El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD Alberto Catalán Bastida, muestra el recurso de queja contra el dirigente morenista Jacinto Barona; lo acompañan Fidel Flores, Jesús Guatemala y Mario Ruiz Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La dirigencia estatal del PRD presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), un recurso de queja contra el presidente de Morena Jacinto González Varona y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) por la campaña de “calumnias y desprestigio” contra el PRD y sus gobiernos municipales, al asegurar que han ganado con apoyo del crimen organizado.
Tras salir de la oficialía de partes del IEPC, el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, insistió en que la intención de Morena es “mermar la participación” del perredismo en el próximo proceso electoral.
“Esta campaña busca que los simpatizantes de Morena difundan un discurso de odio y rechazo contra nuestro partido y en este sentido es importante aclarar que no basta con esconderse detrás del argumento de la libertad de expresión que tanto pregona el diputado Jacinto González”.
Señaló que los señalamientos de éste “generan implicaciones graves para la seguridad de nuestros presidentes municipales y del cabildo en general” que podrían ser víctimas “de verdaderos grupos criminales que se puedan dejar llevar por estas declaraciones sin sustento alguno”.
Catalán Bastida dijo que si ocurrieran situaciones de esa naturaleza “Morena no querría hacerse responsable”.
En el procedimiento iniciado ayer se entregaron las pruebas de lo dicho por Jacinto González en las que esperan que se “encuentren elementos suficientes para acreditar todo el trabajo de difusión que han invertido en esta campaña”, lo cual es ilegal.
El dirigente perredista se refirió como difusión a las notas periodísticas generadas a partir de una conferencia de prensa de la dirigencia estatal morenista, y publicaciones realizadas en la página oficial en internet de este partido.
El representante del PRD ante el IEPC, Mariano Hansel Patricio Aparicio Abarca informó que se trata de un procedimiento ordinario sancionador en contra de Morena, Jacinto González Varona, Yesenia Salgado Xinol, Jonathan Márquez Aguilar y Abel Bruno Arriaga, en su calidad de presidente, secretaria general, secretario de Organización y secretario de Pueblos Originarios del CEE de Morena.
Explicó que inicialmente los consejeros analizarán la procedencia de la denuncia, darán vista a la parte denunciada y que, entre las medidas cautelares solicitadas al órgano electoral, están el “que se detenga la campaña de difamación en contra del PRD porque no afecta solo al instituto político sino a todos los presidentes municipales señalados de manera directa en las declaraciones del dirigente”.
Sin embargo, Alberto Catalán dijo que los alcaldes no presentarán denuncias y que ese trabajo político lo realiza la dirigencia.
Lamentó que estos señalamientos en contra de alcaldes de la Tierra Caliente sean constantes: “sabemos cómo en esta zona en específico predominan los grupos de delincuencia organizada y no hay garantías por parte de la federación y el gobierno estatal que les genere una pacificación, por lo tanto, son señalamientos que se hacen constantemente, no solamente sobre un partido u otro, contra todos los personajes que tienen alguna presencia en la región y que ostenta un cargo público”.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, informó que este lunes se presentará ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), una denuncia en contra del dirigente morenista Jacinto González Varona, por una presunta campaña de desprestigio y difamación por el señalamiento de que perredistas, priistas y panistas gobiernan municipios controlados por la delincuencia organizada.
En este procedimiento acusarán que Morena, previo al inicio del proceso electoral, busca denostar al PRD ante la sociedad, “con la finalidad de mermar nuestra participación electoral y la aceptación con la ciudadanía”.
En declaraciones telefónicas, Catalán aseguró que con esta campaña de difamación se busca “limpiar la imagen de Morena, ante la incapacidad de frenar la inseguridad que viven sus municipios en el estado”.
Darán pruebas del acto anticipado de campaña de Ebrard
Sobre la marcha que se realizó ayer en Acapulco, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en la que sus simpatizantes le manifestaron su respaldo como aspirante a la candidatura por la presidencia de la República, Catalán insistió en que se trata de una campaña anticipada, en la que se utilizan recursos públicos.
Señaló que los aspirantes, incluido Ebrard, utilizan los cargos en el gobierno federal “para tener acercamiento con la ciudadanía, utilizando también el recurso público que ejercen, y vimos también el acompañamiento de las autoridades locales, como la presidente municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez”.
De estos actos, dijo que ya “recabamos la evidencia necesaria y vamos a analizar y presentar alguna denuncia respecto a este tema, porque es un acto anticipado de campaña”.
El dirigente perredista señaló que la reforma electoral, denominada Plan B, lo que plantea es permitir estos actos “que no haya responsabilidades respecto a estas campañas anticipadas y darles todas las herramientas, a estos personajes, denominados ‘Las Corcholatas’ que mueve el presidente de la República en una campaña anticipada”.
Recordó que los aspirantes de Morena a la presidencia de la República manejan un discurso de transparencia y apego a la ley, “pero no es cierto, vemos como hacen eventos de promoción respecto a su imagen e incluso descuidan el trabajo que deben estar realizando”.
La consejera presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama en el mensaje que ofreció en la clausura del diplomado Análisis Político Desafíos Sociales de Guerrero en el Siglo XXI en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la UAG Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, declaró que con el Plan B las autoridades electorales “no podrán ir más allá de lo que establece la ley”, ya que impide interpretar o crear acciones afirmativas.
La consejera presentó la ponencia La erradicación de la violencia de género es un quehacer de todas y todos, en el diplomado de análisis político Desafíos sociales de Guerrero en el siglo XXI, que se llevó a cabo en el auditorio Norberto Bobbio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA- IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La funcionaria electoral añadió que la ahora Ley general de instituciones y procedimientos electorales dice que los partidos deberán registrar comunidades LGBT+, pueblo afro e indígenas en las listas del 1 al 25, pero “las autoridades electorales, lo que hacíamos antes, es decir, ‘bueno partido político tienes que registrar a una persona de la comunidad LGBT del 1 al 6’. El INE registró a varias personas en situaciones de vulnerabilidad con estos parámetros”.
Ahora la ley dice es del 1 al 25 donde los partidos tienen esa obligación y entonces pueden “registrar en el 1 o el 2, pero también en el 20 o 25, entonces tendremos que acatar lo que dice esa ley”, y esto “pudiera vulnerar” todo lo que se ha avanzado. Explicó que las autoridades electorales ya no podrán recurrir a los tratados internacionales para salvaguardar los derechos políticos electorales de las mujeres con el Plan B.
Manifestó que la reforma establece que los partidos registrarán con paridad, ya que está en la Constitución. El problema es que las autoridades electorales “ya no podremos aprobar acciones afirmativas, la reforma establece en el Artículo 4 y 5 que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales no podrán hacer ninguna clase de interpretación o acciones afirmativas, sino que se circunscribirán a lo que dice la ley, y la ley de esta reforma dice que en materia electoral se aplicará tal cual se establece en la ley”.
Sigue violencia política de género
En su ponencia, Matildes Gama dijo que normativamente se ha avanzado donde la Constitución dice ‘paridad’, y las leyes electorales así lo dicen, pero “tenemos pendientes porque seguimos con casos de violencia política contra las mujeres, no sólo candidatas, sino ya en el ejercicio del cargo”.
Dijo que en 2022 el IEPC tuvo 21 casos de quejas y procedimientos sancionadores presentados por mujeres políticas y este año están desahogando tres casos de funcionarias públicas que en el ejercicio de sus cargos consideran que sufren alguna violencia política.
Señaló que el IEPC tiene la facultad de recibir esas quejas e iniciar procedimientos sancionadores, de dictar medidas cautelares, “y una vez que se integra el expediente se manda al Tribunal Electoral del Estado, sus redes sociales, que compareció ante el Tribunal, buscando que se declaren ilegales las reformas a los estatutos y que Alejandro Moreno Cárdenas, deje la presidencia del PRI.
“El 27 de febrero el INE determinó la improcedencia de las reformas estatutarias del PRI. Hoy (el jueves) he comparecido para que el TEPJF ratifique que las reformas a los estatutos sean finalmente ilegales. Alejandro Moreno, Alito, abusó y debe irse del PRI Nacional. Nunca más abusos ni engaños a la militancia. Nunca más un partido de cúpulas”, publicó Astudillo.
quien es la autoridad que resuelve si considera que hubo un caso de violencia política o no y las sanciones correspondientes”.
Señala que de las tres quejas que tiene este año por violencia de género dos son de la región de la Montaña y una de la región Centro.
Sobre la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien ha señalado que sufre violencia política de género, la consejera presidenta dijo que hasta el momento no ha presentado ninguna queja.
Señaló la que siempre son nuevos retos las elecciones, “todos los procesos electorales son diferentes y los que se esperan es trabajar con la reforma electoral que está ahora y atender los casos de violencia política, que quisiéramos que disminuyeron, que no hubiera, pero esto es algo que se ha presentado desde hace muchos años y entre mayores oportunidades tienen las mujeres para ocupar cargos públicos mayor es la violencia hacia ellas”.
Dijo que los partidos políticos tienen la obligación de registrar el 50 por ciento de candidaturas que sean mujeres en Ayuntamientos, regidores, sindicatura y Congreso del estado.
Señaló que entre mayor es la obligación de los partidos registrar con paridad mayor se registra la violencia contra las mujeres.
Indicó que seguirán trabajando con la ley que aprobó la Cámara de Diputados.
En la clausura estuvo el secretario general de la UAG, Armando Guzmán Zavala; el director del IIEPA, Marco Antonio Adame y la consejera del IEPC, Dulce Merary Villalobos Tlatempa.
En el Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de Chilapa decenas de mujeres salieron a las principales calles para manifestarse con pancartas y consignas en contra del feminicidio, la venta de mujeres y el machismo Foto: Luis Daniel Nava
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, afirmó que no toman decisiones arbitrarias sino basadas en la Constitución y en resoluciones y compromisos internacionales que el Estado mexicano firmó, donde se garantiza el principio de paridad de género, y expuso que esperarán para conocer qué legisla el Congreso local, respecto a la propuesta del diputado Bernardo Ortega para que no haya “saltos de género” en la lista de representación proporcional (o plurinominales).
El martes, en la primera sesión del pleno del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el diputado perredista Bernardo Ortega presentó una iniciativa para que en la elección de diputaciones locales, además del principio de paridad de género, sea respetada la autodeterminación de los partidos, y que los órganos electorales al cumplir con dicha paridad respeten el orden de prelación que entregan, y no lo dejen a su decisión, haciendo los famosos “saltos de género”.
Ayer, consultada al respecto en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, ante de empezar la conferencia 8 de Marzo Perspectiva de los Derechos Humanos de las Mujeres, que se celebró en el auditorio José Joaquín de Herrera, Luz Fabiola Matildes afirmó que esperará qué aprueba o legisla el Congreso del estado, siempre y cuando no sea contrario a lo que establece la Constitución federal, que indica que todos los órganos del Estado mexicano tendrán que cuidar el principio de paridad de género.
Aseveró que la Constitución establece que se tiene que priorizar el principio de paridad, que está por encima de cualquier otra disposición. Dijo que “los partidos políticos presentan sus listas de representación proporcional y efectivamente el órgano electoral, porque lo establece la Constitución y la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, debe garantizar esta integración paritaria en el Congreso”.
Expuso que en el proceso electoral de 2021 efectivamente se tuvo que saltar o brincar a hombres que ocupaban un puesto o un lugar en la lista, para garantizar esta paridad y es por eso que tenemos actualmente un Congreso local paritario.
En 2021, la lista de diputaciones locales de representación proporcional del PRD la encabezó el ex alcalde de Acapulco, Jesús Evodio Velázquez Aguirre; le siguieron Patricia Doroteo Calderón, Yanelly Hernández Martínez –actual presidenta de la Mesa Directiva–, y Jennifer García Lucena; se conoció que para conseguir la paridad de 23 diputaciones por género, el IEPC saltó a Velázquez Aguirre y lo dejó sin una curul.
Ayer, la consejera presidenta del IEPC expuso que el órgano no toma decisiones arbitrarias, sino basadas en la Constitución y resoluciones y compromisos internacionales que el Estado mexicano ha firmado, en los que se debe garantizar el acceso a las mujeres en órganos del Estado mexicano, como el Congreso, y en la toma de decisiones.
Expuso que en el contexto del Día Internacional de la Mujer aún hay muchas cosas pendientes, porque las mujeres siguen viviendo violencia política, simbólica, patrimonial, sexual y familiar, es algo que no se ha terminado en México.
Recalcó que en el país se registran diez feminicidios al día, y aseguró que es una tarea pendiente del Estado mexicano, de las autoridades y de la ciudadanía atenderlos.
Llamó a los partidos políticos a respetar, que no se presenten casos de violencia política en razón de género contra las mujeres que quieran acceder a un puesto público o que están en el ejercicio de algún cargo y sigan siendo violentadas.
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), realizó una sesión extraordinaria de trámite para ratificar procedimientos de licitación que ya se habían aprobado.
Se trata de un fallo del procedimiento de licitación pública nacional para la contratación del servicio de diagnóstico y fortalecimiento de la estructura del área de informática y actualización de los sistemas informáticos institucionales.
También el fallo del procedimiento de licitación pública nacional para la adquisición de vales, tarjetas, monederos o certificados electrónicos de despensa y de regalo para trabajadores del IEPC, ambos fueron aprobados por unanimidad (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
El Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Donaciano Muñoz; responde a cuestionamiento de los reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que en Guerrero serán unos 200 trabajadores los que perderían sus empleos en cuanto la reforma electoral denominada Plan B sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación.
Consideró que ésta afectará la operación del Instituto, además de que no tienen una partida presupuestal para liquidar a todos estos funcionarios.
Después de la firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, el vocal recordó que son 300 juntas distritales en el país que desaparecerían, incluidas las nueve de Guerrero y en su lugar se instalaría una oficina auxiliar encabezada por un solo vocal operativo y se eliminarían las otras cuatro figuras, por lo cual, “se verían seriamente mermadas las bases para poder llevar a cabo procesos electorales” que aseguren certeza.
Además, recordó que la contratación del personal auxiliar administrativo estará sujeta al presupuesto que se apruebe para la operación y “no hay garantía de que se puedan conservar todos los espacios de trabajo que el día de hoy tenemos”.
En cada una de las nueve juntas distritales de Guerrero hay seis figuras contando la de jefatura de oficina que “tendrían que ser eliminadas, estamos hablando de 54 personas y 16 personas administrativas en promedio en cada junta, al ser nueve estamos hablando de 144, pero en total son 200 personas en el estado que podrían estar perdiendo su empleo”, precisó Muñoz.
Además, se sumarían los de la Junta Local Ejecutiva que de las cinco figuras que tiene se suprimirían dos, la de una sería la de vocal secretario, y la de Capacitación y Organización se fusionarán para que de dos personas solo quede una.
El vocal ejecutivo recordó que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación estas reformas, entran en vigencia y el INE debe acatar las disposiciones contenidas, entre las que están el que el secretario ejecutivo dejará ese cargo, que en el caso de Guerrero es Gregorio Aranda Acuña, para nombrar a un encargado de despacho.
Donaciano Muñoz consideró que la afectación “es a la operación del Instituto, lo que inyecta un grado de incertidumbre muy grande a la realización de las elecciones”.
Sin embargo, también recordó que el INE, los partidos políticos, fracciones parlamentarias y otros sectores impugnarían estas reformas, pero en tanto que la ley sea vigente el órgano debe implementarla en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine alguna suspensión.
Y recordó que el INE no tiene recursos adicionales para la liquidación de los 200 trabajadores que perderán sus empleos con la aprobación del plan B, “pudiéramos estar en la situación en la que no hubiera suficiencia para poder solventar eso, pero además con la posibilidad de que si la Corte determina una suspensión se tuviera que despedir al trabajador, pero por otro lado se tendría que recontratarlo debido a la suspensión de la Corte o en su caso de algún juez”.
Sin embargo, aún no tienen un estimado de lo que costaría en Guerrero el despido de esta cantidad de trabajadores, por lo que posteriormente lo revisarán “para establecer que monto tendríamos que estarle pidiendo a la Secretaría de Hacienda para poder fondear estas liquidaciones”.
Consideró que en lo inmediato la reforma no representará ningún ahorro porque se tienen que pagar liquidaciones de miles de trabajadores en todo el país, y además “paradójicamente de todo lo que tendríamos que contratar para el siguiente proceso electoral, si se merma la estructura, necesariamente tendrá que realizarse contrataciones temporales”.
Por su parte, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama confirmó que el órgano también tendrá que “reducir estructura y juntar estructura”.
Pero a diferencia del INE, el IEPC no tendrá que hacer estas modificaciones de manera inmediata porque estas reformas tendrán primero que pasar por el Congreso local, para entonces empezar a revisar como se reducirían las estructuras y las liquidaciones que se tienen que dar.
Firman Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
Este martes se realizó en las oficinas de la Junta Local del INE, la firma la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021), que realizaron representantes de instituciones que forman parte del Grupo Coordinador Institucional (GCI), que consiste en el “compromiso” de instrumentar acciones para atender las opiniones expresadas.
Entre los firmantes estuvieron Donaciano Muñoz Loyola; Luz Fabiola Matildes, la diputada presidenta de la Comisión de Niños y Adolescentes, Beatriz Mojica Morga; el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes; la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, Xóchilt Sosa Rumbo; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, y el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irving de Jesús Jiménez Sánchez.
En Guerrero al entrar en vigor el Plan B serían despedidos del INE 200 trabajadores
La reforma electoral afectará la operación del organismo y se tendrá que gestionar una partida presupuestal para las liquidaciones, porque no hay fondos, afirma el vocal ejecutivo Donaciano Muñoz Loyola. En el caso del IEPC, la reducción de funcionarios no sería inmediata, porque la tendría que aprobar el Congreso local
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Donaciano Muñoz; responde a cuestionamiento de los reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que en Guerrero serán unos 200 trabajadores los que perderían sus empleos en cuanto la reforma electoral denominada Plan B sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación.
Consideró que ésta afectará la operación del Instituto, además de que no tienen una partida presupuestal para liquidar a todos estos funcionarios.
Después de la firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, el vocal recordó que son 300 juntas distritales en el país que desaparecerían, incluidas las nueve de Guerrero y en su lugar se instalaría una oficina auxiliar encabezada por un solo vocal operativo y se eliminarían las otras cuatro figuras, por lo cual, “se verían seriamente mermadas las bases para poder llevar a cabo procesos electorales” que aseguren certeza.
Además, recordó que la contratación del personal auxiliar administrativo estará sujeta al presupuesto que se apruebe para la operación y “no hay garantía de que se puedan conservar todos los espacios de trabajo que el día de hoy tenemos”.
En cada una de las nueve juntas distritales de Guerrero hay seis figuras contando la de jefatura de oficina que “tendrían que ser eliminadas, estamos hablando de 54 personas y 16 personas administrativas en promedio en cada junta, al ser nueve estamos hablando de 144, pero en total son 200 personas en el estado que podrían estar perdiendo su empleo”, precisó Muñoz.
Además, se sumarían los de la Junta Local Ejecutiva que de las cinco figuras que tiene se suprimirían dos, la de una sería la de vocal secretario, y la de Capacitación y Organización se fusionarán para que de dos personas solo quede una.
El vocal ejecutivo recordó que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación estas reformas, entran en vigencia y el INE debe acatar las disposiciones contenidas, entre las que están el que el secretario ejecutivo dejará ese cargo, que en el caso de Guerrero es Gregorio Aranda Acuña, para nombrar a un encargado de despacho.
Donaciano Muñoz consideró que la afectación “es a la operación del Instituto, lo que inyecta un grado de incertidumbre muy grande a la realización de las elecciones”.
Sin embargo, también recordó que el INE, los partidos políticos, fracciones parlamentarias y otros sectores impugnarían estas reformas, pero en tanto que la ley sea vigente el órgano debe implementarla en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine alguna suspensión.
Y recordó que el INE no tiene recursos adicionales para la liquidación de los 200 trabajadores que perderán sus empleos con la aprobación del plan B, “pudiéramos estar en la situación en la que no hubiera suficiencia para poder solventar eso, pero además con la posibilidad de que si la Corte determina una suspensión se tuviera que despedir al trabajador, pero por otro lado se tendría que recontratarlo debido a la suspensión de la Corte o en su caso de algún juez”.
Sin embargo, aún no tienen un estimado de lo que costaría en Guerrero el despido de esta cantidad de trabajadores, por lo que posteriormente lo revisarán “para establecer que monto tendríamos que estarle pidiendo a la Secretaría de Hacienda para poder fondear estas liquidaciones”.
Consideró que en lo inmediato la reforma no representará ningún ahorro porque se tienen que pagar liquidaciones de miles de trabajadores en todo el país, y además “paradójicamente de todo lo que tendríamos que contratar para el siguiente proceso electoral, si se merma la estructura, necesariamente tendrá que realizarse contrataciones temporales”.
Por su parte, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama confirmó que el órgano también tendrá que “reducir estructura y juntar estructura”.
Pero a diferencia del INE, el IEPC no tendrá que hacer estas modificaciones de manera inmediata porque estas reformas tendrán primero que pasar por el Congreso local, para entonces empezar a revisar como se reducirían las estructuras y las liquidaciones que se tienen que dar.
Firman Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
Este martes se realizó en las oficinas de la Junta Local del INE, la firma la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021), que realizaron representantes de instituciones que forman parte del Grupo Coordinador Institucional (GCI), que consiste en el “compromiso” de instrumentar acciones para atender las opiniones expresadas.
Entre los firmantes estuvieron Donaciano Muñoz Loyola; Luz Fabiola Matildes, la diputada presidenta de la Comisión de Niños y Adolescentes, Beatriz Mojica Morga; el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes; la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, Xóchilt Sosa Rumbo; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, y el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irving de Jesús Jiménez Sánchez. Analiza el IEPC recortes de personal y de gastos ante el insuficiente presupuesto
Luego de que se les asignaron para este año 285 de los 400 millones que pidieron para operar, los consejeros evalúan si pedir a la gobernadora una ampliación presupuestal o un apoyo financiero, dice la presidenta Matildes Gama
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, informó que están cerrando el ejercicio de 2022, y harán ajustes luego de que el Congreso solo autorizó 285 millones de pesos para este 2023, por lo que pedirán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda una ampliación presupuestal o un apoyo financiero.
Consultada este martes antes de iniciar la Firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de la Consulta Infantil y Juvenil, que se celebró en la Junta Local Ejecutiva del INE, en Chilpancingo, Luz Fabiola Matildes comentó que ya sea en septiembre o noviembre –depende del destino del Plan B electoral en la Suprema Corte– inician el proceso electoral, y deberán instalar 28 consejos distritales.
Mencionó que aún no tienen autorizado el presupuesto para dicho proceso electoral y también les faltan recursos para el financiamiento de partidos políticos, por lo que están analizando las áreas donde puedan reducir gastos.
Detalló que en junio del año pasado solicitaron que su presupuesto fuera de 400 millones de pesos, pero solo les autorizaron 285, de los cuales 171 son para financiamiento público. Con el resto tiene que trabajar el Consejo General, a pesar de que creció el padrón electoral y, por lo tanto crece el financiamiento público, que en este año significan 20 millones de pesos más que deben dar a los partidos políticos, y que tomarán de su presupuesto base.
Matildes dijo que el IEPC tiene recursos para operar hasta junio, y han privilegiado actividades virtuales, aunque no pueden evitar las consultas. La primera que ya están por concluir para preguntar a comunidades de 43 municipios cómo querían tener su representación en los consejeros distritales de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Dijo que el Consejo General del IEPC ya aprobó que en algunos distritos habrá tres representaciones, como en Ometepec que tendrá representación amuzga, nahua y afromexicana, en otro distrito habrá representación mixteca, tlapaneca y nahua. Y en otros solamente afromexicana. Varía de acuerdo a los distritos electorales.
Aseguró que este año harán otra consulta para saber cómo será la representación en el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas, “cómo los partidos políticos deben de registrar sus candidaturas, eso es lo que vamos a trabajar y habremos de recorrer 49 municipios de la región de la Montaña, Costa Chica y de la región Norte”.
Expuso que ante la falta de presupuesto redujeron papelería, gastos en gasolina y viáticos, y analizan un recorte de la plantilla laboral.
En marzo Morena terminará de pagar multas por 32 millones
Se le preguntó cuándo concluirá Morena de pagar sus multas luego de que el presidente estatal, Jacinto González Varona se quejó de la falta de presupuesto. Matildes respondió que concluyen en marzo de pagar un “remanente”, que es diferente a una multa, y se debe a que Morena no comprobó sus gastos por 32 millones de pesos desde 2019.
Detalló que fue la Unidad de Fiscalización del INE les ordenó como órgano electoral local retener esos 32 millones descontar 4 millones de pesos mensuales desde el año pasado, dinero que se regresa al gobierno del estado, “no es un recurso que se quede en poder del órgano electoral sino que se lo retiene el gobierno del estado”.
Aseveró que hasta ahora con ningún otro partido ha ocurrido algo similar y que en cuanto a multas hay unas que están verificando aplicar al PT, pero aún no están firmes.
En noviembre del año pasado, Jacinto González Varona, actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, afirmó que el IEPC retenía la totalidad de las prerrogativas del presupuesto programado para el partido, porque se aprovecharon del abandono en el partido para aplicar las sanciones, luego de que en 2019 el Comité Ejecutivo Estatal no contestó los requerimientos del INE que envió por correo electrónico.
El 25 de mayo de 2022 se le notificó al entonces delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Rafael Cuauhtémoc Ney Catalán, la resolución de que en “seguimiento al re-manente ordinario 2019 en el marco de la revisión del Informe Anual Correspondiente al ejercicio 2020”, debía reintegrar 32 millones 913 mil 981.74 pesos, luego de que no se entregó ningún documento en relación “al reintegro del remanente del ejercicio fiscal 2019”, a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.
Un año antes, el presidente estatal de Morena fue el actual secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Consejeros del IEPC votan en la sesión de ayer Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Con la oposición de las consejeras Azucena Cayetano Solano y Dulce Merary Villalobos Tlatempa, que observaron a algunas propuestas, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó seis nombramientos de titulares: dos en dirección generales, una de coordinación y de tres unidades técnicas.
Entre estos, al nuevo director Jurídico y Consultoría, Daniel Pre-ciado Temiquel, a quien Villalobos señaló de que siendo coordinador de lo Contencioso electoral, a cargo de diversos medios de impugnación, “se alejó de los resultados que exige un adecuado desempeño”, en referencia a un caso que llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La presidenta del organismo, Luz Fabiola Matildes Gama, argumentó que las propuestas cumplen con los requisitos y aprobaron las pruebas de valoración curricular y de entrevistas.
Pero luego confirmó la necesidad de mejorar el manual para la regulación y promoción del personal del instituto, como señaló la consejera Azucena Cayetano.
Añadió que el manual está en proceso de ser modificado por la Comisión de Administración desde el año pasado.
La consejera Vicenta Molina precisó que se aplicaron los lineamientos de promociones aprobados en 2018. En la sesión, los representantes de los partidos estuvieron de acuerdo con las designaciones.
Se aprobó por unanimidad, el nombramiento de la directora ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, María del Rocío Sánchez Sánchez, que tuvo felicitaciones por su desempeño como encargada de despacho desde el 25 de noviembre de 2020, de parte de la consejera Vicenta Molina Revueltas y de la presidenta del Consejo.
También fue votado por unanimidad el jefe de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, Víctor Manuel Rojas Guillermo.
Cayetano Solano y Villalobos Tlatempa votaron en contra de la designación de la jefa de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, Martha Patricia Cerdenares Morales. Su cargo fue aprobado por cinco votos.
Villalobos Tatempla no avaló al director Jurídico, Daniel Preciado.
los informes se entregaron en tiempo y forma, en el plazo que feneció el 31 de enero.
Cayetano Solano votó en contra del nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Archivos, Dagoberto Castizo Hernández, y de la Jefa de la Unidad de Planeación y Programación, Karla Briseida Salgado Rodríguez. Los seis tomaron protesta al final de la sesión.
En su intervención, Cayetano Solano presentó un voto particular para señalar que, con tres propuestas de jefatura de unidad técnicas, dos hombres y tres mujeres, no se cumple con la paridad de género que deben estar presente todos los procesos de ingreso, rotación y promoción del personal.
Recalcó que la paridad formal no es suficiente, ya que las leyes procuran la participación de las mujeres, “pero se requiere de paridad sustantiva, que representa la forma de hacer realidad las oportunidades de acceder a estos cargos”.
Además de la perspectiva de género, señaló que no se evaluó el comportamiento de competencias, ni el éxito que hayan tenido las personas propuestas, en los cargos que recibieron con encargados de área.
“Tres aspirantes para estos cargos y puestos, que han estado como encargados de despacho, no han tenido una evaluación de desempeño… con responsabilidad manifiesto que la experiencia con que cuentan no es lo suficiente para desempeñar las funciones en estos cargos y puestos”.
Insistió, en que se requiere de personal con calificación mucho mayor, en cuanto al soporte de su experiencia laboral.
El consejero Amadeo Guerrero Onofre destacó que la calificación promedio de las seis propuestas está arriba del 90 por ciento y cumplen los requisitos legales.
El consejero Edmar León García, agregó que, con seis propuestas, tres mujeres y tres hombres, existe paridad de género en esta designación.
Por otro lado, Villalobos Tla-tempa, se refirió a las propuestas para la Dirección General Jurídica, y de la Unidad Técnica de Transpa-rencia, donde no se observaron antecedentes.
Cuestionó el desempeño de Preciado Temiquel cuando ocupó el cargo de coordinador de lo Contencioso Electoral por los resultados de diversos medios de impugnación “en los que, como autoridad responsable, incluso, como parte que en algún medio de impugnación se alejó de los resultados que exigen un adecuado desempeño que requiere la materia jurisdiccional”. Enfatizó que en dos años observó sus intervenciones.
Criticó la metodología para la valoración curricular y de entrevistas de la persona que ya ocupa la Unidad Técnica de Transparencia, Cerdenares Morales, que mencionó una experiencia imprecisa en esta área en 2015, y en ocho años no ha tenido vinculación con actividades relacionadas con transparencia y acceso a la información.
Pero Guerrero Onofre aseguró que la propuesta para la Unidad Transparencia “es joven e idónea para el cargo”, con experiencia en estas funciones, título en derecho con antigüedad mínima de 5 años y una maestría en administración.
Molina Revueltas respondió sobre la propuesta del director del Jurídico, que los resultados de los tribunales en medios de impugnación no corresponden al personal de lo Contencioso Electoral, a pesar de que es el área que sustancia los expedientes, y de ello también dependen los resultados.
“Quien se pronuncia sobre la procedencia o no de los expedientes que se remiten, en su caso, es el Tribunal, no lo Contencioso”, enfatizó.
Además, señaló que Daniel Temiquel es miembro del servicio Profesional donde es evaluado constantemente por el INE con resultados positivos. “No he observado resultados negativos en sus evaluaciones”.
Las propuestas agotaron satisfactoriamente todas las etapas del procedimiento, conforme a la metodología y aplicación de entrevistas para ocupar puestos directivos aprobadas por el Consejo General en noviembre de 2018, indicó.
León García recordó que estas propuestas se han trabajado durante mucho tiempo. “No es la primera ocasión que se presentan en esta mesa. La presidenta presentó un calendario de trabajo y hemos desahogado todas las etapas”.
Dijo que es la primera vez que escucha las referencias sobre la dirección jurídica, y así como los tribunales han revocado decisiones del IEPC, han confirmado otras, lo im-portante son los criterios que deben permanecer en las actuaciones
Informes
En otros temas, el consejo dio cuenta de los informes presentados por los partidos políticos sobre la promoción y desarrollo político de las mujeres, y sobre actividades objetivos y medidas para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en 2022.
Villalobos Tlatempa recordó que en otros años estos informes anuales reportaban subejercicio del presupuesto, que se ejercía en otras actividades o que no se ejercían.
Como parte del procedimiento, detalló que los informes y programas anuales del año pasado fueron remitidos al INE por parte de los partidos políticos para conocer metas alcanzadas, y que sean dictaminados por la Unidad Técnica de Fiscalización.
El tema requiere un análisis multidimensional, pues “se considera fundamental que las actividades realizadas, se planeen con la responsabilidad que amerita atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género”.
Además, los informes de 2022 reportados por los partidos de al menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico, correspondiente al año 2022, Villalobos Tlapempa indicó que los informes se entregaron en el plazo que feneció el 31 de enero.
En este 2023, los siete partidos políticos registrados ante el Insituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero recibirán 171 millones 727 mil 204 pesos para actividades ordinarias y específicas. Morena recibirá la mayor cantidad con el 33.23 por ciento, es decir, 57 millones 65 mil 972 pesos, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial el Estado.
También se informó que cada partido político podrá recibir como tope una aportación de militantes de 3 millones 334 mil 509 pesos. Y de simpatizantes el límite es de 3 millones 532 mil 542 pesos, además, de manera individual, un simpatizante podrá dar en dinero o especie 176 mil 627 pesos.
En el Periódico Oficial del Estado se dio a conocer el acuerdo 002/SE/13-01-2023 en el que precisa los montos que los partidos políticos recibirán para actividades ordinarias permanentes y específicas para el ejercicio de este año preelectoral, así como lo que deberán destinar a la promoción de liderazgos políticos de las mujeres y de los jóvenes.
De acuerdo con lo publicado, lo aprobado por el IEPC, para actividades ordinarias permanentes son 166 millones 725 mil 441 pesos, más 5 millones mil 763 pesos destinados para actividades específicas, que suman un total de 171 millones 727 mil 204 pesos que se repartirán a los siete partidos políticos este año.
El documento detalla que de los 166 millones 725 mil 441 pesos, se deberán repartir el 30 por ciento de manera igualitaria, es decir, que 50 millones 17 mil 632 a cada instituto político le corresponde, 7 millones 145 mil 376 pesos.
El resto, es decir, 116 millones 707 mil 809 pesos se repartirá dependiendo las casillas anuladas y la votación efectiva en la elección de diputados de mayoría relativa, diputaciones locales y ayuntamientos en las últimas elecciones de 2021, que representa el 70 por ciento del total de presupuesto.
De manera total, ya sumado el 70 y 30 por ciento, el PAN recibirá 11 millones 861 mil 384 pesos; PRI tendrá 39 millones 865 mil 657; PRD 24 millones mil 552; PT recibirá 12 millones 190 mil 703; PVEM tendrá 12 millones 190 mil 703; MC recibirá 10 millones 748 mil 281; y Morena dispondrá de 55 millones 403 mil 857 pesos.
Sin embargo, por ley se establece que anualmente deberán destinar el 5 por ciento de su financiamiento público destinado para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, es decir, que el PAN está obligado a usar de su dinero 593 mil 69 pesos para los liderazgos de mujeres; el PRI, un millón 993 mil 283; el PRD, un millón 200 mil 78; el PT, 632 mil 700 pesos; el PVEM, 609 mil 535; MC, 537 mil 414; y Morena deberá destinar dos millones 770 mil 193 pesos.
El documento precisa que como financiamiento específico los siete partidos políticos recibirán 5 millones mil 763 pesos, de los cuales, se dividirán: el PAN recibirá 355 mil 842 pesos; el PRI un millón 195 mil 969; el PRD, 720 mil 46; el PT tendrá 379 mil 620; el PVEM 365 mil 721; MC con 322 mil 450; y Morena un millón 662 mil 115 pesos.
De este recurso, por ley establece que deberán destinar también un 5 por ciento para capacitar, promover y el desarrollo de liderazgos políticos de los jóvenes, es decir, que el PAN debe gastar 17 mil 792 pesos; el PRI 59 mil 798; el PRD 36 mil 2; PT 18 mil 981; el PVEM 18 mil 286; MC 16 mil 122; y Morena 83 mil 106 pesos, cifras que revelan que se apuesta poco a la formación política de los jóvenes.
Es decir, de los 171 millones 727 mil 204 pesos en total que recibirán en el año, Morena tendrá el 33.23 por ciento, le sigue el PRI con el 23.91, el PRD con el 14.39, PT con 7.32, PVEM con 7.31, el PAN con el 7.11 y Movimiento Ciudadano con el 6.47 por ciento.
En la misma edición del Periódico Oficial del Estado, se informó que el límite de aportaciones que las y los simpatizantes podrán realizar a los partidos políticos durante e 2023 es el 10 por ciento, del tope de campaña de la gubernatura de la elección de 2021, que fue de 35 millones 325 mil 422 pesos.
De acuerdo con el documento, el IEPC Guerrero determinó que serán 3 millones 334 mil 509 pesos el límite financiero privado que cada partido político podrá recibir en este año de aportaciones del militantes en dinero o en especie; también serán 3 millones 532 mil 542 pesos el límite de financiamiento privado que cada partido político podrá recibir en el año por aportaciones de simpatizantes en dinero o especie.
Para determinar el límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero o especie que cada partido político, representa el 0.5 por ciento del tope de gastos de campaña a la gubernatura en la elección pasada, por lo que el monto límite es de 176 mil 627 que de manera individual podrá aportar un simpatizante, en dinero o especie este año.
En este 2023, los siete partidos políticos registrados ante el Insituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero recibirán 171 millones 727 mil 204 pesos para actividades ordinarias y específicas. Morena recibirá la mayor cantidad con el 33.23 por ciento, es decir, 57 millones 65 mil 972 pesos, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial el Estado.
También se informó que cada partido político podrá recibir como tope una aportación de militantes de 3 millones 334 mil 509 pesos. Y de simpatizantes el límite es de 3 millones 532 mil 542 pesos, además, de manera individual, un simpatizante podrá dar en dinero o especie 176 mil 627 pesos.
En el Periódico Oficial del Estado se dio a conocer el acuerdo 002/SE/13-01-2023 en el que precisa los montos que los partidos políticos recibirán para actividades ordinarias permanentes y específicas para el ejercicio de este año preelectoral, así como lo que deberán destinar a la promoción de liderazgos políticos de las mujeres y de los jóvenes.
De acuerdo con lo publicado, lo aprobado por el IEPC, para actividades ordinarias permanentes son 166 millones 725 mil 441 pesos, más 5 millones mil 763 pesos destinados para actividades específicas, que suman un total de 171 millones 727 mil 204 pesos que se repartirán a los siete partidos políticos este año.
El documento detalla que de los 166 millones 725 mil 441 pesos, se deberán repartir el 30 por ciento de manera igualitaria, es decir, que 50 millones 17 mil 632 a cada instituto político le corresponde, 7 millones 145 mil 376 pesos.
El resto, es decir, 116 millones 707 mil 809 pesos se repartirá dependiendo las casillas anuladas y la votación efectiva en la elección de diputados de mayoría relativa, diputaciones locales y ayuntamientos en las últimas elecciones de 2021, que representa el 70 por ciento del total de presupuesto.
De manera total, ya sumado el 70 y 30 por ciento, el PAN recibirá 11 millones 861 mil 384 pesos; PRI tendrá 39 millones 865 mil 657; PRD 24 millones mil 552; PT recibirá 12 millones 190 mil 703; PVEM tendrá 12 millones 190 mil 703; MC recibirá 10 millones 748 mil 281; y Morena dispondrá de 55 millones 403 mil 857 pesos.
Sin embargo, por ley se establece que anualmente deberán destinar el 5 por ciento de su financiamiento público destinado para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, es decir, que el PAN está obligado a usar de su dinero 593 mil 69 pesos para los liderazgos de mujeres; el PRI, un millón 993 mil 283; el PRD, un millón 200 mil 78; el PT, 632 mil 700 pesos; el PVEM, 609 mil 535; MC, 537 mil 414; y Morena deberá destinar dos millones 770 mil 193 pesos.
El documento precisa que como financiamiento específico los siete partidos políticos recibirán 5 millones mil 763 pesos, de los cuales, se dividirán: el PAN recibirá 355 mil 842 pesos; el PRI un millón 195 mil 969; el PRD, 720 mil 46; el PT tendrá 379 mil 620; el PVEM 365 mil 721; MC con 322 mil 450; y Morena un millón 662 mil 115 pesos.
De este recurso, por ley establece que deberán destinar también un 5 por ciento para capacitar, promover y el desarrollo de liderazgos políticos de los jóvenes, es decir, que el PAN debe gastar 17 mil 792 pesos; el PRI 59 mil 798; el PRD 36 mil 2; PT 18 mil 981; el PVEM 18 mil 286; MC 16 mil 122; y Morena 83 mil 106 pesos, cifras que revelan que se apuesta poco a la formación política de los jóvenes.
Es decir, de los 171 millones 727 mil 204 pesos en total que recibirán en el año, Morena tendrá el 33.23 por ciento, le sigue el PRI con el 23.91, el PRD con el 14.39, PT con 7.32, PVEM con 7.31, el PAN con el 7.11 y Movimiento Ciudadano con el 6.47 por ciento.
En la misma edición del Periódico Oficial del Estado, se informó que el límite de aportaciones que las y los simpatizantes podrán realizar a los partidos políticos durante e 2023 es el 10 por ciento, del tope de campaña de la gubernatura de la elección de 2021, que fue de 35 millones 325 mil 422 pesos.
De acuerdo con el documento, el IEPC Guerrero determinó que serán 3 millones 334 mil 509 pesos el límite financiero privado que cada partido político podrá recibir en este año de aportaciones del militantes en dinero o en especie; también serán 3 millones 532 mil 542 pesos el límite de financiamiento privado que cada partido político podrá recibir en el año por aportaciones de simpatizantes en dinero o especie.
Para determinar el límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero o especie que cada partido político, representa el 0.5 por ciento del tope de gastos de campaña a la gubernatura en la elección pasada, por lo que el monto límite es de 176 mil 627 que de manera individual podrá aportar un simpatizante, en dinero o especie este año.
