La titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaquelín González Salgado, que fue levantada el lunes en su oficina por 20 hombres armados y liberada cerca de la medianoche de este martes, salió de la Tierra Caliente la mañana de este miércoles con el operativo que también regresó a Chilpancingo.
Aproximadamente a las 10 de la mañana, salieron de la Tierra Caliente los elementos de la Policía Ministerial del Ejército y la Guardia Nacional que vinieron de manera especial a buscar a la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán.
Se confirmó que en ese convoy de 10 patrullas, también salió la licenciada Jacqueline González Salgado luego de ser liberada cerca de la medianoche de este martes y quien decidió retirarse de la región.
Al mismo tiempo se informó que luego de los hechos violentos, la titular del Ministerio Público será cambiada sin que se conozca por el momento la decisión de la Fiscalía, por lo tanto por el momento la agencia de Coyuca de Catalán no tendrá titular.
La licenciada Jacqueline González fue levantada al mediodía de este lunes. La Fiscalía informó que un grupo de 20 hombres armados fueron los responsables de llevarse a la abogada desde sus oficinas para lo cual entraron al edificio y desarmaron a los policías ministeriales.
El edificio regional de la Fiscalía en Coyuca de Catalán es un complejo que cuenta con oficinas amplias. Ahí es la sede de cinco Ministerios Públicos auxiliares, en el segundo piso cuenta con el área forense con espacio para laboratorio y psicólogos. También cuenta con oficinas para el fiscal regional y el área de expedición de cartas de antecedentes no penales. Existe otro espacio amplio con oficinas y salas diversas para atender casos de violencia intrafamiliar.
Otro edificio tiene camas y separos para los agentes ministeriales además de una sala forense. Cuenta con un amplio estacionamiento y en el patio de atrás se construyó una sala especial para juicios orales debido a que el Poder Judicial no contaba con un terreno para realizar sus actividades desde el 2015 cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia.
A este edificio entraron los 20 hombres armados.
Desde la noche del lunes llegaron los efectivos estatales y federales para el operativo especial de búsqueda, que recorrió zonas urbanas, se instalaron filtros de revisión en carretera y se anunció la llegada de más efectivos para este miércoles.
Cerca de la media noche se confirmó que la abogada fue liberada y llegó caminando sola. Incluso algunos elementos de la Policía Ministerial seguían en operativo en el momento en el que ya estaba la abogada en las instalaciones del Ministerio Público.
Durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles se colocó una patrulla del Ejército y los elementos del operativo especial en las instalaciones resguardando el edificio. Pero por la mañana se confirmó que salieron de la región y que se llevaron a la titular del Ministerio Público.
Según el reporte se encontraba sana y salva y no presentaba huellas de violencia física, sin embargo también fue atendida por el área psicológica debido al temor y la presión emocional.
La búsqueda comanzó en Coyuca de Catalán y se extendió a seis municipios de la Tierra Caliente, informa la fiscal
La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, emitió anoche un videomensaje en el que dijo que tras la privación de la libertad de la agente del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaquelín González Salgado, se movilizaron fuerzas estatales y federales, y que por eso se logró que sus captores la liberaran.
Dijo que “de manera inmediata se inició con los trabajos de gabinete y búsqueda en campo de manera ininterrumpida, primero en el municipio de Coyuca de Catalán y se emitió la ficha de búsqueda del protocolo Alba”.
Agregó que las acciones de búsqueda se ampliaron a Ajuchitlán del Progreso, Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala, Cutzamala de Pinzón y Zirándaro de la región Tierra Caliente, encabezados por la Fiscalía Especializada y Búsqueda de Personas desaparecidas, con soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado y su helicóptero, y se abrió una carpeta de investigación
Agradeció “a todas las instituciones de seguridad federales y estatales, a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación por su destacada e invaluable participación”.
Además agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por el apoyo de la aeronave. “Estas acciones fueron determinantes para que los captores de nuestra compañera la liberaran sana y salva”.
La fiscal termina su mensaje: “Esta Fiscalía a mi cargo, refrenda su compromiso con nuestra compañera para que el hecho del cual fue víctima no quede impune”.
Por las lluvias militares y policías no prestan auxilio en la sierra de Tierra Caliente
Los caminos de la sierra están bloqueados por el crecimiento de arroyos; estas vías por lo general se utilizan para subir a diferentes comunidades de la parte alta, pero las corporaciones desde las cabeceras municipales no pueden transitarlas para atender los reportes de hechos violentos por lo que la responsabilidad queda en manos de diversas bases que se encuentran en aquella zona.
Existe en Coyuca de Catalán la base regional de la Policía del Estado, la de la Policía Invgestigadora Ministerial (PIM) y en Altamirano la base de la Guardia Nacional y del Ejército las cuales cubren los nueve municipios de la Tierra caliente.
Sin embargo, con la llegada de la temporada de lluvias ya no pueden subir a la parte de la sierra debido a que hay varios tramos de camino que realmente son parte del cauce de algún arroyo y que actualmente ya no se pueden utilizar.
En el último mes hubo reportes de hechos violentos en la sierra de San Miguel Totolapan, y en un caso más reciente en la Coyuca de catalán en donde se solicitó la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional.
En su lugar, la Secretaría de Seguridad Pública ha reportado que cuenta con una base en el municipio de San Miguel Totolapan, y en Coyuca de Catalán en los que también está el Ejército quienes tienen la responsabilidad de atender estos reportes o en su defecto hay algunos caminos por donde pueden acceder pero desde lado de la costa.
Esto impide que suban corporaciones policiacas desde la parte baja incluso de los elementos de la policía municipal.
Para esas temporadas las comunidades se preparan debido a que año con año quedan incomunicadas con la parte baja por el bloqueo de caminos y en algunos casos incluso por derrumbes que dejan en mal estado las brechas. (Israel Flores / Ciudad Altamirano)
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron una inspección en la casa donde vivió María Isabel Ayala, esposa del dirigente guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, en el poblado de Xaltianguis, porque personas ajenas han entrado al inmueble.
El sábado la hija de María Isabel, Micaela Cabañas Ayala, acompañada de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) acudió al panteón del poblado para dejar flores en la tumba de su madre, y durante su estancia en ese lugar exigieron que se haga justicia a 12 años de su asesinato.
Debido a que en su visita a Xaltianguis fueron escoltados por agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, los pobladores bloquearon la carretera para impedir el ingreso de las corporaciones, porque pensaron que se trataba de algún operativo.
Los integrantes de las agrupaciones se bajaron de sus vehículos y después de explicar a los pobladores el motivo de su visita y de la presencia de las corporaciones, les permitieron el ingreso para que se pudiera llevar a cabo la inspección en la casa. Micaela Cabañas dijo: “después que han pasado 12 años y nosotros seguimos exigiendo justicia hoy por fin van a hacer una inspección ocular en nuestro domicilio para ver todo lo que ha pasado, pero principalmente hoy (sábado) venimos a recordar, a visitar a mi mamá”.
“Sigo en ese tenor de exigir justicia y no parar hasta que se entregue, se presente a algún culpable, no es justo lo que le pasó a mi madre”, dijo Cabañas Ayala. María Isabel Ayala fue asesinada el 3 de julio del 2011 en el poblado de Xaltianguis.
El integrante de la APPG, Nicolás Chávez Adame dijo que los acompañó la Guardia Nacional y una comisión de la Fiscalía porque se hizo la inspección en la casa donde vivió Isabel Ayala debido a que desde que está abandonada han ingresado personas ajenas al inmueble.
Detalló en entrevista que se dejó una ofrenda en la tumba y después se hizo entrega de un documento a Micaela en el que la APPG le propuso que en este año sea quien reciba la presea popular de Sentimientos del Pueblo. Aurora Harrison
Este jueves se organizó una reunión regional con transportistas de Tierra Caliente, en el centro cultural de Ciudad Altamirano, convocada por la delegación de Transportes, a cargo de Obeth Medina, en donde todas las organizaciones expresaron su inconformidad por la falta de inversión en carreteras de la región.
El encuentro tenía como objetivo escuchar las necesidades de los transportistas, además de acordar algunas formas de trabajo también con la Guardia Nacional, por la falta de licencias de manejo en todo Guerrero.
En el encuentro estuvieron presentes la representación de unos 15 sitio de taxis, además de los dueños del transporte público urbano de Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán y de diferentes comunidades que llegan a la cabecera de Pungarabato.
Ahí, los dueños del transporte tuvieron la posibilidad de hablar y expresar sus inconformidades.
La principal inconformidad de los transportistas es el mal estado de las carreteras. Uno de los líderes del sitio Rey Irepan, dijo que “la Tierra Caliente se mantiene olvidada por el gobierno estatal, la gobernadora presume que es la región, pero debería de presumir las condiciones en las que se encuentran todos los accesos a Ciudad Altamirano, las carreteras federales y las carreteras estatales están para dar vergüenza. La carretera a Tlalchapa lleva como cinco años que la están arreglando y ya se comenzó a echar a perder la primera parte a la que le dieron mantenimiento y todavía no terminan ni la mitad de la ruta hacia Ciudad Altamirano. En esas condiciones circula el transporte en la región, con costos muy altos de reparaciones, y a eso le tenemos que agregar los impuestos que nos están cobrando”.
En la reunión estuvo presente la delegada de Gobierno, María Asunción Santamaria Jiménez, a quien le dirigieron los mensajes y le pidieron que le dijera a la gobernadora que han visto como entrega apoyos para el transporte en otras regiones y cómo sólo están invirtiendo en Acapulco y Chilpancingo.
“Es en todos los aspectos, el mercado de Altamirano se quemó. Han pasado más de seis meses y no hay una sola inversión por parte del gobierno estatal, sin embargo, en Acapulco ahí sí la gobernadora se desvió por ayudarles y creo que eso demuestra claramente que no hay un trato igual para esta región”.
Por su parte, María Asunción Santamaria dijo que la gobernadora ya había anunciado una inversión en carreteras por más de 50 millones para la región, que además han llegado apoyos para varios municipios en transporte, de ambulancias y equipamiento de unidades, tanto para el traslado de pacientes como también para la atención de los problemas de la basura. Negó que haya un abandono en esta región, sin embargo, dijo que todas las opiniones que recibió las llevaría ante el gobierno estatal.
Los transportistas presentaron como segunda preocupación que están saliendo fuera de la región y que no hay licencias de manejo para expedir en ningún Ayuntamiento, pero tampoco en el gobierno estatal desde hace dos meses.
El personal de la Guardia Nacional que asistió al encuentro con los transportistas, informó que la sanciones o infracciones que se realicen al transporte se tomará en cuenta que no hay licencias de manejo, que por tal motivo, lo que les están pidiendo a los conductores del transporte público es que respeten los límites de velocidad, los sentidos de las calles y las condiciones de traslado, con las puertas cerradas por seguridad de ellos mismos, pero que en este momento no habrá alguna persecución hacia los conductores por no tener licencia de manejo.
Ahí mismo, se informó que el gobierno estatal a partir de agosto comenzará la expedición de licencias en todo el estado, desde las oficinas de Finanzas, las cuales deberán ser adaptadas para tal actividad.
Les informaron del precio de las licencias del gobierno estatal, donde mientras un Ayuntamiento cobra 500 pesos como maximo por el documento con tres años de vigencia, y en algunos éste era el precio del de cinco años, ahora la licencia nueva del gobierno estatal costará 790 pesos para tres años y poco más de 1 mil pesos por la de cinco años, para choferes.
Por ello, expusieron la posibilidad de que pudiera bajar el precio al 50 por ciento, siempre y cuando se logre en algún convenio con los municipios, del cual no especificaron detalles.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se toma una foto con efectivos de la Guardia Nacional al término de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la construcción de las instalaciones de la Coordinadora Estatal en Guerrero de la Guardia Nacional la cual estará ubicada a un costado del Parque Industrial del Ocotito Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
El Ocotito
Mandos militares, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la jefatura de la Guardia Nacional en Guerrero, colocaron este jueves la primera piedra de las instalaciones de la Coordinación Estatal de la corporación.
La obra ya se inició, en un predio de 10 hectáreas que fue donado por el Fideicomiso Guerrero Industrial, ubicado en la parte posterior del Parque Industrial El Ocotito.
En su intervención, la gobernadora insistió en que la clave y la estrategia para la pacificación de Guerrero, así como para combatir las causas que originan la violencia, son la coordinación y el diálogo, absoluto y permanente, entre todas las instituciones.
Asistieron al arranque de la obra, el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López; el coordinador en Guerrero de la Guardia Nacional, Andrés Ramírez Xochicali; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yanelly Hernández Martínez; la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, y la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
A pesar de que el banderazo de la obra se realizó dentro del municipio de Chilpancingo y de que la gobernadora Salgado Pineda resaltó la “coordinación como estrategia para lograr la paz”, no asistió la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez.
Su ausencia ocurre mientras hay en su contra una investigación, que se deriva de la difusión de dos videos en las redes sociales, en los que se le ve platicando con el líder del grupo delictivo de Los Ardillos, Celso Ortega, así como por señalamientos en una cartulina que fue dejada la madr gada del 24 de junio, junto con siete cuerpos desmembrados, frente a la parroquia del barrio San Mateo.
La alcaldesa ha sido excluida de los eventos del gobierno estatal en las últimas dos semanas y el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, le ha sugerido repetidamente que valore la posibilidad de solicitar licencia al cargo, pero ella ha respondido que hay intereses políticos de quienes piden su renuncia.
Datos de la obra
Ramírez Xochicali informó durante su intervención que la construcción de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional tendrá una inversión de más de 450 millones de pesos.
Las instalaciones, que se construyen en un predio de 10 hectáreas y constará de 40 edificios, para albergar dos comandancias, así como una de coordinación estatal y una de coordinación de batallón.
Asimismo, contará con alojamientos para 776 elementos, dos comedores, estacionamiento para 448 vehículos, dos edificios para atención médica, tres plantas tratadoras de aguas residuales, cuatro aulas académicas, depósito de vestuario, equipo, armamento y municiones.
Según el mando de la Guardia Nacional, también se construirán instalaciones deportivas, áreas para oficina y un helipuerto.
Ramírez Xochicali informó que en Guerrero, la fuerza de seguridad de la Guardia Nacional ya dispone de 4 mil 100 efectivos, y que en infraestructura, en todo el estado, se han construido 13 compañías, mientras que en obra se encuentran la coordinación estatal, tres coordinaciones de batallón y siete compañías, además, se tienen proyectadas una coordinación y seis compañías.
La gobernadora Salgado Pineda reconoció en su mensaje el “apoyo y acompañamiento” de la Guardia Nacional en la estrategia de seguridad en Guerrero. Dijo que esa corporación “se ha logrado posicionar como una efectiva, recibiendo la confianza del pueblo de Guerrero y de México, por la correcta actuación en beneficio de los pueblos”.
Agregó que la Guardia Nacional, al igual que las fuerzas armadas, son una pieza clave para territorializar la estrategia de seguridad y de construcción de paz, delineada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Desde un inicio, hemos impulsado esta estrategia para combatir las causas que originan la violencia. La coordinación, diálogo absoluto y permanente, entre todas las instituciones, es la clave de la pacificación para Guerrero y para México”, afirmó.
En el evento se informó que el predio fue donado por el Fideicomiso Guerrero Industrial, que depende del gobierno estatal, y del cual es titular Marcos Obed Ávila Carreño, quien estuvo presente en el acto.
Las instalaciones se construyen a un costado del parque industrial, que actualmente se encuentra totalmente abandonado y los galerones, que comenzaron a construirse en 2008 durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para el establecimiento de empresas industriales y generar empleos, están en ruinas y en medio de la maleza crecida.
Atrás del parque industrial fue colocada ayer la primera piedra de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, con la asistencia de la gobernadora Evelyn Salgado, mandos militares y autoridades civiles. El sitio se localiza en el municipio de Chilpancingo, pero no asistió la alcaldesa Norma Otilia Hernández. El coordinador en Guerrero de esa corporación federal, Andrés Ramírez Xochicali, informó que se invierten más de 450 millones de pesos en la obra que ocupará 10 hectáreas, y constará de 40 edificios, para albergar dos comandancias, la coordinación estatal y una de batallón; contará con alojamientos para 776 efectivos Foto: Jesús Eduardo GuerreroLa gobernadora Evelyn Salgado Pineda se toma una foto con efectivos de la Guardia Nacional al término de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la construcción de las instalaciones de la Coordinadora Estatal en Guerrero de la Guardia Nacional la cual estará ubicada a un costado del Parque Industrial del Ocotito Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Arranca la obra de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en El Ocotito
Estará ubicada en un predio que fue donado por el Fideicomiso Guerrero Industrial, atrás del Parque Industrial. Asisten la gobernadora, mandos militares y autoridades civiles, salvo la alcaldesa de Chilpancingo
Zacarías Cervantes
El Ocotito
Mandos militares, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la jefatura de la Guardia Nacional en Guerrero, colocaron este jueves la primera piedra de las instalaciones de la Coordinación Estatal de la corporación.
La obra ya se inició, en un predio de 10 hectáreas que fue donado por el Fideicomiso Guerrero Industrial, ubicado en la parte posterior del Parque Industrial El Ocotito.
En su intervención, la gobernadora insistió en que la clave y la estrategia para la pacificación de Guerrero, así como para combatir las causas que originan la violencia, son la coordinación y el diálogo, absoluto y permanente, entre todas las instituciones.
Asistieron al arranque de la obra, el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López; el coordinador en Guerrero de la Guardia Nacional, Andrés Ramírez Xochicali; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yanelly Hernández Martínez; la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, y la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
A pesar de que el banderazo de la obra se realizó dentro del municipio de Chilpancingo y de que la gobernadora Salgado Pineda resaltó la “coordinación como estrategia para lograr la paz”, no asistió la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez.
Su ausencia ocurre mientras hay en su contra una investigación, que se deriva de la difusión de dos videos en las redes sociales, en los que se le ve platicando con el líder del grupo delictivo de Los Ardillos, Celso Ortega, así como por señalamientos en una cartulina que fue dejada la madr gada del 24 de junio, junto con siete cuerpos desmembrados, frente a la parroquia del barrio San Mateo.
La alcaldesa ha sido excluida de los eventos del gobierno estatal en las últimas dos semanas y el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, le ha sugerido repetidamente que valore la posibilidad de solicitar licencia al cargo, pero ella ha respondido que hay intereses políticos de quienes piden su renuncia.
Datos de la obra
Ramírez Xochicali informó durante su intervención que la construcción de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional tendrá una inversión de más de 450 millones de pesos.
Las instalaciones, que se construyen en un predio de 10 hectáreas y constará de 40 edificios, para albergar dos comandancias, así como una de coordinación estatal y una de coordinación de batallón.
Asimismo, contará con alojamientos para 776 elementos, dos comedores, estacionamiento para 448 vehículos, dos edificios para atención médica, tres plantas tratadoras de aguas residuales, cuatro aulas académicas, depósito de vestuario, equipo, armamento y municiones.
Según el mando de la Guardia Nacional, también se construirán instalaciones deportivas, áreas para oficina y un helipuerto.
Ramírez Xochicali informó que en Guerrero, la fuerza de seguridad de la Guardia Nacional ya dispone de 4 mil 100 efectivos, y que en infraestructura, en todo el estado, se han construido 13 compañías, mientras que en obra se encuentran la coordinación estatal, tres coordinaciones de batallón y siete compañías, además, se tienen proyectadas una coordinación y seis compañías.
La gobernadora Salgado Pineda reconoció en su mensaje el “apoyo y acompañamiento” de la Guardia Nacional en la estrategia de seguridad en Guerrero. Dijo que esa corporación “se ha logrado posicionar como una efectiva, recibiendo la confianza del pueblo de Guerrero y de México, por la correcta actuación en beneficio de los pueblos”.
Agregó que la Guardia Nacional, al igual que las fuerzas armadas, son una pieza clave para territorializar la estrategia de seguridad y de construcción de paz, delineada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Desde un inicio, hemos impulsado esta estrategia para combatir las causas que originan la violencia. La coordinación, diálogo absoluto y permanente, entre todas las instituciones, es la clave de la pacificación para Guerrero y para México”, afirmó.
En el evento se informó que el predio fue donado por el Fideicomiso Guerrero Industrial, que depende del gobierno estatal, y del cual es titular Marcos Obed Ávila Carreño, quien estuvo presente en el acto.
Las instalaciones se construyen a un costado del parque industrial, que actualmente se encuentra totalmente abandonado y los galerones, que comenzaron a construirse en 2008 durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para el establecimiento de empresas industriales y generar empleos, están en ruinas y en medio de la maleza crecida.
El secretario de Seguridad Pública Estatal Evelio Méndez, el General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso y el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez en conferencia de prensa anoche en las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado Foto: El Sur
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
El gobierno del estado continuará privilegiando el diálogo, pero no caerá en chantajes ni provocaciones, advirtió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Vemos en el fondo un intento por desestabilizar este gobierno y manchar la administración de Evelyn Salgado”, sostuvo.
Aseguró que en la marcha identificaron a gente armada que disparó contra los vehículos blindados. El secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez adelantó que pondrán a disposición de la Fiscalía estatal los videos del ataque armado para iniciar las investigaciones.
Evelio Méndez Gómez, detalló que son cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de Gobernación federal los que permanecen retenidos.
Ante esta retención el secretario General de Gobierno advirtió: “Si prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, tenemos que tomar otra estrategia”.
A las 7:30 de la noche se convocó a una conferencia en Palacio para que el gobierno del estado fijara una postura de otra jornada violenta en la capital.
Estuvieron el secretario de Seguridad, el secretario general de Gobierno y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez.
El también capitán de Marina, Evelio Méndez, expuso la serie de hechos de este lunes al sur de la capital con la irrupción de miles de pobladores de Quechultenango, Mochitlán y Petaquillas (Chilpancingo), con palos, machetes, piedras y armas de fuego.
Los 300 agentes de la policía estatal y Guardia Nacional, admitió, fueron rebasados en número por lo que tuvieron que replegarse.
“No quisieron dialogar, llegaron golpeando y tumbando las barreras metálicas contra el personal por lo que empezó el repliegue; estaban superados en número y aparte estaban golpeando con piedras y palos. “Se apoderaron de un vehículo blindado y lesionaron a cuatro agentes de Policía estatal y ocho de la Guardia Nacional. Se privó de su libertad a ese personal”.
De la Autopista, añadió, llegaron al Congreso para entrar al estacionamiento y luego dirigirse al Palacio de gobierno donde aventaron el vehículo blindado contra una de las entradas.
Aseguró que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, pidió a los manifestantes conformar una comisión para atender sus demandas y pidió liberar al personal retenido.
“En ningún momento establecieron su comisión”, dijo el secretario de Seguridad estatal.
Fue una manifiestación inusual, subraya
El secretario de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, fijó que la manifestación resulta inusual porque los manifestantes demandaron un número inusitado de obras que no habían dado a conocer previamente ni sus alcaldes.
“Se presentan de manera agresiva, tumultuaria, golpeando y agrediendo a personal de Seguridad Pública que habíamos dispuesto en la carretera federal para evitar que hubiera una confrontación y bloqueo de mayores consecuencias”.
“En ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”.
Insistió que no había petición previa de Guillermo Matías Marrón y Gilmar Sereno Chávez, quienes encabezaron a los pobladores.
Dijo que el gobierno tiene prevista una inversión en estos municipios para 2023 de 145 millones de pesos en obra pública.
“Nos resulta muy extraño que los alcaldes de estos municipios, que no hemos podido localizar, no hayan hecho ninguna manifestación al respecto, siendo que son los primeros responsables de atender demandas de comisarios”.
El funcionario dijo que el gobierno del estado seguirá buscando el diálogo pero que no van a caer en chantajes ni en provocaciones.
“Lo que vemos en el fondo es un intento por desestabilizar este gobierno, un intento por manchar la administración de Evelyn Salgado, cuando hemos trabajado e incomodado grupos que antes tenían poder y mayor influencia en estos municipios.
“Hoy tenemos zonas donde el estado no tenía ninguna presencia, Tierra Caliente, la Sierra, hemos liberado carreteras federales y vamos a seguir brindando seguridad.
Pidió a la ciudadanía mantener la calma.
“Estos eventos violentos de hoy no tienen que ser la constante en el estado, estamos trabajando para que no suceda en conjunto con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, del Ejército.
“Hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo y de la ley, no pueden seguir estas personas privadas de la libertad, un llamado para que acudan a la mesa de trabajo”.
El secretario de Gobierno regresó al tema de las demandas en la manifestación afuera de Palacio de gobierno.
“Acudí a recibirlos, a pedirles su pliego petitorio, nos enteramos que es una propuesta para 2024, ni siquiera para este año, con mayor razón es una propuesta que no le vemos fundamento.
Si ya hubiesen hecho un planteamiento y no tuvieran una respuesta pues probablemente podrían justificarse.
“Pero venir a agredir, a prácticamente asaltar el Congreso, el Palacio de Gobierno, a lastimar a las policías que están para cuidar a la ciudadanía, pues no es la ruta”.
Dijo que buscarán la mejor forma para que la ciudadanía de los municipios que se manifestaron pueda tener acceso a las obras y servicios que demandan.
Ya se identificó a los líderes
Los reporteros le preguntaron si el gobierno tiene identificados a los líderes o participantes de la protesta.
Respondió que se está en proceso de identificación y que hay otras personas que participaron en una retención a la policía ministerial el año pasado en Quechultenango.
“Están identificados, habremos de actuar en su momento”.
Aseguró que se van a levantar actas por los daños, detenciones, la violencia y las personas privadas de la libertad.
Acerca de la jornada de asesinatos con violencia el sábado en Tixtla y la capital del estado, respondió: “Los hechos que se dieron el sábado se dan en el contexto de esta pugna por parte de los grupos delictivos, uno que ha estado en la ciudad capital con otro Los Ardillos, vemos que sucedió de esta manera”.
Justificó que ese día fortalecieron la presencia de la policía estatal y del Ejército, instalaron puntos de control en entradas y salidas de la ciudad.
“Son hechos lamentables que generan miedo, zozobra en la población, pero estamos decididos a actuar, tenemos identificaciones de personas que actuaron en estos hechos y estamos dando seguimiento.
El funcionario evadió la pregunta de si estos hechos tienen que ver con la reunión de la alcaldesa Otilia Hernández con un líder criminal.
Respecto a la comunicación de la gobernadora con la federación, respondió que ha estado en constante comunicación con la titular de Gobernación, Luisa María Alcaide y la de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Y regresó al tema de la delincuencia. “Muchos de estos hechos se dan en un contexto de delincuencia organizada como estado coadyudamos en la lucha del crimen pero es una función de la federación.
“Lo atendemos a través de la Mesa para la construcción de la paz con acciones coordinadas. El estado no va a rehuir a su responsabilidad”.
Expresó que si la petición de los manifestantes es reunirse con la gobernadora debe haber disposición que no han notado.
“Debe haber disposición que no hemos notado, se tiene que revisar que están pidiendo, la viabilidad económica, implica la ejecución de presupuesto”.
“No tiene por qué ser diferente y eso lo deben entender ellos también. Lo que hoy están haciendo no tiene nada que ver”.
Un reportero preguntó casi al final si la manifestación de este lunes tiene que ver con la detención de dos líderes transportistas con cartuchos de armas de alto calibre y droga.
“Identificamos en la marcha a familiares de estas personas y que no había un planteamiento original de obras pero lo que más nos preocupa es la forma en que se dieron estos eventos.
“Identificamos gente armada que disparó en contra de los vehículos blindados. Identificamos irregularidades que no se dan en una movilización social genuina
“No podríamos asegurarlo pero hay indicios de que esta manifestación tiene otro perfil, aún así seguiremos en la ruta del dialogo”.
Hay gobernabilidd
–¿Hay gobernabilidad?
–Por supuesto, los poderes están asentados aquí, seguiremos trabajando para que haya seguridad, para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad y vamos a reforzar esta tarea con entidades de seguridad.
–¿Fallo el operativo? -, le preguntaron al Secretario de Seguridad.
–En todo momento privilegiamos el mantenimiento al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos por eso preferimos que la gente se fuera replegando para evitar una confrontación mayor.
“Por eso al ver que venían con machetes, con palos y que empezaron a hacer disparos hacía las unidades blindadas se tomó la decisión de retroceder y evitar una confrontación.
“Hay indicios de disparos contra los vehículos en su momento se harán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, los videos grabados a través del C4 se pondrán a disposición para iniciar la investigación.
Al final Ludwig Marcial Reynoso se refirió a los funcionarios detenidos y al vehículo blindado.
“Se tiene que recuperar, si de verdad son un movimiento pacífico.
“(Pero) si ellos prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, como nos están reportando en este momento, ya no hablamos de un movimiento social pacífico y entonces tenemos que tomar otra estrategia”.
“Hacemos responsables a estas dos personas (Guillermo Matías y Gilmar Sereno) de la integridad de los compañeros policías que están ahí porque nosotros no hemos detenido a nadie, no hemos entrado a detener a nadie, seguimos creyendo que lo podemos solucionar a través del diálogo.
“Pero también queremos ser muy claros que no vamos a dejar solos a los compañeros que estén privados y que también vamos a dar un plazo para que puedan regresar”.
Manifestantes hacen retroceder a pedradas, palos y machete en mano a la Guardia Nacional, a policías del estado con equipo antimotines y camiones blindados de las dos corporaciones Foto: José Luis de la Cruz
Tras 10 horas de actos violentos en la capital,unos 3 mil manifestantes se llevan a 10 policías
Amenaza con volver hoy el contingente de comunidades de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec. Llegan por la entrada sur, por Petaquillas, repliegan a antimotines de la Policía Estatal y la Guardia Nacional y causan destrozos en vehículos. Se llevan un camión blindado, rompen puertas en el Congreso y el Recinto y cierran la autopista. En la noche informan que su demanda es un eje carretero y que mantienen retenidos a siete policías y tres funcionarios de Gobernación como garantía para conseguir diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Más de 3 mil pobladores de comunidades de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec entraron ayer a Chilpancingo, en una manifestación no anunciada, sin consignas ni mantas ni carteles donde expresaran sus demandas, y por la fuerza se abrieron paso en un retén en el que estaban unos 400 policías y guardias antimotines, a los que después corretearon hasta la entrada sur de la ciudad capital.
A palazos y pedradas destrozaron vehículos, un módulo de seguridad, y se apoderaron de un camión blindado, capturaron a siete policías antimotines de ambas corporaciones y a tres funcionarios de Gobernación, tomaron el Congreso del Estado y el Recinto del Ejecutivo, después la Autopista del Sol. Tras diez horas de estas acciones, se retiraron, llevándose a los 10 retenidos con la amenaza de que volverían hoy con más gente.
Durante el día no dieron a conocer sus demandas. En medios se difundió que pedían la liberación del líder de transportistas y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Jesús Echeverría Peñafiel, detenido el jueves por transporte de drogas y de cartuchos. Por los municipios de procedencia del contingente, se difundió su presunto vínculo con el grupo delictivo Los Ardillos.
A su llegada a Chilpancingo, por Petaquillas, los más de 3 mil pobladores, en su mayoría en apariencia campesinos, replegaron con palos y piedras a elementos de la Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal que con vallas y camiones blindados intentaron impedir su paso para llegar a protestar a Chilpancingo. Dijeron que venían a exigir “la construcción de caminos”, pero en informes internos de seguridad pública se aseguró que venía a exigir la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo y Bernardo Chávez, detenidos el jueves por policías estatales y consignados a la Fiscalía General de la República (FGR) por posesión de droga y armas.
A las 8 de la mañana unos 200 policías estatales antimotines al mando del subsecretario de Prevención y Operación Policial de la SSP, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, se apostaron en la carretera Chilpancingo-Acapulco frente al cuartel de la Guardia Nacional, donde colocaron vallas y estacionaron seis vehículos blindados Black Mamba, conocidos como “rinos”, para cerrar la circulación y contener a los manifestantes que provenían del circuito del Río Azul (Colotlipa, Quechultenango, Mochitlán, Tepechicotlán y Petaquillas).
Minutos después 200 elementos de la GN con equipo antimotines salieron de su cuartel y se colocaron en formación de defensa para apoyar a los policías estatales en la contención de los manifestantes.
La GN llevó al menos cuatro camiones blindados para reforzar el operativo e impedir que la protesta llegara a la Autopista del Sol.
A las 10 de la mañana comenzaron a llegar camionetas de redilas al lugar llamado La Avioneta, donde fueron formados y les entregaron palos. Atrás llegaron camionetas Urvan de servicio público de Quechultenango, Tepechicotlán, Mochitlán, Petaquillas, y Colotlipa.
El contingente tomó los cuatro carriles de la carretera que comunica a la capital con Petaquillas. En un principio los medios manejaron que provenían de comunidades del circuito Río Azul, después los manifestantes declararon que venían de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec, para exigir la construcción de caminos.
A los veinte minutos el contingente comenzó a marchar con dirección al filtro de seguridad. Adelante iba una camioneta blanca con una bocina donde pedían que “dieran el libre tránsito de manifestación”, que los pobladores “no venían a provocar” y que sólo entregarían en el Recinto del Poder Ejecutivo un pliego petitorio donde exigían caminos y una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La multitud se paró frente a los antimotines que chocaron sus escudos en el suelo para intentar intimidar. Al lugar se acercó el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, para intentar dialogar y fue recibido con gritos de exigencia para que abrieran el paso.
Los campesinos amenazantes con palos quitaron las vallas para replegar a los 400 antimotines que fueron superados por el contingente.
El subsecretario Rodríguez Cisneros escapó por piernas ayudado por guarda espaldas. Al mismo tiempo Irvin de Jesús Jiménez ordenaba el repliegue de sus elementos.
La turba enardecida se abrió paso a palazos y pedradas. Los policías corrieron y algunos lanzaron gases lacrimógenos para ayudar a sus compañeros a escapar de la avanzada de gente que venía sobre ellos.
Los pobladores apedrearon carros blindados y se apoderaron de un rino con los policías a bordo
En su camino correteando a los policías y guardias los campesinos destruyeron un módulo de la Policía del Estado y retuvieron al menos a siete agentes de la Guardia Nacional, entre ellos cuatro mujeres.
Los policías, sin protocolo de repliegue corrieron, buscaban refugiarse o subirse a los vehículos que alcanzaban, el mando los dejó y a varios, los manifestantes les quitaron escudos, toletes, cascos y fornituras.
Algunos automovilistas los subieron a sus carros, y así escaparon de la gente que corría tras ellos y aventaba piedras a diestra y siniestra.
En la entrada a la ciudad, frente al hotel Parador del Marqués, donde confluyen la autopista y la carretera federal, los policías intentaron colocarse para detener a los que protestaban. Pero no funcionó, de nuevo a correr y a escapar como se pudiera.
En el cielo tres helicópteros de la GN, la Marina y la Policía Estatal sobrevolaban, para seguir desde el aire a los manifestantes.
A las 11 y media de la mañana más de 3 mil hombres llegaron al Parador del Marqués. La turba ya no tenía contención, caminaron sin problemas por los cuatro carriles y las dos laterales de la Autopista del Sol.
A su paso todos los comercios cerraron y la ciudad se volvió un caos, la gente corría para todos lados, no había transportes y los cláxones de los automovilistas no dejaban de sonar, todos querían salir de la zona de conflicto.
Al medio día el contingente llegó al Congreso del Estado, donde minutos antes los trabajadores y los vigilantes desalojaron al lugar. Ahí lanzaron a la puerta el camión blindado para derribarla, entraron y permanecieron en el lugar una hora.
La gente con palos y piedras correteaba a los reporteros, no dejaba que se acercaran y los intimidaba constantemente con hombres tatuados tomándoles fotos con celulares.
A la una de la tarde los manifestantes abandonaron el Congreso y caminaron al ex Palacio de Gobierno ahora llamado Recinto del Poder Ejecutivo, por delante el “rino” y la camioneta del sonido diciendo que era “una manifestación pacífica” y sólo pedían “diálogo con las autoridades”.
Ahí volvieron a utilizar el carro blindado para derribar una puerta y permanecieron hasta que fueron llamados a un diálogo que según los manifestantes “nunca existió”.
Estuvieron dos horas. A las 4 de la tarde regresaron a la Autopista del Sol, tomaron los cuatro carriles y los dos laterales y en el Parador del Marqués bloquearon la carretera.
En ese lugar, después de horas sin informar el motivo de su protesta, solicitaron la presencia de reporteros y pidieron disculpas si fueron agredidos. Ahí tomó la palabra el presidente de la organización de comisarios, Diego Matías Marrón, que aclaró que su manifestación no era para exigir la liberación de dos transportistas detenidos el jueves y que venían a exigir la construcción de un eje carretero que conecte a cinco municipios de la Montaña.
Dijo que no hubo ningún diálogo y que solamente el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso “le quitó el pliego petitorio”.
En ese lugar presentaron a tres funcionarios de Gobernación y siete elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal retenidos como garantía para dialogar principalmente con la gobernadora Evelyn Salgado.
Luego de no recibir noticias para una mesa de diálogo, los más de 3 mil manifestantes se retiraron a las 8 de la noche del Parador del Marqués, hacia la comunidad Petaquillas, llevándose a los 10 servidores públicos retenidos, el vehículo blindado y amenazando que “si no hay respuesta el día de mañana (hoy martes) regresarán a protestar”.
El secretario de Seguridad Pública Estatal Evelio Méndez, el General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso y el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez en conferencia de prensa anoche en las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado Foto: El Sur
Fue para desestabilizar al gobierno estatal la movilización de ayer, afirma Ludwig Reynoso
Sostiene el secretario de Gobierno que los manifestantes “en ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”, y posteriormente reclamaron obras que no habían planteado ni los alcaldes de Quechultenango, Mochitlán o Chilpancingo. Confirma que mantienen retenidos a cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría de Gobierno y un elemento de Gobernación federal. Advierte que se levantarán actas por los daños, la violencia y las personas privadas de la libertad. Hubo disparos a camiones blindados, se revela
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
El gobierno del estado continuará privilegiando el diálogo, pero no caerá en chantajes ni provocaciones, advirtió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Vemos en el fondo un intento por desestabilizar este gobierno y manchar la administración de Evelyn Salgado”, sostuvo.
Aseguró que en la marcha identificaron a gente armada que disparó contra los vehículos blindados. El secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez adelantó que pondrán a disposición de la Fiscalía estatal los videos del ataque armado para iniciar las investigaciones.
Evelio Méndez Gómez, detalló que son cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de Gobernación federal los que permanecen retenidos.
Ante esta retención el secretario General de Gobierno advirtió: “Si prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, tenemos que tomar otra estrategia”.
A las 7:30 de la noche se convocó a una conferencia en Palacio para que el gobierno del estado fijara una postura de otra jornada violenta en la capital.
Estuvieron el secretario de Seguridad, el secretario general de Gobierno y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez.
El también capitán de Marina, Evelio Méndez, expuso la serie de hechos de este lunes al sur de la capital con la irrupción de miles de pobladores de Quechultenango, Mochitlán y Petaquillas (Chilpancingo), con palos, machetes, piedras y armas de fuego.
Los 300 agentes de la policía estatal y Guardia Nacional, admitió, fueron rebasados en número por lo que tuvieron que replegarse.
“No quisieron dialogar, llegaron golpeando y tumbando las barreras metálicas contra el personal por lo que empezó el repliegue; estaban superados en número y aparte estaban golpeando con piedras y palos. “Se apoderaron de un vehículo blindado y lesionaron a cuatro agentes de Policía estatal y ocho de la Guardia Nacional. Se privó de su libertad a ese personal”.
De la Autopista, añadió, llegaron al Congreso para entrar al estacionamiento y luego dirigirse al Palacio de gobierno donde aventaron el vehículo blindado contra una de las entradas.
Aseguró que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, pidió a los manifestantes conformar una comisión para atender sus demandas y pidió liberar al personal retenido.
“En ningún momento establecieron su comisión”, dijo el secretario de Seguridad estatal.
Fue una manifiestación inusual, subraya
El secretario de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, fijó que la manifestación resulta inusual porque los manifestantes demandaron un número inusitado de obras que no habían dado a conocer previamente ni sus alcaldes.
“Se presentan de manera agresiva, tumultuaria, golpeando y agrediendo a personal de Seguridad Pública que habíamos dispuesto en la carretera federal para evitar que hubiera una confrontación y bloqueo de mayores consecuencias”.
“En ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”.
Insistió que no había petición previa de Guillermo Matías Marrón y Gilmar Sereno Chávez, quienes encabezaron a los pobladores.
Dijo que el gobierno tiene prevista una inversión en estos municipios para 2023 de 145 millones de pesos en obra pública.
“Nos resulta muy extraño que los alcaldes de estos municipios, que no hemos podido localizar, no hayan hecho ninguna manifestación al respecto, siendo que son los primeros responsables de atender demandas de comisarios”.
El funcionario dijo que el gobierno del estado seguirá buscando el diálogo pero que no van a caer en chantajes ni en provocaciones.
“Lo que vemos en el fondo es un intento por desestabilizar este gobierno, un intento por manchar la administración de Evelyn Salgado, cuando hemos trabajado e incomodado grupos que antes tenían poder y mayor influencia en estos municipios.
“Hoy tenemos zonas donde el estado no tenía ninguna presencia, Tierra Caliente, la Sierra, hemos liberado carreteras federales y vamos a seguir brindando seguridad.
Pidió a la ciudadanía mantener la calma.
“Estos eventos violentos de hoy no tienen que ser la constante en el estado, estamos trabajando para que no suceda en conjunto con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, del Ejército.
“Hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo y de la ley, no pueden seguir estas personas privadas de la libertad, un llamado para que acudan a la mesa de trabajo”.
El secretario de Gobierno regresó al tema de las demandas en la manifestación afuera de Palacio de gobierno.
“Acudí a recibirlos, a pedirles su pliego petitorio, nos enteramos que es una propuesta para 2024, ni siquiera para este año, con mayor razón es una propuesta que no le vemos fundamento.
Si ya hubiesen hecho un planteamiento y no tuvieran una respuesta pues probablemente podrían justificarse.
“Pero venir a agredir, a prácticamente asaltar el Congreso, el Palacio de Gobierno, a lastimar a las policías que están para cuidar a la ciudadanía, pues no es la ruta”.
Dijo que buscarán la mejor forma para que la ciudadanía de los municipios que se manifestaron pueda tener acceso a las obras y servicios que demandan.
Ya se identificó a los líderes
Los reporteros le preguntaron si el gobierno tiene identificados a los líderes o participantes de la protesta.
Respondió que se está en proceso de identificación y que hay otras personas que participaron en una retención a la policía ministerial el año pasado en Quechultenango.
“Están identificados, habremos de actuar en su momento”.
Aseguró que se van a levantar actas por los daños, detenciones, la violencia y las personas privadas de la libertad.
Acerca de la jornada de asesinatos con violencia el sábado en Tixtla y la capital del estado, respondió: “Los hechos que se dieron el sábado se dan en el contexto de esta pugna por parte de los grupos delictivos, uno que ha estado en la ciudad capital con otro Los Ardillos, vemos que sucedió de esta manera”.
Justificó que ese día fortalecieron la presencia de la policía estatal y del Ejército, instalaron puntos de control en entradas y salidas de la ciudad.
“Son hechos lamentables que generan miedo, zozobra en la población, pero estamos decididos a actuar, tenemos identificaciones de personas que actuaron en estos hechos y estamos dando seguimiento.
El funcionario evadió la pregunta de si estos hechos tienen que ver con la reunión de la alcaldesa Otilia Hernández con un líder criminal.
Respecto a la comunicación de la gobernadora con la federación, respondió que ha estado en constante comunicación con la titular de Gobernación, Luisa María Alcaide y la de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Y regresó al tema de la delincuencia. “Muchos de estos hechos se dan en un contexto de delincuencia organizada como estado coadyudamos en la lucha del crimen pero es una función de la federación.
“Lo atendemos a través de la Mesa para la construcción de la paz con acciones coordinadas. El estado no va a rehuir a su responsabilidad”.
Expresó que si la petición de los manifestantes es reunirse con la gobernadora debe haber disposición que no han notado.
“Debe haber disposición que no hemos notado, se tiene que revisar que están pidiendo, la viabilidad económica, implica la ejecución de presupuesto”.
“No tiene por qué ser diferente y eso lo deben entender ellos también. Lo que hoy están haciendo no tiene nada que ver”.
Un reportero preguntó casi al final si la manifestación de este lunes tiene que ver con la detención de dos líderes transportistas con cartuchos de armas de alto calibre y droga.
“Identificamos en la marcha a familiares de estas personas y que no había un planteamiento original de obras pero lo que más nos preocupa es la forma en que se dieron estos eventos.
“Identificamos gente armada que disparó en contra de los vehículos blindados. Identificamos irregularidades que no se dan en una movilización social genuina
“No podríamos asegurarlo pero hay indicios de que esta manifestación tiene otro perfil, aún así seguiremos en la ruta del dialogo”.
Hay gobernabilidd
–¿Hay gobernabilidad?
–Por supuesto, los poderes están asentados aquí, seguiremos trabajando para que haya seguridad, para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad y vamos a reforzar esta tarea con entidades de seguridad.
–¿Fallo el operativo? -, le preguntaron al Secretario de Seguridad.
–En todo momento privilegiamos el mantenimiento al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos por eso preferimos que la gente se fuera replegando para evitar una confrontación mayor.
“Por eso al ver que venían con machetes, con palos y que empezaron a hacer disparos hacía las unidades blindadas se tomó la decisión de retroceder y evitar una confrontación.
“Hay indicios de disparos contra los vehículos en su momento se harán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, los videos grabados a través del C4 se pondrán a disposición para iniciar la investigación.
Al final Ludwig Marcial Reynoso se refirió a los funcionarios detenidos y al vehículo blindado.
“Se tiene que recuperar, si de verdad son un movimiento pacífico.
“(Pero) si ellos prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, como nos están reportando en este momento, ya no hablamos de un movimiento social pacífico y entonces tenemos que tomar otra estrategia”.
“Hacemos responsables a estas dos personas (Guillermo Matías y Gilmar Sereno) de la integridad de los compañeros policías que están ahí porque nosotros no hemos detenido a nadie, no hemos entrado a detener a nadie, seguimos creyendo que lo podemos solucionar a través del diálogo.
“Pero también queremos ser muy claros que no vamos a dejar solos a los compañeros que estén privados y que también vamos a dar un plazo para que puedan regresar”.
Vinculan a proceso al líder transportista y a su acompañante, informa la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que un juez federal de Control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva al líder transportista y a un acompañante detenidos en Chilpan-cingo el jueves pasado.
En un brevísimo comunicado, la Fiscalía informó que a Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo y su acompañante Bernardo, se les vinculó a proceso “por su probable responsabilidad en los ilícitos de posesión de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército y Fuerza Aérea; y, en el caso de Jesús, por delitos contra la salud en la modalidad de transporte”.
Según la FGR en este boletín, los dos hombres fueron detenidos por la Policía Estatal “el pasado 5 de julio”, el miércoles, en la carretera federal México-Acapulco, en Chilpancingo.
Pero las protestas de transportistas por su detención fueron el jueves 6, un día después de que se difundió el video de la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con un líder de Los Ardillos. Precisamente a este grupo se vincula a Echeverría Peñafiel.
La dependencia dijo que la detención ocurrió cerca del fraccionamiento Villas Vicente Guerrero, donde a los dos hombres se les aseguró una camioneta Ford, modelo 2021, con placas de circulación de Guerrero.
Indicó que en la inspección se les localizaron dos cargadores metálicos para fusil de AK-47; 26 cartuchos útiles; así como una bolsa con una sustancia granulada, característica de la droga conocida como “cristal”.
“Conforme avance el proceso penal, se informará de inmediato sobre sus resultados”, adelantó.
Un accidente automovilístico que involucró a un tráiler, un camión tipo Torton, una patrulla de la Guardia Nacional, y dos vehículos, dejó ayer un agente muerto y cinco personas más lesionadas, en el sentido Chilpancingo-Acapulco de la Autopista del Sol, cerca del entronque de desviación hacia Tierra Colorada.
Fuentes de Protección Civil del estado informaron que a las 6:20 de la mañana en una llamada al 911 les reportaron que un tráiler había chocado y se estaba incendiando en la Autopista del Sol.
Al lugar acudieron bomberos de Protección Civil estatal para sofocar el incendio, quienes confirmaron un choque múltiple en el kilómetro 322 de la autopista, cerca del entronque hacia Tierra Colorada.
Acudieron personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el Ejército, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Indicaron que el accidente se dio entre un tráiler rojo con placas 27-A-3Y, que llevaba una plataforma en la que transportaba cerveza, y el cual se incendió y tuvo pérdida total; también un camión tipo Torton blanco con placas 51-BA-6R que volcó y provocó un fuerte derrame de pintura que transportaba, el cual tuvo que ser contenido por el personal de Protección Civil estatal para evitar que llegara al río Papagayo.
También se vieron involucrados en el accidente una patrulla de la Guardia Nacional marca Ford, un vehículo Chevrolet Corsa negro, con placas del Estado de México; y un Volkswagen Jetta Clásico rojo con placas de Guerrero.
Las fuentes informaron que durante los trabajos de los bomberos para sofocar las llamas que consumieron el tráiler, la circulación vehicular fue cerrada en su totalidad en el sentido hacia Acapulco.
El saldo del accidente fue un agente de la Guardia Nacional muerto y tres más lesionados; además de otros dos civiles heridos, los cuales fueron trasladados a hospitales de Acapulco y Chilpancingo. A pesar de que dejó daños grandes económicos, las autoridades ni las fuentes informaron la causa del accidente. (Emiliano Tizapa Lucena / Chilpancingo).
Locatarios del Mercado Central de Acapulco, con algunas de las pertenencias que lograron rescatar del incendio que consumió una gran parte de la nave mayor la madrugada del lunes Foto: Carlos Carbajal
Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
El delito de extorsión en Guerrero ha crecido poco más de 80 por ciento en los últimos siete años, de acuerdo con cifras oficiales, lo cual responde a un vínculo estrecho entre las autoridades de gobierno y los grupos criminales, advierten especialistas entrevistados por El Sur.
“El delito de extorsión en Guerrero es demasiado grave. Estamos hablando de dos Estados: en primer lugar, el oficial-constitucional-jurídico, con autoridades establecidas; pero, en segundo lugar, hablamos de un Estado paralelo, criminal.
“Desde hace mucho tiempo existe una relación y connivencia entre los grupos delictivos y las élites políticas estatales, situación que se agravó con la llegada del nuevo gobierno al estado, con la gobernadora” Evelyn Salgado, expone Leopoldo Rodríguez Aranda, director general de Consultores en Gerencia Pública (Gesec), firma especializada en el análisis de seguridad y otras políticas públicas.
Los registros oficiales respaldan el análisis de Rodríguez Aranda. La cifra de delitos de extorsión ha crecido de manera constante. En el periodo 2015-2020 se pasó de 144 a 241 reportes de extorsión. Al cierre del año pasado hubo un nuevo repunte: se llegó a 260, de acuerdo las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, este delito en particular alcanzó el 80.5 por ciento entre 2015 y 2022. “Ya ha habido noticias e informes sobre las extorsiones en Guerrero. El año pasado, por ejemplo, se habló de lo que pasaba en las pollerías. Incluso hubo un desabasto, particularmente en Chilpancingo e Iguala”, contextualiza Rodríguez.
Sin embargo, dice, esa apenas muestra una parte del problema; fue “una pequeña perla de todo el baúl de situaciones que ocurren en la entidad” porque la situación ahí se ha generalizado”.
Ahora, enfatiza, no existe sector de la economía formal e informal que no esté invadida por la extorsión. Afecta a todo mundo, “desde los comerciantes más básicos, aquellos que venden tamales o paletas, a quienes se les pide una cuota, hasta comerciantes bien establecidos, del sector empresarial”.
Alianzas criminales y extorsión en todas partes
El “muy estrecho” vínculo entre autoridades de gobierno y el crimen organizado siempre ha existido. “Se trata de alianzas que benefician a los dos grupos”, coincide por separado José Luis Cisneros, especialista en seguridad e investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
Aunque, dice, en la actual administración se ha formado “un vínculo más fuerte”. Ahí está el caso del grupo criminal Guerreros Unidos, por ejemplo. “Después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el grupo criminal aparentemente se desarticuló, pero lo que realmente sucedió es que algunos de sus ex integrantes se aliaron con otros grupos de la sierra ante el fuerte avance de La Familia Michoacana”.
Lo que sucedió, según el análisis de Cisneros, es que estas nuevas alianzas se extendieron por todas las regiones del estado “y empezaron a tener control en las presidentes municipales, en los cabildos y hasta en la gubernatura”.
Las extorsiones se han ido multiplicado por todos lados. Y eso es así, explica, porque es una forma de control de estos grupos criminales. “Hoy podemos decir que el delito se ha generalizado. En el comercio y el turismo, pero también en la vida cotidiana. Es bárbaro lo que ha sucedido”, advierte el investigador universitario.
“En manos del crimen
organizado”
La extorsión en Guerrero se encuentra extendida y está en manos de varios grupos criminales. Todos los días se registran homicidios en la entidad; a veces como resultado de la disputa entre esas bandas delictivas, pero en otros casos como consecuencia de las extorsiones. “Son personas que se niegan a pagar o que no tienen para pagar y las asesinan, en sus negocios o domicilios”, menciona Leopoldo Rodríguez.
Otros fenómenos sociales son producto también de las extorsiones. Uno de ellos es la migración. El desplazamiento ocurre de forma generalizada. “Sucede sobre todo en Chilpancingo, Iguala y Taxco, las ciudades con mayor población y comercio, después de Acapulco. Muchos empresarios y negocios cierran cortinas y se mudan de la zona”.
El director de Gesec señala que en Iguala se exige a los taxistas una cuota diaria. “La entregan al líder de taxistas, y éste, a su vez, la entrega al grupo delictivo que controla. Eso pasa con todos negocios, hasta en las tortillerías. Y mucho en cantinas. En las cervecerías establecidas formalmente y también en las clandestinas”.
En caso de que las personas se nieguen o no puedan pagar, el modus operandi consiste en disparar al comercio. “Llegan y balean, aun con comensales. Lo hacen para presionar y como una muestra dirigida a la persona directamente afectada y a toda la zona”.
La extorsión pone en peligro la vida de las víctimas, quienes, ante las amenazas de muerte, difícilmente denuncian. “No hay manera. La estructura criminal conoce todo sobre los extorsionados. Éstos no tienen forma de escapar”.
Generalmente, detalla Rodríguez, quienes efectúan los cobros son personas jóvenes y no las verdaderas cabezas de las organizaciones. Por eso, las detenciones de los cobradores no afectan a las estructuras criminales. Las organizaciones y las represalias siguen.
Las actividades criminales han llegado a ser tan predominantes en muchas zonas del estado que la presencia de estos grupos también incide directamente en el ámbito de la política formal.
Fuerzas armadas con rol “meramente testimonial”
En las elecciones de 2021 ocurrió una situación “muy grave” a los ojos de Rodríguez Aranda. “Los grupos delictivos determinaban las horas, momentos y lugares en que podían hacer campaña los candidatos. Controlaron la agenda”.
Esto ilustra un problema aún peor porque se habla de un territorio con una autoridad formal establecida, “pero en términos de seguridad, en este caso de la extorsión, la autoridad está fuera del ámbito, no opera”.
En otras palabras, remarca, no es la autoridad, pero sí el crimen organizado el que controla la seguridad de los estados y los municipios. “La Guardia Nacional, Ejército y la Marina son invisibles. Cuando hay actos de violencia, llegan después de que ya sucedió, pero su papel es meramente testimonial”.
La situación de Guerrero, puntualiza el consultor en seguridad, se encuentra “en manos del crimen organizado”. E identifica tres premisas clave: una, la autoridad evita tratar el tema de seguridad de forma pública. Dos, existe un abandono de las instituciones de seguridad, cuyo control recae en la delincuencia organizada. Y tres, las autoridades están rebasadas. En el mejor de los casos, hacen caso omiso; en el peor, se someten a estos grupos.
Si el problema ya era grave antes, hoy es más serio, pues hay “un gobierno plenamente coludido con estos grupos”. A su juicio, la autoridad no interviene porque tiene pacto con las organizaciones criminales o está sometida. Y tampoco posee la capacidad técnica ni operativa para hacerlo. “Si no es un estado criminal, sí es una entidad donde la línea que divide a los grupos delictivos y quienes gobiernan es inexistente”.
Actuar y recuperar la confianza de la gente
–¿Es posible revertir la situación? –se le pregunta a José Luis Cisneros.
–Campesinos y otros ciudadanos se han organizado como grupos armados, de autodefensas, para poner freno a esto. La única posibilidad es que desde el gobierno federal se intente someter a control a estos grupos, pero no se ve claro. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido coludidas y penetradas como cualquier fuerza de seguridad en México. En algunos casos había contención, pero hoy es más fuerte la situación.
Es lamentable lo que sucede en México, insiste el especialista, “no sabemos qué va a pasar. La única forma es que el Estado mexicano retome su papel. Ha perdido el control; se halla en manos del crimen organizado. Eso es muy peligroso”.
–¿Qué se requiere?
–Primero, que se reconozca el problema. Hace días fueron a balear la casa del presidente municipal de Iguala, pero no se publicaron notas sobre eso. La delincuencia también controla lo que se publica en los medios a través de amenazas a los periodistas.
“El dato del aumento de extorsiones –continúa Leopoldo Rodríguez– no refleja el profundo terror y miedo que vive la población en el estado. Mientras la autoridad local no reconozca que hay una situación grave, será difícil avanzar.
“Después tendría que venir la acción de la autoridad. Dar el manotazo en la mesa. Se tiene que hacer. Hacer uso de la fuerza e intervenir en la reconstrucción de las instituciones de seguridad y de la cohesión social. Es decir, reconstruir para que la población tenga confianza en la autoridad”.
Nueve cilindros de gas cloro que eran transportados en una camioneta fueron robados en el lugar conocido como Tierras Prietas cerca del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en la capital.
Al considerarse una sustancia tóxica, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un boletín de alerta.
El alertamiento está dirigido a las unidades de protección civil de Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla para implementar acciones preventivas.
“Para conocimiento de las unidades estatales de protección civil e implementación de acciones preventivas de protección a la población”, señala la dependencia.
Según el boletín de alerta, los cilindros color plata, con capacidad para 68 kilogramos cada uno, eran transportados en una camioneta con matrícula federal 77AG7G.
El gas cloro robado es propiedad de la empresa Distribuidora de cloro ESMAH, y sería utilizado para el proceso de potabilización de agua en Tierras Prietas en la capital.
Como parte de las medidas implementadas, las policías estatal y municipal realizan recorridos por chatarreras, baldíos y negocios donde, se considera, podría ser comercializado el producto.
“Con el apoyo de la Guardia Nacional se harán revisiones en carreteras que cruzan la entidad”, agrega el boletín, emitido a las 11 de la mañana de este miércoles.
“Se notifica a través de correo electrónico a las unidades de protección civil de las entidades federativas donde podría llegar a localizarse el cilindro”, indica.
El gobierno alertará a los 81 municipios para sumarse a la búsqueda del producto. (Antonio Baranda / Agencia Reforma).
