la Guardia Nacional en Guerrero por lo sucedido en Coyuca de Benítez.
“Esto es parte del apoyo permanente que tenemos del presidente y que se traduce en mayor presencia en el estado para seguir garantizando la paz, lo cual le agradecemos mucho en estos momentos”.
Agregó que a estas acciones se suma el despliegue de la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para seguir garantizando la seguridad de los habitantes de este municipio, asimismo la Sedena que mantiene una fuerte presencia en esta región para realizar trabajos y despliegues de operativos necesarios.
Dijo que pidió a los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y de Seguridad Pública, a mantener una estrecha comunicación y coordinación con el alcalde de Coyuca de Benítez, Ossiel Pacheco Salas, para reforzar y garantizar la seguridad en esta región de la Costa Grande (Redacción).
En la secundaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la comunidad rural indígena Huajintepec, municipio de Ometepec, en Costa Chica, padres de familia y alumnos exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) el envío de docentes.
En un comunicado, los padres hicieron un “enérgico llamado de urgencia” a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, y exigieron que sean atendidos por las autoridades educativas locales, para resolver las necesidades que presenta la escuela.
Indicaron que han pasado varias administraciones de gobierno y no “los han tomado en cuenta, como institución”, ya que hacen falta maestros de tecnologías y artes, que se cubran algunas horas de español, matemáticas, geografía y biología.
Además, solicitaron a un prefecto, director efectivo, secretario y el pago de adeudos para cinco docentes, porque los padres se cooperan de 100 pesos por alumno para pagarles a algunos, pero es la obligación de la SEG.
Informaron que los padres de familia se han cooperado para el pago de maestros, de manera provisional, ante la falta de apoyo y gestión de la supervisora de la zona escolar, Adelina Martínez Santiago.
“El nivel académico decayó, la matrícula ha disminuido considerablemente, en un 30 por ciento, aunado a las condiciones de infraestructura. Las instalaciones se encuentran en un estado deplorable”, se leía en el comunicado.
Los padres de familia, docentes, estudiantes y autoridades de bienes comunales y ejidales, hicieron un llamado al gobierno estatal, para que sean atendidos, de lo contrario se verán en la necesidad de movilizarse. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda con los galardonados del Premio Estatal al Mérito Juvenil 2023, en el auditorio José Joaquín de Herrera Foto: Jessica Torres Barrera
Redacción
Chilpancingo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, entregó las medallas a nueve galardonados con el Premio Estatal al Mérito Juvenil 2023, y reconoció su disciplina y ejemplo, acto realizado en el auditorio José Joaquín de Herrera, en la sede del Poder Ejecutivo estatal.
En la ceremonia, señaló que la galardonada con el Logro Académico, Catherine González Díaz de la Región Norte, tienen más de cien reconocimientos, así como las competencias deportivas de Marco Antonio Cortez Molina de la Región Centro, quien obtuvo el galardón en la categoría de Discapacidad e Integración.
Todos, “son el ejemplo de desarrollo humano, crecimiento profesional y buenas prácticas”.
Recibieron estos reconocimientos, en Ciencia y Tecnología, Axel Espinobarros Peralta de la Región Montaña; de Derechos Humanos, Jairo Samuel Brito Vega de la Región Norte; de Compromiso Social, Dante Morales Roque de la Región Costa Chica; y en la la categoría de Protección al Ambiente y Desarrollo Sostenible, Saulen Justino Jacinto Román de la Región Acapulco, y al Mérito Deportivo, Jade Moctezuma Vázquez de la Región Norte.
Además, el premio de Expresiones Artísticas y Artes Populares, Alondra Cecilia González de la Región Montaña; Fortalecimiento a la Cultura Indígena y Afrodescendiente, Rodolfo Basurto Mendoza de la Región Montaña y por su Aportación a la Cultura Política y a la Democracia, Johana Natalie Corona Vega de la Región Centro.
Indicó que “la juventud siempre ha sido el motor de las grandes transformaciones, y hoy son quienes llevan la antorcha del cambio, la llama de la innovación y la energía para construir un México y un Guerrero próspero”.
Estuvieron también, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Leticia Mosso Hernández, además del el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Cecilia Narciso Gaytán.
Sindicatos de organismos públicos descentralizados y de dependencias del gobierno del estado se reagruparon en el Frente Único Estatal de Representantes de Sindicatos Autónomos (FUERSA).
Anunciaron la elaboración de un pliego petitorio que será entregado a la gobernadora, Evelyn Salgado, la próxima semana.
Este jueves a las 11 de la mañana en las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) en Chilpancingo, representantes sindicales anunciaron el relanzamiento del FUERSA.
El objetivo, dijo José Antonio Salvador López, es hacer frente a la represión laboral del gobierno estatal y federal contra los trabajadores y luchar por los derechos colectivos de los sindicatos.
“Las organizaciones tendrán voz y voto. Vemos que el gobierno nos está atacando, nos está manipulando a muchos representantes. No lo vamos a permitir”, dijo el representante del Sutcobach.
Javier Vázquez García, asesor sindical y uno de los promotores, informó que el Frente se conformó en 2007 ante la negativa del entonces gobernador Zeferino Torreblanca de resolver las demandas de los distintos sindicatos de organismos y dependencias del gobierno estatal.
FUERSA ha recibido las demandas de 16 sindicatos para elaborar un pliego petitorio que será presentado a la mandataria, y esperan la suma de más gremios.
Las organizaciones que integran el bloque son: Sentimientos de la Nación del Congreso del Estado, STAISUAG, Sindicato de Trabajadores del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Movimiento de Trabajadores de los Servicios de Salud y Basificación (Motrasesaba), STAUAG y el Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo.
También forman parte: el Sindicato Estatal de Trabajadores Democráticos de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, el Sindicato Estatal de Trabajadores de Protección Civil y Bomberos Guerrero, entre otros.
Defensores públicos que salarialmente dependen del Ejecutivo del estado, pero laboralmente del Poder Judicial, instalaron un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo para demandar una au-diencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Defensores públicos que salarialmente dependen del Poder Ejecutivo estatal, pero laboralmente del Poder Judicial, realizaron ayer un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado para pedir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y solicitarle que se defina su situación laboral.
En la protesta fueron respaldados por el abogado Rubén Cayetano García, quien dijo que la situación de los 96 defensores está en el “limbo” y en una situación de ilegalidad que debe resolverse.
La defensora pública Alma Díaz, leyó un documento en el que denunció que han enviado varios oficios a la gobernadora para que los reciba pero que no han tenido respuesta.
“La Defensoría Pública de Guerrero vive hoy una grave crisis de ilegalidad que pone en riesgo el trabajo de decenas de abogadas y abogados que brindamos nuestros servicios a personas de escasos recursos económicos en procedimientos de investigación y procesos jurisdiccionales”, dijo.
Denunciaron que el Legislativo y el Ejecutivo violan las reformas a la Constitución Local del 2014, en la que establece que la Dirección de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado y su personal adscrito deberán ser transferidos al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Guerrero, adscrito al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, “respetando los derechos laborales de los defensores y haciendo los ajustes presupuestales necesarios para ese fin”, pero reprocharon que esto aún no se ha cumplido.
Recordaron que el 22 de marzo de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores firmó un convenio con el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Robespierre Robles Hurtado para la transferencia de la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno al Consejo de la Judicatura del TSJ, lo que tampoco se ha cumplido.
Los defensores públicos salarialmente siguen dependiendo del Poder Ejecutivo pero reciben órdenes del Poder Judicial.
Denunciaron que en el convenio se establece la indemnización de los defensores, “lo que es inaplicable porque la reforma (del 2014) dice que seremos transferidos no indemnizados”.
Criticaron que los tres poderes del estado “han consentido” las irregularidades porque mientras el Judicial a través de la Judicatura ejerce jerarquía sobre los defensores, quien maneja los recursos del presupuesto de la Defensoría Pública es el gobierno del Estado, mientras el Legislativo “se hace de la vista gorda en cada aprobación del ejercicio presupuestal dando ese dinero al Ejecutivo”.
Los defensores proponen para solucionar el problema que el Ejecutivo y el Judicial, deroguen, revoquen o rescindan el Convenio de Transferencia firmado en la anterior administración “porque es caduco, ilegal e inejecutable”, y piden que se inicie una nueva etapa de cumplimiento a los artículos transitorios de la Constitución del estado, “frenando la ilegalidad en que se encuentra el Instituto de la Defensoría Pública y la sistemática violación de los derechos humanos laborales de los defensores públicos”.
Además, piden que no se transfiera a los defensores públicos al Consejo de la Judicatura ni se despida o degrade su situación laboral.
Informaron que por el litigio existe el amparo 635/2022, mismo que está por resolverse, y proponen que en cuanto se resuelva se instale una mesa de diálogo “respetuoso para retomar la institucionalidad del Instituto, designando como defensor general a un defensor público auténtico que no obedezca a las consignas de la Judicatura del Poder Judicial que ha implementado práctica de persecución y amedrentamiento en contra de los quejosos en el amparo, por no obedecer sus órdenes, imposiciones y arbitrariedades, a las que nosotros como defensores públicos refutamos por la vía legal, no por desacato o rebeldía, sino porque la relación laboral se mantiene con la Secretaría General de Gobierno que es la que nos paga salarios y demás prestaciones”.
El abogado Cayetano García, dijo durante el mitin que el problema radica en que el gobierno del estado, a pesar de que firmó el convenio en la anterior administración para transferencia de la Defensoría Pública al Consejo de la Judicatura del TSJ, no le transfirió el presupuesto.
Añadió que, en tanto, el TSJ quiere la trasferencia de los recursos pero no los 96 defensores para que las plazas se las distribuyan “entre las familias que controlan el Poder Judicial”.
Añadió que el gobierno del estado está presionando a los defensores públicos y quiere finiquitar la relación laboral para evitar que sigan generando antigüedad.
La manta que colocaron trabajadores del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Poder Judicial Federal en el centro de Chilpancingo, como parte de la protesta nacional contra el proyecto legislativo que busca extinguir 13 de 14 fideicomisos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) agremiados a la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) bloquearon los dos sentidos del bulevar del río Huacapa, frente a Ciudad Judicial, en demanda del pago al incremento salarial y del retroactivo; por la noche se instalaron en plantón ante la falta de acuerdos con autoridades.
La mañana de este lunes los sindicalizados pararon labores y tomaron la vialidad. Asimismo, un grupo de policías estatales con equipo antimotines llegó y se colocó en la entrada de Ciudad Judicial para evitar que los manifestantes lo tomarán.
Los sindicalizados pidieron los pagos del aumento del 14 por ciento al salario y de bonos por años de servicio para unos 500 trabajadores de base y mil extraordinarios.
La secretaria general de la sección 62, Margarita Sánchez Azabay denunció que la Secretaría de Finanzas y Admnistración estatal no les ha depositado el incremento salarial ni el retroactivo.
Dijo que tampoco tienen la certeza del pago de los bonos por el Día de la Madre, el Día del Padre, del Servidor Público y el decembrino ni el incremento que se dio al estímulo por año de servicio.
Sánchez Azabay sostuvo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ya aprobó la ampliación del presupuesto y está autorizado, el cual se tenía que pagar en agosto, “pero está ahí atorado en Finanzas”.
Los trabajadores solicitaron la intervención de la gobernadora, porque manifestaron que el presupuesto ya está autorizado.
A las 5 de la tarde los sindicalizados se retiraron del sentido sur-norte, pero se mantuvieron en el otro carril. A las 9 de la noche, por teléfono, se trató de consultar a Sánchez Azabay para saber si tuvieron alguna respuesta, pero no respondió.
Los manifestantes colocaron toldos para instalarse en plantón y realizaron guardias. Indicaron que no hubo acuerdos. (María Avilez Rodríguez/Chilpancingo)
En su segundo informe del estado que guarda la administración pública estatal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció que en materia de seguridad “tenemos mucho que hacer”, pero destacó la reducción en delitos como homicidios dolosos, el robo de vehículos, robo a comercio, feminicidios y trata de personas.
En el informe entregado el domingo al Congreso local se señala que de acuerdo con los reportes con corte a julio pasado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “los homicidios dolosos se han reducido en un 37.4 por ciento; el robo de vehículos disminuyó en 51.4 por ciento; el robo a comercio bajó 68.9 por ciento; el feminicidio se redujo en 50 por ciento; y en un 25 por ciento se logró bajar el delito de trata de personas”.
Sin embargo, se reconoce que en esta materia “tenemos mucho que hacer”, pero Salgado Pineda señala que “nuestro compromiso está firme y no tengo duda de que las familias guerrerenses deben tener más y mejores resultados, y vamos a seguir dándoselos”.
La gobernadora señala en su informe que en su administración son conscientes “de la importancia del combate a la inseguridad desde sus raíces” y de generar las condiciones para que los guerrerenses vivan en paz, y señala que la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de Paz, es un espacio desde el cual, diseñan “la estrategia multidisciplinar para combatir desde sus orígenes la inseguridad y así reducir los índices delictivos”.
Resultados de los operativos
Se informa que con el Operativo Refuerzo Guerrero, en los municipios de mayor incidencia delictiva que son Chilpancingo, Acapulco e Iguala detuvieron a 94 personas por delitos del fuero común y federal, el decomiso de 48 armas de fuego, 94 cargadores, 4 mil 376 cartuchos, ocho chalecos tácticos, dos placas balísticas, 25 celulares, 35 vehículos y ocho motocicletas recuperadas con reporte de robo, 34 vehículos, 25 motocicletas relacionados con diversos delitos; y mil 440 kilogramos de enervantes así como 369 dosis de estupefacientes.
Mientras que con el operativo Código Rojo en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Zihuatanejo, en los anillos de seguridad móviles y fijos, así como con el reforzamiento de grupos de reacción inmediata y la participación de las fuerzas federales, detuvieron a 39 personas por delitos del fuero común y federal, el decomiso de 47 armas de fuego y la recuperación de diez vehículos con reporte de robo.
Mientras que la policía estatal, en coordinación la Guardia Nacional, detuvieron a 18 personas por delitos del fuero común y federal, decomisaron 73 armas de fuego, 40 cargadores, 962 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, siete placas balísticas y se obtuvo el aseguramiento de cinco kilogramos y 125 dosis de estupefacientes, así como de 23 vehículos y la recuperación de dos motocicletas con reporte de robo.
Disminución de la pobreza
En la presentación de su informe, Evelyn Salgado destaca que en “tan sólo dos años de gobierno” se detuvo “la tendencia creciente de la pobreza sino la disminuimos”, esto de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): “los resultados son contundentes e históricos: más de 189 mil personas salieron de la pobreza, lo que representó una disminución del 6 por ciento, niveles nunca vistos en todas las mediciones”, se lee en el documento.
En el apartado denominado “gestión que da resultados” se destaca el programa de Becas Ignacio Manuel Altamirano, que atienden a estudiantes sin otro tipo de apoyo; el fortalecimiento del Programa Pensión Guerrero, del cual se triplicó el número de beneficiarios respecto al último año del sexenio anterior; y la complementación de la Pensión Universal a Personas con Discapacidad, que cuenta con la contraparte del 50 por ciento de recursos presupuestales del estado.
También se menciona la coordinación para ejecutar programas federales como el de fertilizantes gratuitos y el de infraestructura en caminos rurales.
Del Protocolo Violeta se destaca en el informe que, como una política pública transversal, es único en el país, y que se han tenido “resultados contundentes”, en el cual también se implementó el componente Asistencia Violeta. Con la Alerta Violeta se señala “se han localizado 324 mujeres guerrerenses desaparecidas”, sin embargo, no se señala a cuántas no se han encontrado.
Se menciona también al Transporte Violeta en el que se realizó la credencialización, cursos en perspectiva de género, y evaluaciones de control y confianza “que aseguran que más de 200 choferes de transporte público se encuentren en las condiciones adecuadas para prestar un servicio integro y de calidad donde las mujeres se sientan seguras”.
También se señala que en este rubro, tienen la meta de llegar a las ocho regiones “mediante la intervención de calles, barrios, senderos, parques, escuelas y espacios públicos estratégicos para generar polígonos de confianza y seguridad en donde deberá existir mayor iluminación y botones de pánico conectados con el C4 y C5 pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y videovigilancia”. Y se afirma también que la Alameda Central Francisco Granados Maldonado, lo convertirán “en territorio seguro y libre de violencia” contra las mujeres.
Atención a familias desplazadas
Ya en el apartado de “Recuperación del Estado de Derecho y Fortalecimiento de la Gobernanza Democrática”, se habla de la atención a familias desplazadas, para lo cual se destaca que el gobierno estatal ha trabajado coordinado con organismos internacionales especializados en la materia, que capacitaron a 90 servidores públicos de 15 dependencias del gobierno del estado y de la fiscalía
Sobre estas comunidades desplazadas por la violencia de los grupos de la delincuencia organizada, se apunta que su administración “se ha caracterizado por ofrecer soluciones a través del diálogo y la concertación con los diversos actores de este fenómeno, a efecto de ofrecer alternativas duraderas que permitan abonar a la solución de la problemática que presentan algunas comunidades desplazadas en el estado”.
Y destaca que se logró el retorno y asentamiento de comunidades como La Laguna, de Coyuca de Catalán que después de 12 años de permanecer desplazados, “se logró el reasentamiento de un grupo de familias de esta comunidad en la localidad de La Tondonicua, municipio de Petatlán”; de Zihuaquio, también de Coyuca de Catalán que tras cuatro años de establecerse provisionalmente en Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo, “se logró el retorno a su comunidad de origen”.
De Tlaltempanapa, de Zitlala, de dónde “se logró el reasentamiento de la localidad después de cuatro años en la cabecera municipal de Copalillo”; de Los Bayados de Ajuchitlán del Progreso que tras dos meses “de haberse establecido” en la comunidad de El Súchil en Tecpan, “los habitantes fueron retornados a su comunidad de origen ofreciéndoles todas las garantías de seguridad necesarias”; y de San Antonio de las Tejas, también de Coyuca de Catalán de dónde los habitantes desplazados se establecieron provisionalmente en la cabecera municipal de Tecpan pero posteriormente regresaron a su lugar de origen.
En el caso de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, el 10 de diciembre del año pasado “el Gobierno del Estado realizó acciones inmediatas para contener el desplazamiento de esta comunidad. Esta visita contó con la participación de las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Salud, Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero”.
En la atención a estas comunidades desplazadas, se informa de una serie de apoyos “para mejorar sus condiciones de bienestar y calidad de vida, esto les permitió lograr su reintegración a la vida social y productiva del estado”.
En el rubro de Atención de demandas político-sociales se señala que en el segundo año de gobierno han “dado cobertura” a mil 319 movilizaciones y justifican que estas son generadas por demandas históricas de maestros, burócratas, pensionados, jubilados, emanadas de distintas peticiones, como salarios y prestaciones devengadas, la solicitud de servicios públicos e infraestructura educativa, de las cuales mil 057 son de competencia estatal, 90 federal y 172 municipal. Este seguimiento se ha dado siempre bajo premisa del respeto y el diálogo.
Trabajadores colocaron mantas en las oficinas del Primer Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo como parte de una protesta nacional contra el proyecto de Morena en la Cámara de Diputados de extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal, y agremiados a la sección 62 del SUSPEG del Tribunal Superior de Justicia bloquearon el bulevar del Huacapa frente a Ciudad Judicial, en demanda de aumento salarial y pago del retroactivo y ya en la noche se instalaron en plantón ante la falta de acuerdos con autoridades Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Paran sindicalizados de Ciudad Judicial en Chilpancingo; exigen el pago de prestaciones
Cierran en la mañana el bulevar del río Huacapa y por la noche se plantan afuera del edificio ante la falta de acuerdos con autoridades
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) agremiados a la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) bloquearon los dos sentidos del bulevar del río Huacapa, frente a Ciudad Judicial, en demanda del pago al incremento salarial y del retroactivo; por la noche se instalaron en plantón ante la falta de acuerdos con autoridades.
La mañana de este lunes los sindicalizados pararon labores y tomaron la vialidad. Asimismo, un grupo de policías estatales con equipo antimotines llegó y se colocó en la entrada de Ciudad Judicial para evitar que los manifestantes lo tomarán.
Los sindicalizados pidieron los pagos del aumento del 14 por ciento al salario y de bonos por años de servicio para unos 500 trabajadores de base y mil extraordinarios.
La secretaria general de la sección 62, Margarita Sánchez Azabay denunció que la Secretaría de Finanzas y Admnistración estatal no les ha depositado el incremento salarial ni el retroactivo.
Dijo que tampoco tienen la certeza del pago de los bonos por el Día de la Madre, el Día del Padre, del Servidor Público y el decembrino ni el incremento que se dio al estímulo por año de servicio.
Sánchez Azabay sostuvo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ya aprobó la ampliación del presupuesto y está autorizado, el cual se tenía que pagar en agosto, “pero está ahí atorado en Finanzas”.
Los trabajadores solicitaron la intervención de la gobernadora, porque manifestaron que el presupuesto ya está autorizado.
A las 5 de la tarde los sindicalizados se retiraron del sentido sur-norte, pero se mantuvieron en el otro carril. A las 9 de la noche, por teléfono, se trató de consultar a Sánchez Azabay para saber si tuvieron alguna respuesta, pero no respondió.
Los manifestantes colocaron toldos para instalarse en plantón y realizaron guardias. Indicaron que no hubo acuerdos. (María Avilez Rodríguez/Chilpancingo)
Trabajadores del PJF protestarán
hoy contra la
desaparición de fideicomisos
Este lunes se colocaron mantas en las oficinas del Primer Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo, ubicado en la calle 5 de Mayo en el centro de Chilpancingo, como adelanto a las protestas de los trabajadores ante el proyecto de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados de extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF).
“Todos somos PJF unidad nacional”, “Sección 52. Chilpancingo. El PJF garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos”, se lee en las mantas colgadas en la pared del edificio.
Los Sindicatos Unidos del Poder Judicial de la Federación convocaron hoy a una manfestación “pacífica” a partir de las 8 de la mañana en todas las sedes para continuar el apoyo y solidaridad “a toda la clase trabajadora que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que se le dará seguimiento y acompañamiento en todo momento en sus expresiones de defensa firme y digna”.
En el texto se invita a los trabajadores a “no caer en provocaciones y evitar discusiones de odio y quema de figuras públicas”, en alusión a la quema de una figura del presidente Andrés Manuel López Obrador en la protesta de ayer en la Ciudad de México.
El proyecto de ley de Morena para eliminar 13 de 14 fideicomisos del PJF por un monto de 15 mil millones de pesos es parte de la campaña de López Obrador contra ese poder, al que señala que está “podrido” y está “al servicio de una minoría rapaz”, mientras que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, señala que se verían afectados derechos de los trabajadores, lo que secundan los sindicatos. (Redacción).
Trabajadores del PJF protestan
contra la extinción de fideicomisos
Suspenden labores en juzgados y tribunales, además de cerrar vialidades en la Cdmx y varios estados. Se manifiestan en las inmediaciones de la Cámara de Diputados donde se procesa la iniciativa que pretende recortar 15 mil millones al Poder Judicial
Agencia Reforma
Ciudad de México
Las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), por la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos, se extendieron este lunes a varias entidades del país.
Además de la suspensión de labores en la mayoría de los órganos jurisdiccionales en la Ciudad de México, donde fueron cerradas cuatro de las principales vialidades, las manifestaciones de inconformidad se registraron en Chiapas, Jalisco, Puebla, Morelos, Veracruz, Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
En la capital del País, al menos 56 juzgados de distrito y tribunales de circuito suspendieron hoy de manera oficial todas sus labores, por el paro de los trabajadores, quienes cerraron el tránsito en las avenidas Insurgentes, Revolución, Calzada Ignacio Zaragoza y Periférico Sur.
Los trabajadores del Palacio de Justicia de San Lázaro iniciaron la protesta desde temprana hora en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, cerraron la Calzada Ignacio Zaragoza y casi simultáneamente comenzaron los bloqueos en distintos puntos de la ciudad.
Hubo cierres en Insurgentes Sur, a la altura del número 2065, donde se localizan los Juzgados de Distrito en Materia Amparo; y en las laterales de Periférico Sur 1950 y 2321, lugares en los que están los edificios de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, respectivamente.
Poco después del mediodía, funcionarios judiciales también cerraron la vialidad en Avenida Revolución 1508, sede de los Tribunales Colegiados Penales, en el sentido de sur a norte.
Poco después del medio día, funcionarios judiciales también cerraron la vialidad en Avenida Revolución 1508, sede de los Tribunales Colegiados Penales, en el sentido de Sur a Norte.
Los órganos jurisdiccionales que formalmente suspendieron labores son los 16 Tribunales Colegiados y 14 Juzgados de Distrito en Materia Civil, así como los 16 Juzgados de Distrito en Amparo Penal y 6 Juzgados en Materia de Extinción de Dominio y Especializados en Juicios Orales Mercantiles, todos ellos con sede en el recinto de San Lázaro.
También los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Oriente, los únicos que instruyen en la Ciudad de México los juicios con el anterior sistema de justicia por escrito.
El Magistrado Fernando Rangel Ramírez y los jueces Virginia Gutiérrez Cisneros, Esperanza Arias Vázquez, Ruby Celia Castellanos Barradas, Daniel Niño Jiménez y Marcela Castro Núñez, coordinadores de los tribunales colegiados civiles y los juzgados en las citadas materias, informaron por escrito que este lunes no correrán los términos legales en ninguno de los procedimientos.
En el caso de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, los Juzgados Quinto de Distrito en Materia Civil y Quinto en Materia de Extinción de Dominio y Especializado en Juicios Orales Mercantiles se quedarán de guardia y atenderán de manera electrónica a quien lo requiera.
Manifestantes queman una piñata de López Obrador; el PJF condena “discurso de odio”
En una de las protestas, los inconformes quemaron una piñata con la figura de AMLO; una acción similar ocurrió el pasado 18 de marzo en una manifestación de Morena en el Zócalo donde la piñata quemada simbolizaba a la titular de la Corte, Norma Piña.
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación condenó las “expresiones y el discurso de odio” que se presentaron en algunas protestas contra la extinción de los fideicomisos, en particular, la quema de figuras con la imagen del presidente López Obrador, aunque no lo refiere por su nombre.
En un comunicado, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal afirmaron que no deben tolerarse este tipo de manifestaciones porque obstaculizan la unión y la salvaguarda de valores como la democracia y el Estado de derecho.
“Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación condenamos las expresiones simbólicas de odio que se presenciaron este día, durante la protesta con motivo de las afectaciones a los derechos laborales que suponen la extinción de los fideicomisos que se discutirá en el en la Cámara de Diputados”, indicaron las instituciones.
“Como se ha expresado en otros momentos, el discurso de odio que supone la quema de representaciones de una persona, por pública que ésta sea, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanos y mexicanas, la salvaguarda de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de derecho, por lo que no debe tolerar ser ninguna expresión de esta naturaleza”.
Llaman sindicatos a una nueva protesta sin incendiar figuras ni caer en provocaciones
Los dos sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF) llamaron a continuar con una protesta de alcance nacional en contra la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos, impulsada por Morena, y pidieron reclamar sin discurso de odio ni quema de figuras.
El llamado a una protesta pacífica, sin suspensión de labores, fue difundido después de que ambos dirigentes sostuvieran una reunión con funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en su sede de Insurgentes Sur.
“Los sindicatos del PJF convocan a la manifestación pacífica que se llevará acabo el día 17 de octubre de 2023 a partir de las 8:00 a las 9:00 a.m. en todas las sedes que albergan los trabajadores del poder judicial de la Federación”, indicaron los dirigentes sindicales.
Los gremios invitaron a todos los trabajadores a “no caer en provocaciones y evitar discursos de odio y quema de figuras públicas”.
Utilizar a los trabajadores del PJF, una “mala estrategia” de Norma Piña, señala Ignacio Mier
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de utilizar a los trabajadores del Poder Judicial para protestar en contra de la extinción de sus fideicomisos.
Mier, quien es el promovente de la reforma que propone la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial -seis de ellos constituidos por la Corte-, calificó el “uso de trabajadores” como una mala estrategia de la presidencia del Máximo Tribunal.
“Utilizar a los trabajadores del Poder Judicial es una mala estrategia de la presidencia de la SCJN, pues la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral, ni de contraprestación, de los trabajadores”, publicó a través de su cuenta de X.
El morenista retó a las y los Ministros a demostrar que la desaparición de los fideicomisos de la Corte, que suman seis mil 241 millones de pesos, afectará a las y los trabajadores.
“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman seis mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 Ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”, dijo.
Morena debe demostrar que los fideicomisos son para “excesos” de los ministros: PRD
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, señaló que es Mier quien tiene que demostrar que los fideicomisos del Poder Judicial son para uso exclusivo de “excesos” de los Ministros de la SCJN.
En entrevista, recordó que los fideicomisos que propuso extinguir son los mismos que estaban vigentes desde hace tres años, cuando Arturo Zaldívar, a quien la mayoría intentó ampliar su mandato, estaba al frente del Máximo Tribunal.
La Barra Mexicana de Abogados considera “intolerable” la iniciativa
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) calificó de inadmisible e intolerable la pretensión de Morena y sus aliados de reducir el presupuesto y eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
“Es intolerable que se vulnere la división de poderes con indebidas e ilegales intromisiones a la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, efectuadas por otros Poderes que violentan el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”, afirmó la BMA en un comunicado firmado por su presidente Víctor Olea.
“La BMA pide a la Cámara de Diputados que cumpla con su deber como representante de la Nación y no afecte, con decisiones partidistas, el derecho constitucionalmente establecido que tienen todas las y los mexicanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.
En tanto, las agrupaciones ciudadanas de Sociedad Civil México urgieron ayer a los diputados de Morena a no menoscabar el Poder Judicial con recortes al presupuesto y con la eliminación de fideicomisos.
El secretario de Planeación René Vargas, el diputado del PRD Raymundo García, la diputada de Morena y pre-sidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez, el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, la diputada del PT y presidenta de la Mesa Directiva Leticia Mosso, el secretario de Finanzas Raymundo Segura y los diputados de Morena Estrella de la Paz y del PRD Bernardo Ortega, en la entrega del el paquete fiscal 2024 y el segundo informe del estado de la gobernadora Evelyn Salgado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Funcionarios estatales entregaron al Congreso del Estado el segundo informe del estado que guarda la administración pública estatal, de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el paquete fiscal 2024 por 81 mil 752 millones de pesos, que representa un incremento del 7 por ciento en comparación con el aprobado para 2023, en el que no se incluyen nuevos impuestos.
En su mensaje, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, destacó que en este informe se dan a conocer “los avances, los retos, las responsabilidades que ha tenido esta administración” en el segundo año de ejercicio.
Aseguró que “se ha continuado con la política de austeridad republicana, que se ha establecido desde un primer momento, para ejercer los recursos de manera austera, responsable”.
También recalcó el secretario que la gobernadora estableció una política “en la que la premisa fundamental es el diálogo, la concertación y también el abatir los niveles de pobreza. Afortunadamente tenemos una reducción importante, reconocida ya en el ámbito nacional, fundados principalmente en la orientación en un gasto público, de un ejercicio de gobierno orientado a los que menos tienen”.
La ley establece que, si la gobernadora no acude ante el pleno del Poder Legislativo a rendir su informe, deben de acudir sus funcionarios, por lo que Ludwig Marcial Reynoso adelantó que la información contenida en el documento será ampliada en la glosam, que se espera sea en noviembre próximo.
En el mismo acto protocolario, el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, entregó al Poder Legislativo el paquete fiscal para el ejercicio 2024 del gobierno de Evelyn Salgado en el que se incluye el estimado de ingresos y distribución de los recursos económicos, de “manera eficiente, eficaz, transparente, honrada y austera para los programas sociales que privilegien el desarrollo social y a los grupos más vulnerables”, dijo el funcionario estatal.
Se plantea en este paquete fiscal un total de egresos de 81 mil 752 millones de pesos, que representa un incremento de 7 por ciento respecto al autorizado para 2023, en el que no se propone ningún incremento a los impuestos.
Segura Estrada afirmó que es un presupuesto “responsable, realista y equitativo, apegado al paquete económico federal”. Lo entregado ayer fue el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2024, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, la ley de Ingresos General para los Municipios del Estado de Guerrero y el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del estado.
El secretario destacó “el énfasis a la equidad de género en las políticas públicas, y se prioriza el gasto social para los grupos con mayores desigualdades, así mismo, se plantea fortalecer las capacidades financieras del sector educativo, salud y seguridad pública, por un importe de 40 mil 878 millones de pesos”, los cuales representan el 89 por ciento del presupuesto total asignado al poder Ejecutivo.
Dijo el funcionario, que el gobierno de Evelyn Salgado le “apuesta” a la educación, sector para el que se proponen 28 mil 701 millones de pesos, para el sector central; para la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) hay 3 mil 292 millones de pesos y para los colegios e instituciones educativas mil 159 millones de pesos, sumando un total de 33 mil 152 millones.
Aunado al no incremento de impuestos, el secretario de Finanzas y Administración “se consideran beneficios a las empresas que fomentan la inversión y generan nuevos empleos”, también se establecen estímulos fiscales del 50 por ciento a contribuyentes morosos de los ejercicios fiscales 2019 a 2023, si realizan el pago durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2024.
Otro estímulo que se propone es a personas contribuyentes cumplidas en el pago del impuesto sobre tenencia y derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación vehicular particular, en enero 20 por ciento, en febrero 15 por ciento y en marzo 10 por ciento.
Después en un breve mensaje, la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández, recordó que habrá comparecencias de los funcionarios estatales, para responder las preguntas de los diputados que surjan en la revisión del informe.
Y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, al dar la bienvenida a los funcionarios estatales, dijo que el Congreso es “sede de los tres poderes del estado”.
Agremiados y amigos del Frente Popular de la Montaña durante su mitin frente al Ayuntamiento de Tlapa, exigen justicia para Anulfo Cerón Soriano Foto: Carmen González Benicio
Carmen González Benicio
Tlapa
Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) marcharon ayer para exigir justicia por la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano y pidieron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda que no permita la liberación de los autores materiales e intelectuales.
El principal reclamo de los oradores, en el trayecto y durante el mitin, fue el castigo a los responsables materiales e intelectuales, que a cuatro años de los hechos no tienen sentencia y uno de ellos, considerado el autor intelectual Marco Antonio García Morales, Tony, quedó libre, mientras que la familia vive acosada y con temor.
Ubaldo Segura recordó que desde el Ayuntamiento se buscó acabar con el Frente al difamarlos y señalarlos de cobrar sueldos sin devengar así como pedir beneficios personales, pero al exigirle las pruebas no las mostró.
Agregó que a la administración municipal le molestó que exigieran servicios y obras para las comunidades así como transparencia en el manejo de recursos, y por ello empezaron las amenazas contra integrantes del Frente, principalmente hacia Arnulfo Cerón.
Dijo que quienes están encarcelados, los que huyeron y los que están libres buscan lastimarlos, pero eso no será si están unidos por lo que llamó a seguir organizados.
Juan Sánchez Gaspar señaló que quien era jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García mandó a asesinar a su compañero Arnulfo Cerón que luchaba por defender los pueblos, exigía obra pública o fertilizante.
Indicó por ello siguen denunciando y diciendo al gobierno que no están de acuerdo con lo que pasa y advirtió que no van a claudicar en la exigencia de justicia.
Lamentó que algunos gobiernos encarcelan a los asesinos y otros los liberan, violando con ello la ley, pero insistió en que mantendrán la lucha social, pese a las amenazas.
Al tomar la palabra Telésforo Aguilar dijo que existe un narco-gobierno en el estado por lo que, durante ese mitin, frente al Ayuntamiento, reprueban la liberación de los responsables de la desaparición y asesinato de Arnulfo.
Reprochó que el gobierno de Morena de Evelyn Salgado Pineda haya liberado a los detenidos y encarcelados por el ex gobernador priista, Héctor Astudillo.
Indicó que repudían ese hecho porque no se puede ser cómplice de esa injusticia y exigió castigo a los responsables porque: “basta que la justicia se venda y haya impunidad”.
Pidió cerrar la puerta a los narco-políticos que andan recorriendo colonias y comunidades del municipio, postulándose para alcaldes pues llegan a esos puestos a desaparecer y asesinar, son “delincuentes disfrazados de políticos que asesinan” a los defensores de derechos humanos.
El domingo a las 11 de la mañana inició la marcha con cientos de indígenas na savi, me’phaa, nahuas y mestizos que recorrieron las calles de Tlapa y realizaron un mitin frente al Ayuntamiento en el que recordaron que el 11 de octubre de 2019 Cerón Soriano fue privado de la libertad y 20 días después lo encontraron sepultado bajo toneladas de tierra en el punto conocido como Los Tres Postes, a la orilla de la carretera de Tlapa a Igualita.
Los manifestantes no mencionaron el nombre, pero hicieron alusión a Marco Antonio García Morales, ex presidente del municipio de Alpoyeca en dos ocasiones por el PRD; a quien Morena le dio la candidatura para presidente en el 2018, pero fue impugnado por no acreditar la residencia, dejando en su lugar a Dionicio Merced Pichardo, convirtiéndose en el jefe de Gabinete de la administración al ganar la elección.
Durante el recorrido se mencionó que existe un narco-gobierno en la administración morenista de Pineda Salgado que afecta la vida social de la comunidad.
Lamentaron que desde los poderes Ejecutivo y Judicial se permita la liberación de los acusados por el poder económico y las relaciones políticas.
Llamaron a la gente a no abrirles las puertas a los narco-políticos señalados, que andan buscando ser candidatos, en referencia a García Morales, que luego de que lo liberaron inició un recorrido en colonias y comunidades a las que lleva apoyos económicos, en especie u obras.
A cuatro años de la desaparición y homicidio, hicieron el pasado 11 de octubre una misa, en el lugar donde encontraron su cuerpo y un programa cultural en el Ayuntamiento. Cerraron con la marcha de este domingo.
