Empresarios de Zihuatanejo informaron que este martes sólo una de las tres empresas distribuidoras de gas LP reanudó su venta, pero se suspendió el servicio de las camionetas que lo vendían en las colonias de la ciudad, luego de que los dueños recibieron llamadas de extorsión o cobro de cuota; insistieron que hay incertidumbre por el abasto del producto sobre todo para los hoteles, restaurantes y negocios comerciales como tortillerías que se verían afectados.
Además, el director de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó a El Sur que ya recibieron el reporte de las denuncias por la suspensión de la venta de gas LP y aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional retomarían operaciones para generar condiciones de estabilidad y que los empresarios tengan “certeza y tranquilidad”.
Como lo informó El Sur en su edición de este martes, desde el sábado 4 de febrero las tres principales distribuidoras de gas LP en Zihuatanejo suspendieron su venta por temor debido a que los dueños comenzaron a recibir llamadas telefónicas de presuntos integrantes del crimen organizado en las que les pedían un cobro de cuota o extorsión.
Ayer, consultado al respecto al final del homenaje a la bandera en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, en Chilpancingo, Rodríguez Cisneros, dijo que ya tenían un reporte de la situación en Zihuatanejo.
En breve declaraciones, Rodríguez Cisneros afirmó que agentes de la SSP en coordinación con los de la Sedena y la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) retomaron operaciones en Zihuatanejo, con el objetivo de “generar condiciones de estabilidad”.
Sostuvo que la Policía del Estado ha tenido “proximidad social importante y muy buena” en Zihuatanejo, y que la Secretaría General de Gobierno daría seguimiento de las denuncias de empresarios para “generar condiciones de estabilidad social, y que las y los ciudadanos y los empresarios tengan certeza y tranquilidad”.
Sin embargo, ayer contactados vía telefónica empresarios de Zihuatanejo, que por seguridad pidieron no dar a conocer sus nombres, indicaron que de las tres empresas que suspendieron la venta sólo Gas Express Nieto reactivó su servicio, pero Gas Mundial y Global Gas siguieron sin vender al público.
Agregaron que entre el sector empresarial comenzó la preocupación por el abastecimiento de gas LP, pues también se suspendió el servicio de camionetas que lo vendían a domicilio, y en hoteles, restaurantes y hogares comenzó la incertidumbre porque es necesario para las actividades y servicios, lo que afectaría a otros sectores como el de la masa y la tortilla.
Los empresarios indicaron que además, las denuncias públicas a El Sur generó temor entre otros empresarios, y ya muy pocos se atreven a hablar de lo ocurrido por temor a represalias del crimen organizado.
Para el sector turístico, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo, es el segundo más importante de Guerrero, sólo detrás de Acapulco, según cifras de la Secretaría de Turismo del estado; este el pasado fin de semana largo (del 4 al 6 de febrero) registró una afluencia de 18 mil 269 visitantes que dejaron una derrama económica de 123 millones de pesos.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, en esta región del estado han disputado el control los grupos delictivos Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana y Cártel Sangre Nueva, que entre otras cosas pelean precisamente el cobro de cuota o las extorsiones, además de que buscan asentarse por su zona geográfica, al ser un puerto y tener conectividad con la Tierra Caliente, la Sierra y el estado de Michoacán.
Zihuatanejo es gobernado por alcalde priista, Jorge Sánchez Allec, quien cumple su segundo periodo en el gobierno municipal, aunque la responsabilidad de la seguridad la retomó el gobierno federal desde el 2 de septiembre de 2022, por diversos hechos de violencia en la ciudad y dejó a la Secretaría de Marina encargada de dirigir los recorridos de prevención junto a policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional.
El resultado de las operaciones conjuntas de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional el año pasado en Guerrero, fue de 4.4 millones de pesos incautados en diferentes municipios del estado, la detención de 188 personas, el aseguramiento de 209 vehículos y el aseguramiento de un laboratorio clandestino de estupefacientes.
De acuerdo con un breve reporte oficial, también señala la destrucción de 250 plantíos de mariguana, más de 18 mil plantíos de amapola, sin precisar el número de hectáreas afectadas.
Además del decomiso de 43 kilogramos de cocaína, 28 kilogramos de mariguana, cuatro kilogramos de goma de opio y 45 kilos de semilla de amapola.
Señala la incautación de 236 armas de fuego, 48 mil 495 cartuchos útiles, 507 cargadores y ocho granadas.
No se mencionan bajas, heridos o lesionados en estas operaciones de seguridad pública. Sí se destaca el compromiso de las fuerzas armadas, del Ejército y de la Guardia Nacional de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos (Redacción / Chilpancingo).
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, reconoció que la región Norte, con operaciones mineras, es complicada la seguridad para la población, pero con el gobierno federal el estado sigue reforzando la presencia institucional, además de que están trabajando un programa social amplio.
Insistió en que durante un tiempo no hubo seguridad pública en la zona, los ayuntamientos no tenían policía municipal, y ahora se retoma la institucionalidad con la presencia de la Policía Estatal, de la Secretaría de Defensa Nacional, y de la Guardia Nacional.
Además que las empresas mineras tienen estrategias de atención social y convenios a través de los núcleos agrarios, con las comunidades, para desarrollar sus actividades.
De la llegada de más militares y Guardia Nacional a Acapulco, Teloloapan y Apaxtla, que solicitó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por los acontecimientos recientes, explicó que hay nuevos refuerzos y también rotaciones de personal, “normalmente lo va manejando el Ejército en la evaluación de las contingencias que hay en el país”.
De Apaxtla y Teloloapan, donde hay dos grupos civiles armados en tensión, la Tecampanera y la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, aclaró que la seguridad pública no le corresponde a esos grupos: “no los llamaría policías comunitarios, son grupos armados que actúan de manera irregular”.
Insistió en que la estrategia de gobierno es ir avanzando en la institucionalidad, estableciendo lazos con las comunidades, a fin de revertir a los grupos que se amaron cuando no había presencia policial ni del municipio, “estamos tratando de revertir esta situación, desde luego con el gran apoyo de la autoridad federal”.
De la balacera en la comunidad de Oxtotitlán, en Teloloapan, aclaró que no se registró ningún enfrentamiento, fue un intento de la PC de Heliodoro Castillo de avanzar, pero ahí también hay presencia del Estado.
En el tercer día de la diligencia de búsqueda de fosas clandestinas y restos humanos por el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, continuó en un paraje cercano al basurero municipal de Cocula y de la barranca La Carnicería, en el que excavaron tres posibles entierros pero no hubo hallazgo de cuerpos.
La directora general y vocera del colectivo, Adriana Bahena Cruz, informó que continuaron en la zona donde ya habían marcado 5 posibles entierros, de los que el martes procesaron 2 y ayer los otros 3 pero no localizaron nada.
La zona explorada, dijo, les fue señalada por un informante anónimo que ha colaborado con la asociación de familiares de víctimas de desaparición, mismo que antes ya los ha llevado al hallazgo masivo de 16 cuerpos, de los que se logró identificar a 2 de los hijos desaparecidos de una de las integrantes del colectivo.
Bahena Cruz contó en declaraciones por teléfono, que en las tres fosas se excavó a poco más de un metro de profundidad con picos y palas, y se exploró con binomios caninos de la FGR, hasta descartar que hubiera víctimas inhumadas en el lugar.
Destacó que aunque no se logró en este paraje el hallazgo de cuerpos, sirvió para descartar que no haya víctimas, lo cual da tranquilidad a las familias que tenían interés de hacer búsquedas en esa zona ante la información que han recibido y recabado de que ahí podrían estar sus hijos.
Todavía este jueves y viernes la jornada de búsqueda de fosas clandestinas del colectivo Los Otros Desaparecidos continúa con el acompañamiento y resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Guardia Nacional y el Ejército.
El paraje explorado entre martes y miércoles está muy cerca del basurero de Cocula, sitio en el que se fraguó la llamada verdad histórica del Caso Ayotzinapa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y cerca de la barranca La Carnicería, lugar en el que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) recuperó fragmentos óseos de los que se logró la identificación de Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, dos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en los ataques de septiembre de 2014.
Presidentes de cámaras empresariales de hoteles, restaurantes y comercios, respaldaron los recorridos de vigilancia que hará la Guardia Nacional en lanchas por el área de playa para inhibir los delitos; confían que con estas acciones disminuyan los incidentes violentos en esa zona porque afectan al turismo y al sector náutico.
Consultados por separado, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo, Alejandro Martínez Sidney, y el presidente de Hoteles y Restaurantes de la Zona Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez, opinaron que la coordinación de los tres órdenes de gobierno es fundamental para la prevención de delitos.
Este jueves la Guardia Nacional inició los recorridos de vigilancia por mar en tres lanchas, como parte del reforzamiento de seguridad del programa Santa Lucía.
Martínez Sidney declaró que la medida del Ejército de establecer “un cinturón de protección” en la zona marítima es una respuesta “a la necesidad que ha manifestado el sector náutico y turístico del puerto de establecer un sistema de vigilancia que elimine la ruta de huida de los delincuentes en motos acuáticas”.
Por ello la estrategia es para atender “este nuevo mal que aqueja a la ciudad y que por supuesto se ha visto reflejado en la reducción de visitas de turistas al puerto”.
“Con esta acción se demuestra que el Ejército y Guardia Nacional están de lado del ciudadano, listo en mar y tierra para responder a las demandas más sentidas”, puntualizó.
El empresario dijo: “respaldamos totalmente esta acción, era un clamor del sector empresarial y del náutico que se atendía la delincuencia que estaba operando en el mar”, y es que citó el enfrentamiento a balazos que hubo en playa Icacos, donde hombres se dispararon desde motos acuáticas.
El empresario hotelero Francisco Aguilar opinó “todo lo que sea vigilancia está bien, por primera vez se da este caso de que haya lanchas para dar vigilancia en el mar, me parece excelente, ojalá que en tierra estén coordinados a fin de que la delincuencia se calme”.
Consideró que con estas acciones se inhibirán los delitos, porque “ya habían agarrado de costumbre después de una agresión huir en lancha, y ahora será diferente porque ya habrá lanchas que hagan recorridos, ojalá que haya más coordinación para que las lanchas rápidas de la Marina y helicópteros también ayuden”.
Agregó que se requiere que haya más coordinación porque es “lamentable y triste que en tal lado hubo una balacera en la franja de arena y no agarraron a nadie, ya tenemos que dejar de lado la estrategia de “abrazos no balazos”, así cuándo vamos a terminar con la violencia, me parece bien que se hagan este tipo de medidas”.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el matiz que gobernadores están dando a la Guardia Nacional, para que sus mandos sean civiles, es un avance.
Subrayó no obstante que el énfasis debe ponerse en regresar paulatinamente a los militares a sus cuarteles y fortalecer a las corporaciones policiacas –como recomiendan la ONU y al CIDH–, pues con el nuevo cuerpo se afianza a los soldados en las tareas de seguridad.
Lamentó que en el debate sobre la Guardia Nacional que promovió la Cámara de Diputados, se hayan excluido a los organismos civiles de derechos humanos.
Este martes 8 de enero, varios gobernadores, entre ellos Héctor Astudillo Flores de Guerrero, participaron en la primera audiencia en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional, para apoyar su integración con soldados, marinos y policías federales, con la condición de que el mando sea civil y recaiga en la Secretaría de Seguridad Pública y no en la de Defensa Nacional como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También rechazaron que la Guardia Nacional propuesta tenga facultades de investigación, como plantea la iniciativa presidencial, pues ésta es una tarea que corresponde al Ministerio Público.
En consulta telefónica, Barrera Hernández, ratificó que legalizar la Guardia Nacional deja la puerta abierta a la permanencia de los militares en los cuerpos de seguridad pública.
Señaló que se habla de que van a crear nuevos grupos de seguridad “desde una perspectiva militar, y creemos que en términos del modelo de seguridad, no cumple con estándares internacionales que señala Naciones Unidas y varios organismos internacionales”.
Recordó que los organismos de derechos humanos han reiterado que en gobiernos democráticos “el ejército no puede por ningún motivo suplantar a cuerpos policiales, sino, no tendrían razón de ser las corporaciones policiacas ni su función de prevenir el delito, proteger el patrimonio de las personas, su integridad física y garantizar el orden”.
Mientras los policías son agentes de atención y proximidad a la población, la formación de los soldados encuadra en la lógica de la guerra, de combatir al enemigo. En este contexto comparó el uso de soldados en actividades de seguridad pública, como un médico que atiende no sólo personas, sino a todo ser viviente, “aquí es como torcer mucho la figura de una Guardia Nacional que se quiere decir civil, con militares”.
Insistió en que con la Guardia Nacional se quiere imponer una mezcolanza, particularmente en Guerrero, donde los militares han asumido antes tareas de seguridad con una visión de contrainsurgencia, que ve a los ciudadanos organizados como rivales o enemigos, “es una visión maquiavélica de que quien actúa críticamente es un peligro para la estabilidad social”.
Advirtió que esa línea dura de usar las leyes para castigar a luchadores sociales y defensores de derechos humanos, que llevó a la cárcel a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, actual senadora por Morena, Nestora García a la cárcel, tiene como punto de quiebre la participación del Ejército en tareas de seguridad.
No hay policía corrupto, si no que hay político corrupto
De los altos índices de violencia, que parecen incrementarse todos los días, y la corrupción de las corporaciones policiacas que argumentaron para mantener a soldados en la calles durante dos sexenios, el defensor aclaró eso es negar que la figura del policía sí se puede profesionalizar.
Aclaró que la fecha no hay un programa que verdaderamente apueste al fortalecimiento de las corporaciones policíacas, “el punto más corroído del sistema de seguridad”, sin embargo, añadió que “no hay policía corrupto, sino hay político corrupto”.
Estimó que no se puede colocar en el banquillo de los acusados sólo a policías, que sí forman parte del engranaje de la corrupción, mientras no rindan cuentas los mandos de corporaciones policías como los funcionarios de gobierno.
El defensor insistió en una reforma que devuelva la confianza a los ciudadanos en los policías.
Por otro lado, confirmó que la vía de los hechos Guardia Nacional ya está operando en Guerrero. Indicó el Ejercito comenzó a tener control de la información de seguridad, porque todos los alcaldes de la región Montaña están entregando informes diarios en el 98 batallón de Tlapa, y se reúnen semanalmente con los responsables de la seguridad municipales.
Confirmó que los organismos están excluidos del análisis de la seguridad en el nuevo gobierno “porque sabemos que es una perspectiva que debilita gravemente al sistema de seguridad estatal, federal y va en detrimento del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, que son parte de nuestro sistema democrático”.
Decenas de jóvenes que ayer asistieron a la Octava Región Naval de Acapulco, para dejar solicitudes o pedir información para ingresar a la Guardia Nacional-Foto: Carlos Alberto Carbajal
Alrededor de 300 jóvenes acudieron este miércoles a las instalaciones de la Octava Región Naval para “entregar” documentación para ingresar a la Marina o la Guardia Nacional, pero les dijeron que todavía no hay información para la nueva policía que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Algunos llegaron de municipios como Atoyac, Tecpan y Coyuca de Catalán, así como de colonias de Puerto Marqués o Coloso e hicieron fila por más de dos horas para poder entregar documentación.
Informaron que los habían citado para entregar documentos para el “servicio militar” y traían en carpetas sus documentos, pero alrededor de las 9 de la mañana les dijeron que sería hasta la próxima semana.
Dos jóvenes –una mujer y un hombre– de Atoyac tuvieron que salir a las 4 de la mañana, por lo que lamentaron que no les hayan recibido sus documentos.
Ambos aspiran a ingresar a la Marina. A él le gustan los barcos mientras ella indica que es maestra de Educación Física y sus amigas le han dicho que ahí contratan para dar clases a los hijos de los marinos.
Mientras de Coyuca de Benítez llegó Francisco Manuel Flores, un joven que acaba de terminar el bachillerato, y dijo que su aspiración en ingresar a la Guardia Nacional y que se enteró cuando lo dio a conocer el presidente de la República.
Dijo que ha dado varias vueltas, pues en la primera vez que fue le dijeron que no reunía el 1.70 de estatura que se necesita y pues “la verdad en México la mayoría somos chaparros, no todos somos altos”.
Indicó que estaba ahí para insistir porque les dijeron que para la Guardia Nacional se van a cambiar los requisitos y “vamos a ver qué van a pedir”.
Indicó que desconoce cuánto irán a pagar por pertenecer a la Guardia pero que sabe que es bueno.
Sobre porqué ya no quiso seguir estudiando, Francisco Manuel dijo que sus padres no son de muchos recursos y prefiere que le den estudios a su hermana para que tenga mejor vida y ya el trabajando apoyarlos con algo.
Sobre si era consciente del riesgo que era en esos momentos pertenecer a una corporación policiaca ante los altos niveles de inseguridad, respondió que sí lo sabía, pero que también es importante servir al país y combatir la delincuencia. Indicó que lo ha inspirado su papá que fue soldado y “desde pequeño lo he admirado”.
En la zona naval a las 11 de la mañana iba a arribar el buque escuela de Polonia, por lo que llegaron reporteros, y al ver que éstos estaban entrevistando a los aspirantes y tomando fotos, marinos llamaron a los jóvenes y les dijeron para el servicio era hasta la próxima semana.
Y para los que aspiraban a la Guardia Nacional uno de los marinos les dijo: “No tenemos conocimiento de nada de la Guardia”. Luego les pidió que se retiraran para que “no hubiera mucha grilla”.
Integrantes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande esperan en la entrada a la comunidad Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan, a las autoridades del Ejército, Marina y Gendarmería, que integrarán la Guardia Nacional con las que tuvieron un diálogo ayer . Foto: Brenda Escobar
En la reunión con representantes del gobierno del estado y de la fuerzas armadas que integrarán la Guardia Nacional: Ejército, Marina y Policía Federal división Gendarmería, integrantes de la Policía Ciudadana de cinco municipios limítrofes de las regiones Tierra Caliente y Costa Grande manifestaron que no se van a desarmar, y que mantendrán retenes con armas de grueso calibre en la sierra de Petatlán para contrarrestar la violencia de la delincuencia organizada.
Los funcionarios coincidieron en indicarles que ninguno estaba facultado para autorizarles tal situación que está fuera de la ley, pero les respondieron que “nos atenemos a las consecuencias porque se trata de defender nuestras propias vidas y la de nuestras familias”.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad Santa Rosa y duró poco más de 4 horas y media.
El lunes vecinos e integrantes de esta nueva Policía Ciudadana bloquearon 8 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, donde exigieron la intervención de la Guardia Nacional para detener la violencia que viven en la zona serrana.
Ese lunes en la noche fueron atendidos por el delegado regional de Gobierno con sede en Tecpan de Galeana, Juan Méndez Nogueda, y un representante de la Policía Federal Preventiva división Caminos, quienes se comprometieron a que este martes tendrían una reunión con representantes de la Guardia Nacional, integrada por la Marina, el Ejército y la Policía Federal división Gendarmería, así como funcionarios federales, estatales y municipales relacionados con la seguridad.
Aunque la hora acordada para la reunión este martes fue a las 10 de la mañana, los integrantes de la Policía Ciudadana volvieron a bloquear de manera intermitente la carretera nacional desde las 6 de la mañana dando el paso a los vehículos cada 15 minutos, pero la dejaron libre a las 9, cuando llegaban los funcionarios.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad de Santa Rosa, fue coordinada por el delegado de Gobierno, Juan Méndez Nogueda, y estuvieron el delegado de la Dirección Gobernación estatal con sede en Tecpan, Virgilio Abarca Sánchez, la síndica procuradora de Tecpan, Magna Guadalupe Ríos Caro, el agente titular del Ministerio Público federal en Zihuatanejo, José Virgilio Teutle Mendoza, el inspector de la Policía Federal de Caminos en Tecpan, Héctor Peña Nicolás, el coordinador regional de Seguridad Pública estatal en la Costa Grande, Pedro Castro Muñoz, y el representante de la delegación estatal de Gobernación, Juan Moreno Barrios.
También estuvo el coordinador regional de la Marina Guardia Nacional, Jorge Daniel Bernal Lara, el titular del Ministerio Público del fuero común de Tecpan, Agustín Peña Fajardo, el inspector de la Policía Militar, Gustavo Chacala y el suboficial de la Policía Federal Gendarmería, Said Ruiz Flores.
De la Policía Ciudadana, que se informó está adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), llevaron la batuta Guillermo Díaz Espino, Víctor Espino Cortés e Ignacio Chávez Arreola.
Acudieron 36 comunidades de la sierra de Petatlán y dos ejidos de Coyuca de Catalán, informan
Durante la exposición de los motivos por los que se formó la autodefensa, Ignacio Chávez dijo que en esos momentos se encontraban representando a 36 comunidades de la sierra del municipio de Petatlán y a dos ejidos limítrofes del municipio de Coyuca de Catalán, El Durazno y San Antonio de las Tejas, conformados “por muchas comunidades”.
Informó que un grupo de la delincuencia organizada asentado en la parte poniente de la sierra de Petatlán, desde hace meses asesina, secuestra, desaparece personas, roba ganado, quema ranchos, cobra piso, y envenena alimentos para provocarles la muerte a los habitantes de esas comunidades, entre otros ilícitos, sin que las autoridades los detengan.
Expuso que debido a lo grave de la situación de inseguridad decenas de familias han tenido que dejar sus comunidades “sólo con la ropa que traen puesta”, para poder salvaguardar sus vidas.
Apuntó que a consecuencia de las localidades abandonadas sólo en este año se han perdido “más de cien toneladas de aguacate y más de cien toneladas de manzanas orgánicas”, que son parte de los productos que cultivan en la parte alta de la sierra.
Dijo que el lunes en Santa Rosa recibieron una amenaza del jefe del grupo delincuencial en el sentido de que si las mujeres de esa zona de la sierra acudían este martes a la cabecera municipal de Petatlán a cobrar el dinero de un programa de gobierno, las matarían a ellas y a sus niños.
Enseguida pidió a los funcionarios que escucharan los testimonios de las víctimas de los criminales, que han asesinado a unos 26 habitantes de la sierra, según el registro que ellos llevan.
Algunos vecinos de la sierra expusieron a llanto abierto, cómo por presuntas órdenes del jefe criminal les han matado a sus hijos porque se negaron a formar parte de la organización criminal, y cómo ellos han tenido que huir dejando atrás su patrimonio producto de muchos años de trabajo.
Otros contaron cómo los delincuentes han llegado a sus casas y les quitan las tejas para llevárselas, uno más dijo que mataron a sus hermanos porque se negó a pagarles una cuota de 100 mil pesos que le exigían.
Otro contó que su hermano fue sacado de su casa y desde hace un mes se desconoce su paradero, a algunos más les han robado su ganado y los sicarios se han quedado con sus tierras y sus casas.
Coincidieron en que se cansaron de ser víctimas de todos esos abusos y se organizaron para defender sus vidas, ya que las corporaciones policiacas pese a que conocen la inseguridad que se vive en la sierra, no han intervenido para detener al jefe criminal, del cual dieron detalles de dónde puede ser localizado, al tiempo que consideraron inverosímil que no haya podido ser detenido, “no estamos diciendo que estén coludidos, pero no han podido acabar con esta inseguridad”.
Uno de los campesinos expresó que con la inseguridad que se vive en la sierra, principalmente en el ejido El Durazno, el jefe criminal tiene la vista puesta en que toda esa zona “se quede sola” para explotar los recursos maderables de ese núcleo agrario, que cuenta con 1 millón de metros cúbicos de madera en rollo, la cual “vendida en Papanoa cuesta mil 700 pesos el metro cúbico, estamos hablando de miles de millones de pesos que piensa sacar si se queda con toda nuestra madera, por eso anda matando a la gente”.
También expusieron que en la sierra hay comunidades que ya no tienen maestros ni doctores, y las pocas familias que quedan allá han preferido mandar a otros lugares a sus hijos varones para que no sean obligados a integrarse al grupo criminal.
Uno de los campesinos se dolió de la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), contó que desde hace un año que le mataron a su hijo ha dado vueltas en la agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán y no han girado una orden de aprehensión en contra de los autores intelectuales y materiales del asesinato. Lamentó que hay justicia sólo para quienes tienen el dinero para conseguirla.
Otro señaló que requieren de nueva cuenta los documentos de sus tierras y demostrar que son los legítimos dueños, pues al salir de sus lugares de origen no tuvieron posibilidad de traérselos consigo.
Tienen que poner la denuncia, responden las autoridades y ofrecen un módulo móvil del MP en Santa Rosa
Los funcionarios dijeron que para que puedan intervenir en los homicidios tienen que poner una denuncia ante la Fiscalía General, y en ese punto durante varios minutos se enfrascaron en un intercambio de comentarios respecto a la ineficiencia de los agentes del Ministerio Público para procurar justicia pronta y expedita.
Luego, el delegado Juan Méndez informó que se autorizó que durante dos días a partir de este miércoles un módulo móvil del MP estará en Santa Rosa para registrar todas las denuncias por homicidio y demás delitos por los cuales se sientan agraviados.
Asimismo, también por dos días estará un módulo con servidores públicos del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria atendiéndolos en esta localidad para que puedan recuperar sus documentos.
Enseguida Méndez Nogueda les pidió que fijaran su postura respecto a su decisión de conformar una Policía Ciudadana, pues indicó que aunque estén adheridos a la UPOEG carecen de legalidad, ya que las policías comunitarias consideradas en la Ley 701 sólo son para un territorio especial del estado (la Costa Chica-Montaña donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –CRAC-), “y ustedes están fuera de ese territorio”.
Uno de los representantes comentó que lo que buscan es coordinarse con la Guardia Nacional para hacer frente al grupo delincuencial que tiene asolada esa región.
Expuso que están cansados de la inseguridad en la que viven y que sólo tienen dos propuestas: trabajar en coordinación con la Guardia Nacional, “porque nosotros sí sabemos y conocemos por dónde se mueve esa gente”, o que los dejen hacerle frente ellos mismos, “nosotros ya nos conformamos como Policía Ciudadana y retroceder significa la muerte”.
Pidieron que además de buscar una coordinación con la Guardia Nacional se revise la situación legal de los policías municipales de Petatlán, pues aseguraron que esa corporación no sirve a los intereses del pueblo, sino a los del grupo criminal, al tiempo que consideraron que policías que no estén acreditados ni evaluados por los exámenes de control de confianza no pueden trabajar como tales.
Admitieron que quizás ellos como Policía Ciudadana no están constituidos de manera legítima, por lo que pidieron que sean asesorados para poder defender sus vidas, las de sus familias y su patrimonio.
Este viernes tendrán una reunión con asesores jurídicos del gobierno federal en las oficinas de la Policía Federal en Acapulco, según acordaron.
El coordinador de la eventual Guardia Nacional dijo entender como ciudadano y como militar la situación de inseguridad que están padeciendo, pero que no pueden coordinarse con ellos como Policía Ciudadana pues esa figura no está en la nueva ley de la Guardia Nacional, pero ofreció que “como ciudadanos” sí se pueden coordinar aportando información sobre los lugares en dónde encontrar al grupo criminal para combatirlo.
La respuesta que obtuvo fue que no van a dejar las armas, sino que harán retenes de vigilancia en la sierra, “con el mismo calibre de armas que trae esa gente, ellos traen rifles AK-47, AR-15, calibre 50”, y que están dispuestos a atenerse a las consecuencias, “lo que estamos pidiendo es que ustedes nos ayuden y nosotros ayudarlos para que ya se acabe toda esta violencia”, y acordaron que mientras resuelven la situación legal, “como ciudadanos” aportarán información a la Guardia Nacional para que acuda a la sierra a combatir a los hombres armados, “vamos a buscar la legalidad, pero mientras tanto, nos vamos a defender”.
Enseguida los funcionarios aseguraron que seguirán reuniéndose con ellos para darle seguimiento al tema de inseguridad en la sierra de la Costa Grande y la Tierra Caliente.
